Cada dos años, en diciembre, los jue­ces titulares eligen al presidente del Poder Judicial y a quienes encabezarán las Cortes Su­periores. El proceso es im­portante, dado que estas autoridades determinarán las políticas judiciales y la sala o juzgado donde estará cada juez del país.

Para la presidencia del PJ, donde votan los magistra­dos supremos, la elección se define en base a relaciones personales, correlaciones de fuerzas y a lo que se en­tienda por independencia judicial.

Este año, ha trascendido la presencia de cinco pre­candidatos. De ellos, tres han merecido alertas por su trayectoria. El primero de ellos es Vicente Walde Jáu­regui, magistrado que fuera retirado del Poder Judicial por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues anuló una sentencia sobre temas tributarios que él mismo emitió. Pudo volver gracias a una controvertida resolu­ción del Tribunal Constitu­cional en 2010. En círculos judiciales, se comenta su cercanía al APRA. Según Infogob, postuló por este partido en 1980 a regidor en Jesús María.

Los otros dos postulantes a quienes se ha cuestiona­do son Víctor Ticona y Ana María Aranda. Como señaló Exitosa, ambos suscribieron una sentencia que permi­tió que Rodolfo Orellana se apropiara de un terreno en Lurín. Ticona aún no se pro­nuncia, mientras que Aran­da ha remarcado que, como jefa de Control Interno, in­vestigó a varios jueces que favorecieron al hoy encar­celado hombre de negocios.

Continuaremos la próxi­ma semana con los otros postulantes y lo que puede ocurrir en la Corte Superior de Justicia de Lima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 23.11.2014)

(Foto: Gestión)

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El personaje de la foto se llama Gastón Soto Vallenas y, actualmente, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Antes ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones y hoy - según el Instituto de Defensa Legal y La República - es uno de los candidatos con mayores posibilidades para ser elegido como Defensor del Pueblo titular por el Congreso de la República.

El problema es que hay algunos datos en su trayectoria que llaman poderosamente la atención.

Hoy Ideele Radio publica un dato importante: Soto Vallenas nombró como asesora de confianza en el CNM a una abogada vinculada al caso Orellana: Lorena Bellina. Así refieren el vínculo:

Lo cierto es que, apenas se iniciaron las investigaciones de la Comisión Orellana en el Congreso, Lorena Bellina Scherader es un nombre que ha saltado a la palestra por su cercanía con Rodolfo Orellana Rengifo. Uno de los testimonios más comprometedores son los que emite la exesposa del abogado Jacques Levy, María Elena Llanos, quien afirmó haber mantenido relación directa con Rodolfo Orellana por más de una ocasión y con Lorena Bellina, abogada cercana a él, debido al problema legal en el que se encuentra con Levy por la tenencia de su hija. Teniendo reuniones con ambos, incluso en marzo de este año (Velaverde, 13 de octubre de 2014).

Como señala el medio de comunicación de la conocida ONG, Bellina ya había sido asesora de confianza de Soto Vallenas en el JNE y ha trabajado en otras entidades del Estado en puestos de confianza.

Pero no es el único dato que complica la situación de Soto Vallenas. Hace dos semanas, Patricia Hoyos de La República encontró que la esposa del candidato a Defensor del Pueblo es una asesora parlamentaria acreditada para asistir a las sesiones reservadas de la Comisión Ancash. ¿Y por qué el hecho resulta importante?

El pasado mes de mayo, el presidente de esta comisión, Mesías Guevara, anunció una investigación a Soto Vallenas, ya que su nombre había sido mencionado en varios testimonios recogidos por el grupo legislativo.

Soto estuvo bajo sospecha, pues en el 2012 gracias a su doble voto como titular del CNM se ratificó como presidente de la Junta de Fiscales del Santa a Dante Farro, quien fuera denunciado por haber recomendado la destitución de los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’, que funcionaba como un presunto centro de espionaje en Chimbote.

En dicha ocasión, Farro tenía tres votos a favor de su destitución y dos por su continuidad. Los que respaldaron su salida fueron los magistrados Pablo Talavera, Máximo Herrera y Gonzalo García; mientras que Luis Maezono Yamashita y Vladimir Paz de la Barra se inclinaron por su continuidad. A estos se sumo el voto de Soto, quien le dio la permanencia en el cargo.

Lo curioso es que luego del asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, removió del cargo a Farro Murillo basado en los mencionados cuestionamientos.

Como registró esta semana Daniel Yovera, la Fiscalía Suprema de Control Interno ha decidido iniciar una investigación contra Farro por su presunta pertenencia a la red de César Álvarez, aparentemente verificada por el testimonio de un colaborador eficaz, tres testigos con códigos reservados y registros de llamadas con escoltas del expresidente regional de Ancash y periodistas cercanos a la gestión del controvertido político, hoy preso en Piedras Gordas.

Por su parte, Farro le dijo a Yovera que dos hermanos del exfiscal de la Nación, José Pelaez Bardales, fueron a verlo para preguntar por asuntos de César Álvarez. Y ha acusado a Peláez y al actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, de querer “lavarse la cara” consintiendo la investigación interna contra el exFiscal Superior decano del Santa.

Y aquí volvemos a Soto Vallenas. El CNM, con el voto de este consejero, evitó investigar tanto a Peláez como a Ramos Heredia por sus conexiones con el caso Ancash este año, ya cuando existían varios indicios de la actuación del Ministerio Público obstaculizando las investigaciones en contra de la red montada por Álvarez o el sospechoso retiro y/o sanción a los fiscales que sí querían indagar sobre casos como La Centralita.

Finalmente, Soto Vallenas fue uno de los miembros del CNM que archivó la investigación contra Javier Villa Stein por su actuación en el fallo que redujo la sentencia a los miembros del Destacamento Colina y que luego fue anulado.

Así las cosas, habrá que tener mucho cuidado si es que la Comisión Especial del Congreso de la República decide que este personaje sea propuesto al pleno como Defensor del Pueblo. Estaremos atentos.

(Foto: La República)

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Se ha armado algún revuelo respecto de las declaraciones que, ayer, el Presidente de la República brindó a la prensa extranjera que trabaja en nuestro país. Más exactamente con la frase: “el fujimorismo es un partido que nació de la cloaca”.

Un primer aspecto que se ha analizado es si el Presidente de la República, por ser la máxima autoridad del país, debe o no decir estas frases, más allá de si son correctas o no. En principio, como todo ciudadano, Ollanta Humala tiene el legítimo derecho a decir lo que le da la gana. El tema de la prudencia o no frente a un adversario político resulta más discutible y sujeta a la evaluación de su actuación política, sobre todo en un contexto en el que el debate político ha sido rebajado, tanto por el gobierno como por la oposición, a niveles en los que la discusión linda con la chacota colegial. Y de hecho, el fujimorismo también ha contribuido, con creces, a este empobrecimiento señalando explicitamente que Humala es un delincuente.

No en vano los cronistas parlamentarios han bautizado como “la Hora Loca” a la primera hora de debates parlamentarios de cada sesión del Pleno, donde los congresistas aprovechan en decirse su vida.  Como dijo hoy Juan Carlos Tafur en su programa, Humala deberá hacerse responsable de sus palabras, en lo que le toca.

Un segundo aspecto tiene que ver con el fondo de las declaraciones del presidente de la República. En efecto, existe un amplio sector de peruanos que suscribiría el sentido de la frase  - no necesariamente la forma -, debido al inexistente deslinde del fujimorismo respecto del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno (y por las que su líder histórico está condenado) y los graves casos de corrupción cometidos con un aparato de poder organizado desde la cúspide del Estado para delinquir.

Hace un par de semanas, Steve Levitsky señaló lo siguiente en La República:

El fujimorismo no se ha renovado. Ha cambiado de nombre y reclutado caras nuevas, pero no ha roto con su pasado autoritario o abrazado algunos elementos claves de la democracia, como los derechos humanos. Como consecuencia, sufre un déficit de legitimidad democrática ante un sector importante de la población. Este déficit contribuyó a su derrota en el 2011. Keiko perdió en la segunda vuelta porque Humala captó el centro. Fue Humala, y no Keiko, que logró distanciarse de su pasado.

Keiko Fujimori necesita su propia Hoja de Ruta. Una Hoja de Ruta Democrática. Si quiere reducir su déficit de legitimidad democrática, ella y su partido tienen que demostrar un serio compromiso con la democracia liberal. ¿Cómo hacerlo? Primero, Keiko podría dar una serie de discursos y entrevistas de alto perfil en la cual rechaza sin ambigüedades el golpe de 1992, reconoce (y quizás denuncia) los abusos autoritarios y violaciones de derechos humanos cometidos por (y no solo bajo) el gobierno de Fujimori y se compromete plenamente a la defensa de las instituciones democráticas. Segundo, podría asegurar que ningún fujimorista que niega arrepentirse de su pasado autoritario sea candidato en el 2016 (o sea, chau Martha Chávez). Y tercero, podría dar unos pasos simbólicos para demostrar su compromiso con los derechos humanos: expresar su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; reunirse con grupos de derechos humanos (peruanos e internacionales); y aún si sigue discrepando con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, apoyar la investigación y documentación de las violaciones de derechos humanos y mostrar interés en las víctimas.

El problema es que el fujimorismo no está dispuesto a dar estos pasos. Existe un sector de la dirigencia que considera que perdieron las elecciones de 2011 por no ser “lo suficientemente duros”. No solo los fujimoristas “históricos” insultan a los defensores de derechos humanos, también lo hacen los recientes. Algunos de los fujimoristas nuevos son pertinaces opositores de normas que reconocen derechos (como la Unión Civil). Y varios de los congresistas que ingresaron en este periodo gracias al voto importante de Keiko en algunas regiones del país están involucrados en casos de corrupción bastante serios.  Estas razones son las que llevan a pensar que, a pesar de su voto duro, que podría permitirles el pase a segunda vuelta, el próximo presidente del país sea la persona que se enfrente al fujimorismo en esta instancia decisiva de la elección de 2016.

Finalmente, hay un tema que queda pendiente para el resto de partidos políticos: ¿qué hacer frente al voto fujimorista? Como dijo el propio Levitsky, una primera cuestión es tratar de entenderlo:

En vez de denigrar a los ciudadanos cuyo comportamiento electoral no entendemos, sería mejor tratar de entenderlos.   Por ejemplo, en vez de contentarse con la floja explicación mariateguista (el “electarado”), la derecha debería estudiar por qué un sector del electorado en el interior sigue votando por candidatos radicales antisistema.  Según Carlos Meléndez, uno de los pocos que ha investigado el tema, el voto antisistema del interior es producto de la desconfianza generada por la experiencia de los ciudadanos con un estado débil.

Y si la izquierda quiere volver a ser viable en el Perú, debería estudiar por qué los sectores populares urbanos la abandonaron –y por qué votan (a veces masivamente) por el fujimorismo o por Castañeda.  Explicaciones como “el clientelismo de Fujimori” o una cultura de “robo pero hace” no bastan.    Son votantes cuyo nivel de vida mejoró muchísimo en las últimas dos décadas, pero que sigue siendo vulnerable.   Tener tanto que perder podría ser una fuente de conservadurismo bastante racional.

El APRA intenta captar este voto, como mencionamos ayer, a partir del mismo concepto: más libertad de inversión sin controles para arriba, más obras para abajo. El problema es que esta estrategia resulta insuficiente tanto para consolidar una extracción democrática de votos al fujimorismo como para atraerlos hacia una mayor confianza en el sistema democrático y, peor aún, no entra a los problemas de fondo respecto de la calidad de la democracia peruana.

La tarea pendiente para los partidos democráticos en el Perú es cómo hacer que ese elector que prefiere el resultado concreto por sobre la forma cómo se consigue pueda ser atraído hacia un esquema en el que comprenda que los medios si condicionan la resultante y que, en democracia, sus demandas pueden ser mejor atendidas que en un gobierno autoritario.

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Hace un par de semanas, Alan García dio un mitin en Villa María del Triunfo y allí propuso un “shock social”. De lo que dijo en dicha manifestación, ello supone dos cuestiones básicas: “recuperar el tiempo perdido en economía” (chiquita clara contra Humala) y más obras de infraestructura.

La semana pasada, en El Comercio, García amplió estas ideas y sentenció:

Ahora, las propuestas como “crecimiento” o “justicia social” solo se aceptan si se traducen rápidamente en obras que aumenten la calidad de vida y el bienestar. Así, debemos cambiar las instituciones, crecer, mejorar la educación y la justicia, que son temas de mediano plazo, pero, sin obras inmediatas, la política seguirá divorciándose de la nación.

Con algo más de efectividad en la pluma - bien es sabido que García es mejor orador que escritor -, Javier Barreda, miembro de la Dirección Política del APRA, afinó algo más la idea en Exitosa:

Esto significa acciones rápidas y concretas desde el Estado hacia los sectores más pobres y descreídos. Desde obras de infraestructura vial, electrificación rural, titulación, hasta programas de empleo temporal; desde muros de contención hasta la reactivación de programas de alfabetización rural. Esto realmente es movilizar a un Estado paralizado, más allá de los ministerios sociales. La gente está descreída y el fortalecimiento de la democracia comienza por lo social, recuperar la confianza de la sociedad en su conjunto, desde el empresariado hasta los sectores populares. No hay vía más rápida para reencantar la democracia que hacerla más solidaria.

En realidad, el shock social no es más que la decantación natural de la obsesión que García y la dirección política aprista tienen hace cerca de dos años: el voto pragmático popular. Es decir, aquel sector del electorado peruano que busca, antes que ideología, una mejora sustancial en los servicios que le brinda al Estado, que vayan a la par de su paulatina mejora económica. Y, en los casos de quienes se mantienen aún por debajo de la pobreza, acceder a bienes materiales que palíen su situación, más allá de los programas sociales del gobierno de turno.

García sabe que un gobierno tan conservador como el realizado entre 2006 y 2011 le granjea votos inmediatos de un sector: el empresariado. Si bien PPK puede aparecer como “candidato natural” de dicha opción, tanto el buen desempeño económico del segundo alanismo, las facilidades para la inversión y la edad avanzada del exministro de Economía y Finanzas terminaría decantandose hacía él.

En ese cálculo, García da por descontado que no tendrá el voto centrista en primera vuelta, al menos, no aquel preocupado por los temas institucionales y que, de cuando en cuando, le recuerda los temas más peliagudos de su gobierno (Bagua, narcoindultos, corrupción, cierta lenidad frente a temas de derechos humanos, ausencia de reformas políticas). Confía que pasará a segunda vuelta con Keiko Fujimori y que, por default antifujimorista, resignadamente este sector le dará la posibilidad de su tercer mandato.

Por ello su discurso apunta básicamente a aquellos sectores populares desencantados de Humala, que aún dudan en votar por Keiko y que, en Lima, votaron masivamente por Castañeda en busca de un tema: obras.

Tanto Eduardo Dargent como Carlos Meléndez han criticado la visión de AGP pues consideran, desde sus respectivos puntos de vista, que enfatiza poco en la reforma institucional y política que requiere el país a gritos. Dargent ha mostrado las contradicciones del discurso alanista y Meléndez precisa que, con un político ducho a la cabeza, puede ser la oportunidad perfecta para un “shock institucional” Añado yo, se termina encasillando “al pueblo” en meros peticionantes de obras.

Hoy en El Comercio, Alberto Vergara, afiladamente, ha mostrado otros argumentos de peso que remata en los siguientes dos párrafos:

El Perú necesita ideas nuevas y no conceptos viejos. Obras y shock son conceptos viejos. El primero era el nombre del partido de Ricardo Belmont en 1989; el segundo el cuco que articuló la campaña presidencial de 1990. Y el Perú de hoy, en lo bueno y en lo malo, en lo mejor y lo peor, ya es hijo de aquella coyuntura. Por otro lado, el llamado a la terapia de shock instaura la idea de una supuesta crisis mayúscula. Y por mucho que el país se haya frenado no está en coma. No es 1990. En el 2016 el país no necesitará que se le reanime con un vocabulario apolillado y actitudes desesperadas. Se requiere inventiva, audacia, grandeza.

Así, en su artículo del jueves pasado, Alan García ha respondido a la intriga de Michael Reid: en el 2016 tendríamos un García noventero. Pero ¿qué país podría desear para las urgencias de mañana un ideario surgido de una coyuntura miserable como la nuestra hace un cuarto de siglo? En realidad, proponernos pelear las batallas de hoy con las armas de 1990 es la confesión caleta de quien está pensando en no dar batalla alguna.

Como apuntaron bien, en su momento, Carlos Iván Degregori y Juan Carlos Tafur, Alan García siempre ha llegado tarde a sus respectivos encuentros con la historia. Parece ser que, esta vez, no será la excepción.

(Foto: RPP)

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SUNAFIL no es una marca de medicamento. Es la sigla de Superintendencia Laboral de Fiscalización Laboral, entidad creada en este gobierno para el cumplimiento de las normas sobre trabajo en el país, en entidades privadas. Bajo su dirección se encuentran los inspectores laborales de todo el Perú y se encuentra, recién, en su etapa de implementación institucional.

Un año después de su creación, SUNAFIL se ve inmersa en su primer lío. Y no precisamente por fiscalizar bien o mal a una empresa. Hoy Ricardo Uceda comenta cómo se hizo renunciar al Intendente Nacional de Supervisión, Christian Sánchez. ¿El motivo? La suscripción de un comunicado público en contra de flexibilizar las normas laborales. Vía La República:

El comunicado público expresaba el punto de vista de un grupo de abogados y economistas contrarios a flexibilizar la legislación laboral. Entre los que plantean la reforma están los gremios empresariales. Según el pronunciamiento, las empresas, en un momento de desaceleración económica, pretenden mantener sus ganancias a costa de la precariedad en el empleo de los peruanos. Añadía que las actuales normas no obstaculizan el crecimiento ni la competitividad. El comunicado fue firmado por algunos funcionarios públicos, entre ellos Guillermo Miranda, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, y Christian Sánchez, intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Había uno más del sector, un asesor ministerial. Pero solo a Sánchez le fue pedida la renuncia.

Como bien explica el periodista, existe un debate que - por lo menos - tiene más de una década en páginas económicas y discusiones jurídicas en el país: ¿qué hacer con las normas laborales peruanas? Para un sector, resulta indispensable flexibilizar más las reglas existentes, debido a que existen demasiados sobrecostos para los empleadores y, además, las normas laborales actuales no permitirían la incorporación de amplios sectores de trabajadores a la formalidad laboral o pasar de contratos fijos a plazas estables. Para otro sector, la responsabilidad no está en hacer estos ajustes, sino en contar con instituciones que realmente fiscalicen el cumplimiento de los diversos regímenes laborales que se encuentran en el sector privado.  Una discusión que, además, ha impedido en términos prácticos la aprobación de una Ley General del Trabajo que ordene todas las normas laborales existentes en el Perú.

El comunicado arriba anotado, inscrito en la segunda línea de debate antes mencionado, fue publicado el 16 de octubre en La República. Entre los firmantes figuran el exministro de Trabajo Javier Neves, el Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP Alfredo Villavicencio, el economista Óscar Ugarteche, el exvicepresidente del Banco Central de Reserva Óscar Ugarteche, entre otras personalidades.

Y luego pasó lo que cuenta Uceda. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias se quejó públicamente en Willax por la suscripción del comunicado por parte de un funcionario de SUNAFIL y luego:

Inicialmente Gonzales (Gorki Gonzáles, abogado, exasesor de la PCM en este gobierno y presidente de SUNAFIL, nota de DTP) no le pidió su renuncia. Empleó expresiones que podrían traducirse como “vamos a ver qué pasa”. En el ínterin visitó a la SNI en su sede y a la salida fue fotografiado como se ilustra en esta página. Luego le dijo que su firma en el documento había causado suma incomodidad y que mejor renunciara. Sánchez lo hizo. Cuando el asunto trascendió, llegó al Congreso. En una sesión de la Comisión de Trabajo, un congresista le preguntó a Fredy Otárola por qué se le había exigido la renuncia a Sánchez. El ministro respondió que no se le pidió que se fuera. Él había renunciado. Hasta dio a entender que pensaba lo mismo que los firmantes del comunicado.

Otárola emitió dichas declaraciones el 29 de octubre de 2014, día en que fue a explicar varios temas de su sector, entre ellos, lo que pasa en SUNAFIL. Gorki Gonzales acudió el 5 de noviembre a dicho grupo de trabajo, para explicar la situación de la institución que preside. Sin embargo, el Congreso de la República no ha colgado ninguna de las actas de las sesiones de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra bajo la conducción de Martha Chávez.

El problema, como indica Uceda, es que ningún funcionario público pierde el ejercicio de su legítima libertad de expresión y que, como bien señala el abogado Jorge Toyama (quien, ojo, está en el bando contrario de Sánchez), no debió producirse la salida del Intendente Sánchez por presión empresarial. La Sociedad Nacional de Industrias debería indicar cuál fue su rol en esta renuncia generada por su descontento frente a un tema que, como hemos visto, tiene argumentos que merecerían una mejor discusión.

(Logo: Sunafil)

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PERIODISMO EN PROVINCIAS: El asesinato del periodista Fernando Raymondi en Cañete ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos en el ejercicio de esta profesión en el Perú. Amenazas de muerte, intentos de amedrentamiento, procesos judiciales y, en algunos casos, asesinatos son las mayores dificultades que tienen los periodistas fuera de Lima para realizar adecuadamente su trabajo.

Las alertas que brinda IPYS o las denuncias que se realizan desde la capital han logrado poner el tema sobre la mesa, pero aún no se logra consolidar mayor protección a quienes informan sobre hechos de corrupción en provincias. Los procesos judiciales sobre crímenes contra periodistas avanzan poco o nada y, generalmente, si bien pueden caer algunos de los autores directos, las personas detrás del crimen no son procesadas o sentenciadas. Cabe ponerle mayor atención a este tema.

CONCENTRACION DE MEDIOS: Conforme ha ido avanzando el año, el tema ha perdido peso en la agenda mediática. Ni el gobierno ni su bancada han presentado una iniciativa de Ley de Medios. El debate se ha encausado a través de los procesos judiciales sobre esta materia, aún pendientes de resolución, como en debates que han llegado a la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano retrocedió en la posibilidad de presentar una opinión consultiva a la CIDH sobre la materia, que hubiera podido aclarar conceptos en torno a una mejor resolución del caso.

GRUPO EL COMERCIO: Hoy, oficialmente, Fernando Berckemeyer se convierte en el nuevo director de El Comercio. Como ya lo hemos señalado, el relevo implica un relevo generacional en un diario que acaba de cumplir 175 años y que este año perdió inesperadamente a su cabeza anterior, Fritz Du Bois. En términos informativos, se espera la primacía de una visión más libertaria del mundo, más a la derecha, pero con mayor apertura que algunos editores del diario frente a determinados tópicos y con respeto a la discrepancia editorial.

Perú.21 cumplió su primer año bajo la conducción de Juan José Garrido Koecklin. Salió la dupla que colaboró con el manejo del diario con sus dos primeros directores - Mito Tumi y Claudia Izaguirre - y el segundo a bordo (como editor general) es Diego Salazar. El diario ha buscado darle un nuevo contenido a sus portadas y temas centrales los días sábados, ha lanzado un suplemento dedicado a temas de ciudad y cultura y entre sus jales de columnistas, el más importante es el de Gastón Acurio. La línea editorial es bastante parecida a la de la gestión Du Bois, pero con algo más de matices.

GRUPO LA REPUBLICA: Dos buenas noticias para el diario matriz: Gustavo Mohme Seminario es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa durante el siguiente año y han alcanzado el primer lugar en los portales web de noticias. Esta última buena nueva se produce en medio de un debate sobre el contenido de estas páginas web y cómo se han obtenido más visitas. Al mismo tiempo, se sabe que LR ha puesto precio a sus acciones en América Televisión, con miras a salir de la sociedad con El Comercio, ¿y entrar a otro canal? Acaba de suscribir una alianza con Semana Económica para contar con una página de la revista dirigida por Gonzalo Zegarra todos los lunes.

EPENSA: Iván Slocokvic ha centralizado la dirección de Correo Líma y de Correo Semanal. Esta última ha tenido un rediseño y ha buscado incorporar contenidos vinculados a las sedes de provincia. Año de transición.

GRUPO RPP: Pasada la resaca de las bodas de oro, RPP ha pasado por un año relativamente tranquilo en lo que respecta a jales y movidas. En lo que se refiere a Capital, lanzaron su señal vía televisión, salió Magaly Medina y han entrado nuevas figuras como Carla García, Beto Ortiz y los hermanos Hudtwalcker. Al parecer, Augusto Álvarez Rodrich dejará la radio hermana de RPP.

GRUPO CAPUÑAY: Exitosa Radio ha logrado consolidar su segundo lugar nacional - primero en varias provincias - dentro de las radios informativas. Su peso político central está en los bloques de Rosa María Palacios, Juan Carlos Tafur y Nicolás Lúcar. Asimismo, han logrado ubicar a nuevos conductores (Angel Arévalo, Sigrid Bazán) en los bloques madrugadores y de fin de semana. Su señal de televisión digital, que presenta los mismos contenidos de la cabina de radio, ya viene saliendo en Direct TV y pronto aparecerá en otros operadores de cable.

En prensa escrita, Exitosa Diario - disclaimer, donde colaboro - cumplirá su primer año en los kioskos con una plantilla plural de columnistas y procurando su posible expansión con ediciones regionales para el segundo año.

REVISTAS:

Este año Caretas sufrió la pérdida de la persona que le dio un estilo propio: Enrique Zileri. Mantiene al mismo equipo desde hace varios años y no varía una línea editorial desde hace varios gobiernos: le pegan al inicio, lo tratan mejor al final.  Su competidor directo es, por ahora, Correo Semanal. Velaverde, luego de los sucesivos cambios de dirección, ha quedado como una revista poco relevante en el mercado.  Mientras que Semana Económica ha ido incrementando su presencia en la web y ha dejado de lado Perú Económico como producto.  Por su parte, Poder ha decidido incrementar su cuota de investigación, con la presencia permanente de Christopher Acosta y Daniel Yovera en sus filas.

TELEVISION:

El jale del año es el pase de Augusto Alvarez Rodrich a Frecuencia Latina como director periodístico. Por el momento no se han anunciado salidas de figuras centrales, incluyendo a una que ha sido hostil con su nuevo jefe durante varios años: Aldo Mariátegui.  Por lo pronto, Beto Ortiz ha decidido tomarse varios meses sabáticos de la televisión para escribir una nueva novela. AAR procurará, según sus palabras, tratar de mejorar la cobertura noticiosa en dicho canal, con tendencia hacia el sensacionalismo informativo a lo largo de su historia.

Mientras que ATV ha ido reduciendo costos por problemas económicos, afectando sobre todo a su frente periodístico. De las figuras con las que comenzó originalmente ATV+, solo se mantiene Ana Trelles. Mario Saldaña ha pasado a conducir la hora central del canal de cable y los flamentes jales informativos nuevos son Christian Hudtwalcker y Marisel Linares.

En América, se mantiene con el mismo equipo, sin mayores incorporaciones. La fusión con N ha permitido que las figuras del canal matriz pasen a conducir programas en su hermano menor informativo, pero no ha logrado similar transición en forma inversa. Su reto, enfrentar la competencia en mejor manera, no cortar coberturas importantes y aumentar su torta publicitaria.

Panamericana tiene como programa emblema Panorama, con algunas denuncias que la achuntan (y bien) y otras que parecen ser infladas con levadura. ¿Escollo central? La situación económica del canal, que le impide invertir fuerte en producción. ¿La controversia? Una sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte de sus deudas tributarias y que podría ser revisada. Periodistas cercanos a Schutz han escrito columnas a favor de mantener la sentencia, mientras que abogados como Samuel Abad cuestionaron en su momento la decisión del TC.

Por su parte, TV Perú logró lanzar un canal informativo, 7.3, bastante sobrio y con importantes coberturas en hechos importantes como el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Fiestas Patrias, las elecciones regionales y municipales y, ahora, la COP.  Un ejemplo informativo tendiente hacia la televisión pública que el país requiere.

LA WEB: Ha sido el año donde se han implementado nuevas plataformas, concentradas tanto en el periodismo de datos como en temas que no se tocan, normalmente, en medios tradicionales, como Ojo Público - integrada por exmiembros de la unidad de investigación de El Comercio - y Convoca, esta última en proceso de lanzamiento. Otras se enfocaron en temas especializados, como Sin Etiquetas, focalizada en la agenda LGTB. Mientras que El Utero de Marita pasó por un relanzamiento en el que mezcló los comentarios y resúmenes de las noticias del día, con algunas investigaciones y contenido generado por invitados.

¿Cuál será el futuro del periodismo en Internet y cómo sostener estos proyectos? Una pregunta que se responderá en el 2015.

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Un problema in­quietante es la in­seguridad ciuda­dana. Si bien los niveles delictivos peruanos están por debajo de otros países, la pequeña extor­sión, robos y hurtos se han incrementado, impactando sobre todo en una nueva clase media en vías de con­solidación.

Frente a ello, reaparecen discursos de “mano dura” semejantes a los esgrimidos durante el combate al te­rrorismo. En Trujillo acaba de ser electo como alcalde un expolicía acusado de co­mandar “escuadrones de la muerte”. Así, la posibilidad del surgimiento de un can­didato populista en materia de seguridad se incrementa.

El fujimorismo podría ca­pitalizar estas demandas. Parte de su voto duro se basa en sus supuestos éxitos en la lucha contra la subver­sión y en la esperanza en que harían lo mismo para acabar con la delincuencia. Pero Keiko no supo apro­vechar este tema en 2011 y, viendo el desempeño de sus congresistas, ocurriría lo mismo en 2016.

García tiene más dificul­tades. Si bien fue dúctil a propuestas como la reim­plantación de la pena de muerte en algunos delitos, el tema de los narcoindultos le abre un flanco en contra.

Quien podría obtener ré­ditos es, curiosamente, el na­cionalismo. Urresti es aplau­dido por sectores medios y bajos que lo ven en operati­vos y por los empresarios al prometer que las discotecas de Asia estarán libres de dro­gas. Si se suma su imagen populachera y la lentitud con la que avanza el caso Bustíos, Humala podría tener a la fi­gura que le permita contar con 10 congresistas que pro­curen blindarlo.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 16.11.2014)

(Foto: Semana Económica)

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La semana pasada, se conoció que un grupo de vecinos de la urbanización Salamanca de Monterrico impulsaría un proceso para separarse de Ate Vitarte y anexarse a alguno de los distritos con los que colinda (San Borja o San Luis). ¿El motivo? Consideran que el distrito encabezado por Oscar Benavides - y que dirigirá por cuatro años más - ha descuidado los servicios otorgados a esta zona, en particular, lo vinculado a la inseguridad ciudadana y el ornato.

No es la única zona de Lima que intenta hacer esta separación. El año pasado, la revista Velaverde dio cuenta de una situación más forzada que la que viven los habitantes de Salamanca. Tres de las urbanizaciones que conforman Villa, la zona más acaudalada de Chorrillos, buscaban integrarse a Surco, a pesar que el punto de contacto entre el área y el distrito al que querían adherirse estaba a más de 6 kilómetros de distancia. El motivo era el mismo: pagamos bastante y el alcalde no nos brinda buenos servicios.

No son los únicos conflictos límítrofes que existen en la ciudad, pero son los más llamativos, junto a aquel irresuelto por setenta años entre San Isidro y Magdalena. En estos tres casos - incluyendo el que acabamos de mencionar - se busca que una municipalidad con mayores recursos pueda atender las necesidades vecinales. Se mezclan el legítimo derecho de los ciudadanos para que sus impuestos, contribuciones y tasas sean empleados en servicios que los beneficien directamente; municipalidades distritales que no han sabido atender al sector más pudiente de sus territorios; búsqueda de mayor estatus social; e incluso la percepción que se está subvencionando al resto del distrito con los tributos de una parte.

Más allá que estos conflictos, a simple vista, pueda ser considerados como “pleito de blancos” o, para algunos, como una “forma algo arribista de ascenso social”, lo cierto es que aquí se nos plantean dos problemas importantes de fondo. De un lado, la calidad de los servicios que prestan las municipalidades distritales. Existen zonas desatendidas en varios distritos debido a su carácter limítrofe, a condiciones de pobreza o a su lejanía de la propia sede municipal. Es un tema que la existencia de sedes descentralizadas de las comunas no han podido atender, con el consiguiente malestar en los vecinos.

De otro lado, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar en torno a la demarcación territorial limeña. ¿Son 42 distritos necesarios? ¿Debemos tender a menos distritos? ¿Cómo resolver más rápidamente conflictos limítrofes? ¿Cómo conjugar políticas metropolitanas y distritales a fin de evitar zonas de la ciudad insuficientemente atendidas? Varias interrogantes que, al igual que los líos arriba planteados, no son de fácil solución?

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Hoy a las 6:30 a.m. fue capturado en Cali (Colombia) Rodolfo Orellana Rengifo, procesado por encabezar una red vinculada a la apropiación de terrenos y con sospechas fundadas sobre sus lazos con el lavado de activos.

Según El Colombiano:

Un fiscal con apoyo de la policía y la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense detuvo a Orellana en “un conjunto residencial de la Avenida Pasoancho en Cali, contra quien pesaba orden de captura en circular roja por cargos de asociación ilícita y lavado de activos”, dijo el ente acusador en un comunicado.

De acuerdo con esa entidad, el capturado, junto con su hermana, lideraba “una extensa red criminal que incluía abogados, funcionarios judiciales, miembros de la policía activos y en retiro, políticos, notarios y registradores, cuya finalidad era la de apropiarse de bienes a través de la comisión de diferentes delitos de carácter patrimonial”.

Para cometer estos delitos, ambos “utilizaban la intimidación y la violencia física y sicológica contra las personas que los denunciaban o investigaban”, agregó el documento.

Como bien ha recordado Angel Paez hoy en Facebook:

Para empezar, su esposa Ester Morales Schaus es viuda de un narco peruano que cayó como financista de una banda de colombianos y mexicanos. El padre del narco fallecido es un conocido aprista y socio de Orellana.

Como se sabe, el nombre de Orellana ha sido uno de los mas mentados en las redacciones peruanas en los últimos años. Diversos medios de comunicación han informado sobre las investigaciones que tiene por presuntas vinculaciones con lavado de activos, influencias judiciales, un rosario de denuncias sobre tráfico y apropiación ilícita de terrenos - donde las víctimas van desde empresarios argentinos, pasando por la Fundación por los Niños del Perú, hasta la Municipalidad de San Borja -, el otorgamiento de cartas fianza sin autorización de la SBS y posibles conexiones con personas vinculadas al narcotráfico.

También se ha investigado sus vínculos políticos. Orellana ha sido implicado en el caso La Centralita, ligado a corrupción y seguimiento a opositores políticos al gobierno regional de Ancash encabezado por César Álvarez.

En 2006, el abogado y empresario formó parte de la lista de regidores metropolitanos del APRA, que tenía como cabeza de lista a Benedicto Jiménez. Mientras que Espacio 360 contó que un asesor del despacho del congresista Javier Velásquez Quesquén aparecía vinculado al controvertido hombre de negocios. La República indicó que el hombre detrás de las Boticas del Pueblo, Hugo Díaz Lozano, fue socio del empresario. Y una reciente investigación de Poder apuntó al uso de cartas fianza brindadas por empresas de Orellana para obras de Agua Para Todos durante el segundo gobierno aprista.

Sus influencias llegaron hasta el Ministerio Público. Ricardo Uceda denunció durante varias semanas las conexiones de Orellana con un asesor del exfiscal de la Nación José Pelaez Bardales. El actual Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tuvo que reconocer que se había reunido con el empresario. Y durante las semanas previas para la elección del nuevo titular del MP, la revista Juez Justo - dirigida por Jiménez - apoyó a Ramos y a Pelaez como posibles fichas en dicha elección.

Sumemos a ello la penetración en otras instituciones. Por ejemplo, Registros PúblicosVarios de los documentos ingresados por Orellana y sus cómplices para consolidar la apropiación de inmuebles ajenos tranquilamente podrían haber sido observados por un registrador serio. SUNARP debería hacer una investigación interna sobre el grado de infiltración que pudo haber tenido la institución con el clan Orellana y ordenar los correctivos necesarios para evitar que casos como este puedan repetirse a través de organizaciones sofisticadas como las mencionadas.

Finalmente, Orellana montó un aparato mediático destinado a tres cosas: defenderse de todas las acusaciones en su contra, atacar a todo aquel quien lo acusaba - su víctima preferida: la procuradora en temas de lavado de activos, Julia Príncipe - y ensalzar a los magistrados que le podían ser funcionales. Sumen a ello una importante cantidad de querellas en contra de los periodistas que lo investigaban y tenemos cerrado el círculo.

Sin duda, un caso que traerá bastante cola, sobre todo, por lo que el abogado pueda cantar, previa deportación de Colombia (lo que facilita las cosas, dado que Orellana podrá ser procesado por todos los casos que tiene pendientes en Lima). Pero que también debería llamar a hacer diversos ajustes en varias instituciones para evitar la repetición de redes similares.

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Marco Sifuentes: Cayó Orellana pero..¿quién lo capturó?

(Foto: El Comercio)

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Ayer el Partido Nacionalista Peruano emitió un comunicado de deslinde de las actividades empresariales (y en investigación fiscal) de Martín Belaúnde Lossio. Si bien se admitía su participación en las campañas de 2006 y 2011, se desmarcaba sobre sus contratos y presuntas irregularidades con gobiernos regionales. Pero, en la noche, Utero.pe revelaba que Belaúnde Lossio visitó varias veces el Congreso de la República en 2012, siendo la visita más importante la hecha a Víctor Isla - entonces presidente de dicho poder del Estado - el día que se iban a definir las facultades de comisión investigadora a la comisión de Fiscalización por el caso Anchas, por el que está hoy prófugo de la justicia.

Pero hay un nombre que viene pasando piola en esta historia y que podría ser clave para todos los casos en los que está involucrado Belaúnde Lossio: Jorge Chang Soto, el asesor legal del empresario.

Un primer hilo de esta madeja lo soltó Fernando Rospigliosi en una columna en El Comercio hace algunos meses. Veamos el primer dato.

Como ha informado el diario “Correo”, Belaunde Lossio constituyó la empresa Todo Graph en agosto del 2006 junto con Jorge Chang Soto. Este se convirtió poco después en personero legal del Partido Nacionalista. El que reemplazó a Chang como gerente general de la empresa, en noviembre del 2006, es Ilan Heredia Alarcón, hermano menor de Nadine Heredia. (Ilan sostiene que en ese momento Belaunde Lossio ya no tenía que ver con la empresa que acababa de fundar).

En efecto, la empresa sigue activa ante SUNAT e Ilán Heredia es el gerente general. Belaúnde Lossio le dijo a Milagros Leiva que dicha empresa fue vendida en octubre de 2006 a Maribel Vela (prima política de Nadine) y Santiago Gastañadui, actual congresista oficialista, quien en 2011 transfirió las acciones a Rosa Heredia, su esposa y prima de la Primera Dama.

Pero no es el único vínculo empresarial entre Chang Soto y Martín Belaúnde.

En julio de 2007, dos años después de su fundación, el diario La Primera pasó a tener una nueva línea editorial, más cercana a la izquierda y a Ollanta Humala. En ese momento, Desde el Tercer Piso ubicó que, si bien Martín Belaúnde era voceado como el dueño real del medio, se había constituido una empresa que no lo tenía como socio. Quien sí aparecía como director y gerente general era Jorge Chang Soto, quien para ese momento ya era personero legal del Partido Nacionalista Peruano.

Otro dato que recordó Rospigliosi es que:

La empresa Centros Capilares, de Martín Belaunde Lossio, hizo otro contrato para pagar a Nadine Heredia 50.000 dólares, que sirvió para obtener un crédito hipotecario y comprar la casa de Surco de los Humala Heredia.

En efecto, Centros Capilares le encargó a Heredia una consultoría de marketing para la introducción de productos al mercado peruano. Hoy Perú.21 registra que la empresa está incluida dentro de la investigación de lavado de activos por el caso Comunicore, en el que también está involucrado Miguel Garro, quien es socio de Belaúnde Lossio (no comprendido en la indagación) en esta empresa.

¿Qué tiene que ver la empresa con Chang Soto? Según la SUNAT, a pesar que se ha dado de baja de oficio a su RUC, aparecía como último gerente general de la compañía este personaje desde el 2007.

Por cierto, el abogado está con comparecencia restringida por su posible participación en el caso La Centralita. Correo, hace unos meses, reveló lo siguiente:

De igual forma, Jorge Chang Soto, asesor legal de Ilios Producciones, empresa del prófugo Martín Belaunde Lossio, reveló en el interrogatorio que este último conocía desde un día antes la diligencia que había programado la Fiscalía Anticorrupción del Santa. El interrogatorio estuvo a cargo de la titular adjunta de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Rosa Tapia Vivas y se realizó el 16 de julio de este año.

De las 19 preguntas que se le plantearon al abogado, es la tercera la que llama la atención. ¿En qué circunstancias participó en la diligencia realizada el día 13 de julio 2011?, le consultaron a lo que Chang Soto respondió: “El señor Belaunde Lossio, el día anterior me llama por la tarde (12 de julio) diciéndome que tenía que viajar a Chimbote, porque el local de la empresa Ilios, que tenía que entregar a la dueña, iba a ser intervenido“, respondió según consigna el documento al que accedió Correo.

Y para poner la cereza sobre el pastel, recordemos lo revelado por Cuarto Poder esta semana. Resume La República:

Uno de los casos más notorios es el referido a un denuncio minero obtenido por la compañía Corporación Asia S.A.C. en el Santa. Resulta que esta empresa, fundada en el 2006 por Belaunde Lossio, solicitó el 10 de abril de este año a la Dirección Regional de Energía y Minas (Drem) de Áncash una certificación y la declaración del impacto ambiental.

Al final, dicha certificación fue entregada a Corporación Asia el 18 de junio de este año, cuando Martín Belaunde ya se encontraba prófugo por la orden de arresto en su contra por el caso “La Centralita”.

Y no solo eso. El 10 de julio la empresa solicitó al Drem Áncash un certificado de operación para poder empezar con sus trabajos, lo cual fue entregado con suma celeridad: al día siguiente, 11 de julio.

A esto se le debe sumar que el reportaje mostró un correo del 4 de agosto enviado desde la cuenta de Jorge Chang Soto –cofundador de la compañía–, en el que se dan indicaciones respecto a Asia S.A.C. y sus operaciones en Áncash.

El mensaje, se desprende, fue escrito por Martín Belaunde en tanto a que se refiere a Chang en tercera persona y concluye con la frase: “Justo cuando íbamos a empezar después de hacer todos los estudios me tuve que esconder”.

Este personaje puede revelarnos varios detalles sobre las actividades de Belaúnde Lossio. Habrá que tomarlo en cuenta para las siguientes investigaciones.

(Foto: Perú.21)

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