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Ayer, la abrupta salida de Denise Ledgard de la dirección del proyecto del Lugar de la Memoria tomó a muchos por sorpresa. Y aunque los motivos de dicho despido - sin las gracias por los servicios prestados - aún no han sido esclarecidos, la decisión motiva una legítima preocupación sobre el destino de este espacio.

Como se ha puesto en evidencia a raíz de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Chavín de Huántar, existe un consenso claro respecto al rechazo a las acciones cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA, que desde aquí compartimos. Pero parece no ocurrir lo mismo en torno a las acciones vulneratorias de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Aun se escuchan voces que justifican las mismas en nombre de la pacificación del país, como si la misma se hubiera logrado matando a campesinos inocentes o violando mujeres, como ocurrió en varios lugares del país.

Para muchos, el Lugar de la Memoria debe ser un lugar de celebración, una suerte de reinterpretación en clave de gesta heroica de la salvación de la Patria. Y resulta cierto que los valerosos esfuerzos de militares, policias, ronderos y, por supuesto, desde la civilidad para que la paz vuelva al Perú merecen ser resaltados y recordados, aunque no con el tono de desfile castrense con el que algunos quisieran conmemorar lo ocurrido en el país entre 1980 y 2000.

Pero, como bien han resaltado Juan Carlos Tafur y Luis Davelouis en sus respectivas columnas, el LUM debe ser un espacio que nos confronte y nos interpele.

A fin de cuentas, los senderistas y emerretistas que tanto dolor causaron al país no fueron hombres y mujeres que provinieron de Marte. Eran peruanos. ¿Qué llevó a un grupo de connacionales a emprender una violencia tan vesánica y abyecta contra el resto de la sociedad? Los extremos a los que lleva el fanatismo no solo los tenemos, todos los días, en las noticias que nos llegan sobre el Estado Islámico. Los tuvimos aquí, los sufrimos, los sentimos cada vez que un coche bomba reventaba, un apagón nos dejaba en tinieblas esperando a que nuestros padres llegaran a casa, una comunidad campesina era arrasada a machetazos, un grupo de asháninkas era reclutado forzadamente para unirse a una revolución por la que todo el país debía “pagar una cuota de sangre”.

Al mismo tiempo, cabe preguntarse sobre los niveles de estupidez y pobre empatía a los que llegó la respuesta desde el Estado. ¿Fue solamente un estado de locura repentina lo que llevó a los marinos acantonados en Huanta a hacer barbaridad y media en 1984? ¿O a Telmo Hurtado matar a mujeres y niños en la masacre de Accomarca? ¿O a los miembros del Destacamento Colina ejecutar sus acciones bajo las órdenes de Alberto Fujimori? Y, sobre todo, ¿qué llevó a una parte de la sociedad peruana - sobre todo, limeña - a hacerse la desentendida frente a estas cosas que ocurrían a vista y paciencia de todos? Porque el desconocimiento no puede colocarse como excusa.

El LUM ha tenido varias zozobras desde la formación de la Comisión de Alto Nivel, hace 6 años. La abrupta salida de Mario Vargas Llosa, motivada por un intento de amnistía apenas disfrazada que el gobierno de Alan García quiso aplicar, gracias a Rafael Rey. El poco interés que los dos gobiernos involucrados han tenido sobre la materia. Las tensiones con los militares, empresarios y organismos de derechos humanos en torno al contenido y el tono de la propuesta (de hecho, un artículo de Roberto Bustamante expresaba lo que algunos, en este último sector, pensaban sobre el tono empleado por Ledgard en sus apariciones públicas). Y es en estos momentos donde uno se pregunta si la propuesta enunciada por Diego García - Sayán para formar un patronato que garantice la narrativa del Lugar de la Memoria, así como la propuesta final de guión (¿una versión propia o Yuyanapaq como era la propuesta original?), podrán hacerse realidad.

Como bien señala la politóloga Katherine Hite, incluso los proyectos más exitosos de espacios de memoria han seguido procesos de desarrollo bastante complejos. Pero, como ella indica:

El LUM podría ser utilizado para trasmitir un mensaje, una sensibilidad, y tal vez, una responsabilidad. Obviamente, esto requiere el compromiso de muchos, de asumir el desafío de hacer esa transmisión. Y por más problemático y politizado que sea, requiere el apoyo del Estado. No conozco un museo de memoria nacional que sea exitoso y sostenible, sin el respaldo del Estado además de la sociedad civil.

Y, como todo indica, esa es la penúltima preocupación en la lista de la clase política peruana.

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Por razones de trabajo, tuve la oportunidad de seguir el primer juicio oral del caso Chavín de Huántar durante varios meses. Luego de asistir a las audiencias del proceso judicial, así como de leer los buenos trabajos periodísticos publicados en aquellos años por David Hidalgo y Umberto Jara, me quedó la convicción siguiente: existió una ejecución extrajudicial perpetrada por un grupo de personas ajenas a los valerosos comandos que ayudaron a liberar a los rehenes de la residencia del embajador japonés. Y que, con las demoras que había tenido el proceso, si el mismo era llevado ante el sistema interamericano y llegaba a la Corte IDH, iba a constituir una nueva sentencia en contra del Perú.

Durante el día de hoy hemos visto titulares bastante triunfalistas en torno a uno de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana: el no pago de reparaciones económicas a los familiares de Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito”, como si hubiera sido un gol del Estado peruano. Pero, al revisar la sentencia, uno se percata que los peticionarios habían renunciado a ese derecho sobre el daño material y, respecto del perjuicio inmaterial, la Corte simplemente dice que no procede. Tal vez, como indica el abogado Renato Constantino, hubiera sido mejor que la Corte invocara el precedente McCann v. Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante el cual no se indemnizó a terroristas que luego fueron vulnerados en sus derechos. Pero, a fin de cuentas, no fue la fundamentación nacional lo que hizo que el organismo supranacional arribara a esta conclusión.

De hecho, la Corte termina validando la hipótesis que manteníamos desde hace años: hubo una ejecución extrajudicial - la de Cruz Sánchez - y vulneraciones al debido proceso, como el plazo razonable del proceso judicial (cuestión que el propio Estado termina reconociendo ante el sistema interamericano en 2011). Y por ello nos condenan y ordenan que se siga una investigación sobre este tema.

Todo ello desbarata una errática línea de defensa planteada por el actual gobierno: que dicho hecho no existió y para ello presentaron una serie de peritajes cada cual peor que el otro. Informes que, como mencionó Ricardo Uceda, no analizaron el cuerpo del occiso y, además, tampoco pudieron rebatir el completo estudio hecho por José Pablo Baraybar y el ya fallecido Clyde Snow.

Como hemos ya mencionado en otras ocasiones, para que ello proceda será necesario que el Estado agote los esfuerzos para atrapar a Jesús Zamudio Aliaga, procesado por estos hechos y actualmente prófugo de la justicia. Incluso la Corte nos sentencia como Estado por no haber hecho el trabajo suficiente para atrapar a esta persona que, todo apunta, sería la principal responsable de los hechos antes anotado.

Pero, además, la Corte no se ciega y también reconoce que el Estado tenía el derecho que tenía el Estado peruano para plantear una salida militar ante una crisis de rehenes. Con ello, sin duda, convalida la operación militar Chavín de Huántar, en tanto la misma haya respetado los parámetros del derecho internacional.

Hay que decir que la Corte no se pronuncia sobre el tema específico de los comandos. En este caso, deja a que la investigación judicial interna haga su trabajo. Dado que sí consideró que el fuero militar no es competente para pronunciarse sobre ello, el Ministerio Público debería rematar el trabajo y sobreseer a los comandos por la muerte de Eduardo Cruz Sánchez y así concluir lo que ha sido una cadena de errores en la justicia interna. En todo caso, los comandos sí deberían ser llamados como testigos - lo que no es una afrenta a su condición militar - a fin de seguir esclareciendo los hechos materia de proceso judicial.

Así las cosas, el Estado peruano y la clase política nacional debería ir cerrando el tema. Y no ponerse en absurdas discusiones sobre lo que una organización no gubernamental debe hacer con el pago de costas del proceso - lo que corresponde a cualquier abogado en un caso ganado (en este caso, parcialmente) - o seguir con un proceso contra el testigo japonés del caso y los dos policías que corroboraron la entrega de Cruz Sánchez al grupo encabezado por Zamudio Aliaga. Y por supuesto, deben dejar de manosear el nombre de los comandos como perseguidos, cuando nunca lo estuvieron.

Finalmente, como indica Roy Palomino:

Si un prisionero se rinde, el Estado (digamos, un Estado de verdad) no puede acabar con su vida. ¡PERO SI SON TERRORISTAS! Ya, pero el Estado tiene que ser mejor que los terroristas, ¿no?

Se supone que para eso existe la democracia: si ya se rindieronhay que llevarlos a juicio y mandarlos a cárcel por sus delitos. De lo contrario, el Estado estaría actuando como un organismo terrorista.

Y esto es lo que debería quedar en claro, no solo con este caso - quizás uno de los más complicados por lo que implica - sino en las decenas de procesos donde agentes del Estado mataron o vulneraron otros derechos de inocentes en nombre de la pacificación. Si bien el Estado tenía el derecho y la obligación de defendernos de Sendero Luminoso y el MRTA, no cualquier mecanismo era válido para ello. A ver si de una vez por todas lo entendemos, en vez de alucinar que los conflictos como este se ganan actuando como John Rambo.

(Foto: Perú.21)

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Ayer El Comercio publicó un editorial que, hasta hace un año, era impensable: se pronunció a favor del matrimonio igualitario en el Perú.

Un editorial de este tipo era esperado desde que Fernando Berckemeyer asumió el puesto de director del diario, en noviembre pasado, dadas sus conocidas simpatías liberales. En esos meses - disculparán la autocita - mencionábamos lo siguiente:

Donde sigue manteniendo cierta incógnita es frente a temas sociales como, por ejemplo, la relación Estado - Iglesia, denuncias sobre abusos sexuales en el seno del clero o la unión civil a favor de personas del mismo sexo, temas en los que el diario no expresó una opinión editorial institucional. Más bien permitió que liberales y conservadores expresaran sus ideas en distintas columnas de opinión. La gran pregunta es si tendrá una voz más clara en torno a estos tópicos, ahora que es el director periodístico de EC.

No ha sido el único cambio en El Comercio. En enero pasado, salieron en buenos términos del diario Juan Paredes Castro (editor central de Política) y Mario Cortijo (editor general de Informaciones). Ambos periodistas - rostros emblemáticos de la redacción - se encuentran aún ligados al diario: el primero como columnista y el segundo como encargado del nuevo Libro de Estilo de EC. Pero donde se notaron más las salidas fue en lo que, podríamos llamar, el “bando conservador” al interior del periódico.

CONSERVADORES EN FUGA

Por aquellos primeros días de enero, Diana Seminario, editora de Política y cercana al Opus Dei, salió de su puesto. Y, aunque mantiene una columna todos los lunes - donde expresa libremente sus ideas -, lo cierto es que se nota un sustantivo cambio en el tono de las informaciones políticas en EC.

Al mes siguiente, se produjo el despido de Martha Meier Miró Quesada, debido a las insinuaciones contra la pulcritud profesional y ética de Berckemeyer, vertidas luego que una columna suya fuera retirada del diario debido a que el director consideró que la misma tenía elementos que podían calificarse como difamatorios. Con la salida de MMMQ - con quien Berckemeyer y Enrique Pasquel, subdirector del diario, tenían serias discrepancias desde hace buen tiempo -, se cerraba simbólicamente una era en la que el diario había estado bajo su control por varios años.

De hecho, muchos ojos apuntaron a ella cuando Berckemeyer anotó estas palabras en una entrevista dada en mayo sobre su visión del diario:

Yo creo que El Comercio ha cometido errores, algunos de ellos no tan lejanos en el tiempo

Las hostilidades aún continuan. Ayer Meier Miró Quesada se presentó en Boca a Boca, programa conducido por Luis Alfonso Morey en RBC. Y salió con todo en contra de Berckemeyer. Vía La Mula.

“Hace tiempo que no leo algo que se pueda denominar editorial en El Comercio. Son reseñas de noticias de la semana y una serie de aplausos a sectores empresariales”.

También negó haber sido despedida, sino que renunció, cuestión que no había dicho hace meses, cuando se produjo su salida. Este blog tiene la versión oficial que Meier, en efecto, fue despedida. Y, finalmente, se despachó con lo siguiente:

“No estoy prohibida de pisar El Comercio pero él no quiere que yo vuelva a escribir una línea mientras él sea director. Lo que no sabemos es cuánto tiempo lo va a ser“.

La tercera salida se produjo hace dos semanas. Rossana Echeandía renunció a su cargo como editora de la Mesa Central de Redacción. Ella está ligada al Sodalicio de Vida Cristiana, movimiento conservador peruano fundado por Luis Fernando Figari y que, en los últimos años, ha sido fuertemente golpeado por acusaciones de abusos psicológicos y sexuales, algunas de ellas aceptadas por la propia organización. Y precisamente un caso de este tipo generó un incidente el año pasado en El Comercio.

En febrero de 2014, la revelación del actor Jason Day sobre un episodio incómodo sufrido a manos de un sacerdote perteneciente al Sodalicio suscitó una furibunda respuesta, en una columna publicada en el diario decano, por parte de Echeandía. El “pequeño” detalle es que la periodista no indicó en momento alguno que ella pertenece al mencionado movimiento católico conservador, a través de la Asociación María Inmaculada. Y allí ocurrió lo que relata Diario 16:

Normalmente el decano no suele dar derecho a réplica, pero en este caso, el área de Opinión, que dirige Fernando Berckemeyer, buscó que Jason Day responda porque “descubrieron que Echeandía era del Sodalitium”.

Lo que Du Bois (Fritz, entonces director de EC, nota de DTP) recordó a la columnista fueron los puntos más resaltantes de los principios rectores del medio. Uno de ellos es que los periodistas deben separar sus actividades personales de la información que puedan desarrollar. En castellano: evitar conflictos de interés.

La patinada, si así podemos llamarlo, de Echeandía ha hecho que dentro del decano se unan varios de sus enemigos.

Según fuentes consultadas por este diario, la noche del jueves, al enterarse que El Comercio iba a reproducir la columna de Jason Day, la editora central puso el grito en el cielo. “Fue un grito sordo” porque Du Bois acababa de despedir a otra editora y a cinco correctores de estilo del decano.

¿Alguien sacó cara por Echeandía? Nadie. Ni siquiera su compañera de religión, Diana Seminario, editora de Política de El Comercio. Tampoco ha recibido el apoyo de Martha Meier Miró Quesada. “Martha escoge sus batallas”, dijo una fuente a este diario.

La publicación de la columna de Day fue autorizada, primero, por Du Bois, quien llamó a Berckemeyer para que contacte con el actor y le otorgue el derecho a réplica.

Echeandía tuvo su almuerzo de despedida, a cargo de varios de sus compañeros y excompañeros, el martes pasado. Aun no se conoce a su reemplazo en la Mesa Central.

LOS CAMBIOS: NUEVOS EDITORES Y LA UNIDAD DE INVESTIGACION

Al mismo tiempo que estas salidas se producían, un nuevo grupo de editores se encargaba del diario. Con las excepciones de Carlos Salas (DT), Alberto Servat (Luces) y Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada (Mundo), todas las secciones renovaron a sus cabezas: Política (Erick Sablich, teniendo como coeditora a Jimena de la Quintana), Economía (Santiago Dávila, exINDECOPI), Lima (Sandra Belaúnde, exSemana Económica) y Opinión (Mario Ghibellini y Diego Macera, este último, exInstituto Peruano de Economía).

Asimismo, se crearon nuevos cargos: Informes Especiales, a cargo de Gabriel Daly (exILD) y Proyectos Especiales, a cargo de Jaime Bedoya, quien venía de Caretas.

Durante las últimas semanas, se fueron cubriendo los demás puestos. La designación del editor de Regiones se definió en mayo. El elegido es José Carlos Requena, quien durante varios años se desempeñó como asesor político en la Embajada de Estados Unidos en Lima. Es comunicador social egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magister en historia por la PUCP y ha escrito un libro sobre el movimiento Libertad. Requena ocupa el puesto desde el 1 de junio.

Asimismo, también fue convocado como editor adjunto de Política Javier de Belaúnde de Cárdenas, hijo del reconocido abogado constitucionalista. También estudió Derecho en la PUCP y fue director de Themis, la misma revista de Derecho en la que, hace más de una década, coincidieron Berckemeyer y Pasquel como miembros y fundadores de Enfoque Derecho, el producto de análisis de coyuntura de dicha publicación de alumnos. De Belaúnde ha trabajado en los últimos años en el Estudio Echecopar. También comenzó sus labores en junio.

La salida de Meier Miró Quesada también abrió la oportunidad para mejorar un producto que, en los últimos años, no había estado a la altura de su historia. El Dominical apareció renovado en la quincena de mayo, bajo la edición de Dante Trujillo, uno de los creadores de la revista literaria Buen Salvaje. La primera edición tuvo una larga entrevista con Mario Vargas Llosa. Reseñas de libros, cuestiones ligadas a cultura popular, columnas de Jerónimo Pimentel y Bedoya y varias plumas reconocidas aparecen en el suplemento.

Finalmente, vean el titular central de la portada de El Comercio del jueves (foto: Perú.com):

El autor de la nota es Daniel Yovera, el periodista que más ha investigado al alcalde de Lima, autor de varios destapes en prensa escrita y televisión, quien es el flamante jale del diario. ¿Tendrá que ver esto con la anunciada reactivación de la Unidad de Investigación del EC, anunciada por Berckemeyer para julio?

EL FUTURO

¿Qué queda pendiente? En la lista está la web, sobre la que el director de El Comercio opinó lo siguiente:

Bueno, en realidad, todo lo que te estoy diciendo se aplica al diario como un generador de contenidos, más allá de las diversas plataformas en que estos contenidos aparezcan. Entonces, por ejemplo, pienso que El Comercio debería ahondar más en tener una presencia especialmente diseñada para aquellas plataformas digitales, como la tablet, en que el tipo de consumo permite una lectura más involucrada y detenida que la que se da en una web que te va contando las  noticias puras y duras, como la que se visita desde una desktop. Dicho eso, esta última también es muy importante y tiene su propia función: contar las noticias a nuestros visitantes de la manera más cercana posible al tiempo real. Nosotros tenemos la web de noticias más vista y rebotada –por lejos– del Perú.  Aunque creo que todavía tenemos que lograr que tenga el mismo ADN de El Comercio impreso. Ese no ha sido siempre el caso y eso es algo que tiene que corregirse.

Era la forma elegante de mencionar que la web de EC dejaría de tener la chapa de “Tromercio”, colocada por varios usuarios en redes sociales, a raíz de varias notas que apostaban, sobre todo, por el click bait. Es decir, por la nota curiosa que se vuelve viral en Internet o por el titular absolutamente vendedor pero finalmente fatuo.

Además, El Comercio ha apostado por una imagen más liberal incluso en su publicidad. Al ya citado editorial sobre matrimonio igualitario, sus spots por los 176 años del diario tenían como centro los derechos civiles: abolición de la esclavitud, 60 años del voto femenino y la lucha contra el fujimorismo (llamando “dictadura fujimontesinista” al gobierno del reo de Barbadillo) y el rol que jugó el diario en esas tres coyunturas. El tercer spot, según señaló Marco Sifuentes, cayó mal en predios de Fuerza Popular.

¿Críticas y temores? Desde fuera, aún se tiene la imagen de “diario demasiado a la derecha” de EC, sobre todo en materia económica. Este es un punto que, de acuerdo a lo que hemos señalado en otras oportunidades, no va a cambiar.  Otras personas que han trabajado en EC en años anteriores aún siguen manteniendo cierto escepticismo por la presencia de abogados y economistas como editores.

Pero quizás la mayor preocupación enunciada desde fuera del diario, incluso por personas que discrepan con algunos o varios puntos de la línea editorial de El Comercio, es: ¿se trata de una primavera o estos cambios se podrán sostener a mediano plazo?

Por lo pronto, nuestras fuentes en Miró Quesada nos indican que “la mayor preocupación de Berckemeyer es la campaña electoral. Sabe que dicha cobertura es su prueba de fuego. Y de hecho, exigirá resultados prontos en lo que se refiere a marcar noticia”. Otra persona cercana a las altas esferas periodísticas de EC nos señala: “no nos jugaremos por ningún candidato, al menos esa es la intención”. Veremos si es que ello se cumple en los próximos meses.

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Mi mejor amiga es una excelente profesional. No solo cumple adecuadamente con su trabajo, sino que comienza a destacar en un mercado bastante competitivo. Es alegre y divertida –de hecho, el trolleo es su divisa─, está siempre en los momentos precisos y, haciendo las sumas y las restas, es de las mejores personas que he conocido en mi vida.

Y es bisexual.

Es decir, a pesar que ella cumple con pagar sus impuestos, si tuviera una pareja del mismo sexo y un plan de vida a largo plazo, no podría concretarlo de la misma forma que yo, heterosexual. Ni ella ni su futura novia podrían decidir sobre temas de salud, ni conformar un patrimonio común, ni heredar. Ni, sobre todo, denominarse como familia.

Hace apenas 48 horas, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia histórica, al reconocer el matrimonio igualitario a nivel federal. La fundamentación apela a una razón clara: toda institución evoluciona, manteniendo su esencia. Y si la base de la misma es que, a partir del amor que dos personas se profesan, puedan compartir una vida en común, no puede negársele a nadie.

En el caso peruano, cuatro instituciones públicas opinaron a favor de la Unión Civil en base a un argumento similar. Pero el Congreso de la República negó este derecho a un sector de peruanos sobre fundamentos fundados en creencias religiosas que, en principio, se rigen por el amor al prójimo.

Ayer, cientos de personas, de distintas orientaciones sexuales, marcharon en Lima para seguir reclamando por sus derechos. Porque sienten orgullo de quienes son. Porque muchos apoyamos esta causa. Y porque me siento orgulloso de mi mejor amiga. Más temprano que tarde, el amor gana.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 28.06.2015)

(Foto: Julio Angulo para La República)

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Que el fútbol es uno de los hechos sociales que marca, para bien y para mal, nuestras identidades nacionales, es algo que resulta indiscutible. En nuestro medio, especialistas como Aldo Panfichi han profundizado sobre este tema, que merecería más trabajos en la academia y, por supuesto, más atención periodística. Y de allí que, en este espacio, de cuando en cuando, nos interese tratar este vínculo entre fútbol y sociedad.

Ayer, dos hechos llamaron mi atención más allá del buen desempeño de la selección ante Bolivia. De un lado, la penosa representación que hizo el programa Al Aire de América Televisión horas previas a dicho encuentro. Vean la foto de la chatura intelectual y empática de algunos productores de televisión (vía Utero.pe):

Más allá de la necesidad de denunciar este tipo de casos ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, resulta indispensable remarcar qué tipo de contenidos estamos difundiendo en los medios de comunicación. Hoy Diario 16 remarca lo siguiente:

Un estudio sobre estereotipos y discriminación en la televisión de nuestro país, escrito por el investigador Wilfredo Ardito, describe el comportamiento usual de los medios de comunicación, a la hora de exponer o definir el papel de las personas de acuerdo con el color de su piel, sus rasgos físicos, su orientación sexual, etc.

“El personaje supuestamente andino de mayor visibilidad es “La Paisana Jacinta”, representada por un hombre mestizo disfrazado que muestra una permanente carga de estereotipos negativos sobre este sector, mostrándola como sucia, ignorante, vulgar, violenta y grosera”, describe Ardito.

En tanto que los personajes de ascendencia afroperuana, son prácticamente invisibles “Esta población no aparece conduciendo programas o personajes de series de ficción. Sin embargo figuran -en bajo porcentaje- entre los participantes de realities juveniles, aunque para ello deben cumplir con determinados cánones de belleza, siendo llamados siempre por sobrenombres como “Negrita” (Angie Arizaga en “Esto Es Guerra”)”, explica el investigador.

Y los medios juegan, lamentablemente, un rol en esa exacerbación de lo peor de nosotros. Como bien explica hoy Luis Davelouis:

Pero cuando la prensa “especializada” empieza a vender humo, las cosas empiezan a cambiar de color. Comienza el tono beligerante y xenófobo, se recuerdan las historias de cuando Argentina les apagaba el aire acondicionado y les cortaba el agua a los camerinos de los equipos rivales. Y empezamos a pensar que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que toma ganar.

Y de hecho, ese tono xenófobo - porque eso es, a fin de cuentas, la representación caricaturesca hecha ayer sobre nuestros hermanos bolivianos - ya comienza a aparecer en torno al siguiente partido de la selección peruana de fútbol, frente a Chile. Ya se imaginan los ingredientes: recuerdos sobre la Guerra del Pacífico, todas las trastadas que hinchas de ambos países se han hecho, clima bélico exacerbado desde los medios de comunicación como si, en un cesped, nos tomáramos la revancha de sucesos ocurridos hace cerca de 130 años.

Calma y tranquilidad. Chile es, en términos futbolísticos, superior a nosotros. Hay que decirlo también: hasta ayer varios no dábamos ni un centavo por esta selección. Y quien escribe estas líneas mantiene un saludable escepticismo sobre lo que ocurrirá en la tarde - noche del lunes, a pesar que, como muchos, verá el partido con la expectativa y el nerviosismo propio de este tipo de encuentros.

Pero, más allá de lo estrictamente deportivo, conviene recordar que no estamos ante el hecho que define, hoy y para siempre, el ritmo de nuestras relaciones con nuestro vecino del sur. Cada Clásico del Pacífico debería dejar de ser visto como la revancha bélica de un conflicto acaecido hace más de una centuria para ser simplemente un juego, un ritual deportivo, 22 hombres disputando un balón para entretener a sus respectivos pueblos. Y no la revancha de los pleitos entre Bachelet y Humala (con Evo terciando esta semana), o la reproducción de las disputas sobre la paternidad del pisco, el suspiro a la limeña o un caso de espionaje. Que no le demos la razón a aquella máxima señalada ayer por el periodista y escritor Jerónimo Pimentel: estos partidos sacan lo peor de nosotros.

Como dirían Los Prisioneros, no necesitamos banderas.

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Se ha armado un gran revuelo a partir de las declaraciones dadas por Francisco Eguiguren, recientemente electo como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Chavín de Huantar, ayer en el programa No Hay Derecho, del Instituto de Defensa Legal.

¿Qué dijo el abogado?

“[¿Cuál tiene que ser la actitud del Estado frente a lo que se diga en el caso Chavín de Huántar porque lo más probable es que se pierda?] Yo también hace mucho tiempo que pienso que eso se pierde, la cosa es cómo se pierde y con qué resultados. La gente tiene que tener en claro, sobre todo para estar prevenida frente a mucha gente que opina sin saber y con mala leche, por posturas políticas conservadores, que normalmente no le gusta los derechos humanos ni sus defensores”

Como se imaginarán, desde ayer comenzó una lluvia de epítetos - de “caviar” y “proterruco” para abajo - contra el docente universitario. Por ello, Eguiguren hoy llamó tanto a RPP como a Exitosa para aclarar que, en efecto, esa era su opinión y precisó el motivo de la misma. Aquí el núcleo central de su argumento:

“¿De dónde viene mi pesimismo? Han pasado 18 años y no tenemos un caso judicial interno resuelto que diga si hubo o no hubo ejecución y quiénes son. La Corte Suprema insinúa que sí hubo ejecución y que no se sabe quién”, explicó.

En efecto, el gran roche en el caso Chavín de Huántar es lo que, en jerga de abogados, se llama “plazo razonable”. Es decir, un lapso de tiempo en el que se puede esclarecer un caso. En el caso Chavín de Huántar, el Poder Judicial peruano llegó a establecer que la hipótesis más probable es que al menos un miembro del MRTA - Eduardo Cruz Sánchez - fue ejecutado extrajudicialmente y que la acción habría sido cometida y/u ordenada por Jesús Zamudio Aliaga, actualmente prófugo de la justicia.  Dado que el caso se encuentra en esta etapa, definitivamente nos tocaría una condena como Estado. Eso, obviamente, no implica a los comandos, ni tampoco exonera a Cruz Sánchez de sus responsabilidades como terrorista.

¿Por qué preocupa a Eguiguren, entonces, el cómo? Por una razón fundamental: el procesamiento en el fuero militar de los comandos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara: no se pueden procesar casos que implican violaciones a los derechos humanos ante la justicia militar, dado que es un fuero que carece de imparcialidad frente a este tipo de casos.

La consecuencia lógica de ello es que se reabra un proceso en el fuero común a los valerosos militares. Ojo: no es el fin del mundo ni supone una condena a militares que cumplieron limpiamente con su deber. Y finalmente, toda persona debe presentarse ante la justicia cuando es requerida por ella.

Con todo lo establecido en el proceso judicial nacional, existe suficiente evidencia para sobreseer el caso para los comandos en el Ministerio Público. Ni siquiera sería necesario llegar al Poder Judicial. De hecho, esto es lo que se debió hacer hace tiempo. Abogados como Rosa María Palacios y César Azabache hace bastante tiempo propusieron que el MP abriera el caso para cerrarlo por falta de evidencia, pero no ha existido la voluntad jurídico - política para ello.

¿Y por qué terminó arribándose a esta situación? Porque el Estado peruano se ha defendido mal en este caso. Absurdamente se intentó juntar dos hechos separados - la operación de rescate y los sucesos acaecidos luego y en un escenario donde no se combatió -. Hubiera sido mejor para el Estado y para salvaguardar un rescate considerado como modélico que se reconociera, en sede internacional, la existencia de una ejecución extrajudicial ajena a los comandos. A contrario, el Estado peruano - y aquí este gobierno tiene una responsabilidad central - quiso irse por la vía de negar la existencia de este hecho, a pesar que las dos sentencias judiciales nacionales terminaron contradiciéndolo.

A la luz de esta información, conviene esperar prudentemente el fallo y no hacer mucho caso a tanta gente que está usando el mismo para hacer que nos salgamos del sistema interamericano. La Corte Interamericana no mete preso a nadie, menos aún lo hará con los comandos. Esperemos a la sentencia para emitir algún juicio de valor.

(Foto: El Comercio)

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Hace tres años, en El Comercio, Marcelo Odebrecht daba las siguientes respuestas a la periodista Azucena León:

En los últimos años, se ha cuestionado la relación tan cercana que existió entre Odebrecht y el gobierno de Alan García. ¿Qué opina de esas críticas?
Odebrecht procura estar siempre cerca del Estado peruano porque entendemos que esa es la mejor forma de otorgar bienestar a la población.

Pero esa cercanía, para muchos excesiva, siempre generó suspicacias…
No hay que tener a los empresarios lejos del gobierno. Ambos deben asociarse para sacar adelante proyectos que beneficien a la población. Así lo entendimos y así lo hemos hecho. Por eso hemos estado cerca del gobierno.

¿Qué tan cerca deben estar los empresarios del gobierno?
Los más cerca posible para atender los deseos de la población, pero, claro, la relación debe ser lo más transparente posible.

Y ustedes sienten que siempre han sido transparentes.
Sí, claro, siempre hemos actuado de manera transparente y la prueba es que continuamos aquí.

Pasados casi tres calendarios completos, el presidente de la conocida empresa brasileña está en una prisión, luego de haber sido arrestado la semana pasada en el marco de la investigación Lava Jato. Una indagación de la justicia del gigante sudamericano que empezó en Petrobras y terminó derivando en las mayores empresas de ingeniería de nuestro vecino del este. Entre ellas, Odebrecht, una empresa que tiene relaciones con el Perú desde hace, al menos, tres décadas.

Y de allí que sea importante saber las razones por las cuales esta investigación puede ser la punta de una madeja bastante complicada para varios funcionarios del pasado y del presente en el Perú.

1. ¿QUE OPERACIONES MANEJA ACTUALMENTE ODEBRECHT EN TERRITORIO PERUANO?

Como bien menciona Rosa María Palacios, aquí algunos de los intereses actuales de la constructora brasileña en nuestro país:

Estas son las obras, sólo de Odebrecht en ejecución:

  • Trasvase Olmos e Irrigación Olmos (Lambayeque)
  • Nuevas Vías de Lima o Rutas de Lima (Concesión a 30 años de la Municipalidad de Lima sobre Panamericana Norte, Sur y ampliación de autopista Ramiro Priale)
  • Costa Verde del Callao
  • Corredor Vial Hualapampa – Vado Grande (Piura)
  • Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco.
  • Central Hidroeléctrica Chaglla (Huánuco)
  • Proyecto Matarani (Arequipa)
  • Gaseoducto Sur Peruano

¿Se terminaran estas obras? ¿Están en peligro?

Asímismo, en el pasado, Odebrecht ejecutó lo siguiente:

Odebrecht inicia su primera operación internacional en el Perú con la Hidroeléctrica Charcani V en Arequipa a fines del gobierno militar, en 1979. En 1988, el gobierno de García le adjudica Chamivochic, Etapas I y II.  En el 2013 se adjudican la Etapa III. Tienen 67 obras realizadas en el Perú, considerando aquellas en las que participan en consorcio. Además de las ya mencionadas se encuentran las emblemáticas IRSA Norte e IRSA Sur, tramos 2 y 3, el Puerto de Bayovar, el Muelle Sur del Callao o el Metro de Lima, Línea 1, tramo 2. Obras gigantescas de infraestructura, saneamiento, irrigación, puertos y actividad minera están en su experiencia previa en el Perú.

2. EL PESO POLITICO

Como la mayoría de empresas brasileñas de gran tamaño, la relación con la política ha sido bastante estrecha. Hace 4 años, el periodista Óscar Miranda describía para la revista Ideele como era la relación entre Lula y Odebrecht:

A mediados de junio, pocos días antes de su encuentro con Humala, Lula viajó a Venezuela invitado por la corporación Odebrecht para dictar un ciclo de conferencias. Los mismísimos Emilio y Marcelo Odebrecht llegaron a Caracas en los días previos para organizar todo y oficiar de acompañantes. Se arregló una reunión con Hugo Chávez. Por entonces, el Gobierno venezolano adeudaba cerca de US$1.000 millones a la constructora y esta ya no sabía qué hacer para conminarlo a pagar. La prensa, citando fuentes diplomáticas, informó que Lula llegaba a cobrar la deuda de los Odebrecht. Un día antes de que el ex presidente aterrizara en Caracas en un jet privado de la multinacional, Chávez pagó. Los voceros de la compañía aseguraron que la visita y la cancelación de la deuda no tenían nada que ver y que se trataba de una agradable coincidencia. “Lula, un lobista que vale 1 billón”, fue uno de los titulares que dejó el episodio.

Antes de ir a Venezuela, Lula estuvo en Cuba inspeccionando, junto a Raúl Castro, las obras de construcción del puerto de Mariel. En mayo viajó a Panamá para inaugurar, junto al presidente Ricardo Martinelli, un paseo costero en la capital. En ambos casos se trató de obras construidas por Odebrecht. La compañía trasladó a Lula, costeó su estadía y coordinó su agenda de reuniones. En los actos oficiales lo presentaba como su “invitado de honor”.

No es la primera vez que Lula saca la cara por los intereses de la constructora. En el 2008 fue público el intenso lobby que desplegó para evitar que Rafael Correa la expulsara de Ecuador debido a las irregularidades detectadas en las concesiones que había ganado y, sobre todo, a las graves fallas en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco. Sin embargo, en aquella ocasión Lula era jefe de Estado y como tal cumplía con defender los intereses del empresariado brasileño en el extranjero. Ahora viaja por el mundo contratado directamente por la compañía. A inicios de julio estuvo en Angola para ofrecer una conferencia organizada por Odebrecht, que opera en el país desde 1984. Según algunos medios brasileños, la empresa le paga nada menos que US$200.000 por discurso.

Pero no es el único político en buenas migas con Odebrecht. Como pueden ver en la foto de arriba, Alan García sostenía reuniones en Palacio de Gobierno con el hoy detenido CEO de la constructora brasileña. Así reseña el portal Convoca las dos citas entre ambos presidentes:

Entre las 16 reuniones sostenidas por funcionarios de Odebrecht en Palacio de Gobierno durante el entre julio de 2006 y julio de 2011; en dos ocasiones se consigna la presencia del empresario. La primera reunión se dio el 20 de setiembre de 2006, dos meses después de iniciado el mandato de Alan García. El presidente de la constructora brasileña visitó Palacio de Gobierno junto con su representante en Perú, Jorge Simoes Barata. La reunión con el entonces mandatario peruano duró casi dos horas.

Luego de eso, Odebrecht regresó casi dos años después. El 11 de setiembre de 2008, el ex presidente García Pérez recibió durante 26 minutos a Jorge Simoes Barata, Emilio Odebrecht y al directivo brasileño acusado de liderar la red de corrupción para obtener contratos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña que está en el medio de una tormenta judicial por desviar dinero público y que, el 27 de setiembre de 2006, suscribió un convenio con Petroperu y Perupetro en una ceremonia dentro de Palacio de Gobierno en la que participaron los representantes de Odebrecht.

Volveremos a la arista política más adelante.

3. LA CARRETERA INTEROCEANICA Y LA EMPRESA SOCIA DE ODEBRECHT:

Un destape de Brio y Convoca puso sobre la mesa la construcción de esta vía, que ya tenía problemas por haber incrementado exponencialmente su valor. Gustavo Gorriti resumió cuáles eran los principales hallazgos:

  • La ejecución de IRSA Sur involucró, en tramos y consorcios diferentes, a buena parte de las principales constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht y Camargo Corrêa. Y en cuanto a tiempos, comprendió a las presidencias de Alejandro Toledo y Alan García.
  • En una operación en 2009, la llamada “Castillo de arena”, la Policía Federal de Brasil incautó documentos físicos y electrónicos de Camargo Corrêa. Entre ellos, según indica BRIO, una hoja de cálculo titulada: ““Previsão de Capilés Tramo IV – Interoceânica”. “Capilés” son los sobornos presuntamente pagados a funcionarios corruptos peruanos.
  • Según el informe que, de acuerdo con Mello, hizo la Policía Federal, Camargo Corrêa había recibido más de 180 millones de dólares cuando pagó más de 6 millones de dólares en coimas. Estas se habrían divido en dos: un soborno grande, de 5 millones 411 mil 207 dólares para la “rúbrica general” (es decir, para más de uno); y otro con nombre, o más bien, iniciales propias: 901 mil 868 dólares destinados a un “J.R.”. Estas coimas se habrían pagado en la última parte del gobierno de Alejandro Toledo. ¿Quién era “J.R.”? ¿Quiere el dueño de esas iniciales salir al frente para darle al Perú algunas explicaciones contables? ¿O los recipiendarios de los más de cinco millones de dólares quisieran hacerlo antes?
  • La Policía Federal estimó que, según el reportaje de BRIO, “los cálculos indican cantidades que habrían sido pagadas y las condiciones para que los pagos sean realizados”. El método dividía los sobornos en una cantidad que se pagaba en efectivo y otra a través de “la operación CABO”. Esa era, en resumen, el pago en cuentas extranjeras en otros países. En ese caso se mencionó una remesa al Banco Citibank, de Londres.
  • En los documentos que registran – según el reportaje de BRIO publicado aquí por Convoca– los pagos relacionados con la Interoceánica, hay uno por 106 mil 944 dólares. El artículo de BRIO indica que ese documento registra en otra parte que el pago mencionado se relaciona con un “Toledo”, cerca de un “Max Vanderley”, quien aparentemente sería Marcos de Moura Vanderley, el representante legal de Camargo Corrêa en los tratos con el gobierno de esa época en el Perú. Convoca ha informado que Perú Posible niega que Toledo o el partido hayan recibido coimas. Me imagino que una vez que se sepa quién es “J.R”, este igualmente negará. La cosa es, como lo saben ahora varios individuos investigados en el caso Lava-Jato, que unos datos se corroboran con otros.
  • Las revelaciones sobre la corrupción en el gobierno de Alan García son igualmente interesantes. Uno de los documentos que capturó la Policía Federal indican pagos mensuales de 175 mil dólares hacia octubre de 2007, cuando García llevaba poco más de un año en la presidencia. Solo entre julio y diciembre de 2007, según el cálculo de la investigación de BRIO, Camargo Corrêa pagó un millón 50 mil dólares a individuos corruptos dentro de la presidencia de Alan García.

Ojo que Camargo Correa puso dinero en la campaña de Toledo en 2011, como se conoció en su oportunidad.

Asimismo, Perú.21 ha seguido la pista sobre el gobierno de García. En un informe publicado el pasado viernes, se menciona que los presuntos implicados en el caso de las coimas de Camargo Correa serían los exministros Hernán Garrido Lecca, Juan Sarmiento (ya fallecido) y los exfuncionarios de Sedapal Guillermo León Suematsu (uno de los padres de Agua Para Todos y un viejo conocido de este blog) y Umberto Olcese.

Garrido Lecca ha negado su participación en estos hechos. Mientras que, en el caso de Olcese:

Como se recuerda, Olcese fue denunciado por el congresista Sergio Tejada por realizar una transferencia de US$409 mil a un banco de la isla Gran Caimán, el 17 de febrero de 2012.

Y también comienzan a existir conexiones indirectas con el actual gobierno. Uno de los directivos de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, es investigado por este tema. Y es la actual pareja sentimental de Rocío Calderón, amiga personal de Nadine Heredia a quien le proporcionó una tarjeta de crédito adicional.

Por supuesto, habría que investigar si Odebrecht procedió de la misma manera que su socio brasileño.

4. EL GASODUCTO DEL SUR

Más allá del caso Calderón y su arista indirecta, lo que sí debe explicar el actual gobierno es el casote de la entrega en concesión del Gasoducto Peruano Sur.

Como bien se resume en El Útero de Marita, se trata de una gran obra de infraestructura - quizás la mayor en ejecutarse en este gobierno - que ha tenido problemas en su concesión. El año pasado, Odebrecht ganó la buena pro (como único postor) donde varios de los personajes involucrados en la misma habían sido consultores de la compañía brasileña. Asimismo, el nuevo contrato incluida una diferencia de casi seis millones de dólares a favor de la conocida constructora.

Por cierto, quien era Presidente del Consejo de Ministros al momento de entregarse la concesión, René Cornejo, fue cuestionado por Contraloría en el proceso de concesión de IIRSA Norte, también ganada por la empresa brasileña. El exministro, que salió en medio de acusaciones de conflictos de interés, ha negado ventajas a favor de dicha compañía.

5. NAVA:

Romina Mella  periodista de IDL-Reporteros, presentó hace un año una serie de tres informes sobre la relación de dos empresas vinculadas con el exsecretario de la Presidencia de la República y exministro de la Producción, Luis Nava Guibert, con varias empresas que tuvieron contratos importantes con el Estado durante el segundo gobierno aprista.  La lista abarca varias compañias, entre ellas empresas del sistema financiero y dos conglomerados vinculados a Miguel Garro, uno de los principales implicados en el caso Comunicore.

Los datos más sabrosos tenían que ver con Odebrecht. La periodista confirmó que Transportes Don Reyna, empresa vinculada a Nava y sus hijos, había sido subcontratista del conglomerado brasileño. José Antonio Nava reconoció esta relación comercial sostenida antes y durante el segundo gobierno de Alan García. Cabe recordar que Transportes Don Reyna funcionó en el mismo edificio de Comunicore, como descubrió Daniel Yovera hace algunos años y que la mencionada compañía vinculada a Nava y sus hijos transportó insumos químicos a COMARSA, la empresa minera vinculada a la familia Sánchez Paredes. Como sabemos ahora, TDR le hizo trabajos también a empresas vinculadas a Garro, el hilo principal del caso Comunicore.

Tanto Mella como la Megacomisión revelaron que Odebrecht fue cliente del estudio Nava y Huesa al inicio del gobierno de García.  Según la comisión presidida por Sergio Tejada, mientras Nava y Huesa patrocinaba a Odebrecht, la mencionada empresa obtuvo ingresos por S/.34’643,559.45 por contratos con el Estado. Se indica que Nava tuvo tres reuniones con Jorge Barata, representante de Odebrecht. Una de ellas se sostuvo cuando el estudio de su hijo patrocinaba a la mencionada empresa. Asimismo, el ya mencionado informe de Óscar Miranda encontró vínculos entre Barata y los hijos de Nava.

6. EL CRISTO DEL PACIFICO

Hace un año, este blog reseñó los hallazgos de la Megacomisión sobre el caso del controvertido Cristo del Pacífico colocado en el Morro Solar, donado por la empresa brasileña.

En su declaración a la Megacomisión, Alan García dijo que la iniciativa de la edificación de la estatua fue propuesta por el denominado “Grupo Brasil”, un grupo conformado por la Embajada de Brasil en el Perú para la asesoría a sus connacionales para que puedan realizar inversiones en nuestro país.

Sin embargo, todos los indicios recabados por el grupo de trabajo parlamentario apuntan a que la única compañía involucrada fue la constructora brasileña. Todos los documentos de construcción de la estatua, traslado de la misma e importación tienen vínculos con las sucursales peruanas de la compañía y la asociación constituida para las acciones de responsabilidad social de Odebrecht. No hay indicios de la intervención de otras empresas. De hecho, quienes firman la carta de la donación al Estado peruano (Darcy Machado Filho y Barata) lo hacen a nombre de la Asociación Odebrecht.

Asimismo, la Megacomisión encontró que altos directivos de Odebrecht sostuvieron reuniones en la casa de gobierno durante el segundo quinquenio aprista.

Jorge Barata estuvo en Palacio en 16 oportunidades entre septiembre de 2006 y junio de 2011. De ellas, 13 recepciones fueron debido a reuniones con Alan García, la mayoría en 2008. También se registran 3 reuniones con Luis Nava Guibert, cuyos vínculos entre las empresas de su familia y Odebrecht han sido ya señalados. En dos de esas citas, como sabemos, estuvo el mismísimo Marcelo Odebrecht.

Raymundo Trinidade Serra, gerente de una de las empresas del grupo Odebrecht en el Perú, estuvo en una reunión en Palacio, para una coordinación con representantes de la compañía y representantes del Gobierno Regional de Amazonas, con la entonces Primera Dama Pilar Nores de García en 2007. En esa misma reunión estuvo presente el ya mencionado Darcy Machado.

Finalmente, Marcelo Aguiar Martinez tuvo una reunión con Ruben Neyra, subsecretario de Palacio de Gobierno en 2009, sin que se indique el motivo de la misma.

El problema es que, como describe bien la cronología del caso, durante el proceso de donación, su otorgamiento y ejecución final de la edificación del Cristo del Pacífico coincide con los procesos de licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima (el antiguo Tren Eléctrico), obra sobre la que, en su momento, existieron diversos cuestionamientos por parte de los demás postores.

UN DATO FINAL: DOS CONFERENCIAS DE ALAN EN BRASIL

Finalmente, un dato que había pasado caleta.

Cuando Alan García entregó a la Fiscalía un informe sobre sus ingresos, pocos repararon en que una de las conferencias había sido dada en Brasil.

El 25 de mayo de 2012, García dio una conferencia en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). Según indica la reseña en portugués sobre dicha charla, el expresidente peruano cuestionó duramente las barreras comerciales - sobre todo, arancelarias - que impone el mercado brasileño. Como es evidente, García puso su gobierno como un ejemplo de liberalización económica con reducción de la pobreza.

Ojo al dato: de las charlas mencionadas por García, esta fue la que mayores ingresos le redituó: 100,000 dólares americanos.

Pero no fue la única charla que ha dado en la FIESP en los últimos años. Esto encontramos en la web de, nada menos que, Odebrecht:

El Director Superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, fue uno de los conferencistas en el Encuentro Empresarial Brasil-Perú, realizado en la sede de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), en São Paulo, en noviembre (de 2006, nota de DTP). El evento fue prestigiado por empresarios y autoridades de ambos países y contó con la participación del Presidente de la República del Perú, Alan García Pérez, quién exhortó a los brasileños a invertir más en su país. “No hay mejor negocio para Brasil que invertir en Perú, invertir en su futuro asiático. Y no hay mejor negocio para el Perú que vincularse al gran mercado brasileño”, afirmó García. En su presentación, Jorge Barata recordó que Odebrecht actúa actualmente en dieciocho países, habiendo iniciado sus actividades en el exterior justamente en Perú, en 1979. “Desde ese año, ya participamos en 48 proyectos en aquel país, lo que mucho nos enorgullece y demuestra la confianza que los peruanos depositan en nosotros”. Destacó especialmente los proyectos, de tipo Participación Público-Privada- PPP, que Odebrecht está ejecutando actualmente en Perú: el Trasvase Olmos (un proyecto de riego y generación de energía) y dos grandes rutas, IIRSA Norte e IIRSA Sur, que conectarán Brasil a puertos peruanos del norte y del sur del país.

¿García habrá dicho obrigado en ambas ocasiones?

(Foto: La República. De izquierda a derecha: Alan García, Marcelo Odebrecht - hoy en prisión - y Jorge Barata, el hombre fuerte de la constructora en el Perú).

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Si después del caso Ramos Heredia no les quedó claro, el Consejo Nacional de la Magistratura es una entidad fundamental para todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia en el Perú. Como hemos repetido varias veces en este espacio, el CNM nombra a jueces y fiscales en todo el país, los evalúa mediante un proceso de ratificación (al que los magistrados se presentan cada 7 años desde su fecha de ingreso a la carrera) y también sancionarlos, incluso con la destitución, como ocurrió con el Fiscal de la Nación.

Por ello resulta importante que los procesos para elegir a sus miembros revistan la mayor transparencia, a fin de garantizar tanto una competencia pareja, como que se conozca quienes aspiran a tan importantes cargos.

Hace algunos días, los miembros de los colegios profesionales fuera de los abogados (quienes ya tuvieron su propia elección) debían elegir a sus representantes ante el CNM. Pero la elección terminó siendo poco menos que un desastre, tanto por cuestiones de forma, como de fondo.

Desde 2010 rige la Ley N° 29561, una norma que crea una elección indirecta: los agremiados hábiles eligen a un “delegado-candidato”. A su vez, todos ellos, reunidos en Asamblea, eligen a los dos miembros que corresponden a los profesionales fuera del mundo del Derecho. En principio, la norma buscaba que los colegios profesionales con menos miembros tuvieran chance de meter a sus asociados. Pero lo que ha generado son tres efectos perversos.

El primero es que el colegio con más número de afiliados, el de Profesores, nunca pueda elegir a su representante. Básicamente, la norma se hizo para bloquear la presencia de al menos un docente en el CNM. Y dado que el Colegio de Profesores es relativamente cercano al SUTEP…

El segundo efecto es que, como bien señaló Justicia Viva al momento que se expidió la norma:

la decisión final respecto a quienes serán los consejeros representantes de los colegios profesionales, no depende de la voluntad democrática de todos los agremiados (como señala la Constitución), sino de la “negociación” que se lleve a cabo en la “Asamblea de delegados-candidatos” entre los propios “delegados-candidatos”

Y el tercero es el ocurrido en esta elección. Como indica Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva:

Diez candidatos eligieron, entre ellos, a los cuatro nuevos consejeros (dos titulares y dos suplentes); es decir, numéricamente casi todos los asistentes eran virtuales elegidos. ¿Alguien sabe, más allá del currículo que presenta la ONPE si tienen idoneidad para el cargo, cuáles son sus méritos, trayectoria, quiénes promovieron su candidatura o cuáles son sus planes de trabajo para el CNM? No, en lo absoluto. No solo porque la reglamentación de esta elección no lo exige (increíblemente a pesar de que se supone que el voto emitido debe ser un voto informado), sino porque los candidatos y candidatas al cargo no quisieron: esa información, y la posibilidad de una entrevista, se le solicitó y ofreció por correo electrónico, pero nunca se tuvo respuesta. Así la inconstitucional y no representativa elección entre los 10, a pesar de haber sido filmada y difundida en directo por la ONPE (que en esta elección, hizo que el voto de miles de profesionales no cuente), en la realidad ha sido a puertas cerradas.

Para rematar el asunto, los candidatos electos no son precisamente los más idóneos. El flamante consejero Julio Gutiérrez Pebe había sido presentado en 2009 por el APRA como candidato a Contralor General de la República. Según indica la tacha presentada por IDL - que no fue aceptada - el electo miembro del CNM tenía en su momento 6 requisitorias - 5 suspendidas y una caducada - por delitos contra la fe pública y contra la familia, así como un record crediticio bastante pobre según la SBS. Asimismo, varios exdecanos del Colegio de Administradores emitieron un comunicado alertando que Gutiérrez Pebe había prorrogado irregularmente su mandato hasta 2016, cuando debía terminar en 2014.

Peor aún, dado que Carlos Ramos Heredia aún tiene pendiente un recurso de reconsideración, Gutiérrez Pebe debería inhibirse en caso deba conocer este caso, según indica Silva a Diario 16:

“Gutiérrez Pebe fue jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Academia de la Magistratura (AMAG) -del 2003 hasta el 2015 según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- y en el 2012, Ramos fue designado presidente de la AMAG por el pleno del Consejo Directivo”, después de haber ocupado el cargo de vicepresidente, siendo representante del Ministerio Público.

“Si es que llegara a participar en el caso –Gutiérrez Pebe-  debería inhibirse para la imparcialidad del proceso”, agregó.

Mientras que, sobre el otro candidato electo, Justicia Viva indica lo siguiente:

Del otro consejero titular elegido, Alfredo Quispe Pariona, del Colegio de Psicólogos, no se sabe más que el escueto currículo que aparece en la ONPE, donde figura como única actividad la del Estado en la Autoridad Nacional del Agua en el 2010. Pero un dato que publica hoy el diario El Comercio (18/06/2015) alarma aún más: que “fue integrante del Apra en el 2009”, y que “un año después se inscribió en el Partido Nacionalista donde militó hasta febrero de este año, cuando renunció”. Si bien la norma de postulación al CNM acepta la candidatura de partidarios políticos siempre y cuando presenten constancia de no pertenencia al momento de su postulación, lo cierto es que ese requisito formal no es suficiente garantía para hacer inmune al cargo de presuntas injerencias políticas partidarias. Peligros que hoy más que nunca deben estar descartados en el CNM.

Como vemos, habrá que estar atento a la actuación de estos nuevos consejeros. Sobre todo, si deben resolver el recurso de reconsideración con el que Carlos Ramos Heredia intentará volver a su puesto como Fiscal de la Nación. Y, claro está, deberá modificarse la norma de elección de miembros de colegios profesionales para evitar que el 86% de sus integrantes no puedan votar.

(Foto: La Mula)

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Una investigación de la periodista Laura Gra­dos reveló, a inicios de semana, que el Arzo­bispado de Lima tenía acciones en Buenaventura con derecho a obtener dividendos. Luego de varios días de silencio, visiblemente incómodo, Juan Luis Ci­priani reconoció la existencia de las acciones, pero indicó que eran “producto de una herencia” y que su valor equivalía a “no más de 6,000 soles”.

La revelación periodística – y el reconocimiento cardenalicio – llegan en una semana clave para la Iglesia católica. El papa Francisco hizo pública la encí­clica Laudato Sí, documento en el que resume su visión sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente, con frases crí­ticas hacia ciertas conductas de mercado, así como en relación con las causas del cambio cli­mático. Curiosamente, Cipriani había dicho sobre la COP 20 que “estamos preocupados por el cli­ma del 2050 cuando ignoramos el hambre del 2014”.

El documento papal interpe­la directamente al arzobispo. En el párrafo 214 de la encícli­ca, el Pontífice señala que “es­pero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agra­decida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Cabe preguntarse, ¿es compatible con la nueva doctrina eclesial la tenencia de acciones de una empresa minera propietaria de una compañía que ha teni­do serios problemas en su relación con su entorno?

Finalmente, sería interesante que el Arzobispado de Lima indi­que a la opinión pública si tiene acciones en otras empresas y ha pagado sus tributos por las mis­mas. A fin de cuentas, no se pue­de servir a dos señores.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 21.06.2015)

(Caricatura de Heduardo para Perú.21)

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Nunca mejor seleccionado un título para un texto de despedida. “Aprendiendo a vivir se va la vida” es el nombre del volumen que condensa una serie de conversaciones que tuvo Carlos Iván Degregori, reconocido antropólogo y exmiembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fallecido en 2011, con Pablo Sandoval y José Carlos Agüero, encargados de editar sus Obras Completas, que el Instituto de Estudios Peruanos ha venido publicando, al igual que el volumen que comentaré a continuación.

A través de un diálogo abierto y sincero, que se lee a buen ritmo, somos capaces de entender a un hombre de su tiempo. Degregori cuenta como su vocación como antropólogo se forja al calor de su historia familiar, para tratar de entender la complejidad de sus ancestros, de aquellos lados andinos y urbanos que forjaron su carácter. Relata, con precisión, como se manifestó su relación con la palabra, su vocación poética frustrada y su necesidad de ir encontrando su propio camino profesional y personal.

En estas páginas, no solo vemos a Degregori. Aparece una generación que ha comenzado a despedirse en muchas formas, en sus formas de hacer política, de concebir su posible sueño revolucionario, de su difícil relación con la democracia.

En esa medida, la figura de CID aparece como la de un disidente en muchos sentidos. Bebió y se alejó rápidamente del marxismo de manual, al que luego criticará implacablemente en sus textos sobre Sendero Luminoso. Era visto como el escritor que incluso pone toques de sátira y humor en sus columnas en una izquierda bastante adusta. Transcurre entre el mundo intelectual y sus incursiones barriales. Se reconoce bisexual en tiempos en que la homofobia era aún peor que ahora (para quienes no lo saben, Degregori fue autor del primer manifesto del MHOL).  Aunque no se menciona explícitamente en el libro, aquellos rasgos de su carácter hicieron que pudiera anticipar, antes que otros en su sector, varias cosas que ocurrieron después.

El texto también nos muestra las tensiones que acompañan a los intelectuales con vocación política, a quienes deben hacer docencia en universidades públicas con varias dificultades y, en general, al antropólogo que va encontrado su propia voz en medio de diversas corrientes en tensión en aquellos años de formación. Por supuesto, la experiencia de la CVR aparece allí, en varios pasajes, con la visión crítica que lo caracterizó y, además, con la convicción que lo que se había escrito durante los años ochenta y noventa era, apenas, una mínima parte de lo que finalmente pudo hallarse sobre un periodo tan difícil de nuestra historia como nación.

Conocer al hombre permite entender parte de su obra. En el caso de Carlos Iván Degregori, resulta cierto. Pero también este libro resulta indispensable para conocer, de primera mano, un testimonio de su tiempo. Y sobre todo, comprender a quien escribió los mejores trabajos para entender los años de violencia en el Perú.

(Foto: La Mula)

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