Este ha sido un año en el que los gobiernos subnacionales - regionales y municipales - han constituido uno de los ejes centrales de la discusión pública. No solo por el proceso electoral del 5 de octubre (y que, en algunas regiones, tendrá una segunda vuelta), sino también por los casos de corrupción que involucran a varios presidentes regionales, hechos que han evidenciado tanto problemas en los mecanismos de control, como la forma en la que se viene haciendo política en torno a estos niveles del Estado.

Mauricio Zavaleta acaba de publicar Coaliciones de Independientes (Lima, IEP, 2014), texto que considero fundamental para dar respuesta a una pregunta que viene rondando en la cabeza de los científicos sociales - especialmente, los politólogos - desde hace algunos años. Si el Perú no tiene un sistema de partidos consolidado (o se discute su propia existencia), ¿cuáles son las organizaciones políticas realmente existentes en el país, sobre todo, en los niveles regionales y municipales?

Sin perder la rigurosidad académica y contando con una metodología clara, Zavaleta nos presenta una hipótesis constatable en la realidad. En nuestro país, la política regional y local se articula a través de coaliciones poco estables de políticos para un fin exclusivo: acceder a un cargo público. No existe una línea programática e ideológica entre ellos y lo que los hermana es la capacidad de poder obtener recursos y/o reducir costos para poder afrontar con éxito las campañas políticas.

Prima la presencia de un líder carísmático capaz de articular un emprendimiento político, candidatos atractivos en las diversas provincias, operadores bajo alquiler (que varía dependiendo de la región o del tamaño de la circunscripción), empresas (generalmente vinculadas a los líderes de estas coaliciones) que aportan la logística económica y medios de comunicación (sobre todo radios) para difundir sus mensajes, sean propuestas o contracampañas contra sus opositores.

¿Existen excepciones a esta regla? Sí. Zavaleta da cuenta de la existencia de algunas agrupaciones en determinadas regiones que tienen un nivel algo más alto de sofisticación por determinadas circunstancias. Sea por la poca comunicación intrarregional (Nueva Amazonía en San Martín) o por la presencia de un partido nacional fuerte (Alianza Para el Progreso en La Libertad como alternativa al APRA), se cuenta con mayores incentivos para contar con organizaciones algo más duraderas. Sin embargo, el autor no se arriesga en llamarlos partidos consolidados, debido a que cuentan con importantes limitaciones tanto para dar un paso más allá en lo nacional, como por la dependencia de un líder carismático que no tiene posibles reemplazos.

¿Dónde se encuentra lo más valioso de la publicación? Creo yo que existen varios méritos. Uno es el ya anotado por Eduardo Dargent: Coaliciones de Independientes logra darle nombre, forma y descripción a un fenómeno que sólo veíamos fragmentariamente o a través de otras categorías. Finalmente se cuenta con un concepto a través del cual podemos definir, en términos reales, cómo se hace política en el Perú a nivel subnacional. Y ojo, no solo a ese nivel. Al final del libro Zavaleta da cuenta sobre cómo los líderes de estas coaliciones - sobre todo, los que quedaron en segundo lugar - son vistos como atractivos por los partidos (o membretes) nacionales, con miras a armar las listas al Congreso en todo el país. Veamos nomás como se conformaron las listas parlamentarias del Partido Nacionalista, Fuerza Popular o Perú Posible y varios nombres que aparecen en esta publicación se repiten.

En segundo lugar, nos da cuenta sobre los retos para los partidos nacionales o que desean tener mayor capacidad de organización. Zavaleta no solo cuenta casos “exitosos”, sino también muestra como aún resulta difícil construir una institución partidaria nacional a partir de movimientos o coaliciones regionales. El caso del Partido Democrático Fuerza Social es el mayor ejemplo que aún no se logra esa conjunción y que, por el momento, este tipo de liderazgos no pueden dar el salto hacia la cancha nacional en forma independiente. Y lo mismo ocurre con aquellas agrupaciones con mayor capacidad de organización en Lima que no pueden ganar en el interior del país.

Finalmente, y aunque no es el tema del libro de Zavaleta, el panorama presentado nos muestra cuáles son algunas de las causas que nos han llevado a casos como los de César Álvarez. La respuesta no solo se encuentra en la carencia de controles institucionales, las fallas en el sistema de justicia o la codicia de autoridades y empresarios por hacer negocios a costa del erario nacional. También se produce porque existen fuertes incentivos para no tener organizaciones consolidadas: dos operadores, un par de programas de radio, una fuerte inversión empresarial y la inexistencia de una idea fija de nación o región en estas agrupaciones lleva, literalmente, a cualquier persona a tentar cargos importantes, con literalmente cualquier interés financiando la campaña y con cualquier periodista alquilando su posición política al mejor postor.

El autor cumple, finalmente, en describirnos los síntomas. Queda en manos de nosotros idear las soluciones. Estamos ante un trabajo imprescindible para entender la política peruana de hoy.

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Esta semana Alberto Fujimori ha vuelto a estar en boca de todo el mundo. Vayamos por partes para entender lo que, a todas luces, es una clara muestra de humor involuntario tanto producido por él como por su partido. La misma que, además, puede tener repercusiones sobre el futuro político de Fuerza Popular.

El viernes pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió confirmar la resolución que denegaba el arresto domiciliario al reo de Barbadillo. El motivo era claro: no existe la prisión domiciliaria para personas que se encuentran sentenciadas.

El domingo, provocadoramente, Rosa María Palacios se preguntaba lo siguiente en su columna:

Si los fujimoristas quieren que Fujimori cumpla su condena en casa, lo primero que tienen que hacer es presentar y debatir la modificación de la ley penal. ¿Por qué no lo hacen? He ahí el misterio. Sería muy fácil, con la cantidad de votos que tiene hoy el fujimorismo en el Congreso (y que tuvo en el Congreso pasado), aprobar una ley en la que todos los presos mayores de 75 años –cuya falta de peligrosidad social puede ser garantizada y su estado de salud lo amerite– puedan solicitar arresto domiciliario.

Al día siguiente, Fujimori sufría una nueva derrota. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein, decidió declarar improcedente el recurso de revisión de la sentencia que condena al exautócrata a 25 años de prisión. ¿La razón? No se presentaron pruebas nuevas que ameriten que una resolución impecable pueda ser revisada nuevamente.

Ayer, William Paco Castillo, abogado del autócrata, fue al programa de Palacios, quien le hizo la pregunta sobre el tema legislativo en torno a la prisión domiciliaria. Castillo dijo que tenía un proyecto de Ley listo y, entusiastamente, vía Twitter (y luego, vía telefónica), la congresista Leila Chihuán señaló que acogería el mismo para ser sometido a consideración de la bancada.

Durante el día, se armó la polémica. En redes sociales, varios usuarios se manifestaron en contra de cualquier concesión que suponga, por más genérica que sea, cualquier tipo de salida de Fujimori de la prisión (dorada) que tiene. Asimismo, parlamentarios de otras bancadas, como Mauricio Mulder, se mostraron en contra de “una norma con nombre propia”. Mientras tanto, en el fujimorismo, Luisa María Cuculiza estaba entusiasta con la propuesta, mientras que Pedro Spadaro y Julio Gagó se mostraban más cautelosos.

Hoy en la mañana, la cuestión volvió a fojas cero. En Exitosa, Carlos Tubino anunció que no se presentaría ningún proyecto sobre prisión domiciliaria para condenados adultos mayores, respetando una decisión “tomada por la familia” y comunicada ayer en reunión de bancada, en la que estuvo presente Keiko Fujimori. A los pocos minutos, en la misma emisora, Cuculiza continuaba entusiasta con la propuesta legislativa, pero una vez que RMP le dijo que ya había un acuerdo de bancada (a cuya reunión la exalcaldesa de San Borja no había acudido), dijo que se debía “respetar lo decidido”. Ya a esa altura del día, solo quedaba soltar la carcajada.

Al mediodía, Alberto Fujimori envío vía Twitter uno de sus famosos mensajes. Casi un homenaje a Camilo Sesto:

Parece que no le habían comunicado al “líder histórico” de Fuerza Popular la decisión tomada en la bancada.

Para completar la figura, Kenji, esta tarde, se mandó con el siguiente mensaje:

Pido q no se siga jugando c las expectativas y salud d mi padre: a nuestros rivales politicos y a quienes no siendolo fungen d tontos utiles

A esta altura del día, solo quedan dos hipótesis, no contradictorias entre sí: a) los Fujimori Higuchi no quieren hacerle caso al abogado de su padre, quien claramente es el principal vocero público de una corriente “albertista”; y b) los líderes de Fuerza Popular quieren tener, claramente, como “victima” a su “líder histórico” para la campaña de 2016. Sumen a ello que cada fin de año siempre el fujimorismo busca la liberación del autócrata y tenemos el circo completo.

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Juan Carlos Rivera Idrogo, conocido en el entorno de la campaña nacionalista del 2011 como “Chocherin”, ha resultado una caja de Pandora. Resumamos, hasta el momento, que es lo que se ha descubierto sobre él y cuáles son las líneas de investigación en la que se debería incidir.

LA CAMPAÑA

Rivera Idrogo ha sido aportante a la campaña de Humala en el 2011. Pero no fue su única función. Según correos mostrados por Panorama, se encargaba de planificar todo lo concerniente a la pauta publicitaria de Gana Perú durante dicho proceso electoral.  Para ello, usó la empresa Imacom Perú.

Y ya en el gobierno, como recuerda Utero.pe:

en el 2012, la periodista Zarella Sierra publicó en Perú21 que la empresa Imacom ganó en con­sorcio una licitación por 7 millones 887 mil 834 soles del Banco de la Nación, en un polémico concurso que se anu­ló porque la empresa presentó facturas falsas.

Así, una primera línea a investigar se ubica en los vínculos pasados y presentes de Rivera Idrogo con el entorno que estuvo presente en la campaña electoral y si el mismo le permitió obtener uno o más contratos con el Estado.

ANTALSIS

En el 2012, “Chocherín” se convirtió en el gerente de Antalsis, reemplazando a Rodrigo Arosemena. Como sabemos, Martín Belaúnde Lossio enviaba correos sobre obras vinculadas a esta empresa a distintas autoridades de algunos gobiernos regionales. Peor aún, la compañía de capitales españoles no ha cumplido con la ejecución de algunas obras y varios de sus contratos fueron resueltos por estos incumplimientos. Hasta aquí, la cuestión ya complica bastante a Rivera Idrogo, quien probablemente sea incluido en las indagaciones sobre el caso Belaúnde Lossio, pero un dato presentado ayer puede ser el hilo de la madeja de un caso mayor.

LAS VISITAS A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PCM

Ayer Utero.pe señaló que Rivera Idrogo visitó Palacio de Gobierno 33 veces. Pero no iba precisamente a hablar con Ollanta y Nadine, sino a la Oficina Central de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (que funciona en una de las alas de la sede presidencial). Varias de las reuniones son autorizadas por la jefa de esta unidad, Blanca Rosales, quien también estuvo coordinando varias labores vinculadas a prensa durante la campaña presidencial de 2011. El otro dato importante es que:

se puede observar que Rivera Ydrogo sostuvo varias reuniones con la asesora legal de la Oficina General de Comunicación Social, Claudia Sánchez. Con ella tuvo sus dos últimas visitas consecutivas registradas, el 12 y 13 de agosto del presente año.

La Oficina Central de Comunicación Social de PCM es la encargada de delinear las políticas informativas del Poder Ejecutivo y de ver las líneas matrices de la publicidad de los Ministerios y la Presidencia de la República. Se trata de una unidad bastante delicada y que, ojo, ya ha merecido cierta lupa en el pasado. Hace un año, Francesca García contaba en Velaverde lo siguiente sobre el peso político de Blanca Rosales:

Blanca Rosales, jefa de la Oficina General de Comunicación Social de Palacio de Gobierno, administra el presupuesto para publicidad, campañas masivas y estrategia de comunicación a través de los medios del Estado. “Es el puesto anhelado”, comentó una persona de Palacio, aludiendo a la gran cantidad de fondos destinados a ese fin. La influencia de Rosales –mujer de confianza desde la campaña electoral de Humala y Heredia– llega a la secretaría de prensa de Palacio de Gobierno, la agencia Andina, el diario oficial El Peruano y TVPerú. Málaga, señalan otras fuentes, decidió quedarse en el cargo luego de la anuencia de Rosales y le habría solicitado consejo cuando fue citada el 17 de abril al Congreso para responder sobre las transmisiones de Canal 7 de las actividades de la primera dama.

Rosales ha quedado como la mujer fuerte de las comunicaciones del Ejecutivo y Sánchez es su principal apoyo legal y también administrativo. Esta última funcionaria, hasta el momento, no ha dado explicaciones sobre las reuniones sostenidas con Rivera Idrogo. Sin embargo, la OGCS tiene ya una versión oficial sobre el tema. Vía El Comercio:

Este Diario consultó fuentes del Ejecutivo sobre cuál era el motivo por el que Ydrogo acudía a esta oficina. Según dijeron –sin entrar en detalles–, él era el enlace entre algunas agencias de publicidad y el gobierno. “Venía a presentar sus ofertas de publicidad”, se señaló.

Sin embargo, otras fuentes señalaron que periódicamente Blanca Rosales convocaba a los jefes de comunicación de diversos ministerios y entidades del Estado para reunirse con Rivera Ydrogo y definir las estrategias de imagen de sus respectivas oficinas.

Rivera, quien fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Ollanta Humala, habría sido el principal vendedor de la empresa Central Media S.A.C. y entre sus clientes tenía al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado.

Rosales reconoció que Central Media S.A.C. es una de varias empresas de publicidad con las que contrata la Oficina de Comunicación Social del Gobierno.

Y he aquí un tema por indagar. Dado que se ha reconocido que Central Media es una de las empresas con las que se contrata para la comunicación estatal, la pregunta a dilucidar es si esto se debió a la cercanía de Rivera Idrogo con el entorno de la campaña electoral de 2011 o si compitió limpiamente. Dato adicional: Central Media también hizo la “Elaboración del Resumen Ejecutivo del Plan de Medios y detalles de la Pauta de Publicidad para la Difusión en los diversos Medios de Comunicación” para el Congreso de la República, durante la gestión de Víctor Isla. La recepción de la orden de pago fue firmada por Rivera Idrogo.

Finalmente, otro tema a aclarar es la denuncia hecha por el consultor en comunicación institucional Juan Carlos Ruiz en su columna en Exitosa Diario, hace algunas semanas:

Se trataría de un verdade­ro faenón publicitario, cuyos montos lo convierten en el más grande de nuestra historia repu­blicana. Supongamos que este gobierno haya invertido en pu­blicidad una suma que superaría los S/. 1,000 millones desde 2011. Supongamos que los medios de prensa beneficiados hayan de­vuelto en comisiones cerca del 20% de esta inversión, y que los operadores del gobierno hayan hecho un trato con las centrales de medios para recibir el 95% del retorno de inversión publicita­ria. Esto significa que existirían 190 millones de soles que andan dando vueltas por allí.

Así, la Oficina Central de Comunicación Social de la PCM, que ya ha anunciado que pedirá una auditoría sobre todos los contratos de publicidad estatal, tendrá varios temas por explicar en los siguientes días.

(Foto: Utero.pe, captura de pantalla de Panorama)

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Durante varios años, el magistrado supremo Javier Villa Stein ha tenido expresiones agraviantes en contra de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.  No vamos a repetir aquí las mismas, pero quizás sí sea necesario expresar al público lector de este blog las razones por las cuales existe esta situación.

En primer lugar, desde que el señor Villa Stein asumió como magistrado supremo (hace 10 años) se cuestionó que, en sus opiniones como abogado, tuviera interpretaciones jurídicas que favorecían a los procesados y sentenciados por corrupción que pertenecían a la organización criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En general, el magistrado ha tenido interpretaciones jurídicas bastante sui generis.

Por ejemplo, cuando le tocó revisar la sentencia sobre el caso de la cúpula de Sendero Luminoso, se inclinaba por la tesis de la coautoría antes que por la autoría mediata en el caso de Abimael Guzmán, pese a que esta última describía mejor el tipo de organización que era Sendero Luminoso.

Y en los casos de corrupción, el Instituto de Defensa Legal ha indicado lo siguiente:

i) Villa Stein ha tenido más de un fallo cuestionable en materia de lucha contra la corrupción.
a. La excepción en el proceso de Firmas Falsas de Perú 2000, “donde pese a existir indicios de irregularidades, se ratificó el fallo de la Sala de Delitos Tributarios Aduaneros (creado por Montesinos)”, indicando que el plazo para presentar el recurso de excepción estaba vencido, a pesar de existir argumentos materiales sobre la ilicitud del fallo (de la Sala de Delitos Aduaneros), que se termina corroborando.
b. La sentencia del caso de Absalón Vásquez, donde se declara nulo el fallo de primera instancia (1era Sala Anticorrupción), por un “confuso” tema de competencia de salas. Así, se anula lo avanzado.
c. Los beneficios penitenciarios en el caso de la semilibertad de Ernesto Gamarra, promoviendo la excarcelación ilegal al adoptar un criterio diferente al señalado por el Tribunal Constitucional.
d. La excepción en el proceso a Dionisio Romero, donde se pasa el caso a la Sala C (similar a “b”).

En segundo lugar, porque el señor Villa Stein ya ha tenido una actuación judicial favorable a los miembros del Destacamento Colina. Como recordarán, en 2012, la sala presidida por este magistrado conoció la apelación del caso Barrios Altos y alli redujo la pena a los miembros de Colina, con argumentos jurídicos bastante endebles. Tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que dicho fallo vulneraba la obligación del Estado peruano de investigar y sancionar los casos vinculados a dicho grupo militar y, con ello, la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a anular una sentencia que entrará a la historia no precisamente por sus aportes jurídicos.

Estas son las dos razones centrales - en realidad, hay más - por las que el señor Villa Stein enuncia la palabra caviar cada vez que puede o se refiere en términos peyorativos utilizados tanto por los fujimoristas como por aquellos que intentan soslayar cualquier crimen cometido por agentes del Estado en el marco de la lucha contra el terrorismo. Estas expresiones le han valido varias recusaciones que él, salvo alguna que otra excepción, junto a los miembros de su sala, han rechazado.

Ayer, en su cuenta en Twitter, el magistrado Villa Stein retuiteó frenéticamente a un conjunto de usuarios en Twitter conocidos por sus insultos a quienes no piensan como ellos. Es decir, conocidos por un fujimorismo tan ramplon que la propia Keiko se sonrojaría con las expresiones vertidas por algunos de ellos. Y el motivo de los retuits era el respaldo que estos usuarios le daban a Villa Stein, en vísperas del inicio del proceso para la revisión de sentencia de Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos. Para completar la figura, cuando la periodista Rosa María Palacios comenzó a indagar, recibió una andanada de insultos de los mismos usuarios a los que el juez supremo retuiteó con entusiasmo. Y hoy el señor Villa Stein le confirmó a la productora de Palacios en Exitosa que, en efecto, esta es su cuenta.

Es conocido por todos que el señor Villa Stein tiene discrepancias jurídicas con el fallo emitido, hace 5 años, por los magistrados San Martín, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo, el cual fuera confirmado por otra sala de la Corte Suprema en su integridad. También es conocido que, en un país normal, una revisión de sentencia se hace por nuevos hechos o pruebas, los mismos que no han sido presentados por el señor William Paco Castillo, abogado de Fujimori.  Y dados los antecedentes del magistrado supremo, por ello se encienden las alarmas. Y si bien, en caso se diera por fundada la revisión de sentencia, es probable que el sistema interamericano nos obligue a retroceder, nuevamente volveríamos a ser el hazmerreir jurídico de América Latina.

Si algo de decoro le queda, el señor Villa Stein debería abstenerse de resolver este caso.

ACTUALIZACION (12:55 PM): No les quedó otra. Tan disparatado era el recurso presentado por William Paco Castillo que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por Villa Stein, declaró por unanimidad que el mismo era improcedente. Es decir, Fujimori se queda en prisión.  La pregunta es cómo le quedó el ojo a todos quienes ayer sobaban al magistrado.

(Foto: IDL-Reporteros)

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Cada dos años, en diciembre, los jue­ces titulares eligen al presidente del Poder Judicial y a quienes encabezarán las Cortes Su­periores. El proceso es im­portante, dado que estas autoridades determinarán las políticas judiciales y la sala o juzgado donde estará cada juez del país.

Para la presidencia del PJ, donde votan los magistra­dos supremos, la elección se define en base a relaciones personales, correlaciones de fuerzas y a lo que se en­tienda por independencia judicial.

Este año, ha trascendido la presencia de cinco pre­candidatos. De ellos, tres han merecido alertas por su trayectoria. El primero de ellos es Vicente Walde Jáu­regui, magistrado que fuera retirado del Poder Judicial por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues anuló una sentencia sobre temas tributarios que él mismo emitió. Pudo volver gracias a una controvertida resolu­ción del Tribunal Constitu­cional en 2010. En círculos judiciales, se comenta su cercanía al APRA. Según Infogob, postuló por este partido en 1980 a regidor en Jesús María.

Los otros dos postulantes a quienes se ha cuestiona­do son Víctor Ticona y Ana María Aranda. Como señaló Exitosa, ambos suscribieron una sentencia que permi­tió que Rodolfo Orellana se apropiara de un terreno en Lurín. Ticona aún no se pro­nuncia, mientras que Aran­da ha remarcado que, como jefa de Control Interno, in­vestigó a varios jueces que favorecieron al hoy encar­celado hombre de negocios.

Continuaremos la próxi­ma semana con los otros postulantes y lo que puede ocurrir en la Corte Superior de Justicia de Lima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 23.11.2014)

(Foto: Gestión)

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El personaje de la foto se llama Gastón Soto Vallenas y, actualmente, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Antes ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones y hoy - según el Instituto de Defensa Legal y La República - es uno de los candidatos con mayores posibilidades para ser elegido como Defensor del Pueblo titular por el Congreso de la República.

El problema es que hay algunos datos en su trayectoria que llaman poderosamente la atención.

Hoy Ideele Radio publica un dato importante: Soto Vallenas nombró como asesora de confianza en el CNM a una abogada vinculada al caso Orellana: Lorena Bellina. Así refieren el vínculo:

Lo cierto es que, apenas se iniciaron las investigaciones de la Comisión Orellana en el Congreso, Lorena Bellina Scherader es un nombre que ha saltado a la palestra por su cercanía con Rodolfo Orellana Rengifo. Uno de los testimonios más comprometedores son los que emite la exesposa del abogado Jacques Levy, María Elena Llanos, quien afirmó haber mantenido relación directa con Rodolfo Orellana por más de una ocasión y con Lorena Bellina, abogada cercana a él, debido al problema legal en el que se encuentra con Levy por la tenencia de su hija. Teniendo reuniones con ambos, incluso en marzo de este año (Velaverde, 13 de octubre de 2014).

Como señala el medio de comunicación de la conocida ONG, Bellina ya había sido asesora de confianza de Soto Vallenas en el JNE y ha trabajado en otras entidades del Estado en puestos de confianza.

Pero no es el único dato que complica la situación de Soto Vallenas. Hace dos semanas, Patricia Hoyos de La República encontró que la esposa del candidato a Defensor del Pueblo es una asesora parlamentaria acreditada para asistir a las sesiones reservadas de la Comisión Ancash. ¿Y por qué el hecho resulta importante?

El pasado mes de mayo, el presidente de esta comisión, Mesías Guevara, anunció una investigación a Soto Vallenas, ya que su nombre había sido mencionado en varios testimonios recogidos por el grupo legislativo.

Soto estuvo bajo sospecha, pues en el 2012 gracias a su doble voto como titular del CNM se ratificó como presidente de la Junta de Fiscales del Santa a Dante Farro, quien fuera denunciado por haber recomendado la destitución de los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’, que funcionaba como un presunto centro de espionaje en Chimbote.

En dicha ocasión, Farro tenía tres votos a favor de su destitución y dos por su continuidad. Los que respaldaron su salida fueron los magistrados Pablo Talavera, Máximo Herrera y Gonzalo García; mientras que Luis Maezono Yamashita y Vladimir Paz de la Barra se inclinaron por su continuidad. A estos se sumo el voto de Soto, quien le dio la permanencia en el cargo.

Lo curioso es que luego del asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, removió del cargo a Farro Murillo basado en los mencionados cuestionamientos.

Como registró esta semana Daniel Yovera, la Fiscalía Suprema de Control Interno ha decidido iniciar una investigación contra Farro por su presunta pertenencia a la red de César Álvarez, aparentemente verificada por el testimonio de un colaborador eficaz, tres testigos con códigos reservados y registros de llamadas con escoltas del expresidente regional de Ancash y periodistas cercanos a la gestión del controvertido político, hoy preso en Piedras Gordas.

Por su parte, Farro le dijo a Yovera que dos hermanos del exfiscal de la Nación, José Pelaez Bardales, fueron a verlo para preguntar por asuntos de César Álvarez. Y ha acusado a Peláez y al actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, de querer “lavarse la cara” consintiendo la investigación interna contra el exFiscal Superior decano del Santa.

Y aquí volvemos a Soto Vallenas. El CNM, con el voto de este consejero, evitó investigar tanto a Peláez como a Ramos Heredia por sus conexiones con el caso Ancash este año, ya cuando existían varios indicios de la actuación del Ministerio Público obstaculizando las investigaciones en contra de la red montada por Álvarez o el sospechoso retiro y/o sanción a los fiscales que sí querían indagar sobre casos como La Centralita.

Finalmente, Soto Vallenas fue uno de los miembros del CNM que archivó la investigación contra Javier Villa Stein por su actuación en el fallo que redujo la sentencia a los miembros del Destacamento Colina y que luego fue anulado.

Así las cosas, habrá que tener mucho cuidado si es que la Comisión Especial del Congreso de la República decide que este personaje sea propuesto al pleno como Defensor del Pueblo. Estaremos atentos.

(Foto: La República)

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Se ha armado algún revuelo respecto de las declaraciones que, ayer, el Presidente de la República brindó a la prensa extranjera que trabaja en nuestro país. Más exactamente con la frase: “el fujimorismo es un partido que nació de la cloaca”.

Un primer aspecto que se ha analizado es si el Presidente de la República, por ser la máxima autoridad del país, debe o no decir estas frases, más allá de si son correctas o no. En principio, como todo ciudadano, Ollanta Humala tiene el legítimo derecho a decir lo que le da la gana. El tema de la prudencia o no frente a un adversario político resulta más discutible y sujeta a la evaluación de su actuación política, sobre todo en un contexto en el que el debate político ha sido rebajado, tanto por el gobierno como por la oposición, a niveles en los que la discusión linda con la chacota colegial. Y de hecho, el fujimorismo también ha contribuido, con creces, a este empobrecimiento señalando explicitamente que Humala es un delincuente.

No en vano los cronistas parlamentarios han bautizado como “la Hora Loca” a la primera hora de debates parlamentarios de cada sesión del Pleno, donde los congresistas aprovechan en decirse su vida.  Como dijo hoy Juan Carlos Tafur en su programa, Humala deberá hacerse responsable de sus palabras, en lo que le toca.

Un segundo aspecto tiene que ver con el fondo de las declaraciones del presidente de la República. En efecto, existe un amplio sector de peruanos que suscribiría el sentido de la frase  - no necesariamente la forma -, debido al inexistente deslinde del fujimorismo respecto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno (y por las que su líder histórico está condenado) y los graves casos de corrupción cometidos con un aparato de poder organizado desde la cúspide del Estado para delinquir.

Hace un par de semanas, Steve Levitsky señaló lo siguiente en La República:

El fujimorismo no se ha renovado. Ha cambiado de nombre y reclutado caras nuevas, pero no ha roto con su pasado autoritario o abrazado algunos elementos claves de la democracia, como los derechos humanos. Como consecuencia, sufre un déficit de legitimidad democrática ante un sector importante de la población. Este déficit contribuyó a su derrota en el 2011. Keiko perdió en la segunda vuelta porque Humala captó el centro. Fue Humala, y no Keiko, que logró distanciarse de su pasado.

Keiko Fujimori necesita su propia Hoja de Ruta. Una Hoja de Ruta Democrática. Si quiere reducir su déficit de legitimidad democrática, ella y su partido tienen que demostrar un serio compromiso con la democracia liberal. ¿Cómo hacerlo? Primero, Keiko podría dar una serie de discursos y entrevistas de alto perfil en la cual rechaza sin ambigüedades el golpe de 1992, reconoce (y quizás denuncia) los abusos autoritarios y violaciones de derechos humanos cometidos por (y no solo bajo) el gobierno de Fujimori y se compromete plenamente a la defensa de las instituciones democráticas. Segundo, podría asegurar que ningún fujimorista que niega arrepentirse de su pasado autoritario sea candidato en el 2016 (o sea, chau Martha Chávez). Y tercero, podría dar unos pasos simbólicos para demostrar su compromiso con los derechos humanos: expresar su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; reunirse con grupos de derechos humanos (peruanos e internacionales); y aún si sigue discrepando con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, apoyar la investigación y documentación de las violaciones de derechos humanos y mostrar interés en las víctimas.

El problema es que el fujimorismo no está dispuesto a dar estos pasos. Existe un sector de la dirigencia que considera que perdieron las elecciones de 2011 por no ser “lo suficientemente duros”. No solo los fujimoristas “históricos” insultan a los defensores de derechos humanos, también lo hacen los recientes. Algunos de los fujimoristas nuevos son pertinaces opositores de normas que reconocen derechos (como la Unión Civil). Y varios de los congresistas que ingresaron en este periodo gracias al voto importante de Keiko en algunas regiones del país están involucrados en casos de corrupción bastante serios.  Estas razones son las que llevan a pensar que, a pesar de su voto duro, que podría permitirles el pase a segunda vuelta, el próximo presidente del país sea la persona que se enfrente al fujimorismo en esta instancia decisiva de la elección de 2016.

Finalmente, hay un tema que queda pendiente para el resto de partidos políticos: ¿qué hacer frente al voto fujimorista? Como dijo el propio Levitsky, una primera cuestión es tratar de entenderlo:

En vez de denigrar a los ciudadanos cuyo comportamiento electoral no entendemos, sería mejor tratar de entenderlos.   Por ejemplo, en vez de contentarse con la floja explicación mariateguista (el “electarado”), la derecha debería estudiar por qué un sector del electorado en el interior sigue votando por candidatos radicales antisistema.  Según Carlos Meléndez, uno de los pocos que ha investigado el tema, el voto antisistema del interior es producto de la desconfianza generada por la experiencia de los ciudadanos con un estado débil.

Y si la izquierda quiere volver a ser viable en el Perú, debería estudiar por qué los sectores populares urbanos la abandonaron –y por qué votan (a veces masivamente) por el fujimorismo o por Castañeda.  Explicaciones como “el clientelismo de Fujimori” o una cultura de “robo pero hace” no bastan.    Son votantes cuyo nivel de vida mejoró muchísimo en las últimas dos décadas, pero que sigue siendo vulnerable.   Tener tanto que perder podría ser una fuente de conservadurismo bastante racional.

El APRA intenta captar este voto, como mencionamos ayer, a partir del mismo concepto: más libertad de inversión sin controles para arriba, más obras para abajo. El problema es que esta estrategia resulta insuficiente tanto para consolidar una extracción democrática de votos al fujimorismo como para atraerlos hacia una mayor confianza en el sistema democrático y, peor aún, no entra a los problemas de fondo respecto de la calidad de la democracia peruana.

La tarea pendiente para los partidos democráticos en el Perú es cómo hacer que ese elector que prefiere el resultado concreto por sobre la forma cómo se consigue pueda ser atraído hacia un esquema en el que comprenda que los medios si condicionan la resultante y que, en democracia, sus demandas pueden ser mejor atendidas que en un gobierno autoritario.

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Hace un par de semanas, Alan García dio un mitin en Villa María del Triunfo y allí propuso un “shock social”. De lo que dijo en dicha manifestación, ello supone dos cuestiones básicas: “recuperar el tiempo perdido en economía” (chiquita clara contra Humala) y más obras de infraestructura.

La semana pasada, en El Comercio, García amplió estas ideas y sentenció:

Ahora, las propuestas como “crecimiento” o “justicia social” solo se aceptan si se traducen rápidamente en obras que aumenten la calidad de vida y el bienestar. Así, debemos cambiar las instituciones, crecer, mejorar la educación y la justicia, que son temas de mediano plazo, pero, sin obras inmediatas, la política seguirá divorciándose de la nación.

Con algo más de efectividad en la pluma - bien es sabido que García es mejor orador que escritor -, Javier Barreda, miembro de la Dirección Política del APRA, afinó algo más la idea en Exitosa:

Esto significa acciones rápidas y concretas desde el Estado hacia los sectores más pobres y descreídos. Desde obras de infraestructura vial, electrificación rural, titulación, hasta programas de empleo temporal; desde muros de contención hasta la reactivación de programas de alfabetización rural. Esto realmente es movilizar a un Estado paralizado, más allá de los ministerios sociales. La gente está descreída y el fortalecimiento de la democracia comienza por lo social, recuperar la confianza de la sociedad en su conjunto, desde el empresariado hasta los sectores populares. No hay vía más rápida para reencantar la democracia que hacerla más solidaria.

En realidad, el shock social no es más que la decantación natural de la obsesión que García y la dirección política aprista tienen hace cerca de dos años: el voto pragmático popular. Es decir, aquel sector del electorado peruano que busca, antes que ideología, una mejora sustancial en los servicios que le brinda al Estado, que vayan a la par de su paulatina mejora económica. Y, en los casos de quienes se mantienen aún por debajo de la pobreza, acceder a bienes materiales que palíen su situación, más allá de los programas sociales del gobierno de turno.

García sabe que un gobierno tan conservador como el realizado entre 2006 y 2011 le granjea votos inmediatos de un sector: el empresariado. Si bien PPK puede aparecer como “candidato natural” de dicha opción, tanto el buen desempeño económico del segundo alanismo, las facilidades para la inversión y la edad avanzada del exministro de Economía y Finanzas terminaría decantandose hacía él.

En ese cálculo, García da por descontado que no tendrá el voto centrista en primera vuelta, al menos, no aquel preocupado por los temas institucionales y que, de cuando en cuando, le recuerda los temas más peliagudos de su gobierno (Bagua, narcoindultos, corrupción, cierta lenidad frente a temas de derechos humanos, ausencia de reformas políticas). Confía que pasará a segunda vuelta con Keiko Fujimori y que, por default antifujimorista, resignadamente este sector le dará la posibilidad de su tercer mandato.

Por ello su discurso apunta básicamente a aquellos sectores populares desencantados de Humala, que aún dudan en votar por Keiko y que, en Lima, votaron masivamente por Castañeda en busca de un tema: obras.

Tanto Eduardo Dargent como Carlos Meléndez han criticado la visión de AGP pues consideran, desde sus respectivos puntos de vista, que enfatiza poco en la reforma institucional y política que requiere el país a gritos. Dargent ha mostrado las contradicciones del discurso alanista y Meléndez precisa que, con un político ducho a la cabeza, puede ser la oportunidad perfecta para un “shock institucional” Añado yo, se termina encasillando “al pueblo” en meros peticionantes de obras.

Hoy en El Comercio, Alberto Vergara, afiladamente, ha mostrado otros argumentos de peso que remata en los siguientes dos párrafos:

El Perú necesita ideas nuevas y no conceptos viejos. Obras y shock son conceptos viejos. El primero era el nombre del partido de Ricardo Belmont en 1989; el segundo el cuco que articuló la campaña presidencial de 1990. Y el Perú de hoy, en lo bueno y en lo malo, en lo mejor y lo peor, ya es hijo de aquella coyuntura. Por otro lado, el llamado a la terapia de shock instaura la idea de una supuesta crisis mayúscula. Y por mucho que el país se haya frenado no está en coma. No es 1990. En el 2016 el país no necesitará que se le reanime con un vocabulario apolillado y actitudes desesperadas. Se requiere inventiva, audacia, grandeza.

Así, en su artículo del jueves pasado, Alan García ha respondido a la intriga de Michael Reid: en el 2016 tendríamos un García noventero. Pero ¿qué país podría desear para las urgencias de mañana un ideario surgido de una coyuntura miserable como la nuestra hace un cuarto de siglo? En realidad, proponernos pelear las batallas de hoy con las armas de 1990 es la confesión caleta de quien está pensando en no dar batalla alguna.

Como apuntaron bien, en su momento, Carlos Iván Degregori y Juan Carlos Tafur, Alan García siempre ha llegado tarde a sus respectivos encuentros con la historia. Parece ser que, esta vez, no será la excepción.

(Foto: RPP)

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SUNAFIL no es una marca de medicamento. Es la sigla de Superintendencia Laboral de Fiscalización Laboral, entidad creada en este gobierno para el cumplimiento de las normas sobre trabajo en el país, en entidades privadas. Bajo su dirección se encuentran los inspectores laborales de todo el Perú y se encuentra, recién, en su etapa de implementación institucional.

Un año después de su creación, SUNAFIL se ve inmersa en su primer lío. Y no precisamente por fiscalizar bien o mal a una empresa. Hoy Ricardo Uceda comenta cómo se hizo renunciar al Intendente Nacional de Supervisión, Christian Sánchez. ¿El motivo? La suscripción de un comunicado público en contra de flexibilizar las normas laborales. Vía La República:

El comunicado público expresaba el punto de vista de un grupo de abogados y economistas contrarios a flexibilizar la legislación laboral. Entre los que plantean la reforma están los gremios empresariales. Según el pronunciamiento, las empresas, en un momento de desaceleración económica, pretenden mantener sus ganancias a costa de la precariedad en el empleo de los peruanos. Añadía que las actuales normas no obstaculizan el crecimiento ni la competitividad. El comunicado fue firmado por algunos funcionarios públicos, entre ellos Guillermo Miranda, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, y Christian Sánchez, intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Había uno más del sector, un asesor ministerial. Pero solo a Sánchez le fue pedida la renuncia.

Como bien explica el periodista, existe un debate que - por lo menos - tiene más de una década en páginas económicas y discusiones jurídicas en el país: ¿qué hacer con las normas laborales peruanas? Para un sector, resulta indispensable flexibilizar más las reglas existentes, debido a que existen demasiados sobrecostos para los empleadores y, además, las normas laborales actuales no permitirían la incorporación de amplios sectores de trabajadores a la formalidad laboral o pasar de contratos fijos a plazas estables. Para otro sector, la responsabilidad no está en hacer estos ajustes, sino en contar con instituciones que realmente fiscalicen el cumplimiento de los diversos regímenes laborales que se encuentran en el sector privado.  Una discusión que, además, ha impedido en términos prácticos la aprobación de una Ley General del Trabajo que ordene todas las normas laborales existentes en el Perú.

El comunicado arriba anotado, inscrito en la segunda línea de debate antes mencionado, fue publicado el 16 de octubre en La República. Entre los firmantes figuran el exministro de Trabajo Javier Neves, el Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP Alfredo Villavicencio, el economista Óscar Ugarteche, el exvicepresidente del Banco Central de Reserva Óscar Ugarteche, entre otras personalidades.

Y luego pasó lo que cuenta Uceda. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias se quejó públicamente en Willax por la suscripción del comunicado por parte de un funcionario de SUNAFIL y luego:

Inicialmente Gonzales (Gorki Gonzáles, abogado, exasesor de la PCM en este gobierno y presidente de SUNAFIL, nota de DTP) no le pidió su renuncia. Empleó expresiones que podrían traducirse como “vamos a ver qué pasa”. En el ínterin visitó a la SNI en su sede y a la salida fue fotografiado como se ilustra en esta página. Luego le dijo que su firma en el documento había causado suma incomodidad y que mejor renunciara. Sánchez lo hizo. Cuando el asunto trascendió, llegó al Congreso. En una sesión de la Comisión de Trabajo, un congresista le preguntó a Fredy Otárola por qué se le había exigido la renuncia a Sánchez. El ministro respondió que no se le pidió que se fuera. Él había renunciado. Hasta dio a entender que pensaba lo mismo que los firmantes del comunicado.

Otárola emitió dichas declaraciones el 29 de octubre de 2014, día en que fue a explicar varios temas de su sector, entre ellos, lo que pasa en SUNAFIL. Gorki Gonzales acudió el 5 de noviembre a dicho grupo de trabajo, para explicar la situación de la institución que preside. Sin embargo, el Congreso de la República no ha colgado ninguna de las actas de las sesiones de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra bajo la conducción de Martha Chávez.

El problema, como indica Uceda, es que ningún funcionario público pierde el ejercicio de su legítima libertad de expresión y que, como bien señala el abogado Jorge Toyama (quien, ojo, está en el bando contrario de Sánchez), no debió producirse la salida del Intendente Sánchez por presión empresarial. La Sociedad Nacional de Industrias debería indicar cuál fue su rol en esta renuncia generada por su descontento frente a un tema que, como hemos visto, tiene argumentos que merecerían una mejor discusión.

(Logo: Sunafil)

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PERIODISMO EN PROVINCIAS: El asesinato del periodista Fernando Raymondi en Cañete ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos en el ejercicio de esta profesión en el Perú. Amenazas de muerte, intentos de amedrentamiento, procesos judiciales y, en algunos casos, asesinatos son las mayores dificultades que tienen los periodistas fuera de Lima para realizar adecuadamente su trabajo.

Las alertas que brinda IPYS o las denuncias que se realizan desde la capital han logrado poner el tema sobre la mesa, pero aún no se logra consolidar mayor protección a quienes informan sobre hechos de corrupción en provincias. Los procesos judiciales sobre crímenes contra periodistas avanzan poco o nada y, generalmente, si bien pueden caer algunos de los autores directos, las personas detrás del crimen no son procesadas o sentenciadas. Cabe ponerle mayor atención a este tema.

CONCENTRACION DE MEDIOS: Conforme ha ido avanzando el año, el tema ha perdido peso en la agenda mediática. Ni el gobierno ni su bancada han presentado una iniciativa de Ley de Medios. El debate se ha encausado a través de los procesos judiciales sobre esta materia, aún pendientes de resolución, como en debates que han llegado a la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano retrocedió en la posibilidad de presentar una opinión consultiva a la CIDH sobre la materia, que hubiera podido aclarar conceptos en torno a una mejor resolución del caso.

GRUPO EL COMERCIO: Hoy, oficialmente, Fernando Berckemeyer se convierte en el nuevo director de El Comercio. Como ya lo hemos señalado, el relevo implica un relevo generacional en un diario que acaba de cumplir 175 años y que este año perdió inesperadamente a su cabeza anterior, Fritz Du Bois. En términos informativos, se espera la primacía de una visión más libertaria del mundo, más a la derecha, pero con mayor apertura que algunos editores del diario frente a determinados tópicos y con respeto a la discrepancia editorial.

Perú.21 cumplió su primer año bajo la conducción de Juan José Garrido Koecklin. Salió la dupla que colaboró con el manejo del diario con sus dos primeros directores - Mito Tumi y Claudia Izaguirre - y el segundo a bordo (como editor general) es Diego Salazar. El diario ha buscado darle un nuevo contenido a sus portadas y temas centrales los días sábados, ha lanzado un suplemento dedicado a temas de ciudad y cultura y entre sus jales de columnistas, el más importante es el de Gastón Acurio. La línea editorial es bastante parecida a la de la gestión Du Bois, pero con algo más de matices.

GRUPO LA REPUBLICA: Dos buenas noticias para el diario matriz: Gustavo Mohme Seminario es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa durante el siguiente año y han alcanzado el primer lugar en los portales web de noticias. Esta última buena nueva se produce en medio de un debate sobre el contenido de estas páginas web y cómo se han obtenido más visitas. Al mismo tiempo, se sabe que LR ha puesto precio a sus acciones en América Televisión, con miras a salir de la sociedad con El Comercio, ¿y entrar a otro canal? Acaba de suscribir una alianza con Semana Económica para contar con una página de la revista dirigida por Gonzalo Zegarra todos los lunes.

EPENSA: Iván Slocokvic ha centralizado la dirección de Correo Líma y de Correo Semanal. Esta última ha tenido un rediseño y ha buscado incorporar contenidos vinculados a las sedes de provincia. Año de transición.

GRUPO RPP: Pasada la resaca de las bodas de oro, RPP ha pasado por un año relativamente tranquilo en lo que respecta a jales y movidas. En lo que se refiere a Capital, lanzaron su señal vía televisión, salió Magaly Medina y han entrado nuevas figuras como Carla García, Beto Ortiz y los hermanos Hudtwalcker. Al parecer, Augusto Álvarez Rodrich dejará la radio hermana de RPP.

GRUPO CAPUÑAY: Exitosa Radio ha logrado consolidar su segundo lugar nacional - primero en varias provincias - dentro de las radios informativas. Su peso político central está en los bloques de Rosa María Palacios, Juan Carlos Tafur y Nicolás Lúcar. Asimismo, han logrado ubicar a nuevos conductores (Angel Arévalo, Sigrid Bazán) en los bloques madrugadores y de fin de semana. Su señal de televisión digital, que presenta los mismos contenidos de la cabina de radio, ya viene saliendo en Direct TV y pronto aparecerá en otros operadores de cable.

En prensa escrita, Exitosa Diario - disclaimer, donde colaboro - cumplirá su primer año en los kioskos con una plantilla plural de columnistas y procurando su posible expansión con ediciones regionales para el segundo año.

REVISTAS:

Este año Caretas sufrió la pérdida de la persona que le dio un estilo propio: Enrique Zileri. Mantiene al mismo equipo desde hace varios años y no varía una línea editorial desde hace varios gobiernos: le pegan al inicio, lo tratan mejor al final.  Su competidor directo es, por ahora, Correo Semanal. Velaverde, luego de los sucesivos cambios de dirección, ha quedado como una revista poco relevante en el mercado.  Mientras que Semana Económica ha ido incrementando su presencia en la web y ha dejado de lado Perú Económico como producto.  Por su parte, Poder ha decidido incrementar su cuota de investigación, con la presencia permanente de Christopher Acosta y Daniel Yovera en sus filas.

TELEVISION:

El jale del año es el pase de Augusto Alvarez Rodrich a Frecuencia Latina como director periodístico. Por el momento no se han anunciado salidas de figuras centrales, incluyendo a una que ha sido hostil con su nuevo jefe durante varios años: Aldo Mariátegui.  Por lo pronto, Beto Ortiz ha decidido tomarse varios meses sabáticos de la televisión para escribir una nueva novela. AAR procurará, según sus palabras, tratar de mejorar la cobertura noticiosa en dicho canal, con tendencia hacia el sensacionalismo informativo a lo largo de su historia.

Mientras que ATV ha ido reduciendo costos por problemas económicos, afectando sobre todo a su frente periodístico. De las figuras con las que comenzó originalmente ATV+, solo se mantiene Ana Trelles. Mario Saldaña ha pasado a conducir la hora central del canal de cable y los flamentes jales informativos nuevos son Christian Hudtwalcker y Marisel Linares.

En América, se mantiene con el mismo equipo, sin mayores incorporaciones. La fusión con N ha permitido que las figuras del canal matriz pasen a conducir programas en su hermano menor informativo, pero no ha logrado similar transición en forma inversa. Su reto, enfrentar la competencia en mejor manera, no cortar coberturas importantes y aumentar su torta publicitaria.

Panamericana tiene como programa emblema Panorama, con algunas denuncias que la achuntan (y bien) y otras que parecen ser infladas con levadura. ¿Escollo central? La situación económica del canal, que le impide invertir fuerte en producción. ¿La controversia? Una sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de sus deudas tributarias y que podría ser revisada. Periodistas cercanos a Schutz han escrito columnas a favor de mantener la sentencia, mientras que abogados como Samuel Abad cuestionaron en su momento la decisión del TC.

Por su parte, TV Perú logró lanzar un canal informativo, 7.3, bastante sobrio y con importantes coberturas en hechos importantes como el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Fiestas Patrias, las elecciones regionales y municipales y, ahora, la COP.  Un ejemplo informativo tendiente hacia la televisión pública que el país requiere.

LA WEB: Ha sido el año donde se han implementado nuevas plataformas, concentradas tanto en el periodismo de datos como en temas que no se tocan, normalmente, en medios tradicionales, como Ojo Público - integrada por exmiembros de la unidad de investigación de El Comercio - y Convoca, esta última en proceso de lanzamiento. Otras se enfocaron en temas especializados, como Sin Etiquetas, focalizada en la agenda LGTB. Mientras que El Utero de Marita pasó por un relanzamiento en el que mezcló los comentarios y resúmenes de las noticias del día, con algunas investigaciones y contenido generado por invitados.

¿Cuál será el futuro del periodismo en Internet y cómo sostener estos proyectos? Una pregunta que se responderá en el 2015.

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