Luego de 52 años, un presidente del Consejo de Ministros fue censurado. Ana Jara perdió el cargo con 72 votos a favor. Aquí un análisis de lo ocurrido.

1. La censura de ministros es una práctica democrática. Es parte de las reglas de juego, no es lo deseable, pero está contemplada como salida a situaciones de crisis extremas.

2. El gobierno es el principal responsable de la salida de Ana Jara. Más que la crisis en torno a la DINI - que en cualquier parte del mundo hubiera remecido, como aquí, un gabinete - tenemos un cúmulo de errores políticos que se han pagado anoche. ¿Cuáles? No tener un partido político fortalecido, quemar puentes con la oposición, tener el tacto político de un elefante en una cristalería, confinarse en Palacio y creer que toda crítica es parte de una conspiración golpista. Y por supuesto, tolerar que la promoción del Presidente de la República haga de la inteligencia lo que le da la gana. La soberbia paga y la excesiva confianza también. Eso pesó a la hora de la votación.

3. ¿Ana Jara debió irse por el tema de la DINI? Como decíamos ayer, Óscar Valdés tenía, a la luz de las evidencias presentadas, mil veces más responsabilidad que Jara en este tema, dado que fue en su gestión que se incrementó el presupuesto de dicha entidad, se hicieron seguimientos y aumentó el rastreo vía Registros Públicos. Sin embargo, la congresista pagó los platos rotos de los errores de sus antecesores. Y Jara se va censurada, cosa que al menos debió ocurrir con, por ejemplo, Yehude Simon después del Baguazo.

4. Ojo, también han existido otros mensajes con la censura por parte de algunas bancadas, sobre todo de las minoritarias. La izquierda no solo ha votado a favor por el tema DINI, sino también por la represión en las protestas contra el proyecto Tía María y las decisiones en torno a Petroperú. Mientras que en Solidaridad, según nos cuentan, el ánimo censurador venía por “el poco respaldo que el oficialismo le daba a Lucho”. Veremos como juegan esas cartas de cara al próximo gabinete.

5. Las especulaciones estaban a la orden del día en torno al reemplazo de Jara. Hay quienes señalaban que el gobierno buscaría seguir forzando la tensión con el APRA y el fujimorismo y, en esa línea, podrían nombrar a alguien del perfil de Pedro Cateriano. Otros señalaban que se optaría por conciliar, enunciando los nombres de Beatriz Merino y Martín Vizcarra, exgobernador regional de Moquegua.

6. En caso el gobierno opte por seguir la línea de confrontación y, por tanto, forzar la censura de un segundo gabinete para tener la posibilidad de convocar a elecciones adelantadas del Congreso de la República, ¿a quién le convendría ese escenario? Anotaciones de Fernando Tuesta, antes de la votación:

Es obvio que los partidos que tienen bancadas pequeñas les conviene, como el Apra, que pueden crecer con elecciones adelantadas. Tiene mucho que ganar, pues ahora tan solo tienen cuatro parlamentarios. En cambio Gana Perú se reduciría ostensiblemente. Pero para Fuerza Popular, que quiere censurar al gabinete, su ganancia sería marginal. Hoy tiene 37 parlamentarios, podrían conseguir algo más, solo a costa de tener una altísima votación, lo que no es nada seguro. Los partidos intermedios (PP, SN, PPC, AP y otros), son los que correrían mayores riesgos, pues tendrían que acelerar sus alianzas para el 2016, que por ahora solo son amagos y cálculos.

Finalmente, a los que les convendría la disolución del parlamento también podría ser a los partidos inscritos, que no tienen representación en el Congreso, como Perú +, partido Orden o Frente Amplio. Sin embargo, a los que no les conviene para nada, es a la mayoría de los congresistas pues, dado el voto preferencial, corren el riesgo de no ser elegidos o no considerados en las listas, como el caso de parlamentarios que se han salido de sus partidos de origen. Estos son solo algunos de los dilemas e la oposición. Pero cuidado, los congresistas no solo actúan racionalmente. En muchos casos, irracionalmente.

Aclaramos. Esas elecciones adelantadas para el Congreso serían solo para completar el actual periodo. De allí tendríamos nuevamente comicios similares para el nuevo periodo parlamentario. Calculen que las primeras se realizaran hacia septiembre. Y en abril volveríamos a votar. Provecho.

7. Humala no puede demorar mucho en la elección de nuevo presidente del Consejo de Ministros. No solo por el plazo constitucional de 72 horas, sino también porque hay varios problemas a la vuelta de la esquina (desastres naturales, economía) que lo esperan. Damos por descontado, por cierto, que el Presidente de la República ratificará al resto del equipo ministerial (o a la mayoría de sus miembros).

8. Si, fue una tremenda frescura ver al fujimorismo hablar de espionaje cuando un espía cogobernó el país con su líder histórico y ambos convirtieron al SIN en un aparato de poder y corrupción. Y ver a Jorge del Castillo tuitear sobre espionaje con el tremendo techo de vidrio de BTR me hizo soltar una carcajada. Eso sí, hay que reconocer que los ganadores de la noche tuvieron la decencia de no aplaudir una vez culminada la votación. Como dijo Alberto Beingolea, no era momento para celebraciones.

9. ¿La clase política peruana se animará a actuar en serio para reestructurar un sistema de inteligencia que no cumple la real función para el que fue creado? Una gran derrota para la democracia peruana es que ninguno de los tres gobiernos de este siglo lo haya entendido.

10. Finalmente, me quedo con esta sensación descrita por David Rivera, director de Poder:

Para los madrugadores. Ana Jara pagó pato por un tema sobre el cual debía y tiene que responder Humala. Pero ella es la cara del régimen y alguien a quien la oposición le convenía derrocar. Una lástima porque Jara venía trabajando con transparencia y tratando de tender puentes para darle algo de estabilidad al país. Pero más pesaron los anticuchos personales, los temores y la confrontación. Porque claro, no es que anoche un grupo de chicos buenos decidiesen que era hora de poner en su sitio al chico malo del barrio. No. Es que las pandillas del barrio no iban a permitir que otro se atreviese a hacer lo mismo que ellos hicieron con más astucia y sin que nadie censurara un gabinete entero por todo lo que hicieron. Cinco décadas sin que se censura a un gabinete. Digo, no hemos visto situaciones similares o peores en el pasado? Hacemos el recuento? Ha sido una obra trágico cómica escuchar al Apra (memorable lo de Mulder) y al fujimorismo indignarse por el rastreo de la DINI. Joder, hay que ser bien sinvergüenza. Y lo peor de todo es que estos sinvergüenzas, todos, son las principales opciones para el 2016. Se viene un año duro. Está claro que a nadie le interesa la estabilidad del país. Y mucho menos ceder a sus apetitos e intereses personales para tratar de construir una alternativa decente para el 2016. Porque más allá de las posiciones ideológicas que pueda tener cada uno, lo que el 2016 debería permitirnos es recuperar la ética en el quehacer público. Desde mi punto de vista lo menos importante en este momento es si esa opción viene de la izquierda o la derecha (mientras no sea de cualquiera de los extremos). Necesitamos una opción que nos haga recuperar la confianza en la política, en las instituciones, en quienes nos gobiernan. Lamentablemente hasta el momento no se ve nada en el horizonte. Habrá que ir prendiendo algunas velitas.

Pues eso.

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Una visión bastante completa de la DINI puede tenerse con mayor claridad ahora, a dos meses del primer destape periodístico sobre actividades irregulares realizadas por agentes de esta institución.

En primer lugar, se tiene claro que la institución no estaba operando bajo los cauces democráticos regulares desde hace bastante tiempo. El rastreo hecho desde Inteligencia a las propiedades inmobiliarias y vehiculares así como a las empresas de varias personalidades políticas, empresariales y periodísticas comenzó en el gobierno de Toledo, continuó en el gobierno de García y se incrementó en el actual. Los tres presidentes democráticos le deben una clara explicación al país respecto de una acción irregular. La excusa consabida de “en todos los gobiernos se hace” resulta inaceptable. No es normal que se espíen a rivales políticos.  No solo por cuestiones de principio –no debemos tener una policía política–, sino también por razones prácticas, pues se desvían recursos requeridos para vigilar a quienes sí constituyen una amenaza. De hecho, todo esto nos recordó cuando Augusto Álvarez Rodrich denunció que le armaron un file durante la gestión de Jorge del Castillo.

En segundo lugar, hay que señalar que, durante parte del gobierno de García, esta labor se compartió con empresas privadas de seguridad. El caso BTR comprobó la coexistencia - y, en algunos casos, el doble juego - de agentes en actividad y en retiro de los aparatos de las Fuerzas Armadas con quienes realizan esta misma actividad en agencias privadas de seguridad. Desconocemos hasta el momento si es que, en algún caso, durante la actual administración, la información fue vendida a empresas o clanes ilegales (como el vinculado a Rodolfo Orellana), pero esta es una pista de investigación que no debe descartarse.

En tercer término, ya concentrándonos en este gobierno, resulta claro que las acciones no solo se concentraron en el rastreo de las fichas registrales. Como indica un buen reportaje de Laura Grados y Marco Sifuentes de Utero.pe publicado hoy en La República, al menos se han podido registrar cuatro casos de seguimiento con víctimas bastante disímiles: Ciudadanos por el Cambio - el grupo de izquierda con varios exfuncionarios de este gobierno -, la congresista del PPC Marisol Pérez Tello, una empresa del congresista de AP Víctor Andrés García Belaúnde (quien destapó el caso Orellana), así como el periodista Aldo Mariátegui y su expareja, la consultora de imagen Laura Cáceres.

A partir de lo presentado por Grados y Sifuentes, se pueden establecer los siguientes patrones:

a) Los cuatro seguimientos se realizaron en la gestión de Óscar Valdés como Presidente del Consejo de Ministros. Este dato no es ocioso. De un lado, porque:

Como se ve, notoriamente fue durante la permanencia de Valdés en la PCM que se incrementó el número de rastreos. De hecho, los 3 meses con más búsquedas por nombre fueron enero del 2012 (1330 búsquedas), abril del 2012 (1319) y mayo de ese mismo año (1287). Los tres meses pertenecen a la época de Valdés. En total, 4 de cada 10 búsquedas de la DINI ocurrieron durante la gestión de Oscar Valdés.

De otro lado, porque fue con Valdés que se agudizó un síntoma de este gobierno. Indicaba Sifuentes en junio de 2012:

El presidente, reducido por propia voluntad a simple tuitero, tiene su propia burbuja de filtros. Su timeline privado y con candado. Como ya es de público conocimiento, se trata de una troika básicamente militar: su consejero, el coronel en retiro Adrián Vilafuerte; su primer ministro, el comandante en retiro Oscar Valdés, y su esposa, Nadine Heredia.

El problema es que la única que allí que no ha sido entrenada para obedecer sin dudas ni murmuraciones es precisamente la persona a la que no se le puede exigir ningún tipo de rendición de cuentas, porque legalmente no es parte del gobierno: la Primera Dama.

Y no, no hay nadie más. La comunicación con su partido es casi nula. El asesor brasileño Favre ha sido desplazado. No confía en los medios de derecha que le hicieron la guerra. No confía en la vieja guardia de izquierda que pateó el tablero junto con Lerner. Considera a sus ministros, en el mejor de los casos, dateros ilustrados. Para colmo, su familia en pleno lo trollea. Todos bloqueados y reportados como spam. ¿Qué queda? La soledad del poder. El filtro de la troika.

De hecho, la aparición de este dato motivó una disputa en Twitter entre Ana Jara y Valdés. Y hoy la presidenta del Consejo de Ministros dijo esto en Capital:

“Se sabe que ha habido ministros con formación militar que se pusieron de perfil frente a esta realidad, y a ellos sí hay que creerles cuando dicen que no sabían de esta situación, pero a Ana Jara sí hay que crucificarla”, se quejó.

Y, de hecho, una de las mayores disputas internas en este gobierno ha sido entre el bando civil y el bando castrense. Juan Carlos Tafur lo indicó cuando se negó el indulto a Fujimori, pero también en el reciente duelo Jara - Urresti, donde la presidenta del Consejo de Ministros resultó triunfante.

Dato curioso: al hacer las búsquedas, tanto Villafuerte como Valdés aparecen, pero no Daniel Urresti. Y, de acuerdo con una fuente, entre varios de los buscados aparecen miembros del arma de Comunicaciones del Ejército, a la que pertenecía el exministro del Interior.

b) El modus operandi de los files: ¿Cómo se armaban estos expedientes? El primer paso es el que descubrió Correo Semanal: búsquedas en Registros Públicos de propiedades, autos y empresas. Los siguientes son los registrados por Grados y Sifuentes: seguimiento a viviendas y vehículos y armar una presentación en PPT ante un superior. El caso de Pérez Tello es el más notorio en esta línea. El otro método era la infiltración en opositores, como lo hicieron con Ciudadanos por el Cambio.

c) ¿Para qué se hacían los files? Una hipótesis es la que se esgrime en el reportaje: justificar gastos en un presupuesto que precisamente se elevó con Valdés. De hecho, el informe publicado hoy en La República tiene un dato más que interesante:

Según esta versión, las disposiciones para la elaboración de estos informes vinieron de los distintos integrantes de la promoción de Ollanta Humala, “Héroes de Pucará y Marcavalle” que fueron asignados a la DINI. Las fuentes de inteligencia consultadas por Utero.Pe atribuyen a los integrantes de dicha promoción la “desprofesionalización” de la DINI.

– Las cadenas de mando se rompieron –dice una fuente–. Toda actividad fuera de lo normal era justificada con una frase: “estoy trabajando directamente para el Presidente”. Muchas veces, eran solo alardes.

Parte del desorden provino del súbito incremento presupuestal que gozó la DINI a partir del 2012. Eso explicaría por qué  –tal como detectó el buscador de DINILEAKS– las búsquedas aumentaron en ese año.

– Había que justificar el gasto. Ese presupuesto no se iba a devolver –dice la fuente–. También por eso se compraron equipos de chuponeo israelíes y varios automóviles, como el que detectó Marisol Espinoza.

El otro se vincula con el dato que Rosa María Palacios soltó cuando se presentaban las relaciones tirantes entre Jara y Urresti:

¿Quiénes son los facciosos? Eso no será muy difícil de determinar. Un buen trabajo de contrainteligencia puede detectarlos. Se trata de perso­nas ubicadas en posiciones de poder que pueden distribuir a la prensa información no autorizada que finalmente le hace daño a su propio gobierno. El enlace entre prensa y poder no requiere de mucha imagi­nación. Se puede empezar con algu­nos nombres del entorno de prensa de Palacio de Gobierno. Lo que es más difícil de encontrar es al agente que vincula a estos con el trabajo de los agentes de inteligencia que tra­bajan para cada uno de los institutos armados y policía y que pueden estar o no trabajando en la Dini.

Según el general Mora, se produ­cían al año 200,000 notas informa­tivas de las cuales solo 7,000 tenían alguna utilidad. El desperdicio de recursos es enorme si es que estas notas no se analizan y sirven para producir inteligencia útil y opor­tuna. El problema es que en ese desmadre cualquier mando medio puede mandar a hacer “trabajitos” para crear situaciones políticas como la que estamos viendo.

Finalmente, las consecuencias. Hoy Jara se juega el puesto en un Congreso donde por lo menos hay tres bancadas que quieren darle una “lección” al gobierno, en una situación de pronóstico bastante reservado. Pero podrían existir tres cosas jugando a favor de Jara: que busquen un presidente del Consejo de Ministros realmente malo (ver columnas de Palacios y Pedro Tenorio); la situación vinculada a los desastres naturales en todo el país y el hecho que, con la evidencia presentada hoy, pueda apuntar a Valdés como principal responsable político de los hechos e indicar que ella sí hizo todo para desactivar un aparato de poder paralelo.

El final de esta disputa política lo conoceremos probablemente esta madrugada. Pero la reconstrucción de un servicio de inteligencia sujeto a control democrático demorará mucho más tiempo.

(Foto: Utero.pe)

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La agrupación que go­bernó nuestro país en­tre 2001 y 2006 pasa su momento más difícil. Su principal líder acaba de ser acusado por presunto lavado de activos. Durante los últimos años, las renuncias a la agrupa­ción y a la bancada se acumu­laron. Y no se vislumbra una salida. ¿Cómo llegaron a esta situación?

Si bien Alejandro Toledo hizo un gobierno que hoy luce mejor que en sus años en Pala­cio, nunca pudo consolidar un liderazgo fuerte. Sus mejores cuadros de gobierno los reclutó desde el liberalismo y la social­democracia, embarcados aho­ra en proyectos propios. Sus mejores escuderos se han ido porque, con el paso del tiem­po, el expresidente acentuó sus peores defectos. Y más allá de algunas giras nacionales, nun­ca consolidó una agrupación que trascendiera a su persona. Ahora que el expresidente va camino a un juicio oral, dichas carencias resaltan más.

Peor aún, su caída personal ha dejado sin “candidato na­tural” a un espacio de centro que, hasta el momento, no en­cuentra un referente político de peso. Y si bien planea lan­zar su candidatura, ella sue­na más como vehículo para mantener con las justas una bancada parlamentaria que lo pueda defender. Incluso, si sale bien librado en térmi­nos judiciales, sus diversas versiones sobre la adquisición de propiedades han dejado su credibilidad en la lona.

Por ahora, Perú Posible so­brevivirá con su única arma: sus votos en el Congreso. Ayer en El Comercio Carmen Omonte insinuaba que po­drían votar a favor de la cen­sura a Ana Jara. Presionar a su socio es su último salvavi­das. Pero dicho recurso tiene fecha de caducidad, pronta en el tiempo. Y solo les que­da la incertidumbre.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 29.03.2015)

(Foto: El Comercio)

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Esta mañana, la noticia del día se ubicó en Arequipa. Desde el set de RPP, Julio Moriberón, director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, anunció que la compañía dejará el proyecto Tía María, decisión que será comunicada hoy formalmente a los canales pertinentes del Estado Peruano.

La noticia tiene varias repercusiones. De un lado, la económica. Resulta evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá reajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para este año. La puesta en marcha de Tía María, proyectada para este periodo, era parte de las variables que se tenían en cuenta para el cálculo de dicha cifra. Y ya no son pocas las voces que piden, hace rato, al ministro de Economía y Finanzas, algo más de proactividad en el incentivo de inversiones. Aunque también resulta cierto que el proyecto en cuestión nació con problemas, como veremos luego.

Luego tenemos el plano del discurso. El representante de Southern tuvo en su presentación de hoy una frase que será recordada: la alusión a un supuesto “terrorismo antiminero” como uno de los motivos para dejar de lado esta inversión. La frase nos parece infeliz por tres motivos: el primero, porque trata de asociar una posición con la que se puede discrepar o no con uno de los peores males que tuvo nuestra patria. La segunda, porque en el fondo termina descalificando per se a cualquier posición discrepante. Y, peor aún, cuando el propio señor Moriberón terminó admitiendo que Tía María tuvo problemas al inicio del proceso, debido a que enfocaron las relaciones con las comunidades como un mero “favor”.

Ello no niega, por cierto, que existe un sector minoritario que, por cuestiones ideológicas, considera que el Perú debe abandonar toda actividad minera y abocarnos a otras acciones productivas, pero que tiene un peso sustancialmente menor al que algunas periodistas (¿aló, Valenzuela?) quieren atribuirle. Y resulta cierto que el país no debería depender tanto de la minería y tener su inversión más diversificada, pero también es claro que contamos con un buen potencial en este campo, el mismo que debe explotarse con reglas claras, respeto al medio ambiente y buenas relaciones con las comunidades.

Lo que resulta alucinante es como este tema es visto para algunos como “el fin del mundo” y por otros como una “victoria” que habría que festejar con champagne. La cancelación de un proyecto minero siempre tiene varios responsables y en este caso no es la excepción: una empresa que desde el vamos tuvo serias dificultades en torno al tema de recursos hídricos y que, luego de algunos cambios, tampoco pudo superar la desconfianza de los ciudadanos involucrados; ciudadanos dedicados a actividades agrícolas que temen el impacto de la minería en su producción; un gobierno central que oscila entre la desidia y el “meta represión para que vaya esta inversión”; y autoridades locales opuestas a rajatabla a este proyecto.  Y, claro está, tenemos la incertidumbre sobre sí la empresa venderá sus intereses en Tía María - y a quien, considerando que hay cada minera que tiene problemas - y como custodiarse de la minería ilegal.

Añadan a este desenlace, por cierto, un factor que muchos obvian a esta hora: la baja en los precios internacionales de los minerales, lo que hace que sea más fácil tomar la decisión de cancelar un proyecto minero que tiene problemas sociales fuertes. Y de retener la concesión hasta que el precio suba y las condiciones sociales mejoren. Por ello la frase de “terrorismo antiminero” resulta siendo aún más torpe, porque no ayuda en nada a ese objetivo de corto plazo.

Finalmente, el tema político. Obviamente esto va a servir para chancar a Humala por su “poca convicción en atraer nuevas inversiones”. Y Humala también podría responder que los problemas con Tía María comenzaron en el gobierno de García. Pero más allá de la reedición del clásico “yo gobierno mejor que tú”, hay un problema de fondo que no estamos viendo y que, el domingo pasado, Alberto Vergara pinto en todo su esplendor:

Hay que salirle al paso a la insensatez. No por defender a Humala, sino para subrayar que la raíz del problema estuvo siempre en otro lado. Si la economía peruana se ha amodorrado se debe, fundamentalmente, a que los precios internacionales bajaron y a que grandes proyectos mineros se truncaron. Pero esto está lejos de ser un producto humalino. Los precios internacionales hubieran afectado a cualquiera y se debe subrayar que los atrofias institucionales de mediación entre Estado y sociedad que, por ejemplo, confabularon contra Conga, son semejantes a las que entramparon varios otros proyectos durante gestiones anteriores. Premunidos de las mismas falencias institucionales, el presidente Kuczynski –con su pasaporte gringo y su bancada limeñísima– no hubiera destrabado Conga y la presidenta Keiko tampoco lo hubiera conseguido a punta de bala. Dejen de vender cebo de culebra.

Decir que nuestra economía se enarenó por responsabilidad de Humala es la mejor manera de quitarle la nalga a la jeringa, es decir, evitar el análisis de las fisuras del sistema político y económico que ha prevalecido por largo tiempo. ¿Qué otra cosa eran las largas ovaciones para Luis Miguel Castilla en las CADE sino el reconocimiento público a quien garantizaba que Humala se mantuviese al margen de la política económica? Se ha celebrado que el mandatario apenas mande, pero se le enjuicia por los malos resultados. Responsabilizar al presidente y a su gobierno apocado transparenta otra forma de caudillismo: anhelar un individuo alternativo y soslayar lo que hemos construido gradualmente.

Lo bueno y lo malo del Perú de hoy es producto de una tendencia que supera a los gobiernos de turno. Y esto, por cierto, se corrobora en los ránkings internacionales que evalúan estas cuestiones. Si observamos los seis indicadores del Banco Mundial sobre Gobernanza, en cuatro de ellos el Perú mejora sostenidamente en la última década. En cambio, en materia de control de la corrupción nos degradamos sostenida e independientemente de los gobiernos. En cuanto al Estado de derecho, avanzamos y retrocedemos, sin ton ni son.

El Perú, entonces, no pasa por ninguna crisis. Padece, en cambio, el deterioro progresivo de muchas de sus instituciones. Una economía pequeña era menos difícil de levantar con un Estado de derecho endeble, convenía que partidos y sindicatos hubieran desaparecido, un Congreso desprestigiado y compuesto de amateurs siempre fue útil para impulsar el modelo económico desde el Ejecutivo. No lo sería para siempre. El sistema se ha ido tragando a sí mismo. Aquello que antes lo alimentaba, hoy lo envenena. Pero estamos a tiempo de evitar la atrofia, la crisis. Humala es síntoma y no enfermedad. Que no le cuenten la historia desde las hojas del rábano. Piense en dónde están los nudos de nuestra vida política y económica. Y, sobre todo, recuerde a Mafalda: esto no es el acabóse, solo es el continuóse del empezóse de ustedes.

¿Qué dicen quienes quieren dirigir los destinos del país desde 2016 sobre todo esto?

ACTUALIZACION (12:10 PM) La Ministra de Energía y Minas acaba de declarar lo siguiente. Vía El Comercio:

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló que se comunicó con el presidente del directorio de Southern Copper, Óscar Gonzáles Rocha, y que este ha negado que la empresa minera vaya a cancelar el proyecto Tía María en Arequipa, como había anunciado por la mañana Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la minera.

Ortiz afirmó que la empresa emitirá una rectificación del anuncio de cancelación del proyecto.

¿Un vocero oficial de una compañía aparentemente seria como Southern se fue por la libre? ¿Fue un mecanismo de presión de la empresa? ¿El gobierno acaba de apagar un incendio?

Seguiremos actualizando durante el día. Eso sí, nuestras reflexiones anteriores quedan allí, porque creemos que van más allá de la coyuntura.

ACTUALIZACION 2 (02:40 PM): Parece que en el MEM estaban mejor dateados sobre el tema. Aquí el comunicado de Southern:

Igual resulta siendo confuso todo. ¿Por qué un funcionario que es el vocero oficial de la empresa se manda con una declaración que incendia la pradera, sobre todo, cuando hay un conflicto social en Arequipa? ¿Y encima le prende fuego a cualquier intento de diálogo con los ciudadanos en Islay? ¿Una forma de presionar a un gobierno desesperado por las inversiones?

(Foto: El Comercio)

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El Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad que debe elegir y destituir a los jueces y fiscales en todo el país. Por tanto, sus miembros deben contar con las mayores calidades académicas y, sobre todo, éticas para desempeñar tal cargo.

Los miembros del CNM no se renuevan en bloque, sino que se eligen en diversas fechas. Ya se eligieron a los representantes de universidades públicas y privadas - en comicios cuestionados tanto por forma como por los elegidos - y ahora toca votar por los representantes de colegios profesionales y de los abogados. Nos detendremos en esta última elección y, específicamente, en una candidata.

Hace unos días, El Comercio señaló que una de las postulantes era:

Ruth Monge Guillergua, quien fue asesora legal de Aerocontinente, la desaparecida empresa del narcotraficante Fernando Zevallos, de 1997 al 2004.

Ella también fue jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción de Lima en el 2005, pero renunció al Poder Judicial al año siguiente, luego de que este Diario revelara ciertos vínculos con Fernando Zevallos y su hermana Lupe. La OCMA le abrió un proceso disciplinario por ello.

Ella reconoce que fue abogada de Aerocontinente y que eso no le impide postular al CNM. “No hice nada malo, yo soy una profesional y trabajé a cabalidad. Respecto a eso, me investigaron en el Poder Judicial y me absolvieron”, manifestó.

Pero no es lo único que el diario decano de la prensa nacional tiene sobre ella. Una nota de Óscar Castilla y Miguel Ramírez revelaba la cercanía de Monge con el expresidente del Poder Judicial Javier Villa Stein. Y allí señalaba más sobre sus antecedentes.  Aquí la parte pertinente:

Los nexos de Monge con el vocal supremo son más que evidentes si se tiene en cuenta que ella es la nuera del prominente militante aprista, notario y ex presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado Moisés Tambini del Valle y de su esposa, la vocal Nancy Ávila. Es bueno recordar que en agosto del 2005 Villa Stein celebró su cumpleaños en la residencia de Moisés Tambini, a donde acudieron diversas personalidades.

Otro motivo de alerta, respecto de la cercanía de Monge con el nuevo presidente del Poder Judicial, es que en el 2006 ella fue investigada por la Oficina de Control de la Magistratura por ser el nexo entre Zevallos y la judicatura. Esto ocurrió luego de que El Comercio revelara que Monge, siendo jueza y aprovechando sus vínculos con Aerocontinente, facilitaba pasajes aéreos a jueces para que lo ayuden “en cualquier momento”, como lo revelaron los correos electrónicos hallados por la policía en la computadora de la secretaria de Lupe Zevallos. Finalmente, la investigación de la OCMA halló varios culpables y los castigó, pero nada pudo hacer con Monge pues ella dejó el Poder Judicial.

Exploremos más en el tema familiar. Como ya se ha dicho, la señora Monge es nuera de Moisés Tambini del Valle, expresidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, en cuya gestión se debilitó la Procuraduría Anticorrupción. Tambini, según propia confesión, también ha sido abogado de Alan García y diputado aprista. Y, como registró Marco Sifuentes hace 9 años:

Lo que no había trascendido es que Mónica Tambini, hija del presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado y flamante esposa del tránsfuga Alberto Kouri, había sido la notaria de Aerocontinente y Nuevo Continente (avalando todas las movidas de los Zevallos con sus empresas).

Otrosí: Augusto Tambini, hermano de Moisés, fue investigado por lavado de dinero del narcotráfico en Yurimaguas. La investigación contra Augusto fue archivada, pero me parece pertinente mencionarlo.

La notaria Mónica Tambini, por cierto, es la encargada de registrar las constituciones y cambios en varias empresas vinculadas a Alan García, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, tal como lo comprobó la Megacomisión que investigó la gestión García.

Para cerrar el círculo, Sifuentes registró que el suegro de la abogada Monge iba a las reuniones de Lupe Zevallos. Y, además, fue presidente de la comisión de transferencia del Ministerio de Justicia, donde llevó a trabajar al hijo de Villa Stein. Recuerden que Ernesto Villa había trabajado antes en el estudio Souza y Nakazaki, que patrocinó a Alberto Fujimori. Y aquí también recuerdan el pasado de la abogada Monge, quien asistió con su suegro al ágape de la vocera pública de Aerocontinente. Vean aquí el video:

El Instituto de Defensa Legal interpuso una tacha contra Monge en torno a los vínculos con Fernando Zevallos, pero el Jurado Nacional de Elecciones la declaró infundada. Queda en manos de los abogados de Lima optar o no por esta abogada, con estos antecedentes, para ocupar un puesto tan importante en el país.

(Foto: Facebook)

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Desde que tengo uso de razón, en los meses de febrero y marzo, Chosica se convierte en zona de atención por parte de la prensa. Varias partes del distrito son bombas de tiempo cada vez que el río Rímac y sus afluentes se desbordan.

A diferencia de otros años, este año hemos tenido - hasta el momento - 9 fallecidos. Por lo menos tres de ellos son menores de edad. Y el impacto en viviendas y locales comerciales ha sido mayor al de otras temporadas. De allí que la atención y la ayuda de emergencia sea importante en las próximas horas, lo que debe resolverse con urgencia.

Pero ello no nos debe hacer perder de vista las cuestiones de fondo en torno a una política pública sobre Defensa Civil en la ciudad y, en particular, en una zona tan vulnerable como Chosica.

En septiembre pasado, resumimos las políticas presentadas por los candidatos a la alcaldía de Lima en materia de Defensa Civil. De los trece candidatos, 5 no mostraron propuestas. Y el ganador, Luis Castañeda Lossio indicaba lo siguiente:

Menciona dos medidas: Mitigación de Riesgos a los Asentamientos Humanos ubicados en zona de riesgo y realizar eventos de  capacitación con ese fin a los asentamientos humanos que lo requieran; programa antisísmico basado en sensibilización y capacitación en los métodos de prevención de riesgos.

Más allá de la ausencia del alcalde en Chosica por un viaje en España (lo que finalmente es un gesto de preocupación sobre el tema), hay responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima en dos temas. De un lado, se dejó sin efecto en la práctica el programa Barrío Mio, que implicaba la colocación de escaleras y muros de contención en los cerros de Lima, así como capacitación a los vecinos en materia de Defensa Civil. Es decir, un paquete completo sobre la materia, orientado a sectores populares, que simple y llanamente Castañeda ha mandado al tacho.  Peor aún, tampoco ha señalado política alguna sobre las dos medidas arriba anotadas.

De otro lado, la actual gestión ha colocado en la congeladora la aplicación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM). Este documento es la hoja de ruta para la ciudad hasta el año 2035, pues planifica el crecimiento de la capital por 20 años. Ojo, no es solo un diagnóstico. También contenía medidas. Y un capítulo entero sobre gestión de riesgos. Pero el señor Castañeda ni lo aplica e incluso ya se han volado la página donde estaba contenido este documento.

Pero no es el único responsable.

Desde hace más de 20 años, el señor Luis Bueno Quino (arriba, en la foto) es alcalde de Lurigancho - Chosica. Y más allá de su incremento patrimonial sostenido, hasta el día de hoy no nos explica que ha hecho a favor de su distrito en materia de Defensa Civil.

Tal vez sea porque no puede decir nada.

Desde el Tercer Piso revisó el Plan de Gobierno 2015-2018 de Luis Bueno Quino. Y no encontramos ni una sola alusión al tema de Defensa Civil, ni a prevención de desastres naturales. De hecho, el documento de marras no es más que un cúmulo de generalidades sobre gestión pública, adornada con datos de enciclopedia sobre el distrito. Una vergüenza para una autoridad que está 20 años en el distrito.

Finalmente, como ha señalado el ministro de Vivienda Milton Von Hesse esta mañana, varias autoridades (aquí Bueno no se salva) han hecho excepciones a la construcción en zonas expuestas al peligro. Algo que tendrá que remediarse más temprano que tarde.

Sin duda, lo urgente ahora es atender la emergencia. Pero no debemos perder de vista lo importante: la ausencia de planes de Defensa Civil para una zona de la ciudad que los requiere a gritos.

(Fotos: La República)

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A propósito de la multitudinaria Marcha por la Vida realizada el sábado, vuelvo a una columna de Fernando Vivas escrita en El Comercio este miércoles: ¿por qué el lobby conservador tiene más peso que el liberal en el Perú?

Vivas apuesta por tres respuestas: a) Porque saben que el Perú es uno de los pocos bastiones duros que le quedan en América Latina y, por tanto, apuestan por concentrar fuerzas para contrarrestar cualquier política liberal; b) por la importante cantidad de dinero que estos sectores - sobre todo evangélicos - están poniendo en campañas políticas cada vez más caras (a cambio de contar con representantes de sus consignas en el Congreso); y c) porque el sector liberal aun no logra ver que, en estos temas, el Congreso de la República no se mueve en sentido monolítico y, por tanto, requiere afinar una estrategia.

Añado un tema más: populismo. El sector conservador sabe perfectamente que buena parte de nuestro elenco parlamentario, a pesar de su poca capacidad de reelección (tenemos la tasa más baja de América Latina), siempre va a jugar a la carta de la popularidad e ir por donde la corriente va. De hecho, así de explícita ha sido Diana Seminario, columnista de El Comercio (y cercana al Opus Dei), al señalar hoy que “En períodos electorales, es muy común escuchar decir a los candidatos –cuando los sondeos no les favorecen–, que la verdadera encuesta es la de la calle. Entonces, sería bueno que le echen una mirada a la multitud y a los números del sábado”.

Por ello, conviene que el sector más liberal (tanto de izquierda, centro y derecha) tenga en claro lo siguiente:

1. Las iglesias son la red social real más amplia y con mayor capacidad de convocatoria: Como indicó el año pasado Carlos Meléndez, es fácil contar con amplia cantidad de personas en una movilización como la “Marcha por la Vida” cuando se tiene colegios religiosos y parroquias en todo el país. No bastan las redes sociales (que ayudan mucho para una convocatoria importante y para impactar en líderes de opinión), sino que se requiere ir armando redes reales. Los colectivos LGTB, al menos durante los últimos dos años, se han comenzado a percatar de este tema y a comenzar a tejer alianzas que vayan más allá de un like en Facebook.

2. Saber que un importante sector de peruanos es conservador: Sea por convicción pura y dura, por temores o por no quedar mal con la mayoría, hay una buena parte de compatriotas que sigue adscrito a una visión de familia “bien constituida” al menos en el discurso. Los políticos lo saben. Como dijo Rosa María Palacios, una posible hipótesis sobre la ausencia de pronunciamiento de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre la Unión Civil se debe a que piensan utilizar en campaña el tema de la “familia nuclear” para contrarrestar a Alan García. Es cierto, en un país más abierto con estos temas, esto sería secundario, pero en el Perú no lo es. Por tanto, conviene saber que terreno se está pisando y entender porque.

3. Ir hacia los indecisos, sobre todo en sectores populares: Si bien conviene seguir denunciando las pachotadas que profieren los líderes más conservadores tanto dentro como fuera del Congreso, también conviene tener en cuenta que no todo parlamentario o ciudadano en contra de la Unión Civil es el enemigo en potencia. Una campaña que se acerque al sector que duda entre seguir una tradición religiosa o adherirse a una causa liberal, sobre todo en los estratos más populares, es el principal reto que tiene el sector que desea impulsar agendas como las de la Unión Civil, el matrimonio igualitario, una legislación contra los crímenes de odio, la posibilidad de la eutanasia o la despenalización de algunos o todos los supuestos del aborto.

4. Tener empatía: Sin duda, el gran defecto de los sectores conservadores es que no se colocan en el lugar del otro. Hablan de la familia bien constituída, pero no demuestran ni un gramo de química hacia personas homosexuales. Mientras que, en el caso del aborto, la mujer que es violada y que no quiere tener al hijo producto de tan execrable acto es vista como una pecadora peor que María Magdalena. Incluso estos sectores tampoco impulsan una legislación que haga más fácil la adopción. Este es un ángulo que el sector más liberal debería explotar más.

5. Impulsen congresistas propios, en varios partidos: Si lo hace el rival, ¿por qué no ustedes? Es la forma más clara de comenzar a forjar coaliciones más claras a favor de la agenda que buscan impulsar. Es lo que normalmente se hace en Estados Unidos. Y ello implica recursos, tiempo y respaldo técnico a estos parlamentarios.

En varios países, estas coaliciones conservadoras han conseguido ser derrotadas o, al menos, llegar a una situación de empate. Quienes apuestan por una agenda liberal deben tener en cuenta que su camino no se agota en marchas o movilizaciones, sino que requiere un trabajo de redes reales que acompañe sus campañas virtuales. Y sobre todo, dirigidas a vencer el miedo que una movilización como la del sábado puede generar en varios congresistas y ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:

Un texto de Andrea Moncada, quien fue a la Marcha por la Vida, para observar a quienes tenían la posición contraria a ella.

(Foto: Exitosa Diario)

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La obtención de información relevante para la defensa nacional y la seguridad interna es la única razón que justifica, en un estado democrático, la existencia de una entidad estatal que pueda operar en el sigilo y lejos del ojo público. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se han confundido varios conceptos sobre ella.

Se considera que la inteligencia es un tema estrictamente castrense. Y nos ha ido mal cuando el peso militar ha sido fuerte. Varios de los militares que apoyaron a Velasco surgieron del Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos llevó a la institución a la categoría de organización criminal. Y con la promoción Humala a cargo, sus ocupaciones han sido distintas a garantizar los fines arriba anotados.

Para muchos, resulta “normal” que todos los gobiernos espíen a sus rivales. No lo es. No solo por cuestiones de principio –no debemos tener una policía política–, sino también por razones prácticas, pues se desvían recursos requeridos para vigilar a quienes sí constituyen una amenaza.

Hemos sido muy tolerantes con las actividades de empresas privadas de seguridad y agentes que vendían información con fines privados. Si bien se sancionó a los miembros de BTR, no han surgido reglas para controlar las posibles actividades de espionaje de sus competidores en el mercado. Y, como ha indicado el congresista García Belaúnde, es sospechosa la obtención de información sobre quienes denunciaban las acciones del clan Orellana.

Más allá de las investigaciones y sanciones sobre los casos revelados en los últimos meses, se requiere una reforma a fondo de la DINI que pasa, en nuestra opinión, por los puntos antes anotados.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.03.2015)

(Foto: El Comercio)

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Uno puede entender que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda tener un convenio con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para obtener información (pública, por cierto) respecto de los bienes y empresas que puedan tener personas que representan una amenaza para la defensa nacional y la seguridad ciudadana en el país. Hasta allí, todo bien.

Lo que uno no puede comprender es que una entidad estatal use de pretexto dicho convenio para levantar información de políticos, empresarios y periodistas.

Hace poco más de un mes, Exitosa Diario ya había alertado sobre búsquedas registrales hechas desde la DINI para armar files sobre congresistas. Aquí la parte pertinente de la nota sobre cómo se descubrió este asunto:

Los documentos que de­muestran estas “rascadas” provienen de la misma Su­perintendencia Nacional de Registros Públicos (Su­narp), tras un pedido oficial de información que realiza­ra el congresista Víctor An­drés García Belaunde sobre las búsquedas y los usua­rios que lo rastreaban en re­gistros públicos. Esto dentro del marco de la persecución, denuncias y amedrenta­mientos contra él y su fami­lia, por parte de la red de Ro­dolfo Orellana.

La sorpresa fue grande al ver que el informe remiti­do por la Sunarp especifica­ba que había sido rastrea­do desde una cuenta de la DINI. Se trata de la cuenta DINAINT02 que, según el mismo informe, estaba aso­ciada al usuario Rosendo Francisco Chávez Rojas con el e-mail dini@dini.gop. pe. La cuenta era parte del “Convenio Sunarp – Direc­ción Nacional de Inteligen­cia” por el cual la DINI tiene acceso irrestricto para reali­zar búsquedas de bienes in­muebles, personas jurídicas, entre otros detalles.

¿Y quiénes fueron ras­treados desde la cuenta DI­NAINT según los registros de la Sunarp? Además de Víctor Andrés García Be­launde aparecen los congre­sistas: Mesías Guevara Ama­sifuén, Juan Carlos Eguren, Neuenschwander, Marco Tulio Falconí Picardo, Nor­man Lewis Alcázar, Víctor Crisólogo Espejo, María Ló­pez Córdova y Cecilia Cha­cón De Vetorri.

Con la DINI “en reestructuración” y bajo investigación parlamentaria, Correo Semanal pudo acceder a la base de datos de búsquedas hechas por la DINI, a través de Chávez Rojas. Y de lo presentado por la revista se concluye que:

1. La práctica de rastrear las propiedades de políticos comenzó en el gobierno de Alan García. Dos de los indagados durante dicho periodo fueron el hoy congresista oficialista César Yrupailla Montes y el expresidente Alejandro Toledo, en plena campaña electoral. ¿Para qué?

2. El tema se vuelve más recurrente una vez iniciado el gobierno de Humala. Por lo menos cinco ministros actuales fueron rastreados en temas de propiedades: Jara, Segura, Von Hesse, Cateriano y Pérez Guadalupe. El caso del ministro de Defensa resulta interesante por el timing: la búsqueda se hizo a los pocos días de ocupar dicha cartera. Sumemos a ellos a los congresistas arriba mencionados.

3. No solo políticos, también aparecen las principales cabezas de los grupos empresariales del país entre los registrados en las búsquedas.  En la lista se encuentran Dionisio Romero, Carlos Rodríguez Pastor (grupo Interbank), Eduardo Hochschild, José Graña Miró Quesada (propietario de Graña y Montero y exmiembro del directorio de El Comercio), Luis Agois Banchero (EPENSA). También se encuentra Rodrigo Arosemena, presidente de una conocida empresa de asesoría de imagen y visitante de Palacio de Gobierno.

4. ¿Qué hacían periodistas en la lista de indagados? Medio gremio fue buscado por la DINI en la web de Registros Públicos. De acuerdo a lo presentado por Correo y las búsquedas en la lista publicada hoy por dicho diario que hemos hecho, se hicieron investigaciones sobre las propiedades de Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios, César Hildebrandt, Fernando Rospigliosi, Juan Paredes Castro, Juan Carlos Tafur, Fritz Du Bois, Pedro Tenorio, Aldo Mariátegui, Gustavo Gorriti, Marco Zileri, Jaime de Althaus, Miguel Ramírez, Raúl Vargas, Ángel Páez, Edmundo Cruz, entre otros. Vista la lista, ninguno de los arriba anotados es precisamente cercano al gobierno de turno, por el contrario, son críticos al régimen, como corresponde a todo periodista que se precie de serlo.

El asunto resulta realmente escandaloso. Como decíamos al inicio, se puede entender que, dentro de las labores de inteligencia, se pueda rastrear las propiedades de personas involucradas en crímenes. Pero no se puede explicar que un servicio de inteligencia durante dos gobiernos democráticos anden indagando los vaivenes inmobiliarios y empresariales de políticos, directores de empresas y periodistas. Mejor formulada la interrogante: ¿para qué servían esos files?

Y la pregunta resulta pertinente porque, tanto en este gobierno como en el anterior, han circulado files contra periodistas y funcionarios. Recuerden la denuncia de Augusto Álvarez Rodrich sobre estas prácticas en 2007 o, más recientemente, lo que Correo Semanal puso al descubierto sobre un expediente contra Jara y algunas contrataciones en PCM.

Es momento que estas prácticas paren, de una buena vez. A ver si la reestructuración de la DINI sirve para ello. Aunque tengo mis dudas sobre si este o el siguiente gobierno va a emprender esta reforma o tener más controles democráticos para una tarea que, aunque importante para la seguridad nacional, requiere tener determinados candados institucionales para evitar su distorsión.

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Hoy todos los diarios de circulación nacional tienen este aviso que engalana sus páginas:

En efecto, Luis Castañeda Lossio anuncia una nueva obra, pero con varios problemas.

1. NO ESTÁ EN SU PLAN DE GOBIERNOEn la sección transporte del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional no se menciona ni una sola obra vial, a pesar que Castañeda, supuestamente, es el rey del cemento y de los intercambios en calles y plazas. Y tampoco se mencionaron las obras que se vienen ejecutando o ya tienen proyectos aprobados desde la gestión pasada (Vía Parque Rímac, Vías de Lima, Vía Expresa Sur) y que Castañeda deberá continuar o iniciar, debido a que ya hay contratos de concesión en marcha.

2. SE SUPERPONE A LA LINEA 3 DEL METRO: Como pueden ver en este mapa de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el famoso by pass se haría por donde tendría que pasar la Línea 3 del Metro de Lima.

¿Cómo hará convivir ambas obras sin incrementar el costo del Metro?

Es un problema de improvisación parecido al de otra promesa sacada de la manga de Castañeda: el Monorriel. Solo que, en este caso, ponernos un by pass si está en sus competencias.

3. CONTRADICCIONES CON OTRA DE SUS MEDIDAS ANUNCIADAS: Ayer el señor alcalde dijo que iba a “estudiar” la posibilidad de reemplazar el Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa con un Metropolitano. Y ahora, en esa misma vía, pone una obra cuya prioridad es el transporte privado, no el público.

Más aún, cuando ya existen problemas con la propuesta de convertir el Corredor Azul TGA en Metropolitano. Comenta el exgerente municipal Miguel Prialé:

Para empezar el Metropolitano es un sistema BRT (Bus Rapid Transit) cuyo modelo en el mundo exige funcionar con vías segregadas. Me dejo entender Sr Luis Castañeda? SE-GRE-GA-DAS, es decir, exclusivas en sus vías y en sus paraderos. La vía expresa tenía espacio para ello, pero por eso el Metropolitano tuvo los problemas que tuvo en Barranco y el Centro Histórico. Quiere hacer un Metropolitano BRT en.. av Tacna? en la av Arequipa? en la Av Javier Prado- La Marina?

4. ¿SOLUCIONA EL PROBLEMA DE TRANSITO? Hace siete años, Juan Carlos Dextre, experto en temas de transporte de la PUCP, remarcaba lo siguiente:

En la mayoría de las ciudades del Perú, el vehículo automotor está ganando espacio, a costa de quitárselo a las personas. En el caso de Lima y Callao(1) con una población de 8 millones de habitantes y 448,000 automóviles, sólo el 11.4% del total de viajes se realiza en automóvil particular, mientras que existe un 25.4% de viajes a pie y 61.7% de viajes en transporte público. Para mejorar la circulación de la minoría que viaja en automóvil, las autoridades deciden construir más infraestructura para autos: ampliación de carriles, construcción de pasos a desnivel, intercambios viales, estacionamientos, etc. Lamentablemente existe bastante evidencia que demuestra que la construcción de infraestructura para autos, no solo, no resuelve el problema de la congestión, sino que lo empeora. Por ejemplo, en el año 2001, el Texas Transportation Institute mostró los resultados de un estudio sobre 68 áreas urbanas en Estados Unidos, desde el año 1982 al 1999, período en que la población en esas áreas creció en 11%, mientras los kilómetros de vías urbanas aumentaron en un 15%, sin embargo, en promedio las horas de congestión en esas áreas crecieron en un 50% y el tiempo de viaje lo hizo en un 7%(2). El ex Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa(3) dice que esto es como querer apagar un incendio echando gasolina.

Las molestias pasan, las obras quedan, la improvisación se paga.

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