Archivo de Octubre 2009

Todos tienen un precio. Esa era la máxima que tenía Vladimiro Montesinos para ir poniendo billetes sobre la mesa para comprar a quienes sostuvieron a una dictadura.

Las deudas tributarias no las pago. Parece ser la máxima de los dirigentes del equipo del que soy hincha, que prefieren hipotecar el futuro del club antes que honrar sus compromisos de pago.

Tengo que cobrar un honorario de éxito. Era el fundamento de Rómulo León Alegría en sus tratos con Discover Petroleum.

Pása ese auto, ciérralo, hay que ganar pasajeros. Es la máxima del llenador de combi que trabaja 12 horas al día en uno de los empleos más informales del mundo.

No te preocupes, levantamos la noticia mañana, le dice un periodista y manejador de imagen al cliente de una empresa por cuyos intereses vela.

No voy a informar del tema, es lo que dice (o hace) algún hombre de prensa que se hipoteca a una idea, a un compadrazgo o a un receptor de contactos en lugar de servir al público y a la verdad.

A Dios gracias, no todos tenemos precio.

El periodista al que se le hace un justo homenaje en el video que veremos a continuación nunca lo tuvo.

VIDEO: Jonathan Castro recuerda a Bruno de Olazabal.

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Durante este año, el cine hecho en el Perú - no se si se puede hablar de “cine peruano” - ha cobrado mayor protagonismo. La publicidad hecha a varias películas - Cuatro, Máncora, Tarata - y todos los premios que ha ganado La Teta Asustada han puesto en la mesa varios temas: sí el cine hecho aquí es mono o bi temático (sería bueno que quienes van por esta línea revisen el último libro de Javier Protzel sobre imaginarios sociales en el cine), la calidad de las películas producidas y, por supuesto, la necesidad de su fomento.

En esta coyuntura, se han presentado dos proyectos de ley para complementar la actual Ley de Cine, en búsqueda de una mejor promoción de esta actividad. En Cinencuentro, Gabriel Quispe comentó los dos proyectos:

En medio de la celebración por el éxito de La teta asustada, que colocó al cine en la agenda de los medios de comunicación y de las autoridades, los legisladores Luis Gonzales-Posada y Johnny Peralta, quienes desde las presidencias del Parlamento y de la Comisión de Presupuesto, respectivamente, han tenido bastante que ver con el paulatino incremento presupuestal de Conacine, impulsaron la propuesta de los cineastas peruanos que nuestro organismo oficial encarnaba. Presentaron el proyecto de la Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional el 16 de marzo, que hasta cierto momento avanzó y tenía posibilidades de cristalizarse. Sin embargo, en el camino los distribuidores y los exhibidores, que igualmente integran Conacine, también se movieron y prepararon el proyecto de la Ley de Masificación del Cine y Fomento a la Cinematografía Nacional, el cual fue presentado en el Congreso, precisamente el 3 de junio, por el cuarteto multipartidario. (Ojo que quien promueve la ley de los distribuidores es el fujimorista Carlos Raffo, nota de DTP).

Esta segunda propuesta al parecer ha sido aceptada por Conacine y la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), en una negociación de la que no se conocen mayores detalles, y ha ganado espacio en el ámbito legislativo. Existe la versión de que el proyecto de Peralta y Gonzales-Posada ha sido relegado y correría el riesgo de ser archivado. Ante ello, en estos días diversas voces de la comunidad han expresado su preocupación, básicamente en la lista de correo Cinemaperú, por lo que consideran una serie de decisiones desfavorables para los intereses de los cineastas nacionales, asumidas entre pocas personas y sin debate público.

Ambos proyectos -que llamaremos Ley Peralta (LP) y Ley Majors (LM)- no buscan derogar la legislación vigente, sino hacerle pequeñas modificaciones y reforzarla. Coinciden en el anacronismo del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, y en la creación de un Fondo PROCINE, que los cineastas presentan como Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana, y los distribuidores y los exhibidores llaman Fondo para el Desarrollo de la Producción Cinematográfica Nacional. Como se sabe, el artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal indica que, en las funciones cinematográficas, corresponde un 10% del valor de la entrada. La Ley Peralta propone que el Fondo reciba, además de las partidas presupuestales del Ministerio de Educación, el 50% del monto recaudado por ese impuesto, o sea el 5% de cada boleto, lo que representa aproximadamente 6 millones de soles al año, y el 1% de la tarifa mensual del servicio de TV por cable, que significaría unos 780 mil soles al mes (esta fuente ya fue desestimada en el análisis legislativo previo).

La Ley Majors, en cambio, enfatiza que en el Perú convergen la entrada al cine más barata y la carga de impuestos a este sector más grande de América Latina, por lo que apuesta por la eliminación del Impuesto Municipal. En su lugar propone que el Fondo Procine cuente con el 1.6% del valor de la entrada (que ahora, luego de las tratativas, sería de 3%), el cual sería abonado de “forma voluntaria y temporal” por las empresas distribuidoras y exhibidoras durante cinco años consecutivos desde la puesta en vigencia de la norma. El dinero, que acumularía del 2009 al 2013 unos 21 millones y medio de soles (o unos 42 millones de soles con el nuevo porcentaje), sería administrado por Conacine, cuyo crecimiento dependería así, directamente, de los recursos de un par de componentes de su propia estructura. También de modo voluntario y temporal y por un lustro, dedicarían el 0.5% de cada entrada a un Fondo Antipiratería, que sería administrado por la Cruzada Antipiratería, asociación civil que dirigen esas mismas empresas, con la estrecha participación de Indecopi.

Este punto, aparte de pretender involucrar a la comunidad cinematográfica en una labor persecutoria que corresponde a Indecopi, como una suerte de presente griego, es una redundancia de las actividades propias de los distribuidores y los exhibidores, con el agregado de consagrarse esta vez en una norma legal. Además, surge en un contexto de mayor cerrazón de la cartelera comercial a la diversidad de propuestas, llegando a desaparecer últimamente cintas de interés en dos semanas o incluso sin pasar de los siete días. Y llama la atención que una ley hable de carácter voluntario -la temporalidad también estaría en revisión luego de haberse negociado-, e incluso se pone como ejemplo el óbolo que las empresas mineras se comprometieron a dar para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde realizaran sus actividades. No es un buen ejemplo, pues ese caso fue seriamente cuestionado y es uno de los despropósitos de este gobierno. Otros puntos de la LM son el informe bienal de cuánta Inversión en Infraestructura se ha hecho para disminuir el déficit de salas en el interior del país, y la exhibición mensual gratuita de sus “principales estrenos” -¿serán la secuela, la precuela y el remake de cuanta franquicia caiga por estos lares?- para público de escasos recursos.

Otros importantes aspectos se perderían con el eventual archivamiento de la LP: el fortalecimiento estructural de los concursos, la entrega que el Fondo Procine haría a las empresas de producción, servicios y distribución cinematográfica de las regiones, del 25% del monto dispuesto como ayuda no reembolsable a la creación, producción y difusión de obras cinematográficas peruanas, lo que ayudaría a la consolidación del cine regional; y la obligación de las empresas productoras peruanas a garantizar a sus trabajadores el derecho a sindicalización, beneficios sociales, prestaciones de salud, jubilación y seguro de riesgo. Es más, el proyecto de Peralta contempla la suspensión de cualquier apoyo económico a una empresa que incumpla sus compromisos laborales, lo que haría más formal y profesional el modo de hacer cine en el país.

Básicamente, lo que tenemos, son dos proyectos que tienen su principal divergencia en el destinatario del fondo y en si se mantiene o no el impuesto municipal. Quienes están del lado de quienes intervienen como trabajadores del cine y buena parte de los periodistas cinematográficos, están más cerca del proyecto del congresista Peralta, con argumentos que - con excepción de la no eliminación del Impuesto Municipal - me parecen realmente plausibles.

De acuerdo con lo que me cuentan quienes están involucrados en el tema, el proyecto Peralta ha sufrido una modificación para acercar posiciones. El 50% del fondo irá para los exhibidores y el 50% irá para los cineastas. El 50% para los cineastas es una contribución parafiscal de los exhibidores cobrada por la SUNAT, que se queda con el 2% del monto acumulado por comisión

El tema está en que, como ambas partes reconocen, se tratan de proyectos de Ley que buscan poner parches. Y como dice el amigo Mildemonios, hay que poner énfasis en la creación de una industria del cine, cuestión que el proyecto Peralta hace pero de modo parcial, dado que se incide en el mismo sistema de promoción de proyectos de películas que sigue siendo insuficiente para el sostenimiento de esfuerzos que vayan más allá de la recuperación de la inversión y de los préstamos para hacer una película, modelo que parece insostenible en el tiempo.

Esta tarde habrá un debate público sobre ambos proyectos en el Congreso de la República a las 5 pm.  Y tal vez sería bueno que ambas partes le den una revisión a lo que se hace en otros países. De lo que he podido revisar para este post, quizás la Ley de Cine que se adecúa más hacia un modelo promotor de toda la industria es el de Colombia:

El FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO- FDC- es un instrumento de financiación que se alimenta de los dineros provenientes de la contribución parafiscal creada por la ley 814 de 2003 como una manera de lograr que los recursos generados por el cine se vuelvan al mismo sector.

Este Fondo financia en forma no reembolsable y cada año, proyectos cinematográficos colombianos en todas sus etapas pasando desde el desarrollo de guiones y proyectos, producción, postproducción, hasta las de promoción distribución y exhibición.

También apoya el concepto integral de la cinematografía a través del auspicio a actividades de formación de técnicos, creativos, realizadores, así como la formación de públicos como manera de invitar a hacer cine y a entender con sentido crítico los contenidos audiovisuales. El apoyo a la creación de infraestructura de salas en particular en sitios distantes de nuestras regiones, la constitución de laboratorios o la lucha contra la piratería, y por supuesto la conservación del patrimonio audiovisual colombiano también tienen espacio de apoyo a través del FDC.

Como vemos, hay formas para enriquecer el debate y promover la cinematografía local. Superado este inconveniente de financiamiento de una industria, la gente de la industria del cine podría dedicarse con mayor ahinco a mejorar la oferta de películas que hemos podido ver en estos años.

MAS SOBRE EL TEMA:

En DTP en vivo debatimos ambos proyectos de Ley

Discusiones anteriores sobre la norma en Cinencuentro

Fernando Vilchez: El viaje que terminó en oro

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El domingo último, el Presidente de la República respondió por fin a las interrogantes puestas por Gustavo Gorriti en el libro Petroaudios. Alan García Pérez dijo que no mandó chuponear a Ollanta Humala y, sobre las versiones que lo vinculan con Elías Ponce Feijoó, el líder aprista dijo que lo dicho por Gorriti era producto del trabajo de un novelista.

Pues bien, hoy el “novelista” le respondió al Presidente - cuentista en Caretas. Van los párrafos más importantes vía La Mula:

Pero hay realidades tan sorprendentes, paradójicas o desmesuradas que su narrativa asemeja y a veces supera la ficción. Para contar esas realidades se desarrolló el periodismo narrativo, que puede referir historias apasionantes, extraordinarias, difíciles de creer, pero donde todo, todo –como dicen, hasta los cruces de las t y los puntos de las íes– debe ser verdad. Ahí no hay la licencia del hecho (como en algunas de las novelas arriba mencionadas); ni el púdico disfraz del nombre (como en el roman à chef); ni el jugar con los hechos, manteniendo los nombres (como en la novelita aquella “El mundo de Maquiavelo” que usted sin duda recordará). La única licencia en el periodismo narrativo es proteger a fuentes vulnerables disimulando su identidad. Pero el relato debe ser completamente fidedigno y corresponder a la verdad de los hechos.

Me imagino que lo inesperado de la narración sobre su encuentro con Manuel Ponce Feijóo en 2006, le hizo desear que fuera una novela, pero tanto usted como yo sabemos que, por inusual que parezca, el relato sobre el evento, que hago en mi libro: “Petroaudios”, es totalmente fidedigno.

En el libro cuento (páginas 87 y 88) que: “Durante la campaña electoral de 2005-2006, fuentes familiarizadas con el pensamiento de Ponce Feijóo sostienen que el entonces candidato Alan García lo convocó a la oficina que tenía en el Paseo de la República, cerca del edificio de RPP ‘cuando apareció lo de (el audio) de Popi (Fernando Olivera) y (Genaro) Delgado Parker’. Eso fue en octubre de 2005”.

“De acuerdo con versiones confiables, Ponce Feijóo le contó a García que sus comunicaciones electrónicas –incluso correos electrónicos muy personales– habían sido interceptadas y penetradas antes de su regreso al Perú. Ponce Feijóo habría añadido que nada se hizo público entonces porque él se cuidó que no saliera y guardó la información”.

“Según el mismo relato, García y Ponce Feijóo bajaron al semisótano del edificio y ahí discutieron rivales electorales: ‘Usted ayúdeme con el comandante que yo me encargo de la Gorda’, habría dicho García. La referencia volumétrica era a la candidata Lourdes Flores, quien entonces tenía más sobrepeso que García”.

“Todo indica que Chito Ponce ayudó, porque luego hubo algunos apristas prominentes, entre ellos Agustín Mantilla, que sugirieron que aquel fuera nombrado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. También, como es sabido, hizo luego ‘barridos’ electrónicos en el Congreso, a petición de Mercedes Cabanillas”.

“Ante eso, tal cual indican fuentes cercanas a Ponce Feijóo, la recompensa del nuevo gobierno fue pronta y explícita. ‘Como dijeron en la sentencia a Fujimori: está probado que el presidente García le dio (a Ponce) el grado a los tres meses de haber entrado. ¿Fue gratis? No lo fue –dice la fuente–, le dieron el grado de contralmirante porque ayudó a que sea presidente’”.

Hasta ahí el libro. Ahora, más datos:

La relación de Ponce Feijóo con su campaña presidencial, se dio a través de otro cuentista: Hernán Garrido Lecca. Fue el hoy vicepresidente Giampietri quien lo contactó con el versátil ex ministro, a quien su brusco adelgazamiento le ganó el inmejorable apodo de “llanta baja’, y quien ahora se agarra a cañazo limpio con los Wong en Andahuasi.

Fuentes muy confiables indican que antes de reunirse con usted, Ponce Feijóo tuvo varios encuentros con el grupo encargado del plan de gobierno del Apra. Era convocado por Manuel Casalino Grieve, quien murió en un accidente de tránsito hacia el final de la campaña de 2006. Ahí se encontró más de una vez con Jorge del Castillo.

Cuando fue a buscarlo a su oficina en el Paseo de la República, Chito Ponce fue recibido por su secretaria, Mirtha Cunza, quien también lo despidió. Quedaron en hablar a través de ella. Ponce acordó entonces en identificarse con el seudónimo de ‘Javier”, y llegó y se fue en un auto conducido por un chofer proveniente de la Marina.

Hay más datos, claro está, pero me parece que podemos dejar el evento establecido, ¿no le parece? Admitamos que corresponde a la verdad de los hechos y dejemos los cuentos para otras cosas.

Cuéntenos, por ejemplo, cómo hizo para cambiar tan radicalmente de opinión respecto de un político opusino a quien describe con el mayor desprecio en su novela, “el mundo de Maquiavelo”, y a quien ahora ha confiado uno de los ministerios más importantes para el país. Ya que las cosas son así, ¿está pensando en convocar a “Popi” al gabinete?

Cuéntenos cómo ha hecho para multiplicar su fortuna desde que asumió la presidencia por primera vez en 1985. Debiera contarnos ese relato. Los lectores lo devorarían. Hágalo. Si no, de repente otro lo hace por usted y le quita el copyright que tan claramente se ha ganado.

Algunas observaciones de (e)lector, una vez leida y oída la esgrima verbal y escrita de ambos oponentes.

Hay hechos que resultan siendo claros a estas alturas.

1. Ollanta Humala y su entorno más cercano fueron espiados durante la campaña electoral.

2. Elías Ponce Feijoó era cercano al hoy Primer Vicepresidente de la República y al hoy Presidente Regional del Callao.

3. Hay más datos que Gorriti coloca hoy que hacen que la versión sobre la existencia de una reunión entre Ponce y García sea cada vez más certera.

4. Ponce fue ascendido, su empresa hizo trabajos para el Congreso de la República y un personaje oscuro como Agustín Mantilla pensó en él como director de la inteligencia de este país.

5. Todo esto se produjo en un contexto en el que las empresas privadas de seguridad, algunas de ellas vinculadas a personajes de la Marina de Guerra del Perú y del mundo empresarial, aprovecharon el vacío existente en inteligencia para ganar poder e influencia. Y lo tuvieron durante un tiempo bajo este gobierno, hasta que García se enteró que los mismos en los que había confiado habían espiado no solo a funcionarios públicos de alto nivel, sino incluso a su círculo de colaboradores de mayor confianza.

6. En una de sus declaraciones más infelices, el Presidente reconoció que petardeó la candidatura de Mario Vargas Llosa en 1990 y que lo volvería a hacer.  ¿Este antecedente no es suficiente para que todos nos hagamos preguntas?

Todos estos hechos, hacen necesaria, en primer lugar, una aclaración mayor del Presidente y de su entorno más cercano, sobre el real papel que Ponce Feijóo y su empresa tuvieron en esta campaña. Y requiere, por cierto, de una investigación fiscal y judicial que vaya a fondo en este tema. Cierto es que el Presidente, salvo algunos casos puntuales, no puede ser procesado penalmente. No proponemos la vacancia - como seguro algún radical que pululan por allí solicita a gritos hace rato - para solucionar ese tema. Por el contrario, García debe terminar el mandato para el que fue elegido. Pero, una vez que deje Palacio de Gobierno, deberá dar cuentas ante un Fiscal y ante el Poder Judicial para aclarar si es que participó en hechos que, según va quedando claro de a pocos, constituyen delitos.

En lo que si debe reconocer su paternidad el Presidente - que hoy ha negado sobre otros supuestos vástagos - es en una visión y en actos congruentes con la misma que han terminado empañando su Presidencia.

Ciértamente, el mayor logro de este gobierno ha sido la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico. Es cierto que el mismo no ha llegado a todos, o se ha redestribuido del modo en que se pudo hacer si es que García optaba por una vía más socialdemócrata, pero tampoco puede negarse dicho mérito al Presidente.

Sin embargo, García ha pretendido que ese manejo prudente de la economía e incentivo de la inversión se vincule con una visión casi evangélica sobre el libre mercado y las inversiones. Como lo hemos mencionado antes, el Presidente se ha comprado un rollo en el que los derechos humanos, el medio ambiente y la tolerancia hacia otras formas de pensamiento y visión económica son obstáculos para el desarrollo del país. Esta visión ha sido aplaudida y alentada desde periodistas cuyo corazón solo late al ritmo de una billetera o de cofradías dispuestas a continuar haciendo negocio con Cuco, a la par que escriben sus artículos.  Y claro, la que compartían muchos de los cercanos a quienes espiaron.

En medio de ese clima, García habría sido el árbitro en el mercado, pero no para regularlo, sino para decidir quien entra y como entra a invertir. Digamos, el promotor de las inversiones se confundió con un descarado protector de cualquier cosa que sea inversión privada. De allí que hayamos visto a sus Ministros correr a la suite de un desconocido empresario dominicano que les prometía el oro y el moro en cuestión de infraestructura.  Y esta historia se confundió con modus operandi de empresarios, periodistas, manejadores de imagen y chuponeadores que lo aplaudían para el periódico del día siguiente y hacían caja cada fin de mes, desde hace varios años.

Ello es algo que el Presidente también podría aclararnos a todos los peruanos.

P.S.: ¿Y el duelo con Gorriti? Digamos, el judoka le ganó esta vez a un boxeador peso pesado.

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Muchos nos hemos visto conmovidos por la muerte de Paola Vargas, una joven contadora quien falleció por un golpe en la cabeza, luego de haber sido arrojada de una unidad de transporte público por presuntos miembros de una barra brava. La indignación de muchos se ha visto reflejada en grupos en Facebook y en la atención que los medios de comunicación le han puesto a este caso.

Viendo el caso con más detalle y, además de sancionar drásticamente a los responsables directos de este lamentable fallecimiento, conviene analizar algunos de los factores que, siendo cotidianos, incidieron en los hechos ocurridos y en el desenlace fatal de esta historia. Como veremos, aquí el gran ausente es el Estado peruano.

Todos a quienes nos gusta el fútbol sabemos que vamos al estadio con cierto riesgo. Y es que, además de los hinchas que compran su entrada en la tribuna de su preferencia y adsequibilidad económica, tenemos barras bravas cuyos actos violentos todos conocemos. Existen normas para sancionar y prevenir estos actos, pero hasta el momento, la Policía Nacional no cuenta con un protocolo para poder proceder en estos casos, dejándose a la mera experiencia las formas en como proceder.

Además de la respuesta represiva, necesaria por la comisión de delitos por parte de estos grupos, conviene entender por qué se producen estos comportamientos para las necesarias políticas de prevención. Marcel Velásquez, sociólogo especialista en temas de jóvenes, explica:

En el Perú, el fenómeno de la delincuencia juvenil crece incontrolablemente. Según cifras extraoficiales, en Lima hay más de 500 pandillas juveniles con cerca de 20.000 miembros. Se pueden clasificar en pandillas escolares, barras bravas o pandillas delictivas. El 14% de los limeños ha sido víctima de agresiones de pandillas en los últimos doce meses y el 93% considera que este problema es muy grave (IPSOS Apoyo).

¿Por qué florecen las pandillas en un mundo global y en una sociedad con cifras macroeconómicas de crecimiento sostenido? ¿Cómo se gestan las relaciones entre las barras bravas y las pandillas delictivas? ¿Cuál es el papel de los nuevos medios tecnológicos entre estas tribus urbanas?

La neotribalización de la sociedad de masas es un fenómeno propio del mundo contemporáneo. Por un lado, se imponen formas de sensibilidad, sociabilidad y consumo cultural comunes, con la consecuente desindividuación; por el otro, se incrementan las microsociedades que garantizan al sujeto un vínculo social perdurable, una cohesión de ideales y un refugio emocional que el mercado no puede ofrecer.

La mayoría de las pandillas juveniles son una respuesta social que busca reconocimiento e inclusión en sociedades donde las formas institucionales tradicionales (familia, escuela y trabajo) están en crisis o abierta descomposición. La adhesión incondicional al líder, la red de lealtades y el territorio delimitado manifiestan una desesperada voluntad de afirmar una identidad individual/social y filiarse con un espacio propio.

Las pandillas juveniles poseen estructuras tradicionales regidas por el orden y la jerarquía, pero están, simultáneamente, globalizadas. Los Latin Kings, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, entre otros, son parte de los rostros globales de nuestros tiempos. Sin embargo, ante un mundo desterritorializado por la lógica del capitalismo global, el cuerpo de los pandilleros busca recuperar la plena integración con el territorio físico o simbólico. El imperativo de goce del capitalismo tardío se vive entre las pandillas juveniles a costa del daño o perjuicio de los otros, su goce se funda en la trasgresión social y el dolor ajeno.

En la ciudad de Lima, los distritos con más pandillas son Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, El Agustino y el Callao. El perfil del pandillero típico remite a las cicatrices de la pobreza, la violencia familiar, la exclusión social, el desempleo y el consumo de drogas. A pesar de ello, el fenómeno no puede ser reducido a los típicos problemas de los barrios periféricos pobres; hoy, las pandillas ganan terreno entre las clases medias.

El Decreto Legislativo 990 del año 2007 define a la pandilla perniciosa como aquel “grupo de adolescentes cuyas edades fluctúan entre los doce y dieciocho años y que actúan en forma conjunta para atentar contra la integridad física, la vida, el patrimonio o la libertad sexual de las personas o dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público”. Esta norma ha aumentado las penas contra los miembros de pandilla que cometan actos ilícitos. Sin embargo, la mera represión legal nunca ha solucionado un problema sociocultural.

Las barras bravas del fútbol peruano constituyen una minoría social que posee el monopolio de la representación simbólica de los aficionados a este deporte. Ellas han sido siempre refugio para delincuentes de menor monta. Los equipos más populares se precian de tener varios conjuntos de hinchas capaces de enfrentarse violentamente contra los rivales, y esto satisface la lógica machista de este deporte: “Mi equipo pierde el partido, pero yo le pego a los hinchas rivales”. En el peregrinaje hacia el estadio, las barras bravas suelen robar y saquear; durante los partidos consumen alcohol y se drogan.

Las pandillas juveniles de delincuentes tienen en las numerosas barras bravas una cantera para sus miembros. Los más “faites”, los más avezados se convertirán en los futuros asaltantes o secuestradores. Se multiplican las leyendas urbanas que celebran la vida breve pero intensa de quienes no tienen nada que perder. El cuerpo tatuado con las banderas de los equipos empieza a incorporar las cicatrices de los puñales enemigos o las huellas de las balas: el reino del fútbol es reemplazado por el imperio del crimen.

Los reportajes televisivos o periodísticos solo sirven para avivar el fuego. Los pandilleros posan, actúan violentamente, muestran su cuerpo y lanzan gritos de guerra contra los otros. “Maté a dos con un desentornillador”, “mi pistola goza disparando”, “yo solo busco respeto”. El sensacionalismo obtiene un buen titular y el líder de la pandilla ratifica su poder.

Las nuevas tribus urbanas son adictas a las tecnologías de comunicación. Las pandillas juveniles emplean el celular, el Chat, las páginas Web, el Hi5. No les basta el territorio acotado de un barrio o unas cuadras, también luchan por una cuota en el ciberespacio. Allí obtienen respeto, narran sus gestas épicas, sueñan, pero, sobre todo, buscan el reconocimiento y la visibilidad social que la ciudad hegemónica les niega.

Aquí, clubes de fútbol, municipalidades y el gobierno central - así como los propios hogares - tienen una tarea pendiente desde hace dos décadas, por lo menos. ¿Políticas para atender los problemas de adolescentes y jóvenes? Parece que eso no existe en la mente de nuestras autoridades, sean locuaces o mudas.

Esta carencia de accción ocurre también frente al transporte público, co-responsable en no detener lo ocurrido el sábado. El Comercio indica una de las causas porque buena parte de quienes manejan una combi o una coaster tratan a los pasajeros peor que al ganado vacuno u ovino:

¿Qué hay detrás de aquella —bien ganada— mala imagen que tenemos hoy de los choferes de los ómnibus, coasters y combis que inundan una ciudad de pavimento caliente como esta? ¿Qué los llevó a ganarse esa fama de vivarachos, correteadores y prestos para la coima y la sacada de vuelta? Un trabajo de Claudia Bielich, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), analizó esta problemática desde un ángulo certero e innovador: la influencia del sistema laboral de las empresas de transporte en el caótico tránsito limeño.

En el estudio, para el cual se entrevistó a choferes, cobradores, accionistas, dirigentes y dueños de tres empresas del rubro, Bielich comprobó que la avezada forma de manejar de los primeros, que ocasiona incontables accidentes y congestión vehicular, es producto de la falta de un sueldo fijo y la inestabilidad laboral en la empresa para la cual trabajan. El resultado de ello, según las conclusiones, no podía ser peor, aunque sí evidente: hoy, las jornadas de los conductores y cobradores suelen ser de 15 o 17 horas, seis días por semana, y en ellas se debe luchar por recoger la mayor cantidad de pasajeros para obtener así mayores ganancias.

La especialista recuerda que el origen de la informalidad en el transporte público se originó en los tiempos de Fujimori, exactamente en julio de 1991, con la promulgación del Decreto Ley 651, que permitió a cualquier persona natural y jurídica prestar este servicio. “Nació como una solución a la poca oferta del transporte que había en aquel tiempo, pero terminó con una caótica sobreoferta”, sostuvo.

Esta realidad dio origen a tres personajes que hasta hoy se incluyen dentro de la problemática: la empresa a la que, por ley, cada municipalidad autoriza una determinada ruta de transporte (en la capital es el concejo metropolitano); el propietario de un vehículo destinado a prestar el servicio; y el operador del mismo o chofer. En la mayoría de casos, explica Bielich, son los propios dueños de los carros quienes los manejan.

De acuerdo con el estudio, son las empresas formales, como Etupsa, las que brindan una mayor estabilidad al conductor, pues estas son responsables del mantenimiento del vehículo, gasolina, multas e incluso la alimentación de sus trabajadores. Sin embargo, el mayor porcentaje del transporte público, las coasters y combis, delegan esto al propio chofer. “De esta manera —indicó Bielich— estos deben manejar y crear sus propias reglas y la lucha por captar más pasajeros”.

“Además, las empresas formales y las que no tienen unidades suelen castigar monetariamente a los conductores si es que no llegan a un lugar en un tiempo específico; pese a que es un intento de ordenar el transporte, esto puede alentar la competencia irresponsable”, agregó.

Dejar el transporte sin regulación - gracias Fujimori y los gobiernos que le siguieron - nos ha costado miles de vidas en el Perú. Formalizarlo es una tarea pendiente que, si comienzan a trabajar en ella el gobierno central y los gobiernos locales, junto a las empresas de transporte, puede ser uno de los pocos legados buenos que la administración García le lege a su sucesor.  Quizás si comenzamos a ver el transporte como un servicio público podríamos comenzar a variar de actitud.

Finalmente, me sorprende que la víctima de este lamentable hecho haya tenido que ser atendida en tres centros de salud, en tres puntos distintos de Lima. Ello nos demuestra la carencia de un sistema de salud integrado, en el que ninguno de los actores se salva, ni públicos ni privados.  Basta escuchar el Rotafono de RPP todos los días para saber las carencias que la salud en el país tiene.

Peor aún, el gasto en inversión pública en salud es bastante pobre. Veamos lo que ocurre en el Ministerio de Salud. De acuerdo con las cifras del portal de Transparencia Económica del MEF, actualizadas al día de ayer, el presupuesto ampliado del Ministerio es de S/. 3,732,104,265. Para la adquisición de activos no financieros, es decir, para la inversión en equipos e infraestructura, solo se destinan S/.499,549,44. ¿Cuánto se ha gastado efectivamente? S/. 75,936,079, lo que representa apenas el 16.6%.

Así que, más allá de discursos gastados, leyes efectistas y artículos triunfalistas, el Perú debe avanzar, pero hacia reformas que nos impidan que más vidas se pierdan por inacción estatal.

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Conforme pasan los días y los meses, tengo la sensación que el caso de los Petroaudios hizo explosionar varias historias, en las que la mezcla entre política, espionaje, negocios y periodistas ha dado como resultado una serie de historias en los que la mala práctica ética en algunos casos y, en otros, cuestiones pasibles de investigación penal son las principales protagonistas.

Una historia derivada de este caso es la de César Gutiérrez. El ex presidente de Petroperú había pasado piola en esta historia, a pesar de existir varios petroaudios que merecían una explicación mayor. Posteriormente, la historia dio otro giro cuando su ex pareja, Martha Silva, comenzó a presentar facturas emitidas por ella, que habrían cubierto pagos por consultorías hechas por el ex funcionario en materia de hidrocarburos.

Además de los insultos a su ex pareja, la mayor defensa de Gutiérrez residía en que esto era una campaña en su contra por oponerse a la exportación del gas, posición de la que ha sido ardoroso defensor. Hace una semana, El Comercio, diario en el que se han hecho las últimas denuncias en su contra, indicó que su posición en el tema del gas era similar a la de Gutiérrez, por lo que debía descartarse este hecho como el móvil de sus investigaciones.

Lo curioso es que Gutiérrez tiene que explicar algunas cosas en relación al tema del gas. Como algunos medios han registrado, el ex funcionario público es director de Utilities Perú, una consultora cuya actividad principal es “la elaboración de estudios del comportamiento de los mercados de Servicios Públicos y del impacto de las medidas gubernamentales en el desempeño de las mismas”. Dicha consultora es conformada también por periodistas, columnistas de diarios y ex funcionarios parlamentarios, entre otros personajes. Entre los clientes de dicha empresa, figura Duke Energy Perú - Egenor, una empresa generadora de energía que ha pedido al Consorcio Camisea gas para la generación de electricidad. Curiosamente, meses atrás, Gutiérrez declaraba a El Comercio que debe modificarse el contrato de Camisea para asegurar el abastecimiento local, siendo uno de sus argumentos las solicitudes de gas de cuatro empresas, entre ellas, Duke Energy.  Por tanto, es necesario aclarar cualquier posible conflicto de interés en este tema.

Hace un par de días, Oscar Castilla de El Comercio destapaba otro caso más vinculado a Gutiérrez: el posible uso de empresas para encubrir pagos por consultorías al ex presidente de Petroperú. Los nombres vinculados han llamado la atención:

Las empresas de asesoría que habrían ayudado al ingeniero Gutiérrez en este segundo sistema de ocultamiento de pagos, y cuyos nombres aparecen en las facturas de la testigo en este caso, son las siguientes: Consultora Futura S.A., de Rafael Gonzalo Hidalgo Pérez (55); Corporación Pro E.I.R.L., de Bernardo Furman Wolf (51); y Cisneros y Sierralta Asociados S.C.R.L., de Luis Sierralta Piñeiro (47) y Eduardo Cisneros Pinto (46). Todos ellos, hasta ahora, han evitado responder las preguntas formuladas por este Diario.

“Como en algunos casos, César [Gutiérrez] no quería que yo facturara ni cobrara directamente a las empresas que asesoraba, él utilizaba a otras personas jurídicas para que lo hicieran. Entonces, estas facturaban y cobraban [a entidades que hasta ahora se desconocen]. Luego yo, a su vez, les facturaba a ellos, en muchos casos por conceptos que no eran ciertos, como por ejemplo “edición de publicaciones” u otros. Después yo recibía el dinero y se lo entregaba a César [Gutiérrez]”, dijo Silva. Esta nueva revelación es investigada al detalle y ya se encuentra en poder de las autoridades fiscales del caso.

De acuerdo con el testimonio de la ex pareja de Gutiérrez y en base a los documentos a los que se tuvo acceso, los representantes de las tres empresas arriba citadas tienen mucho que explicar ante las autoridades judiciales del proceso. Para muestra un botón. Consultora Futura S.A., que tiene como gerente general y presidente a Hidalgo Pérez, le pagó importantes sumas de dinero a Silva por el concepto de “edición de publicaciones”, mientras que Corporación Pro, de Furman, hizo lo propio por la realización de “suplementos sobre gas natural y electricidad”. Por su parte, Cisneros y Sierralta pagó sumas que hasta ahora no se determina por qué conceptos, pero que en uno de los casos fue por la realización del “análisis de producción de los lotes 106 y 107 de Petrolífera”. Ante este panorama la pregunta cae sola: ¿De dónde viene, en realidad, ese dinero y por qué terminó en manos de la ex pareja de Gutiérrez entre el 2007 y el 2009, lapso en el cual este último estaba impedido de recibirlo por haber sido el mandamás de Petro-Perú?

Varios datos nos llamaron la atención aquí:

1. Entre los clientes de Utilities Perú, la consultora de la cual Gutierrez es socio, aparecen tanto Consultora Futura como Corporación Pro.

2. De todos los personajes indicados, el único que habla es Bernardo Furman:

Dijo que Corporación Pro, donde labora Víctor Urquiaga, solo hizo dos trabajos con César Gutiérrez y con Marta Silva. Señaló que por estos trabajos, referidos a temas energéticos, le pagaron a Silva a través de facturas y también a Gutiérrez por recibo de honorarios. No dijo el nombre de la empresa que hizo los pagos, por confidencialidad.

Correo indica que Furman ha señalado que los pagos tendrían que ver con un evento y una publicación realizados por Silva en junio pasado. Este publicista fue mencionado por Agencia Perú como una de las personas que manejó la imagen de Alberto Fujimori.

3. El nombre más conocido entre los sindicados por la investigación de El Comercio es Rafael Hidalgo. Lo pueden ver todas las mañanas en RPP, junto a Raúl Vargas, en el Informativo Económico Financiero. También ha sido comentarista económico en Caretas. Hace varios años, Caretas lo ampayó junto a la facción Schutz en plena disputa de Panamericana, cuando dicho grupo presionaba al gobierno para manener la administración del canal. Ya en ese tiempo se habló de vinculaciones entre periodismo y lobbies a varias empresas. También participó en el polémico viaje de varios periodistas a Tailandia organizado por la empresa Suez Energy.

Lo cierto es que durante muchos años se ha hablado a media voz de la poca diferenciación que algunos personajes hacen entre periodismo, manejo de imagen y lobbies, que termina generando desconfianza en un público cada vez más exigente y en un contexto de cierta bonanza económica y poca regulación sobre la gestión de intereses. Gustavo Gorriti comentó sobre el tema hace algunos años:

Y cuando Aldo Mariátegui mencionó las “logias” que se protegen entre sí, pensé por un momento que se iba a referir a La Cofradía, ese grupo, al que asiste, de lobiístas, relacionistas públicos de grandes empresas, manejadores de imagen, sachaperiodistas extorsionadores y algunos periodistas, que se juntan en alegre promiscuidad, y entre chistes, chismes, peleíllas y acuerdetes, cartelizan clientes, cotos y protecciones. Nada peor que ese tipo de mezcolanza enferma le ha sucedido al periodismo desde que Montesinos salió de Las Palmas. Y entonces, si hablamos de “fustán caviar”, ¿hablaremos del estratégicamente situado hilo dental cofrade?

Sin colocarle nombre, pero a raíz de la denuncia de El Comercio, Augusto Álvarez Rodrich apuntaba certeramente:

Al margen de la explicación que ofrecerán los denunciados en este caso, lo cierto es que esta manera sucia de proceder es pan de cada día en el Perú y enloda la decencia indispensable de cualquier actividad. Es un problema profundo del ‘gato por liebre’ donde algunas personas dicen que son lo que en realidad no son, y cobran por lo que hacen cuando esto es algo muy diferente de lo que se supone o todos creen que debe hacer.

Por ejemplo, el periodista o comentarista que cobra por lo bajo y/o a través de terceros a algunas empresas para hacerles publicidad encubierta (mucho más efectiva que la regular). O el abogado que se presente como ‘independiente’ al opinar de un tema en el que ha sido contratado por una de las partes para fortalecer su posición ante la opinión pública.

O el consultor empresarial que opina como si le preocupara ‘el interés de la sociedad’ cuando este no es otro que el de la sociedad comercial que lo contrató. O el ministro que decide pensando en el cliente que lo va a contratar cuando deje el cargo.

O el congresista que se vendió a una causa desde el momento en que postuló. O el amigo presidencial que funge de asesor pero actúa como tramitador de directorios empresariales. O el intelectual que escribe con mucha pompa cuando solo está promoviendo los proyectos de los que le pagaron por eso.

Varias cosas que pensar y que aclarar, a la luz de lo antes visto.

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La semana pasada, el Congreso aprobó una ley para normar una modalidad de jubilación anticipada en el sistema privado de pensiones.  La norma está destinada para que las mujeres de 50 años y hombres de 55 años que estén desempleados y estén afiliados a una AFP puedan tener dos caminos:

1. Quienes tengan una pensión mínima de 550 nuevos soles o más - calculados sobre la base del fondo -, podrán jubilarse, sin necesidad de esperar más.

2. Quienes no lleguen a ese mínimo, se les dará el 50% del fondo acumulado si lo solicitan. El 50% les será entregado a los 65 años, edad regular para la jubilación.

La norma ha despertado sentimientos encontrados. Desde instituciones especializadas como el Instituto  Peruano de Economía se ha dicho que la solución desvirtúa la razón de ser de un fondo de pensiones, incurripéndose en la misma cuestión que se hace con la CTS. Éste, sin duda, es el cuestionamiento técnico mayor a la norma, aunque inicialmente se pretendía que se sacara todo el fondo de pensiones, lo que el Ministerio de Economía y Finanzas detuvo. Desde otros sectores, como el diario El Comercio, se ha apoyado la norma, bajo un hecho de la realidad: luego de los 45 años es bastante difícil conseguir un puesto de trabajo fijo en cualquier entidad pública o privada, por lo que era necesario dar una solución a un problema social que, ojo, no viene solo desde la crisis económica actual, sino desde los despidos masivos de los años 90’s, que no fueron acompañados por una política de reubicación de personas en el mercado laboral.

Dado que la norma no será observada por el MEF, el siguiente paso debería  ser, además de la expedición del reglamento correspondiente, la reforma del sistema privado de pensiones. Nuestro modelo se basa en la regulación chilena por lo que sería útil ver la reforma hecha en el vecino del sur. Vía la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile:

La Ley Nº 20.255, publicada el 17 de marzo de 2008 en el Diario Oficial, reforma el sistema previsional chileno, estableciendo un sistema solidario que incluye pensiones de vejez e invalidez para los adultos mayores de los estratos más pobres de la población.

La ley establece una Pensión Básica Solidaria (PBS) que beneficiará a quienes no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional (…)

Para aumentar la cobertura del sistema previsional, se contempla la afiliación obligatoria al sistema de pensiones de los trabajadores independientes (eliminando las actuales distinciones entre trabajadores dependientes e independientes). Esto se implementará gradualmente en 10 años. Sin perjuicio de ello, esta obligación no es para aquellos trabajadores que tengan 55 años o más, en el caso de los hombres, o 50 años o más, en el caso de las mujeres, a la fecha en que comience la obligación de cotizar.

Los trabajadores independientes accederán a los beneficios del sistema previsional como son el sistema de pensiones solidarias, la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, el derecho a asignación familiar, a afiliarse a las Cajas de Compensación y a las prestaciones de la ley contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Los chilenos entendieron que su sistema era eficiente para administrar y aumentar los fondos individuales de cada persona, pero tenía dos serios defectos: 1. No contemplaba una pensión mínima, lo que hacía perder un poco el sentido de lo que, en el fondo, es una política social y 2. no se contemplaba el caso de los trabajadores independientes. Ambos temas, sobre todo el segundo en un país como el Perú, deben contemplarse en una reforma pensionaria futura.

Otros temas a reformar son más técnicos y tienen que ver con las comisiones que cobran las AFPs por administrar el fondo de cada trabajador. Allí hay materia para que desde la Economía de los Mil Demonios nos puedan explicar esto en lenguaje que cualquiera de nosotros podamos entender.

Finalmente, luego del cierre del Régimen del Decreto Ley 20530, debería emprenderse la reforma del sistema público de pensiones. Ojo que es una tarea pendiente desde el gobierno pasado y se nos dijo que, luego de cerrar la “cédula viva” ello se ejecutaría. Sin embargo, ordenar este tema, así como el de los sueldos en el Estado sigue siendo una tarea pendiente, en el que no se sabe aún si seguir privilegiando la austeridad o la revaloración del empleo público.

Como decían en Enfoque de los Sábados, la jubilación anticipada destapó la necesidad de reformar los sistemas de pensiones en el Perú. ¿Habrá tomado nota el ministro Luis Carranza?

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Estrenamos nuevo horario: 7 pm.  Varias notas sobre el Petrogate, los juicios sobre derechos humanos, Paita, la contratación de la nuera de Jorge del Castillo en la Oficina Nacional de Control de Drogas y una columna de Álvarez Rodrich.  No se pierdan también: una historia de César Gutiérrez.

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Salvo para los partidarios del ex dictador o quienes creen que los derechos humanos son una cojudez, la sentencia por violaciones de derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito importante en todo el mundo. No sólo por tratarse de la sentencia contra un ex jefe de Estado, sino también por la calidad de la misma, que marcó una jurisprudencia importante por las materias penales y procesales de las que trató este fallo.

Sin embargo, y a pesar que hay casos que han sido resueltos en modo bastante adecuado por el Poder Judicial en casos de derechos humanos - Casos Chuschi, Ernesto Castillo Paez y Hugo Bustíos, por citar algunos ejemplos -, en los últimos tiempos la cosa va de mal en peor. La semana pasada, el fallo en el caso Los Laureles fue una evidencia de ello.

Ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó una conferencia de prensa para denunciar serios defectos de la Sala Penal Nacional en la valoración de casos de derechos humanos.  Pueden revisar todos los aspectos detectados por la Coordinadora en un informe que está en mi cuenta en Scribd, pero procuraré explicarlo en sencillo:

1. No tomar en cuenta pruebas indiciarias. Aquí hay un efecto severo. Como alguna vez lo he explicado, la mayor parte de los casos penales no se resuelven por prueba directa, sino por pruebas indiciarias. Los indicios, que son hechos anexos al acontecimiento principal material del proceso, en un análisis en cadena de los mismos, deben dar como resultado una conclusión en un sólo sentido. Si ello ocurre, se puede determinar una conclusión: la responsabilidad penal o no de una persona. La Sala Penal Nacional viene prefiriendo la prueba directa, casi imposible de obtener en casos en los que el encubrimiento y el paso del tiempo hacen sus efectos sobre esta materia.

2. Exigencias probatorias increibles: Se exige prueba documental para demostrar una orden, cuando se sabe que las mismas son clandestinas en su mayor parte, pero no se exige al Ministerio de Defensa que presente la información oficial sobre las personas involucradas en estos actos. Se miden, por tanto, con dos varas distintas.

3. Pésima valoración de las pruebas: Se buscan contradicciones entre lo dicho por el Ministerio Público y la parte civil, no se toma en cuenta adecuadamente los testimonios de los agraviados y sus familiares - que, en muchos casos, son claves para desentrañar el caso - e incluso se deja de lado elementos que permiten comprobar los hechos más significativos del caso. Se ha llegado al extremo de negar la existencia de desapariciones forzadas de personas sobre las cuales hace 20 años no se tiene noticia sobre su paradero.

4. Se dejan de lado criterios tomados en cuenta por el Poder Judicial Peruano: La autoría mediata y la existencia de crímenes de lesa humanidad en determinados casos no son tomados en cuenta, a pesar que hay casos como los de Abimael Guzmán, Ernesto Castillo Paez y Alberto Fujimori han significado un paso adelante en estas materias.

Pero no solamente se puede achacar a la Sala Penal Nacional que el hecho que un caso, a pesar de las evidencias existentes sobre la existencia de violaciones de derechos humanos y sobre la responsabilidad de sus autores, no culmine con una sentencia condenatoria. Hay aquí responsabilidades que también le caben al Ministerio Público. Los fiscales deben encargarse de hacer buenas acusaciones o, en los casos en que existan algunos vacíos en el planteamiento de las mismas, ir cubriéndolos a partir de una estrategia adecuada de interrogatorios y de pruebas documentales. En el caso Fujimori, esa fue la estrategia empleada por el Fiscal Adjunto Avelino Guillén. Pero, lamentablemente, ese no es el común de muchos de los fiscales encargados de estos casos.

También le cabe a las organizaciones de defensa de los derechos humanos una autocrítica. Sin duda, el impulso de estos casos es meritorio y el apoyo que dan a las víctimas también lo es. Sin embargo, se requiere una actuación más coordinada, con mayores recursos técnicos que le permitan apoyar mejor la labor del Ministerio Público y un trabajo que combine de mejor modo el activismo con una estrategia legal coherente. Más allá del triunfo legal que supuso la sentencia en primera instancia contra Fujimori, algunas de las atingencias mencionadas se notaron a lo largo de ese proceso.

En la conferencia de ayer, también se hizo referencia al factor político y a las declaraciones efectuadas por diversos personajes del gobierno en contra de los procesos por violaciones de los derechos humanos. Una fiscal encargada de casos de derechos humanos también ha hecho eco de esta misma preocupación. Hasta el momento, no encuentro una relación causa - efecto entre las sentencias cuestionadas y las sandeces que Giampietri, Rey, los fujimoristas y aquellos que creen que se debe “comprender” las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado repiten como loras casi todos los días. Sin embargo, no hay que ser adivino para saber que estas personas vienen presionando por impunidad, amnistías y no han faltado aquellos que amenazan a defensores de los derechos humanos. Ese es un escenario bastante dificil para el procesamiento de estos hechos, sobre todo, cuando algunos que hablan de Grau del mismo modo que se reunían con chuponeadores hacen gala de su autoritarismo.

Finalmente, cabe repetir algo que ayer Ronald Gamarra fue claro en decir. Esto no se trata, en modo alguno, de una persecusión a las Fuerzas Armadas. Nadie considera que se debe combatir al terrorismo con modales de boy scout, pero sí con respeto a los derechos humanos. Nadie dice que no debe dejar de reconocerse el esfuerzo pasado y presente de muchos de nuestros soldados y oficiales, pero quienes hablan en contra de estos procesos justamente cometen el error de mezclar asesinos con héroes y con personas que cumplieron dignamente con su trabajo. Nadie deja de condenar el accionar demencial de Sendero Luminoso y del MRTA, pero ello no es pretexto para dejar de sancionar graves hechos del pasado reciente cometidos por quienes juraron defender la Constitución y los derechos de todos nosotros.

Una golondrina no hace verano. Parece que una gran sentencia en el Poder Judicial peruano tampoco le ha devuelto todo lo que le debió devolver.

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Augusto Álvarez Rodrich: Los inelegibles

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A estas alturas de lo descubierto sobre el caso Petroaudios, es necesario fijar un orden claro de todas las historias que se cruzan en este escándalo que mezcla relaciones poco santas entre empresarios y personas vinculadas a este gobierno, con una historia de espionaje industrial y político, en un contexto de alto crecimiento económico.

Así, tenemos los siguientes casos que se desprenden de lo ya descubierto:

CASOS CENTRALES

1. La licitación de lotes petroleros en la que Discover Petroleum fue favorecida. Hay cuatro hechos significativos aquí a dilucidar: la intervención de Alberto Quimper en la operación, el cambio de bases en el proceso de selección, la intervención de Rómulo León Alegría como gestor de intereses que fue más allá de sus funciones y la decisión de Petroperú para asociarse con una empresa de poca experiencia en el ramo.

2. Los negocios de infraestructura de Fortunato Canaán: Aquí se inscriben la serie de reuniones que tuvo el empresario dominicano en ministerios y en su propia suite con funcionarios públicos de diverso tipo, para que estas relaciones políticas le favorecieran en sus intentos de hacer negocios en el Perú. Básicamente, aquí entran los temas de hospitales, cárceles y hasta licitaciones de patrulleros.

3. Los negocios mexicanos de los involucrados en los Petroaudios: Esta fue la chispa que encendió tanto la investigación periodística sobre el tema como el espionaje industrial. Aquí es donde entran los temas de cemento, banca y, conexamente, dilucidar hasta que punto Rómulo León tuvo conexiones con empresas mexicanas. También ingresa aquí el caso del empresario petrolero Mario Diaz Lugo.

4. La estructura de Business Track y el rol de las empresas privadas de seguridad: Es necesario establecer aquí si es que la empresa chuponeaba por su cuenta o si lo hacía pagado por sus clientes. Asimismo, se requiere establecer las vinculaciones de las demás empresas privadas de seguridad  con el gobierno y con posibles prácticas de espionaje político e industrial.

5. Quién mandó a espiar: Aquí las pistas por lo pronto apuntan hacia una conocida empresa del rubro cementero. Pero podría no ser la única involucrada en este tema.

CASOS DERIVADOS

1. Las consultorías de César Gutiérrez: Las denuncias de su ex pareja sentimental apuntan a que el ex presidente de Petroperú habría hecho consultorías de modo encubierto, tanto durante su gestión en Petroperú como en el periodo de veda en el que no podía operar.

2. El uso de facturas de Business Track para encubrir otros ingresos: Esta es la hipótesis que tiene la comisión Luizar sobre el caso del ex Ministro Francis Allison.

3. El espionaje durante la campaña electoral del 2006: Es en este terreno donde tenemos algunas novedades.

Como sabemos, Gustavo Gorriti reveló que, de acuerdo con diversas fuentes, Elías Ponce Feijoó trabajó para la campaña electoral de Alan García contra Ollanta Humala.  Luego de dos semanas, Jorge del Castillo intentó desmentir esta versión.

Sin embargo, y aunque no menciona lo indicado por Gorriti, hoy Caretas confirma la existencia de audios y correos electrónicos vinculados a la campaña de Humala en poder de los chuponeadores:

CARETAS pudo confirmar que la segunda semana de octubre, durante las diligencias de visualización y escucha del contenido de las comunicaciones interceptadas, emergió un importante paquete de audios y correos electrónicos que revelan la interceptación a Ollanta Humala y sus principales colaboradores en el tramo final de la campaña en el 2006.

Aunque la semana del hallazgo las diligencias solo se efectuaron hasta el 7 de octubre por el feriado largo, el material descubierto sería bastante copioso.

Los audios escuchados hasta ahora corresponden a las conversaciones entre Ollanta Humala y su hermano Alexis, el entonces candidato a la vicepresidencia, Gonzalo García Núñez, el ex candidato al Congreso por Cajamarca, Jorge Quevedo Martínez, y el actual congresista Álvaro Gutierrez. También emergió un diálogo entre la esposa del líder del Partido Nacionalista con la controversial ex funcionaria de la embajada venezolana Virly Torres. En agosto último, CARETAS 2090 reveló que las comunicaciones de Torres habían sido “chuponeadas” al menos entre el 2006 y el 2007. Más de trescientas de sus conversaciones fueron encontradas en el material de BTR.

Hay más audios relacionados con el humalismo, pero falta identificar a los personajes.

Los correos electrónicos corresponden a las comunicaciones sostenidas entre los integrantes del comité político de los entonces aliados Unión Por el Perú y el Partido Nacionalista.

Sin duda, el hecho es bastante grave y merece una aclaración. No faltará sin duda algún gracioso que pretenda justificar dicho espionaje en aras de “la gobernabilidad” o “defender el sistema”. A mi tampoco me cae Ollanta Humala, jamás votaría por él y pienso cada vez más que su agrupación política es un cúmulo de contradicciones que no darían buen resultado de  - Dios no lo quiera - ser gobierno. Pero pienso que si había que defender la democracia de un candidato que a todos nos daba legítimas dudas sobre su compromiso con la misma - vamos, Humala no es un estatista, me recuerda más a un mercantilista, miren a los empresarios que tenía a su alrededor -, había que hacerlo con métodos democráticos, no a través de cuestiones delictivas.

Si el Presidente de la República y/o alguien de su entorno mandó a hacer labores de espionaje a Humala, es algo que debe aclararse y, en todo caso, sancionarse de ser cierto. Del mismo modo, si es que los chuponeadores se mandaron por su cuenta para vender la información al mejor postor. Lo cierto es que con esto le dan más municiones a Humala para presentarse como víctima de una persecusión.  Además de delincuentes, tontos útiles.

Estas ocho aristas son las que deberían conducir la atención del Ministerio Público y del Poder Judicial para establecer la existencia de delitos y las responsabilidades pertinentes. Y de investigadores académicos y periodistas para tener el cuadro más general sobre un caso que, como vemos, describe algunas de las formas en como se hace política y empresa en el Perú de inicios del siglo XXI.

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Preocupante el último artículo de Gustavo Gorriti en Ideele. Merece leerse completo, pero pongo los párrafos más saltantes:

Hoy, SL-VRAE posee por lo menos seis ametralladoras operativas, contando las cuatro capturadas en Sinaycocha. Además tienen, por cierto, varios lanzagranadas y decenas de fusiles de asalto. Pero son las ametralladoras las que plantean serios problemas para el abastecimiento de bases en las zonas más escarpadas y boscosas, como Vizcatán y Cerro Judas. El alcance, la concentración de las ráfagas, la penetración de los proyectiles (en Cerro Judas el tanque de combustible del helicóptero fue atravesado) convierte a las ametralladoras en eficaces armas antiaéreas en esa geografía.

El helicóptero Mi-17 es una excelente aeronave de carga, pero una inadecuada nave de combate. Su vuelo, y en especial su maniobra, son lentos. Mientras los senderistas se ocultan dentro de la vegetación espesa en los cerros escabrosos del área, las lentas vacas voladoras se recortan nítidas en el cielo cuando se aproximan a destinos fijos por los mismos puntos de acercamiento a los que su propia masa y la naturaleza del aterrizaje las obligan. La caza antiaérea se hace así fácil para los senderistas. Solo un Zeppelin, si lo hubiera en el Perú, podría tener mayor vulnerabilidad.

El hecho es que, debido a las emboscadas antiaéreas y también a otras averías y necesidades de mantenimiento, con frecuencia quedan solo uno o dos helicópteros para abastecer un número de bases que se aprovisiona únicamente por aire. A veces, las bases tienen que competir por horas de vuelo con los generales. Hay cinco de ellos en el VRAE ahora. ¿Quién creen que gana? “La tropa sufre”, dice un oficial de la zona.

(…)

Por otro lado, en las bases antidrogas peruano-estadounidenses cercanas (Palmapampa, Pucallpa, Mazamari) hay alrededor de 22 helicópteros UH1H, rápidos, muy maniobrables, poco adecuados para la carga pero sí para acciones tácticas. Esos helicópteros operan con tripulación y unidades operativas de la Policía Nacional, pero, como ya he escrito en varias oportunidades, bajo las órdenes de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. El convenio entre el Gobierno peruano y el estadounidense impide que esos helicópteros ayuden a las cada vez más solitarias vacas voladoras a, siquiera, extraer heridos de las bases o a rescatar a patrullas emboscadas.

Eso solo pasa en el Perú. Ni en Colombia. Repito la pregunta hecha en otras ocasiones: ¿permitirían los estadounidenses un arreglo así en su propio territorio?

El que una parte del Estado actúe como los gurkhas de los Andes dentro de su propio país, es suficientemente indignante. Pero, hay que añadir que eso no quita ni un ápice de responsabilidad frente a la incompetencia del resto del Estado, en especial del ámbito de Defensa.

(…)

Las dos carencias principales en el VRAE son instrucción e inteligencia”, dice un guerrero veterano que conoce bien la zona.

“Antes —añade—, mañana, tarde y noche los hacías practicar técnicas de emboscada y contraemboscada… Ahora, la instrucción es pobre. La tropa no sabe qué hacer frente a una emboscada… No se instruye en lo básico, que es emboscada y contraemboscada… estamos llegando a una actitud guerrera cero”.

Y más: “Aun si los planes son deficientes, si tienes una buena fuerza, te da resultados. Si tienes un plan bueno y tropa mala, el plan no sirve… El problema en VRAE es con la fuerza”.

En realidad, precisa la fuente, la materia prima de la tropa es buena. Muy buena, incluso. Pero si se descuida lo más básico en cuanto a su abastecimiento y bienestar; si no se los entrena; si no se mantiene ni la disciplina ni el espíritu, el mal resultado es inevitable.

Otros oficiales con experiencia operativa concuerdan: “Están saliendo mal preparados [los oficiales] de la Escuela Militar”, dice uno de ellos. Otro indica que aunque no le corresponde hacerlo, él se ha puesto a entrenar personalmente a sus soldados. Conoce que aquella vieja expresión de la sabiduría militar: “sudar para no sangrar” nunca es más cierta que cuando lo segundo deja de ser teórico y pasa a ser posible.

“¿Qué pasa —se pregunta retóricamente un veterano— que después de 15-20 años de guerra en la que preparaste gente, luego no tengas a nadie?”

La respuesta hay que buscarla sobre todo en la oncología de la corrupción. La raíz y el tronco fue la era de Montesinos, los robos gigantescos en la compra de armamento subestándar, la complicidad con el narcotráfico, el recurso permanente a la mistificación y el engaño. Pero ahí no se agota el problema: luego, los generales gasolineros le robaron a su propia institución; y bajo sus órdenes, otros oficiales le robaron de la calidad del rancho —es decir, del alimento— a la tropa. De ahí se pasa a la corrupción en salud, en vivienda, hasta en uniforme. “Cuando salgo a patrullar”, me dice un joven oficial en el VRAE, “el uniforme me quema. Es un uniforme sintético, pésimo… no podemos continuar así. La tropa sufre… las cosas no pueden seguir así.”

No pueden, en efecto. Es un hecho que SL-VRAE, que ha acrecentado sustantivamente su capacidad de fuego, teme cada vez menos el enfrentamiento con la Fuerza Armada y busca cortar el abastecimiento aéreo a las bases más expuestas. Luego vendrá la estación de lluvias, durante la cual los vuelos se hacen además muy difíciles. Entonces se hará necesaria una evacuación forzada de las bases (declarando que se trató solo de bases temporales) o, si se las mantiene pese a todo, arriesgarse a un intento senderista de atacar y doblegar algunas de las más débiles.

Hay un problema militar real en el corto y, sobre todo, en el mediano plazo en el VRAE. Sería necio y autodestructivo ignorarlo. Su solución precisa de reformas intensas y a fondo para un elevamiento radical en la capacidad, entrenamiento, moral, disposición ofensiva, junto con inteligencia exponencialmente mejorada, de las tropas militares y policiales en el VRAE. Ello, claro está, dentro de una doctrina contrainsurgente predicada en defender a la población y robustecer sus derechos humanos, claro.

Mientras tanto, Luis Giampietri habla de comprar armas para defendernos de Chile y Rafael Rey sobre los juicios del pasado, cuando nuestra mayor amenaza a la seguridad está dentro del territorio peruano. Y así dicen defender a nuestras Fuerzas Armadas. Par de demagogos.

(Imagen extraida de aquí)

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