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La discusión sobre la ley laboral para jó­venes nos ha mos­trado a dos sectores bastante disímiles. De un lado, un grupo considera que nuestro país debe flexibilizar aún más las reglas en torno al mercado del trabajo. Algunos se decantan por reducir los montos de rubros como CTS, vacaciones o gratificaciones; otros por eliminar la indem­nización por despido arbitra­rio. La preocupación central se encuentra en los costos para el empleador.

De otro lado, otro bloque indica que la flexibilización laboral que viene desde la dé­cada de 1990 ha precarizado el empleo y, por tanto, antes que la creación de un nuevo régi­men especial en esa línea, debe fortalecerse las facultades fis­calizadoras del Ministerio de Trabajo. Su inquietud mayor va por la preservación de los derechos del trabajador.

¿Existen coincidencias entre facciones tan contra­puestas? Ambos consideran que la ley que ha motivado la discusión de esta semana no solucionará el problema de la informalidad laboral. También creen que existen problemas como la compe­titividad y productividad de empresas y trabajadores que deben afrontarse con medidas vinculadas a la tri­butación y, sobre todo, a la educación en todos sus ni­veles. Y, en el fondo, existe la conciencia que el estado actual de la regulación labo­ral no puede sostenerse más, discrepando en el tipo de me­didas a aplicar.

¿Hay algún punto medio? Quizás el modelo de flexise­guridad, adoptado en Dina­marca y que combina contra­tos flexibles, capacitación y fuerte protección en seguri­dad social, pueda ser la base para un encuentro entre am­bas posiciones.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 21.12.2014)

(Foto: La República)

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Si ha existido una institución que se ha encontrado en el centro de las preocupaciones periodísticas durante todo el año ha sido el Ministerio Público.  Los casos más significativos de corrupción regional y nacional e incluso aquellos que han sido percibidos por un sector de la opinión pública frente a problemas más importantes pasan por una institución que debe, en el papel, impulsar adecuadamente la acción penal frente a los delitos que se cometen en el país.

El liderazgo de está institución se encuentra en cuestionamiento desde su propia elección. Para Carlos Ramos Heredia, ser pariente lejano de la esposa del Presidente de la República es el menor de sus males. La designación por sus pares estuvo marcada por movidas en torno al Consejo Nacional de la Magistratura, que colocó a dos de las fiscales que votaron por él en los meses previos a su elección.

Por si fuera poco, Ramos Heredia ya venía con varios cuestionamientos, tanto por su actuación como investigador de delitos como al frente de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ricardo Uceda y Daniel Yovera, durante este año, han documentado claramente cómo casos como Utopía y La Centralita se vieron perjudicados por su actuación. En lo que respecta a Ancash, también se han señalado la presunta cercanía amical con algunos de los implicados, que el Fiscal de la Nación ha negado. Todas estas cuestiones ya le han costado cuatro investigaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Esta semana, la situación del Fiscal de la Nación se ha complicado aún más. Como bien reseña Augusto Álvarez Rodrich en su columna de hoy, el semanario Hildebrandt en sus Trece ha registrado que tres personas vinculadas a la red liderada por Rodolfo Orellana señalaron que el Fiscal de la Nación visitó al controvertido empresario y abogado cuando era Fiscal Supremo de Control Interno. Si bien Ramos Heredia ha negado esta versión - incluso esta mañana en RPP -, lo cierto es que aquí hay otro indicio que deberá indagarse. De hecho, Uceda ya había deslizado la posibilidad de la existencia de vinculaciones entre Orellana y el Fiscal de la Nación. Y, por si fuera poco, Proética, capitulo peruano de Transparencia Internacional, ha condicionado su permanencia en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM a la salida de Ramos Heredia del cargo, debido a los severos cuestionamientos en su contra.

Si ya estas cuestiones deberían convencer al lector de la necesidad de un relevo en el Ministerio Público, añado una más. Tener un Fiscal de la Nación con tantos cuestionamientos lo hace débil frente al poder, sea este político o económico. Y no solo me refiero con ello al gobierno, sino también a cualquier tipo de fuerza política o grupo empresarial. De hecho, otra de las actuaciones poco felices del Fiscal de la Nación fue el archivamiento del caso que involucra al congresista Julio Gagó en relación con contrataciones estatales que vulneraban la norma sobre la materia, cuestión que podía complacer, además del involucrado, a una bancada fujimorista que puede decidir el futuro de Ramos Heredia, considerando que el camino para una acusación constitucional en su contra pasa por el Congreso de la República.

Desde los atroces tiempos de Blanca Nélida Colán al frente del Ministerio Público, no veíamos que el Fiscal de la Nación fuera tan cuestionado en su cargo. Por ello, su pronta salida del cargo le dará un respiro a una institución cuya crisis, en el último año, ha sido más notoria. Y dicho relevo debe ser acompañado por un plan serio de reforma institucional que adecue a este ente estatal a una mejor efectividad en la persecución del delito en el Perú.

(Foto: La República)

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No me sorprenden las vacilaciones de varios políticos en torno a la Ley que establece un régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años. Hace buen rato que el fujimorismo resulta siendo inconsistente con las propias reformas que impulsó en los años 90 (hasta que a su líder le dio por reelegirse sucesivamente ad infinitum) y Alan García posee la camaleónica habilidad de justificar la Ley PYME en 2007 con los mismos argumentos que hoy critica como justificación de la legislación aprobada en este gobierno. Con ambos ya en el partidor electoral, será más frecuente ver cómo se acomodan frente a los distintos hechos de coyuntura.

Pero en quien sí ha sorprendido el cambio de posición es en Pedro Pablo Kuczynski. Como bien se ha recordado esta semana de debates laborales, el líder de Perú Más no solo estaba a favor del nuevo régimen, sino que incluso colocó en un tuit, que luego borró, que el mismo debería extenderse a las personas que tienen hasta más de 30 años. Y luego de ello, para que “no lo malinterpreten”, soltó un video en el que explica su - algo críptica - propuesta sobre la materia.

PPK se encuentra en una encrucijada bastante compleja en términos políticos. Sus ideas están mucho más cercanas al sector de peruanos que se encontraba satisfecho con los logros económicos obtenidos durante los últimos 15 años y que busca una opción tecnocrática de gobierno. En ese espacio de electores, no solo no se cuestiona el actual modelo de desarrollo del país, sino que también se busca introducir los mismos criterios gerenciales de la empresa privada hacia el sector público. No es casual que en este grupo de compatriotas se concentren las mayores defensas hacia la norma propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la República.

Al mismo tiempo, el candidato Kuczynski es consciente que, incluso para pasar a segunda vuelta, no le basta con este sector de votantes, sobre todo porque Alan García y Keiko Fujimori han apuntado hacia el mismo en los últimos años. Y debe ampliar su público hacia sectores que no se encontraban dentro de su radar. Y la pregunta es si el perfil del tecnócrata exitoso podrá derivar hacia un candidato con pocas definiciones o, en el mejor de los casos, con un perfil más centrista.

Ojo, el problema no es nuevo. Ya en 2011 se generó una controversia en torno a una propuesta para reducir las vacaciones que enunció el entonces jefe de plan de gobierno de PPK, Pablo Secada, que el entonces candidato tuvo que enmendar rápidamente. Así las cosas, será complicado para el reconocido economista poder sostener un giro que no difumine su perfil, a menos que su programa de gobierno sea menos tecnocrático de lo que presentó en la elección anterior. Es claro que no podrá ganar apelando únicamente a un programa liberal en lo económico, pero corre el riesgo de perder a su “electorado natural”.

Gran dilema, Pedro Pablo, gran dilema.

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Cuando el mundo menos lo esperaba, ayer Estados Unidos y Cuba decidieron, luego de 53 años, iniciar el camino para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Si bien la decisión no comprende dar marcha atrás en el embargo emprendido por la potencia mundial contra la isla gobernada por una dictadura de partido único, el discurso de Obama fue claro: la estrategia actual para intentar democratizar al país más cercano a Florida, sanciones económicas incluidas, ha fracasado. Pero también supone un reconocimiento implícito, por parte de los Castro, que su economía no se puede sostener más en los subsidios (primero de la URSS, más recientemente de Venezuela).

Para entender mejor el impacto de este momento, hay que entender la relación que Cuba y Estados Unidos han tenido a lo largo de la historia. Como sabemos, el país caribeño fue de los últimos en independizarse de España y, desde que se convirtió en un Estado, tuvo una relación bastante compleja con EE.UU. De un lado, gobiernos que respondían directamente a los intereses norteamericanos. Del otro, un creciente nacionalismo. La revolución cubana contra Batista no podría explicarse de otra manera. La forma tan torpe como el gobierno de Eisenhower trató a Castro tampoco. Y, en medio de la Guerra Fría, Cuba decidió dar un salto hacia adelante, no solo enrumbando lo que era inicialmente un movimiento armado nacionalista hacia el marxismo, lo que generó tanto el fiasco de los levantamientos contra Castro impulsados desde Washington, como la crisis de los misiles que nos puso al borde de una guerra nuclear.  El bloqueo norteamericano y el posterior congelamiento de relaciones son hijos de aquel tiempo.

Con los años, el bloqueo se convirtió en uno de los principales sostenes de la dictadura castrista. Permitió generar, en un discurso que mezclaba retórica marxista con un fuerte nacionalismo, un cuco frente al cual pelear: el Imperio. Y le dio un aura romántica, para muchos, a lo que, para otros (me incluyo), no era más que una dictadura.

Durante varias décadas, Cuba no solo dividió izquierdas y derechas (y a centristas), sino que, luego de la caída del Muro de Berlín, incluso dividió al mismo lado zurdo. Por solo citar dos ejemplos, este era un tema en el que Javier Diez Canseco y Susana Villarán jamás concordaron, por remitirnos al ámbito interno. Y en una izquierda poco sospechosa de ser precisamente garante de la autocracia, como la chilena, solo recién después de un incidente en torno a la salida boliviana al mar, Michelle Bachelet pudo cerrar cualquier tipo de entendimiento con Fidel Castro. Y en privado, muchos de quienes decían defender “el proceso cubano” o resaltaban sus avances en salud y educación admitían que dicho modelo no podía exportarse a sus países.

Así las cosas, el sostenimiento de medidas que afectaban, antes que a una autocracia consolidada en lo político, a los ciudadanos de la isla, resultaba insostenible. Peor aún cuando, como señaló Farid Kahhat esta mañana en Exitosa, el exilio cubano en Miami y sus descendientes, crecientemente, apoyaban medidas de mayor apertura, frente a los políticos más duros, ubicados en el sector más recalcitrante del Partido Republicano, o sus voceros más recalcitrantes, que son quienes tienen más cabida en determinados medios.

Todo ello explica por qué Nicolás Maduro, principal benefactor del régimen cubano, con el precio del petróleo a la baja, tenía cara de circunstancia ayer. Y por qué Marco Rubio se oponía a la medida y Carlos Alberto Montaner señalaba que el ganador era Raúl Castro.

Ninguno de ellos se da cuenta que los autócratas cubanos están tratando de manejar su propia transición, sobre todo económica. Lejos de los entusiasmos de algunos por un pronto establecimiento de la democracia en la isla - un deseo personal, por cierto - creo que los Castro buscan salir hacia un tipo de régimen que mezcle cierto grado de apertura económica con el mantenimiento de un régimen que seguirá teniendo severas restricciones políticas. Obama era consciente de ello al decir que habrían temas en el que se mantendrían diferencias.

Finalmente, cabe resaltar que la administración Obama, que no había tenido muchos acercamientos a la región, brinda quizás el mayor cambio de política frente a América Latina en décadas. Buena parte de este viraje se ha debido a la mediación de otro líder latinoamericano - el Papa Francisco -, pero también por cuestiones de real politik de ambos. EEUU sabe que llevarse bien con Cuba le quita peso a Rusia y a Venezuela. Cuba requiere inyección de capital para emprender una transición económica. La gran duda es hasta donde llegará la apertura política. Aún así, puede considerarse que el último legado del siglo XX que quedaba en la región terminó ayer.

(Foto: La República)

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En varias ocasiones nos hemos referido al fútbol en este blog, en particular, en lo que se refiere a sus aspectos institucionales. La decisión de Manuel Burga Seoane para no presentarse a la re-reelección en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol vuelve a poner el tema sobre la mesa.

Es cierto que la hinchada del deporte más popular del país repudia a Burga, antes que por su gestión, por los continuos fracasos, sobre todo, en lo que se refiere a clasificaciones a la fase final de la Copa Mundial de Fútbol. La mala noticia para los hinchas es que los mismos, salvo milagro, seguirán existiendo. La buena noticia es que el retiro del controvertido dirigente puede permitir un trabajo a largo plazo, si es que se aplican las medidas pertinentes para ello.

El principal pecado de Burga no se encuentra en el vacío de copas (deportivas, por siaca) de estos años, sino en dejar de aplicar aquellas medidas que su directorio había aprobado para ordenar el fútbol. Implicaba, como señala hoy El Comercio en su sección DT, que los clubes tuvieran estado propio o alquilado, con un plan de formación de menores y padrón de socios legal, tampoco podían tener deudas o debían refinanciarles y, por último, debía arreglarse los problemas de la Copa Perú y la Segunda División.

El resultado es ya conocido y lo ha resumido bien Horacio Zimmerman en EC:

Hoy, sin embargo, la estructura de Burga cuenta con los dos clubes grandes quebrados y en Indecopi (Universitario y Alianza Lima). Además, tiene un campeonato irregular en el que la característica principal es la informalidad; un fútbol en el que la violencia es un hecho latente en los estadios y alrededores, y en el que el sistema de justicia deja mucho que desear. Si el público no asiste a los estadios es porque percibe un producto que no satisface las expectativas debido a su baja calidad. Año tras año el torneo cambia de sistema y el abogado solo da el OK. Poco importa si es viable o no para mejorar la competencia.

Para añadir más gasolina al fuego, Burga precarizó la propia institucionalidad de la FPF. Roberto Castro lo explicita en Semana Económica:

Así, lo único que le quedó a Burga fue, primero, acudir a los sectores más cuestionados de la dirigencia del fútbol: pactar con varios de los que habían sido sus opositores en los noventa e incluso llevarlos a su directorio. Además, condicionado por una torpe movida parlamentaria orientada a buscar removerlo del cargo que acabó empoderándolo, reorientó su gestión a dar prioridad a satisfacer los intereses de los presidentes de las ligas departamentales, que pasaron a pesar relativamente más que los clubes en la Asamblea de Bases -y por ende en las votaciones para elegir autoridades- a partir de la llamada “Ley Reggiardo”. En ese contexto, como paliativo a la crisis económica de los clubes tradicionales, optó por empoderar la Copa Perú, un torneo único en el mundo por la cantidad de equipos que lo disputan -más de 20 mil a nivel nacional- y por la opción que da de que cualquier equipo creado en el país pueda llegar a Primera División en un solo año, como vía de ascenso y también de ingreso de nuevos capitales al fútbol, sin restricciones a su sostenibilidad o procedencia.

¿Cambiar esta situación nos arribará a buenos resultados futbolísticos? No en forma inmediata. Aplicar estas medidas implicará, para quien gane la elección en la FPF a realizarse esta semana - Federico Cúneo o Edwin Oviedo - un alto costo político para varias de las personas e instituciones que, probablemente, voten por ellos como aliados. Pero las mismas tendrían que aplicarse al inicio de la gestión, no solo para capitalizar el ánimo reformista, sino también porque la situación no da para más. De no aplicarse las mismas, la decisión que Cúneo u Oviedo tomen sobre la continuidad de Pablo Bengoechea solo quedará para el anecdotario.

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El debate mediático en torno a la norma laboral que regula el régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión pendiente en el país: ¿qué hacemos con el sistema laboral que tenemos hoy?

Para un sector, resulta indispensable flexibilizar más las reglas existentes, debido a que existen demasiados “sobrecostos” para los empleadores y, además, las normas laborales actuales no permitirían la incorporación de amplios sectores de trabajadores a la formalidad laboral o pasar de contratos fijos a plazas estables. En forma explícita, el abogado Mario Zúñiga ha dado ejemplos sobre cuáles serían estos “sobrecostos”:

i) La CTS, por ejemplo, hasta los abogados laboralistas reconocen que es una distorsión. Debería haber un seguro de desempleo.

ii) Las vacaciones de 30 (o 22) días, son de las vacaciones pagadas más largas del mundo, a nivel de países OCDE (y sin que tengamos esa productividad).

iii) Gratificaciones desde el primer año, también en muy pocos países. Normalmente a esos derechos se accede paulatinamente, con años de trabajo.

iv) Utilidades laborales: es un beneficio que nunca debería ser obligatorio, el trabajador no tiene que tener derecho -otra cosa es que sea un premio por buen rendimiento- a utilidades, ya que no participa del riesgo de la empresa. La última vez que revisé, sólo Francia, México y Perú lo tenían.

Tampoco nadie está hablando de los créditos por capacitación (que no son un “premio al que contrata, aplican cuando se capacita, que es un beneficio directo al empleado).

Para otro sector, la responsabilidad no está en hacer estos ajustes, sino en contar con instituciones que realmente fiscalicen el cumplimiento de los diversos regímenes laborales que se encuentran en el sector privado. Es decir, que, antes que flexibilizar más lo que ahora tenemos, a lo que se debe tender es a contar con una fiscalizadora fuerte. SUNAFIL, en teoría, debería cumplir ese rol. Y cuestiona la efectividad de la flexibilización. Un ejemplo es lo que señala el también abogado Alfredo Villavicencio en torno al régimen especial para la pequeña y micro empresa:

Con datos al 2013, sólo el 8.7% de las micro empresas y el 7% de las pequeñas empresas, se han acogido a este régimen, con lo que sólo el 5.1% de los trabajadores en las primeras y el 3.9% de los trabajadores de las segundas, se han formalizado. No cabe duda que los resultados son realmente magros e irrelevantes, por lo que insistir en la reducción de derechos como vía de formalización no es una postura interesante sino interesada.

Es básicamente en estos términos que se ha manejado la discusión laboral en el Perú. Básicamente termina siendo un tema de costos - sobrecostos y flexibilización, enfocado básicamente en un tema: la alta tasa de trabajadores informales en el Perú. Y aquí no solo entrarían los denominados “emprendedores”, sino también aquellos contratos de trabajo encubiertos que existen. En el caso del empleo juvenil, es claro que existe una mayor precariedad en el acceso al empleo, por diversos factores, sobre todo, por el nivel educativo existente en América Latina en general - y en el Perú en particular -, como por la poca experiencia que, naturalmente, tiene este sector de ciudadanos.

En ese escenario, debemos comenzar a considerar, por tanto, otras variables frente a cada medida laboral que se tome, más allá del tema de los costos. Temas de productividad y competitividad salen a la palestra. En particular, aquellos vinculados con la capacitación que requieren tener los trabajadores y con otras medidas que debe tener la empresa más allá de la planilla.

En esa medida, más allá del entusiasmo del Presidente de la República por la norma que probablemente promulgue, ¿qué se puede decir de esta solución planteada?

1. Que corre el riesgo de ser declarada como inconstitucional. El artículo 103° de la Constitución indica que “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Y la fundamentación de la norma apunta, básicamente, a una distinción por cuestiones de edad. En caso se presente una demanda de inconstitucionalidad, existiría un problema para el abogado del Poder Legislativo para fundamentar esta diferencia de trato de forma tal que encaje con la Constitución.

2. Si bien la norma tiene dos candados centrales (su no extensión a los jóvenes ya contratados en otras modalidades y la prohibición de cesar a trabajadores antiguos para incluir a nuevos bajo esta misma nueva forma de contratación), no se ha examinado bien cómo se compatibilizará este nuevo régimen con, por ejemplo, las denominadas modalidades formativas (prácticas preprofesionales y profesionales).

3. Si reducimos el tema únicamente a una visión de costos, el MEF y el MINTRA deberían entregarnos cifras concretas respecto de cómo la flexibilización ha ayudado o no a estimular al empleo.

4. La medida resulta incompleta, porque no ataca el tema de fondo: mejora de la calidad educativa que permita a más peruanos a acceder a empleos más calificados y mejor pagados o a puestos técnicos que sean mejor valorados.

Solamente con este análisis, nos podremos percatar que la variable costos - “sobrecostos” es una de las tantas que se debe tomar en cuenta para establecer una política laboral. Y creo que hay que tener en cuenta un elemento de contexto que pocas veces se olvida: el régimen laboral peruano actual para el sector privado fue emitido por un gobierno que permitió que las normas se aplicaran con varios abusos de por medio que luego tuvieron que ser compensados. Precisamente eso es lo que encendió las alarmas respecto a esta norma y por ello también es que las posiciones frente a la misma son tan encontradas.

La gran pregunta es si podremos salir de ese callejón sin salida respecto de la regulación laboral en el Perú, que requiere, además de un claro ordenamiento, tener claro como compatibilizar las justas demandas de los trabajadores con las preocupaciones económicas y productivas de los empleadores. Precisamente, el Derecho Laboral surgió para ello.

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Hasta el jueves, este columnis­ta se resignaba a comentar una semana donde la torpeza del gobierno había alcan­zado picos máximos. Pero, aquel día, la oposición par­lamentaria, durante la pre­sentación del ministro de Justicia, generó suficiente material para dedicarle este espacio dominical.

Una primera preocupa­ción se vincula con la degra­dación del lenguaje. Como han concordado Juan Carlos Tafur y Eduardo Dargent, hasta en el humor sentimos nostalgia de parlamenta­rios de épocas pasadas. Peor aún, cuando el discurso se reduce al puyazo que hace extrañar a “Risas y Salsa” y los medios solo resaltan este aspecto.

Asimismo, quedó demos­trada la poca capacidad de respuesta. Con la excepción de Mauricio Mulder, nadie hizo observaciones inteli­gentes a la explicación de Daniel Figallo. No es la pri­mera vez que ocurre. Minis­tros tan maltrechos como Rocky en los últimos rounds de sus peleas han salido, en los últimos meses, invictos del hemiciclo, sin ser du­chos en hacer política.

Una tercera observación: pobreza en propuestas al­ternativas. Ningún congre­sista planteó al ministro una medida para mejorar la lucha contra la corrupción. El problema no se reduce a los casos que fujimoristas y apristas intentan esconder de la memoria colectiva. En otras materias se observa la misma orfandad. ¿Alguien recuerda un planteamien­to serio de Fuerza Popular en seguridad y del APRA en políticas sociales, dos de sus banderas centrales? Y ello se agudiza cuando el PPC y la izquierda están más inmersos en sus pleitos internos que en marcar al gobierno.

Así las cosas, en Palacio res­piran algo más tranquilos.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 14.12.2014)

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En materia laboral, en el Perú nos hemos movido en base a bandazos ideológicos.  Por momentos hemos pasado a una protección laboral que impedía, casi por completo, el despido o lo encarecía demasiado. Y en otros nos encontramos ante una legislación que, antes que en el trabajador, se preocupaba ante todo en el empleador.

Actualmente, el estado del debate laboral peruano se encuentra de la siguiente manera. Para un sector, resulta indispensable flexibilizar más las reglas existentes, debido a que existen demasiados sobrecostos para los empleadores y, además, las normas laborales actuales no permitirían la incorporación de amplios sectores de trabajadores a la formalidad laboral o pasar de contratos fijos a plazas estables. Para otro sector, la responsabilidad no está en hacer estos ajustes, sino en contar con instituciones que realmente fiscalicen el cumplimiento de los diversos regímenes laborales que se encuentran en el sector privado.  Una discusión que, además, ha impedido en términos prácticos la aprobación de una Ley General del Trabajo que ordene todas las normas laborales existentes en el Perú.

La discusión ha retornado con la aprobación de una nueva norma laboral vinculada al primer empleo de los jóvenes, al crearse un régimen especial para jóvenes entre 18 y 24 años. Señala Semana Económica:

El proyecto señala que, bajo el nuevo esquema, los jóvenes no gozarán de los beneficios laborales de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, seguro de vida y el seguro complementario de trabajo de riesgo.

Asimismo, las empresas que contraten jóvenes bajo el régimen especial tendrán derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta equivalente al monto del gasto de capacitación de jóvenes contratados, siempre que no exceda el 2% de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en que devenguen dichos gastos.

La norma también señala que el Estado pagará el monto correspondiente a EsSalud de manera directa a esa entidad en favor de las micro y pequeñas empresas que contraten jóvenes en su primer empleo formal por un periodo de al menos un año.

Es cierto que la norma tiene dos candados: su no extensión a los jóvenes ya contratados en otras modalidades y la prohibición de cesar a trabajadores antiguos para incluir a nuevos bajo esta misma nueva forma de contratación. Sin embargo, ya comenzaron las críticas.

Dos objeciones centrales se ha hecho a la norma. La primera, planteada por el exviceministro de Promoción del Empleo, Javier Barreda, es que, al elaborar este nuevo régimen, no se han contemplado variables adicionales a la de los costos empresariales. Y allí señala varios puntos a tener en cuenta:  reducción de la confianza del inversionista privado, pobre nivel educativo que condena a miles de personas a obtener empleos de sueldos bajos, poca visión sobre los incentivos de la norma, capacidad de supervisión baja sobre las actuales normas de formación laboral, mayor empleo en régimen laboral “con mayores sobrecostos laborales” y la no inclusión de los trabajadores en la discusión.

Una segunda, de índole práctica, comienza a ser planteada. Muchos de los jóvenes que acceden a su primer empleo entre 18 y 25 años buscan apoyar económicamente a su familia, sea como cabeza de la misma o contribuyendo a continuar o concluir sus estudios universitarios y técnicos que afrontan sus padres. Por tanto, no estamos ante chicos y chicas que se tiran la plata en la juerga del fin de semana, sino en uno de los apoyos que tienen las familias peruanas. Y puedo suscribir esto por experiencia propia.

Es cierto que, en el Perú, la mayor parte del empleo es informal y que algo se tiene que hacer para estimular la incorporación de más trabajadores a planilla. Uno de los caminos que se ha intentado en los últimos años es la flexibilización laboral, a través de la reducción de beneficios, en algunos regímenes laborales, como el de las PYME. La pregunta es si es la única forma en que más trabajadores pueden incorporarse a la planilla o si hay, además de cuestiones vinculadas a temas de “costos laborales”, una cultura empresarial poco proclive a la contratación formal (vean nomás lo que pasa con periodistas, publicistas y abogados). Se requiere, por tanto, una legislación laboral que, no lo dudo, tenga dentro sus variables el tema del costo empresarial, pero que esta materia no sea la única que deba revisarse al momento de establecer nuevas normas o cambiar las actuales.

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Comienzo por la conclusión en este post. Creo que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, debe dejar el cargo por el pobre manejo político de la crisis en su sector. Sin embargo, no creo que haya cometido un delito, a partir de los elementos expuestos hasta ahora y que, al final, la gran perjudicada con la novela de la semana es la Procuraduría Anticorrupción y no solo por la actuación del ministro.

En primer lugar, considero que Figallo no ha sabido leer el momento político en que se han enmarcado tanto sus reuniones con procuradores, fiscales y el asesor presidencial Eduardo Roy Gates. Para decirlo sin medias tintas, existe un sector de la opinión pública que considera que el gobierno está tratando de proteger a Martín Belaúnde Lossio, sea porque conoce el financiamiento de la campaña de 2006 y/o cómo se solventó el estilo de vida del matrimonio Humala - Heredia entre 2006 y 2011, o porque conocían o daban su aquiescencia a los negocios que el empresario tuvo durante este periodo presidencial.

Y existe otro sector, con una mirada menos comprometedora, que considera que el Presidente de la República no deslindó a tiempo de la figura de Belaúnde Lossio, lo que ha comprometido una sombra de sospecha sobre él y su gobierno.

En esa medida, Figallo debió percatarse que cualquier reunión vinculada con el caso Belaúnde Lossio iba a ser mirada con ojos de suspicacia en ese contexto y que las respuestas brindadas, si bien pueden ser jurídicamente acertadas, comprometían la confianza que la ciudadanía y buena parte de la clase política podían tener en él. Sin ser un ministro particularmente excepcional, Figallo había procurado comportarse con corrección en su despacho, más allá de varias discrepancias respecto del tratamiento de determinados temas (el más grave, quizá, las omisiones y ausencias en el Plan Nacional de Derechos Humanos).

Luego de escuchar los audios presentados por Daniel Yovera, Cuarto Poder y El Comercio, se puede concluir que el ministro de Justicia no ejerció ninguna presión sobre la Procuraduría Anticorrupción para que Martín Belaúnde Lossio sea colaborador eficaz. Pero sí queda claro que, al menos, si mostraba algún interés respecto de posibles caminos legales que pudieran acelerar una entrega del implicado en el caso La Centralita como en el vinculado a sus propios negocios. Ambos caminos indagados - colaboración eficaz y conclusión anticipada de proceso - suponen una aceptación de culpabilidad y una reducción de la pena. Sin embargo, el primero de ellos está cerrado definitivamente y el segundo dependerá del propio implicado. Y, en ninguno de los casos, ello implicaba que Belaúnde Lossio pudiera evitar contar los entretelones de su relación amical con el Presidente de la República y su esposa.

Si esta era la intención del ministro Figallo, el asunto fue bastante mal manejado y, además, se cruzó con otro tema de preocupación en el sector: los constantes roces entre la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público.

Y es aquí, cuando ambos temas se cruzan, que se despiertan las legítimas dudas de la exprocuradora Yeni Vilcatoma. Hay que recordar que ella había investigado el caso La Centralita como fiscal y luego fue cambiada durante los últimos meses de la gestión Peláez. Y que luego fue reclutada por la Procuraduría Anticorrupción por el conocimiento de estos hechos, como de otros casos de corrupción ocurridos en provincia. Estos desencuentros institucionales, sumados a las reuniones de Figallo, en un contexto de desconfianza política, abonaron a la hipótesis de Vilcatoma que algo se cocinaba en contra del caso y a favor de Belaúnde Lossio.

Sin embargo, la decisión de Vilcatoma de grabar a su exjefe hacía insostenible su permanencia en el cargo, debido a que el mismo suponía una confianza perdida desde el momento que grabó y distribuyó los audios sobre el ministro, quien es presidente del sistema de defensa jurídica del Estado. Asimismo, tampoco ha podido indicar - y hoy Rosa María Palacios se lo solicitaba con insistencia abogadil y periodística a la vez - cuáles eran los posibles delitos en los que habría incurrido Figallo y que, por cierto, nadie hasta ahora ha podido evidenciar. Ello ha hecho que sus últimas apariciones en medios de comunicación dividan a la opinión pública entre la empatía frente a una funcionaria que, queda claro, no se casa con nadie respecto a un caso que ha tomado como una causa personal, y la desesperación ante los errores en estrategia legal y mediática para defender su posición.

En medio de estos errores, quien ha quedado más afectada es la Procuraduría Anticorrupción, institución que había sido reconstruida luego de un quinquenio en la que había sido abandonada a su suerte por un gobierno que no tuvo una política sobre la materia - y cuyos principales representantes y cheerleaders ahora quieren pegarla de defensores de la misma, pese a que muchas veces han atacado a sus principales voceros cuando se hablaba, por ejemplo, sobre casos como los narcoindultos -. Debe buscarse una forma de reafirmar su independencia, lo que implica tomar decisiones claras sobre el apoyo a las indagaciones del caso Belaúnde Lossio, caiga quien caiga.

En suma, tanto la salida de Figallo como un reforzamiento de la Procuraduría Anticorrupción deben ser signos claros que abonen a reducir el ánimo de desconfianza sobre la Presidencia de la República. Y ello debería ser coronado, además, con una explicación clara desde Palacio de Gobierno sobre el tipo de relación que tuvieron con Martín Belaúnde Lossio antes y durante el ejercicio del cargo más importante del país. Hoy más que nunca deben ejecutar lo que casi nunca hacen: política.

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Mientras todos estábamos concentrados en el caso Belaúnde Lossio y sus repercusiones medibles en las escalas de Richter y Mercalli en la Procuraduría Anticorrupción, el caso López Meneses volvía a la palestra con dos noticias.

La primera, la serie de disputas entre los miembros de la comisión parlamentaria, entrampada básicamente en encontrar alguna conexión directa entre el resguardo ilegal al personaje ligado a Vladimiro Montesinos y el Presidente de la República. La segunda, un informe en La República que daba cuenta del estado de la cuestión en el Ministerio Público.

El reportaje de Doris Aguirre señalaba que, desde las distintas investigaciones fiscales, el esquema alrededor de la custodia a López Meneses se concentraba en la hipótesis de corrupción policial, con dos civiles más investigados, uno de ellos, el alcalde de Surco. Esta es la infografía que resume a los implicados para el Ministerio Público:

Lo que no se especifica en el informe es la razón de la custodia. Hasta el momento, hay dos posibles premisas complementarias. De un lado, López Meneses fue tejiendo, al salir de prisión, una serie de vínculos políticos, empresariales y, sobre todo, influencia en el sistema de inteligencia del Ejército. Al mismo tiempo, resulta plausible la tesis de Rosa María Palacios sobre el resguardo: entrega de patrulleros a cambio de la posibilidad de una ayudita para los ascensos. Además de sus influencias reales, recordemos, OLM se ha ufanado de tener contactos para poder subir en el escalafón castrense.

Y precisamente un tema castrense es el que ha comenzado a salir en estos días.

El domingo por la noche, Panorama recogió un hallazgo: el registro de llamadas del exdirector general de la Policía, Raúl Salazar, al exasesor presidencial, Adrían Villafuerte Macha. Se han encontrado 485 llamadas. Exitosa resume la importancia del hallazgo:

Pese a que negaron en todos los idiomas que no se conocían, a pro­pósito del irregular res­guardo a la casa del ex operador montesinista Óscar López Meneses, el ex asesor presiden­cial Adrián Villafuerte y el ex director general de la Policía Nacional, ge­neral Raúl Salazar, se comunicaron tele­fónicamente un to­tal de 485 veces en el 2012, duran­te el plazo en el que se dispuso la protec­ción policial a la referi­da vivienda.

Según dio a conocer Panorama, en la sema­na en que se dio la or­den para la vigilancia a la casa de Ló­pez Mene­ses -del 20 al 28 de mayo-se registraron 20 llamadas. El 29 de mayo, cuando entonces se dic­ta la orden para asignar el primer patrullero a la vivienda, se registraron 5 llamadas. El 5 de diciem­bre del mismo año se re­gistra la llamada más lar­ga de todas: 16 minutos. En total, durante ese mes de diciembre, Salazar y Villafuerte hablaron du­rante 117 minutos.

La cuestión es aún más complicada. Las llamadas se dieron en el lapso del resguardo y entre dos personas que han dicho que mantenían una relación apenas superficial.

El problema es que dicha relación no era precisamente lejana. En sus propias indagaciones, Gustavo Gorriti apuntó a Raúl Salazar como el principal implicado en el caso de la custodia ilegal a López Meneses. Y señaló lo siguiente sobre el vínculo entre Salazar y Villafuerte:

Salazar fue, como coronel, jefe del aparato policial de Palacio durante casi todo el Gobierno de Alan García. No dejó de serlo ni siquiera cuando fue enviado al CAEN, pese a que el Ministerio del Interior le nombró un remplazo. Su relación con el entonces secretario general de Palacio, Luis Nava, fue estrecha. Quizá gracias a eso ascendió a general en su primera presentación y logró, además, que en lugar de ser mandado a provincias, se lo mantuviera como jefe de seguridad del Estado.

Cuando estaba en ese puesto, el 2011, el entonces jefe de la Digimin, Teddy Bartra, descubrió que se estaba impartiendo cursos de resguardo a civiles en el cuartel de Los Cibeles. Se trataba de los custodios del candidato Humala y el entrenamiento fue coordinado, de acuerdo con lo que supo el Ministerio del Interior entonces, entre Salazar y el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.

Salazar fue amonestado por el régimen saliente, pero enganchó con el entrante a través de Villafuerte. Luego, su fuerza e influencia se ejerció sobre la base de la relación cercana con este, incluso por encima del ministro del Interior. Eso lo demostró el último día de2012, cuando luego de hablar con Villafuerte fue a Palacio y trajo la orden de pase al retiro del general PNP Darío Hurtado, que acababa de ser ratificado por el ministro Wilfredo Pedraza.

Todo el procedimiento de asignación de escolta al falso Cueto fue anormal desde el punto de vista de la ley y reglamento (el Decreto002 de junio de 2001, si no me equivoco) y de la verificación administrativa.

Salazar solo pudo atreverse a eso al sentirse protegido. Su relación en Palacio fue, fundamentalmente, como se ha dicho, Adrián Villafuerte, cuya protección también se esgrimió en otro caso de violación de normas y abuso de poder que yo investigué: el caso CAEN.

Ese es un elemento fuerte a indagar. Pero otra pista que debería corroborarse está en las dos llamadas hechas desde el celular adquirido por el taxista Francisco Lara Rojas a Palacio de Gobierno, reveladas ayer por Utero.pe. Dicho teléfono es importante porque desde allí fue que se ordenó la custodía a López Meneses. Las llamadas fueron hechas en junio de 2013, cuando Villafuerte aún era asesor presidencial y la custodia al ¿ex? vinculado a Montesinos era aún desconocida.

Sería interesante saber quien estaba en ambos lados del teléfono, sobre todo porque La República tiene ya un indicio de la persona que ordenó la compra del celular:

Afirmó que el teléfono se lo compró a una persona que le pidió un servicio de taxi. El siguiente es su relato: “Era una persona de unos 40 años de edad, alto, trigueño, con bigote y pelo negro. (…) Luego de comer sánguches en ‘El Peruanito’, en la avenida Angamos con la calle Suárez, nos fuimos al Open Plaza, donde hay una tienda de Claro. Me dijo que necesitaba comprar un teléfono prepago para una ‘trampa’ (amante).

Me bajé con él y nos dirigimos a Claro. El equipo que quería costaba 3.290 soles, cuyo número era 954717650. Yo le dije que lo comprara con mi plan y con mi crédito, ya que así le salía a 1,459 soles. Me dio 2 mil soles y me dijo que me quedara con la diferencia. Esto fue a las 6 de la tarde del 16 de julio de 2011.

Luego de comprar el teléfono, me dijo que lo llevara a la avenida Ayacucho, en Surco, hasta el cruce con la avenida Los Tallanes, donde bajó en un pasaje. No me percaté dónde ingresó”.

Intrigada, la fiscal Córdova le pidió a Francisco Lara Rojas que describiera otra vez a la persona que le compró el celular 954717650.

“Llevaba terno, era de color trigueño, de bigotes, de 1.80 metros, de contextura delgada, cejón, tenía cabello negro, de 40 años de edad, aproximadamente”, respondió el taxista.

Lara también dijo que la persona se hacía llamar “Lucio”.

(…)

“De las fichas del Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), ¿puede señalarnos cuál podría ser la persona identificada como ‘Lucio’?”, preguntó al fiscal Córdova.

“De la revisión de las fichas Reniec puedo observar que existe un parecido a (…) Arteta Guillén”, contestó Francisco Lara.

Precisamente, el comandante PNP José Arteta Guillén es uno de los oficiales de la Policía Nacional a los que la fiscal Norah Córdova resolvió procesar por su participación en la vigilancia de la residencia del ex operador montesinista Óscar López Meneses.

De acuerdo con la acusación fiscal, Arteta, primero como comisario de Chacarilla del Estanque, y luego como jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos, vulneró las normas y no solo mantuvo sino reforzó el dispositivo de seguridad en la casa de López Meneses.

La fiscal señala que el comandante Arteta arguyó que se limitó a cumplir órdenes superiores; sin embargo, quedó en evidencia un interés personal en que el servicio irregular siguiera en la calle Batallón Libres de Trujillo 209.

Arteta Guillén - no confundir con el excandidato a la alcaldía de Lima por APP - indicó al MP, según La República, que lo habían llamado para que ponga una custodia a la casa de López Meneses. La orden indicaba que era la casa del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

¿La comisión parlamentaria y el Ministerio Público habrán indagado sobre estas pistas con sabor ácido?

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