Desde el domingo hasta el día de hoy, La República ha presentado una serie de reportajes en torno al congresista oficialista Agustín Molina. Los informes de César Romero evidencian los tratos a los que el parlamentario y su esposa llegaban con el personal adscrito a su despacho para quitarles parte del sueldo. El asunto no ha sido más escandaloso porque el caso Belaúnde Lossio acaparó la atención de la opinión pública.

La semana pasada fuimos testigos de un caso similar: tres asesores del congresista José Luna Gálvez, secretario general de Solidaridad Nacional, “dobleteaban” como trabajadores de la universidad del parlamentario. Dos de ellos eran contratados a través del Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria, a pedido de la tercera vicepresidenta del Congreso, práctica que ha sido constante en este periodo legislativo. Y uno de ellos era nada menos que el tesorero del partido.

En 2013, el congresista Michael Urtecho tuvo que reconocer que le quitaba parte de su sueldo a sus asesores. Asimismo, se descubrió que contrataba “asesores fantasma”, entre otras presuntas irregularidades cometidas con dinero del Congreso de la República. Hoy Urtecho ya no es congresista y viene siendo procesado por estos hechos. Molina y Luna deberían seguirle los mismos pasos.

Y en el periodo anterior, la congresista Elsa Canchaya fue ampayada contratando a su empleada doméstica y a la parlamentaria Tula Benites se le descubrió un empleado fantasma. Ambas fueron desaforadas, pero les dieron un salvavidas judicial distinto: a Canchaya le anularon la sentencia en una controvertida sentencia del TC y a Benites la absolvieron en la Corte Suprema de Justicia con otro fallo que causó polémica. Y si bien no fue sentenciado, también podría sumarse el caso del congresista Walter Menchola, donde una persona de su entorno cobró como asesora parlamentaria sin trabajar efectivamente.

Se trata de seis casos emblemáticos donde hay dos modus operandi distintos. De un lado, el congresista solicitando una suerte de “cupo” a sus asesores por contratarlos en su despacho. Del otro, personas que en realidad laboran para el parlamentario en sus negocios personales - o, incluso, en labores estrictamente domésticas - y que aparecen en la planilla del Congreso como una suerte de “incentivo” a sus labores.

Dada la recurrencia de estas conductas, resulta indispensable colocar todos los candados institucionales posibles. El principal: se requiere reformar la contratación de asesores en el Congreso de la República. Salvo honrosas excepciones de parlamentarios que llevan a personas realmente capaces tanto a su despacho como a comisiones, no existe en la práctica un servicio de asesoría parlamentaria que pueda encargarse de lo que realmente debe: apoyar la labor de los congresistas tanto en su labor legislativa como de control político.

Si el próximo presidente del Congreso se propone esa tarea como único punto de agenda, realmente se habrá anotado un gol. El problema es que, probablemente, varios de sus pares se opongan a dicha labor, dado que la función de asesor se ha convertido en la cuota de empleo partidaria o amical de algunos congresistas. Pero, de no hacerlo, tendremos más de estos casos cada cierto tiempo ocupando un espacio en el diario o programa dominical de su preferencia.

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De todo el arsenal de información - y, sobre todo, conjeturas - en torno al caso Belaúnde Lossio (y su fuga), me quedo con tres cuestiones legales precisas que, a mi entender, constituyen “la carne” en este asunto.

1. ¿POR QUÉ NO SE PIDIÓ LA EXPULSIÓN ANTES QUE LA EXTRADICIÓN? Parte de la respuesta la da, vía Facebook, Rosa María Palacios:

¿Porque no se le expulsó como Orellana en Colombia o Montesinos en Venezuela? Esta parte no es fácil de entender.

Estos delincuentes entraron ilegalmente o huyendo de una acción criminal. Cada país tiene procedimientos diferentes dependiendo de varios hechos de importancia. El ingreso ilegal o con identidad falsa, por ejemplo, es en la mayoría de países causa e expulsión inmediata.

Pero, ¿si ingresa con sus nombres en un país que no requiere visa? ¿Si el sujeto no aparece en las alertas de Interpol?

¿Y si el delincuente se acoge a instituciones como el refugio o plantea acciones judiciales sobre estos derechos? Se arraiga judicialmente y una expulsión sería ilegal porque violaría el derecho universal al debido proceso.

Un juicio de extradición es un juicio. Y tiene sus complejidades. Recuerden el caso Fujimori. 2 años. Y mas de un año en una casa con arresto domiciliario. Pero, claro, la policía chilena es insobornable.

Conectado con lo que señala la abogada y periodista, abogados consultados por este blog nos indicaron que a la Procuraduría Anticorrupción le convenía seguir apostando por la extradición. “Si retiraban el pedido de extradición a cambio de la expulsión, Belaúnde Lossio hubiera puesto aún más recursos para dilatar el tema, con el riesgo que, al no existir ya el pedido peruano de repatriación, las posibilidades de fuga se hubieran incrementado aún más”, nos indicaron.

2. ¿QUE DEBIÓ HACER EL PERÚ PARA ASEGURAR A BELAUNDE LOSSIO? En declaraciones recogidas por El Comercio y Panorama, el abogado Yván Montoya señaló tres aspectos que deberán ser respondidos por el Ministerio de Justicia en torno a la custodia del prófugo empresario: ¿se solicitó su traslado a un establecimiento penal ante el posible peligro de fuga provocado por la aprobación de la extradición?, ¿se pidió un resguardo policial especial a Bolivia? y ¿por qué no se aceleraron las coordinaciones para la repatriación del extraditable una vez concedido el pedido por parte de la justicia boliviana?

Estas tres preguntas deberían estar, de cajón, en el pliego interpelatorio que la oposición presentaría en los próximos días, según indica EC. Nos permitirían aclarar hasta que punto el gobierno peruano, más allá de los fantasmas de las últimas horas, tuvo algún grado de responsabilidad en las condiciones que permitieron la fuga de MBL.

3. SI VAS PARA CHILE..: Pero la advertencia más seria del día la hizo esta mañana Julio Arbizu. En entrevista con el programa “No Hay Derecho”, señaló que - lejos de las especulaciones que señalaban a Brasil o Paraguay como destinos atractivos para Belaúnde Lossio -, Chile podría ser el destino preferido del prófugo:

“[¿Si se va a Chile se terminó la historia de Belaunde porque terminaría protegido o cubierto en sus delitos?] Sí, momentáneamente por lo menos sí, hasta que no pueda ser imputado por otro delito sí porque como repito en Chile el peculado no es posible de ser aplicado a particulares. Fue lo que se dijo en Bolivia y no era cierto. En Bolivia sí se puede aplicar o imputar delito de peculado a privados”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En efecto, varios de los procesados por su presunta pertenencia a la organización criminal Fujimori - Montesinos nunca pudieron ser extraditados porque la interpretación chilena sobre el delito de peculado implica que no puede ser cometido por un particular, quien tampoco puede ser implicado como cómplice. Y hasta ahora se encuentran allí, dado que, apenas pisen un pie fuera de Santiago de Chile, pueden ser capturados por Interpol.

No vaya a ser que Belaúnde Lossio termine apareciendo en los exclusivos barrios santiaguinos de Providencia o Las Condes.

(Foto: El Comercio)

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Martín Belaúnde Lossio tiene ya una extradición aprobada por peculado y asociación ilícita para delinquir en el caso La Centralita. Sus vínculos con César Álvarez están bastante acreditados tanto para la justicia peruana como para la boliviana, razón por la cual se autorizó su repatriación al Perú. Como bien se indicó hace algunos meses en El Útero de Marita:

Asesoró a César Álvarez cuando estaba en sus mejores tiempos. De acuerdo al informe de la Procuraduría Anticorrupción, este señor se habría encargado de proporcionar una empresa fachada —Ilios producciones SAC— para mantener oculta la labor de edición de información y demás actividades ilícitas de este centro de espionaje. Él mismo, según la investigación, era el responsable de grabar y editar los videos para las campañas a favor de César Álvarez.

Asimismo, Belaúnde Lossio abogaba a favor de empresas que tenían contratos en regiones. Algunos de estos contratos eran cumplidos, otros no. El caso Antalsis es la punta de la madeja de un modus operandi descrito bien por Daniel Yovera.

En las regiones en las que operó, Martín Belaunde Lossio comenzaba con la promesa de garantizarle al presidente regional soporte político y mediático. Luego, apoyo financiero desde el Gobierno central para la ejecución de proyectos en la región. Pasaba entonces a manejar los comités especiales para las licitaciones, para así asegurarse el control de los procesos que adjudicaban las obras. Finalmente, las obtenía. Este mecanismo es la hipótesis que trabajan las autoridades que investigan la red que extendió Belaunde en varias regiones del país.

Además, también ha quedado demostrado que un amigo de Belaúnde Lossio y que también participó en la campaña, Juan Carlos Rivera Ydrogo, sostuvo reuniones con funcionarios vinculados a publicidad estatal y participó en al menos una de las empresas por las que MBL gestionaba intereses. Aquí hay una pista de investigación que ya está en cancha del Ministerio Público.

También sabemos que Belaúnde Lossio fue amigo de la pareja Humala Heredia, el operador en medios de la pareja en la campaña de 2006 y que apareció en la campaña del 2011 en algunos espacios concretos. Además, empresas de su familia pagaron consultorías a Nadine Heredia entre 2006 y 2011. Y es aquí donde se activan las sospechas sobre “lo que sabe”. Desde “luz verde” palaciega para sus negocios, pasando por el conocimiento de su relación con Álvarez hasta ser “la principal fuente que demostraría que hubo plata de Venezuela” en la primera campaña nacionalista. En todas las especulaciones, sería “la llave” para probar que dos delincuentes nos han estado gobernando. Y todo ello aún más revuelto en medio de sospechas sobre todos los políticos, la poca tendencia de la pareja a aclarar sus asuntos financieros personales abiertamente y la necesidad de algunos periodistas de demostrar que “no se equivocaron” al apoyar a Keiko en 2011. El problema es que, hasta el momento, más allá de la conjetura, ninguna de estas hipótesis se ha podido demostrar.

Finalmente, hoy conocimos que Belaúnde Lossio es, nuevamente, un prófugo de la justicia. Y que la conjetura se habrá apoderado de la opinión pública. Y que, por enésima vez, un manejo torpe sobre un tema caliente pone al gobierno contra las cuerdas.

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Percibido como el cuco por el sector más vocinglero de la derecha peruana, no es un secreto que Marco Arana pretende ser candidato pre­sidencial por el Frente Amplio para 2016. Más allá de sus partidarios y detractores, ¿tiene opciones?

Por el momento, Tierra y Liber­tad busca encarnar a los desconten­tos con la extracción de minerales e hidrocarburos. Sus propuestas se decantan por acotar las zonas donde se realiza, así como la propo­sición de parámetros ambientales más estrictos. Además del rechazo a la minería ilegal, se propone el impulso de otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el turismo.

El problema es que esta visión de desarrollo resulta minoritaria dentro de la propia izquierda. Como consigna ‘Poder’, varios grupos que han conversado con TyL para inte­grarse al Frente Amplio terminan diciendo “muchas gracias” cuando llegan a la sección minería de los acuerdos. Asimismo, como apunta Carlos Meléndez, las causas del descontento en el país van más allá de lo extractivo y, en muchos casos, tienen que ver con problemas ur­banos. El discurso de Arana, hasta ahora, no apunta a dichos sectores y corre el riesgo de ser un partido de punto único, con pocas opciones electorales serias.

Sumemos a ello el duro golpe que ha significado la serie de audios de Pepe Julio Gutiérrez ofreciendo detener las protestas a cambio de dinero. Para un grupo caracterizado por colocar una valla moral bastante alta a sus posi­bles aliados, el tardío deslinde de algunos de sus dirigentes juega en su contra y puede colocarlos como “más de lo mismo”.

Así las cosas, Arana necesitará más que ayuda divina para tener buenas opciones en 2016.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 24.05.2015)

(Foto: El Comercio)

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Provocadoramente, tanto en su portada - que pueden ver arriba - como en un informe sobre la izquierda preparado por Christopher Acosta, la revista Poder coloca a la congresista Verónika Mendoza como una posible candidata de consenso dentro de dicho dividido sector. ¿Qué posibilidades tiene para afrontar, con éxito, una posible postulación presidencial?

A diferencia de buena parte de sus colegas, Mendoza tiene una buena imagen pública como parlamentaria. Nunca ha estado involucrada en escándalos, maneja una agenda propia en temas en los que pocos congresistas se comprometen (derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente, unión civil) y es bastante solvente en sus declaraciones públicas. Si se hiciera una encuesta sobre los 10 congresistas con mejor imagen entre líderes de opinión, sin duda, la congresista estaría dentro de dicho top ten.

Asimismo, la congresista también ofrece una imagen de renovación en medio de un sector donde prevalecen los rostros adustos y cercanos a las bases 6 y 7. Precisamente, la izquierda requiere de rostros frescos que puedan empatar con un electorado más joven y que comienza a ver a las generaciones zurdas aún presentes con ojos de pase al retiro.

Otro punto que Mendoza tiene a su favor es que tiene simpatías en todos los sectores de izquierda. Si bien su nuevo movimiento Sembrar está ubicado en el Frente Amplio junto a Tierra y Libertad, varias personas que integran Únete por la Democracia (exCPUFI) no la ven con malos ojos, todo lo contrario. Lo mismo han expresado dirigentes del Partido Socialista - que aún no se ubica dentro de ninguno de los bloques -, así como personas que se encuentran cercanas al Bloque Nacional Popular lanzado por Sergio Tejada y varios de los disidentes del nacionalismo.

Se suma a ello que tiene una excelente formación académica: su pregrado y postgrados universitarios los hizo en Europa.  E incluso el hecho de “no ser tan conocida” le puede traer ciertas ventajas al presentarse como una figura nueva en la política, a pesar de estar a punto de cumplir un periodo como parlamentaria.

Y otra cuestión que juega a su favor es que existe un sector de descontentos a la búsqueda de un candidato. No en vano analistas como Eduardo Dargent señalan - desde hace buen tiempo - que existen dos sectores subrrepresentados en medio del carnaval de postulaciones anticipadas de estos meses: un centro más orgánico y una izquierda con opciones electorales (o al menos, para tener una bancada respetable y con vocerías).

¿Qué juega en su contra? Paradójicamente, una de sus virtudes: su juventud. Como indica Juan Carlos Tafur, uno de los peores traumas legados por Alan García y su catastrófico primer gobierno fue vacunar a una generación de votar por candidatos jóvenes porque “destrozarán el país”. Peor aún si se ubican en el lado zurdo del espectro político. Votaciones como las de Yamila Osorio, la actual gobernadora regional de Arequipa son, más bien, la excepción a la regla.

En segundo lugar, las tensiones de la izquierda. Como demuestra el reportaje de Acosta, hay dos cuestiones que han partido aguas en dicho sector: los controvertidos líderes de las agrupaciones que tienen inscripciones electorales (Marco Arana y Yehude Simon) y que cobijarán - por ahora - a los dos frentes conformados y la posición sobre el tema minero. Y, como resalta Javier Torres Seoane, el contexto electoral es muy distinto al de 2011:

Al mismo tiempo, del lado de los críticos del modelo tampoco parece haber claridad alguna con respecto a lo que se quiere. Los más radicales se quedan sin agenda ahora que las empresas mineras van paralizando o ralentizando sus proyectos –porque no les conviene acelerarlos-, o cuando más de una petrolera devuelve lotes que ya no será negocio explotar. Así, la crítica al “extractivismo depredador” pierde cada vez más sentido, y lo seguirá perdiendo en los años que vienen. De otro lado, quienes postulaban la redistribución de la renta –mal distribuida y peor gastada en el Perú- tendrán que mandar al archivo sus propuestas de más canon aquí o menos allá.

Asi como Mendoza genera pasiones dentro de la izquierda, también hay algunas discrepancias sobre su figura. Algunos cercanos al sector zurdo señalan como gran pero a su postulación que “carece de vitamina P”, es decir, de ambición de poder. En algunos pasajes de la entrevista de David Rivera y Jorge Frisancho, más que a una candidata, se vislumbraba a una disciplinada militante zurda que, en caso ganara una elección primaria, aceptaría ser candidata. Pero para ser Presidente de la República se requiere algo más que disciplina - que la tiene la parlamentaria, por cierto -. Y se requerirá dicha ambición para resistir los embates mediáticos de quienes no quieren ninguna representación izquierdista en el Perú - y que ya han querido atacarla - como para tratar de convencer al sector que representan que puede ganar la elección.

Mendoza tiene un buen futuro político por delante y es una de las figuras políticas más promisorias de la izquierda peruana. Pero dependerá de ella - y de lo que ocurra en ambos frentes zurdos - definir si es que el 2016 es su momento, si es que su postulación tratará de impulsar una bancada parlamentaria de izquierda o si, a fin de cuentas, vale la pena esperar.

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La sentencia contra Aurelio Pastor no ha dejado de generar cierta polémica. Algunos - entre los que me incluyo - creemos que la condena está bien puesta, aunque se trata del caso menos complicado en los que se encuentra inmerso el exministro. Otros apuntan a que resultaría excesivo condenar a Pastor por acciones que podrían encontrarse dentro de los ámbitos del alardeo típico de abogados. Posiciones intermedias, como la expresada por Rosa María Palacios ayer en su blog, no discute la culpabilidad del excongresista, pero sí se interrogan sobre si la pena de prisión debió ser o no efectiva y si es que no hubiera sido mejor si es que la pena era suspendida y venía acompañada de la inhabilitación de Pastor para ejercer como abogado.

Pero más allá de esta discusión legal - que finalmente deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia -, Pastor está sentenciado en doble instancia por tráfico de influencias y ya viene cumpliendo, como manda la Ley, su pena en una prisión al norte de Lima. De allí que hoy me interese más el análisis sobre el impacto que tiene el caso en el APRA y en la política peruana.

En principio, las responsabilidades penales son individuales y no deberían comprender a las instituciones a la que un sentenciado pertenece. Y, de hecho, el APRA pudo dar ese mensaje e incluso señalar que el delito cometido por Pastor ocurrió cuando ya no ejercía funciones públicas, sino en el ejercicio de su actividad privada.

Sin embargo, no han optado por ese camino, sino por el martirologio forzado.

Primero, con la presencia de una portátil aprista que proclamaba “Aurelio no está solo”. Un mensaje a todas luces equívoco, no solo por la presencia de militantes del partido en una circunstancia ya de por sí complicada, sino también porque motivó tuits bastante ingeniosos, así como esta caricatura de Carlín:

Hablando de caricaturas, Alfredo Marcos en Correo ha defendido así al exministro aprista (imagen vía El Utero de Marita):

El problema para Marcos es que, casi inmediatamente, le han recordado sus contratos con el Estado durante el gobierno pasado.

Posteriormente, el rumor soltado por Jorge del Castillo - viejo padrino de Pastor en el partido y con quien compró una oficina en 1996 a la Caja Militar Policial -, en el que deslizó que el exprocurador anticorrupción José Ugaz había presionado por la condena a Pastor. El problema es que Ugaz había estado fuera del país, en un viaje de trabajo, durante más de una semana. Las presiones también han sido negadas por el magistrado Saúl Peña Farfán.

Además, otros compañeros, como Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén - aunque con cierto equilibrismo verbal - han señalado que la sentencia es “demasiado dura” con el exministro.

Curiosamente, en el perfil que le hace Fernando Vivas el domingo pasado en El Comercio, la respuesta de Mulder era distinta frente a casos de corrupción:

La persecución histórica es la coartada de muchos apristas para explicar por qué se ponen tan a la defensiva cuando les tocas las calaveras del armario. Pero yo, repito, estoy en son de paz y quiero saber qué hará el Apra ante la corrupción que lo asola como asola a tantas instituciones del país. “Tenemos que ser muy fríos y racionales ante una circunstancia como esta. Estamos históricamente acostumbrados a que nos acusen y a que nuestra respuesta sea ‘son calumnias’. Tenemos un grito: ‘A más calumnias, más aprismo’. Las noticias referidas al Apra aparecían en las páginas policiales. Ese bagaje lo tenemos como un chip”.

Pero hay que disociarlo de las denuncias reales, replico. “Para nosotros, es normal que el rival nos envuelva en esos temas. Todos somos narcos, todos somos Oropeza. Y tenemos que contestar eso, sin que parezca que somos defensores de esos esquemas. […] Para mí, la solución es ser transparente, la cultura de que todo se barre para adentro ya no puede darse en sociedades como la nuestra”. ¿A ti no te queda duda de que Facundo Chinguel está embarrado hasta la coronilla? “Ninguna”. ¿Y no hubieras dicho [como Alan] que metías las manos al fuego por él? “Probablemente, Alan le tenía simpatía porque Chinguel fue líder de juventudes. […] En los 90, cuando Alan no estaba acá, trabajó en el fujimorismo, y cuando Alan regresó, fue su gran defensor”.

De hecho, Vivas - en una sección no publicada en la web - le interroga a boca de jarro sobre una posible reinscripción de Pastor en el partido, a lo que Mulder responde “No, porque tiene procesos abiertos”. Días más tarde, terminó sumándose a la defensa de su ¿ex? compañero.

Precisamente, el periodista de El Comercio da en el blanco: la evocación al martirologio y la denuncia calumniosa sigue siendo la única forma en la que el APRA afronta las responsabilidades de sus exdirigentes. Es más fácil safar cuerpo de Oropeza y su familia - militantes de base - e incluso de Facundo Chinguel - un mando medio en el Partido -, pero con un exmiembro de la Dirección Política se cierra filas, incluso en un caso en el que su actuación política no estaba comprometida.

Y precisamente, eso es lo que le puede cobrar factura a Alan García.

(Foto: Diario 16) (Caricatura: Carlín para La República)

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Todos quienes conocen las interioridades de Solidaridad Nacional saben que, luego de Luis Castañeda Lossio, es el congresista José Luna Gálvez quien tiene más poder dentro de la agrupación. Es el secretario general del partido, encargado de la movilización de (sus propias) bases y uno de los mayores aportantes a las campañas del partido.  Incluso algunas personas otrora cercanas al alcalde de Lima, como Norma Yarrow (ahora fuera de la agrupación) y Fabiola Morales (quien no juró como regidora), ya no están más en su entorno debido a desencuentros con el parlamentario, quien hace algunas décadas nació a la vida política en las filas del APRA.

Hoy Luna vive el segundo peor momento político de su carrera - el primero fue el juicio por supuestamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, del que salió absuelto - graficado en esta portada de Correo:

Ayer, en Panorama, Luna fue bombardeado con dos denuncias. La primera de ellas se vincula a que mantiene a tres asesores “fantasma”. Se trata de Víctor Torres Romero, Luis Alberto Gallardo Gálvez (primo del congresista) y Olinda Mamani Ramos. Los tres aparecen en la planilla del Congreso, pero en realidad dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar en la Universidad Telesup, de propiedad del congresista y donde existe un promocionado Diplomado en Gestión Pública donde el profesor “estrella” es nada menos que Castañeda Lossio (a quien le dio una camioneta de la casa de estudios para su campaña).

En el caso de Torres Romero y Gallardo Gálvez, la situación es aún más compleja. Ambos están destacados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero son contratados gracias al Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria, a pedido de la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay. ¿En qué consiste esta oficina? Una explicación del periodista Martín Hidalgo:

Este módulo, que no aparece en el organigrama oficial del Congreso, tiene la curiosa característica de aglutinar a funcionarios que sin estar en comisiones o despachos son contratados para acciones específicas. La Mesa Directiva dispone del personal a solicitud propia o de otras direcciones las contrataciones referidas. Hay casos como el del ex contralor Genaro Matute, a quien se le contrató para elaborar un plan de reforma legislativa. Pero existen otros casos que lindan más con lo partidario.

Ojo que, como señaló en su momento Hidalgo, varios solidarios fueron contratados por esta modalidad para ser destacados en otras oficinas, cuando Luna ocupaba el cargo de Capuñay. Veamos los nombres:

El mejor remunerado aquí es Gustavo Pacheco Villar. Sí, el ‘chauchiller’ gana nada menos que S/. 13,637 mensuales. Este personaje, que protagonizó un penoso capítulo en un aeropuerto internacional, ingresó al Parlamento de la mano de Martin Belaunde. Después pasó a trabajar en la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales que actualmente dirige el ex congresista solidario Walter Menchola. Ahora “chambea” entre aeropuertos y vicepresidencias.

Otros dos solidarios que saltan a la vista en las planillas del Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria son Patricia Juárez GallegosMartin Bustamante Castro, dos personajes activos de la pasada campaña de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán. Juárez, en realidad, ingresó a trabajar en el Congreso desde el 1 de abril de este año en el despacho de José Luna, pero ahora ha sido movida al cupo de la vicepresidencia con un sueldo de S/. 8,899. En el caso de Bustamante, hombre de confianza del ‘mudo’, las planillas del portal de transparencia señalan que en agosto ganaba S/. 11,021, pero en septiembre bajó a S/. 9,184. ¿Por qué será? ¿Baja productividad? (Hoy Juárez es teniente alcaldesa de Lima y Bustamante regidor solidario en Miraflores, presidente de la Beneficencia Pública de la ciudad y acompañante de los viajes de Castañeda, nota de DTP)

También aparecen en la lista José Fernández Garate (S/. 11,021) quien trabajó en el Congreso pasado con el solidario Juan Perry Cruz. Los últimos tres cupos los ocupan Rosa Bautista Navarro (S/. 8,899), Claudio Gregorio Segura (S/. 4,697) y José Carlos Bellota Zapata (S/. 4,697), todos ellos trabajadores de confianza de Luna Gálvez.

Anoche, luego del reportaje, la congresista - hija del propietario de Corporación Universal - llamó a Panorama y su mensaje fue claro: yo solo tramité las contrataciones a pedido del congresista Luna. Con ello, el parlamentario tiene una situación más que complicada. Como indica Julio Arbizu a El Comercio:

“El peculado tiene que ver con la disposición de fondos públicos para ti o un tercero, en este caso se tiene que definir quién fue e beneficiado, si es que fue el señor José Luna u otra persona. ¿Quién recibió el sueldo de esas personas? Ellos no pudieron haber cobrado por un trabajo que no realizaron”, manifestó.

Arbizu señaló que la fiscalía de la Nación debería abrir una investigación de oficio contra el también secretario general de Solidaridad Nacional.

“Él tiene inmunidad y se deberá pasar por el trámite parlamentario, como fue el caso del señor Urtecho, pero digamos que es el mismo caso, aunque la modalidad difiera”, añadió.

Pero no es el único problema. Uno de los “asesores fantasma”, Víctor Torres Romero es nada menos que Tesorero Nacional de Solidaridad Nacional. Aquí la imagen (vía Renzo Rotta):

El roche es que, en el reportaje de Panorama, se aprecia cómo Torres Romero trata de “arreglar” varias cuestiones referidas a los aportes de campaña de Solidaridad Nacional. Si bien, como señala Rosa María Palacios, aquí no hay un delito, tranquilamente la ONPE podría imponer una sanción - lease, multa - al partido de Castañeda. Y claro está, nuevamente volvemos a la necesidad de mayor capacidad de fiscalización y sanción frente a los partidos que infringen las normas sobre financiamiento privado.

Al cierre de este post, se conoció que Luna había decidido separar a los trabajadores fantasma “por traicionar su confianza”. Pero eso no lo salva de la investigación que se le viene, tanto en la Comisión de Ética como en la Fiscalía de la Nación.

(Foto: web de José Luna Gálvez) (Portada de Correo: Epensa)

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Como es costumbre en los últimos meses, Gustavo Gutiérrez acudió esta semana al Vaticano para dar una conferencia sobre la Teología de la Liberación. Aunque técnicamente no estamos ante una rehabilitación –la discusión con la Santa Sede llevaba a precisiones sobre su obra – el teólogo peruano pasa por el mejor momento de sus relaciones con Roma. Sabe que el Papa Francisco no es un liberacionista, pero respeta una corriente importante para América Latina.

Distinto camino parece recorrer Juan Luis Cipriani. El diario español El País dio cuenta de la sucesión en el Opus Dei, que prioriza a generaciones más jóvenes y empáticas con el Papa antes que al cardenal peruano. Al mismo tiempo, se reconocía la versión que hace año y medio recorre pasillos eclesiales: una posible “promoción” del Arzobispo de Lima a Roma. Con la sucesión ya definida en la organización fundada por Escrivá de Balaguer, el Vaticano podría escoger con más libertad su reemplazo.

Al mismo tiempo, diversos columnistas han achacado a las controversias provocadas por Cipriani como la causa central por la que Francisco no pisará suelo peruano en sus giras latinoamericanas de 2015 y 2016. Por ahora, la Santa Sede emplea sus tiempos para resolver algunas de estas cuestiones.

Finalmente, el sector conservador deberá estar atento al próximo libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, donde se describirán los extremos a los que llegó la verticalidad en dicha sociedad de vida apostólica. El volumen promete definir tanto el destino del gran rival nacional de la Teología de la Liberación como, incluso, la famosa promoción romana del Arzobispo limeño.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 17.05.2015)

(Foto: RPP)

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Ayer Southern Perú anunció, en un comunicado, que tomaría una “pausa de 60 días” en torno al proyecto Tía María. Según la empresa, el tiempo será empleado para dar a conocer las bondades del mismo y aclarar los puntos más controvertidos que han generado las protestas que tienen ya cerca de dos meses en Arequipa.

Dicho anuncio se hizo luego que el Presidente de la República diera un mensaje a la Nación que desconcertó tanto a izquierdas como a derechas, dado que no declaró el estado de emergencia solicitado por algunos sectores para poner orden en la región e hizo precisiones que parecían por un abogado respecto de los motivos por los cuáles él no podía decretar la suspensión del proyecto minero en cuestión. Al mismo tiempo, Humala buscaba saldar una deuda: brindar su propia visión respecto de la minería y el medio ambiente.

Desde el Tercer Piso pudo conocer, esta semana, alguno de los entretelones de lo ocurrido en la empresa minera que ha acaparado la atención de la opinión pública en las últimas semanas.

De acuerdo con personas que conocen bien la actividad de la empresa, durante los días lunes y martes hubo sesiones del directorio de Southern en México D.F. - donde tiene su sede el accionista principal de la empresa, el conocido Grupo México -.  En dichas sesiones, se mostró cierto descontento por la actitud de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, respecto de la compañía.

Dos puntos son los que motivaron el enojo. De un lado, el pedido para que la plana mayor de Southern, incluyendo a su “accionista mayoritario”, viniera a Lima a arreglar el problema de Tía María, considerando que se trata de una empresa de accionariado difundido. Otra fuente, cercana hasta hace pocos meses a Ortiz, confirmó que el estilo bronco de la ministra era conocido en todas las instituciones en las que ha trabajado. “Se le sugería siempre que tuviera un trato más diplomático, pero no hacía caso”, nos señala esta persona.

De otro lado, les molestaba que Ortiz hubiera roto cualquier posibilidad de diálogo debido al famoso audio de “las lentejas”, donde el dirigente Pepe Julio Gutiérrez habría intentado negociar el fin del paro en Islay a cambio de dinero, en una conversación con un abogado que ahora era cercano a la empresa. La posición de Southern es que nunca ofrecieron dicho dinero y que más bien el dirigente - hoy detenido y separado de Tierra y Libertad - los buscaba con intereses crematísticos.  Sobre este punto, será una investigación fiscal imparcial la que determine exactamente que ocurrió.

Pero en la sesión no solo primó, de acuerdo con nuestras fuentes, un ánimo crítico hacia la ministra y hacia el gobierno de Humala. A modo de autocrítica, al interior de Southern se reconoció que, para todo fin práctico, el proyecto estaba parado desde 2009, cuando se produjeron las primeras protestas durante el segundo gobierno de Alan García. Incluso un director recordó a sus pares que, solitariamente, había sugerido no tocar las aguas del valle del río Tambo y optar por la desalinización de las aguas del mar desde el inicio de la propuesta de la iniciativa minera. Precisamente, este fue el punto más controvertido del primer Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.

Según pudo conocer DTP, la “pausa” en realidad será más larga. La compañía priorizará en Perú la ampliación de sus actividades en sus tradicionales yacimientos de Toquepala y Cuajone y esperará tiempos mejores para Tía María. Al mismo tiempo, venía buscando ampliar sus intereses en nuestro país con una oferta de compra de un paquete accionario en Volcan, correspondiente a una facción de los herederos de Roberto Letts Colmenares. Sin embargo, la operación se frustró hace algunos días.

Según Exitosa Diario, el mensaje presidencial fue grabado varias veces. De hecho, hacia la mitad se pudo notar un corte de edición bastante drástico. Las dos partes diferenciadas responden a dos estilos distintos. Se notó la mano de Manuel Pulgar Vidal en la sección vinculada a la precisión de la relación minería - medio ambiente, así como la de los ministros abogados (¿Cateriano?) en la sección referida a las atingencias por las que Palacio no podía suspender el proyecto.

El problema es que la ejecución no fue la esperada - por las limitaciones oratorias de Humala - y, por ello, hasta que Southern no emitió su comunicado, el desconcierto cundió en analistas y público en general.

Lo cierto es que, para todo fin práctico, Tía María ya fue. Al menos, en este gobierno. ¿A la tercera será la vencida?

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Todos sabemos que Luis Castañeda Lossio tiene problemas en leer encuestas, en particular, cuando los números no comienzan a favorecerle. Sin embargo, como a cualquier político, le conviene aprender a observar los detalles, sobre todo, cuando ha perdido, según Datum, 21 puntos de aprobación entre marzo y mayo.

Estos son los dos cuadros más importantes de la encuesta de Datum de los últimos meses respecto de la popularidad de Castañeda. Lo son porque tienen los datos desagregados por sexo, edad, Y convendría que LCL tenga en cuenta los datos que señalaremos a continuación, luego de ver estos números:

¿Qué es lo más resaltante que podemos ver aqui?

1. Lo obvio: Castañeda sigue manteniendo un buen nivel de aceptación de popularidad para estándares políticos peruanos. Ha vuelto a los niveles que tenía al momento de ser electo por tercera vez como alcalde de Lima.

2. El problema para el alcalde es que ha terminado de polarizar su gestión. Es decir, no deja casi indiferentes. Y eso es mérito suyo: incrementó el porcentaje de gente que no le agrada su gestión en dos meses de 15% a 41%.

3. Más mujeres que hombres aprueban a Castañeda. Lo inverso pasaba con su antecesora, Susana Villarán.

4. Hasta abril, Castañeda andaba parejo en aprobación por edades. En mayo comienza a diferenciarse. Los jóvenes son más críticos con él (de hecho, el sector entre 18 a 24 años lo desaprueba), mientras que el sector más adulto (45-54 años) es donde tiene sus mejores números.

5. El sector AB es el más crítico con Castañeda. Su aprobación llega allí a 32%. En el otro extremo, el sector E es donde lo aplauden más (64%). Pero Castañeda debería estar preocupado por lo que ocurre en el sector C, su otrora bastión. Allí la desaprobación ha pasado de 29% a 43% en un mes.

6. Tanto lo que Datum denomina como Lima Moderna (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo) como Lima Centro (Lima Cercado, Breña, La Víctoria, Rímac y San Luis) son los núcleos de resistencia al alcalde. Baja notablemente en Lima Sur entre abril y mayo. Ahora el gran bolsón de aprobación de Castañeda está en Lima Norte y cabría preguntarse si se debe al buen recuerdo de antes o a obras como el Intercambio Naranjal, que vienen de la gestión anterior. Dato para analizar más.

¿Por qué la caída? Castañeda Lossio pensó que le era suficiente un estilo donde no tocaba los sectores informales de la ciudad, era escueto para comunicar y dejaba que sus obras hablen por él. Pero ha terminado siendo víctima de un fenómeno que el ayudó a crear. La hipercriticidad frente a la gestión Villarán tuvo un lado positivo, pues comprometió a más ciudadanos a mirar más a lo que pasaba en la Municipalidad de Lima. Con más ojos puestos en su gestión, cuestiones que hace apenas 6-7 años solo se discutían en blogs y en contados espacios en medios hoy aparecen en la mayoría de medios escritos y, de a pocos, en los espacios dominicales de la televisión. A ello se suma que los peajes están concesionados en su mayoría para hacer grandes proyectos para la ciudad. De allí que haya terminado haciendo el by pass de 28 de Julio a través de una controvertida iniciativa privada con OAS.

El otro problema para Castañeda es que, al igual que varios defensores de la gestión Villarán, está viendo las críticas a su gestión bajo el esquema “amigo - enemigo”. Hasta cierto punto - remarcamos, solo hasta cierto punto - era comprensible que en la gestión de Fuerza Social vivieran con este fantasma, debido al declarado intento de revocar la gestión desde los primeros meses (ahi Patricia Juárez falta a la verdad, nunca le dieron tregua a la anterior alcaldesa). Pero el mismo los acompañó toda la gestión y nunca pudieron salir de dicho esquema binario.

Y hoy Castañeda peca de lo mismo. Vean sino estas declaraciones de Juárez en una buena entrevista de Ana Nuñez en La República:

– Cuando cumplieron cien días de gestión usted contó que primero tuvieron que “ordenar la casa”, pero esto ha sido más bien como tumbar la casa. Como demolerla…

– Yo no creo que la impresión sea esa a nivel general, no por algo se tiene un 60 por ciento de aprobación. Yo creo que existe una mala intención de un sector, especialmente de quienes perdieron las elecciones, en tergiversar algunas verdades que nosotros estamos comunicando.

– A ver, para ir por partes, dice que no por nada tienen 60 por ciento de aprobación, aunque en realidad es un poco menos; pero hay que recordar que al iniciar su mandato el alcalde Castañeda tenía más de 70 por ciento de aprobación.

– Mira, lo que te puedo decir es que, en principio, nosotros no vamos a gobernar en base a lo que dicen las encuestas. Esa es una premisa fundamental. Nunca lo hemos hecho y tampoco lo vamos a hacer. Agradecemos por supuesto la aceptación que tuvimos y tenemos de la población y haremos todo lo necesario para solucionar los problemas que enfrentamos todos los ciudadanos. Nosotros estamos acostumbrados a un trabajo intenso, un trabajo constante, pero lo que hemos sentido en este tiempo es que hay una voluntad concertada y manifiesta de un grupo de detractores que, seguramente, se quedó descontento porque perdieron las elecciones…

La mala noticia para Castañeda (y también para los añoradores de la gestión Villarán) es que desaprobación a su administración no significa endose a la anterior. Solo el 11% (casi la votación que alcanzó en la pasada elección) de los encuestados por Datum extraña a la exalcaldesa. De allí que se vean aun más ridículos los esfuerzos de invocación al grupo Complot (en el que estaría metida hasta la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Capitanía de Puertos) que hacen semana tras semana.

Un ejemplo de lo que decimos está en el papelón de esta semana. La reconocida revista Arkinka, una publicación especializada en arquitectura, descubrió que parte del estudio técnico presentado por OAS y la MML sobre el by pass de 28 de Julio era un plagio de un trabajo de tres estudiantes de la Universidad de Piura, que había sido publicada en el blog Cuestiones Sociales. Un escándalo de proporciones.

La denuncia motivó una respuesta en paralelo de la empresa brasileña y de la MML. Se admitió el plagio, pero se echó la culpa a la empresa Translavi EIRL, subcontratista para la elaboración del plan de estudios. El problema está en que ambas entidades asumen la responsabilidad al colocar como suyo dicho informe. Mientras tanto, Italo Quispe, gerente de comunicación social de la Municipalidad, señalaba que el gerente de Translavi, Yenán Alvarado Villanueva había trabajado en la Direccion General de Transporte Urbano durante la gestión Villarán.

Pero hoy El Comercio descubrió que Alvarado tenía vínculos con la MML desde 2004, es decir, desde la primera gestión de Castañeda. Era encargado de la evaluación de estudios de tránsito. Y, peor aún, su empresa no podía contratar con la Municipalidad. Señala el informe de Rosa Aquino y Gustavo Kanashiro:

Su participación en la Municipalidad de Lima se prolongó hasta, por lo menos, la primera semana del 2015, aseguraron a El Comercio ex colaboradores de la GTU. Un mes después, en febrero de este año, la empresa de Yenan Alvarado presentó el estudio de interferencia de vías para la obra del by-pass de 28 de Julio, a pesar que la ley de incompatibilidad funcional (Ley 27588) se lo impide.

“La Ley prohíbe que una persona, directamente o como titular de una empresa privada, preste servicios a la entidad estatal en la cual ha laborado, sobre temas que han sido de su competencia. Este impedimento se aplica durante un año posterior al cese de su contrato”, precisa el abogado Lino de La Barrera.

“Hay varios indicios que nos señalan que es una persona de confianza al entorno del alcalde [Castañeda]. Pareciera que hay un conversado con OAS para que haya encargado el estudio a la empresa [Transalvi], para hacer un expediente ‘a medida’”, opina el regidor Hernán Núñez.

Al analizar el polémico estudio se observa que la toma de datos (conteo de flujo vehicular) se hizo el 12 diciembre del 2014, cuando Castañeda no asumía la alcaldía y, se supone, Yenan seguía trabajando para la municipalidad.

Quizás ahora se entienda mejor porque el alcalde de Lima se encuentra en serios problemas.

(Foto: Perú.21)

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