(El fujimorismo al desnudo en la caricatura de Heduardo de hoy. Imagen: El Comercio)

A pesar que varios valiosos técnicos trabajaron en el Ministerio de Educación durante el fujimorato, no me queda duda alguna que muchas de las peores decisiones políticas que han afectado al sector durante las últimas décadas se tomaron en la década de 1990: la carencia de políticas deportivas, la ausencia de la educación física en los colegios, la desregulación de las universidades como norma y la pauperización en general de la calidad educativa. Todo ello, paradójicamente, en el periodo liderado por un exrector de una universidad pública que, con todas las dificultades, mantiene su calidad.

Lo mismo podríamos decir de los dos gobiernos apristas. La gestión de Mercedes Cabanillas pasará a la historia como una de las peores del ministerio ubicado hoy en San Borja. Y el legado de la administración Chang se puede resumir de la siguiente manera: resultados pésimos en las pruebas PISA, la creación de casi medio centenar de universidades cascarón y, por supuesto, un maltrato a los maestros tal que incluso Alan García tuvo que disculparse por llamarlos “comechados”.

En uno de los pocos gestos acertados de su mediocre administración, Ollanta Humala decidió darle prioridad a la educación peruana. Durante las gestiones de Patricia Salas y, sobre todo, la de Jaime Saavedra, se ha tenido un norte claro donde el acento está puesto en la calidad, la necesidad de regular sectores que habían sido desatendidos por décadas (universidades e institutos) y, sobre todo, se ha devuelto la esperanza al país que, con un trabajo de calidad, se puede tener una mejor educación en todos los niveles.

El miércoles pasado, el ministro Saavedra fue sometido a un pliego interpelatorio propuesto por fujimoristas y apristas del cual, hay que decirlo, respondió acertadamente la mayoría de preguntas. Para mayores señas, aquí la reseña de Jaime de Althaus, alguien a quien no se podría acusar de ser antifujimorista:

La acusación más grave, la de la compra de las computadoras, es algo que escapa a la capacidad de control del ministro y en lo que ni siquiera hubo perjuicio al Estado: de 19 proveedores de la lista de la OSCE se escogió al que ofrecía el menor precio. El asunto es que el proveedor luego depositó parte del dinero percibido en cuentas de personas vinculadas a la funcionaria Vilca, pero ese proveedor estaba autorizado por la OSCE. Y los pedidos de dinero a alcaldes a cambio de transferencias que “destapó” el congresista Becerril ya habían sido denunciados por el propio ministerio y al parecer eran falsos: alguien usaba el nombre del funcionario para pedir plata. Un papelón.

Lo que vino después solo puede ser calificado de una manera: vergonzoso. Intervenciones que aludían a un psicosocial de las pruebas PISA - en la OCDE se deben estar riendo del congresista Bienvenido Ramírez -, acusaciones de corrupción que pretendían ser novedosas pero que ya habían sido puestas por el propio Ministerio en conocimiento de las autoridades y el posterior anuncio de una moción de censura que parecía decidida antes de siquiera escuchar al ministro.

Hoy el diario Correo confirmó que lo que le interesa a la bancada de Fuerza Popular no es “la lucha contra la corrupción” o “los niños del Perú”. Los términos de la conversación por Telegram revelada hoy son lamentables. No hay una preocupación genuina por la educación peruana. Lo que denota claramente es que estamos ante un grupo que lo que busca es simplemente sacar al ministro de Educación porque le da la gana. “Somos el Congreso, tenemos mayoría y nos imponemos”. Es prácticamente el mismo modus operandi de la década de 1990. Y con modales igual de achorados. Si alguien tenía la remota esperanza de una renovación del fujimorismo, los sucesos de los últimos meses deberían haberlo desalentado.

Amen de la broncaza que ocasionará en la bancada fujimorista saber que hay un grupo de privilegiados que tiene contacto directo con la lideresa de Fuerza Popular, es claro que la bancada naranja defiende a un conjunto de universidades que deberían ser cerradas por su baja calidad, que no tiene a la educación como una de sus prioridades y, para ser directos, que lo único que le importa es el poder por el poder. No el beneficio del país. Tal cual fue en el gobierno del delincuente Alberto Fujimori Fujimori. A su hija le importa poco la formación de los peruanos. Solo tratar de dejar en ridículo a quien le ganó las elecciones.

Por ello, resulta indispensable defender los avances emprendidos en Educación. Sí, es cierto que se deben atender las brechas. Sí, también lo es que no solo la tecnocracia es la que debería primar en la visión del MINEDU (y del gobierno en general). Si, no se debe personalizar la reforma en un solo hombre - honesto y claramente con una visión -. Pero también resulta evidente que el fujimorismo no parará hasta petardear al gobierno hasta dejarlo maniatado, a fin de venderse como “única salvación para el país”. Peor aún, gobernarán como han manejado el Congreso hasta el día de hoy, es decir, como en una década infame para el Perú.

Es tiempo de defender la educación peruana. Desde el gobierno y el Congreso. En las aulas y en las calles.

Es momento de hacerle el pare a la prepotencia.

Es hora de ponerse el alma.

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Veamos dos estampas recientes de nuestra vida nacional.

La primera: esta es la lista de congresistas que tenían algún tipo de vínculo con universidades y que se opusieron, en la Comisión de Educación, a la Ley Universitaria:

(Imagen: Paola Ugaz - IEP - La Mula)

Y la situación no ha cambiado mucho en este Congreso

La segunda: durante el gobierno de Ollanta Humala, tuvimos dos ministros cuyas empresas habían hecho consultorías para el Estado respecto a temas de inversión privada. En el caso de René Cornejo, los tratos efectuados con la empresa Helios le terminaron costando el puesto. Mientras que, en lo que se refiere a René Mayorga, si bien la aparición de varias visitas de abogados de la consultora de la que era socio al Ministerio de Energía y Minas no le costó la cabeza, sí terminó complicando la imagen de la administración anterior.

Ayer la Comisión Presidencial de Integridad presentó su informe con un conjunto de 100 recomendaciones para mejorar la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Estado.

De todas las medidas presentadas ayer, la que más ha destacado la prensa es la primera:

Antes del 31 de enero de 2017, los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza deberán presentar ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses que contenga información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.

Cada entidad, bajo responsabilidad, publicará esta declaración en su portal web.

Posteriormente, la declaración jurada de intereses deberá ser presentada a su respectiva entidad anualmente, así como al asumir y cesar en el cargo.

La Comisión ha presentado, en forma complementaria, un anexo que contiene el formato de la misma, donde se hace el detalle de esta información. Asimismo, se incluye información sobre los familiares directos, cónyuge y conviviente, sobre quienes se deberá detallar también el empleo actual con el que cuentan.

Sin duda, este es un buen primer paso en la línea de la transparencia de cualquier posible conflicto de interés en el que pueda incurrir un funcionario público de alto perfil. Y resulta un acierto que la Comisión de Integridad haya colocado, encabezando la lista de sus recomendaciones, esta medida.

A pesar de aplaudir esta primera iniciativa, tal vez haya que ir pensando en una posible sanción al incumplimiento de esta medida. Hace cinco años, la periodista Fabiola Torres reportó en El Comercio que en un país vecino ya tiene no solo un registro de intereses, sino también sanciones por omisiones y faltas:

Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.

Por ello, resulta indispensable que el gobierno implemente estas medidas lo más pronto posible. Sobre todo la que hemos comentado hoy. Dado que uno de sus flancos débiles es la conexión que varios altos funcionarios han tenido con empresas privadas, resulta indispensable que esta medida sea de ejecución inmediata. Lo mismo en el Congreso, donde resulta necesario saber si es que nuestros parlamentarios - y sus asesores, a quien muchas veces los lobistas contactan - tienen alguna conexión que puede afectar el correcto ejercicio de sus funciones.

Hora de transparentarlo todo.

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(Foto: Presidencia de la República)

Este mediodía juraron los nuevos ministros de Defensa y Cultura. Y ambos nombramientos han causado sorpresa y también críticas. Un enroque y un nuevo jale han desatado cierta polémica.

En el caso de Jorge Nieto Montesinos, llamó la atención que el gobierno no consiguiera a alguien ajeno a sus filas para ocupar este puesto. Aquí pueden caber tres interpretaciones (complementarias entre sí): la carencia de cuadros en el entorno del gobierno en materia de seguridad nacional, la ausencia de expertos civiles en dicha materia - con contadas excepciones - y el inicio de dificultades para poder convocar a personalidades que quieran ser ministros (entiendo que, en varios casos, declinaron básicamente por cuestiones económicas).

Para algunos, el nombramiento de Nieto es un error. No solo porque se le saca de una cartera donde se le veía relativamente empoderado, sino también por su paso por las filas de la izquierda (fue miembro del Partido Comunista Revolucionario en los 70s), a la que tradicionalmente se le ha achacado una visión antimilitar.

En su defensa, Nieto puede argumentar que es hijo de un militar - lo que, para la cultura castrense peruana, siempre es un buen requisito de entrada - y que puede darle una visión política a un sector que requiere ir más allá de los legítimos reclamos salariales y pensionarios de oficiales y suboficiales y del combate a la subversión en el VRAEM.

¿Cómo puede entenderse el nombramiento de Nieto, entonces? Básicamente, como una promoción. Cuando se formó el gabinete Zavala, era claro que el ministro de Defensa era parte de los ministros con mayor muñeca política. Es conocido que es cada día más escuchado en Palacio de Gobierno respecto de sus impresiones políticas. Y estar en un sector de perfil más alto le puede dar mayor acceso a determinadas puertas para la negociación política o para, cuando sea necesario, enfilar la crítica a la oposición. Un Pedro Cateriano con mejores modales.

Pero, además, en lo sectorial, Nieto tiene que enfrentar varios retos: reclamos de oficiales en retiro por mejores pensiones, presiones por mayores y mejores compras de armamento, continuar con lo bueno del gobierno anterior en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM y, sobre todo, tener una política de defensa clara hacia el Bicentenario.

El caso de Salvador del Solar es distinto. Aquí se ha logrado convocar a una figura que tiene formación en Derecho y en Políticas Públicas con una interesante carrera como actor, director y guionista.  Las calidades profesionales y artísticas del flamante ministro están fuera de toda discusión. Al mismo tiempo, se manda un mensaje claro al fujimorismo, al nombrar a una figura que ha sido crítica frente a su pasado.

Del Solar, sin duda, conoce claramente el tema de industrias culturales. En momentos en que el exministro Nieto anunciaba que el próximo año se discutirá una Ley de Cine, sin duda, los aportes que puede dar a la discusión pueden ser claves para perfilar una norma que, al mismo tiempo que construya una industria, también garantice visibilidad al cine de autor y, por supuesto, a la creación de una cultura cinemátográfica en el Perú desde las aulas. Lo mismo podríamos decir de lo que podría hacer en las demás industrias y actividades culturales.

La pata floja de la mesa es el tema de la Interculturalidad, en particular, lo ligado a la consulta previa. Algo que ya se había advertido cuando Nieto fue nombrado, pero que él supo paliar con varios datos y cifras al respecto en el Congreso de la República. Pero sí es cierto que los ojos de muchos estarán en lo que pueda hacer Del Solar en este subsector que requiere continuidad en las políticas y consolidación de su institucionalidad.

Ahora bien, ¿qué representa para el gabinete Zavala este cambio?

En primer lugar, con el ingreso de Del Solar, logran el acceso de una figura de la cultura que tiene buena imagen en todos los niveles sociales y que, por su visión crítica del fujimorismo, supone un guiño a ese sector. Asímismo, implica una clara señal que el tema de industrias culturales sería la prioridad del Ministerio de Cultura. Y por ello, resulta importante que el ministro pueda ser claro en decirnos que hará en temas como consulta previa o políticas interculturales. Del Solar, además, tiene inquietudes políticas desde hace varios años y, por tanto, no solo será un representante más del sector Cultura, sino que puede tener opiniones en temas más allá de su sector, en la línea de Zavala.

En segundo término, se empodera más a Nieto dentro del gabinete. Defensa es un sector complejo por tener que lidiar con las Fuerzas Armadas y sus requerimientos, así como por el combate a los remanentes subversivos. Pero, al mismo tiempo, supone una mayor exposición política por lo delicado de la cartera. El mensaje hacía adentro y hacia afuera es claro: PPK y Zavala confían en el ojo político de su ministro sociólogo y analista.

En tercer lugar, se da cierto ajuste político al gabinete. La presencia de dos figuras que tienen una mirada que va más allá de lo estrictamente técnico implica darle un punche mayor a un equipo que ha sido muy técnico, pero que requiere, a gritos, una mayor destreza para saber como lidiar con el fujimorismo (y sus aliados naturales apristas).

Finalmente, el gobierno recupera algo de iniciativa política. En un día donde el Ministerio de Educación comenzaba a aclarar todas las mentiras sobre la “ideología de género” y se presentó el informe de la Comisión de Integridad, el Poder Ejecutivo pasó a la ofensiva. Y ello es algo que requería Palacio de Gobierno para afrontar una interpelación complicada a su ministro de Educación.

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(Foto: La República)

Durante la semana pasada, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y varios de sus ministros estuvieron en CADE, participando con varias ponencias, en las que presentaron sus logros y los planes a futuro. Debe haber sido la presencia más nutrida del Estado en un momento donde la empresa privada busca recuperar confianza y, desde los ministerios productivos, se busca acelerar inversiones.

Todo ello está muy bien. El problema es que el gobierno se limite únicamente a esa visión.

Como ya han advertido politólogos como Alberto Vergara y Carlos Meléndez, el gobierno necesita cubrir dos déficit fundamentales: la institucionalidad y la empatía. Y para ello necesita recuperar iniciativa.

Esto implica, en primer lugar, cerrar el flanco parlamentario por este año. Es momento de definir, de una vez por todas, si arriesgará un voto de confianza o no por Jaime Saavedra. Analistas usualmente moderados como Gonzalo Zegarra ya han señalado que en el fujimorismo está primando un sesgo deliberadamente matón. Y que, frente a ello, es necesario poner un alto a estas bravatas. Pues si es así, es hora de utilizar un instrumento definido en la Constitución y que no es, como algunos partícipes de un cogobierno entre el fujimorismo y el Poder Ejecutivo, un símil del golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Demostrar que se tiene fuerza y que se saben utilizar los mecanismos señalados por nuestro ordenamiento legal es algo que no solo resulta importante frente a una mayoría parlamentaria que tiene, en su ADN, los reflejos de la década de 1990. Sino que incluso aparecería como un ingrediente a favor de un gobierno que, hasta el momento, tenía la percepción de debilidad. Y, peor aún, prefería acentuarla.

Pero, insisto, más allá de CADE y de la arena parlamentaria, resulta indispensable que el gobierno brinde mensajes a los ciudadanos. De hecho, parte de la fuerza que requerirá para hacer un contrapeso al fujimorismo se encuentra en su aprobación popular. Y, por ello, es necesario que lea bien lo que la calle está diciendo.

Hay descontento por el alza de algunos precios, como el pollo y la leche, mercados que tienen pocos jugadores importantes, lo que genera que la determinación de precios, en la práctica, se queden en pocas manos. ¿Cómo hacer, en forma no populista, que los precios bajen? Y, mejor aún, ¿cómo tener empatía con la ama de casa o el padre de familia que ve constreñido el presupuesto por estas subidas? Aquí hay un primer mensaje que preparar.

Un segundo flanco, donde parece que el gobierno sí tiene ya algunas respuestas, es el de la “ideología de género” y la ofensiva conservadora contra todo lo que significa educación sexual e igualdad entre las personas. Hoy el Ministerio de Educación responderá las interrogantes de los padres de familia sobre el nuevo currículo escolar. Pero creo que deben utilizarse, además de las redes sociales, los vínculos reales de las UGEL para poder contrarrestar una campaña que no solo se transmite a través del Whatsapp.

Una tercera cuestión a encarar se vincula con los casos de corrupción en provincia. Las manifestaciones en Juliaca y Andahuaylas de la semana pasada apuntaban a ello. Hoy por la tarde, la Comisión de Integridad entregará al Presidente de la República su informe final sobre esta materia. Sus recomendaciones no deben quedar únicamente circunscritas a los grandes casos de corrupción, sino, ante todo, a aquellos hechos que generan malestar directo en el ciudadano, como la coima para hacer un trámite en cualquier dependencia pública. Deslimeñizar el debate sobre la corrupción es necesario, sobre todo, atendiendo a los antecedentes que ya existen en gobiernos regionales.

Un cuarto tema es la inseguridad ciudadana. Lo ocurrido en Huaycán la semana pasada nos da un indicador que un grupo de agitadores puede ganar a río revuelto, considerando las fallas en la atención de la comisaría de dicha zona de Lima. Un rumor sobre falsos traficantes de órganos, en un lugar de Lima que vive a salto de mata por mala atención policial, puede calar y llevar a la escenificación de un Fuente Ovejuna. Junto con investigar y dar con los causantes de este rumor, resulta indispensable que el Ministerio del Interior comience a colocar varios de sus programas piloto de atención a barrios en Huaycán. Y que el tratamiento de estos casos no se de con los mensajes equívocos transmitidos a partir del descubrimiento de un nuevo testigo en el caso Larcomar.

Finalmente, la atención a los conflictos sociales. Si bien el gobierno demoró en encontrar una persona con olfato y sensibilidad para la Oficina de Diálogo, ello no puede ser cubierto solo con dicha instancia. Se requiere, en suma, más visión política por parte de los ministros, para saber atender las demandas, lo que implica, en algunos casos, aprender a saber decir que No.

Culminada la CADE, es momento que el gobierno deje de lado una zona que le es confortable y comience a hacer política para los ciudadanos. A fin de cuentas, es a ellos a quien se debe.

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A contrario de lo propugnado por algunos economistas del lado diestro - y medios como el diario El Comercio -, el gobierno no se propuso privatizar Petroperú, sino buscar darle una mejor gerencia a la empresa petrolera estatal.

PPK y Fernando Zavala son absolutamente conscientes que vender la empresa sería políticamente poco estratégico y era necesario darle una mejor gerencia a la compañía. De allí que convocaron a un directorio encabezado por el expresidente de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía Augusto Baertl para darle dinamismo a una entidad que venía cuestionada, desde el lado más progresista, por los continuos derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano y, desde algunos sectores de derecha, por su propia existencia.

Pero la gestión de Baertl duró apenas poco más de tres meses. ¿Qué ocurrió?

Hace una semana, el directorio de Petroperú nombró como gerente corporativo y de relaciones comunitarias a Vladimiro Huaroc, exgobernador regional de Junín y excandidato a la segunda vicepresidencia y al Congreso por Fuerza Popular. Huaroc quedó fuera de la contienda electoral por la entrega de dádivas durante su campaña. El aún miembro del equipo técnico de Fuerza Popular señaló hoy a El Comercio que era un consultor y que luego se había decidido su nombramiento, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo aún.

De inmediato, varios integrantes del gobierno hicieron manifestar su descontento. El primero fue el parlamentario Juan Sheput. Pero quien tuvo más fuertes fue Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República y congresista, en una entrevista en Perú.21:

El señor no tiene por qué ser nombrado. No sé ni si quiera para qué lo quieren nombrar. Él cumplió un rol político que no corresponde para un nombramiento en este gobierno. Él dejó de ser candidato a la vicepresidencia por un acto que no era legal dentro del proceso electoral. Hizo trampa.

En privado, refieren personas cercanas al gobierno, Zavala presentó su preocupación a Baertl. El Presidente de la República indicó esta mañana que esa designación tenía que ser chequeada, al menos, por el ministro del sector, es decir, por Gustavo Tamayo. Ante lo que consideraron una intromisión a su autonomía, los miembros del directorio de Petroperú presentaron su renuncia. El gobierno la aceptó casi de inmediato.

Personas cercanas a ambas partes indican que si bien era necesario que un directorio siempre defienda su independencia del poder político, esta vez escogieron la peor batalla para hacerlo, dado que el nombramiento de Huaroc era controvertido en sí mismo.  ”Fue un error designarlo”, nos refiere una fuente con llegada a Palacio y a Petroperú.

Pero no habría sido la única discrepancia que habría motivado la partida del directorio. La República indica que existen sectores en el gobierno que impulsan que Petroperú vuelva al holding de empresas estatales, FONAFE, donde la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas es clave en la toma de decisiones. Si bien Baertl negó esto, todo indica que el gobierno tomará la decisión como parte del paquete de facultades delegadas.

Pero, más allá de estas preguntas, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es el norte que tendrá Petroperú en este gobierno? Hora para que el flamante presidente de la empresa, Luis García Rossell, nos anuncie una respuesta clara.

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La “ideología de género” no existe.

Se trata de una chapa puesta por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas frente a lo que consideran sus demonios: el reconocimiento que existen orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad y que el género es una construcción social que se aprende mediante los distintos procesos de socialización. En la visión de estas organizaciones, se destruirá la célula básica de la sociedad: la familia.

Claro está, estos grupos se refieren a la familia como una nomenclatura donde solo se concibe un tipo de estructura: papá, mamá e hijos. Otros tipos de familia simplemente no existen.Evidentemente, en esta concepción, la sexualidad única y exclusivamente está ligada a la reproducción.

Y, por supuesto, en esta visión, el aborto debe ser absolutamente penalizado, las parejas del mismo sexo no deben ser reconocidas legalmente y, además, se debe atacar a todo aquel que se oponga a esta visión. Principalmente, a la “izquierda marxista”, al “liberalismo anti familia” y, en términos internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas.

Este discurso, que podría habernos parecido confinado a los sectores más recalcitrantes del Partido Republicano, ya se encuentra presente en América Latina. Y básicamente están orientados a dos sectores: salud y educación.

Precisamente, las banderas se han enfocado en los últimos meses a este último campo.

Este es uno de los volantes que, tanto por redes sociales como en las inmediaciones de los colegios, se han venido circulando por estos días. Volantes que no solo son abiertamente homofóbicos, sino también absolutamente mentirosos.

Ayer la periodista y abogada Rosa María Palacios - a quien nadie podría calificar de atea o agnóstica - se dio el trabajo de revisar el Currículo Nacional de Educación Básica aprobado por la actual gestión del Ministerio de Educación. Y la conclusión es clara: estamos ante una lectura abiertamente farisea de un documento políticamente correcto y que, incluso, podría terminar siendo inocuo.

Luego de hacer la misma chamba que Palacios, uno se pregunta en qué mente un sujeto puede imaginarse que impulsar la educación sexual o la no discriminación por causas de sexo u orientación sexual es casi la defunción de la familia. La única razón es que estemos ante un fanático. Y que ese fanático esté tratando de manipular los miedos más básicos en una sociedad que oscila entre el conservadurismo y la indiferencia frente a este tipo de temas para tratar de bajarse al objeto de sus odios: el ministro de Educación.

Por cierto, Jaime Saavedra ya se ha preocupado de aclarar este punto en una entrevista dada a El Comercio el día domingo:

—Ya que hablamos del currículum, ¿por qué es usted agente de una ideología que pone en peligro a la familia?
[Sonríe] La ideología de género me la tendrían que explicar. Lo que sí puedo decir es que queremos que nuestros chicos aprendan e interioricen la igualdad de género. No es que chicos y chicas sean iguales, sino que deben tener los mismos derechos y oportunidades. No podemos decir que las niñas tienen que ser enfermeras y profesoras –ahora, si lo quieren ser, fantástico–, pueden ser bomberas, astronautas o lo que quieran.

—Y si los chicos quieren jugar con muñecas y las chicas con tractores.
En buena hora. En los colegios especiales, en los internados, hay más mujeres que hombres. Lo que sí está mal es que hay más deserción escolar en nuestras chicas y en parte se debe al embarazo adolescente, que no se está reduciendo.

—Entonces, la educación sexual tiene que ser parte del currículum.
Tiene que serlo, las que pagan las consecuencias son las chicas porque ellas son las que desertan.

Como esto no les resultó, los impulsores de esta campaña se han ido por criticar una serie de guías de educación sexual integral donde se contenían una serie de relatos orientadores para discutir estos temas. Pero estas guías estuvieron vigentes durante años sin que nadie dijera nada y, además, ya han sido retiradas de circulación, dado que se tendrán nuevos documentos adaptados al nuevo currículo. Y ahora quieren impulsar una marcha el 16 de diciembre contra el Ministerio de Educación por un documento que no contiene la demonización que dicen tener.

Pero la campaña esgrimida en el Perú no tiene mucha imaginación. De hecho, es un calco de lo ocurrido en Colombia.

Meses antes del plebiscito para el Acuerdo de Paz, el Ministerio de Educación de Colombia lanzó una cartilla para la discusión en la escuela sobre los derechos de las personas con distintas orientaciones sexuales. Si bien el documento no era sustancialmente distinto a aquellos que ya manejaba el Estado colombiano – incluso durante el gobierno de Uribe -, el hecho que la ministra de dicho sector fuera Gina Parody, quien ha hecho público que es lesbiana, provocó los ataques de los estamentos más conservadores de la sociedad de su país. El tema escaló cuando Parody pasó al comando de la campaña del Sí.  Ella renunció luego que el gobierno perdiera el plebiscito, pero esta política de Estado se mantendrá durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Una respuesta a esta campaña la dio Mara Viveros, directora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia:

La expresión “ideología de Género” es una forma tendenciosa de presentar los estudios feministas y de género como una teoría al servicio de una ideología. Esta postura conservadora, que ya se ha expresado en países como Francia, o recientemente en Brasil, defiende un orden “natural” de género, como una verdad absoluta y rehúsa entender la feminidad y la masculinidad como normas culturales sujetas a variaciones históricas.
Ante cambios sustantivos en la sociedad colombiana estos sectores han reaccionado, enarbolando el fantasma de la ‘ideología de género’. para amedrentar a los padres de familia con una supuesta “colonización homosexual” de las aulas por parte de la comunidad LGBTI.
De este modo buscan deslegitimar los conocimientos producidos sobre las relaciones de género y sexualidad y los logros alcanzados, por medio de largas y difíciles luchas del movimiento feminista.
El tema en cuestión nos muestra cuán lejos estamos todavía del punto en que la equidad de género y los derechos sexuales hagan parte del pacto común de la sociedad colombiana.

Como ven, se combatieron los mismos argumentos esgrimidos en Colombia. Pero este no es el único elemento que demuestra el calco y copia de la campaña.

En nuestro vecino del norte, comenzaron a elaborarse videos como este:

Que se parecen mucho a este video que comienza a circular ahora en nuestro país:

No es en vano tampoco que conocidos activistas católicos conservadores, como el sacerdote Luis Gaspar y la periodista Diana Seminario - si, la misma que proponía a Keiko Fujimori convertirse en un símil peruano de Donald Trump -, también hayan retuiteado contenidos contrarios al Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, basados en la monserga de la “ideología de género”. Y también han estado con la misma cantaleta frente al ministro Saavedra. Y lo mismo podríamos decir de varios fujitrolls que ahora han pasado a filas definidamente conservadoras en temas valorativos.

Pero no son las únicas coincidencias colombianas. Ayer el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, reapareció en un evento realizado en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, donde se inició la campaña “con mis hijos no te metas” y se suscribió este documento.

De acuerdo con el video donde aparece Castañeda - quien estaba con descanso médico -, también estuvieron presentes el congresista Julio Rosas (junto a su hijo) y otros parlamentarios, el sacerdote Luis Gaspar, el exparlamentario Humberto Lay, entre otros líderes evangélicos.

Pero también habían dos políticos colombianos en la ceremonia.

(Congresista Ángela Hernández y concejal Marco Fidel Ramírez. Invitados colombianos a evento evangélico de ayer. Foto: Salvemos a la Familia)

La diputada por Santander Ángela Hernández ha sido de las más fervorosas combatientes contra las guías del Ministerio de Educación de Colombia sobre no discriminación por razones de género y orientación sexual. Aunque está en el oficialista Partido de la U, sus simpatías políticas están más cercanas a Álvaro Uribe. Y sus declaraciones en contra de personas homosexuales podrían ser tranquilamente suscritas por el congresista Rosas. De hecho, al leer sus entrevistas, uno puede darse cuenta que es campeona en el “no soy homofóbica, pero…”.

Mientras que el regidor Marco Fidel Ramírez también va por la misma línea. Así le escribió hace unos días al Presidente Juan Manuel Santos, según la revista colombiana Semana:

El tema de la llamada ideología de género también aparece en la carta. Señala el concejal que se introdujeron “conceptos antropológicos y sociológicos que atacan los principios constitucionales de la familia y la crianza de los hijos, tales como ‘diversidad de género’ y ‘orientación sexual diversa’”. Además dice que existe una “imposición despótica para doblegar la institucionalidad colombiana bajo una peligrosa dictadura de la diversidad sexual”.

Al final señala que la paz no será posible ignorando a Dios, excluyendo a los líderes religiosos y cuando atropella el concepto de familia. “Presidente, le ruego respete el ¡No! de los colombianos y le pido, en nombre del pueblo cristiano evangélico que me eligió, que no le haga “conejo” a Colombia, no le entregue el país al comunismo, ni a la corruptora ideología de género”.

Y, de hecho, el famoso hashtag #ConMisHijosNoTeMetas fue ya usado en otras campañas similares en México y Chile. Es decir, todo esto no tiene nada de original.

Y es que en realidad, resulta poco cristiano que ciertos grupos católicos y evangélicos discriminen al prójimo, tal como señala la propia Biblia a la que pretenden anteponer a la Constitución y a la Ley. A esto se le llama fariseismo.

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(El autócrata nicaraguense Daniel Ortega y el aún funcionario de la OIT Virgilio Levaggi en reunión. Foto: La Voz del Sandinismo)

Esta noche, el Instituto Prensa y Sociedad otorgará el Premio Nacional de Periodismo 2016 a Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes durante los primeros meses de este año presentaron la serie Los Abusos del Sodalicio, una serie de reportajes que complementan las revelaciones de “Mitad monjes, mitad soldados”, libro donde se detallaron diversos hechos contra la integridad física, mental y sexual de varios miembros de la entidad católica conservadora.

Precisamente, en la segunda edición del texto publicado por ambos periodistas, aparecida hace algunas semanas, se confirma un dato revelado por este blog: Alessandro Moroni confirmó ante el Ministerio Público que conocía dos denuncias de abusos sexuales presuntamente cometidos por Virgilio Levaggi, exmiembro del Sodalicio que dejó la entidad en 1987.

En esa oportunidad señalamos que:

Según la declaración de Moroni, que Desde el Tercer Piso pudo conocer, el actual superior general del Sodalicio, gracias a su posición, pudo conocer en el 2015 la existencia de dos denuncias de abusos sexuales presuntamente cometidos por Levaggi hace aproximadamente 30 añosLas dos personas, según señaló Moroni, eran mayores de edad al momento de ocurridos los hechos. Uno de ellos pertenecía, de acuerdo al dirigente sodálite, a la organización cuando sucedieron estos acontecimientos.

En la página 322 de “Mitad monjes, mitad soldados”, se consigna el siguiente testimonio de Moroni:

Pero no es el único miembro del Sodalicio que sindica a Levaggi como presunto autor de abusos sexuales. José Ambrozic, vicario general de la institución, es decir, el número 2 de la organización, también indicó tener conocimiento de dichas acusaciones. Aquí se consigna lo señalado en la página 321 del libro de Salinas y Ugaz:

Es decir, ya son tres los miembros de la dirigencia sodálite que conocían las acusaciones contra Levaggi: Moroni, Ambrozic y el propio Luis Fernando Figari, principal acusado en la investigación que se sigue ante el Ministerio Público.

Pero hay una cuarta persona que también sabe de estas versiones.

(Padre Jaime Baertl, sacerdote sodálite, con mucho conocimiento sobre la institución. Foto: Sodalicio de Vida Cristiana)

Como indicamos en octubre pasado, Salinas mencionó en una columna en El Comercio en respuesta a Fernando Vidal, encargado de comunicaciones del Sodalicio, el siguiente pasaje:

Concretamente, en 1989, Baertl me confesó en sus oficinas de Lizardo Alzamora, en San Isidro, que en 1986 descubrieron el caso de un jerarca sodálite, muy cercano a él, involucrado en por lo menos un evento de abuso sexual, aprovechando su condición de director espiritual. Entonces Baertl me dijo que se trató de “un hecho aislado”, del cual “no tenían conocimiento”. ¿Les suena el sonsonete?

Lo curioso es que al predador jamás lo expulsaron. Lo aislaron en una suerte de ‘retiro’ –como hicieron años más tarde con el pederasta sodálite Jeffrey Daniels– y le dieron cobijo y protección. Nunca lo denunciaron ante alguna autoridad civil, y el líder sodálite se fue, ya adivinarán, cuando quiso.

Hacia dentro se informó artificiosamente que “había faltado gravemente a la obediencia”. Como cuando comunicaron internamente que estaban cerrando la causa de la beatificación de Germán Doig “porque no alcanzó las virtudes heroicas”, y la verdad era otra, más truculenta. Tal cual.

Como indicamos en nuestro post, la alusión de Salinas era al caso Levaggi. Dos testimoniantes de presuntos abusos sexuales que habrían sido cometidos por él decidieron no aparecer en el volumen de los periodistas antes mencionados. El aún funcionario de la OIT ha negado dichas acusaciones. Sin embargo, otros testimonios sobre situaciones extrañas que aluden al exmiembro del Sodalicio de Vida Cristiana aparecen con seudónimo en el texto, como ha resaltado el exsodálite Martin Scheuch.

Precisamente, Scheuch acusó al padre Baertl por una inconducta. Relata Salinas:

Matías, uno de los testimonios de “Mitad monjes, mitad soldados” (Planeta, 2015), comenta un incidente ocurrido en 1979, “cuando su consejero espiritual era B. Matías narra que, de súbito, B interrumpió la conversación que sostenían para pedirle algo insólito. ‘Me ordenó que me desvistiera por completo y me pidió que abrace una enorme silla que había en la sala donde estábamos, y que fornicara con ella. En realidad, simulé que le practicaba el coito. De hecho, me sentí bastante incómodo. Sentí que se me estaba haciendo violencia interior’”.

Bueno. Para ir directo a uno de los puntos requeridos por Fernando Vidal Castellanos, superior regional del Sodalicio en el Perú, formulados en esta misma página, les cuento que Matías es el sodálite Martín Scheuch. Y B es nada menos que el sacerdote sodálite Jaime Baertl, quien, hasta donde sabemos, ha conocido y solapado y ocultado y desmentido casos de inconductas sexuales producidos al interior de su institución.

A pesar de ello, Scheuch ha sido maltrado nuevamente por el Sodalicio, que le ha negado una reparación. Cuenta el autor de “Mitad monjes, mitad soldados” en una columna aparecida hace dos semanas:

Una carta del 9 de noviembre le informa a Scheuch que el “Comité de Reparaciones” (cuya existencia es nueva para quienes hemos sido parte de este “proceso” y cuyos integrantes son absolutamente desconocidos para la opinión pública) no lo considera como “resarcible” o “reparable”, si caben ambos términos. Tal cual.

¿Por qué la protección a Baertl? Tal vez dos datos sean claves para entenderlo.

Como reveló uno de los reportajes por los que Salinas y Ugaz serán premiados esta noche, el sacerdote sodálite es el hombre clave de las finanzas en el Sodalicio. Participa en el manejo de empresas que procuraron domicilios de lujo para Luis Fernando Figari, así como en los intereses educativos, inmobiliarios y hasta funerarios de la organización.

Y como pocos conocen, Baertl tiene conexiones políticas clave. La más notoria es la del expresidente Alan García. Como reveló la publicación Ellos y Ellas, al final del segundo gobierno aprista, en la capiilla de Palacio fue bautizado Federico Dantón García Cheesmann, hijo menor del exmandatario. El sacerdote encargado de la ceremonia fue Baertl. Asi lo reportó Panamericana Televisión.

Pero no es el único favor de Baertl hacia García. Al revisar el calendario de festividades de la Virgen del Carmen en 2009, nos topamos con lo siguiente:

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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Contra todo pronóstico, el ministro de Defensa Mariano González fue el primero en salir del gabinete encabezado por Fernando Zavala. Una discreta gestión de cuatro meses terminó en medio de un escándalo.

Como ya es conocido a esta hora, anoche Panorama presentó un reportaje en el que revelaba que Gonzáles había ascendido en cuatro días a la abogada Lisette Ortega Orbegoso, quien se desempeñaba como asesora del Viceministerio de Políticas para la Defensa, para apoyar a su despacho. Si bien Ortega cumplía con los requisitos para estar en un puesto de alta dirección - es Doctora en Derecho por la UNMSM y ha trabajado en entidades públicas - existía un problema ético: un mes después de comenzar a trabajar directamente con el ministro, ambos funcionarios iniciaron una relación sentimental.

El problema es que el Código de Ética de la Función Pública plantea que:

Si ya esto constituía una situación delicada, el ministro se complicó la vida en su presentación en vivo en Panamericana Televisión. Si bien anunció que su asesora y pareja renunció el viernes pasado, antes de hacerlo, se mandó con una frase de antología: “Yo no he cometido ningún acto de corrupción, lo que he cometido es un hecho de amor. Me he enamorado y eso no es un delito. El único delito que he cometido es haberme enamorado de una maravillosa mujer”. Frase que fue motivo de un festival de risas en redes sociales.

Por la mañana, González tuvo que renunciar. Según indicó Zavala este mediodía, él y el Presidente de la República le solicitaron la dimisión. PPK fue claro en referirse a su excolaborador: “yo también creo en el amor, pero no a costa del Estado”. Sin embargo, el ministro se fue deslizando un reglaje por parte de aparatos de seguridad estatal.

A nuestro criterio, la situación de González era insostenible en el gabinete. De un lado, porque el escándalo en sí mismo y su respuesta eran suficientes para dejarlo sin sostén al interior del equipo ministerial. De otro lado, porque resultaba (por lo menos) ingenuo que el principal encargado de la seguridad exterior del país pueda ser filmado con total facilidad, sin tomar precaución alguna.

De hecho, la afirmación del exministro sobre un seguimiento ha desatado toda serie de especulaciones sobre la posible autoría del video (que llegó a Panorama vía fuente anónima, según indicó su directora y conductora Rossana Cueva): desde miembros de la seguridad del MINDEF, hasta integrantes de la DINI y aparatos de seguridad privados puestos al servicio de políticos de oposición (ver post de Laura Grados al respecto). Lo cierto es que, para variar, cuestiones vinculadas a la inteligencia estarán de nuevo sobre la palestra.

Pero la salida del ministro de Defensa también representa una oportunidad. Como sugiere Javier Torres Seoane, dado que el relevo se realizará a mitad de semana - cuando el Presidente de la República retorne de su visita oficial a Chile -, puede ser un buen momento para pensar en algunos enroques dentro del gabinete. El antropólogo y analista señala que “Una ventaja es que el actual ministro de Educación tiene las suficientes capacidades para ser la cabeza de más de un sector, mientras que hay por lo menos un par de ministros que podrían ocupar las carteras de Educación y Defensa, lo cual garantizaría- en ambos casos- una continuidad con las políticas del gobierno en ambos sectores”.

En otras palabras, se pueden hacer una serie de movidas que salven a Jaime Saavedra de una (injusta) censura y, a la vez, garanticen la continuidad de las reformas educativas con las que el gobierno está comprometido.

Como dicen los chinos, crisis puede sonar a oportunidad. Veamos si Palacio de Gobierno la aprovecha.

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Nadie encarnó mejor la metáfora de George Orwell en Rebelión en la Granja que Fidel Castro. El nacionalista que se levantó en oposición a una dictadura títere de Estados Unidos terminó encabezando la autocracia más longeva de América Latina. Y se convirtió también en la figura símbolo de la Guerra Fría en la región.

Cuba fue de los últimos países en independizarse de España y, desde que se convirtió en un Estado, tuvo una relación bastante compleja con EE.UU. De un lado, gobiernos que respondían directamente a los intereses norteamericanos. Del otro, un creciente nacionalismo. La revolución contra Batista no podría explicarse de otra manera. Y por ello cobró el aura mítica que tiene hasta hoy, incluso para detractores de lo que vino después.

La forma tan torpe como el gobierno de Eisenhower trató a Castro tampoco. Y, en medio de la Guerra Fría, Cuba decidió dar un salto hacia adelante, no solo enrumbando lo que era inicialmente un movimiento armado nacionalista hacia el marxismo, lo que generó tanto el fiasco de los levantamientos contra Fidel impulsados desde Washington, como la crisis de los misiles que nos puso al borde de una guerra nuclear.

El bloqueo económico es un hijo de aquel tiempo y lo que generó un aura de romanticismo para cierta izquierda sobre lo que fue el dictador. A ellos se sumaron los indudables avances en la cobertura de salud y educación que durante muchos años pudo exhibir la isla y que hoy están en cierta retirada.

Y, al mismo tiempo, Castro hacía lo que todo dictador hace: matar o encarcelar opositores, perseguir escritores - recuerden el caso de Heberto Padilla (primero secuestrado y luego declarando una autocrítica que envidiaría Stalin) y la ruptura que supuso para varios, comenzando por Mario Vargas Llosa -, reprimir a los disidentes y a los homosexuales, así como a las manifestaciones culturales que veía como opuestas a su nueva ortodoxia.

El más duro golpe que sufrió fue la caída de la Unión Soviética, lo que inauguró lo que en la isla se conoce como “periodo especial”, quizás el único periodo donde la dictadura estuvo a punto de tambalearse. Pero creo que Fidel comenzó a ver que otro camino iba a ser necesario para mantenerse en el poder: iniciar tímidos avances para ciertas reglas de mercado en determinadas áreas de la economía. Una tarea que Raúl Castro ha comenzado a profundizar.

Al mismo tiempo, la caída del Muro de Berlín y el colapso de los socialismos europeos generó que la izquierda que monolíticamente lo idolatraba viera determinadas fisuras. Por solo citar dos ejemplos, este era un tema en el que Javier Diez Canseco y Susana Villarán jamás concordaron, por remitirnos al ámbito interno. Y en una izquierda poco sospechosa de ser precisamente garante de la autocracia, como la chilena, solo recién después de un incidente en torno a la salida boliviana al mar, Michelle Bachelet pudo cerrar cualquier tipo de entendimiento con Fidel Castro. Y en privado, muchos de quienes decían defender “el proceso cubano” o resaltaban sus avances en salud y educación admitían que dicho modelo no podía exportarse a sus países.

Castro fallece una década después de haber dejado el poder, en medio de un proceso complicado. La apertura de relaciones diplomáticas abiertas con Estados Unidos (las mantuvieron secretas y en negociación permanente con la potencia durante cinco décadas) tenía la esperanza de generar mayores ingresos para la isla. La pregunta es si la política aislacionista de Donald Trump y la visión dura de ciertos sectores del Partido Republicano terminará liquidando estos avances.

Pero, al mismo tiempo, pocos se hacen esperanzas sobre un retorno a la democracia en la isla (a pesar que me encuentro entre quienes espera que Cuba sea libre algún día). Los Castro buscan salir hacia un tipo de régimen que mezcle cierto grado de apertura económica con el mantenimiento de un régimen que seguirá teniendo severas restricciones políticas (¿Alguien dijo Vietnam?). Obama era consciente de ello al decir que habrían temas en el que se mantendrían diferencias.

¿Qué quedará del legado de Castro? Dudo que la historia lo absuelva. El revolucionario murió en un tiempo en donde la lucha armada está desprestigiada (felizmente) y cuando vivió lo suficiente para convertirse en un dictador como el que decía combatir. Y los ideales de independencia y soberanía frente a la principal potencia mundial probablemente sean mejor encarnados, a la luz de la distancia temporal, por otros personajes (como José Martí, por ejemplo). Lo lamentable es que nunca pagó por sus crímenes, como Pinochet.

Como recoge Jeremías Gamboa en una reciente crónica, un disidente cubano decía esto sobre lo que finalmente ocurrió anoche: “Fidel está en el imaginario colectivo y hay que hacer un trabajo de duelo: el que quiera llorarlo que lo llore, el que quiera brindar con champán que lo haga y el que quiera brindar con champán y llorar a la vez, también, porque la muerte de un líder así siempre genera ambivalencias. Es necesario higienizar el imaginario cubano y este hombre en la agonía, medio podrido y medio vivo, no contribuye a la higiene mental de ese imaginario”

Finalmente, no olvidemos que todas las dictaduras se terminan pareciendo, por más que esgriman signos económicos distintos.

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(En sus horas díficiles. Foto: Perú.21)

Comenzaré por el final. Creo que las políticas emprendidas por el ministro de Educación Jaime Saavedra son, en varios aspectos, lo que la educación peruana necesita. Ello no lo debe exceptuar de críticas, las mismas que tampoco deben convertirse en el pretexto para bajarse sus reformas.

Nos explicamos.

Es claro que el ministro Saavedra ha pisado callos con tres políticas claras: reforma e implementación de la carrera pública magisterial, reforma del sistema universitario (a la que se sumará el de institutos) y el nuevo currículo escolar. Como ya hemos mencionado en este blog hace unas semanas, hay hartos grupos de intereses que le tienen tirria al ministro:

  • El APRA y el fujimorismo, varios de cuyos miembros le tienen tirria porque el proceso de licenciamiento ejercido por el SUNEDU dejaría fuera de competencia a las universidades que algunos de sus miembros controlan. Además, el APRA no perdona que Saavedra haya mejorado e implementado la Ley de Carrera Magisterial que ellos aprobaron y que tenía varios defectos que fueron corregidos.
  • Algunos rectores que buscan ser, nuevamente, juez y parte, tratando de ingresar al SUNEDU, a través del proyecto de Ley presentado por Javier Velásquez Quesquén.
  • Propietarios de colegios privados que quieren evitar que el Ministerio de Educación avance en una cuarta reforma: una regulación sobre ellos, más allá de las cuestiones de competencia que ya veía INDECOPI.
  • Y, last but not least, un sector conservador de la Iglesia Católica e iglesias evangélicas que cree que la incorporación de contenidos vinculados a la discriminación por razones de orientación sexual y contra el machismo es la avanzada de la “ideología de género” para “destruir la familia”. Encima, se copian los mismos argumentos que esgrimieron los mismos sectores en Colombia.

Todos estos sectores - juntos pero no revueltos - han buscado una única salida: sacar a Saavedra para que estas políticas se vayan al diablo. Y han lanzado dos globos de ensayo para ver si les liga. Ambos con el mismo motivo: tratar de enlodar al ministro.

En un país donde al padre de familia le importa poco si es que la educación es pública o privada mientras le garantice a su hijo un empleo, o donde el tema de la educación sexual es delegado en la escuela para todo efecto práctico (salvo honrosas excepciones), el único flanco que le podía caer al ministro era el del principal evento deportivo a realizarse en 2019: los Juegos Panamericanos.

Saavedra pudo enfrentar bien el temporal. La organización de los Juegos se reordenó. Se ratificó la sede en Lima y, esta semana, se expidió la norma que permite acelerar las obras destinadas para la realización del mencionado evento deportivo. La cola del asunto ha sido unos audios atribuidos a Francisco Boza, así como acusaciones del excongresista Daniel Abugattás que han motivado la amenaza de una querella por difamación al exparlamentario. Pero, por ahora, este flanco parece haber sido relativamente conjurado.

El problema es que se le ha abierto otro. Un informe presentado el domingo por Panorama reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado irregularidades en la adquisición de computadoras para colegios. Parte de los pagos hechos por el MINEDU culminaron en manos de personas insolventes. Los indicios apuntan a que la trama comprometería a la exjefa del programa de Donación de Materiales Educativos del Ministerio, Ruth Marina Vilca, quien debió renunciar al cargo por la denuncia. Para la adquisición, se empleó un sistema de contrataciones denominado “convenio marco”, a partir del cuál se evita una licitación pública y el funcionario encargado puede comprar a través del catálogo del portal Perú Compras.

Según nos refirió una fuente que conoce del tema contrataciones, si bien el “convenio marco” puede servir para algunos tipos de adquisiciones, no es la modalidad más recomendable para la compra de bienes más sofisticados. Otra persona que conoce bien el sector Educación nos indicó que se podían haber adquirido mejores máquinas que las que se compraron.

Desde el Ministerio de Educación, la versión oficial es que no tienen injerencia ni decisión respecto a la generación de acuerdos marcos ni sobre la selección de los proveedores que ofertarán sus productos y servicios a través de los catálogos electrónicos de Perú Compras. En esa línea, refieren también que las Entidades se encuentran obligadas a consultar los catálogos electrónicos de acuerdos marco de manera previa a la contratación de un bien o servicio y que, si se cumplen con las condiciones, la entidad estará obligada a contratar. La adquisición de computadoras a través de esta modalidad es obligatoria, de acuerdo a lo que hemos podido conocer, a partir de 2013. Y que, al conocer las presuntas irregularidades sobre el destino final del dinero, pidieron a Contraloría que investigara el tema, a pesar que se adquirió la oferta más barata.

Ante la bataola de críticas, Saavedra ha pedido asistir al pleno del Congreso, pero el fujimorismo buscaría su interpelación. De acuerdo a una de nuestras fuentes, Fuerza Popular buscaría que otra bancada presente el pedido, para luego apoyar con las firmas y “algún otro favor adicional”. Al mismo tiempo, en el gobierno ya están defendiendo a Saavedra, sobre todo, desde el ala tecnocrática liderada por Fernando Zavala.

No cabe duda que la denuncia es complicada y que, desde el Ministerio de Educación, es necesario que expliquen esta contratación y cómo se les pudo colar una funcionaria con serios problemas. Ya Saavedra comenzó una serie de entrevistas en esa línea. Y resultará necesario que se presente ante el Congreso.

Sin embargo, también es claro que el tema será aprovechado políticamente. Como ha referido hoy Rosa María Palacios:

Este ataque viene con fuerza y el tema de fondo es la reforma universitaria. Reforma que defiende los intereses de los alumnos y sus padres a tener una educación de calidad y no ser estafados con un título que no sirve para nada. Pero los mercenarios de la educación han puesto su dinero en todas las campañas políticas. Y vienen a cobrar. No esperarán nada para tomar por asalto la Sunedu y volver a entregar a los rectores su propia supervisión como propone el proyecto aprista de Velásquez Quesquén.

¿Pretenden disimular su asalto con una pantomima mas? Si. ¿Pueden censurar al Ministro? Si, tienen 72 votos mas 5 apristas.  ¿Puede aprobar leyes que destruyan a Sunedu? Pueden, tienen los votos. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué quieren buscar una elaborada denuncia de corrupción contra Saavedra?

Por que tienen miedo.

Miedo a que se les vea el fustán, Miedo a que todo el país sepa cual es el verdadero y  vil interés detrás de esto. Miedo a que el Presidente se harte de esos jueguitos y haga cuestión de confianza, del gabinete, la presencia de Saavedra. Ahí los quiero ver. Censuren pues. Y que vaya una. A la segunda, chau.

El gobierno debe estar listo para el embate. Pero, sobre todo, para defender políticas educativas que van en la línea correcta y que, más allá de correcciones puntuales (lean la columna de Lauer de hoy), requieren continuidad. Al mismo tiempo, en el MINEDU deben tener claro que es necesario hacer política para defenderse, así como la necesidad de corregir errores en contrataciones y ajustar los flancos de política pública más débil. Esta sí es una batalla que donde Zavala y su equipo deben comprarse el pleito a fondo.

La educación peruana no resiste más estafas. Menos aún que sus mercenarios vuelvan a tratar de coparla.

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