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Ayer, en Cajamarca, se produjo un hecho que debería impactar a todo el país. El desalojo de los ocupantes de un inmueble se convirtió en una tragedia. Resume lo ocurrido La República:

Defendió con vehemencia lo que consideraba suyo, sin imaginar que al final terminaría muerto. Efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, recurriendo a un excesivo uso de la fuerza, dieron muerte ayer con armas de fuego a un hombre de 62 años, quien se resistió a ser desalojado de la casa que ocupaba con su esposa e hijos en un barrio de la ciudad de Cajamarca.

Pese a que el personal PNP tiene prohibido utilizar armamento letal en este tipo de operativos, los agentes que intervinieron no respetaron su propio reglamento.

A plena luz del día, en una zona urbana en la que habitan  cientos de familias, abrieron fuego indiscriminadamente con escopetas de grueso calibre.

La descarga que mató a Fidel Flores Vásquez –mecánico, casado, padre de siete jóvenes–  fue disparada a no más de seis metros de distancia.

Un reportero local captó en un revelador video el momento preciso en que la víctima se desploma en el techo de la casa en disputa, cogiéndose con ambas manos el pecho.

Las imágenes han sido claras. Existió un uso desproporcionado de la fuerza. No solo frente a la reacción de los ciudadanos que - equivocados o no - defendían lo que consideraban su propiedad, sino como operativo de desalojo en sí mismo.

Hay que dejar en claro - sobre todo a aquellos sujetos que pululan en redes sociales y que piden bala hasta por el paso de una mosca - que existen reglas para el uso de armas. De hecho, existe un Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. En una investigación realizada por el IDEHPUCP (Disclaimer: trabajo allí y participé en la misma), se indica claramente que:

El Manual establece que el uso de armas de fuego es excepcional, por lo que solo podrán utilizarse cuando sea estrictamente insalvable para proteger una vida en los siguientes casos:

a) En defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;

b) Evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida;

c) Cuando en una situación de fuga o resistencia a la autoridad se pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves a los efectivos policiales u otras personas.

¿Estábamos ante esta situación? No. Cualquier reacción policial debe ser proporcionada y el uso de armas de fuego es, de hecho, la última salida ante una situación de riesgo. ¿Qué denota esta conducta? De un lado, pobre entrenamiento por parte de la PNP en esta materia. De otro, una situación de impunidad frente a abusos policiales. Sumen a ello a un ministro del Interior que cree que “autoridad que no abusa se desprestigia” y que tiene un juicio pendiente por violaciones a los derechos humanos y tenemos el cuadro completo.

Pero el otro tema que sorprende es la cantidad de personas, entre policías y matones a sueldo, que se encontraban en torno a este desalojo frente a una vivienda relativamente humilde. Y es que los desalojos parecen haberse convertido en un jugoso negocio para algunos. De hecho, ayer Edmundo Cruz y Elizabeth Prado comenzaron a explorar en la vinculación de Óscar López Meneses con varios operativos de este tipo en los últimos años.

Así las cosas, la imagen de la Policía se sigue deteriorando.

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Hasta ayer a las 10 p.m., existían dos candidatos con fuerza para obtener la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. De un lado, el actual mandatario, Manuel Burga Seoane, detestado por toda la hinchada harta de los fracasos consuetudinarios del balompie local, pero con respaldo de un sector de las bases. De otro lado, Agustín Lozano, presidente de la liga departamental de Lambayeque, quien según varias versiones periodísticas - que van desde El Comercio hasta Exitosa - señalaban que estaba bastante cerca de ganar.

Pero ayer el Comité Electoral de la Federación Peruana de Fútbol sacó a ambos de carrera. La parte pertinente del comunicado es citada por El Comercio:

Luego de las evaluaciones efectuadas por este órgano electoral, en su calidad de máximo administrador de la justicia electoral deportiva, que habiendo evaluado las cinco tachas formuladas contra las tres listas que ejerciceron su derecho a postular, acordaron y dispusieron por unanimidad lo siguiente:

1.- Inhabilitar al doctor MANUEL FRANCISCO BURGA SEOANE, por haberse declarado fundada la tacha interpeuesta contra su persona, en razón que de ser reelegido para el período 2014-2018 supondría una segunda reelección, lo que contravendría expresamente el art. 46 de la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley 28036″.

2.- Inhabilitar al señor AGUSTÍN LOZANO SAAVEDRA, por ser funcionario público en vigencia y reelecto alcalde del Distrito de Chongoyape, Departamento de Lambayeque, para el período 2015 - 2018, cargo que resulta incompatible con la función de Presidente de la FPF, en caso de ser elegido.

3.- Desestimar las tachas interpuestas contra los señores FREDDY JOAQUÍN AMES HIDALGO y de la LIsta Nro. 2, y la formulada contra el doctor CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA.

Vayamos por partes para entender este lío.

LA REELECCION DE BURGA

El caso de Manuel Burga parece bastante claro. La Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte, en su artículo 46° (modificado en 2010) indica que “se permite por una sola vez la reelección en cualquier cargo” de las juntas directivas de las federaciones deportivas.

El Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol no señala nada sobre la reelección de sus autoridades, pero indica que, en todo lo no previsto en sus normas, se rige por la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte. Por tanto, en términos legales, Burga está impedido de postular. Tampoco podría reemplazarlo nadie de su lista, debido a que el artículo 15° del Reglamento Electoral señala que si inhabilitan al candidato a presidente, cae toda su plancha.

Obviamente, hay harta suspicacia sobre lo que puede hacer Burga en la FIFA. Pero, con los argumentos antes reseñados, su margen de acción es bastante acotado ante el ente internacional del fútbol.

EL CASO DISCUTIBLE DE LOZANO

Más discutible es el caso de Agustín Lozano. Al postulante favorito lo sacaron por ser el actual alcalde de Chongoyape por Alianza Para el Progreso (el partido de la familia Acuña). De hecho, lo acaban de reelegir. Lozano terminó postulando debido a que el candidato original, Richard Acuña, dirigente de César Vallejo, no podía postular por una suspensión.

El argumento es que hay una incompatibilidad entre el puesto de alcalde y la presidencia de la FPF, debido a que las federaciones deportivas, en su mayoría, manejan fondos destinados por el Estado peruano. Hoy Lozano, en el programa de Rosa María Palacios, señaló como contra argumento que, precisamente, la única federación que no recibe fondos públicos es la de fútbol y no recibe remuneración estatal. Y que planea presentar una apelación.

El problema para Lozano es que el artículo 14° del Reglamento Electoral señala que las decisiones del Comité son “definitivas e inapelables”.

¿QUIEN QUEDA ENTONCES?

El señor de la foto se llama Freddy Ames y podría convertirse esta tarde en el presidente de la FPF. Ojo con el “podría”, que explicaremos en un momento. Ames, por cierto, es quien puso las tachas contra sus rivales, con éxito.

La trayectoria de Ames incluye un breve paso por la política y algunas cuestiones discutibles. Resume El Comercio:

Una de sus primeras apariciones públicas fue cuando postuló al Congreso por el partido Perú Posible de Alejandro Toledo en el 2000. Ames comenzó a competir con su club Coopsol en el torneo de fútbol femenino a inicios de la década pasada. Apenas se le presentó la oportunidad de participar en Primera División, Coopsol le compró la categoría al UPAO de Trujillo.

Allí comienza su carrera dirigencial en el fútbol profesional. Como presidente del Coopsol, aún en Primera División, llegó al directorio de la Federación Peruana de Fútbol en la lista de Manuel Burga para el proceso clasificatorio de Alemania 2006. Antes también fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (2000-2002). Me alejé de la FPF por discrepancias, pero con Manuel Burga mantengo una relación cordial”, dijo a El Comercio en el 2013, cuando también advirtió que el mandamás no podía ser reelegido presidente.

Coopsol bajó de categoría y la recuperó en el 2003. En aquella ocasión, Ames prefirió mantenerse en la Segunda División y le vendió el cupo al club San Martín de Porres. En el mismo año, Ames fue acusado de firmar dobles contratos por dos de sus jugadores: Rodrigo Saraz y Pablo Pérez. De hecho, Francesco Manassero, presidente de la Agremiación de Futbolistas, se presentó en el Congreso de la República en el 2005 y aseguró que sí existieron los dobles contratos. Cuatro años después, anunció su candidatura como opositor a Burga, pero desistió sobre el final de la campaña.

Otro tema cuestionado por algunos hinchas está en dos integrantes de la lista Ames: Reynaldo Moquillaza y Otto Carrasco, conocidos dirigentes de la época de Alfredo Gonzales en Universitario de Deportes. Es decir, responsables directos del actual desastre institucional que, incluso, impedirá que la U pueda votar esta tarde.

¿Todo servido para Ames? No necesariamente. Así lo explica DT:

3. ¿Qué necesita Ames para ganar esta tarde?

No pocas cosas. Como explicó Martín Pinto, miembro del comité, primero debe establecerse un quórum para desarrollar la asamblea, es decir, la presencia de por lo menos 19 de los 37 votantes habilitados en Videna. Si no se suma esa cantidad, no habría representatividad para llamar a elecciones. En caso sí se llegue a ese número de presencias, Ames requiere de una ‘mayoría calificada’ (la mitad más uno de los votos de los dirigentes habilitados para votar). Si no hay ganador, se va a una segunda ronda que ya es de ‘mayoría simple’. Es decir, con 1 solo voto ganaría.

4. ¿Cuál es la esperanza de BurgaLozano?

Primero y principal que no haya quórum para llamar a elecciones. En ese caso, ambos buscarían una figura legal que permita llamar a comicios en otra fecha y bajo otro Comité Electoral que razone de diferente manera sus casos. Lozano, en ‘RPP’, ya dio a entender que la asamblea de bases no aprobará los criterios del comité de José Luis Noriega. También advirtió que los departamentales no están dispuestos a tolerar una elección para ungir a un candidato tan poco representativo como AmesBurga, por su lado, también entiende que el razonamiento del comité ha sido errado. En su entorno dicen que la junta de Noriega no debió atender una ley local e impedir su candidatura. Según ellos, la FIFA es un ente privado que no se somete a leyes de los gobiernos. Por tanto, no aprobaría lo hecho por el comité.

Por lo pronto, Ames comienza mal. Ya prometió clasificar a Rusia 2018 y ha barajado nombres de directores técnicos inaccesibles para el mercado peruano como Diego Simeone o Wanderley Luxemburgo. Claro está, no ha dicho ni una sola palabra sobre lo realmente urgente: la reorganización del fútbol peruano.

Y para complicar más las cosas, el propio Comité Electoral tiene sus propios cuestionamientos. Hace dos días, La República reseñó:

El pasado 30 de setiembre, Manuel Burga firmó la Resolución N° 006, en la que se designó a José Luis Noriega Ludwick, José Alejandro Talavera Herrera y Martín Pinto Coronel como miembros de comité electoral. Una decisión que no es bien vista debido a que la honorabilidad de cada uno de ellos está en tela de juicio. ¿Por qué? Noriega tendría vínculos con el prófugo empresario Rodolfo Orellana. Ambos habrían sido socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopex) acusada de estafar al Estado con cartas fianzas por más de 56 millones de soles.

En tanto, a José Alejandro Talavera se le relacionó con el ex alcalde del Callao Alex Kouri en las presuntas irregularidades de la concesión Vía Expresa del Callao, mejor conocida como Convial. Mientras que Martín Pinto Coronel asesoró al ex propietario de Aerocontinente Fernando Zevallos, condenado a 20 años por narcotráfico.

Este post se actualizará durante el día.

ACTUALIZACION: (01:30 PM): Como bien anotaron en El Comercio, la salida que buscaban Burga y Lozano era que la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol tache al Comité Electoral y convoque a elecciones en nueva fecha. ¿Adivinan que pasó? Informa el diario decano:

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tachó por unanimidad al Comité Electoral, presidido por José Luis Noriega, con 37 votos a favor de 37 posibles. En ese sentido, las elecciones a la presidencia se postergarán hasta nuevo aviso.

Deporte Total conoció que la Asamblea, además, ha pedido que la FIFA acuda al Perú para realizar las elecciones. La información la recogimos de una persona que está dentro de la Videna.

Mientras, desde su cuenta en Twitter, Freddy Ames indica que:

Tachar al Comité Electoral es ilegal, inédito, totalmente irregular. Haremos valer las resoluciones.

¿Qué nos demuestra el hecho? Queda clara la precariedad de la postulación de Ames, que no tenía un solo voto propio hasta la noche de ayer. Según varias versiones recogidas por DTP, tanto Agustín Lozano como Burga sumaban la totalidad de los votos hábiles para votar en la Asamblea (recordemos que los 4 clubes en proceso de reestructuración patrimonial - U, Alianza, Melgar y Cienciano - no votan). Por tanto, la jugada no solo ha sido de Burga, que logra ganar tiempo, sino también de Lozano, que buscará postular nuevamente.

Elecciones postergadas. Lo que se viene en Videna. Seguiremos actualizando durante el día si es que la información así lo amerita.

(Fotos: Trome, El Comercio, Perú.21)

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Con Benedicto Jiménez capturado y las investigaciones avanzadas, va quedando aún más claro el tamaño de la organización liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, vinculada a la apropiación de terrenos y con sospechas fundadas sobre su ligazón con el lavado de activos.

Más allá de la responsabilidad cada día más nítida que recaerá, en términos penales, en Orellana y su clan, resulta indispensable ver cuáles han sido las fallas institucionales que han permitido que un personaje de este tipo haya podido operar, durante muchos varios, casi impunemente.

En primer lugar, el Ministerio de Justicia debería plantear una seria reorganización de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  Varios de los documentos ingresados por Orellana y sus cómplices para consolidar la apropiación de inmuebles ajenos tranquilamente podrían haber sido observados por un registrador serio. SUNARP debería hacer una investigación interna sobre el grado de infiltración que pudo haber tenido la institución con el clan Orellana y ordenar los correctivos necesarios para evitar que casos como este puedan repetirse a través de organizaciones sofisticadas como las mencionadas.

En segundo lugar, Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, debería contestarnos por qué tantos jueces convalidaron, mediante acciones de amparo y otro tipo de procesos, la apropiación de terrenos. Y si bien es cierto que, al final, Orellana terminó reculando en sus querellas - gracias a la acción de la sociedad civil - las autoridades del PJ también nos deben una explicación sobre la admisión de este tipo de demandas en forma sistemática.

En tercer lugar, hay partidos políticos que debieran responder por los nexos de algunos de sus integrantes con esta organización. Solidaridad Nacional, que ya nos debe varias “contribuciones” a la política nacional con la pobre calidad de sus integrantes y que tiene aún una cuestión pendiente sobre su alianza con César Álvarez, debería explicar porque mantuvo tanto tiempo a Heriberto Benites en sus filas. Y lo mismo en el APRA, que acogió a Jiménez y Orellana como candidatos invitados.

Para concluir: el Ministerio Público. Como señaló en su momento Rosa María Palacios:

El nombre de Orellana ha sido asociado a la mafia ancashina por el procurador Cristian Salas. Por tres años la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, ha tratado de investigarlo por lavado conjuntamente con sus socios en Áncash. Una y otra vez la Fiscalía lo ha impedido mandando todo al archivo. Su última queja tiene un año sin resolver. Ese solo hecho debería bastar para sacar a patadas del sistema a los fiscales corruptos responsables.

Hace algunos meses, Ricardo Uceda denunció las conexiones de Orellana con un asesor del exfiscal de la Nación José Pelaez Bardales. El actual Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tuvo que reconocer que se había reunido con el empresario. Y durante las semanas previas para la elección del nuevo titular del MP, la revista Juez Justo - dirigida por Jiménez - apoyó a Ramos y a Pelaez como posibles fichas en dicha elección.

Si ya con el caso Ancash existen fundadas razones para suspender al Fiscal de la Nación, el caso Orellana podría añadir otras tantas.

(Foto: Perú.21)

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La imagen que ven arriba simboliza el cierre de una campaña bastante dura en el país más importante de la región. Más que grandes sonrisas, se ven rostros de alivio. Dilma Rousseff ganó la reelección como presidenta de Brasil cuando, en varios momentos, parecía que ello no ocurriría.  Aquí los hitos más importantes del proceso electoral que culminó ayer.

1. LAS PROTESTAS SOCIALES: Hasta junio del 2013, el triunfo de Dilma parecía seguro. El PT tenía varios resultados buenos por exhibir, sobre todo, en materia de reducción de la pobreza y políticas sociales que sirven de ejemplo para otros países (entre ellos, el nuestro).

Sin embargo, el gobierno fue víctima de su propio éxito. Las clases medias que ayudó a generar ahora le reclamaban mejor cobertura de servicios básicos, extender algunos subsidios a otras materias - pasajes universitarios - y comenzaron a criticar, de modo más fuerte, los casos de corrupción que, desde hace buen rato, salpican al gobierno. Y, peor aún, a la economía le comenzó a ir mal

Como explicó, en su momento, Farid Kahhat:

En parte porque habrían desarrollado expectativas de ascenso social que ahora podrían verse frustradas. Peor aún, podrían vislumbrar el regreso a una situación de pobreza que abandonaron en la víspera (y la experiencia histórica muestra que hay pocas cosas políticamente más volátiles que los estratos medios cuando enfrentan la perspectiva de una movilidad social descendente).

Además en el caso de Brasil, la inflación en el año que media entre mayo de 2012 y el mismo mes de 2013 fue de 6.5%, muy por encima del rango establecido por el Banco Central. Por ello esa entidad elevó su tasa de referencia de 7.5 a 8%. El problema es que mientras el efecto de esa elevación de tasas sobre la inflación no será inmediato, si podría serlo su efecto sobre el crédito de consumo (con lo cual ambos factores contribuirían en el corto plazo a reducir el poder de compra de los estratos medios).

Ramiro Escobar explicó que las protestas reunieron - en sus dos momentos cumbre - a grupos y demandas bastante amplias. Por tanto, aún no tenía una voz política que las representara. Aunque ya Kahhat anticipaba que podía ser Marina Silva, quien era candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Brasileño.

2. MARINA, LA CANDIDATA INESPERADA: Eduardo Campos, candidato a la presidencia por el PSB, murió en un accidente de avión en agosto. Y, con ello, Silva se convirtió en postulante. Y tenía varias ventajas a su favor: candidata vista como fuera del sistema, a pesar que militó durante varios años en el Partido de los Trabajadores (e incluso fue ministra); historia personal con orígenes aún más humildes que Lula; programa económico más firme en lo macroeconómico y con mayor apertura comercial que el PT. Y así fue subiendo en las encuestas.

¿Por qué no pasó, entonces, a la segunda vuelta? Silva no tuvo la capacidad política de responder a las críticas en su contra, que iban desde su acercamiento a grandes bancos (la heredera del banco Itau, uno de los mayores de Brasil, era su asesora en materia económica) hasta las concesiones a los sectores evangélicos (a los que ella pertenece) sobre temas de género y agenda LGTB. Al ser una candidata con partido prestado, tenía mayor margen para ajustar el programa, pero menos para enfrentar los ataques del PT y del PSDB. Simple y llanamente la demolieron. Y ella no supo como responder.

Y allí surgió el rival de Dilma: Aecio Neves.

3. ¿POR QUÉ AECIO EN SEGUNDA VUELTA? No es solo el peso del partido. Señaló Juan Arias en El País:

A pesar de aparecer en aquel momento como perdedor en todos los sondeos, Aecio, al revés de sus dos candidatas contrincantes, Rousseff y Silva, se dirigió a la audiencia con corazón brasileño, rezumando confianza, es decir, sin dureza, sin agresividad, agradeciendo el cariño recibido en sus peregrinaciones por el país, revelando su voluntad de seguir en la disputa y con la certeza de la victoria. Se presentó como candidato de todos los brasileños, a los que ofreció certezas y capacidad de Gobierno, así como la seguridad de que tenía la receta para levantar al país de su actual frustración. Se emocionó y apeló a la esperanza enarbolando la bandera del cambio que pedía la calle. Fue en aquella hora el único que acabó siendo aplaudido por la platea presente.

4. ENTONCES, ¿POR QUE GANÓ DILMA?: Aecio no hizo una mala campaña y enfatizó en los temas más débiles para el PT: manejo macroeconómico y lucha contra la corrupción. Tuvo un buen desempeño en los debates y enfrentó a la maquinaria partidaria más grande de Brasil. Pero no le alcanzó. Dos parecen ser los motivos.

El primero, enunciado por Kahhat hace 3 semanas, apunta al contexto:

Una economía cuyas previsiones de crecimiento se revisan en forma regular a la baja desde hace un par de años, y que en vísperas de la elección acumuló dos trimestres consecutivos de caída del producto (es decir, la definición técnica de una recesión), en principio favorecería a Neves. Pero algunos indicadores que revelarían el efecto del estado de la economía en las condiciones de vida de la población, no se han deteriorado significativamente en los últimos años. El nivel de desempleo, por ejemplo, se mantiene cerca de sus mínimos históricos. De otro lado, la campaña de Rousseff consiguió convencer a parte del electorado de que una candidata nacida en la extrema pobreza (Marina Silva), podía poner en riesgo la vigencia de los programas sociales: es probable que consiga persuadirlos de lo mismo respecto a un candidato de cuya cercanía a los intereses empresariales da testimonio el comportamiento de la bolsa de valores al conocerse el resultado de la primera ronda electoral.

El segundo tiene que ver más con la campaña. Dilma fue mucho más eficiente que Neves en una campaña de persuasión para no perder lo avanzado. La adhesión de Silva, sin partido propio, no fue suficiente para un candidato que requería un endose menos endeble. Y la aparición de Lula en las últimas semanas fue un activo clave en un país que aún admira a su expresidente.

El país que el PT ayudó a transformar ya no tiene las mismas exigencias que antaño y ya no tiene la misma condescendencia hacia los errores del pasado. Dilma tendrá que entender que el mensaje dado ha sido: hemos mantenido lo positivo que nos han dado en 12 años, pero se requieren ajustes macroeconómicos sin poner en peligro los programas sociales y hay que limpiar la casa. Veremos como van los siguientes cuatro años.

(Foto: Reuters - El País)

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El inverosímil pedido de vacancia presidencial solicitado por el dirigente de los mineros ilegales, Víctor Chanduvi, no merecería más que un comentario breve, de no ser por el clima de confrontación política de las últimas semanas y porque, como se ha recordado en estos días, los gobiernos de Toledo y García enfrentaron situaciones similares.

La vacancia presidencial por incapacidad moral es una institución excepcional. Su uso implica una salida constitucional a un problema de tal magnitud que haga imposible la permanencia del Presidente de la República en su puesto. Así lo entendió el Congreso peruano en 2000 cuando utilizó este mecanismo para sacar a Fujimori, como el Tribunal Constitucional al indicar que se requería una votación calificada para ejecutarlo.

Si ello es así, ¿por qué ha sido invocada varias veces en los últimos 14 años? Mi impresión es que la vacancia es puesta como arma de negociación sobre posibles responsabilidades penales y éticas de actores políticos y sociales, o para tratar de ubicar a sus proponentes como una oposición fuerte frente a gobiernos desgastados. En ambos casos, sin éxito.

Pero también considero que su invocación recurrente en los últimos años nos confronta con los límites de la forma de hacer oposición en el Perú. Lejos de cuestionar a los tres últimos gobiernos por políticas de estado – y vaya que hay motivos para hacerlo – se privilegian los escándalos o el “incumplimiento de promesas” como fuente de descontento. Deberíamos reconsiderar desde qué perspectiva evaluamos a nuestros gobernantes y cómo oponernos a ellos.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.10.2014)

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Hoy el Congreso de la República aprobó, en primera votación, la reforma constitucional para eliminar la reelección de presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales. Es decir, las autoridades elegidas este 5 de octubre (y las que serán electas en la segunda vuelta regional de diciembre) no podrán ser reelectas en 2018. Para que el proyecto sea aprobado definitivamente, deberá esperarse a una segunda votación en la legislatura próxima, entre marzo y julio de 2015.

La medida, sin duda, tendrá cierta popularidad. De un lado, existe un grupo de ciudadanos que no cree en ninguna forma de reelección. Pero, de otro lado, también existe un alto número de personas que considera que esta puede ser la salida para evitar la corrupción en gobiernos subnacionales, de la cual hemos visto varios casos durante este año.

A primera impresión, veo cuatro problemas en esta medida.

El primer problema es que la reforma planteada mira el árbol y no el bosque. Es decir, se trata de una medida aislada y que no ve otros problemas conexos. Por ejemplo, Fernando Tuesta planteaba una limitación menos drástica, acompañada de otras medidas:

Se debe permitir la reelección tanto a nivel regional como local por un solo período, pero al lado de esto ajustar los mecanismos de reglas de juego en la Ley de Partidos Políticos (propuesta de los organismos electorales, dejado de lado por el Congreso) y desarrollar una activa participación y coordinación de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ciertamente el Ministerio del Interior, como se hizo en los casos antes nombrados. De lo contrario, como muchas veces sucede, estaremos reformando las normas, sin conseguir los efectos deseados.

En segundo lugar, la medida no soluciona el problema planteado. La autoridad corrupta robará sin importar el límite de tiempo que tenga para gobernar. En tanto los mecanismos de control y contratación pública no sean aplicados y/o modificados, poco será lo que se pueda hacer en torno a la corrupción en el nivel subnacional de gobierno.

Tercero, la medida no se inscribe dentro de un proyecto serio de reforma política. Como indica Tuesta en su columna de hoy, resulta necesario revisar que errores se cometen al momento de proponer modificaciones al sistema político, para no cometerlos:

El primero, atribuir los arreglos institucionales como autónomos en sus impactos, por lo que cuando no ocurren los efectos esperados en el corto plazo, se les atribuye todo el fracaso. De nada valen controles, por ejemplo, sobre fiscalización del dinero mal habido en la política, si la Policía, la Fiscalía, el poder Judicial y la Contraloría hacen también su trabajo.

Lo segundo es plantearse objetivos institucionales que no son correspondidos con las medidas planteadas. No se puede afirmar, por ejemplo, fortalecer partidos políticos en el Perú y mantener el voto preferencial. Tampoco se puede otorgar dinero público a los partidos, sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión. Menos se puede combatir el golondrinaje si no se establece más tiempo para supervisión de domicilio y penalidades efectivas.

Un tercer problema viene de la mano del conocimiento y la coherencia de las propuestas. Con el conocimiento no solo nos referimos propiamente a las leyes que se busca reformar, sino a los impactos que producen ciertas medidas. Por eso se observa con preocupación cómo se plantean medidas que ya están en las leyes u otras que no corresponden. Ciertamente, en materia de reforma política y electoral hay cerca de una docena de normas, pero para discutir y colaborar con la reforma, por lo menos hay que conocerlas.

Pero lo que quizá es más peligroso es hacer propuestas que no parten de un mínimo diagnóstico, sean parciales y carezcan de prevención de impactos. Esto es frecuente leerlo a través de los medios o a través de algunas propuestas legislativas.

A la luz de estos pasos, queda claro que no se ha examinado ninguna de las cuatro variables.

Finalmente, la medida resulta tan o más demagógica que la prohibición de reelegir congresistas, propuesta por algunos en redes sociales como respuesta a la medida. Hay que considerar que la tasa de reelección de congresistas no es alta en el Perú (y que normalmente se eligen los congresistas de mejor desempeño). Con los presidentes regionales pasa otro tanto. Y, como indica Carlos Meléndez, en el caso de alcaldes provinciales y distritales, no se supera el 20% de reelección. Por tanto, no hay una correlación entre índice de choros y reelección de autoridades.

En suma, una medida poco meditada en el Congreso de la República. Tanto o más que la elección de un pastor homofóbico a la cabeza de su grupo de derechos humanos.

(Foto: Congreso de la República)

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Mientras todo el mundo estaba pendiente del clásico del fútbol peruano, El Comercio escogió finalmente a su nuevo director. Se optó por alguien de la casa: Fernando Berckemeyer, quien era editor central de opinión del diario hasta hoy, será la nueva cabeza periodística del diario privado más antiguo del país.

Se trata de un relevo generacional en el Decano. Berckemeyer es abogado egresado de la PUCP, de 36 años de edad. Ha sido profesor universitario en la Católica, abogado del Estudio Olaechea y fundador de Enfoque Derecho, informativo de actualidad jurídica de la asociación Themis.

¿Qué línea se acentúa en El Comercio? Claramente, una visión libertaria del mundo. Como se puede notar de los editoriales de los últimos dos años y medio en El Comercio - y de los escritos que pude leerle en Themis hace varios años - Berckemeyer está bastante cercano a la corriente del análisis económico del Derecho (cuyo principal impulsor en el Perú es Alfredo Bullard), en la que se busca determinar que normas son económicamente eficientes y, sobre esa base, predecir qué medidas deberían ser promulgadas.

En esa línea, el AED en versión peruana, llevado a categoría de catecismo, constituye una versión refinada de la abstención absoluta del Estado en materia de regulación de las relaciones económicas. Eduardo Dargent, en una columna en la revista Velaverde, define bien esta forma de ver el mundo:

Los libertarios asumen que la intervención estatal se jus­tifica en casos extremos, básicamente para garantizar la vida en común de individuos considerados libres e iguales. La in­tervención estatal, especialmente aquella que busca redistri­buir la riqueza para establecer una igualdad real o promover determinados valores, casi siempre viola la libertad. Claro, como toda ideología que pretende tener éxito en la política, los libertarios también señalan que seguir sus recetas traerá beneficios a la sociedad: el individualismo hace más prós­pera a la comunidad y se evita un Estado autoritario. Como sea, no se debe intervenir y mucho menos intentar igualar; garantizar la igualdad jurídica basta.

El problema para muchos es que esta receta vuelve intoca­ble la distribución de riqueza existente: la considera justa. Y así sacan de la política lo que ha estado en el centro de la misma desde siempre. Aristóteles, Marx, Rawls o Aron ven la propie­dad y la distribución justa de la misma como un tema político fundamental. Para el libertario no lo es, pues no hay nada que discu­tir: cualquier cambio es injusto. Su pensamiento, radical en lo moral, es conveniente para los que ya tie­nen riqueza y poder. Y poco atrac­tivo por conservador para quienes creemos que sí hay cosas que dis­cutir en esta distribución.

Por ello es que uno se puede encontrar en los editoriales de EC visiones económicas que estaban incluso más a la derecha que los anteriores directores nombrados del diario (Alejandro Miró Quesada, Francisco Miró Quesada e incluso Fritz Du Bois).

¿Y en lo político? De columnas pasadas y editoriales recientes, se desprende que Berckemeyer se ubica en el lado diestro del espectro, lo que resulta congruente con la línea de El Comercio de los últimos años. No es fujimorista (de hecho, está de acuerdo con la sentencia por violaciones a los derechos humanos), pero votó por Keiko en contra de Humala. Está, obviamente, en una línea crítica frente al actual gobierno. Obviamente no es fan de la izquierda, pero también queda claro que tampoco comparte algunas animadversiones de algunos. Por ejemplo, a diferencia de algunos de sus pares de derecha, sí cree en el sistema interamericano de derechos humanos.

Donde sigue manteniendo cierta incógnita es frente a temas sociales como, por ejemplo, la relación Estado - Iglesia, denuncias sobre abusos sexuales en el seno del clero o la unión civil a favor de personas del mismo sexo, temas en los que el diario no expresó una opinión editorial institucional. Más bien permitió que liberales y conservadores expresaran sus ideas en distintas columnas de opinión. La gran pregunta es si tendrá una voz más clara en torno a estos tópicos, ahora que es el director periodístico de EC.

Me consta que Berckemeyer respeta las opiniones ajenas, así discrepe de ellas. En los seis meses que colaboré en El Comercio (gracias a su llamada) respetó - e hizo respetar - cada columna que le envíe, por más que su visión del mundo y la mía sean opuestas. Y por supuesto, seguiremos discrepando, cada uno desde su posición sobre el país. Veremos que vientos soplarán en el diario más importante del Perú. Un adelanto ya ha sido dado.

(Foto: El Comercio)

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Durante las últimas semanas, el caso López Meneses ha recobrado una inusitada actividad. De un lado, la comisión encabezada por el congresista fujimorista Juan José Diaz Dios buscó, en primer lugar, citar a Ollanta Humala al grupo de trabajo y, posteriormente, buscó encontrar una conexión directa entre el ¿ex? operador montesinista con Palacio de Gobierno.

De otro lado, el gobierno ha respondido con fuego graneado a apristas y fujimoristas, siendo los principales protagonistas Pedro Cateriano, Ana Jara y Daniel Urresti. Y, en medio de todo, el principal investigado se burla de la comisión y dispara acusaciones sobre supuestas reuniones.

Vayamos por partes. Primero conviene tener en claro que es lo que no se ha conseguido demostrar en el caso. Explica Juan Carlos Tafur en su columna de hoy:

Atrás quedaron las iniciales hipótesis que ha­blaban de que en el lugar se resguardaba a las amantes de personajes poderosos, incluido el propio Presidente, que allí se chuponeaba, que en el lugar se almacenaba el oro ilegal con el que se sobornaba a funcionarios del régimen. Nada de eso se ha podido probar. Tampoco se ha logrado determinar que Óscar López Mene­ses sea el nexo de una supuesta coordinación entre Vladimiro Montesinos y su entorno, con la residencia de Palacio y mientras eso no ocu­rra todo no pasa de ser fantasía.

En segundo lugar, conviene tener claro que es lo que ha conseguido saber hasta ahora. Gustavo Gorriti escribió una columna a fin del año pasado sobre el tema, que puede resumirse en los siguientes puntos:

a) Hubo un resguardo ilegal a la casa de López Meneses que califica como peculado de uso y que fue ordenado en forma verbal por miembros de la Policía Nacional del Perú. Este es el eje central de la investigación en el Ministerio Público, que involucra a exmandos policiales.

b) Un eje de investigación claro que debería profundizarse más es la relación entre el exdirector general de la PNP, Raúl Salazar, y el exasesor presidencial en temas de Seguridad, Adrián Villafuerte Macha. Según Gorriti, fue gracias a Villafuerte que el policía en retiro pasó a ser un eficiente servidor del segundo alanismo al hombre de confianza policial de la primera parte del gobierno humalista. La pregunta que inmediatamente uno se hace es: ¿habrá profundizado Diaz Dios en esta relación o simplemente seguirá fijándose en patrulleros?

c) López Meneses ha presumido de buenas amistades en las Fuerzas Armadas. Según Gorriti, pudo obtener esta buena influencia, sobre todo en el Ejército, durante el segundo gobierno de García. Dos nexos claros: el excomandante general del Ejército, Paul Da Silva, y el actual rector de la Universidad San Martin de Porres (empleador de AGP y exempleador de OLM) José Antonio Chang.

d) Si todos tenemos sospechas que López Meneses oculta “algo más” es porque formó parte de la estructura criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Hasta alli, las certezas. Sin embargo, quedan algunas preguntas pendientes.

La primera tiene que ver con el móvil de la custodia. Y aquí tiendo a pensar, hasta el momento, en dos premisas complementarias. De un lado, López Meneses fue tejiendo, al salir de prisión, una serie de vínculos políticos, empresariales y, sobre todo, influencia en el sistema de inteligencia del Ejército. Al mismo tiempo, resulta plausible la tesis de Rosa María Palacios sobre el resguardo: entrega de patrulleros a cambio de la posibilidad de una ayudita para los ascensos. Además de sus influencias reales, recordemos, OLM se ha ufanado de tener contactos para poder subir en el escalafón castrense. De hecho, acaba de acusar a Urresti de buscar su ascenso a través de una reunión con él.  Mientras no haya un tema que conecte directamente a Palacio de Gobierno con López Meneses, esta parece ser la tesis más sostenible.

La segunda tiene que ver con una pregunta planteada por Palacios hace unos meses:

En la realidad lo primero que hay que averiguar es ¿de qué vive este señor? Y esa sencilla pregunta nadie la contesta. Es evidente que se jacta – y probablemente vende – de tener influencias. Ha tratado de relacio­narse con Ollanta Humala por to­dos los medios menos por uno que podría resultar más interesante de explorar: su hermano Alexis. Pero, ¿de qué vive para mantener ese rit­mo? Ni siquiera él puede contestar­lo. Rico heredero no es. ¿Testaferro? Se le acusó de serlo de Montesinos pero sus delitos prescribieron antes de poder ser condenado. Entonces, ¿testaferro de quién? ¿Vendedor de qué influencias? ¿Ofrecía ascensos y mejoras de colocación en falso y por eso obtuvo las ofrendas policia­les de la protección policial? ¿Eso le permitía captar más incautos? ¿Jefe de una central de chuponeo o inteli­gencia paralela? Nadie lo sabe.

Y la tercera tiene que ver con el juego político alrededor de este tema. De un lado, cabe preguntarse porque el gobierno ha preferido utilizar este caso para poder pasar a la ofensiva contra dos bancadas que le han sido hostiles durante estos años. De otro lado, si es que a algún dirigente del fujimorismo y del aprismo - más allá de algunos cheerleaders en redes sociales -, así como algunos periodistas y consultores de imagen, se les está cruzando por la cabeza la peregrina idea de buscar una conexión López Meneses - Humala para vacar al presidente y adelantar el calendario electoral. Misma idea que quisieron intentar con Toledo hacia 2003 - 2004 y que tan poco éxito tuvo.

Finalmente, lo que alimenta toda la serie de especulaciones respecto de este caso es la pobre confianza que se tiene en la clase política peruana. En parte, debido a los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos (nacionales, regionales y municipales). Pero también a que la judicialización de la política ha convertido en arma para negociar a cualquier tipo de indicio sobre inconductas, sea cual fuere el calibre de la misma. Ese es el telón de fondo en el que puede operar - o jactarse de hacerlo - alguien como Óscar López Meneses.

(Foto: La República)

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PREVIAMENTE: La semana pasada, IDL-Reporteros presentó algunas de las conexiones de dos empresas vinculadas a Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia de la República y exMinistro de la Producción, con la empresa brasileña Odebrecht. Exploramos en las mismas y analizamos algunos datos adicionales que conducen al Cristo del Pacífico obsequiado por la compañía constructora. Veamos ahora la segunda parte de este caso.

LO QUE DIJO LA MEGACOMISION

Dentro de los ocho informes ya conocidos de la Megacomisión, existe uno que se llama “Casos Complementarios”, que comprende una serie de hechos que, por cuestiones de tiempo, ya no pudieron ser analizadas en forma más exahustiva por el grupo de trabajo.  Dentro de ellos, se encuentra la donación del Cristo del Pacífico.

Como recordamos, en junio de 2011, a un mes de terminar su mandato, el expresidente Alan García sorprendió a todos con una obra no prevista: la instalación de una estatua de Cristo parecida a su similar brasileña ubicada en Corcovado (Río de Janeiro) en el Morro Solar. Varios fueron los cuestionamientos a la obra: el concepto de la obra en sí misma, la ausencia de un concurso arquitectónico público para su construcción, el uso de símbolos religiosos en un estado laico, la no consulta a la Municipalidad Metropolitana de Lima y el secretismo con el que el Ministerio de Cultura manejó el tema.

Pero el aspecto más controvertido de la obra estuvo en su financiamiento. Como resumió y halló la periodista Jacqueline Fowks:

El presidente Alan García inauguró la base de una escultura semejante al Cristo de Corcovado que, por su iniciativa, colocará en el Morro Solar de Lima. Dijo que aportó 100 mil soles y el resto otros generosos empresarios brasileños. Una resolución ministerial de abril acepta la donación de la ‘Asociación Odebrecht para el desarrollo sostenible’  avaluada en más de 830 mil dólares.

Esta fue la resolución en cuestión (foto: blog Notas desde Lenovo):

¿Qué encontró la Megacomisión respecto de la controvertida estatua?

1. LA CONEXION NAVA - OBEBRECHT: Como mencionamos en el post anterior, la Megacomisión solo pudo encontrar una parte de los contratos del estudio Nava & Huesa con la empresa brasileña, existiendo una discrepancia entre el monto declarado a SUNAT y lo que Odebrecht remitió como egresos. Ahora se suma a este indicio los otros contratos de empresas vinculadas a la familia Nava con la compañía constructora, presentados por Romina Mella la semana pasada.

2. EL PATRONATO DEL CRISTO DEL PACIFICO: Constituido en febrero de 2011 por Odebrecht, representada por Jorge Barata y, a título personal, por Fiorella Simeone Blondet, quien había sido miembro del directorio de SEDAPAL hasta pocos días antes de la formación de esta entidad.

Sin embargo, como mencionamos en el post anterior, Simeone Blondet había participado en al menos una reunión previa con Alan García y Barata tres años antes, en febrero de 2008, luego de una primera reunión entre Nava y el funcionario brasileño. Y, además, la exfuncionaria de SEDAPAL, durante el ejercicio de su cargo, había asumido la presidencia del Patronato del Teatro Nacional, formado por las empresas Odebrecht, Unique, Telefónica y Backus.

Según la constitución del Patronato, indica la Megacomisión, su objetivo era “contribuir y apoyar las gestiones que viene realizando el gobierno central (…) para poner en valor la zona costera de Lima”, para lo cual “apoyarán el levantamiento de un eje turístico en la zona histórica del Morro Solar”, que consistirá en la “elaboración y colocación en dicha zona de una gran escultura de Cristo mirando al Océano Pacífico”.

El primer directorio del Patronato era presidido por Barata y conformado también por Simeone y Marcelo Aguiar Martínez, también brasileño. Tanto el primero como el tercero aparecen ante la SUNAT como representantes de la entidad, a pesar que, según la Megacomisión, en agosto de 2012 empezó su liquidación a cargo de Juan Carlos Velarde Chávez.

Pero el dato más sabroso de la historia de esta entidad está, como señala, en su escritura pública de constitución. Allí se encuentra que Alan García Pérez estuvo presente en la reunión de formación del Patronato del Cristo del Pacífico como “promotor”, cargo que cumplirá “ad honorem”, sin asumir ninguna obligación o responsabilidad legal por ello. AGP aceptó dicho nombramiento. García declaró que no consideraba que su participación en el Patronato suponía algún tipo de influencia o injerencia en los procesos de contratación en los que participaba Odebrecht.

3. SOLO ODEBRECHT ESTUVO DETRÁS DEL CRISTO DEL PACIFICO: En su declaración a la Megacomisión, Alan García dijo que la iniciativa de la edificación de la estatua fue propuesta por el denominado “Grupo Brasil”, un grupo conformado por la Embajada de Brasil en el Perú para la asesoría a sus connacionales para que puedan realizar inversiones en nuestro país.

Sin embargo, todos los indicios recabados por el grupo de trabajo parlamentario apuntan a que la única compañía involucrada fue la constructora brasileña. Todos los documentos de construcción de la estatua, traslado de la misma e importación tienen vínculos con las sucursales peruanas de la compañía y la asociación constituida para las acciones de responsabilidad social de Odebrecht. No hay indicios de la intervención de otras empresas. De hecho, quienes firman la carta de la donación al Estado peruano (Darcy Machado Filho y Barata) lo hacen a nombre de la Asociación Odebrecht.

4. LAS REUNIONES DE DIRECTIVOS DE ODEBRECHT EN PALACIO DE GOBIERNO:

La Megacomisión encontró que altos directivos de Odebrecht sostuvieron reuniones en la casa de gobierno durante el segundo quinquenio aprista.

Jorge Barata estuvo en Palacio en 16 oportunidades entre septiembre de 2006 y junio de 2011. De ellas, 13 recepciones fueron debido a reuniones con Alan García, la mayoría en 2008. También se registran 3 reuniones con Luis Nava Guibert, cuyos vínculos entre las empresas de su familia y Odebrecht han sido ya señalados.

Raymundo Trinidade Serra, gerente de una de las empresas del grupo Odebrecht en el Perú, estuvo en una reunión en Palacio, para una coordinación con representantes de la compañía y representantes del Gobierno Regional de Amazonas, con la entonces Primera Dama Pilar Nores de García en 2007. En esa misma reunión estuvo presente el ya mencionado Darcy Machado.

Finalmente, Marcelo Aguiar Martinez tuvo una reunión con Ruben Neyra, subsecretario de Palacio de Gobierno en 2009, sin que se indique el motivo de la misma.

5. EL TRÁMITE PARA LAS OBRAS DEL CRISTO DEL PACÍFICO FUE BASTANTE RÁPIDO: Como ya narramos, el Patronato del Cristo del Pacífico se formó en febrero de 2011. El 29 de marzo, la Asociación Odebrecht envía la carta de donación de la estatua a la Presidencia del Consejo de Ministros. Al día siguiente se envía el expediente de ingeniería y los documentos destinados para concretar la donación. El 4 de abril se realizan 11 actos administrativos vinculados al tema. El 8 de abril se presentan los documentos respectivos ante la Municipalidad de Chorrillos. La aprobación final de los documentos culmina a fines de abril. En resumen, celeridad de un mes para la aprobación de este proyecto.

6. EL PROBLEMA: LA DONACIÓN SE OTORGA Y TRAMITA CUANDO ODEBRECHT ESTÁ EN COMPETENCIA POR OBRAS VINCULADAS A LA LINEA 1 DEL METRO DE LIMA: Como describe bien la cronología del caso, durante el proceso de donación, su otorgamiento y ejecución final de la edificación del Cristo del Pacífico coincide con los procesos de licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima (el antiguo Tren Eléctrico), obra sobre la que, en su momento, existieron diversos cuestionamientos por parte de los demás postores.

7. EL DONATIVO DE ALAN: Como dijimos al inicio, el expresidente señaló que había dado un donativo de 100,000 nuevos soles para la obra. Sin embargo, como constató la Megacomisión, García entregó un cheque por 25,000 dólares americanos mediante un cheque emitido en junio de 2011 a nombre del Patronato del Cristo del Pacífico. Aproximadamente, la suma corresponde a 70,000 nuevos soles. La pregunta que nos hicimos aquella época sigue estando en pie: ¿de dónde salió ese dinero?

En suma, una serie de indicios que deberían llevar a una mayor investigación sobre el tema. Aquí hemos presentado una primera aproximación.

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“No creo que ninguna empresa importante que haya contratado sea su cliente y, en todo caso, no creo que sea una ilegalidad”. (Alan García Pérez, sobre contratos del estudio Nava & Huesa con Odebrecht, 30 de octubre de 2013, sesión en la Megacomisión)

Hace unos días, Romina Mella, periodista de IDL-Reporteros, presentó una serie de tres informes sobre la relación de dos empresas vinculadas con el exsecretario de la Presidencia de la República y exministro de la Producción, Luis Nava Guibert, con varias empresas que tuvieron contratos importantes con el Estado durante el segundo gobierno aprista.  La lista abarca varias compañias, entre ellas empresas del sistema financiero y dos conglomerados vinculados a Miguel Garro, uno de los principales implicados en el caso Comunicore.

Pero quizás el caso más sabroso es el que tiene que ver con la constructora brasileña Odebrecht. Una empresa que tuvo buenos negocios durante el gobierno aprista y que ha tenido más de un cuestionamiento en otros países por sus buenas relaciones con otros gobiernos.

LA RELACION ODEBRECHT - NAVA

Mella encontró dos datos interesantes en su informe sobre la relación entre Odebrecht y empresas vinculadas a Nava Guibert. El primero es el siguiente:

Transportes Don Reyna fue subcontratista de Odebrecht.

Según ha podido establecer IDL-R, la relación entre ambas empresas fue estrecha. Por ejemplo, Transportes Don Reyna compró cinco volquetes que Odebrecht había traído al país para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

La operación se hizo a través de un leasing con el BBVA Continental. “Trajeron un lote de más y lo pusieron a la venta. Entonces hablamos con el banco”, indicó José Antonio Nava, en una entrevista concedida a IDL-R. Los nuevos vehículos pasaron a formar parte de la flota de Transportes Don Reyna, que es de 30 camiones en la actualidad, según Nava.

José Antonio Nava aceptó que Transportes Don Reyna ha sido subcontratista de Odebrecht en diferentes obras y proyectos antes de y durante el segundo gobierno aprista. “Siempre hemos sido subcontratados”, dijo.

-Hemos trabajado en Interoceánica, DP World, Gas de Camisea, un montón de carreteras antes. Ahora estuvimos en Olmos, y estamos yendo a Chaglla [la central hidroeléctrica]. Son varias, pero no quiero hablar de las empresas con las que tengo cláusulas de confidencialidad.

-Se lo pregunto porque [Odebrecht] es una de las más grandes contratistas del Estado.

-(…) Yo no voy a dejar de trabajar con las mismas empresas con las que he trabajado y llevar el pan a mi casa porque, digamos, estas empresas van a trabajar con el gobierno, lo que siempre han hecho.Yo entré a trabajar en Interoceánica. Interoceánica es una obra que la dio Toledo. ¿Dónde está la influencia?

¿Dónde está la influencia? En el caso de Odebrecht estuvo repartida entre los gobiernos de Toledo y de García. En ambos se exoneró repetidamente a Odebrecht del requisito del SNIP, lo que dejó el escenario abierto para gigantescas inflaciones de costos mucho después de la concesión de la obra, a lo largo de su ejecución.

Cabe recordar que Transportes Don Reyna funcionó en el mismo edificio de Comunicore, como descubrió Daniel Yovera hace algunos años y que la mencionada compañía vinculada a Nava y sus hijos transportó insumos químicos a COMARSA, la empresa minera vinculada a la familia Sánchez Paredes. Como sabemos ahora, TDR le hizo trabajos también a empresas vinculadas a Garro, el hilo principal del caso Comunicore.

El segundo es igualmente sabroso. Y dará pie a la historia que comenzaremos a contar a continuación. Según Mella:

Ese año, Nava & Huesa Abogados tuvo ventas anuales por 896 mil 586 soles. Al año siguiente, 2007, las ventas [es decir, el monto total declarado por el pago de los clientes] crecieron por encima del 45 por ciento. Y en el 2010 sus ingresos fueron casi el doble que los del 2006. En ese lapso, el estudio patrocinó a 69 empresas, de las cuales 44 tuvieron una relación contractual con el Estado, principalmente en los sectores de construcción, pesca, bancos y seguros.

Una de esas compañías fue precisamente Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción –parte del holding empresarial de Odebrecht–, que durante el gobierno de García obtuvo contratos por un monto total de 170 millones 179 mil 296 soles, de acuerdo con cifras del ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El patrocinio de Nava & Huesa Abogados a esta empresa coincide en fechas con el inicio del segundo gobierno de Alan García. Según Luis Nava Mendiola, Odebrecht se hizo cliente del estudio tres o cuatro meses antes del 28 de julio. “Con ellos estuvimos entre 6 y 7 meses”, indicó a IDL-R, en una entrevista que tuvo lugar en su estudio de abogados.

-¿En qué consistió la asesoría?

-Eso no te lo podría decir.

-¿Cómo llega a ustedes la compañía [para que los asesoren]?

-Yo en el 2004 asesoré a otra empresa [Constructora Upacá] que tenía una acreencia respecto de Odebrecht y lo que se logró con esta empresa era cobrar […].Supongo yo que Odebrecht se habrá dado cuenta de que hacíamos un buen servicio.

Según documentación enviada por Odebrecht a IDL-R, la relación cliente-estudio se inició en abril del 2006 y se prolongó hasta diciembre de ese año. “Nos brindaban servicios jurídicos de manera integral y permanente, asesorándonos en materia civil, laboral y penal […]. Específicamente atendían requerimientos de acuerdo a las necesidades que se presentaban en la empresa”, refiere la carta, que en su momento fue remitida a la Megacomisión, encargada de investigar los presuntos casos de corrupción durante el segundo gobierno aprista.

Según documentación de la propia Odebrecht, los pagos se hicieron a partir del 19 de julio del 2006 hasta diciembre de ese año.

Odebrecht señaló que pagó 3,750 dólares al mes al estudio Nava & Huesa. Son 26,250 dólares en total. Ojo, hay una discrepancia con lo señalado por la SUNAT a la Megacomisión. De acuerdo con la entidad de recaudación tributaria, la empresa brasileña pagó S/. 13,830 en total al estudio jurídico. ¿A qué se debe esta discrepancia? Pregunta para una indagación posterior.

¿Y cómo esto nos lleva al Cristo del Pacífico donado por Odebrecht? Según el informe de la Megacomisión vinculado a los denominados “casos complementarios”, la primera reunión vinculada a este tema fue sostenida entre Nava y Jorge Simoes Barata, director superintendente de Odebrecht, el 7 de febrero de 2008. Tres semanas después, Barata se reunió con Alan, en Palacio, junto a dos funcionarios de Arquitectonica International Corporation, el arqueólogo Hugo Ludeña y la entonces gerente de la Cámara de Comercio Italiana en Perú, Fiorella Simeone Blondet.

Finalmente, no es el único indicio que conduce la relación entre Barata y Nava. Como indicó Oscar Miranda para la revista Ideele:

Fuentes consultadas para este informe señalan que Barata es muy amigo de José Antonio Nava, el hijo mayor de Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia de Palacio de Gobierno, ministro de la Producción y, sobre todos los demás cargos, mano derecha del mandatario y hombre de su más extrema confianza. También es un hecho que, hasta hace unos años, Odebrecht tenía un consorcio con la constructora UPACA, de Luis Felipe Piccini, el gran amigo y socio de Nava hijo (el Consorcio Odebrecht- UPACA, que hasta el 2008 figuraba en el directorio de constructoras del Ministerio de Vivienda). En un reportaje de Daniel Yovera publicado en Perú.21, Henry Brachowicz, ex gerente general de Comunicore, aseguró incluso que Nava tenía una empresa con su amigo Piccini que le prestaba servicios a Odebrecht en la Interoceánica Sur. El hijo mayor del Ministro negó en ese momento tal afirmación. Sin embargo, los indicios de la relación entre la empresa y los Nava están allí.

De hecho, como indica Mella, fue a través de Piccini que José Antonio Nava conoció a Miguel Garro. Ambos adquirieron en partes iguales un terreno en La Planicie (luego Nava Jr. compraría su parte a Garro). Mientras que Transportes Don Reyna trabajó tanto para Relima como para Sirius, la constructora de Piccini y Garro.

En la segunda parte, veremos la historia completa de cómo se hizo la controvertida donación de la estatua religiosa.

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