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Hoy el Congreso de la República aprobó, en primera votación, la reforma constitucional para eliminar la reelección de presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales. Es decir, las autoridades elegidas este 5 de octubre (y las que serán electas en la segunda vuelta regional de diciembre) no podrán ser reelectas en 2018. Para que el proyecto sea aprobado definitivamente, deberá esperarse a una segunda votación en la legislatura próxima, entre marzo y julio de 2015.

La medida, sin duda, tendrá cierta popularidad. De un lado, existe un grupo de ciudadanos que no cree en ninguna forma de reelección. Pero, de otro lado, también existe un alto número de personas que considera que esta puede ser la salida para evitar la corrupción en gobiernos subnacionales, de la cual hemos visto varios casos durante este año.

A primera impresión, veo cuatro problemas en esta medida.

El primer problema es que la reforma planteada mira el árbol y no el bosque. Es decir, se trata de una medida aislada y que no ve otros problemas conexos. Por ejemplo, Fernando Tuesta planteaba una limitación menos drástica, acompañada de otras medidas:

Se debe permitir la reelección tanto a nivel regional como local por un solo período, pero al lado de esto ajustar los mecanismos de reglas de juego en la Ley de Partidos Políticos (propuesta de los organismos electorales, dejado de lado por el Congreso) y desarrollar una activa participación y coordinación de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ciertamente el Ministerio del Interior, como se hizo en los casos antes nombrados. De lo contrario, como muchas veces sucede, estaremos reformando las normas, sin conseguir los efectos deseados.

En segundo lugar, la medida no soluciona el problema planteado. La autoridad corrupta robará sin importar el límite de tiempo que tenga para gobernar. En tanto los mecanismos de control y contratación pública no sean aplicados y/o modificados, poco será lo que se pueda hacer en torno a la corrupción en el nivel subnacional de gobierno.

Tercero, la medida no se inscribe dentro de un proyecto serio de reforma política. Como indica Tuesta en su columna de hoy, resulta necesario revisar que errores se cometen al momento de proponer modificaciones al sistema político, para no cometerlos:

El primero, atribuir los arreglos institucionales como autónomos en sus impactos, por lo que cuando no ocurren los efectos esperados en el corto plazo, se les atribuye todo el fracaso. De nada valen controles, por ejemplo, sobre fiscalización del dinero mal habido en la política, si la Policía, la Fiscalía, el poder Judicial y la Contraloría hacen también su trabajo.

Lo segundo es plantearse objetivos institucionales que no son correspondidos con las medidas planteadas. No se puede afirmar, por ejemplo, fortalecer partidos políticos en el Perú y mantener el voto preferencial. Tampoco se puede otorgar dinero público a los partidos, sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión. Menos se puede combatir el golondrinaje si no se establece más tiempo para supervisión de domicilio y penalidades efectivas.

Un tercer problema viene de la mano del conocimiento y la coherencia de las propuestas. Con el conocimiento no solo nos referimos propiamente a las leyes que se busca reformar, sino a los impactos que producen ciertas medidas. Por eso se observa con preocupación cómo se plantean medidas que ya están en las leyes u otras que no corresponden. Ciertamente, en materia de reforma política y electoral hay cerca de una docena de normas, pero para discutir y colaborar con la reforma, por lo menos hay que conocerlas.

Pero lo que quizá es más peligroso es hacer propuestas que no parten de un mínimo diagnóstico, sean parciales y carezcan de prevención de impactos. Esto es frecuente leerlo a través de los medios o a través de algunas propuestas legislativas.

A la luz de estos pasos, queda claro que no se ha examinado ninguna de las cuatro variables.

Finalmente, la medida resulta tan o más demagógica que la prohibición de reelegir congresistas, propuesta por algunos en redes sociales como respuesta a la medida. Hay que considerar que la tasa de reelección de congresistas no es alta en el Perú (y que normalmente se eligen los congresistas de mejor desempeño). Con los presidentes regionales pasa otro tanto. Y, como indica Carlos Meléndez, en el caso de alcaldes provinciales y distritales, no se supera el 20% de reelección. Por tanto, no hay una correlación entre índice de choros y reelección de autoridades.

En suma, una medida poco meditada en el Congreso de la República. Tanto o más que la elección de un pastor homofóbico a la cabeza de su grupo de derechos humanos.

(Foto: Congreso de la República)

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Mientras todo el mundo estaba pendiente del clásico del fútbol peruano, El Comercio escogió finalmente a su nuevo director. Se optó por alguien de la casa: Fernando Berckemeyer, quien era editor central de opinión del diario hasta hoy, será la nueva cabeza periodística del diario privado más antiguo del país.

Se trata de un relevo generacional en el Decano. Berckemeyer es abogado egresado de la PUCP, de 36 años de edad. Ha sido profesor universitario en la Católica, abogado del Estudio Olaechea y fundador de Enfoque Derecho, informativo de actualidad jurídica de la asociación Themis.

¿Qué línea se acentúa en El Comercio? Claramente, una visión libertaria del mundo. Como se puede notar de los editoriales de los últimos dos años y medio en El Comercio - y de los escritos que pude leerle en Themis hace varios años - Berckemeyer está bastante cercano a la corriente del análisis económico del Derecho (cuyo principal impulsor en el Perú es Alfredo Bullard), en la que se busca determinar que normas son económicamente eficientes y, sobre esa base, predecir qué medidas deberían ser promulgadas.

En esa línea, el AED en versión peruana, llevado a categoría de catecismo, constituye una versión refinada de la abstención absoluta del Estado en materia de regulación de las relaciones económicas. Eduardo Dargent, en una columna en la revista Velaverde, define bien esta forma de ver el mundo:

Los libertarios asumen que la intervención estatal se jus­tifica en casos extremos, básicamente para garantizar la vida en común de individuos considerados libres e iguales. La in­tervención estatal, especialmente aquella que busca redistri­buir la riqueza para establecer una igualdad real o promover determinados valores, casi siempre viola la libertad. Claro, como toda ideología que pretende tener éxito en la política, los libertarios también señalan que seguir sus recetas traerá beneficios a la sociedad: el individualismo hace más prós­pera a la comunidad y se evita un Estado autoritario. Como sea, no se debe intervenir y mucho menos intentar igualar; garantizar la igualdad jurídica basta.

El problema para muchos es que esta receta vuelve intoca­ble la distribución de riqueza existente: la considera justa. Y así sacan de la política lo que ha estado en el centro de la misma desde siempre. Aristóteles, Marx, Rawls o Aron ven la propie­dad y la distribución justa de la misma como un tema político fundamental. Para el libertario no lo es, pues no hay nada que discu­tir: cualquier cambio es injusto. Su pensamiento, radical en lo moral, es conveniente para los que ya tie­nen riqueza y poder. Y poco atrac­tivo por conservador para quienes creemos que sí hay cosas que dis­cutir en esta distribución.

Por ello es que uno se puede encontrar en los editoriales de EC visiones económicas que estaban incluso más a la derecha que los anteriores directores nombrados del diario (Alejandro Miró Quesada, Francisco Miró Quesada e incluso Fritz Du Bois).

¿Y en lo político? De columnas pasadas y editoriales recientes, se desprende que Berckemeyer se ubica en el lado diestro del espectro, lo que resulta congruente con la línea de El Comercio de los últimos años. No es fujimorista (de hecho, está de acuerdo con la sentencia por violaciones a los derechos humanos), pero votó por Keiko en contra de Humala. Está, obviamente, en una línea crítica frente al actual gobierno. Obviamente no es fan de la izquierda, pero también queda claro que tampoco comparte algunas animadversiones de algunos. Por ejemplo, a diferencia de algunos de sus pares de derecha, sí cree en el sistema interamericano de derechos humanos.

Donde sigue manteniendo cierta incógnita es frente a temas sociales como, por ejemplo, la relación Estado - Iglesia, denuncias sobre abusos sexuales en el seno del clero o la unión civil a favor de personas del mismo sexo, temas en los que el diario no expresó una opinión editorial institucional. Más bien permitió que liberales y conservadores expresaran sus ideas en distintas columnas de opinión. La gran pregunta es si tendrá una voz más clara en torno a estos tópicos, ahora que es el director periodístico de EC.

Me consta que Berckemeyer respeta las opiniones ajenas, así discrepe de ellas. En los seis meses que colaboré en El Comercio (gracias a su llamada) respetó - e hizo respetar - cada columna que le envíe, por más que su visión del mundo y la mía sean opuestas. Y por supuesto, seguiremos discrepando, cada uno desde su posición sobre el país. Veremos que vientos soplarán en el diario más importante del Perú. Un adelanto ya ha sido dado.

(Foto: El Comercio)

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Durante las últimas semanas, el caso López Meneses ha recobrado una inusitada actividad. De un lado, la comisión encabezada por el congresista fujimorista Juan José Diaz Dios buscó, en primer lugar, citar a Ollanta Humala al grupo de trabajo y, posteriormente, buscó encontrar una conexión directa entre el ¿ex? operador montesinista con Palacio de Gobierno.

De otro lado, el gobierno ha respondido con fuego graneado a apristas y fujimoristas, siendo los principales protagonistas Pedro Cateriano, Ana Jara y Daniel Urresti. Y, en medio de todo, el principal investigado se burla de la comisión y dispara acusaciones sobre supuestas reuniones.

Vayamos por partes. Primero conviene tener en claro que es lo que no se ha conseguido demostrar en el caso. Explica Juan Carlos Tafur en su columna de hoy:

Atrás quedaron las iniciales hipótesis que ha­blaban de que en el lugar se resguardaba a las amantes de personajes poderosos, incluido el propio Presidente, que allí se chuponeaba, que en el lugar se almacenaba el oro ilegal con el que se sobornaba a funcionarios del régimen. Nada de eso se ha podido probar. Tampoco se ha logrado determinar que Óscar López Mene­ses sea el nexo de una supuesta coordinación entre Vladimiro Montesinos y su entorno, con la residencia de Palacio y mientras eso no ocu­rra todo no pasa de ser fantasía.

En segundo lugar, conviene tener claro que es lo que ha conseguido saber hasta ahora. Gustavo Gorriti escribió una columna a fin del año pasado sobre el tema, que puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Hubo un resguardo ilegal a la casa de López Meneses que califica como peculado de uso y que fue ordenado en forma verbal por miembros de la Policía Nacional del Perú. Este es el eje central de la investigación en el Ministerio Público, que involucra a exmandos policiales.

b) Un eje de investigación claro que debería profundizarse más es la relación entre el exdirector general de la PNP, Raúl Salazar, y el exasesor presidencial en temas de Seguridad, Adrián Villafuerte Macha. Según Gorriti, fue gracias a Villafuerte que el policía en retiro pasó a ser un eficiente servidor del segundo alanismo al hombre de confianza policial de la primera parte del gobierno humalista. La pregunta que inmediatamente uno se hace es: ¿habrá profundizado Diaz Dios en esta relación o simplemente seguirá fijándose en patrulleros?

c) López Meneses ha presumido de buenas amistades en las Fuerzas Armadas. Según Gorriti, pudo obtener esta buena influencia, sobre todo en el Ejército, durante el segundo gobierno de García. Dos nexos claros: el excomandante general del Ejército, Paul Da Silva, y el actual rector de la Universidad San Martin de Porres (empleador de AGP y exempleador de OLM) José Antonio Chang.

d) Si todos tenemos sospechas que López Meneses oculta “algo más” es porque formó parte de la estructura criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Hasta alli, las certezas. Sin embargo, quedan algunas preguntas pendientes.

La primera tiene que ver con el móvil de la custodia. Y aquí tiendo a pensar, hasta el momento, en dos premisas complementarias. De un lado, López Meneses fue tejiendo, al salir de prisión, una serie de vínculos políticos, empresariales y, sobre todo, influencia en el sistema de inteligencia del Ejército. Al mismo tiempo, resulta plausible la tesis de Rosa María Palacios sobre el resguardo: entrega de patrulleros a cambio de la posibilidad de una ayudita para los ascensos. Además de sus influencias reales, recordemos, OLM se ha ufanado de tener contactos para poder subir en el escalafón castrense. De hecho, acaba de acusar a Urresti de buscar su ascenso a través de una reunión con él.  Mientras no haya un tema que conecte directamente a Palacio de Gobierno con López Meneses, esta parece ser la tesis más sostenible.

La segunda tiene que ver con una pregunta planteada por Palacios hace unos meses:

En la realidad lo primero que hay que averiguar es ¿de qué vive este señor? Y esa sencilla pregunta nadie la contesta. Es evidente que se jacta – y probablemente vende – de tener influencias. Ha tratado de relacio­narse con Ollanta Humala por to­dos los medios menos por uno que podría resultar más interesante de explorar: su hermano Alexis. Pero, ¿de qué vive para mantener ese rit­mo? Ni siquiera él puede contestar­lo. Rico heredero no es. ¿Testaferro? Se le acusó de serlo de Montesinos pero sus delitos prescribieron antes de poder ser condenado. Entonces, ¿testaferro de quién? ¿Vendedor de qué influencias? ¿Ofrecía ascensos y mejoras de colocación en falso y por eso obtuvo las ofrendas policia­les de la protección policial? ¿Eso le permitía captar más incautos? ¿Jefe de una central de chuponeo o inteli­gencia paralela? Nadie lo sabe.

Y la tercera tiene que ver con el juego político alrededor de este tema. De un lado, cabe preguntarse porque el gobierno ha preferido utilizar este caso para poder pasar a la ofensiva contra dos bancadas que le han sido hostiles durante estos años. De otro lado, si es que a algún dirigente del fujimorismo y del aprismo - más allá de algunos cheerleaders en redes sociales -, así como algunos periodistas y consultores de imagen, se les está cruzando por la cabeza la peregrina idea de buscar una conexión López Meneses - Humala para vacar al presidente y adelantar el calendario electoral. Misma idea que quisieron intentar con Toledo hacia 2003 - 2004 y que tan poco éxito tuvo.

Finalmente, lo que alimenta toda la serie de especulaciones respecto de este caso es la pobre confianza que se tiene en la clase política peruana. En parte, debido a los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos (nacionales, regionales y municipales). Pero también a que la judicialización de la política ha convertido en arma para negociar a cualquier tipo de indicio sobre inconductas, sea cual fuere el calibre de la misma. Ese es el telón de fondo en el que puede operar - o jactarse de hacerlo - alguien como Óscar López Meneses.

(Foto: La República)

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PREVIAMENTE: La semana pasada, IDL-Reporteros presentó algunas de las conexiones de dos empresas vinculadas a Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia de la República y exMinistro de la Producción, con la empresa brasileña Odebrecht. Exploramos en las mismas y analizamos algunos datos adicionales que conducen al Cristo del Pacífico obsequiado por la compañía constructora. Veamos ahora la segunda parte de este caso.

LO QUE DIJO LA MEGACOMISION

Dentro de los ocho informes ya conocidos de la Megacomisión, existe uno que se llama “Casos Complementarios”, que comprende una serie de hechos que, por cuestiones de tiempo, ya no pudieron ser analizadas en forma más exahustiva por el grupo de trabajo.  Dentro de ellos, se encuentra la donación del Cristo del Pacífico.

Como recordamos, en junio de 2011, a un mes de terminar su mandato, el expresidente Alan García sorprendió a todos con una obra no prevista: la instalación de una estatua de Cristo parecida a su similar brasileña ubicada en Corcovado (Río de Janeiro) en el Morro Solar. Varios fueron los cuestionamientos a la obra: el concepto de la obra en sí misma, la ausencia de un concurso arquitectónico público para su construcción, el uso de símbolos religiosos en un estado laico, la no consulta a la Municipalidad Metropolitana de Lima y el secretismo con el que el Ministerio de Cultura manejó el tema.

Pero el aspecto más controvertido de la obra estuvo en su financiamiento. Como resumió y halló la periodista Jacqueline Fowks:

El presidente Alan García inauguró la base de una escultura semejante al Cristo de Corcovado que, por su iniciativa, colocará en el Morro Solar de Lima. Dijo que aportó 100 mil soles y el resto otros generosos empresarios brasileños. Una resolución ministerial de abril acepta la donación de la ‘Asociación Odebrecht para el desarrollo sostenible’  avaluada en más de 830 mil dólares.

Esta fue la resolución en cuestión (foto: blog Notas desde Lenovo):

¿Qué encontró la Megacomisión respecto de la controvertida estatua?

1. LA CONEXION NAVA - OBEBRECHT: Como mencionamos en el post anterior, la Megacomisión solo pudo encontrar una parte de los contratos del estudio Nava & Huesa con la empresa brasileña, existiendo una discrepancia entre el monto declarado a SUNAT y lo que Odebrecht remitió como egresos. Ahora se suma a este indicio los otros contratos de empresas vinculadas a la familia Nava con la compañía constructora, presentados por Romina Mella la semana pasada.

2. EL PATRONATO DEL CRISTO DEL PACIFICO: Constituido en febrero de 2011 por Odebrecht, representada por Jorge Barata y, a título personal, por Fiorella Simeone Blondet, quien había sido miembro del directorio de SEDAPAL hasta pocos días antes de la formación de esta entidad.

Sin embargo, como mencionamos en el post anterior, Simeone Blondet había participado en al menos una reunión previa con Alan García y Barata tres años antes, en febrero de 2008, luego de una primera reunión entre Nava y el funcionario brasileño. Y, además, la exfuncionaria de SEDAPAL, durante el ejercicio de su cargo, había asumido la presidencia del Patronato del Teatro Nacional, formado por las empresas Odebrecht, Unique, Telefónica y Backus.

Según la constitución del Patronato, indica la Megacomisión, su objetivo era “contribuir y apoyar las gestiones que viene realizando el gobierno central (…) para poner en valor la zona costera de Lima”, para lo cual “apoyarán el levantamiento de un eje turístico en la zona histórica del Morro Solar”, que consistirá en la “elaboración y colocación en dicha zona de una gran escultura de Cristo mirando al Océano Pacífico”.

El primer directorio del Patronato era presidido por Barata y conformado también por Simeone y Marcelo Aguiar Martínez, también brasileño. Tanto el primero como el tercero aparecen ante la SUNAT como representantes de la entidad, a pesar que, según la Megacomisión, en agosto de 2012 empezó su liquidación a cargo de Juan Carlos Velarde Chávez.

Pero el dato más sabroso de la historia de esta entidad está, como señala, en su escritura pública de constitución. Allí se encuentra que Alan García Pérez estuvo presente en la reunión de formación del Patronato del Cristo del Pacífico como “promotor”, cargo que cumplirá “ad honorem”, sin asumir ninguna obligación o responsabilidad legal por ello. AGP aceptó dicho nombramiento. García declaró que no consideraba que su participación en el Patronato suponía algún tipo de influencia o injerencia en los procesos de contratación en los que participaba Odebrecht.

3. SOLO ODEBRECHT ESTUVO DETRÁS DEL CRISTO DEL PACIFICO: En su declaración a la Megacomisión, Alan García dijo que la iniciativa de la edificación de la estatua fue propuesta por el denominado “Grupo Brasil”, un grupo conformado por la Embajada de Brasil en el Perú para la asesoría a sus connacionales para que puedan realizar inversiones en nuestro país.

Sin embargo, todos los indicios recabados por el grupo de trabajo parlamentario apuntan a que la única compañía involucrada fue la constructora brasileña. Todos los documentos de construcción de la estatua, traslado de la misma e importación tienen vínculos con las sucursales peruanas de la compañía y la asociación constituida para las acciones de responsabilidad social de Odebrecht. No hay indicios de la intervención de otras empresas. De hecho, quienes firman la carta de la donación al Estado peruano (Darcy Machado Filho y Barata) lo hacen a nombre de la Asociación Odebrecht.

4. LAS REUNIONES DE DIRECTIVOS DE ODEBRECHT EN PALACIO DE GOBIERNO:

La Megacomisión encontró que altos directivos de Odebrecht sostuvieron reuniones en la casa de gobierno durante el segundo quinquenio aprista.

Jorge Barata estuvo en Palacio en 16 oportunidades entre septiembre de 2006 y junio de 2011. De ellas, 13 recepciones fueron debido a reuniones con Alan García, la mayoría en 2008. También se registran 3 reuniones con Luis Nava Guibert, cuyos vínculos entre las empresas de su familia y Odebrecht han sido ya señalados.

Raymundo Trinidade Serra, gerente de una de las empresas del grupo Odebrecht en el Perú, estuvo en una reunión en Palacio, para una coordinación con representantes de la compañía y representantes del Gobierno Regional de Amazonas, con la entonces Primera Dama Pilar Nores de García en 2007. En esa misma reunión estuvo presente el ya mencionado Darcy Machado.

Finalmente, Marcelo Aguiar Martinez tuvo una reunión con Ruben Neyra, subsecretario de Palacio de Gobierno en 2009, sin que se indique el motivo de la misma.

5. EL TRÁMITE PARA LAS OBRAS DEL CRISTO DEL PACÍFICO FUE BASTANTE RÁPIDO: Como ya narramos, el Patronato del Cristo del Pacífico se formó en febrero de 2011. El 29 de marzo, la Asociación Odebrecht envía la carta de donación de la estatua a la Presidencia del Consejo de Ministros. Al día siguiente se envía el expediente de ingeniería y los documentos destinados para concretar la donación. El 4 de abril se realizan 11 actos administrativos vinculados al tema. El 8 de abril se presentan los documentos respectivos ante la Municipalidad de Chorrillos. La aprobación final de los documentos culmina a fines de abril. En resumen, celeridad de un mes para la aprobación de este proyecto.

6. EL PROBLEMA: LA DONACIÓN SE OTORGA Y TRAMITA CUANDO ODEBRECHT ESTÁ EN COMPETENCIA POR OBRAS VINCULADAS A LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA: Como describe bien la cronología del caso, durante el proceso de donación, su otorgamiento y ejecución final de la edificación del Cristo del Pacífico coincide con los procesos de licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima (el antiguo Tren Eléctrico), obra sobre la que, en su momento, existieron diversos cuestionamientos por parte de los demás postores.

7. EL DONATIVO DE ALAN: Como dijimos al inicio, el expresidente señaló que había dado un donativo de 100,000 nuevos soles para la obra. Sin embargo, como constató la Megacomisión, García entregó un cheque por 25,000 dólares americanos mediante un cheque emitido en junio de 2011 a nombre del Patronato del Cristo del Pacífico. Aproximadamente, la suma corresponde a 70,000 nuevos soles. La pregunta que nos hicimos aquella época sigue estando en pie: ¿de dónde salió ese dinero?

En suma, una serie de indicios que deberían llevar a una mayor investigación sobre el tema. Aquí hemos presentado una primera aproximación.

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“No creo que ninguna empresa importante que haya contratado sea su cliente y, en todo caso, no creo que sea una ilegalidad”. (Alan García Pérez, sobre contratos del estudio Nava & Huesa con Odebrecht, 30 de octubre de 2013, sesión en la Megacomisión)

Hace unos días, Romina Mella, periodista de IDL-Reporteros, presentó una serie de tres informes sobre la relación de dos empresas vinculadas con el exsecretario de la Presidencia de la República y exministro de la Producción, Luis Nava Guibert, con varias empresas que tuvieron contratos importantes con el Estado durante el segundo gobierno aprista.  La lista abarca varias compañias, entre ellas empresas del sistema financiero y dos conglomerados vinculados a Miguel Garro, uno de los principales implicados en el caso Comunicore.

Pero quizás el caso más sabroso es el que tiene que ver con la constructora brasileña Odebrecht. Una empresa que tuvo buenos negocios durante el gobierno aprista y que ha tenido más de un cuestionamiento en otros países por sus buenas relaciones con otros gobiernos.

LA RELACION ODEBRECHT - NAVA

Mella encontró dos datos interesantes en su informe sobre la relación entre Odebrecht y empresas vinculadas a Nava Guibert. El primero es el siguiente:

Transportes Don Reyna fue subcontratista de Odebrecht.

Según ha podido establecer IDL-R, la relación entre ambas empresas fue estrecha. Por ejemplo, Transportes Don Reyna compró cinco volquetes que Odebrecht había traído al país para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

La operación se hizo a través de un leasing con el BBVA Continental. “Trajeron un lote de más y lo pusieron a la venta. Entonces hablamos con el banco”, indicó José Antonio Nava, en una entrevista concedida a IDL-R. Los nuevos vehículos pasaron a formar parte de la flota de Transportes Don Reyna, que es de 30 camiones en la actualidad, según Nava.

José Antonio Nava aceptó que Transportes Don Reyna ha sido subcontratista de Odebrecht en diferentes obras y proyectos antes de y durante el segundo gobierno aprista. “Siempre hemos sido subcontratados”, dijo.

-Hemos trabajado en Interoceánica, DP World, Gas de Camisea, un montón de carreteras antes. Ahora estuvimos en Olmos, y estamos yendo a Chaglla [la central hidroeléctrica]. Son varias, pero no quiero hablar de las empresas con las que tengo cláusulas de confidencialidad.

-Se lo pregunto porque [Odebrecht] es una de las más grandes contratistas del Estado.

-(…) Yo no voy a dejar de trabajar con las mismas empresas con las que he trabajado y llevar el pan a mi casa porque, digamos, estas empresas van a trabajar con el gobierno, lo que siempre han hecho.Yo entré a trabajar en Interoceánica. Interoceánica es una obra que la dio Toledo. ¿Dónde está la influencia?

¿Dónde está la influencia? En el caso de Odebrecht estuvo repartida entre los gobiernos de Toledo y de García. En ambos se exoneró repetidamente a Odebrecht del requisito del SNIP, lo que dejó el escenario abierto para gigantescas inflaciones de costos mucho después de la concesión de la obra, a lo largo de su ejecución.

Cabe recordar que Transportes Don Reyna funcionó en el mismo edificio de Comunicore, como descubrió Daniel Yovera hace algunos años y que la mencionada compañía vinculada a Nava y sus hijos transportó insumos químicos a COMARSA, la empresa minera vinculada a la familia Sánchez Paredes. Como sabemos ahora, TDR le hizo trabajos también a empresas vinculadas a Garro, el hilo principal del caso Comunicore.

El segundo es igualmente sabroso. Y dará pie a la historia que comenzaremos a contar a continuación. Según Mella:

Ese año, Nava & Huesa Abogados tuvo ventas anuales por 896 mil 586 soles. Al año siguiente, 2007, las ventas [es decir, el monto total declarado por el pago de los clientes] crecieron por encima del 45 por ciento. Y en el 2010 sus ingresos fueron casi el doble que los del 2006. En ese lapso, el estudio patrocinó a 69 empresas, de las cuales 44 tuvieron una relación contractual con el Estado, principalmente en los sectores de construcción, pesca, bancos y seguros.

Una de esas compañías fue precisamente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción –parte del holding empresarial de Odebrecht–, que durante el gobierno de García obtuvo contratos por un monto total de 170 millones 179 mil 296 soles, de acuerdo con cifras del ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El patrocinio de Nava & Huesa Abogados a esta empresa coincide en fechas con el inicio del segundo gobierno de Alan García. Según Luis Nava Mendiola, Odebrecht se hizo cliente del estudio tres o cuatro meses antes del 28 de julio. “Con ellos estuvimos entre 6 y 7 meses”, indicó a IDL-R, en una entrevista que tuvo lugar en su estudio de abogados.

-¿En qué consistió la asesoría?

-Eso no te lo podría decir.

-¿Cómo llega a ustedes la compañía [para que los asesoren]?

-Yo en el 2004 asesoré a otra empresa [Constructora Upacá] que tenía una acreencia respecto de Odebrecht y lo que se logró con esta empresa era cobrar […].Supongo yo que Odebrecht se habrá dado cuenta de que hacíamos un buen servicio.

Según documentación enviada por Odebrecht a IDL-R, la relación cliente-estudio se inició en abril del 2006 y se prolongó hasta diciembre de ese año. “Nos brindaban servicios jurídicos de manera integral y permanente, asesorándonos en materia civil, laboral y penal […]. Específicamente atendían requerimientos de acuerdo a las necesidades que se presentaban en la empresa”, refiere la carta, que en su momento fue remitida a la Megacomisión, encargada de investigar los presuntos casos de corrupción durante el segundo gobierno aprista.

Según documentación de la propia Odebrecht, los pagos se hicieron a partir del 19 de julio del 2006 hasta diciembre de ese año.

Odebrecht señaló que pagó 3,750 dólares al mes al estudio Nava & Huesa. Son 26,250 dólares en total. Ojo, hay una discrepancia con lo señalado por la SUNAT a la Megacomisión. De acuerdo con la entidad de recaudación tributaria, la empresa brasileña pagó S/. 13,830 en total al estudio jurídico. ¿A qué se debe esta discrepancia? Pregunta para una indagación posterior.

¿Y cómo esto nos lleva al Cristo del Pacífico donado por Odebrecht? Según el informe de la Megacomisión vinculado a los denominados “casos complementarios”, la primera reunión vinculada a este tema fue sostenida entre Nava y Jorge Simoes Barata, director superintendente de Odebrecht, el 7 de febrero de 2008. Tres semanas después, Barata se reunió con Alan, en Palacio, junto a dos funcionarios de Arquitectonica International Corporation, el arqueólogo Hugo Ludeña y la entonces gerente de la Cámara de Comercio Italiana en Perú, Fiorella Simeone Blondet.

Finalmente, no es el único indicio que conduce la relación entre Barata y Nava. Como indicó Oscar Miranda para la revista Ideele:

Fuentes consultadas para este informe señalan que Barata es muy amigo de José Antonio Nava, el hijo mayor de Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia de Palacio de Gobierno, ministro de la Producción y, sobre todos los demás cargos, mano derecha del mandatario y hombre de su más extrema confianza. También es un hecho que, hasta hace unos años, Odebrecht tenía un consorcio con la constructora UPACA, de Luis Felipe Piccini, el gran amigo y socio de Nava hijo (el Consorcio Odebrecht- UPACA, que hasta el 2008 figuraba en el directorio de constructoras del Ministerio de Vivienda). En un reportaje de Daniel Yovera publicado en Perú.21, Henry Brachowicz, ex gerente general de Comunicore, aseguró incluso que Nava tenía una empresa con su amigo Piccini que le prestaba servicios a Odebrecht en la Interoceánica Sur. El hijo mayor del Ministro negó en ese momento tal afirmación. Sin embargo, los indicios de la relación entre la empresa y los Nava están allí.

De hecho, como indica Mella, fue a través de Piccini que José Antonio Nava conoció a Miguel Garro. Ambos adquirieron en partes iguales un terreno en La Planicie (luego Nava Jr. compraría su parte a Garro). Mientras que Transportes Don Reyna trabajó tanto para Relima como para Sirius, la constructora de Piccini y Garro.

En la segunda parte, veremos la historia completa de cómo se hizo la controvertida donación de la estatua religiosa.

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Esta semana, Exitosa presentó dos repor­tajes que involucran en presuntos malos manejos de dinero público a autoridades del Comité Olím­pico Peruano y a una con­gresista de la República. Los rubros implicados – regalos a dirigentes y publicidad – son motivo de observación en otras partes del mundo.

En todo el planeta, se in­vestigan casos de corrup­ción vinculados al deporte: otorgamiento de sedes para grandes eventos, compra de resultados, malos mane­jos económicos, mercado de pases, rebaja de edades para torneos juveniles, en­tre otros. Un periodista de Trinidad y Tobago ganó el segundo lugar del Premio La­tinoamericano de Periodis­mo de Investigación por sus indagaciones acerca de los negocios del presidente de su federación de fútbol, quien también era vicepresidente de la FIFA y político destaca­do en su país.

¿Y en nuestro medio? Son pocos los casos a los que se ha hecho seguimiento o des­tape: obras inconclusas para los Juegos Bolivarianos en Trujillo (Juan Carlos Ortecho en La República), transferen­cias de futbolistas ligadas al grupo Image (El Comercio) o la trayectoria de la exadmi­nistradora temporal de Uni­versitario de Deportes (Óscar Castilla en Poder).

¿A qué se debe esta situa­ción? De un lado, a los pro­blemas actuales del periodis­mo peruano: poca inversión para reportajes a profundi­dad, desactivación de uni­dades de investigación, más espacio para temas banales. Pero, de otro lado, a que mu­chos periodistas deportivos no se han atrevido a romper su zona de confort. Deben convencerse que la mejor manera de preservar su ni­cho de mercado es, precisa­mente, ayudar a sanearlo.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 19.10.2014)

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La historia del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, tiene todos los ingredientes de una serie policial. Un burgomaestre popular que dilapida su capital político en medio de obras inconclusas, fajos de billetes en su casa, una pareja casi 30 años menor que él a quien involucró en su trama delictiva y, claro, casi el capítulo completo sobre delitos contra la administración pública: licitaciones en las que las empresas ganadoras no otorgaban los servicios contratados (y pagados), empresas fantasmas, cobro de “comisiones” a quienes ganaban los procesos de contratación y otras irregularidades, además de presunto lavado de activos.

La atención periodística, por ahora, se ha concentrado tanto en la alta cantidad de dinero y en los beneficios obtenidos por su pareja y su familia durante los 8 años de relación que tuvieron. Pero, desde ayer, el caso del exalcalde Torres tiene un nuevo ingrediente, que lo puede agravar.

Ayer el Tribunal Constitucional emitió este comunicado, que activó varias alarmas en algunas redacciones:

El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola Hani, hizo público el acuerdo del Pleno de prestar su colaboración con el Ministerio Público en la investigación que se viene llevando a cabo por el caso del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, de ser requerida.

“En nombre de los nuevos magistrados del TC y del mío propio, hago conocer a la ciudadanía que somos los más interesados en que se esclarezcan las versiones propaladas por diversos medios de comunicación que dan cuenta de presuntos actos ilícitos que habrían ocurrido años atrás en la entidad, con motivo de la resolución del Expediente N° 04298-2012-PA/TC, promovido por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales”, declaró Urviola.

Luego de culminar una sesión de Pleno donde se abordó el referido asunto, el titular del TC manifestó que “la imagen del Tribunal no tiene porqué empañarse por la comisión de un presunto delito, el mismo que deberá ser respondido por su autor o autores, con pleno respeto del principio de presunción de inocencia que reconoce la Constitución. Este nuevo TC reafirma su cabal compromiso de lucha contra la corrupción”.

El Pleno, por unanimidad, y sin perjuicio de la investigación a cargo del Ministerio Público, acordó constituir una comisión de investigación interna para establecer las responsabilidades administrativas en que se pudiese haber incurrido.

Como se recuerda, la demanda de amparo interpuesta por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, fue declarada fundada en el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 17 de abril de 2013, anulándose una sentencia que lo condenó por delito de peculado de uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. La sentencia contó con el voto favorable de los ex magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, mientras que rechazaron la demanda el actual Presidente del TC, Óscar Urviola Hani, y los ex magistrados Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Hayen.

¿Por qué Urviola salió a emitir estas declaraciones? César Romero de La República cuenta la acusación central que involucra a dos exmagistrados del TC:

Ahora, el colaborador eficaz N° 14-2014 ha declarado a la fiscalía que Torres pagó 160 mil dólares a dos magistrados del TC para que resuelvan a su favor. Cada uno de estos, hoy ex magistrados, habría recibido 80 mil dólares en efectivo, reveló el titular de la 3ª Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Lucio Zapata.

El fiscal hizo esta grave acusación ayer durante la audiencia en la que se decidió la prisión preventiva de Roberto Torres, por 18 meses. Aunque el fiscal no dio mayores detalles, La República pudo conocer que el colaborador señaló a Carlos Mesía y Gerardo Eto como los magistrados que habrían recibido el pago.

El dinero se habría entregado a través de un intermediario en un parque de Miraflores, en Lima, en setiembre del 2012, y luego Torres confirmó que el dinero llegó efectivamente a los personajes mencionados, precisó el testigo a la fiscalía.

¿Que ocurrió? Romero indica que:

Roberto Torres había sido condenado por peculado de uso, luego de que la fiscalía probó que utilizó una camioneta asignada a su uso para llevar a sus hijos al Jockey Club de Chiclayo, un día en que el alcalde se encontraba en Lima.

El TC resolvió que si bien los funcionarios no pueden incluir a su familia, cuando se les asigna un vehículo por función del cargo público que ocupan y que el tribunal que lo condenó aplicó correctamente la ley, no sustentó por qué el uso familiar de un vehículo oficial debía considerarse delito.

Muchas sentencias del TC anterior habían sido cuestionadas por su mala fundamentación jurídica. Javier Alonso de Belaúnde, abogado del Estudio Echecopar, ha hecho un inventario sobre los casos más relevantes. Pero es la primera vez que, en forma directa, alguien acusa de manera directa que una sentencia controvertida emitida desde la Casa de Pilatos no respondió a un mal criterio desde el Derecho, sino a algo peor.

Cabe mencionar que los dos magistrados sindicados por el colaborador eficaz estuvieron en el famoso almuerzo con varios abogados litigantes en el restaurant Brujas de Cachiche y que fueran ampayados a la salida del mismo por la prensa.

Esperamos las respuestas de los señores Mesía y Eto. Sin duda, el caso del alcalde de Chiclayo parece contener toda una caja de sorpresas.

(Foto: La República)

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Ayer se conoció que, luego de varios meses de espera, finalmente Perú Más, el partido político liderado por Pedro Pablo Kuczy­nski, pudo obtener su inscripción formal en el Registro de Organizaciones Políticas. Por tanto, queda ya listo para poder participar en las elecciones generales de 2011.

PPK busca generar un nuevo espacio hacia la derecha, tratando de captar a buena parte del electorado que se encontraba satisfecho con los logros económicos obtenidos durante los últimos 15 años y que busca una opción tecnocrática de gobierno. En ese espacio de electores, no solo no se cuestiona el actual modelo de desarrollo del país, sino que también se busca introducir los mismos criterios gerenciales de la empresa privada hacia el sector público. En suma, se quiere un “presidente - gerente”, fórmula que ya intentaron antes, sin éxito, Nano Guerra García, Daniel Córdova y Mercedes Araoz.

En ese sentido, PPK tiene algunas ventajas. De un lado, su capital personal. La historia de éxito del economista es referente precisamente para un grupo de electores que ven en su vida un ejemplo a seguir, más allá de los cuestionamientos de otros sectores respecto de su posición frente a determinadas empresas. Asimismo, la imagen de tecnócrata exitoso, que supo conducir el crecimiento de la primera década del siglo durante el gobierno de Toledo, es algo que podría explotar.

A ello se suma el hecho que PPK viene buscando la formación de cuadros. El Instituto País, fundado por el presidente de Perú Más, busca ser un espacio en el que, a través de charlas de coyuntura y talleres de capacitaciones, los profesionales - sobre todo, jóvenes - busquen acercarse a la agrupación.

Asimismo, PPK podría aprovechar que el PPC está por enfrentar un momento de definición respecto de su dirigencia, así como de su destino político. Con un partido rival directo en su propio espacio político en época de definiciones, Perú Más tiene una oportunidad para poder intentar una consolidación institucional.

Sin embargo, la agrupación también enfrentará varias dificultades. De un lado, la postulación de Enrique Cornejo en el APRA, con relativo éxito, demostró que hay otras agrupaciones que pueden disputar el espacio tecnocrático con mayor experiencia política.

Asimismo, congestiona el espacio diestro del espectro político y, por tanto, dispersa el voto en dicho sector del electorado. A menos, claro está, que busquen una alianza, sea con el PPC o con el APRA, cuestión aún prematura a estas alturas del partido, más aún cuando muchos de los partidarios de Perú Más buscarán calentar su propia maquinaria electoral, considerando que no han participado en las recientes elecciones regionales y municipales (y donde PPK terminó apadrinando candidatos a diestra y siniestra).

Además, PPK deberá lidiar con sus propios frentes internos. Sabiendo que, por cuestiones de edad, su liderazgo inicial tiene fecha relativamente cercana de caducidad - léase, esta sería su última oportunidad de presentarse a la presidencia -, deberá consolidar institucionalmente a su partido y, además, ir mostrando figuras que puedan ser potenciales candidatos para el 2021. A menos que quiera convertirse en un mero vientre de alquiler luego de su retiro de la vida pública. A ello se suma las indecisiones sobre el futuro político de Salvador Heresi, quien aparece como secretario general de Perú Más, pero que no sintió el respaldo del líder de su partido al final de la campaña municipal en Lima.

Finalmente, el principal problema con el que deberá lidiar Perú Más es el de la expansión de su posible base electoral. Como hemos dicho en otras oportunidades, el sector que prefiere un candidato tecnocrático en el Perú sigue siendo minoritario y tampoco resulta mayoritario incluso en los sectores que sienten más de cerca los beneficios de la buena marcha de la economía. Temas como el agua podrían ser el puente con sectores populares, pero tocados a través de un discurso más cercano a sus necesidades y lenguaje. Y, además, queda pendiente si mirará a un espacio de centro que, hasta el momento, no tiene candidato presidencial “natural”.

(Foto: El Comercio)

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Lo dijimos cuando asumió el cargo. Y lo ratificamos ahora. El señor Daniel Urresti no es la persona que debería ocupar el cargo de Ministro del Interior. Aquí las razones que tenemos para reafirmar nuestro juicio de valor.

1. LOS MINISTROS CASTRENSES NO FUNCIONAN EN INTERIOR Las relaciones nunca han sido buenas porque un sector de las FFAA apreció históricamente a la Policía como una fuerza auxiliar y subordinada. A ello se suma que su experiencia es distinta y que, tradicionalmente, les ha ido mal. Basta recordar las experiencias de Oscar Valdés y Wilder Calle en este gobierno. Y, sobre todo, porque las tareas de seguridad nacional y orden interno son distintas.

2. EL MINISTRO ESTA PROCESADO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOSEn diversos países del mundo, personas que estaban a punto de ser nombradas o que fueron designadas en cargos de confianza y a quienes se descubrió que tenían cuentas pendientes con la justicia por casos vinculados a violaciones de derechos humanos, tuvieron que dejar el cargo. Un Estado democrático de derecho que se precie no puede avalar hechos que atentan contra la dignidad humana. Peor aún, en el caso Bustíos ya existe una sentencia que demuestra la existencia de una vulneración grave a los derechos fundamentales.

Asimismo, la presencia de Urresti en un cargo como el de ministro de Estado, sin duda, abre un abanico de suspicacias y posibles presiones sobre la actuación de la Sala Penal Nacional, colegiado que debe definir, a la brevedad requerida, si es que el hoy titular del despacio del Interior debe ir o no a un juicio oral por el asesinato de un periodista en 1988. Y el ministro, en todas las entrevistas en estudio a las que va, tiene que defenderse sobre este tema, distrayéndose de la labor para la que fue encargado.

3. SU LABOR ES MERAMENTE EFECTISTA: El ministro no es un reformista y pedirle que luche contra la corrupción policial - o que reforme la PNP - es casi como pedirle a Castañeda que exhiba las obras que están en su plan de gobierno. Pero se ha percatado que lo que más le afecta a la gente es el robo a pequeña escala: la cartera, el celular, los faros del auto. De allí que la mayoría de operativos efectistas se centren en este tipo de crímenes. Y que allí reside su popularidad. Pero en el enfrentamiento de fondo frente a la delincuencia - menuda u organizada - no se oye padre.

4. LAS CIFRAS SOBRE DROGAS NO CUADRAN: Las denuncias sobre la discrepancia entre las cifras de decomiso de estupefacientes han sido varias durante los últimos meses. En un país donde la presencia del narcotráfico es un problema de seguridad, contar con datos exactos es algo indispensable para saber: a) la dimensión del monstruo que se está enfrentando y b) si es que realmente la Policía está haciendo su parte de la chamba en esta materia.  Sin embargo, al ser la PNP la principal fuente de los periodistas en este tipo de temas, el cuestionamiento a los datos proporcionados es menos visible, a menos que sea tan escandaloso, como el caso de los Pishtacos. Tan grave es la situación que ahora Urresti se niega a dar cifras sobre la materia.

5. EL SICARIATO: La cereza sobre el pastel. Esto fue lo que dijo Urresti el lunes:

“El 80% de lo que agobia a la gente es la delincuencia común(…) en un 90% las víctima del sicariato son delincuentes. ¿Entonces, a quién debe preocuparle el sicariato tremendamente con esa estadística? Pues a los delincuentes, al poblador común no le preocupa mucho”.

Ayer la mitad de las columnas de opinión salieron a la yugular sobre este tema. De todas las opiniones dadas, me quedo con lo dicho por Carlos Basombrío a El Comercio:

Basombrío también descartó que la gran mayoría de las víctimas de los sicarios sean delincuentes, y recordó, solo por mencionar algunos, los casos de Luis Choy, fotógrafo de El ComercioEzequiel Nolasco, ex consejero regional de Áncash; Marzony Vásquez, alcalde del distrito de Amarillis, todos ellos asesinados por sicarios. A ellos se pudo haber sumado el mes pasado Maribel Gutiérrez Chacón, dirigente de Polvos Azules.

Como dirían los gringos, i rest my case. Pero Urresti ha coronado sus infelices declaraciones con esta frase:

“El 80% de la población en Lima está principalmente preocupado por la delincuencia callejera y no por elsicariato, eso es lo que dije y lo mantengo. Además, he dicho que solamente debe ser una preocupación de delincuentes. Sí dije que ellos son los que deberían preocuparse, y han sacado de contexto mis palabras. Y ahora quieren hacerme parecer como si fuera un imbécil. Como si yo fuese capaz de decir que aquí en Perú el sicariato debe preocuparles solo a los delincuentes. Nada más lejos de la realidad”

Como dice la frase “Sólo Dios y los imbéciles no se equivocan”. Y dudamos, francamente, que en el Ministerio del Interior gobierne una divinidad.

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La caricatura de Carlín de hoy expresa el actual momento de Perú Posible en síntesis: un expresidente en investigación, con varios de sus mejores cuadros en fuga (el último de ellos, Juan Sheput, renunció la semana pasada) y con algunos personajes cuestionados como escoltas de Alejandro Toledo (el congresista al que se alude, Víctor Crisólogo, es investigado por sus conexiones con el clan Álvarez en Ancash).

Vamos por partes, ¿cuándo se genera la crisis en Perú Posible? Una hipótesis es la explicada por Juan Carlos Tafur la semana pasada:

Logra llegar al gobierno el 2001 y se articula alrededor del poder. Eso le da el oxígeno para sobrevivir en los años de sequía y se coloca en el partidor de un proceso de institucionalización que el propio Toledo alienta cuando ejerce una oposición light al régi­men de Alan García.

Pero desde la estre­pitosa derrota de To­ledo el 2011, todo ha venido cuesta abajo. Seguramente resen­tido con sus propias huestes por, según él, haber dejado que se le escape de las manos el triunfo (si llegaba a la segunda vuelta contra Keiko Fu­jimori o contra Ollanta Humala, era el seguro presidente) y al parecer convencido de que ya no tendrá posibilidades futuras, se ha dedica­do a trapear políticamente a su partido.

Ya no tendría más ambición que eventual­mente volver a postular pero no para lograr el triunfo sino para capitalizarse (y no solo políticamente) y en el intermedio utilizar a su partido y especialmente a su bancada para ejercer presiones al gobierno a cambio de sus votos, lamentablemente muchas de ellas ligadas a lobbies empresariales. No se trata solo de embajadas o puestos públicos, sino también de negocios.

En lo personal, tengo otra explicación. Creo que PP nunca tuvo el propósito serio de institucionalizarse, ni siquiera en sus mejores años. Y la mayoría de aquellas personas que, en algún momento, quisieron emprender dicho esfuerzo para trascender a Toledo, hoy están fuera del partido.

Si bien tiene bases y comités en varias partes del país, Perú Posible nunca pudo posicionarse ni como partido centrista - ¿qué era Toledo, hasta hace unos pocos años, sino la sucesión natural del centrismo belaúndista? - ni tampoco como maquinaria electoral. De hecho, parte de su derrota en el 2011 se explica por la ausencia de una estructura que pudiera aguantar un ritmo de campaña que se aceleró muy rápido hacia enero - febrero y que luego, por los errores del propio candidato, ya no pudo sostenerse en el tiempo.

La salida de Sheput se inscribe en esa línea. El exministro de Trabajo siempre ha buscado que el partido sea más que un grupo de amigos alrededor de Toledo y que tenga algo de sostenibilidad e identidad, tanto a través de la discusión de ideas como con la competencia con candidatos propios. De allí que haya discrepado con la alianza de facto para la elección municipal con Villarán, pero también - y sobre todo - que haya cuestionado el rol de PP como sujeto atado a la suerte del gobierno, como el FIM la tuvo entre 2001 y 2005.

Peor aún cuando la precariedad es mayor, debido a las investigaciones que recaen sobre Toledo y, sobre todo, respecto de la imagen del expresidente. Si bien es cierto que - tal como ha comentado La República este fin de semana - las indagaciones fiscales peruanas sobre el caso Ecoteva corren el riesgo de caerse (dado que no se podría acreditar el origen ilegal de los fondos), lo cierto es que las indagaciones en Costa Rica si podrían ir más allá. Y, aunque el caso quede cerrado en términos judiciales, va a quedar la sensación de una transacción hecha a espaldas de la segunda hija del exmandatario, para evitar cualquier cuestión patrimonial - hereditaria.

Dadas estas circunstancias, lo más probable es que Perú Posible quede librado a la suerte de su fundador y líder principal, como la mayoría de partidos en nuestro país. A menos, claro está, que quienes aún queden dentro decidan, como suerte de reconocimiento a los caídos en acción, dar un nuevo giro a una agrupación que pudo cubrir el espacio de centro que hoy la política peruana tiene vacío.

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