Archivo de 26 Noviembre 2009

Hace casi 5 años, este blog se inauguraba con un post que mostraba su preocupación por la salida de Luis Vargas Valdivia de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori - Montesinos.  Y lo hacía por dos motivos centrales: la buena labor que Vargas Valdivia y su equipo habían hecho para impulsar casos, investigaciones y repatriaciones de fondos vinculados al gobierno más corrupto que tuvo la historia peruana (de hecho, durante su gestión y la de José Ugaz, se impulsaron los casos que permitieron ver a gente poderosa tras las rejas), así como por las circunstancias de su retiro: las fricciones con Alejandro Toledo por investigaciones a personajes de su entorno cercano.

Afortundamente para el país, tuvimos a un buen procurador como sucesor: Antonio Maldonado. Su importancia se debe fundamentalmente al rol que, junto a otros organismos estatales, tuvo en la extradición de Alberto Fujimori. En un artículo reciente, Maldonado recordó ese proceso. Veamos algunas cosas de las que se hicieron:

Quisiera recordar que fue la Procuraduría Ad hoc para los Casos Fujimori/Montesinos la institución que tuvo un papel central en el éxito de la extradición de Fujimori, entre otras razones, al sostener la teoría del Autor Mediato como instrumento  jurídico doctrinario para atribuir responsabilidad penal a Fujimori quien tuvo el dominio de la voluntad por medio del aparato de poder organizado, es decir el control efectivo del escenario criminal, sobre todo en cuanto a los resultados esperados conforme fueron estos planificados y diseñados. Esta tesis estuvo expresada tanto en nuestra sustentación escrita como en la oral, ambas ante la Corte Suprema de Justicia del Perú realizadas en noviembre y diciembre del 2005, respectivamente. (…)

Así mismo, sostuve en forma categórica que el éxito de la extradición de Alberto Fujimori fue definido estructuralmente por estrategias y acciones adoptadas por el Gobierno peruano entre los días domingo 6 de noviembre del 2005 y el mes de enero del 2006. El éxito alcanzado –posteriormente- en la extradición de Fujimori fue la consecuencia de dichas acciones y esfuerzos realizados en aquellos críticos meses. Bajo el liderazgo del presidente Toledo, el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador del Perú en Chile, Jose Antonio Meier y la Comisión de Extradiciones de dicho ministerio, presidida por Javier Ciurlizza, junto a nuestra intervención, el Perú logro por primera vez el inicio de la extradición desde que Fujimori fugó del Perú en noviembre del 2000, en aquella reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno la noche del domingo 6 de noviembre del 2005. Gracias a la presentación inmediata y oportuna de la solicitud provisional de detención de Fujimori, amparada jurídicamente en el Tratado de Extradición entre Perú y Chile de 1932 y en los casos “Barrios Altos-La Cantuta y Quince Millones”, logramos que Fujimori fuera detenido el día domingo 6 de noviembre del 2005 en Chile. En Chile permaneció por varios meses, ante la mirada vigilante del Gobierno del Perú, que a través de su Embajada en ese país como de la Procuraduría Ad Hoc del Estado peruano,  planteo la existencia real del peligro de fuga del entonces extraditurus. (…)

El siguiente factor del éxito de la extradición fue la contratación del Dr. Alfredo Etcheberry, como abogado del Estado peruano. Los términos de la relación profesional entre el Gobierno peruano y particularmente la Procuraduría Ad hoc con el Dr. Etcheberry fueron siempre cordiales y respetuosos habiéndole dado la autonomía y la libertad necesarias para que proyectara su trabajo profesional. En diciembre del 2005, el Dr. Etcheberry estuvo en Lima y junto con él determinamos que casos debían ser presentados en la solicitud final de extradición a Chile. Por ejemplo, con referencia al caso “Golpe del 5 de abril” decidimos, que no debía ser incluido en la solicitud de extradición.

Luego, una vez presentada la solicitud de extradición, esta estuvo vigilada y fortalecida permanentemente desde la Procuraduría Ad Hoc por la Unidad de Extradiciones, a cargo de Yván Montoya quien jugó un papel determinante en dicho en dicho procedimiento . En este marco, gracias a la iniciativa y una investigación desarrollada por el abogado Víctor Manuel Quinteros, la procuraduría a mi cargo logró ampliar uno de los casos presentados inicialmente, el referido a los “Sótanos SIE”, lo que supuso la inclusión del crimen de Desaparición Forzada de Personas.

Esos éxitos no fueron bien vistos por el gobierno de Alan García, que llegó al poder en medio del proceso de extradición, pero cuando el grueso del trabajo ya había sido hecho. Maldonado continúa en su relato:

Sostengo fehacientemente que el presidente Alan García no tenía ninguna voluntad para empujar y lograr la extradición de Alberto Fujimori; que una posición coherente con su posición habría consistido en retirar toda la solicitud de extradición ya presentada y en despedir al Dr. Etcheberry;  algo que García habría querido hacer para complacer a sus recientes aliados del Fujimorismo, pero que no podía darse el lujo de hacer, al menos en dicho momento, so pena de pagar un alto precio político y un grave daño a su imagen nacional e internacional; es por eso que jugó a la débil y discutida tesis de la “no politización de la extradición”. También quiero revelar que eso lo sabíamos en la Procuraduría Ad Hoc de primera mano, debido a diversas fuentes de información a las que tuvimos acceso,  entre ellas, a lo conocido por nosotros en una reunión que organicé unas semanas antes de las elecciones generales con altos representantes de los partidos políticos, a la que fue también invitado un alto representante del Partido Aprista cuyo nombre guardo en reserva, quien sostuvo que ni Alan García ni el APRA estaban interesados en la extradición de Fujimori.

Antonio Maldonado salió de la Procuraduría y comenzó lo que lo llamo “la muerte lenta de la Procuraduría Ad Hoc Fujimori Montesinos”. La misma tuvo su epítome en un suceso vinculado al actual Vicepresidente de la República y al ex jefe de los procuradores, en octubre de 2006. En su momento, informó Perú.21:

Sobre el respaldo que Tambini brindó a la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori-Montesinos, lo dicho por Antonio Maldonado a la prensa antes de su viaje a Santiago de Chile en agosto pasado es revelador: “La única persona que tuvo una actitud crítica (a la labor de la procuraduría) fue el doctor Tambini, quien cuestionó por qué la procuraduría expresaba quejas respecto de decisiones judiciales en las que se resolvía la prescripción de ciertos casos de corrupción“.

Sobre este punto, el aludido fue consultado por Perú.21 y confirmó lo dicho por el ex procurador pues, según dijo, “en un caso penal en que haya operado la prescripción, ¿para qué se va a interponer recursos impugnatorios? Si se tiene que declarar la prescripción no queda otra cosa”.

Pero hay más. Esta falta de apoyo se puso nuevamente de manifiesto durante una reunión convocada por Tambini en su oficina, ubicada en el mismo local del Ministerio de Justicia, la última semana de setiembre. Según fuentes de la procuraduría que prefiere por ahora el anonimato, en el cónclave se anunció al recientemente nombrado procurador Carlos Briceño la decisión de reducir, en los próximos meses, el número de abogados designados a su despacho, además de la resolución del contrato de la procuradora adjunta Janeth Briones -quien optó por renunciar ante el anuncio- y de la abogada a cargo de la investigación fiscal a Luis Giampietri, denunciado por las presuntas irregularidades en once licitaciones convocadas por el Comité de Adquisiciones de la Marina, que él presidió entre 1994 y 1995.

Quedó claro (en la reunión) que no existe por parte del doctor Tambini la intención de respaldar a la procuraduría. Esto confirmó lo que nos anunció en junio un importante miembro del Partido Aprista: que para el Apra no era conveniente la pronta extradición de Fujimori porque eso perturbaría la agenda del país, por lo que debíamos patearla lo más lejos posible, revela la fuente.

Afortundamente, en relación con la extradición y con el posterior procesamiento de Fujimori, se produjeron los hechos históricos ya conocidos, en el que el azar, el Derecho y la fundamentación jurídica jugaron su papel, lejos de los deseos de Palacio de Gobierno.

Pero no pasó lo mismo con la Procuraduría Ad Hoc. Muchos abogados dejaron sus puestos por las intromisiones de Tambini, mientras que el reemplazo de Maldonado, Carlos Briceño, era opacado por su adjunto Omar Chehade, presto a buscar cámaras y figuración sin que su rol en la extradición fuera decisivo. Hoy Chehade ha terminado convertido en el abogado favorito de la familia Humala.

El tiro de gracia a la Procuraduría ha venido en estos días. Gustavo Gorriti ha contado esta parte de la historia:

En la tarde del jueves 5 de noviembre, el procurador Pedro Gamarra Johnson (reemplazante de Carlos Briceño, nota de DTP) reunió a 10 de los principales abogados de la procuraduría, y les dijo que su trabajo había terminado en ese momento, que se había decidido finalizar sus contratos.

Ante la muda interrogación de su conmocionado auditorio, Gamarra Johnson les dijo, con suavidad de aceite de bebé, que el motivo era “presupuestal”. Frente a la unánime incredulidad de los flamantes despedidos, Gamarra reconoció que la orden venía “de arriba”.

Todo indica que el “de arriba” todavía tenía otras órdenes que dar. Porque el 19 de noviembre, mediante una resolución suprema (la RS 265-2009-JUS) se dio por concluida la designación, es decir, se despidió al procurador adjunto ad-hoc Ricardo Melgar. Similar suerte corrió el otro procurador adjunto Alexei Sáenz.

Así, mientras los medios, fatigados ya con las aristas del caso Ariza, hacían de megaparlantes del safari pishtaco, se consumaba la evisceración final, y el consecuente asesinato, de la procuraduría ad hoc que investigó los casos de corrupción de Fujimori, Montesinos y sus cómplices.

Como indica Gorriti, aún hay pendientes “181 investigaciones preliminares; 188 procesos penales en trámite judicial, y 73 casos en ejecución de sentencia”. Por tanto, una desactivación o reducción tan drástica de la Procuraduría Ad Hoc es poco menos que un sinsentido. Mejor dicho, es hacerle un favor a la corrupción.

Por ello, termino coincidiendo con el experimentado periodista cuando indica las responsabilidades de estos hechos:

Algunos de ustedes se preguntarán cómo es que en ocho años no se ha concluido con todas las investigaciones y juicios pendientes. La respuesta es que no solo se ha tratado de casos de extraordinaria complejidad, sino de una inmensa falta de voluntad y decisión política para resolverlos. En los hechos, sobre todo a partir del 2006, los procuradores tuvieron que actuar en medio de una total falta de recursos y de apoyo, abordando a pulso casos sumamente dificultosos, en los que enfrentaban a los superlativamente pagados y equipados defensores del más grande grupo de cutreros en la historia de estas tierras.

Por ello, es que varios terminamos coincidiendo que el principal propagandista e impulsor de la candidatura de Keiko Fujimori - que, en el fondo, es la de su corrupto y asesino padre - se llama Alan García Pérez.

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