Archivo de 12 Noviembre 2009

Durante 5 días, Pablo O’Brien viene presentando en la web de Semana Económica un reportaje completo sobre la licitación de petróleo que originó el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. O’Brien ha hecho una labor de ordenar datos y presentar documentos - algunos de ellos inéditos - en los que van quedando claras varias cosas.

En la primera parte del informe, que resumimos aquí el lunes, cinco hechos centrales fueron presentados: el inicio de la relación de Rómulo León Alegría con Discover y, antes, con Fortunato Canaán (así como la de éste con la empresa noruega), un listado de reuniones que abarcaban a un conjunto de autoridades y políticos de alto nivel, la irregular contratación y consultorías dados por Alberto Quimper a los noruegos y las razones por las cuales León Alegría y Canáan culminaron su vínculo contractual.

La segunda parte se centra, sobre todo, en los vínculos y contactos que se establecen en las dos etapas en las que Discover inició contactos para acceder a los lotes petroleros (con Canaán y sin Canaán). Estas etapas y vínculos se resumen en los cuadros que aparecen a continuación:

Como se puede apreciar de los cuadros, del relato del periodista y de los documentos presentados, la idea era bastante clara: Discover debía conseguir vínculos con funcionarios públicos para poder acceder a competir por los lotes petroleros. En otras palabras, se quería un padrinazgo estatal a fin de conseguir el negocio y de allí la importancia de conseguir la asociación con Petroperú. En términos de Hernando de Soto, a eso se le llama mercantilismo. De allí la serie de cartas y reuniones que se concertan para este objetivo. Todo esto respondía a un plan: el llamado Proyecto Perú ideado por Canáan y que fue seguido incluso cuando el dominicano dejó de participar en el negocio. Ello, por supuesto, no quita responsabilidad alguna a los funcionarios que colaboraron en la gestión de estas citas.

La tercera parte tiene como eje central el rol que cumplió Petroperú en esta licitación.  Como se ha mencionado al inicio de este caso, Discover ganó los lotes petroleros en asociación con la empresa estatal de hidrocarburos. Luego de muchos años, Petroperú volvía a las actividades de exploración y explotación.

El tema es que, de acuerdo con este relato, no existen criterios claros para que se tome la decisión para que Petroperú ingrese de lleno al negocio petrolero. Veamos lo que dice el reportaje, de acuerdo con fuentes de Contraloría:

Cuando se lanzó originalmente la licitación internacional de Perupetro en mayo, César Gutiérrez declaró a la agencia Andina que Petroperú no se presentaría. “Gutiérrez descartó que Petroperú vaya a participar en la nueva licitación de lotes con potencial de hidrocarburos que llevará a cabo Perupetro. ‘Con el proyecto de exploración de los lotes de selva tenemos bastante copada la cartera de exploración de proyectos de Petroperú’”, citó la agencia estatal.

Es decir, a la petrolera nacional no le interesaba o no estaba en condiciones de presentarse a este concurso. Curiosamente, tan sólo tres meses después firmaría un acuerdo con DPI y con Pluspetrol para participar en el mencionado concurso. Aparentemente, Gutiérrez cambió de parecer entre mayo y agosto del 2008.

Cabe indicar que, al analizar la política de asociaciones que guió el accionar de Petroperú en su relación con DPI, la Contraloría General de la República determinó que la estatal peruana no había aprobado ninguna en particular, por lo cual este tipo de asociaciones se realizaba de manera discrecional. Los exámenes efectuados por el órgano de control mostraron que, luego de que en el 2004 se excluyera a Petroperú de los procesos de privatización y el 2006 se promulgaran las normas para su fortalecimiento institucional, no se produjo ningún cambio estructural al interior de esta empresa encaminado a asumir los nuevos roles que se le otorgaron (como, por ejemplo, la posibilidad de asociarse para explorar, como ocurrió en este caso).

A la fecha no existe una unidad orgánica responsable de estos procedimientos, ni tampoco se ha definido cuáles son los parámetros que deben cumplirse antes de cerrar una asociación de este tipo. Así, en los últimos años Petroperú se ha venido aliando con una serie de compañías (como estaciones de gas natural vehicular, además de firmar seis convenios de evaluación técnica en las que participa con Petrobras y Ecopetrol) sin un marco legal que regulara tales vínculos.

De acuerdo con un funcionario de la Controlaría que accedió a hablar con SE.com bajo la regla del anonimato: “Falta una unidad orgánica responsable, faltan procedimientos claros para asociarse y, sobre todo, falta planificación que determine en dónde, para qué y con quién debe y puede Petroperú consorciarse”.

La decisión final, por tanto, estaba en manos de una persona: César Gutiérrez. De allí la cantidad de reuniones, cartas y correos destinados por los lobbistas para que su decisión inicial  de no asociarse sea revertida. La decisión se tomó y elaboró en una semana. Corrían contra los plazos, dado que había que presentarse a la licitación el 28 de agosto de 2008.

En dicha decisión, por cierto, se cometieron varias cosas extrañas:

Sin perjuicio de ello, la Contraloría detectó también que en las negociaciones entre DPI y Petroperú no participó Ernesto Barrera Tamayo, gerente de planeamiento de la petrolera estatal. Barrera estuvo presente a lo largo de todo el proceso de asociación que dicha empresa llevó a cabo con Petrobras, Ecopetrol y Pluspetrol, pero no asistió a ninguna de las reuniones con los directivos de la firma noruega. Quien sí asistió, como quedó registrado en el correo electrónico citado líneas arriba, fue Luis Gregorio Suárez López, miembro de la “unidad de exploración y explotación” de Petroperú. Para la Contraloría es incomprensible que a estas reuniones no haya asistido un gerente de línea como Barrera, sino un funcionario de inferior rango.

De hecho, Suárez se mantuvo en comunicación con León Alegría. En un correo que el ex ministro de Pesquería le dirigió a Gutiérrez el 28 de agosto del 2008, le dijo: “Estoy en contacto con el Ing. Luis Suárez quien generosamente me ha orientado con información profesional”. Aparentemente, Celi había destacado a Suárez para que cumpla con esta tarea.

A la Contraloría le llamó la atención igualmente que en los acuerdos a los que llegó Petroperú con otras compañías –como Pluspetrol, por ejemplo– se tomaron ciertas precauciones y hasta se establecieron algunos mecanismos de control (se cuenta con abundante documentación y correspondencia sobre las discusiones y acuerdos a los que se llegaron) antes de firmar los contratos de asociación. Todos estos acuerdos fueron aprobados en el Directorio. En cambio, esta situación no ocurrió con DPI. Hasta la fecha, las razones por las cuales la petrolera estatal decidió asociarse con DPI no están para nada claras.

Recién el 8 de setiembre –el mismo día en que se abrieron los primeros sobres de la licitación internacional– Petroperú anunció esta particular asociación. En el comunicado oficial quedó expuesto claramente lo que para los noruegos significaba el acuerdo: “a Discover Petroleum le interesa asociarse con la empresa estatal por su tamaño empresarial, ya que esto tendrá un peso importante en la calificación para obtener la buena pro. El máximo puntaje se otorgará a la empresa que facture más de US$500 millones y Petroperú factura más de 2,800 millones, entonces nuestra participación aporta mucho y eso nos ayudó en esta negociación”, conforme refirió César Gutiérrez.

En los siguientes dos días, se contará el resto de la historia. Pero de lo visto, hay por lo menos varios documentos que señalan claramente la infracción de normas de procedimiento y que merecerían un análisis judicial para verificar la comisión de delitos.

Por tanto, las ínfulas sobre la inexistencia de pruebas dadas por varios de los involucrados en este caso deberían disminuir y las explicaciones debieran incrementarse.

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