Archivo de Noviembre 2009

Todo aquel que haya visto alguna temporada de Los Simpsons sabe quien es el jefe Gorgory - Clancy Wiggum en el inglés original -. Se trata del torpe jefe de policía de Springfield, incapaz de detener a un simple asaltante de bancos y causante que delincuentes como Snake o Fat Tony sean personajes habituales de la serie.  Como dirían algunos, la incompetencia es su divisa.

Pero como siempre, la realidad es más poderosa que la ficción. Y en el Perú tenemos a alguien que le hace la competencia a Gorgory. Y no hablo de dimensiones físicas, sino de capacidades laborales en materia de seguridad ciudadana. Pero a diferencia de él, no ocupa la jefatura de policía de un pueblo situado en medio de Estados Unidos, sino que es Ministro del Interior de Alan García Pérez: Octavio Salazar.

Cuando se inició su gestión, Gustavo Gorriti le dio cierto beneficio de la duda:

Octavio Salazar fue un jefe exitoso de la 7.ª Región Policial y un director general fracasado de la Policía Nacional.

Como jefe de la región de Lima, su gestión estuvo marcada por el desalojo del mercado de Santa Anita; y como director general por el moqueguazo. Hubo muchas otras cosas y problemas, pero ambas acciones definieron cada gestión.

Era un jefe policial cuestionado cuando, según fuentes con conocimiento de causa, Alan García le pidió sugerencias para ministro del Interior a Julio Favre y éste le preguntó a su amigo Ketín Vidal, quien recomendó a Remigio Hernani.

Convertido en imprevisto ministro del Interior, Hernani se lanzó a llevar a cabo vendettas soñadas.

Pese a que, según varias versiones, García le habría hecho llegar el mensaje de mantener en su puesto a Octavio Salazar, Hernani se hizo el sordo en ese aspecto y lo botó malamente de la Dirección de la Policía, además de someterlo a varias investigaciones.

Salazar quedó entre el limbo y el retiro y nadie, ni siquiera los ex guardias republicanos que han vuelto a dominar la Policía, se hubiera atrevido a apostar por su retorno y mucho menos por su nombramiento.

¿Por qué lo nombró García? Todo indica que se trata de un desagravio personal al maltrato de Hernani y un mensaje de que sus sugerencias no se ignoran.

¿Es esa razón suficiente para un nombramiento de ministro? Para el resto del mundo, no; para García, sí.

¿Está predestinada al fracaso la gestión de Salazar? No necesariamente. Salazar pudiera haber aprendido de la experiencia. Tiempo para reflexionar, no le faltó. Quizá pensó que si la vida le diera de nuevo la oportunidad, haría una gestión transparente y dedicada, para salir él más pobre de lo que entró, pero dejando un sector reformado, robustecido y limpio. Si esa iluminación ocurrió o no, lo sabremos muy pronto.

Por lo pronto, sabemos que mucha iluminación no hubo. El ex jefe de la policía, Gustavo Carrión, anota varias de las cantinfladas de Salazar en este periodo como Ministro:

Ya Ministro, “dijo y no dijo” que Sendero no era un peligro. Planteó con gesto adusto que debería penalizarse el consumo de drogas, sin decir por supuesto, donde y como cumplirían sus penas la legión cada vez más grande de consumidores. Ideó la mágica respuesta de los policías de aproximación, colocados al costado de un panel y que supone serían los receptores de las demandas ciudadanas por atención policial. Todavía se ven por la ciudad, lo que no se ha reportado es el nivel de eficiencia y resultados de esta modalidad. Hemos escuchado al Ministro, curiosas explicaciones sobre la procedencia de banderas con la hoz y el martillo, decía que si estos símbolos no estaban bien dibujados y en el sentido correcto, entonces no se podían atribuir a Sendero Luminoso. De haberlo sabido en las épocas duras de la subversión, ¡cuánto esfuerzo de análisis y de inteligencia se hubiese economizado!

Pero el colmo de los colmos fue la historia de los pishtacos. Marco Sifuentes la diseccionó y demostró que en este caso era tan falsa como una moneda de 3 soles. Las últimas declaraciones dadas por la Policía del valle del Monzón indican que el operativo se montó desde Lima. Todo apunta a que este es un caso de muertes por narcotráfico o bandas armadas. Fernando Vivas señaló que Salazar ha venido incentivando o tolerando el figuretismo del jefe de la DINICRI  - el responsable de la aplicación de esta conocida leyenda rural en un caso de desapariciones - en cada caso policial que tiene elementos sórdidos (Abencia Meza o Miriam Fefer, por citar los dos más conocidos). ¿Y por qué?

Carlos Basombrío apuntó a un caso bastante serio, quizás la denuncia más importante sobre violaciones de derechos humanos de la década. Hace unas semanas, en la revista Poder, Ricardo Uceda publicó un reportaje con indicios sobre la posible existencia de un escuadrón de la muerte conformado por miembros de la Policía y pagado por empresarios de la zona para acabar con delincuentes extorsionadores. La actuación policial se habría visto amparada por el Decreto Legislativo 987, emitido en este gobierno, que permite a la Policia hacer uso de sus armas reglamentarias sin que puedan ser penalizados en caso de lesiones o muerte. Obviamente, con ello se tapa cualquier investigación por excesos que puedan cometerse en la actuación policial.

Nadie dice que para enfrentar al crimen organizado se tenga que ir con pañuelos y bandera blanca. Se debe ser enérgico, pero sin llegar a excesos. Por ello es que la Policía, hace pocos años, diseñó conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja un Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, que no solo decía cuestiones de principio, sino también daba procedimientos para poder operar con efectividad y garantizando derechos fundamentales.

De seguro no faltará algún sobreafiebrado columnista amante de meter bala y que solo suspira cuando tocan la “sacrosanta inversión privada” que dirá que esto es bullshit y que lo mejor es bajarse al delincuente.  El tema es que no solo por cuestiones de principio esta medida es inaceptable, sino que también es poco efectiva. Comenta Fernando Rospigliosi:

Muchas personas creen que asesinando extrajudicialmente a presuntos delincuentes se termina con la inseguridad. Y que la muerte, en el camino, de inocentes y de delincuentes menores no interesa, es un efecto colateral sin importancia.

Eso no solo es aberrante sino equivocado. Hay decenas de experiencias en América Latina que muestran que eso conduce inevitablemente a una expansión incontrolada de la violencia.

Lo que ocurre siempre es que al final quienes compran a sectores de la policía para asesinar rivales y competidores son los narcotraficantes. Y la violencia escapa a todo control y arrasa con policías, delincuentes y personas inocentes.

Salazar tiene responsabilidad directa en este tema. No solo por ser el Ministro del sector involucrado, sino también porque fue jefe de la policía de La Libertad pocos meses antes que comenzaran los extraños asesinatos en Trujillo.  Hasta el momento, el jefe Gorg…, digo, el Ministro no ha dicho nada y las pocas declaraciones que dio Javier Velásquez Quesquén sobre el tema - ver video de La Mula - son comparables a una gambeta de César Cueto.

Querido Papa Noel: Si por esas casualidades existes en un lugar que no sea la imaginación infantil, te pedimos para esta Navidad que el Perú tenga un Ministro del Interior. El señor que vive en Palacio hasta ahora no nos da uno que llegue a la categoría de tal.

MAS SOBRE EL TEMA:

Perú.21: Policia enfrenta a ciegas el delito en la capital

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(En medio del cómplice de espionaje detenido ayer, el alcalde que más ha destruido Lima con contactos directos en la universidad más cuestionada del país y de una seria revelación de Carlos Ferrero sobre pago de devengados al actual Presidente en el 2002, bien vale la pena ver algo que los peruanos hacemos bien.).

La primera vez que supe de los hermanos Deysi y Jorge Cori fue en agosto del año pasado. Se habia celebrado el Día Internacional de la Juventud con una pachanga con el Grupo 5 en Palacio - la primera, la segunda fue hace un mes - y se había invitado a los flamantes campeones mundiales escolares en Singapur a la pascana.  No fueron.  Y las razones que dio su papá, un sacrificado padre de familia que a veces no puede acompañar a sus hijos porque no puede costearse el pasaje, me parecieron válidas: varios de los que los llamaron, nunca los apoyaron.

Lo que ha venido despúes ya ha sido dado a conocer por los medios: los Cori han continuado con una estela de triunfos que nos hacen recordar los mejores tiempos de Julio Granda.  Campeones mundiales en sus respectivas categorías juveniles, jorge Cori con norma de Gran Maestro Internacional. A los chicos, como le contaban ayer a Rosa María Palacios, les han llovido becas para seguir estudios universitarios y para nacionalizarse. Ellos toman esto con mucha calma y, por cierto, quieren seguir con la nacionalidad peruana.

Lo ocurrido a los Cori es lo mismo que le pasa a la mayoría de atletas peruanos. En las últimas semanas, he venido siguiendo las noticias quienes han resultado con alguna medalla en los Juegos Bolivarianos. Y todas las historias se asemejaban: esfuerzo individual, mucho apoyo económico y moral por parte de los padres o los esposos de los deportistas, algún apoyo de la empresa privada, una que otra noticia en un diario - generalmente, en El Comercio - y del Estado, naranjas huando.  Solo aparecían Woodman, Alan y el elenco estable de la política peruana cuando había ceremonia, foto o entrega simbólica de algún premio.

Este ejemplo es simbólico de lo que nos pasa en nuestro país. Esfuerzos individuales consistentes, empresas que salen adelante por su propio esfuerzo frente a un Estado que no tiene políticas de promoción de actividades. En este caso, en el deporte, queremos organizar Panamericanos aunque no tengamos una política deportiva. “Pensar en grande” le llamaba el Presidente. O más recientemente apelaba a la envidia para hablar de los logros del país. Yo preferiría hablar de los héroes anónimos o de los no tan anónimos como los Cori, aquellos que se van a casa con la satisfacción de hacer bien lo que les gusta, con su propio esfuerzo.

¿Puede usted, señor Presidente, tener la misma satisfacción?

DEL ARCHIVO: El Morsa escribió sobre Deysi Cori antes que todos

DE NAPA: Tres videos tres de los Cori: ver aquí, aquí y aquí

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Hace casi 5 años, este blog se inauguraba con un post que mostraba su preocupación por la salida de Luis Vargas Valdivia de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori - Montesinos.  Y lo hacía por dos motivos centrales: la buena labor que Vargas Valdivia y su equipo habían hecho para impulsar casos, investigaciones y repatriaciones de fondos vinculados al gobierno más corrupto que tuvo la historia peruana (de hecho, durante su gestión y la de José Ugaz, se impulsaron los casos que permitieron ver a gente poderosa tras las rejas), así como por las circunstancias de su retiro: las fricciones con Alejandro Toledo por investigaciones a personajes de su entorno cercano.

Afortundamente para el país, tuvimos a un buen procurador como sucesor: Antonio Maldonado. Su importancia se debe fundamentalmente al rol que, junto a otros organismos estatales, tuvo en la extradición de Alberto Fujimori. En un artículo reciente, Maldonado recordó ese proceso. Veamos algunas cosas de las que se hicieron:

Quisiera recordar que fue la Procuraduría Ad hoc para los Casos Fujimori/Montesinos la institución que tuvo un papel central en el éxito de la extradición de Fujimori, entre otras razones, al sostener la teoría del Autor Mediato como instrumento  jurídico doctrinario para atribuir responsabilidad penal a Fujimori quien tuvo el dominio de la voluntad por medio del aparato de poder organizado, es decir el control efectivo del escenario criminal, sobre todo en cuanto a los resultados esperados conforme fueron estos planificados y diseñados. Esta tesis estuvo expresada tanto en nuestra sustentación escrita como en la oral, ambas ante la Corte Suprema de Justicia del Perú realizadas en noviembre y diciembre del 2005, respectivamente. (…)

Así mismo, sostuve en forma categórica que el éxito de la extradición de Alberto Fujimori fue definido estructuralmente por estrategias y acciones adoptadas por el Gobierno peruano entre los días domingo 6 de noviembre del 2005 y el mes de enero del 2006. El éxito alcanzado –posteriormente- en la extradición de Fujimori fue la consecuencia de dichas acciones y esfuerzos realizados en aquellos críticos meses. Bajo el liderazgo del presidente Toledo, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador del Perú en Chile, Jose Antonio Meier y la Comisión de Extradiciones de dicho ministerio, presidida por Javier Ciurlizza, junto a nuestra intervención, el Perú logro por primera vez el inicio de la extradición desde que Fujimori fugó del Perú en noviembre del 2000, en aquella reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno la noche del domingo 6 de noviembre del 2005. Gracias a la presentación inmediata y oportuna de la solicitud provisional de detención de Fujimori, amparada jurídicamente en el Tratado de Extradición entre Perú y Chile de 1932 y en los casos “Barrios Altos-La Cantuta y Quince Millones”, logramos que Fujimori fuera detenido el día domingo 6 de noviembre del 2005 en Chile. En Chile permaneció por varios meses, ante la mirada vigilante del Gobierno del Perú, que a través de su Embajada en ese país como de la Procuraduría Ad Hoc del Estado peruano,  planteo la existencia real del peligro de fuga del entonces extraditurus. (…)

El siguiente factor del éxito de la extradición fue la contratación del Dr. Alfredo Etcheberry, como abogado del Estado peruano. Los términos de la relación profesional entre el Gobierno peruano y particularmente la Procuraduría Ad hoc con el Dr. Etcheberry fueron siempre cordiales y respetuosos habiéndole dado la autonomía y la libertad necesarias para que proyectara su trabajo profesional. En diciembre del 2005, el Dr. Etcheberry estuvo en Lima y junto con él determinamos que casos debían ser presentados en la solicitud final de extradición a Chile. Por ejemplo, con referencia al caso “Golpe del 5 de abril” decidimos, que no debía ser incluido en la solicitud de extradición.

Luego, una vez presentada la solicitud de extradición, esta estuvo vigilada y fortalecida permanentemente desde la Procuraduría Ad Hoc por la Unidad de Extradiciones, a cargo de Yván Montoya quien jugó un papel determinante en dicho en dicho procedimiento . En este marco, gracias a la iniciativa y una investigación desarrollada por el abogado Víctor Manuel Quinteros, la procuraduría a mi cargo logró ampliar uno de los casos presentados inicialmente, el referido a los “Sótanos SIE”, lo que supuso la inclusión del crimen de Desaparición Forzada de Personas.

Esos éxitos no fueron bien vistos por el gobierno de Alan García, que llegó al poder en medio del proceso de extradición, pero cuando el grueso del trabajo ya había sido hecho. Maldonado continúa en su relato:

Sostengo fehacientemente que el presidente Alan García no tenía ninguna voluntad para empujar y lograr la extradición de Alberto Fujimori; que una posición coherente con su posición habría consistido en retirar toda la solicitud de extradición ya presentada y en despedir al Dr. Etcheberry;  algo que García habría querido hacer para complacer a sus recientes aliados del Fujimorismo, pero que no podía darse el lujo de hacer, al menos en dicho momento, so pena de pagar un alto precio político y un grave daño a su imagen nacional e internacional; es por eso que jugó a la débil y discutida tesis de la “no politización de la extradición”. También quiero revelar que eso lo sabíamos en la Procuraduría Ad Hoc de primera mano, debido a diversas fuentes de información a las que tuvimos acceso,  entre ellas, a lo conocido por nosotros en una reunión que organicé unas semanas antes de las elecciones generales con altos representantes de los partidos políticos, a la que fue también invitado un alto representante del Partido Aprista cuyo nombre guardo en reserva, quien sostuvo que ni Alan García ni el APRA estaban interesados en la extradición de Fujimori.

Antonio Maldonado salió de la Procuraduría y comenzó lo que lo llamo “la muerte lenta de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori Montesinos”. La misma tuvo su epítome en un suceso vinculado al actual Vicepresidente de la República y al ex jefe de los procuradores, en octubre de 2006. En su momento, informó Perú.21:

Sobre el respaldo que Tambini brindó a la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori-Montesinos, lo dicho por Antonio Maldonado a la prensa antes de su viaje a Santiago de Chile en agosto pasado es revelador: “La única persona que tuvo una actitud crítica (a la labor de la procuraduría) fue el doctor Tambini, quien cuestionó por qué la procuraduría expresaba quejas respecto de decisiones judiciales en las que se resolvía la prescripción de ciertos casos de corrupción“.

Sobre este punto, el aludido fue consultado por Perú.21 y confirmó lo dicho por el ex procurador pues, según dijo, “en un caso penal en que haya operado la prescripción, ¿para qué se va a interponer recursos impugnatorios? Si se tiene que declarar la prescripción no queda otra cosa”.

Pero hay más. Esta falta de apoyo se puso nuevamente de manifiesto durante una reunión convocada por Tambini en su oficina, ubicada en el mismo local del Ministerio de Justicia, la última semana de setiembre. Según fuentes de la procuraduría que prefiere por ahora el anonimato, en el cónclave se anunció al recientemente nombrado procurador Carlos Briceño la decisión de reducir, en los próximos meses, el número de abogados designados a su despacho, además de la resolución del contrato de la procuradora adjunta Janeth Briones -quien optó por renunciar ante el anuncio- y de la abogada a cargo de la investigación fiscal a Luis Giampietri, denunciado por las presuntas irregularidades en once licitaciones convocadas por el Comité de Adquisiciones de la Marina, que él presidió entre 1994 y 1995.

Quedó claro (en la reunión) que no existe por parte del doctor Tambini la intención de respaldar a la procuraduría. Esto confirmó lo que nos anunció en junio un importante miembro del Partido Aprista: que para el Apra no era conveniente la pronta extradición de Fujimori porque eso perturbaría la agenda del país, por lo que debíamos patearla lo más lejos posible, revela la fuente.

Afortundamente, en relación con la extradición y con el posterior procesamiento de Fujimori, se produjeron los hechos históricos ya conocidos, en el que el azar, el Derecho y la fundamentación jurídica jugaron su papel, lejos de los deseos de Palacio de Gobierno.

Pero no pasó lo mismo con la Procuraduría Ad Hoc. Muchos abogados dejaron sus puestos por las intromisiones de Tambini, mientras que el reemplazo de Maldonado, Carlos Briceño, era opacado por su adjunto Omar Chehade, presto a buscar cámaras y figuración sin que su rol en la extradición fuera decisivo. Hoy Chehade ha terminado convertido en el abogado favorito de la familia Humala.

El tiro de gracia a la Procuraduría ha venido en estos días. Gustavo Gorriti ha contado esta parte de la historia:

En la tarde del jueves 5 de noviembre, el procurador Pedro Gamarra Johnson (reemplazante de Carlos Briceño, nota de DTP) reunió a 10 de los principales abogados de la procuraduría, y les dijo que su trabajo había terminado en ese momento, que se había decidido finalizar sus contratos.

Ante la muda interrogación de su conmocionado auditorio, Gamarra Johnson les dijo, con suavidad de aceite de bebé, que el motivo era “presupuestal”. Frente a la unánime incredulidad de los flamantes despedidos, Gamarra reconoció que la orden venía “de arriba”.

Todo indica que el “de arriba” todavía tenía otras órdenes que dar. Porque el 19 de noviembre, mediante una resolución suprema (la RS 265-2009-JUS) se dio por concluida la designación, es decir, se despidió al procurador adjunto ad-hoc Ricardo Melgar. Similar suerte corrió el otro procurador adjunto Alexei Sáenz.

Así, mientras los medios, fatigados ya con las aristas del caso Ariza, hacían de megaparlantes del safari pishtaco, se consumaba la evisceración final, y el consecuente asesinato, de la procuraduría ad hoc que investigó los casos de corrupción de Fujimori, Montesinos y sus cómplices.

Como indica Gorriti, aún hay pendientes “181 investigaciones preliminares; 188 procesos penales en trámite judicial, y 73 casos en ejecución de sentencia”. Por tanto, una desactivación o reducción tan drástica de la Procuraduría Ad Hoc es poco menos que un sinsentido. Mejor dicho, es hacerle un favor a la corrupción.

Por ello, termino coincidiendo con el experimentado periodista cuando indica las responsabilidades de estos hechos:

Algunos de ustedes se preguntarán cómo es que en ocho años no se ha concluido con todas las investigaciones y juicios pendientes. La respuesta es que no solo se ha tratado de casos de extraordinaria complejidad, sino de una inmensa falta de voluntad y decisión política para resolverlos. En los hechos, sobre todo a partir del 2006, los procuradores tuvieron que actuar en medio de una total falta de recursos y de apoyo, abordando a pulso casos sumamente dificultosos, en los que enfrentaban a los superlativamente pagados y equipados defensores del más grande grupo de cutreros en la historia de estas tierras.

Por ello, es que varios terminamos coincidiendo que el principal propagandista e impulsor de la candidatura de Keiko Fujimori - que, en el fondo, es la de su corrupto y asesino padre - se llama Alan García Pérez.

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La primicia la dio Gerardo Reyes en El Nuevo Herald. Hoy Enrique Flor en El Comercio lo explica de modo bastante sencillo:

En su lucha contra el lavado de dinero de origen ilícito, las leyes estadounidenses obligan a declarar todo porte de dinero en efectivo que supere los US$10.000. Así lo indica un formulario que reciben todos los viajeros. Por sugerencia de los agentes, Allison y su esposa llenaron el formulario declarando que llevaban US$20.000. Sin embargo, en una revisión posterior, antes de que se embarcaran de vuelta a Lima, se descubrió que el ex ministro tenía en la chaqueta US$20.250 adicionales y su esposa otros US$10.000 en la cartera, que no habían declarado.

Para el sistema estadounidense se trató de una grave ofensa y, desde ese momento, el jueves 5 de noviembre, a las 4:30 p.m., los esposos Allison-Robbiano pasaron a disposición de la Corte de Miami, para ser juzgados. El juez federal Ted E. Bandstra retuvo los pasaportes de los inculpados y les concedió libertad vigilada, luego de que se asegurara el pago de una fianza de US$100.000. Ahora permanecen bajo un arresto domiciliario efectivo de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero en el resto del día pueden movilizarse bajo el control de grilletes electrónicos solo por nueve condados del sur de la Florida.

Ahora, los comentarios:

LO LEGAL: De acuerdo con lo que he podido escuchar de varios abogados y he podido averiguar, la situación del matrimonio Allison es bastante complicada. Los cargos que se les imputa son 3: contrabando de dinero, omisión de declaración y falso testimonio. Como vemos, aquí lo central no es el origen del dinero, sino la vulneración de la obligación de declarar y, sobre todo, el haber mentido en la misma. Ambas cuestiones son consideradas como delitos federales, lo que le podrían implicar entre 5 a 10 años de prisión.

Según lo que ha indicado Rosa María Palacios en su programa, tal como consta en la denuncia criminal norteamericana, los Allison eran viajeros frecuentes a Estados Unidos y conocían los requisitos para viajar. Es más, el ex ministro Allison había ya hecho la declaración por lo menos una vez, en un viaje a Estados Unidos. Por tanto, tenían conocimiento de la norma, lo que agrava aún más su situación.

Según el sistema judicial norteamericano, los Allison se pueden declarar culpables y se les exime de la pena de cárcel, luego de una negociación con el Fiscal, cosa que en nuestro sistema no se puede hacer. Eso sí, no podrían volver a Estados Unidos, pues probablemente se les revocaría las visas de por vida. El abogado de los Allison ha señalado que sus patrocinados se irán a un juicio por este tema.

CUESTIONES POR INVESTIGAR

1. EL ORIGEN DEL DINERO: Es la pregunta que en Lima todos nos hacemos y que en Estados Unidos no tienen como preocupación central, dado que en lo que se centran es en dilucidar la declaración falsa y transportar más dinero del que declararon.  No los están procesando por lavado de activos. Gerardo Reyes indica que el dinero lo sacaron de una cuenta que la pareja tenía en Estados Unidos. Y ello le hace preguntarse al periodista porqué los Allison transportaban plata en efectivo.

Las aclaraciones sobre el origen del dinero son mayores debido a la investigación fiscal que el ex ministro y alcalde tiene por emitir facturas a la empresa Business Track, involucrada en interceptación telefónica. Los indicios apuntan a que se usaron estas facturas para encubrir otros ingresos. De allí la preocupación por dichos ingresos.

2. EL TEMA TRIBUTARIO: Una persona me preguntaba en Twitter si es que es necesario que Allison haya declarado la cuenta en Estados Unidos en el país. Pues las rentas y ganancias que genere esa cuenta sí deben declararse. Y he aquí otra veta a investigar sobre la materia.

LA REPERCUSION POLITICA:

La condena al hecho ha sido generalizada. No me sorprende que dos de los principales integrantes del gobierno - Javier Velásquez Quesquén y José Antonio García Belaúnde - se hayan desmarcado rápidamente del tema, dado que Allison ya había caído en desgracia en el gobierno por sus poco claros desmentidos sobre el tema Business Track. También lo hacen, obviamente, para que el caso los golpee más en la cara, dado que se trata de un ex Ministro de este gobierno.

Lo cierto es que, a mediano plazo, la carrera política de Allison parece fenecida. Y todo indica que sus esfuerzos se concentrarán en salir lo menos dañado posible de un tema legal en que él y su esposa tienen una situación bastante complicada.

ACTUALIZACION (02:20 PM)

Francis Allison dio sus descargos en complaciente entrevista con RPP. Perú.21 la resume:

El ex ministro Francis Allison defendió su inocencia desde Miami, y dijo que su detención se debe a una confusión, un día después de que se conociera que está bajo arresto domiciliario en dicha ciudad por haber intentando sacar de ese país, el 5 de noviembre último, 30 mil dólares sin declararlos, lo que implica un grave delito federal que es penado con cinco años de cárcel.

En declaraciones a RPP, indicó que *jamás escondieron el dinero que llevaba consigo *y que ni él ni su esposa sabían ni fueron informados, de que denbían hacer una declaración de ese tipo antes de dejar el país. “Nunca en mi vida he visto un cartel (en algún aeropuerto) que diga que hay que declarar antes de salir (del país)”, remarcó Allison, quien explicó que la confusión se produjo a escasos metros del avión, cuando él y su esposa, Carla Robbiano, se disponían a abordar.

El ex titular de Vivienda señaló que cuando una señorita les preguntó por el dinero que llevaban los dos, su esposa se confundió y solo dijo que llevaban el dinero que ella tenía en su cartera, sin considerar el que él llevaba en su saco.

“Nadie metería a su mujer en algo ilegal”, añadió Allison, tras insistir que no sabía que estaba cometiendo un delito. Asimismo, el ex alcalde de Magdalena dijo que ambos, él y su esposa, pasaron satisfactoriamente la prueba de la máquina detectora de mentiras.

Visto lo reseñado anteriormente, no fue muy convincente que digamos

De otro lado, Alan le dio en la lona a su ex ministro (vía Andina):

El presidente de la República, Alan García Pérez, manifestó hoy que resulta “indignante” e “imperdonable” que el ex ministro de Vivienda y Construcción, Francis Allison, se encuentre detenido en Estados Unidos por no declarar el retiro de 50 mil dólares de ese país.

“Me parece indignante por cuanto creo que quien ha tenido la dignidad de ser alcalde en varios ocasiones, militante del PPC, y al que convoqué como ministro considerando que era una figura joven e independiente (…) ahora está cometiendo esta tropelía que en verdad es imperdonable”, expresó desde el Palacio de Gobierno.

Confió en que la justicia de los Estados Unidos aplicará todo el peso de la ley por cometer la figura de “contrabando de dinero”, y descartó de manera tajante que el caso afecte la imagen del país ante la comunidad internacional.

Otra parte de las declaraciones presidenciales  las tiene La República:

No vaya a ser que sean producto (el dinero) de asesorías como la famosa asesoría a Business Track (…) Así como los norteamericanos tienen que sancionar el contrabando aquí hay que investigarse de dónde salió ese dinero”.

Ante la defensa de Francis Allison de desconocer que tenía que declarar el dinero y el olvido de la suma total que pretendían traer a Lima desde Estados Unidos, el jefe del Estado, Alan García, restó credibilidad a esos argumentos.

La ignorancia de la ley no es un argumento y decir que no se sabe que hay que declarar 50 mil dólares es una falta imperdonable”.

Asimismo, García Pérez asumió la postura de sus ministros, quienes previamente habían manifestado su “vergüenza” por la detención de Allison Oyague y su esposa, en Miami.

“Reitero que conocí muy poco a esta persona, pero  veía a un alcalde con aceptación y con una militancia democrática y a los tres meses nos enteramos que no nos había dicho algo fundamental: que tenía una relación con la empresa de los chuponeadores.  Ahora felizmente ya separado del gobierno sucede este hecho; no es extraño que los ministros se sientan avergonzados de haber compartido la silla con él”.

Ouch. Eso dolió fuerte, pues no se esperaba un descargo tan fuerte (y, por momentos, amnésico). Allison aún estaba en la entrevista con el Chema Salcedo y solo atinó a pedirle al Presidente que no lo condene antes de tiempo. Mientras en el Twitter recuerdan el desagravio de Alan a Allison cuando salió del Ministerio de Vivienda, se esperan más repercusiones durante el día.

MAS SOBRE EL TEMA:

César Hildebrandt: Allison y el mal gusto

La Mula: Entrevista de Ingrid Soria a Gerardo Reyes

Oswaldo Luizar: Deben congelar cuentas bancarias de Allison

Economía de los Mil Demonios: Juguemos a construir mientras Techito no está

La República: También el PPC se desmarca de Allison

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Durante tres días, se vienen realizando las audiencias para la apelación de la sentencia de Alberto Fujimori por violación de derechos humanos. La apelación es vista por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá, en última instancia, si el ex autócrata se queda con los 25 años de prisión que le fueron impuestos por asesinato, lesiones graves y secuestro agravado.  Dada la importancia del caso y la dificultad en entender algunos términos jurídicos, ponemos a su disposición, esta serie de preguntas y respuestas.

1. ¿SE DEBATEN HECHOS Y PRUEBAS EN LA APELACION?

No. En esta etapa del proceso no se incorporan nuevos hechos ni elementos de prueba. No lo puede hacer ninguna de las partes.

2. ENTONCES, ¿QUE SE DEBATE?

Lo que se discute es la interpretación jurídica de los hechos. Es decir, si es que hizo una buena valoración de las pruebas o si encaja el tipo penal o las agravantes dentro de las conductas demostradas en el juicio oral. También se debatirán cuestiones conexas referidas a la reparación civil.

3. ¿CUAL ES LA POSICION DEL FISCAL?

En este caso ya no intervienen los fiscales José Antonio Pelaez ni Avelino Guillen. El Fiscal encargado es Pablo Sánchez Velarde. Este miembro del Ministerio Público ha pedido en su dictamen que se confirmen todos los extremos de la sentencia, con excepción de la agravante de “trato cruel” en lo que se refiere a los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. El fiscal considera que esta agravante no está suficientemente probada.  La parte civil y varios juristas discrepan de esta interpretación.

4. ¿CUAL ES LA POSICION DE NAKASAKI?

La defensa de Fujimori pide alternativamente 3 cosas: Absolución del acusado, nuevo juicio oral o retrotraer el juicio oral hasta la instancia de la acusación. Ello lo señala porque lo indica que la sentencia es nula por los siguientes motivos:

- Secuestro de Gorriti: prescripción del delito, no hubo trato cruel y no se verificó que Montesinos intervino en el hecho.

- Secuestro de Dyer: prescripción del delito, insuficiencia de prueba indiciaria, la privación de libertad se produjo en un estado de emergencia e inexistencia del trato cruel.

- Barrios Altos y La Cantuta: Atribución indebida del poder de mando, deficiente valoración probatoria, insuficiencia de indicios para demostrar que era parte de un aparato organizado de poder, presunta desvinculación de la acusación, entre otros.

5. EL TEMA DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Algunos abogados han sostenido que si se deja sin efecto el secuestro agravado, Fujimori podría obtener fácilmente beneficios penitenciarios.  Ello no es así. Expliquemos el tema por partes.

Paradójicamente, en el Perú, el secuestro tiene menores beneficios penitenciarios que el asesinato. Por ser sentenciado por secuestro, a Fujimori se le aplica la Ley N° 28760. Esta norma remite el régimen penitenciario, a su vez, al Decreto Legislativo N° 927, aplicado originalmente para el delito de terrorismo. Esta norma indica que se redime 1 día de pena por 7 de trabajo y que sólo se podrá postular a los beneficios luego de cumplir tres cuartas partes de la pena. Por tanto, si se confirma la sentencia en todos sus extremos (o si incluso solo se confirma el secuestro simple), Fujimori permanecería en prisión antes de obtener beneficios durante 18 años.

Dado que la Ley N° 28760 no distingue entre modalidad simple y agravada, la norma se aplica para todos los casos de secuestro. Por tanto, si Fujimori quiere obtener más beneficios penitenciarios, su defensa debe apuntar a que se anule la condena por secuestro y no sólo la modalidad agravada.

6. ¿UN PRONOSTICO?

Dada la solidez de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, resulta ser bastante difícil que se emita una sentencia que invalide todo. En el escenario menos optimista, lo que podrían es eliminar el tema del secuestro agravado.

Veremos en las siguientes semanas que es lo que ocurrirá en última instancia. Ojalá la justicia prevalezca.

MAS SOBRE EL TEMA:

Augusto Álvarez Rodrich: Alberto Fujimori vs. los Pishtacos

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La semana pasada, se realizo la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Debe haber sido de las ediciones menos “mediáticas” que hemos tenido. Razones habían varias: la ausencia anticipada del Presidente de la República, la crisis diplomática con Chile, el hecho de ser un año preelectoral y poca novedad en muchas ponencias parecen ser las razones por las cuales la atención no estuvo en Arequipa durante el fin de semana.

Sin embargo, hay algunas ideas que están en el sentido común empresarial  que merecen un mayor comentarioLuis Felipe Gamarra resumió algunos de ellos para El Comercio:

A pesar de que no se trató de un tema que se desarrolló explícitamente en la agenda, la noticia más importante de la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2009), tanto para los empresarios como para los ponentes o asistentes, fue el abrumador optimismo del sector privado en el futuro del Perú.

Esa convicción no solo se hizo evidente durante los efusivos aplausos que recibió el ministro de Economía, Luis Carranza, al final de su exposición, en la que afirmó que el Perú inició el camino al largo plazo. También se hizo presente en una encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado durante la CADE, en la que el 96% de los participantes consideró que el país está progresando. Ninguno de los consultados, ni siquiera el 4% menos optimista, tuvo la sensación de que vayamos a empeorar o retroceder en la consolidación de la economía. Alfredo Torres, de Ipsos Apoyo, señaló que hace muchos años que no se sentía tanta confianza entre el empresariado peruano.

Incluso, con respecto a la crisis, en una encuesta hecha durante la mesa “Después de la crisis, ¿un nuevo equilibrio económico?”, en la que participaron el ministro Luis Carranza; Julio Velarde, presidente del BCR; y Sebastián Edwards, de la Escuela de Gestión de UCLA, para el 66,8% de participantes la crisis ya pasó.

“El clima de optimismo es la diferencia entre invertir o no invertir, para generar más trabajo, incrementar la competencia y producir mejores bienes de calidad. Los que digan que no hubo muchas novedades es solo porque nadie lo dijo de manera concreta”, afirmó Julio Luque, director de la consultora Métrica y presidente de la CADE 2010.

Según Luque, otro tema que se escapó de la agenda, y que también surgió en casi todas las ponencias, fue la educación. Para Alberto Benavides (Buenaventura), Mario Brescia (grupo Brescia), Dionisio Romero (grupo Romero) y Enrique Iglesias, ex presidente del BID, si el Perú no eleva el nivel de la educación, el país atravesaría por un cuello de botella que podría terminar paralizando su crecimiento.

Iglesias fue más contundente: “Si el Perú solo va a exportar materias primas y mano de obra barata, y no apuesta por la economía del conocimiento, nunca será un país desarrollado”.

Otra encuesta destacó que el 50% de participantes de la CADE consideró que lo más importante para asegurar el largo plazo es elevar el nivel de la educación, muy por encima del tema de infraestructura, lucha contra la corrupción y reforma del Estado.

Otro tema que no se abordó, a pesar de que la brecha del tiempo se acorta, fue el panorama electoral y político. Para unos fue positivo, porque los empresarios deben seguir desarrollando sus mercados más allá de la coyuntura. Para otros debería haberse desarrollado el tema, porque el futuro del modelo de crecimiento depende de la oferta de los partidos para el 2011. En opinión de Dionisio Romero, por ejemplo, “aún no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones”. Para Óscar Rivera, presidente de la CADE 2009, está descartado que gane un candidato antisistema, porque la población se está dando cuenta de que el Perú está creciendo.

Veamos punto por punto:

1. La crisis: ¿ya pasó? Aquí se contrasta la opinión de los especialistas y del sector privado con lo que piensa la calle. En Economía de los Mil Demonios, se nos presentan datos y cifras que nos hacen pensar que, más allá del optimismo empresarial, sí estaríamos saliendo de lo peor de la crisis, siendo necesarias medidas que mejoren el impacto que la misma tuvo en la pobreza, la inequidad y el empleo. El tema es que no se sabe si el sector privado y el Estado van a tomarlas. Para la gente, en cambio, la crisis no ha pasado. Según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP en Lima, el 68% de encuestados señalan que estamos viviendo la crisis y los mayores temores se encuentran en pérdida de empleo y subida de precios.  Como para que lo tomen en cuenta en el sector privado.

2. El optimismo: Sin duda, la economía también se maneja en base a percepciones y muchas de ellas parten de como nos está yendo personalmente.  De hecho, si los empresarios consideran que nos irá bien, no solo es por mejorar el clima de negocios, sino también la crisis los golpeó menos de lo que esperaban. El optimismo es más moderado en la gente, ya que en la encuesta antes citada, la mayor cantidad de personas se inclinan porque la situación económica irá igual. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué tanto optimismo si hasta ahora yo no me beneficio del crecimiento?

Creo que en buena parte la respuesta a esa pregunta tiene que ver con que no hemos emprendido hasta ahora las reformas que nos saquen de la inequidad.  Algunos me dirán que el modelo es intrínsecamente inequitativo y que, por tanto, hay que reemplazarlo por otra cosa. El problema es que cuando pregunto que es esa “otra cosa”, por lo general la respuesta es vaga, alude a mayores protecciones económicas - que hay que ver si son sostenibles o no - o simplemente comienzo a escuchar grillitos.  Lo claro es que crecer económicamente es necesario para sostener una política económica, pero no es suficiente para que la misma tenga efectos en todos los peruanos. Y es allí donde entra el Estado, tan ninguneado por ciertos talibanes económicos, tan alabado por los fundamentalistas del otro lado, pero tan necesario para todos.

De ello no se ha dado cuenta el Presidente y por eso es que tiene la aprobación que tiene, pero eso es otro rollo.

3. La educación: Coincido en que la educación es parte del motor del crecimiento económico y que ésta, en el Perú, está hasta las patas. Basta ver los escándalos en torno a las pruebas para entrar a la Carrera Pública Magisterial o lo que viene ocurriendo en Alas Peruanas y otras universidades para darnos cuenta que la cosa anda mal, amen de los resultados de las pruebas de matemática y lenguaje en que sabemos que andamos como la selección peruana de fútbol.

Soluciones y hojas de ruta se han dado, tanto en documentos extensos como en comentarios de coyuntura, pero el tema está en que se carece de voluntad política para emprender mejores cambios. Como se preguntaba esta mañana el ex rector de San Marcos, Manuel Burga: ¿puede un Ministro con intereses en un determinado modelo y percepción de la educación hacer cambios de fondo? A estas alturas, todo indica que tendremos que esperar al siguiente gobierno para ello.

4. El optimismo político: Yo no sería tan optimista como los amigos empresarios en relación a la imposibilidad de un outsider (ver más sobre esta lógica en el artículo de Gonzalo Carranza para Perú Económico). La posibilidad de un candidato del descontento es posible en un país que tiene desconfianza en sus políticos y en sus empresarios, está descontento con la performance económica y que, según sale en la encuesta de la PUCP que he mencionado anteriormente, varía volatilmente su percepción acerca de si es mejor el estatismo o el libre mercado como modelo económico. Como se pregunta Gabriel Ortiz de Zevallos en esa misma encuesta:

¿El debate estatismo-economía de mercado está zanjado? ¿son estas opiniones posiciones ya formadas o están basadas en una comprensión incompleta de sus componentes e implicancias? Creo que es lo segundo, lo cual es una oportunidad, si se profundiza y aclara el debate; pero también una amenaza, si es que no se actúa proactivamente para hacer las conexiones entre la experiencia y las posiciones sobre temas concretos versus las ideas generales.

5. La percepción sobre los empresarios: Finalmente, lo que no existe en el sector empresarial es una autocrítica sobre sus virtudes y carencias. Otra encuesta del IOP - PUCP sobre percepciones sobre los empresarios, arroja estos datos:

Emprendedores y explotadores, esas son las principales características que los limeños les otorgan a los grandes empresarios peruanos. Y a pesar de que la gran mayoría considera que el Estado deba apoyarlos, sólo un 57% de los encuestados tienen alguna/mucha confianza en las empresas peruanas.

Y si bien se reconoce su importancia y su compromiso con el desarrollo del país (70% lo consideran así), existe aún una mirada recelosa frente al empresariado, motivada tal vez por ser un espacio poco conocido y misterioso (27% los considera deshonestos y corruptos); por la notoria percepción de influencia sobre el Estado (70%) y los políticos -a pesar de que el 56% de los limeños crean que la relación con el actual gobierno es regular-; y por la idea que se tiene sobre las privatizaciones realizadas en el país, que desde el 2007 hasta hoy, más del 40% de los encuestados en Lima consideran negativa.

Mucha de esta percepción se debe a que los buenos empresarios - que existen - no se desmarcan a tiempo ni condenan las prácticas de los malos empresarios - que también existen -, por lo que se tiende a meter a todos en el mismo saco. Poner más atención en el cumplimiento de derechos laborales, promover buenas prácticas empresariales y, por cierto, contar con medidas concretas contra la corrupción y cambiar su forma de vincularse con los políticos y el Estado. He allí el reto del sector privado, además de seguir promoviendo empleo y mejorar su competitividad.

MAS SOBRE EL TEMA:

Economía de los Mil Demonios: Dos izquierdas versus dos derechas (todos los artículos de la serie)

Entrevista a Ricardo Briceño en Poder

Luis Navarro: Nueva Ética para Amador

Julio Lira: La inversión y los retos de la responsabilidad social empresarial

Juan Zegarra: Un trío que no resonó en la CADE

(Foto: IPAE)

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En el accidentado programa de hoy - por fallas técnicas incluso se nos perdió la segunda parte del programa, mil disculpas -vimos varios temas: Chile: el espía y las elecciones, Edgar Nuñez cuestionado, conflicto en Apurímac, una evaluación de la CADE y más.

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Como recordámos ayer, Alberto Fujimori renunció hace 9 años desde Japón por fax. Pero al hoy sentenciado por delitos de corrupción y contra los derechos humanos no se le aceptó la renuncia y fue vacado por incapacidad moral permanente.

Del archivo del Congreso de la República, recordamos varias de las intervenciones de la sesión histórica del 21 de noviembre de 2000, como para recordar el “legado” de Fujimori, así como algunas de las más monumentales piezas de humor involuntario a cargo de parlamentarios fujimoristas.

MANUEL VARA OCHOA

El país, de acuerdo con lo que he podido ver, sigue queriendo al Presidente de la República. Él reconoce sus errores; no es ningún delincuente para que declaremos su incapacidad moral.

ANEL TOWNSEND

Estos actos políticos se expresan cuando señala en su carta que no puede gobernar sin mayoría en el Congreso; cuando el 14 de setiembre pudimos ver directamente —lo que era un secreto a voces, una evidencia conocida— que, para tener esa mayoría, era capaz de utilizar la corrupción; que, para tener dominio sobre el Poder Judicial, tenía un asesor con una red de chantaje; que, para tener dominio sobre el Ministerio Público, sufrimos a una Fiscal de la Nación que todo el tiempo encubrió la corrupción; que, para tener dominio sobre las Fuerzas Armadas, utilizó a un ex capitán expulsado de ellas que le ha causado indignidad y ofensa a nuestros probos militares, marinos y aviadores; que, para tener dominio sobre el aparato de los programas sociales, tenía que presionar y amenazar a mujeres que desde muchos años antes se han organizado en clubes y comedores populares; que, para tener dominio —por no tener más bien solvencia moral, como debe tener todo demócrata—, tenía que presionar.

Él desperdició y, creo yo, abandonó la confianza que le dio el pueblo en 1990, año en que se quejaba de la partidocracia y de la crisis política que efectivamente existía. Pero resulta que aquello que era tradicional y negativo, él lo convirtió en lo que realmente atacaba, sin tomar en cuenta que lo tradicional no es negativo mientras conlleve valores y ética. Él convirtió la utilización del discurso en pro de la salvación de un pueblo en un caudillismo que condujo a un sistema de corrupción que aún no hemos terminado de conocer completamente. Él protegió a Vladimiro Montesinos para que se asile y para que jamás este Congreso lo investigue; y hoy no soporta que se vayan a encontrar evidencias en su contra que lo vinculen con una red que ha combinado crímenes de lesa humanidad con actos gravísimos de corrupción.

HENRY PEASE

Él nunca había reconocido que era ciudadano japonés, hasta este momento; y esto escandaliza a la nación, indigna hasta a su propio Consejo de Ministros. Ciertamente, no es esa la actitud que percibo en varios de los parlamentarios del oficialismo. Pero el Consejo de Ministros ha reaccionado indignado. ¿Por qué? Porque se quedaron “colgados de la brocha”. Hay lo que se llama lealtad para el equipo y para los que están subordinados a él; pero el Presidente no ha dado ninguno de esos ejemplos.

En los últimos meses lo hemos visto actuar como el personaje de la película Rambo, tratando de reemplazar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas en una tarea que no tuvo ningún éxito y que probablemente no quiso que lo tuviese. Lo hemos visto interferir en la investigación judicial y presentarse en público con lo que ha incautado, cuando él no es juez ni fiscal ni forma parte del Poder Judicial. Todo esto no es sino un sistemático conjunto de atropellos que obliga a pensar que estaba buscando eliminar pruebas antes que acusar como es debido a quien ha sido pescado cometiendo un acto de corrupción.

El país tiene que decir ¡basta!, y decir también que en este caso hay una permanente incapacidad moral, cuyo rasgo principal es la permanente mentira, la cual comenzó con la famosa excusa de la intoxicación por bacalao de la campaña electoral y de la que ha habido otros mil ejemplos en estos diez años.

Señor Presidente, yo he luchado durante diez años contra el fujimorismo, y también he reconocido sus éxitos y no he insultado jamás. No me interesa hacer leña del árbol caído; pero tengo que llamar pan al pan y vino al vino; y, por tanto, tengo que llamar moralmente incapaz a quien miente al país, a quien no tiene la valentía de dar la cara y renunciar en su propio despacho, a quien se va fuera del país para mandarnos una carta desde Tokio, cuidando no sé qué tesoros; ciertamente, no el tesoro del aprecio de la ciudadanía ni el de la dignidad del cargo ejercido, porque ha dejado a los peruanos humillados ante todo el mundo. Los peruanos no podemos pensar que, con ese comportamiento, van a decir en el mundo que somos demócratas, ciudadanos que nos respetamos, cuando él, que ha ejercido diez años la Presidencia de la República, no ha sido capaz de representar a los ciudadanos que lo eligieron, ni a sus propios ministros siquiera.

JORGE DEL CASTILLO

¿Quién va a creer que alguien pueda enriquecerse al lado del Presidente de la República y que éste diga que no se daba cuenta ni sabía nada? ¿Acaso no se le advirtió de los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta? ¿Acaso no se le advirtió de las cuentas millonarias de su asesor en un banco de Lima, y salió el propio Presidente a defenderlo? ¿Acaso no se le advirtió del lavado de dinero y del narcotráfico?

CARMEN LOZADA DE GAMBOA

Hoy tenemos dos documentos que analizar: el primero, la carta de renuncia presentada por el ingeniero Alberto Fujimori. Condeno, en lo personal, que haya sido remitida desde Tokio; dejo constancia de que esa forma de presentar su renuncia no es de mi agrado, pero es como lo ha hecho. (

JORGE CHAVEZ SIBINA

Con el fin de someter al país, hemos asistido durante estos años a la construcción de una mayoría artificial. Con el pretexto de una supuesta eficiencia, se pisoteó la Constitución y se violaron las leyes. Para controlar el poder se instalaron sofisticados sistemas de escuchas telefónicas. Para mantenerse en el poder se tomaron, presionaron o controlaron los medios de comunicación. Para seguir acumulando poder se arrebataron competencias y funciones a las municipalidades del Perú y se atacó sistemática y perversamente a los alcaldes y líderes independientes que defendían la democracia y los espacios locales. Para seguir acumulando más poder se vació de contenido a las instituciones y se las manejó con elementos corruptos.

Se asesinó y se torturó en las instalaciones del Ejército, mancillando la memoria de los héroes y mártires que dejaron un ejemplo de honor para todos los peruanos. Se utilizó a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para campañas electorales, violando la Constitución y las leyes. Se manipuló la pobreza para hacer campaña electoral, abusando de necesidades elementales como alimentos o vestimenta. Se utilizó la necesidad de educación para hacer campañas con colegios que se construían sin licitación.

MARTHA MOYANO

Debo decir que siento tristeza por la forma como ha presentado su renuncia, desde Tokio, el Presidente de la República. Sí, siento tristeza.

Soy miembro de la bancada oficialista de Perú 2000 y no he presentado mi renuncia y jamás la presentaré, porque, retirándome, no soy más digna ni menos digna. Creo que en los momentos difíciles se necesitan personas que permanezcamos firmes, de pie, como en algún momento lo estuvieron los señores congresistas de la oposición cuando hubo problemas con el gobierno.

CESAR ZUMAETA

¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber avalado a una banda de mafiosos y asesinos dirigidos por Vladimiro Montesinos en los últimos ocho años? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber permitido hechos tan dolosos y criminales como los que corresponden a los casos de La Cantuta y Barrios Altos? ¿Honra el señor Fujimori al Perú al haber permitido los últimos ocho años que en este Parlamento se hayan archivado los informes de todas las comisiones investigadoras relacionadas con las fechorías que ha cometido el presente régimen en los últimos diez años? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber permitido indiscriminadamente la venta de casi todas las empresas públicas y que el producto de esa venta, de más de 9 mil millones de dólares, hoy se haya esfumado? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber permitido la legislación laboral que ha puesto en la calle a millones de peruanos y con la que se despide a mansalva a trabajadores tanto del sector público como del sector privado? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber permitido un modelo económico que ha expulsado del país a más de dos millones de peruanos? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber permitido la renegociación de la deuda externa más sospechosa de la presente vida republicana? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al avalar el tráfico de armas y el lavado de dinero? ¿Honra al Perú el señor Fujimori al haber construido un gobierno bajo el más grande centralismo que ha ahogado a las provincias del interior del país? ¿Honra al Perú el señor Fujimori cuando hace diez años nos manifestó que iba a construir un gobierno basado en la honradez, la tecnología y el trabajo, y hoy el país sufre un daño moral irreparable y niveles de desempleo jamás vistos en la historia republicana?

MARTHA CHAVEZ

Ya ha habido ciudadanos que han llamado, aun anónimamente, para decir que hay un vídeo en el que el Presidente aparece recibiendo dinero y que incluso habrían trucado su voz; y yo me pregunto ¿a quiénes están afectando esos grandes moralizadores? ¿Quién les está proporcionando esos vídeos y qué directivas siguen? ¿Quién es el interesado en que ese tipo de presiones tenga lugar? ¿Piensan acaso que es simplemente por amor al arte que se proporcionan esos videos? ¿De dónde salen los recursos millonarios con los que se pagan esos vídeos? Porque sabemos que se está vendiendo la información. El Presidente de la República ha querido parar eso, ha querido oponerse a las presiones de esa misma gente que hoy nos viene a amenazar con que hay uno o dos vídeos.

ABSALON VASQUEZ

Reconozco que, como seres humanos, podemos cometer errores, y éstos se han cometido. Por ejemplo, entre los errores más importantes tenemos la ley de interpretación auténtica, con la que, como dije hace unos días, yo particularmente no estuve de acuerdo. Actué en silencio e hice saber mi disconformidad. No era congresista en ese entonces; pero como ciudadano e integrante del gobierno, me opuse a la tercera elección.

También estuve en desacuerdo con la ley por la que se destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional, aun cuando en este caso había argumentos, como dije otro día. Pero entiendo que pudo haber otra forma de solución sin recurrir a la destitución.

Casos lamentables son los de La Cantuta, Barrios Altos, la señora Leonor La Rosa, así como los de corrupción, que deben ser investigados con profundidad y sancionados ejemplarmente para que no queden impunes.

Considero un error, asimismo, que el señor Presidente de la República haya presentado su renuncia desde Japón, y como él hoy ha manifestado, sin pensar en que ello iba a dar lugar a una mala interpretación. Pero, como dice en la carta que le dirigió a usted, señor Presidente, lo hizo para evitar una mayor confrontación y que él fuese un estorbo en esta reconquista institucional democrática del país.

Considero también un error que se hayan intervenido las universidades demasiado tiempo; eso fue negativo, como negativas fueron algunas privatizaciones, caso de las generadoras y distribuidoras de electricidad. Y, además, el que no se hayan hecho investigaciones oportunas en Congresos anteriores; la falta de una adecuada regulación de las tarifas; la falta de control de la Superintendencia de Banca y Seguros en las tasas de intereses leoninas de la banca de consumo.

RESOLUCION FINAL

Declaración de Permanente Incapacidad Moral del Presidente de la República y Vacancia de la Presidencia de la República

Artículo 1.o.— Declaración de permanente incapacidad moral del Presidente de la República

Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, según lo establecido por el inciso 2) del artículo 113.o de la Constitución Política del Perú.

Artículo 2.o.— Declaración de vacancia de la Presidencia de la República

Declárase la vacancia de la Presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115.o de la Constitución Política del Perú

EPILOGO

Tomo prestado algo dicho antes en otro blog:

Basta de la cultura de la criollada, del bacalao, de la yuca. Basta de la pendejada hecha gobierno en aras de “la paz”, el “modelo” o cualquier otro concepto políticamente correcto que es solo una excusa para pisotear al prójimo. O todos somos iguales o esta cosa que se llama Perú no funciona. Sólo así seremos libres, seámoslo siempre.

MAS SOBRE EL TEMA:

Las sentencias condenatorias a Fujimori: Allanamiento (primera y segunda instancia), Derechos Humanos, 15 millones y Corrupción.

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Hace exactamente 9 años, un oscuro ingeniero agrónomo que ocupó durante 10 años la Presidencia del Perú - 8 de ellos, contribuyendo a aumentar la historia del autoritarismo en América Latina - renunciaba por fax, luego que se cayera el principal sustento de su poder: un ex espía.

A pesar que se le dijo, se le advirtió y hasta se le ponía en revistas - que, años más tarde, sentado en un banquillo de acusados, el ex dictador dijo no leer -, Alberto Fujimori puso como socio a Vladimiro Montesinos, alguien que supo fungir de doble agente y que convirtió al Servicio de Inteligencia Nacional en la aduana de la corrupción y de la violación de los derechos humanos. Aduana de la que el ex Presidente no era ajeno, como se ha demostrado en los procesos judiciales o él mismo ha aceptado su responsabilidad penal.

Luego de su caída, la inteligencia se dividió en dos vertientes. De un lado, los institutos armados haciendo la inteligencia operativa y los intentos a trompicones de crear un organismo rector del Sistema de Inteligencia. Del otro lado, la privatización de un sector de la inteligencia, sobre todo de aquellos que habían pasado a la fila de desempleados sin Fujimori y Montesinos, a través de empresas privadas de seguridad dedicadas a custodiar intereses privados en los casos más sanos, pero, en otros menos santos, al espionaje industrial, la interceptación telefónica, el chantaje y el amedrentamiento.

Es en este contexto que debe inscribirse el caso de Víctor Ariza, el espía cuya historia ha conscitado nuestra atención durante esta semana. Más allá de la pregunta sobre porque una persona puede pasar a traicionar a su patria por algunos miles de dólares - y que ha merecido la atención de Jorge Bruce - debemos preguntarnos algo más sobre la labor de espionaje y de inteligencia.

En una lúcida columna, Gustavo Gorriti va más allá del tema ético y aterriza algunos conceptos:

Las naciones rivales, o potencialmente rivales, cuyas fuerzas de seguridad hacen planes, diseñan estrategias y tácticas basadas en la hipótesis de conflicto bilateral, tienen un interés especial en conocer todo lo posible sobre las disposiciones, planes, medios, distribución, despliegue, capacidades e incapacidaes de su contraparte. Gran parte de esa infformación no requiere ningún tipo de espionaje para su obtención, sobre todo en estos tiempos. Basta con saber utilizar las fuentes y los medios hoy disponibles para conseguirla. Una parte pequeña puede requerir una lectura electrónica subrepticia, de nivel mucho menos que el que efectúan las grandes potencias con implementaciones como las de la red Echelon, por ejemplo. Aparte de ello, hay un ámbito más bien pequeño y muy específico de información o corroboración que todavía se logra mejor a través de personas que trabajan en ciertas instituciones o agencias del Estado contraparte. La función de los organismos de inteligencia propios es obtener dicha información reclutando colaboradores y la función de la contrainteligencia opuesta es impedirlo.

En esa línea, señala Gorriti, el conocimiento del otro se desarrolla a través de un espía y su descubrimiento siempre genera expresiones de disgusto del agraviado y de la denegatoria torpe del afectante. De allí que lo que hayamos visto esté dentro de “lo normal”, con las molestias que suscita que el vecino del sur no acepte su responsabilidad. Y como bien apunta Gorriti, no solo los envidiosos espían.

De hecho, ayer muchos nos preguntábamos si es que teníamos que envidiarle algo a Ecuador - además de su selección de fútbol - cuando conocimos que el año pasado se descubrió en el país del norte que había un militar ecuatoriano que le pasaba información al Perú a cambio de dinero. Caretas comentó en su momento el hecho:

El diario Expreso de Guayaquil reveló la semana pasada la historia de Carlos Romero Pico, un suboficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) acusado de vender información a los servicios de Inteligencia peruanos durante siete años, entre 1998 y 2005.

Persuadido por su situación, pues tenía siete hijos de cuatro compromisos, Romero Pico entregó, según la información, más de 900 documentos “con estrategias de defensa, teatros de operaciones bélicas, apreciaciones de inteligencia, análisis técnicos de armamento, sistema de espionaje y contraespionaje, así como de recursos internos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas”.

Por la colaboración el suboficial recibió unos US$ 150 mil que fueron entregados tanto en sus encuentros con oficiales peruanos como a través de transacciones financieras. Las citas con sus fuentes solían celebrarse en el restaurante Ojitos de Aguas Verdes. En julio del 2005 le echaron el guante.

Pero Romero es solo la punta del hilo en esta madeja. Luego del conflicto del Cenepa y el fiasco en términos de pérdidas en aviones de combate y helicópteros, la Fuerza Aérea Peruana (FAP) decidió que era hora de poner especial atención en el seguimiento al país vecino.

No solamente la FAP gestionó la compra de material a Israel. Mientras la amenaza de nuevos conflictos seguía latente después de 1995, los esfuerzos se redoblaron para obtener información sensible. El director de Inteligencia del arma era nada menos de Carlos Elesván Bello, actualmente procesado por integrar la red de Vladimiro Montesinos.

Los planes puestos en marcha trascendieron largamente a Romero Pico. Uno de los planes de Inteligencia recibió el nombre de “Iluminación”. El objetivo era infiltrar agentes a Ecuador vía un tercer país para vigilar cuidadosamente las bases aéreas de la FAE en Taura, Manta, Salinas y Guayaquil.

La embajada peruana en Quito también se equipó para la ocasión. Una de las empresas israelitas que reparó los aviones peruanos incluyó en el servicio dos maletines para interceptar comunicaciones telefónicas.

De acuerdo a la información recabada por CARETAS, la FAP intensificó tanto su presencia en Ecuador que contribuyó a “sembrar” la información sobre lo que el ex presidente Abdalá Bucaram denunció como el “Plan Zorro”. Según éste, el general Paco Moncayo puso en marcha una conspiración para desestabilizar el sistema democrático, tumbarse a Bucaram y poner en el poder a su rival, el socialcristiano Jaime Nebot.

De todos modos, el folclórico Bucaram no necesitó de tanta ayuda para ser eyectado del poder.

Elesván Bello tuvo entre sus principales colaboradores a José Luis Malpartida, agregado aéreo en Quito durante el conflicto de 1995 y director de Inteligencia de la FAP entre 1997 y el 2000.

Diluido el fantasma de la guerra y firmada la paz entre los dos países, hubiera sido de esperar que los planes de espionaje fueran desactivados. Pero lo que mantuvo los radares prendidos fue una reunión bilateral de Inteligencia entre la FAE y la Fuerza Aérea Chilena (FACH), realizada después del conflicto. El contenido del encuentro se filtró a la prensa ecuatoriana y se basaba en la capacidad de guerra electrónica de la FAP, las características de los MiG 29 y Sukhoi 25 que el Perú adquirió a Bielorrusia y Rusia y el estado operativo de otras aeronaves FAP como los Mirage 2000.

Así se decidió mantener engrasados a eslabones como Romero Pico. Quien, por cierto, puede darse por bien servido. La justicia de su país lo acaba de condenar a cinco años de prisión.

Curiosamente, como hoy reporta la misma revista, Ariza fue uno de los encargados de armar este operativo con Ecuador, años antes de estar en la otra orilla.

El caso nos debe ayudar a reforzar aquellos aspectos de inteligencia que son necesarios mejorar. De hecho, es una buena noticia que se haya detectado a tiempo al espía y que se montara un operativo de contraespionaje para confirmar las dudas sobre su accionar. Sin embargo, preocupa mucho que los oficiales a cargo de la inteligencia dejen algunos documentos al alcance de la mano de cualquiera, como fue detectado.

Más allá de las histerias nacionalistas, hay análisis que son necesarios para ver en su complejidad este tipo de problemas.

MAS SOBRE EL TEMA:

Fernando Rospigliosi: El espía que enfrío las relaciones

Víctor Andrés Ponce: La burguesía chilena tiene la palabra

Joseph Dager: El espía y las relaciones bipolares

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Aunque la agenda informativa sigue dominada por el tema Chile y el espía - donde lo más resaltante hoy es lo revelado por El Comercio sobre la vulnerabilidad de la FAP en temas de información -, han ocurrido otras cosas que merecen atención y comentario.

MADRE DE DIOS Y LA MINERIA INFORMAL:

La semana pasada El Comercio reportó sobre la deforestación que viene ocurriendo en Madre de Dios debido al avance de la minería informal. Ayer, Carlos Basombrío puso el tema de modo más amplio. Van algunos párrafos de su columna:

En Madre de Dios, los mineros ilegales arrojan cada año a la naturaleza 40 mil kilos de mercurio. Es decir, tienen lugar 150 ‘choropampas’ (intencionales) cada año.

El horror ambiental no se acaba allí ya que se han deforestado 150 mil hectáreas que, como se vio en las fotos que ha publicado El Comercio, parecen arrasadas por el napalm que algunos añoran. (Que haya algunos dirigentes nativos con denuncias penales por ser también mineros ilegales en la región es inaudito).

De la mano de la depredación viene la violación a todos los derechos humanos. Huepetue, los ‘Deltas’ y, en los últimos años, ‘Guacamayo’ son lugares sin ley, en los que se han refugiado fugitivos de la justicia, donde no se paga impuestos y se produce una acumulación salvaje que no deja nada para la región ni para el país. En ellos conviven el trabajo infantil y adulto en condiciones inhumanas con la trata de personas y la prostitución. Allí mueren cientos de seres humanos cada año –según estimados de los sacerdotes de la región–, principalmente por accidentes, dadas las pésimas condiciones de la explotación, pero también por asesinatos. Todos son enterrados en el sitio, sin más.

La minería ilegal en Madre de Dios está muy lejos de ser el escenario de la sobrevivencia de migrantes trabajando en ‘microempresas’. Puede que hace décadas empezase así, pero hoy es una industria ilegal que mueve grandes capitales y que explota inmisericordemente a sus trabajadores. (¿Quién les vende las enormes máquinas con que operan? ¿Quién les da mantenimiento?).

La minería ilegal –con algunas o todas las características descritas– no es exclusiva de Madre de Dios. Está en Puno, Cusco, Arequipa, Ica, Áncash, La Libertad, Piura, entre otros lugares.

¿Cómo puede ser que todo esto ocurra en el Perú en pleno siglo XXI? Sin duda, la principal responsabilidad es de un Estado virtualmente ausente o indiferente (unas cuantas declaraciones de Brack no hacen verano) pero, a la vez, cómplice (un fenómeno de esa magnitud solo se entiende por una cadena de corrupción y muy buenos contactos con el poder). Hay, también, una responsabilidad importante de los defensores del medio ambiente que, como corresponde, son muy exigentes a otros niveles, pero que frente a este tema guardan un silencio ominoso.

Como que va siendo hora de poner atención a un tema que hace tiempo que dejó de ser un asunto de mera informalidad y atenta contra muchas de las normas ambientales, laborales y de derechos humanos. Ambientalistas, no toda la contaminación está en Yanacocha. Y lo mismo va para el Ministro Antonio Brack. A poner más alerta sobre esto.

TRUJILLO Y LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE:

En la nueva edición de Poder, Ricardo Uceda presenta un completo reportaje sobre la existencia de presuntos escuadrones de la muerte formados por miembros de la Policía Nacional para eliminar a delincuentes comunes en Trujillo.  Se da cuenta de la existencia de varios casos de asesinatos bastante extraños de miembros del hampa trujillana, que lindan con las ejecuciones extrajudiciales, así como de las dificultades y presiones en las que se hallan las distintas investigaciones sobre estos hechos.  Esto es algo que debe explicar el Ministro del Interior, habida cuenta que alguna vez fue jefe policial en dicha zona del país. Y nos cabe una reflexión a todos sobre lo que esperamos de una política criminal y penitenciaria, dado que el tema estaría siendo aplaudido en varios sectores de la ciudad de la eterna primavera.

NOVEDADES DE LOS PETROAUDIOS

El lunes, Rómulo y Bieto frustraron tanto un careo como la audición de los Petroaudios. ¿El motivo? Volvieron a alegar que las pruebas son ilegales, cuando hace varios años el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han zanjado la jurisprudencia sobre el tema.

De otro lado, la investigación de Pablo O’Brien en Semana Económica tuvo en su última parte revelaciones sobre el rol que jugó Peru Petro, la entidad encargada de la licitación de los lotes petroleros, en el faenón. Lo más revelador es lo siguiente:

El asunto medular que iría a discutirse radicaba en si Petroperú debía volver a la actividad exploratoria. Quimper consideraba que la estatal no sólo debía poder postular, sino que debía calificársele con el máximo puntaje (20) por ser una empresa “epónima” nacional. El documento que originalmente le envió a Saba, se lo remitió también al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y al presidente de Petroperú, César Gutiérrez. Más tarde, con algunas modificaciones, sería enviado a la congresista Luciana León para que lo haga aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, lo cual finalmente no fue necesario por cuanto antes de ello la comisión evaluadora de la licitación internacional de Perupetro le dio su visto bueno a la propuesta.

Una vez que se consiguió esta gestión, DPI y Petroperú recibieron el primero de setiembre un oficio de Perúpetro en el cual se les informaba que habían sido calificados con 20 puntos en la propuesta económica y que podían postular por más de un lote. Lo extraño es que, a pesar de que el documento hacía referencia a una misiva del 25 de julio en la que se autorizaba a DPI a postular sola o consorciada hasta por un máximo de tres lotes, finalmente se le permite a la empresa noruega que postule por siete lotes. La Contraloría no encuentra explicación para este cambio de criterio y cuestiona específicamente el papel que jugó Quimper, a quien la propia empresa noruega admitió en un comunicado oficial haber contratado por su reputación de abogado tributarista.

La Contraloría también llama la atención sobre el doble rol que ejercía Saba, quien era presidente de Perupetro pero, a la vez, director de Petroperú, lo cual entrañaba un claro conflicto de interés en este caso. Saba, por tanto, estaba informado del proceso de asociación que venía gestándose entre DPI y Petroperú y, de hecho, se reunió varias veces con los ejecutivos de la petrolera noruega y mantuvo una activa comunicación con León Alegría.

Augusto Townsend ha hecho un amplio análisis de lo que implica el caso para la cultura de negocios en el Perú. Recomiendo leer el artículo completo pero los dejo con estos párrafos:

El gobierno no debería cejar en su esfuerzo de captar la mayor cantidad posible de inversiones, para que éstas generen empleo y desarrollo económico en el país. Pero lo que debe entenderse es que la promoción de la inversión es una responsabilidad que le compete a los órganos técnicos del Estado, como ProInversión, los viceministerios y direcciones generales de los ministerios, o agencias como Perupetro.

A los políticos les corresponde acompañar este proceso asumiendo posturas públicas que respalden la estabilidad jurídica y macroeconómica, el respeto a la propiedad privada, la no interferencia en la actividad judicial, etcétera. Nada de ello exige que interactúen directamente con los inversionistas.

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

ALAS PERUANAS INVESTIGADA

Ayer la Comisión de Educación del Congreso pidió facultades de investigación por el caso de la Universidad Alas Peruanas. La votación fue unánime e incluyó a tres de los parlamentarios cuestionados por sus vínculos con esta casa de Estudios, Rafael Vásquez, Wilder Calderón y Edgar Nuñez. Pero ambos quisieron zafar responsabilidades. Vía El Comercio:

ÉDGAR NÚÑEZ. CONGRESISTA APRISTA
Voté a favor del pedido [de crear una comisión investigadora], pero no estoy a favor de que solo se investigue a Alas Peruanas. Hay un ensañamiento contra esa universidad”.

RAFAEL VÁSQUEZ. CONGRESISTA HUMALISTA
El pedido [de Werner Cabrera] es un tema que la bancada humalista ha tratado internamente. Prefiero esperar hasta que se pronuncie oficialmente”.

WILDER CALDERÓN. CONGRESISTA APRISTA
El Partido Aprista es racional, pero si toma la decisión [de que dé un paso al costado], yo soy un hombre disciplinado. Creo que mi bancada me va a escuchar”.

Por cierto, se ha solicitado que los tres parlamentarios cuestionados sean separados de la Comisión de Educación.

Servidos todos.

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