Archivo del Autor

(Foto: El Comercio)

Llamó la atención que, durante el debate sobre la política general de gobierno presentada por Fernando Zavala, el fujimorismo insistiera tanto respecto de un deslinde respecto de la administración de Ollanta Humala. Las explicaciones, a ciencia cierta, son varias.

En primer lugar, existe una clara costumbre nacional: hacer puré al gobierno pasado respecto de la situación encontrada. En varios casos con razón, en otros a niveles casi de justificación. Hasta el viernes, PPK había huido de dicha tradición nacional. Sus ministros lo hicieron en algunos campos, pero no en otros. Quizás porque lo que se había encontrado era un gobierno mediocre en varios sectores, pero también con cosas buenas en algunos de ellos. De allí la continuidad de un ministro (Educación) y algunos viceministros y directores, al mismo tiempo que se denunciaban los horrores en Salud y Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, la sangre en el ojo que tiene el fujimorismo con Humala. Es claro que, para Fuerza Popular, Humala los paseó con las peticiones de indulto humanitario (una negada, la otra prácticamente frustrada) y que, de cuando en cuando, recordaba los niveles de corrupción nauseabundos en los que cayó el país durante la década de 1990.

Una tercera hipótesis la desliza Mirko Lauer en su columna de hoy:

Una es la percepción de que el antihumalismo podría ser la plataforma ideal para un acercamiento FP-PPK. Otra explicación es que la satanización del humalismo tendría como efecto una legitimación del pasado fujimorista, y de rebote de su actuación presente.

El problema para el fujimorismo es que la gente del gobierno no planea pisar ese palito. Así lo expresó el congresista oficialista Gino Costa hoy en “No Hay Derecho”:

Yo no creo que haya punto de comparación,  para decir que el gobierno de Ollanta Humala fue el peor, pero tendremos la oportunidad desde el Congreso y desde la justicia de hacer las cuentas, sobre los hechos de corrupción en el régimen pasado. Eso está pendiente de determinarse. Desde mi punto de vista, no hay punto de comparación con el régimen de Alberto Fujimori

Eso, por supuesto, no quita que el gobierno pasado deba ser investigado (y en forma exhaustiva). Pero quizás se apunta demasiado a Nadine Heredia en términos simbólicos y se va menos al caso que sí podría llegar al expresidente: Lava Jato. Probablemente, porque el mismo involucra a otros gobiernos.  Y si les sumamos el hecho que Ollanta Humala se peleó con todo el mundo, poca defensa le quedará, menos aún de periódicos que no le tenían ninguna estima (recuerden que el expresidente habló de “concentración de medios”).

Finalmente, una cuarta tiene que ver con las limitaciones del fujimorismo como oposición. A la poca reflexión sobre las causas de su derrota hace unos meses - donde sus blancos favoritos son Humala y el Grupo El Comercio -, se suma la imposibilidad de salir del esquema de guerra en el que el líder nacionalista los sumió. Y, como reseñó Eduardo Dargent el sábado, se adicionan tanto los CVs de los parlamentarios fujimoristas (un festival para cualquier periodista acuicioso) como la poca capacidad de colocar temas en agenda. De allí que pelearse con un enemigo de paja termine revelando, antes que la corrupción humalista (a investigar a fondo), las limitaciones de su grupo acusador.

Comments No Hay Comentarios »

(No es Zavalita. Foto: Congreso de la República)

Fernando Zavala ha logrado sortear su primera prueba fuerte. Anoche, luego de una maratónica sesión de dos jornadas, logró obtener el voto de confianza para el gabinete y para su política general de gobierno. ¿Cómo lo hizo?

La exposición de Zavala del jueves fue, en términos generales, bastante correcta. En la línea del primer mensaje presidencial, el presidente del Consejo de Ministros enfatizó sobre todo en dos temas: las cuestiones sociales (salud, educación, deporte, cultura, violencia contra la mujer, vivienda) y la inseguridad ciudadana. La parte macroeconómica tuvo menos peso que lo dedicado a los sectores productivos. En esa línea, Zavala pudo hacer mayores precisiones sobre política exterior - manteniendo el carácter economicista de los gobiernos anteriores - y medio ambiente. El mensaje, además, tenía guiños a todas las tiendas políticas, al hacer alusión a los gobiernos que dirigieron el país desde 1990.

El mensaje no era perfecto. Era claro que Zavala había omitido alusiones al gobierno anterior en un afán contemporizador general, pero que le evitaba decir el estado en que se había recibido el país. Habían temas que habían sido apenas enunciados, como derechos humanos y otros que simplemente fueron omitidos, como ciencia y tecnología. Y. en la parte macroeconómica, se requerían precisiones.

Abierto el largo debate - una clara concesión de Luz Salgado a todas las tiendas políticas para que casi todos los congresistas pudieran hacer su debut mediático -, quedaron claras las líneas de los dos principales grupos de oposición. El fujimorismo pugnaba (en bloque, sin fisuras) para que Zavala practicamente sepultara al gobierno anterior (a ello se sumó el APRA), tanto en resultados como en lo que se refiere a la continuidad de funcionarios públicos. Mientras que el Frente Amplio, junto a las evidentes alusiones al modelo económico, señalaba aspectos puntuales en los que el mensaje había tenido omisiones, sobre todo, en los aspectos vinculados a derechos fundamentales. Es decir, lo sustancial de lo enunciado por el ministro tacneño había quedado fuera.

Quedando claros los escenarios, Zavala optó por hacer algunas concesiones y guardarse algunos anuncios para el final. Al fujimorismo le concedió un amplio repertorio de las situaciones irregulares encontradas en los sectores Relaciones Exteriores y Salud, que reflejaban un manejo bastante mediocre por parte de los últimos titulares de dichas carteras, pero no llegó al extremo generalizado de hacer de Ollanta Humala una piñata y, además, defendió a los funcionarios públicos procedentes de distintos gobiernos, comenzando por él mismo. Al Frente Amplio no le concedió el plano económico - aunque Thorne si hizo algunas precisiones - pero sí fue más prolijo en hablar de temas como derechos humanos, corrupción y educación sexual, materias que la izquierda había observado como olvidadas. Además, guardó dos golpes para el final: una nueva sede para el Conservatorio Nacional de Música - como compromiso cultural - y el nombramiento de Julia Príncipe como presidenta del Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta que se cree una Procuraduría General de la República.

Con esa parte final, Zavala aseguró un voto de confianza casi unánime, el más alto de los presidentes del Consejo de Ministros desde que volvió la democracia en noviembre de 2000.

El Presidente del Consejo de Ministros supo leer que, en medio de un escenario complejo, su mensaje era tan consensual que era difícil que sus opositores lo chancaran. Y que debía hacer algunas concesiones - políticas en el caso del fujimorismo, programáticas en el caso del FA - para obtener la confianza. Lo que le viene no le será fácil en el escenario parlamentario pero, sobre todo, frente al ciudadano. Su partido recién se inicia, aunque en un clima inicial de consensos.

Comments 2 Comentarios »

(Congresista Luis Yika en campaña junto a Keiko Fujimori. Foto: La República)

Revisando hoy la página web del Congreso de la República, nos topamos con el parlamentario de Fuerza Popular Luis Alberto Yika, representante por la región La Libertad. Y aquí nos encontramos con que es el flamante vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

Y es aquí donde se encienden nuestras alarmas.

Según informó La República en 2011, Yika se declaró como persona con discapacidad para que se le condone una deuda por más de 30 000 soles con el Banco de Materiales. El problema es que la discapacidad del ahora parlamentario no era permanente y, además, contaba con ingresos que le permitían cumplir con sus obligaciones legales. Esto se indicó en dicho diario hace algunos meses:

Otro aspirante liberteño de Fuerza Popular, Luis Yika García, es conocido porque simuló que sufría una discapacidad de locomoción para que el Banco de Materiales le condonara una deuda de 30 mil 575 soles, lo que efectivamente consiguió. Quedó al descubierto cuando se le vio en plena campaña por la presidencia regional de 2010, por lo que tuvo que reconocer que mintió. A la dirigencia fujimorista no le importó y lo premió lanzándolo como aspirante a congresista. Ellos son más.

Este tema llegó al Ministerio Público hace algunos años, dado que habían varias personas que habían fingido o exagerado dicha condición para que el BANMAT les condone sus deudas, pero fue archivado. Sin embargo, ante el escándalo, según registran diversos medios regionales, Yika se comprometió a devolver el dinero prestado por la entidad estatal. Hasta el momento no se conoce si es que el hoy congresista devolvió la suma otorgada. En febrero, se conoció que la Fiscalía evaluaba reabrir este caso.

Yika, quien es comandante del Ejercito Peruano en situación de retiro, pertenece a la promoción 1978. En dicha promoción se encuentra Walter Jibaja, quien es un operador del partido fujimorista, de acuerdo a una investigación de Edmundo Cruz.

El parlamentario tuvo una sentencia por alimentos, cuyas obligaciones cesaron en 2015 cuando falleció su esposa y se acreditó que sus hijos eran mayores de edad.

A pesar de estos antecedentes, Fuerza Popular lo premia otorgándole un puesto en una comisión que ve temas de un grupo de peruanos que requieren atención urgente a sus demandas. Es obvio que una persona que exageró su condición médica para obtener un beneficio estatal no reúne las condiciones para ser el representante de las personas con discapacidad en el Congreso de la República.

Y aún nos faltan cinco años.

Comments 6 Comentarios »

(La primera victoria judicial de Fujimori fue un regalo de la sala más cuestionada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Perú.21)

En realidad, la absolución a Alberto Fujimori es lo menos grave del fallo. Para que vean las dimensiones del legicidio.

Vayamos por partes para entender este horror judicial. En enero de 2015, el sujeto que gobernó al Perú entre 1990 y 2000 fue condenado a 8 años de prisión por peculado doloso, al haberse comprobado que ordenó el desvío de fondos para la compra de las líneas editoriales de los “Diarios Chicha”.

Para quienes estaban en edad de pediatría cuando ocurrió el caso, durante el régimen fujimorista, los diarios sensacionalistas peruanos pasaron a servir al régimen, colocando sus portadas tanto para alabar a Fujimori - en extremos tales que hasta el levantamiento regular de una veda de anchoveta era convertido en pretexto para loar al autócrata - como para botar estiercol a los opositores, sean políticos o periodistas críticos. Para decirlo claro: un concentrado de desagüe colocado todos los días en los kioskos a nivel nacional.

(Muestra gráfica de la prensa chicha en tiempos de Fujimori. Foto: Hurgar en la Memoria)

Pues bien, en primera instancia, se encontraron varios testimonios y pruebas documentales que acreditaron la responsabilidad del expresidente. Así lo resumió La República:

“Está probado que Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del desvío de fondos públicos del Ejército Peruano, de la FAP y de los ministerios, bajo la denominación de gastos reservados de Inteligencia, al SIN para pagar la compra de los ‘diarios chicha’ para favorecer su régimen y atacar a los opositores”, fue uno de los fundamentos de la resolución que condenó a Fujimori.

La Sala estableció que el ex presidente utilizó los fondos en desmedro de “un país en recesión” y ante la crisis generada por el fenómeno El Niño, que afectó a gran parte de la población.

La resolución del tribunal sindicó al ex asesor Vladimiro Montesinos de haber recibido la orden del ex presidente para “pagar a los dueños de los diarios chicha”. “En función a cada titular, se pagaba de 2 mil a 3 mil dólares”, se precisó.

Asimismo, se determinó que en su condición de presidente Fujimori tenía la responsabilidad de administrar los fondos públicos y no lo hizo así, pues firmó resoluciones supremas que autorizaban el desvío de fondos.

También se tomaron en cuenta los testimonios de Montesinos y los ex ministros José Villanueva Ruesta y César Saucedo, quienes indicaron que Fujimori dio la orden para derivar el dinero.

Pues bien, la sentencia dictada hoy por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el magistrado Javier Villa Stein, se zurra en las evidencias y absuelve a Fujimori por dos motivos. Uno más grave que el otro.

De un lado, la sentencia indica que Fujimori no tenía conocimiento de los sucesos delictivos en los que estaban involucrados Montesinos y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y que no autorizó nada. Olvida la Sala que los dispositivos legales sobre el Servicio de Inteligencia Nacional señalaban claramente que el único responsable para mover partidas de dicha institución era el Presidente de la República. También olvida la declaración de Mario Ruiz Agüero que indica que Fujimori dictaba los titulares de dichos medios, así como las indicaciones expresas del expresidente para que los altos mandos militares obedecieran a Montesinos. A ello se suman declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi sobre la relación jefe - subordinado de los dos hombres que mandaron en el Perú de los 90s y lo indicado por el exjefe nominal del SIN, Humberto Rosas sobre el monto de los gastos reservados. A ello se suman documentos presentados en el proceso que acreditan la firma de Fujimori en las movidas de dinero.

Si esto ya es rochoso, lo que viene es aún peor. Como adelantó La República hace algunos días, el proyecto de sentencia redactado por el magistrado Josué Pariona ya señalaba una línea bastante controvertida sobre la autoría del delito de peculado:

Sobre el delito de peculado, Pariona indica que, de acuerdo con el Código Penal, este ilícito solo lo comete “el funcionario o servidor público que (….) utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

Es decir, solo se puede perseguir penalmente al funcionario que tiene la función específica de custodiar el dinero o los fondos públicos. A nadie más.

Pero la cuestión es aún peor. En la redacción de la sentencia, se señala que el Presidente de la República solo tiene competencias políticas y de representación, por lo que no es responsable de lo que firma. En la práctica, esto convierte a cualquier funcionario público de elección popular en poco menos que un inimputable frente al delito de peculado. En otras palabras, el caso Fujimori le abre la puerta a que se cierren varios casos por peculado a autoridades de los últimos años. Un duro golpe a la lucha contra la corrupción.

No es el único legicidio perpetrado por la sala Villa Stein durante los últimos días. Como ha reseñado César Romero hace unos días en LR, dos casaciones vistas por este colegiado sobre casos de Ayacucho y El Santa abren una peligrosa senda:

En ambos casos, la Corte Suprema establece que solo el funcionario público comete delitos de corrupción: enriquecimiento ilícito, peculado, negociación incompatible, cohecho, colusión. Los ciudadanos que los corrompen, apoyan o colaboran en los actos ilícitos no cometen delito; es decir, están fuera del alcance de la ley… Son inocentes.

Además, en el caso de Ayacucho se establece que cualquier defecto o irregularidad en un contrato dentro del Estado carece de relevancia penal. El asunto es que en muchos casos la “única prueba” son las irregularidades porque de los acuerdos ilegales no quedan actas y, luego del caso Montesinos, tampoco videos.

Se indica también que podría darse un caso de negociación incompatible, es decir, que el funcionario público busque el cabal cumplimiento de sus funciones o beneficiar a la administración pública. La negociación incompatible solo sería posible si perjudica al Estado.

En la sentencia 782-2015 se señala que el enriquecimiento ilícito solo lo comete el funcionario público. El cómplice, o sea, el sujeto que pueda proveer o guardar el dinero ilícito, no comete ningún delito, escapa a la norma penal.

Igualmente, se establece que el desbalance patrimonial, es decir, el gasto más allá de los ingresos que pueda realizar un funcionario público, solo es indicio para iniciar una investigación, pero no la prueba del delito en el ejercicio del cargo.

Ese “exceso” puede tener un origen distinto al cargo público y, mientras el fiscal no pruebe de dónde salió el dinero, la duda favorece al funcionario.

Y con ello, un privado involucrado en un caso de corrupción ya no podrá ser condenado. Con ello, se cambia todo lo armado durante años en el Poder Judicial respecto al procesamiento de delitos contra la administración pública. Precisamente, en la línea en la que Javier Villa Stein opinaba cuando aún no era magistrado supremo y comentaba en diarios bastante cercanos a sentenciados por corrupción. Esto es lo más grave de lo ocurrido hoy. Porque, al final del día, Alberto Fujimori sigue siendo un criminal condenado.

Comments 42 Comentarios »

1. No solo ha sido la manifestación pública más grande de las últimas décadas. Su riqueza ha sido tal que, en medio de la diversidad de tantos grupos de diverso tipo de pensamiento, el mensaje fue único: basta de impunidad frente a la violencia de género. Por ello, cualquier acto violento contra la mujer que se ha conocido en los últimos días ha merecido rápido e inmediato repudio público.

2. Si bien muchas de las medidas que se deben implementar para acabar con la falta de justicia en estos temas requieren presupuesto y cambios legislativos, hay otras que requieren voluntad política y, sobre todo, instrucciones claras. Lo ocurrido con la ciudadana Milagros Rumiche en Tumbes es un ejemplo de ello. Fue a denunciar a una comisaría los abusos de su pareja, los policías no aceptaron la misma y hoy yace en una cama de un hospital masacrada por el sujeto en cuestión. Una directiva que debería poner ya Carlos Basombrío: policía que no acepta denuncias sobre violencia de género es suspendido inmediatamente. Ello, por supuesto, debe ir acompañado de otras medidas de más largo aliento, como la introducción de una visión de género al interior de una de las instituciones más machistas del país.

3. Volviendo a los cambios legislativos, hay una norma que debe modificarse inmediatamente: El Código Penal. Hace unos días, Rosa María Palacios alertaba sobre el hecho que muchas de las agresiones contra las mujeres solo son sancionadas con tipos menores, como las lesiones. Y, en el caso de la violencia sexual, la abogada Jeanette Llaja señalaba lo siguiente en entrevista con Gabriela Wiener:

(…) el Código Penal refleja la poca indignación que genera la violencia sexual contra las mujeres adultas frente a la que indignación que genera la violencia hacia un niño o una niña, no solo por lo evidente, sino porque persiste el estereotipo de que en la medida en que nuestros cuerpos se desarrollan, las mujeres somos más responsables de la violación. No olvidemos que, según la IOP PUCP, 3 de cada 10 hombres piensa que las mujeres, por lo general, “tienen la culpa de ser violadas, por provocar al hombre”, y que 7 de cada 10 considera que si las mujeres se visten provocativamente se exponen a que les falten el respeto. Así, no sorprende que los legisladores, al modificar el Código Penal, tuvieran la tendencia de agravar las penas de la violación a menores de edad, casi sin tocar la que afecta a adultas.

Esto implica, a mi modo de ver, dos cosas: a) una reforma total del CP que le quite cualquier atisbo de populismo penal y que, a la larga, sea un cuerpo legal congruente y b) que los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia sobre estos tipos penales realmente respondan a las necesidades de las víctimas.

4. No han faltado los hombres que, luego del éxito de la movilización nacional “Ni Una Menos”, han buscado visibilizar casos de maltrato hacia el género masculino (para no hablar de un grupo de idiotas que han pretendido contrabandear como maltrato lo que, a todas luces, se llama poca autoestima como seres humanos). Es cierto que existen casos de violencia física y psicológica contra varones que no son denunciados. Pero quedan claras dos cosas: a) en número son sustancialmente mucho menores a los sucesos violentos contra mujeres y b) no son denunciados por las víctimas en una comisaría justamente por los roles de género en los que se trata de encasillarnos: hombre macho - mujer sumisa. Y, a esta altura, negar que existe un serio problema en la forma como el Estado y la sociedad tratan a las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo - y, encima, tratar de equiparar las excepciones con prácticas lamentablemente cotidianas - es ponerse una venda en los ojos.

5. No cabe duda que la movilización del sábado fue un éxito rotundo. Pero es necesario ahora que dicha presión ciudadana se lleve tanto a los espacios estatales que deben procesar las denuncias, a los agentes de socialización (escuela, medios de comunicación) en los que se reproduce una cultura machista y, por supuesto, a los ámbitos más cotidianos. De poco habrán servido los cientos de (merecidos) gritos de “Poder Judicial, vergüenza nacional” si es que no comenzamos por los cambios inmediatos y, sobre todo, por aquellos que están en nuestro entorno más cercano.

Comments 4 Comentarios »

En pocas ocasiones el Perú ha tenido la oportunidad de enfrentarse con sus propios demonios.

El fracaso de la Confederación Perú - Boliviana, la derrota en la Guerra del Pacífico, el fin del Oncenio de Leguía, el periodo de violencia, la caída de Fujimori, el Baguazo. Estos acontecimientos de nuestra historia republicana han provocado que diversos sectores de la sociedad peruana se hayan hecho diversas interrogantes sobre los problemas cruciales de la peruanidad.

En esta ocasión, dos sentencias judiciales bastante injustas han provocado una ola social incontenible que nos ha confrontado con uno de nuestros graves dramas: el trato que damos a las mujeres.

Los casos Lady Guillén y Arlette Contreras muestran, en todo su dramatismo, cuál es el grado de violencia al que la sociedad somete a las mujeres. No solo me refiero a las condenas injustas ni a los argumentos que convierten a buena parte del Poder Judicial peruano en el hazmerreir de América Latina. Nos ha hecho recordar que los protocolos de atención a quienes sufren violencia de género y sexual son casi inexistentes y, cuando estos se encuentran escritos, no se cumplen. La atención en las comisarías, fiscalías y juzgados termina violentando más a quienes sufren estos graves sucesos. Y el tratamiento que los medios de comunicación dan a este tipo de denuncias termina banalizándolas o, peor aún, exculpando al victimario.

Al mismo tiempo, durante las últimas semanas, diversos testimonios nos han puesto ante una doble faz. De un lado, la constatación que la violencia de género es más cercana de lo que pensamos, tanto por quienes la sufren - en todas las clases sociales - como por el hecho que quienes la cometen son personas cercanas a las víctimas. De otro lado, porque nos ha revelado la necesidad de encarar una política de salud mental en serio, en un país que le ha dado la espalda.

También hemos podido conocer, en su real magnitud, hasta que punto conductas violentas contra las mujeres se han “normalizado” en nuestra sociedad, así como la existencia de una estructura patriarcal que, en sí misma, vulnera los derechos de la mitad de la población del país. Y ello se ha expresado tanto en las infelices declaraciones del Cardenal Cipriani como de ciudadanos que han pretendido esconder la existencia de un grave baldón que arrastra la sociedad peruana.

La movilización nacional “Ni Una Menos” ya tiene un primer logro. Colocar en el debate nacional un tema que para cientos de compatriotas era tabú. Le ha dado voz a muchas mujeres que, por primera vez, han podido afrontar y enfrentar a los hombres que ejercieron violencia. Ha permitido que muchos hombres se percaten de aquellas veces en las que se comportaron como cavernícolas. Y, más allá de las diferencias y los matices, ha permitido unir a la mayor parte del país en una sola causa.

Sin duda, lo que será, en unas horas, una marcha masiva en todo el país será un hito importante para la lucha por los derechos humanos. Pero dependerá de las autoridades y de cada uno de nosotros que no quede solamente en un gesto simbólico.

Que, realmente, ni una menos de nuestras compatriotas vuelva a ser vejada en sus derechos.

Comments 2 Comentarios »

(Foto: Mercado Libre)

En el Perú, plagiar cuesta caro. Pueden preguntárselo a Alfredo Bryce Echenique, César Acuña y a todos los chicos del APRA que defendieron lo ocurrido con el Plan Bicentenario.

Hoy se conocieron dos casos de plagio que involucran a personajes públicos. El primero da cuenta de un personaje nuevo en la política. El segundo confirma lo ya sabido sobre un viejo conocido. A continuación, un resumen de lo ocurrido.

(Lucio Ávila, congresista fujimorista y amante del copy - paste sin citar. Foto: Correo)

EL FLAMANTE PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACION

Hoy el diario puneño Los Andes da cuenta del primer roche de uno de los flamantes parlamentarios de dicha región del país. Lucio Ávila, congresista por Fuerza Popular, acaba de presentar un proyecto de Ley para la creación de la Zona Franca de Puno. El problema es que se copia - sin citar - artículos de una norma similar ya dictada para Tacna. Así lo indica el mencionado medio:

Gran parte de los artículos del proyecto de Ley referido a “Zona Comercial”, “Del Arancel Especial, su distribución y listas de bienes”, “De las exoneraciones” y “Turistas extranjeros”, son exactamente iguales a los artículos 38, 39 40 y 41 de Ley de ZONA FRANCA (Ley Nro 27688), publicado el 28 de marzo de 2002 y firmado por Alejandro Toledo.

“La inafectación del Impuesto General a las Ventas a los sujetos comprendidos en el numeral 4 del Artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y ubicados en el departamento de Tacna”, precisa el artículo 21 de la ley que beneficia a Tacna.

Mientras que el artículo 41 del proyecto de ley presentado por Lucio Ávila es exactamente igual, solamente varía la palabra “departamento de Puno”, y continúa: “también alcanzará cuando los servicios de hospedaje sean prestados a las personas no domiciliadas con pasaporte…”.

El plagio se evidencia aún más cuando el proyecto de Lucio Ávila Rojas solicita la incorporación de los artículos 38, 39 40 y 41 a la Ley de ZEEDE PUNO, cuando la vigente solo tiene 34 artículos; estas debieron ser: 35, 36, 37 y 38, pero como fueron copiados de los artículos 18, 19 20 y 21 de la Ley de ZOFRA TACNA, no advirtió que debió modificar el texto para adecuarlo a su proyecto.

Pero no es el primer problema de honestidad académica que se detecta a Ávila. En la campaña electoral, La República detectó que había utilizado el mismo trabajo académico para obtener sus grados de magister y de doctor. La excusa del parlamentario fue de campeonato:

En comunicación con este diario, Lucio Ávila afirmó que aunque el nombre de los trabajos era el mismo, no hay razón para preocuparse pues los objetivos y la tesis son diferentes.
“Lo más importante son esos dos aspectos. Eso es lo medular. El nombre del proyecto no importa. Si coincide no importa”, recalcó.
Finalmente aseguró que la coincidencia en el texto de ambos proyectos “es parte del adorno que se pone“.

Estos antecedentes se vuelven más graves luego que anoche se supiera que Ávila será el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, luego que Fuerza Popular decidiera la repartición de las cabezas de los grupos de trabajo que encabezará.

Este blog indicó en abril pasado que el parlamentario puneño tenía una sentencia condenatoria por alimentos. En sus primeras declaraciones luego de ser designado como presidente de la referida comisión, también se ha referido a la Ley Universitaria en términos que serían aplaudidos por varios exrectores. De hecho, Ávila fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano. La cuenta @RecuerdosPeru señala que Ávila utilizó una camioneta de dicha casa de estudios para su campaña para ser gobernador regional.

Plagios y un serio conflicto de interés. Menuda ficha la que nos ha colocado el fujimorismo al frente de una de las comisiones más importantes del Congreso de la República.

(La propiedad intelectual, esa cojudez. Foto: Perú.21)

MAS PLAGIOS DEL CARDENAL

Hace exactamente un año, Utero.pe puso al descubierto que el Cardenal Juan Luis Cipriani había plagiado al Papa emérito Benedicto XVI en una columna titulada “Sentido primaveral de nuestra historia”, publicada en el diario El Comercio. Al día siguiente, se hizo evidente otro copy - paste del Cardenal en otra columna publicada en el diario privado más antiguo del país: el agraviado esta vez era el pontífice Paulo VI.

Ante lo evidente, El Comercio hizo lo correcto: retirar a Cipriani de su lista de colaboradores (eventuales) del periódico. Posteriormente, otros plagios del Arzobispo de Lima fueron detectados en otros medios digitales, incluyendo Desde el Tercer Piso.

Luego del roche, un grupo de “notables” amigos del Cardenal intentó tapar el asunto con uno de esos comunicados de respaldo que, francamente, daba vergüenza ajena:

(Foto: El Reportero de la Historia)

Desde hace algún tiempo, varias de estas personas - y otros cercanos al purpurado que no suscribieron este pronunciamiento - señalan en público y en privado que existe una “campaña de desprestigio” contra el Cardenal, por su defensa de posiciones conservadoras. El problema para Cipriani es que muchos de quienes lo critican no son precisamente ateos y agnósticos, sino creyentes que se percatan que varias de las acciones y dichos del prelado no son precisamente congruentes con el Evangelio que predica.

Hoy, para terminar de dejar en ridículo a quienes suscribieron el comunicado arriba señalado, la revista Caretas presentó una serie de nuevos plagios del Arzobispo de Lima en artículos publicados en El Comercio. La revista da cuenta de una columna sustraída por completo al periodista Ignacio Arrechaga, así como párrafos sustraídos a Juan Pablo II y Paulo VI.

La publicación dirigida por Marco Zileri indica que el tema de los plagios del Arzobispo viene siendo ya investigado por el Ministerio Público. La indagación aún avanza lentamente.

Lo cierto es que ha quedado demostrado, una vez más, que el Cardenal plagió. ¿Saldrá otro comunicado con las mismas firmas en su defensa?

Comments 1 Comentario »

(Un amparo remeció al pleno del Tribunal Constitucional. Foto: TC)

Esta semana terminó de reventar una bronca de proporciones en el Tribunal Constitucional. Una demanda de amparo planteada por las universidades pertenecientes al grupo Laureate sobre temas tributarios motivó rencillas en la Casa de Pilatos que terminaron ventilándose ante la prensa. Esta es la historia.

A inicios de julio, el semanario Hildebrandt en sus Trece publicó que cuatro magistrados del TC (Ernesto Blume, Carlos Ramos Nuñez, Manuel Miranda - actual presidente de la entidad - y Eloy Espinoza - Saldaña) votaron a favor de conceder que la UPC y la Universidad Privada del Norte pudieran acogerse a un beneficio tributario aprobado en 1996.  El juez José Luis Sardón se abstuvo, al haber sido docente y autoridad de la UPC, mientras que los magistrados Óscar Urviola y Marianella Ledesma decidieron votar en contra.

Pero lo que llamó la atención fue lo que trascendió del voto singular de Ledesma. Así lo reseñó la periodista Rebeca Diz:

“Con indignación, voto en contra de la posición en mayoría del TC, porque considero con certeza, y sin ningún margen de duda, que por puros motivos subjetivos y amparándose en normas que han sido citadas de modo incompleto, carentes de veracidad e irrelevantes para este caso, han otorgado un millonario beneficio tributario tanto a la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) como a la Universidad Privada del Norte (UPN)”, arranca diciendo Ledesma en su voto singular.

La magistrada, después de argumentar que “no existe una ley tributaria que autorice” la decisión de sus colegas y que con el fallo están “consagrando la ‘muerte’ del legislador para la justicia en nuestro país hayan firmado una sentencia como la presente que no tiene base jurídica y que sólo constituye un homenaje a la retórica, por decir lo menos (…)”.

Entre líneas la magistrada hace saber a la ciudadanía las presiones dentro del TC para evacuar un fallo favorable al holding empresarial. “… No he visto caso alguno, hasta el momento, desde que he ingresado al Tribunal Constitucional, que haya merecido tal debate e insistentes ponencias a fin de alcanzar la exoneración de un beneficio tributario. Posiblemente la historia de este millonario beneficio tributario podría terminar con el veredicto de la mayoría del TC, sin embargo, estoy segura de que no será así. Este caso no termina en las paredes del TC, sino que serán la opinión pública, la sociedad y el ámbito académico los que darán el mejor veredicto de lo que puede contener este caso. La diferencia entre ambos veredictos ya no será sobre cómo se ganan los casos a cualquier costo, sino sobre lo que realmente importa: la justicia”, dice la magistrada.

Semanas más tarde, en vísperas de Fiestas Patrias, salió la sentencia publicada en la web del Tribunal Constitucional. Los argumentos jurídicos eran claros: la mayoría de cuatro votó por otorgar los beneficios tributarios a las mencionadas casas de estudio al señalar que la SUNAT los había prolongado de facto. Ledesma argumentó que dichos beneficios solo podían extenderse por una Ley expresa del Congreso de la República, por lo que la interpretacion de sus colegas era errada. Hasta allí, una discusión clara sobre Derecho Constitucional Tributario (a nuestro criterio, la opinión de Ledesma era la correcta).

Pero los líos se desataron por la parte extrajurídica del caso. En efecto, la llamada de atención de Ledesma figuraba en su fundamento de voto, publicado por el TC:

Los magistrados aludidos no se quedaron callados. En forma escueta, el presidente del TC exponía así su rechazo a lo planteado por Ledesma:

Más fuerte fue lo apreciado por sus otros tres colegas. Primero, el magistrado Blume Fortini dijo lo siguiente en su fundamento de voto:

Posteriormente, Eloy Espinoza - Saldaña llegó a pedir una sanción, tanto por la filtración de la sentencia como por el voto singular de Ledesma:

Y Carlos Ramos terminó diciendo estas frases bastante duras:

Si lo visto ya no tenia precedentes en la historia constitucional peruana - nunca antes los magistrados del TC se mandaban puyazos a través de sus votos singulares o fundamentos de voto -, la cuestión escaló en los últimos días. Ante diversos medios de comunicación, Ledesma denunció que la pretendían vacar como magistrada, ante un pedido de su colega, Ernesto Blume. Dicho pedido, en principio, se vería el martes 16 de agosto. La magistrada señaló que no era responsable de la filtración de la información sobre la sentencia y que lo expresado en su voto respondía a su conciencia, por lo que una vacancia podría ser tomado como una suerte de censura de sus expresiones.

Esta mañana, Blume fue a Ampliación de Noticias (el programa estelar de RPP) para justificar su pedido de vacancia. Tanto Fernando Carvallo como Patricia del Río le inquirieron por las razones por las que promovía la salida de la magistrada Ledesma. El juez del Tribunal Constitucional no pudo señalar con claridad la motivación de su pedido. Los dos periodistas le hicieron notar que no se toleraban opiniones disidentes al interior del TC y que, además, él sería juez y parte al resolver la solicitud de vacancia que él mismo había planteado. Sin embargo, Blume no incidió en el que podía ser el argumento más fuerte del caso: la filtración del voto, que si puede ser una causal de sanción al interior del organismo.

Hace unas horas, El Comercio señaló que Blume ha retirado el pedido de vacancia contra Ledesma “por razones de índole institucional”. Con ello, en el papel, ha quedado resuelta la permanencia de la magistrada, pero probablemente será amonestada. Pero, sin duda, algo se ha quebrado en el colegiado que debe ver muchas de las cuestiones legales más importantes del país. Y si a ello se suma la polémica sobre la interpretación dada por cuatro magistrados en un tema bastante controvertido - beneficios tributarios para universidades con fines de lucro -, una de las instituciones más importantes del país vuelve a estar en la noticia, no precisamente por buenas razones.

Comments 5 Comentarios »

Normalmente, las discusiones sobre política exterior en el Congreso de la República son de bajo perfil. Ni siquiera cuando se discuten tratados de libre comercio, tema crucial de nuestra visión ante el mundo durante los últimos quince años, los parlamentarios son tan proactivos.

Excepto cuando se trata de Venezuela.

Nadie puede negar que el gobierno de Nicolás Maduro no es democrático. Es, a ciencia cierta, un autoritarismo competitivo cada día menos abierto a la competencia política y con serias dificultades económicas. La crisis venezolana es, a todas luces, un serio problema para América Latina, tanto en lo que significa en términos democráticos como en lo que se refiere a los problemas de desabastecimiento. Sumemos a ello el pobre liderazgo de Maduro y su gente para saber que el país caribeño se encuentra en una situación sumamente complicada.

Nuestro país debe ser uno de los que este caso suscita mayores debates. Y no solo por su importancia en sí mismo, sino que el mismo es usado como arma política. Las pretensiones chavistas por expandirse tuvieron receptividad en 2006 en Ollanta Humala que, antes que un simpatizante ideológico, era agradecido por ser el primer gobierno que lo recibía como un político de fuste. Las remembranzas que Chávez traía de los peores aprestos estatistas de Velasco - sumado a su estilo ramplón - hicieron que Alan García fuera elegido presidente aquel año.

Si bien Humala se supo sacar parcialmente el sanbenito chavista con el acercamiento a Brasil en la campaña de 2011, el tema siguió durante todo su periodo de gobierno, tanto por el presunto financiamiento dado en 2006 desde el chavismo, como por la falta de condena al régimen de Maduro. Al conversar, en distintos momentos de su administración, con personas cercanas al gobierno humalista, la posición era clara: “Más que un agradecimiento o simpatía del Presidente, hay dos temas que él tiene claro: no quiere enemistarse con Venezuela de cara al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima con Chile y, además, considera que un pronunciamiento suyo no ayudará a solucionar nada”. De hecho, ningún país de la región fue explícito en rechazar a Chávez y Maduro.

Con el pasar del tiempo, la situación se complicó aún más: la izquierda peruana volvía al viejo error de “comprender el proceso” como norma para no pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos en Caracas (o en La Habana). Ello le abría un flanco claro a ser aprovechado por sus rivales, lo que ocurrió durante la primera vuelta electoral de 2016. Mientras que, desde hace algunos años, el fujimorismo y parte de nuestra derecha se apresta a condenar a Maduro, sin decir nada sobre su padre putativo: el régimen encabezado por el hoy reo de Barbadillo.

Esta semana, el tema se revivió. Una moción impulsada por el congresista aprista Jorge del Castillo sobre la situación política en Venezuela ha sido firmada por todas las bancadas, con excepción del Frente Amplio. Marco Arana, vocero de la bancada, dijo que no firmarían un documento “con sesgo político”. Pero al leer la moción, se trata de un pronunciamiento que tranquilamente cualquier grupo democrático podría suscribir. De hecho, hoy Indira Huilca se pronunció fuerte sobre el tema Venezuela, reconociendo que habían presos políticos y violaciones a los derechos humanos.

¿Por qué el FA toma esta postura? Existen tres respuestas no contradictorias entre sí: a) están hartos del tema y pretenden que se priorice su acción en temas nacionales, b) consideran que sería “hacerle el juego a la derecha” suscribir la moción y c) tienen posiciones discrepantes al interior sobre el caso Venezuela. El problema con estas tres posiciones, más allá de las cuestiones de principio, es que no se han percatado que cualquier ambivalencia sobre este tema será aprovechado por sus enemigos políticos.

Sí, es cierto que resulta ser un chiste que el fujimorismo suscriba una moción condenando a un régimen muy similar al suyo y puede ser que a la bancada zurda se le haga la mano chichirimico antes de firmar una moción presentada por un aprista. Pero ni siquiera en el Frente Amplio se atrevieron a presentar una moción alternativa que pueda sentar posición sobre un asunto que los persigue y en el que deberían sentar posición. A fin de cuentas, se trata de una moción que, antes que resolver un problema que los venezolanos son los primeros llamados a solucionar, se solidariza con una causa que es justa.

Al final de la jornada, en el Congreso de la República, varios terminan dándole la razón al argumento central del libro de Eduardo Dargent “Demócratas Precarios”: las élites de izquierda y de derecha en buena parte de América Latina (lo que incluye al Perú) - con excepciones - no condenan a las dictaduras y autocracias de su signo favorito. Y allí el guante no solo le cae al Frente Amplio.

Comments 6 Comentarios »

(Histórico paso de Perú.21)

En su más reciente edición, la revista Caretas le dio portada y entrevista central a Adriano Pozo, confeso agresor de la ciudadana Arlette Contreras. La sentencia benigna otorgada a este sujeto, hijo de un regidor ayacuchano, fue una de las que motivó la movilización nacional Ni Una Menos, convocada para este sábado.

En redes sociales, la entrevista fue duramente criticada y con justa razón. Las preguntas no tomaron en consideración los evidentes horrores jurídicos de la sentencia, resulta bastante discutible otorgarle una portada a una persona que es notoriamente un agresor y en ningún momento se le hacen cuestiones críticas respecto de las respuestas dadas a la revista. A ello se suma el tratamiento de la condición borderline de Pozo como una suerte de atenuante para este tipo de hechos.

Caretas respondió señalando que la entrevista buscaba que la otra parte en el caso Contreras brinde su versión de los hechos, dado que era labor periodística dar voz también a personajes nefastos. También indicaron que el reportaje no era neutral hasta los extremos de la complicidad y que, a su criterio, la condición borderline no implicaba una aminoración de la responsabilidad de Pozo en tan execrables hechos.

Sin embargo, al revisar nuevamente el material publicado por la revista, es evidente que hubo errores. Otorgar una portada con el título Violencia Sexual a un agresor cuyas prácticas misóginas han sido apreciadas por todos gracias a las cámaras de seguridad del hotel donde se produjo lo que, a nuestro criterio, calza como tentativa de violación sexual y de feminicidio es, a todas luces, excesivo. La entrevista fue extremadamente complaciente y sin ninguna repregunta de peso. Y los datos que fueron presentados conjuntamente con la entrevista no dan cuenta de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. No era necesario llegar al “linchamiento virtual”, como indica la publicación fundada en 1950, para hacer un reportaje mucho más pulcro y una entrevista menos concesiva.

Asimismo, como bien ha recordado hoy la periodista Laura Grados, Caretas acompaña todas sus ediciones con una chica semidesnuda en la penúltima página. Algo que ya era incomprensible en los tiempos de oro de la revista y que hoy, sin duda alguna, resulta anacrónico.

Y este dato viene a cuento de una decisión tomada por Perú.21 esta semana. Ayer se anunció que se dejaría de publicar la “Chica 21″, una sección en la que modelos y actrices posaban en pocas prendas de vestir y que venía desde los primeros días del diario. Si bien la sección ya venía siendo criticada desde hace algunos años, la campaña “Ni Una Menos” motivó una reflexión interna en el diario, que concluyó de la siguiente manera:

Creemos que no es tiempo de chicas en bikini. Que el foco de nuestra cobertura debe concentrarse en los retos que enfrentan, los desafíos que tienen por delante, las luchas, logros y conquistas de las mujeres peruanas“.

Al mismo tiempo, como señala Grados, es momento que otros medios del Grupo El Comercio den el mismo paso. El diario más vendido del país, Trome, tiene todos los días, en su contraportada una sección denominada “Las Malcriadas”, con fotos similares a las publicadas en “Chica 21″. Hasta el momento, dicho medio no ha acusado recibo del pedido.

Junto con gestos como los de Trome, es necesario que los medios repiensen cuál ha sido su cobertura respecto de sucesos de violencia contra las mujeres en los últimos años y cuál ha sido la forma de representarla. En esa linea, la columna de Rosa María Palacios de ayer indica que:

El tratamiento del abuso es muchas veces deplorable, insistiendo en culpar a la receptora ya sea de los golpes, de su desfiguración o  de su propia muerte. ¿Quién no ha visto el titular “lo hizo por celos”, trasladándole así la culpa a ella? Lamentablemente, periodistas defensores de los perpetradores, no han faltado.

Complementando lo señalado por la abogada y periodista, Raúl Tola destaca hoy que:

Vivimos en un país donde agraviar o menospreciar a las mujeres ha sido tan normal que nunca se lo consideró malo, censurable e incluso punible. ¿Cuántas esposas conocemos que soportan humillaciones diarias de sus maridos, sin que las asumamos como tales? ¿Cuántas veces oímos un piropo procaz y nos reímos pensando que era gracioso, atrevido, criollo? ¿O repetimos frases como «Así manejan las mujeres», «Lloras como una mujer» o «Las mujeres, a la cocina»?

¿Recuerdan cuantas notas se referían a los feminicidios como “crimenes pasionales”? ¿Cuántas veces se ha cosificado a la mujer en medios de comunicación? Y con esto último no solo me refiero a los reality que se pasan de lunes a viernes en otros canales. Ayer varios comentaristas deportivos de Latina - no todos, vale aclarar - se la pasaron enunciando frases como “averiguen cuál es el nombre de esas bellezas” o destacando los atributos físicos de las competidoras antes que su performance en las competencias de los Juegos Olímpicos.  Ello para no hablar de los “all male panel” en varios medios de comunicación, como fue notorio en la cobertura de Fiestas Patrias de la mayoría de canales.

Finalmente, también se pone de manifiesto un tema muy poco tocado: las posiciones de poder dentro de los medios de comunicación. Así lo manifiesta Diego Salazar, editor multiplataforma de Perú.21, al constatar que solo seis mujeres han sido directoras de un diario en el país:

La brecha se ha acortado en números, pero al igual que en otras profesiones con prestigio social —alicaído en nuestro caso, pero prestigio al fin y al cabo— una mujer alcanza su techo laboral en un diario antes de acceder a puestos directivos. Incluso cuando logra la silla de directora se le somete a un escrutinio distinto al de sus colegas hombres. Esto fue materia de una intensa discusión en los medios americanos en 2014, cuando la primera y, hasta ahora única, directora del New York Times, Jill Abramson, fue despedida. La historia de lo que ocurrió realmente aún está por contar, tanto Abramson como el Times como algunos reporteros que dieron cuenta del caso han relatado diversas versiones. Pero la versión oficial, en boca de Arthur Sulzberger Jr —presidente del directorio de la empresa— es que existían problemas con el “estilo de management” de Abramson. A lo que ella respondió: “Se dijo que se debía a mi estilo. Yo era una directora frontal, y había gente que trabajaba para mí a la que eso no le gustaba. Las mujeres en roles de liderazgo son escudriñadas de forma constante y, a veces, de forma distinta a los hombres”.

Que una periodista, editora o directora sea mujer no garantiza nada en términos de calidad. Un periodista puede ser bueno, malo, competente, inútil, culto, ignorante, honesto, corrupto, con independencia de su sexo o género. La identidad sexual de una persona, así como su raza o creencias religiosas, pese a lo que se diga en campaña electoral, no es un valor en sí mismo. Pero si bien no hay incidencia directa sobre la calidad, sí la hay sobre la representación de hombres y mujeres en los medios. Un estudio publicado en octubre de 2015 en The America Sociological Review encontró que el 82% de los nombres mencionados en prensa norteamericana entre 1983 y 2009 respondían a hombres. De nuevo: el 82% de las personas mencionadas en prensa en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI tenían nombre de hombre. Si bien no tengo estudios concretos, resulta verosímil suponer que, de existir más mujeres en puestos directivos, esa disparidad no sería tan exagerada. Y no porque las mujeres sean necesariamente menos machistas —esa es otra discusión—, sino porque las periodistas, por lo general, están más al tanto de lo que hacen otras mujeres que sus colegas hombres.

Todos estos temas, sin duda, deberían estar en la agenda de los medios durante las siguientes semanas. No basta con apoyar una importante movilización como la de este sábado, sino también dar pasos para mejorar la forma como tratan a las mujeres, tanto en la cobertura como en su propia organización.

Comments 1 Comentario »

Creative Commons License
Desde el Tercer Piso by José Alejandro Godoy is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-Sin obras derivadas 2.5 Perú License.