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Para quienes no lo conocen, el señor de la foto se llama Raúl Cantella y es (aún) alcalde de San Isidro. Se ha convertido en el protagonista de la gestión más accidentada que ha tenido dicho distrito limeño, poco acostumbrado a vacancias, disputas en el Concejo y donde, a pesar de la apariencia de manejarse en “piloto automático”, las quejas son cada vez más frecuentes.

Retrocedamos al 2010. Cantella, un veterano médico y militante del Partido Popular Cristiano, ganó sorpresivamente la elección al exalcalde Jorge Salmón. Para ello fue clave el apoyo de cuatro de sus rivales, quienes se retiraron para que no gane el conocido publicista.

En octubre de 2011, Cantella pidió su vacancia por enfermedad. Y la teniente alcaldesa Magdalena de Monzarz asumió el cargo. Pero apenas mes y medio después de la sucesión, Cantella pudo volver gracias a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿El motivo? El certificado médico no acreditaba fehacientemente que Cantella sufriera algún tipo de discapacidad que pudiera imposibilitar al médico para cumplir con sus funciones como alcalde.

Esta situación motivó una disputa por el cargo y gritos entre regidores que fueron registrados en Panorama hace un par de años:

También hay que contextualizar la disputa edilicia en medio de los líos pepecistas. La hija del doctor Cantella fue elegida como secretaria departamental en Lima en 2011, con el apoyo del sector reformista. Mientras que De Monzarz es la primera vicepresidenta del PPC, en la directiva que preside Raúl Castro.

Parecía que los problemas, a pocos meses de las elecciones, habían cesado. Y que la paz había llegado a San Isidro. Sin embargo, este lunes ocurrió lo inesperado. Vía El Comercio:

El último percance del alcalde Cantella (PPC) empezó el lunes, cuando ocho regidores de la comuna distrital votaron a favor de su vacancia. Este pedido fue promovido por la vecina Virginia Pereyra y se sustenta en que el alcalde recibió, entre el 2011 y el 2012, S/.102.872 por bonificaciones sindicales. Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), este cobro está prohibido para el alcalde y los gerentes municipales.

Cantella estaba al tanto de que no podía recibir esas bonificaciones. Por eso, en marzo del año pasado, reintegró S/.58.316 soles a la Municipalidad de San Isidro.

No obstante, la promotora de su vacancia denunció que aún le falta pagar el resto, es decir, más de S/.44 mil. Los regidores de San Isidro encontraron razonable la acusación de Pereyra y aprobaron la salida de Cantella.

Ojo que la Municipalidad de San Isidro tiene 9 regidores. 3 son de Somos Perú y 6 del PPC. Es decir, para que se haya dado votación tan inusual es que el alcalde está con (casi) todo el Concejo en contra. Entre los regidores, por cierto, ya hay incluso un precandidato a suceder a Cantella: Pepe Kleinberg, quien se lanza con Somos Perú.

Por ahora, Cantella puede quedarse en el sillón municipal, mientras se resuelva la apelación que va a presentar. La gran interrogante es si podrá terminar su periodo. Esta historia, sin duda, refleja la precariedad en la que se ven envueltos diversos municipios en el país. Solo que este caso resulta atraer más reflectores, por ser uno de los distritos más importantes de la capital del Perú.

(Foto: El Comercio)

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Como lo ha demostrado el caso Ancash - y, más recientemente, lo que viene ocurriendo en Tumbes - habrá que prestarle bastante atención a lo que ocurra en las elecciones regionales y municipales fuera de Lima. Además de los ajustes que el proceso de descentralización requiere (lo que también implica, ojo, tareas importantes para el gobierno central), dependerá de la performance de las nuevas (o reelectas) autoridades cómo se vaya avanzando en el buen gobierno en las distintas circunscripciones en el país.

De allí que sea importante seguirle la pista a los actores regionales. Hoy comenzaremos por, quizás, el más importante (y uno de los más cuestionados) de todos: César Acuña Peralta.

Como lo anunció hace semanas, Acuña ha dejado la Municipalidad de Trujillo para postular al gobierno regional de La Libertad. Su misión: derrotar por tercera vez consecutiva al APRA. Esta vez, la posible víctima es José Murgia, el eterno líder trujillano del partido de la estrella. Claro está, todos sabemos que las reales aspiraciones del exalcalde están en la Presidencia de la República.

El estilo Acuña tiene varios rasgos que, 8 años después de su establecimiento formal en política, ya tienen marca definida. Poder económico traducido en poder político, acompañado de una forma de clientelismo basado en una fundación bautizada con el nombre de la madre del burgomaestre trujillano y programas sociales desarrollados con el peculio del líder de Alianza Para el Progreso. Y obviamente, cemento a montones.

A ello se sumó el trabajo remunerado de varios de los dirigentes de este partido en el consorcio universitario de propiedad de su líder máximo, a cuyos alumnos, en plena campaña electoral municipal, el reelecto alcalde prometió puestos de trabajo. A ello se suma el uso de la universidad para contratos con las alcaldías y gobiernos regionales de APP y hasta para la elaboración de panetones con el rostro de Acuña.

Por supuesto, con dos triunfos electorales y dicha maquinaria, se pensaba que Acuña podía ser un buen actor de empuje para cualquier campaña en el norte del país. Así lo pensó PPK, pero ya vimos que, en 2011, su plaza más fuerte no fue Trujillo, sino Lima. Y, en realidad, le ha resultado mejor la expansión cuando ha contado con caciques locales. Pero volveremos a este punto más adelante.

Acuña no ha estado exento de críticas por su estilo. Pero también ha tenido que librar denuncias serias sobre corrupción en la Municipalidad de Trujillo, a partir del uso de las “subvenciones sociales” para campañas asistencialistas y el pago de fiestas de los tres sindicatos de la comuna, como lo registró Christopher Acosta hace un par de años. O también ha tenido cuestionamientos por la ejecución de obras (mejor dicho, por la no realización de las mismas), con motivo de los Juegos Bolivarianos, como detalló Juan Carlos Ortecho hace algunos meses.

A pesar de este festival de anticuchos, Acuña quiere aprovechar la dispersión de candidatos en La Libertad para poder afianzar su proyecto en dicho departamento. Considerando, además, que buena parte de partidos nacionales harán alianzas con movimientos regionales para las postulaciones a gobiernos regionales y locales.

De hecho, Acuña no ha sido ajeno a dicha variable, pero con un matiz: todos sus aliados postularán con su símbolo para posicionarlo. Sus aliados regionales centrales son: el exministro de Agricultura Carlos Leyton en Arequipa y el excomandante general del Ejército Edwin Donayre en Ayacucho. De hecho, el excéntrico militar en retiro busca reemplazar a un caudillo apadrinado por Acuña, Wilfredo Oscorima, de discreta gestión en dicha región del país y con varias denuncias de corrupción encima.

A ellos se suman dos fichas del partido: el hermano del líder de APP, Humberto Acuña Peralta, quien irá a la reelección en Lambayeque y Guillermo Arteta, expolicía que denunció el caso Brujas de Cachiche, como candidato a la alcaldía de Lima.

La gran pregunta es si el binomio partido - conglomerado universitario de César Acuña seguirá avanzando con sus fichas en todo el país o si el desgaste propio de los años de gestión - y de las denuncias en su contra - le cobrarán un duro revés en octubre próximo.

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Fue sintomático que, apenas se supiera que Eleodoro Mayorga ocuparía el ministerio de Energía y Minas, rápidamente varios usuarios en redes sociales comenzaron a buscar la lista de clientes del estudio Laub & Quijandría, que brinda servicios de asesoría legal y consultoría a empresas del sector hidrocarburos.

Siempre resulta delicado el nombramiento como funcionario público de una persona que ha sido asesor jurídico de empresas vinculadas al sector que tendrá que regular o normar. Por ello es que existen normas que, en el caso de los entes reguladores, impiden por un determinado periodo de tiempo que estas personas, una vez fuera del sector público, puedan trabajar en una empresa privada vinculada al campo de acción regulatorio. Y no solo por la asesoría y el conocimiento de información clasificada - de un lado y de otro -, sino también porque, en varios casos, abogados de estudio no solo son consultores de estas compañías, pues puede darse el caso que sean miembros del directorio de las mismas.

Ayer Cuarto Poder presentó un completo reportaje sobre el trato obtenido por la empresa petrolera Interoil. Esta compañía tenía concesionados dos lotes petroleros por 20 años. Pidieron su renovación pretextando que dos Fenómenos El Niño no los dejaron operar plenamente, pero el Estado se negó a ello. Allí se inició un litigio internacional que cuenta bien Anuska Buenaluque:

Como se puede apreciar en el reportaje, el Estado ganó el litigio pero, dado que no tuvo planes para los lotes, terminó ampliando la licencia por un año a Interoil. Hasta allí, entramos en el terreno de lo discutible en el plano legal sobre la renovación de contratos petroleros con empresas que han litigado contra el Estado. Aunque se complica más la situación al no haberse definido algunas cuestiones finales de la concesión vencida.

El roche es que Mayorga era, hasta antes de ser ministro, socio del estudio que patrocinaba a Interoil. Y fue quien terminó firmando el Decreto Supremo que ampliaba la licencia. Para excusarse, Mayorga dijo que todo el trámite ya había sido aprobado por Perupetro antes de decir “si, juro”. El problema es que, como señaló el informe y mostró la periodista Nelly Luna en su cuenta en Twitter, el ministro no solo era socio de Laub & Quijandría, sino que participó en reuniones entre Interoil y Perupetro en 2013, lo que hace el caso aún más grave.

Para decirlo en claro, Mayorga no debió firmar el Decreto Supremo que prorrogaba la licencia de Interoil en dos lotes petroleros, debido a que se había reunido, como asesor legal de la empresa, con un representante de la entidad encargada de emitir el informe favorable para la prórroga de la tenencia de dos lotes petroleros que, en principio, revertirían al Estado. Hasta ahora, más allá del genérico comunicado que mandó ayer a Cuarto Poder, el ministro no ha dicho esta boca es mía.

No es la única empresa a la que el ministro ha representado frente a Perupetro. Como también mostró Nelly Luna anoche, Mayorga se reunió como representante de Nitratos del Perú con un directivo de la referida empresa estatal encargada de las concesiones petroleras.

Así las cosas, Mayorga es serio candidato a interpelación (y, a mi criterio, debería dejar el MEM), si es que la oposición no solo quedara en meras condenas verbales frente a este caso.

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Ayer Ipsos Perú presentó el resultado de su encuesta sobre la Unión Civil para parejas del mismo sexo, con resultados mixtos. Se redujo el rechazo a la propuesta, pero el 61% la desaprueba, aunque la mayoría está de acuerdo con los derechos otorgados por la norma. Al mismo tiempo, se rechaza el referéndum planteado por Juan Luis Cipriani sobre esta materia.

¿Qué nos quieren decir estas cifras? Para empezar, la campaña emprendida redujo la inicial animadversión, sobre todo en jóvenes, mujeres y los sectores más altos. La composición demográfica de la Marcha por la Igualdad apuntaba en ese sentido. Asimismo, se requiere un esfuerzo mayor de información y sensibilización hacia sectores populares, donde el rechazo es fuerte. Y se necesita unir más los derechos aprobados con la idea de la Unión Civil.

También resulta importante leer la encuesta sobre religión difundida por Latinobarómetro en estos días. Disminuyen los católicos en el Perú, pero los disidentes se dirigen en su mayoría hacia iglesias evangélicas donde el porcentaje de practicantes es mayor que en el catolicismo.

Se aprecia mejor que el conservadurismo peruano está repartido tanto en un sector de la Iglesia católica como evangélicas y que la laicidad es aún poco apreciada. La estrategia para la aprobación de medidas que chocan con líderes religiosos requiere, junto a la denuncia de los argumentos más ridículos enunciados por ellos, cierto nivel de empatía hacia los creyentes aún indecisos. La campaña Unión Civil Ya va en ese camino.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 20.04.2014)

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Gio Infante: La igualdad se abre paso

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(Foto: Juan Yactayo)

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Murió Gabriel García Márquez y quedan cortas las palabras para describir la grandeza de su obra. Muchos destacarán su enorme legado a las letras, o la generación del boom latinoamericano, o la importante obra de difusión cultural que desarrolló en vida y, por supuesto, su importante contribución al periodismo en la región. Otros se detendrán en su relación con Fidel Castro o en aquella con Mario Vargas Llosa quien, en el día de su partida, expresó su consternación por su deceso. Yo me quedo con dos recuerdos de mi adolescencia.

Cuando postulé a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en aquel examen para escolares, la entrevista personal tenía como uno de los temas de diálogo con los jurados - egresados y docentes de mi casa de estudios - un libro que cada candidato a ingresar debía leer. Yo escogí El Coronel no tiene quien le escriba.

Aquella breve obra de GGM marcó buena parte de mi amor por la literatura. Una historia en apariencia simple - un viejo militar retirado que decide no vender al gallo de pelea, en medio de la más absoluta miseria - fue contada de una manera realmente excepcional. Para un chico de 16 años que aún no conocía que Colombia era un país de la eterna guerra - donde viejos como el coronel abundaban a lo largo de todo el territorio nacional -, dicha obra le contaba mejor que cualquier libro de historia cómo los veteranos de batallas entre compatriotas vivían su triste ocaso. Y con el final más fuerte y sobrecogedor de una novela en América Latina.

No recuerdo bien cuales fueron las preguntas que aquel jurado - compuesto por José Agustín de la Puente Candamo, Güido Lombardi y Máximo Vega Centeno - me hizo sobre aquel libro. Lo que sí se es que, desde allí, comenzó una buena relación literaria con uno de los mejores escritores que ha dado nuestra tierra.

Mi segundo recuerdo es de aquel mismo año. Un mes después, ya con el ingreso a la universidad obtenido, llegó la hora de la premiación anual, esta vez, a la promoción que dejaba las aulas recoletanas. En mi salón, por casualidades de la vida, obtuve el primer puesto en el curso de Literatura. El premio era un libro. Así fue que cayó en mis manos El General en su Laberinto.

A despecho de los fans de Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos del Cólera - sus dos libros más conocidos - cuando nombro una obra favorita del fallecido escritor colombiano, inmediatamente enuncio aquella novela que habla del ocaso de la vida de Simón Bolívar. El Libertador que describe bien el maestro es un hombre acabado, física y políticamente, en medio del último viaje en el que pretendia exiliarse en Europa. Como bien nos cuenta la novela - y nos recuerdan los libros de historia - aquella travesía final terminaría no en un puerto europeo, sino en la finca San Pedro Alejandrino de Santa Marta.

Resulta bastante impresionante ver, en las palabras de García Márquez, como quien fuera, alguna vez, el hombre más poderoso de la región andina partía en la más absoluta soledad. Con su eterno lugarteniente Sucre asesinado, lejos de la más célebre de sus amantes (Manuela Saenz) a la que recuerda a la distancia y con sus enemigos en el poder, de quienes quiere huir.

En medio de la pena por la partida de un genio de las letras, queda su obra literaria y periodística, un legado eterno que las generaciones venideras deberán conservar. Pues, como el amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, la querencia hacia la obra de García Márquez durará toda la vida.

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Ayer, entre cierto consenso en algunos nombres y la necesidad de mostrar un logro para acallar las protestas por una jornada parlamentaria que tuvo proyectos de ley aprobados para el olvido (y la chacota), Fredy Otátola decidió jugársela y arribar a un acuerdo que garantizara los nombres para ocupar las plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, así como a un Defensor del Pueblo titular.

Recordemos que está elección está pendiente desde julio del año pasado, cuando una protesta ciudadana hizo que el Congreso de la República retrocediera en la elección de magistrados obsecuentes con intereses particulares - en especial, con el gobierno y el fujimorismo -, en lo que se denominó como repartija y que incluyo a una persona poco idónea para la Defensoría. Este hecho, sin duda, le trajo más desprestigio a la política peruana que el que ya tenía.

También es cierto que el status quo actual es insostenible. No solo porque la mayoría de magistrados del TC tienen el mandato vencido, sino porque la actual conformación del Tribunal, en su mayoría, se debió también a un cuoteo político en el que no primó la búsqueda de buenos magistrados, sino contar con personalidades que respondieran a ciertas lealtades y/o que no tuvieran el nivel que algunos de sus precedesores tuvieron. Si bien es cierto que no todas las sentencias que han provenido de este Tribunal Constitucional han sido malas, es cierto que el nivel general de sus resoluciones, en comparación con la primera parte de la década pasada, ha descendido, a criterio de varios especialistas en Derecho.

Hacia mitad de la mañana, parecía que existía cierto consenso. En términos generales, la elección era mejor que la que se había tenido en julio. Se repetían dos nombres de la elección anterior, cuyos pergaminos académicos y posiciones doctrinales representaban tanto a socialdemócratas como a libertarios cercanos al fujimorismo: Francisco Eguiguren y José Luis Sardón. También se mantenía Ernesto Blume, con amplio conocimiento en temas municipales, pero a quien se cuestiona su patrocinio al controvertido alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.  A ellos se sumaron dos conocidos profesores universitarios: Carlos Ramos Nuñez, uno de los pocos historiadores del Derecho peruano y un reconocido académico (quien antes había postulado al TC sin éxito) y Eloy Espinoza - Saldaña, docente de Derecho Constitucional.

Sin embargo, dos temas han obstaculizado la elección. De un lado, la forma de elección de los candidatos, es decir, si se escoge puesto por puesto o se vota en bloque. De otro lado, la presencia de Eguiguren, cuestionado por apristas y fujimoristas por haber sido ministro de Justicia en este gobierno (cuestión política que le complica la vida, a pesar de sus credenciales profesionales). Ya depende de la interpretación de cada tienda política - y de cada línea editorial - achacarle la culpa a uno u otro bando sobre la ausencia de consensos.

En principio, si se concreta esta elección, tendremos un TC sustancialmente mejor que el actual. Queda en manos de las bancadas políticas la adecuada reflexión sobre los puntos arriba señalados. Pero aún está pendiente una discusión central: ¿debe quedar en manos del Congreso la elección del Tribunal Constitucional?

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En nuestra más reciente columna en Exitosa Diario, señalamos que uno de los principales problemas del fujimorismo se encontraba en el siguiente hecho:

En primer lugar, la disputa abierta con Alberto Fujimori. El autócrata ha decidido tomar las riendas de su proyecto de liberación, con abogado y local propio. La tensión –cuando no la división– es evidente.

Pues bien, hoy Alberto Fujimori abonó más en dicha hipótesis. Indica El Comercio:

A través de una carta remitida a Antonio Becerril Rodríguez, dirigente de Fuerza Popular en el departamento de Lambayeque, Fujimori rechazó la candidatura del ex congresista Gustavo Espinoza Soto (quien fue desaforado en el  2009) a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Y esta es la misiva que Fujimori tuiteó hoy, que tiene fecha 11 de abril:

Vayamos por partes y veamos quien es quien en esta historia.

Antonio Becerril Rodríguez es el hermano del actual congresista Héctor Becerril, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Y es un fujimorista de viejo cuño. Fue congresista hace algunos años en dicha agrupación y será el candidato de FP al gobierno regional de Lambayeque. Según una encuesta regional, aparece tercero, luego del actual presidente regional Humberto Acuña Peralta y del exparlamentario y empresario deportivo Willy Serrato. Becerril es, además, uno de los hombres fuertes en el negocio azucarero, pues es un alto funcionario del Grupo Oviedo.

Por su parte, Gustavo Espinoza Soto debe ser uno de los congresistas más polémicos de los últimos tiempos. Disidente de la bancada humalista en 2006, presentó un proyecto de Ley para amnistiar a Antauro Humala, que no tuvo éxito. Mintió sobre estudios universitarios que no hizo. Presentó una falsa acusación contra Alejandro Toledo sobre violación sexual. Y finalmente fue separado del Congreso en 2009, luego que fuera inhabilitado para ejercer la función pública por dos años, luego de enviar un video a parlamentarios chilenos con chistes xenófobos hechos por el entonces comandante general del Ejército, Edwin Donayre (hoy candidato a la presidencia regional de Ayacucho). Curiosamente, la sanción contra Espinoza fue aprobada en segunda votación, dado que el fujimorismo lo salvó en una primera ocasión.

Además de estos dos personajes, lo importante aquí es que Fujimori manda recomendaciones a los dirigentes de Fuerza Popular como si fuera el verdadero presidente del partido (oh, wait).  El Comercio registró otro caso amparado en otra carta del autócrata:

Anteriormente, el militante fujimorista Eduardo Jacinto Teque entregó a los medios de Lambayeque una supuesta misiva de Fujimori, en la que respalda su candidatura a este municipio.

Según informó el diario “Correo”, en la carta, el ex presidente indicó que la candidatura de Teque contribuiría al éxito de la campaña electoral “por su fuerte arraigo en los sectores C, D y E”.

Además, Fujimori habría dicho que ya había coordinado este asunto con la actual lideresa de Fuerza Popular, su hija Keiko Fujimori.

Sin embargo, el dirigente fujimorista Antonio Becerril negó la existencia de esta carta en respaldo a Teque.

De hecho, en la cuenta de Facebook de Teque (que, curiosamente, enlaza todas sus publicaciones a las páginas de Fujimori, Kenji y del Frente Fujimori Libertad) aparece esta imagen:

¿Dirá algo Keiko Fujimori al respecto?

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Durante las tres últimas emisiones de Cuarto Poder, Gabriela Villasis ha presentado una serie de reportajes que apuntan a un problema en la estructura estatal: la existencia de los gobernadores y su uso político para portátiles partidarias.

La hipótesis demostrada en la saga es esta: dado que el Partido Nacionalista se encuentra en crisis, se viene utilizando a una de las estructuras más añejas de la República (la red de gobernadores) para darle algo de vida a la agrupación y a que actividades como el mitin post fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el patio de Palacio de Gobierno, tengan sabor a apoyo para el presidente.

Para complicar más las cosas, dos declaraciones infelices han puesto la situación en el primer plano de la agenda nacional. De un lado, la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Dacia Escalante, dio ayer una penosa entrevista en Cuarto Poder, en la que, utilizando el atarante como arma, intentaba negar lo innegable y, además, anunciaba sanciones para “gobernadores que viajaron por su cuenta” para hacerlas de chupamedias presidenciales el 27 de enero en Lima. De otro lado, el propio presidente de la República, quien esta mañana, en una ceremonia en San Borja, se mandó con la infeliz frase: “yo he invitado a los gobernadores, ¿cuál es el problema?”. Con ambas declaraciones, la oposición la tiene fácil para “el apanado de la semana” gracias a la nueva torpeza del gobierno.

Es probable que el escándalo se mate con la salida de Escalante - pedida desde hace semanas - y con la de algunos de los gobernadores. Pero los reportajes emitidos por Cuarto Poder nos pone ante una decisión de fondo: eliminar o no el cargo de gobernador de la estructura estatal. Ello conllevaría, a corto plazo, la desaparición de la Oficina de Gobierno Interior - antes Dirección -, que se encuentra dentro del Ministerio del Interior y que ha sido un botín tradicional de todos los partidos de gobierno.

Los gobernadores son autoridades que tienen como función principal la representación del Presidente de la República en los distritos del país, así como el otorgamiento de garantías personales.  Durante el gobierno de García se quiso extender su actuación hacia el ámbito de programas sociales, sin éxito. Y ya en dicho gobierno, algunas voces planteaban su eliminación. De hecho, los prefectos fueron sacados del organigrama estatal en el segundo periodo aprista.

Ya en 2008, el experto en temas regionales Javier Torres Seoane, declaraba lo siguiente a Perú.21:

“Conforme avance el proceso de descentralización en el país, este tipo de autoridades debería tender a desaparecer. Si les vas a otorgar más funciones a estos representantes del presidente, entonces lo que estás haciendo es limitando las funciones (de otros), o terminarían entrometiéndose en las labores que le competen a los gobiernos regionales o locales”, manifestó.

Asimismo, subrayó que autoridades como los gobernadores o tenientes gobernadores solo tienen sentido en las zonas rurales, donde a veces son la única representación del Estado, y es solo en esos lugares donde deberían existir.

Si bien desde este blog tendemos a pensar que el cargo debería desaparecer - tanto por su uso político, la posibilidad de derivar sus funciones a otras autoridades y su anacronismo derivado del proceso de descentralización - , habría que analizar que pasaría con los casos en los que no exista un juez de paz que pueda suplir la función de otorgamiento de garantías, tal como propone el congresista Juan José Diaz Dios para eliminar el cargo.

Asimismo, el diseño de una salida final de los gobernadores de la estructura estatal deberá contemplar qué hacer con aquellas funciones no escritas que desempeñan estos personajes, sobre todo, en zonas rurales, donde muchas veces son una autoridad con más poder, en la práctica, que los propios alcaldes. Lo cierto es que esta es una coyuntura interesante para pensar en el mantenimiento de estas autoridades, más aún, cuando se viene pensando en ajustes al proceso de descentralización.

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Hace una semana, mi amigo Juan Carlos Tafur señaló que Keiko Fujimori la tenía servida hacia el 2016. ¿Sus premisas? Los problemas judiciales de García, el retiro en la práctica de Toledo y la debilidad de PPK, que se sumarían a la dilución del recuerdo negativo sobre su padre.

No cabe duda que estos factores –sumados a las giras que hace Keiko por provincias y al voto duro fujimorista– ponen a la lideresa de Fuerza Popular en buen pie para la próxima elección presidencial.

Sin embargo, hay algunos factores que complican sus opciones. En primer lugar, la disputa abierta con Alberto Fujimori. El autócrata ha decidido tomar las riendas de su proyecto de liberación, con abogado y local propio. La tensión –cuando no la división– es evidente.

Esta cuestión empata con el segundo factor: en el fujimorismo aún no tienen clara la causa de su derrota en 2011. Para algunos, debió reivindicarse el legado noventero hasta el final; otros piensan que la poca claridad democrática de Fuerza Popular fue su perdición.

Tampoco debe descartarse el empuje final del antifujimorismo en una segunda vuelta. Si bien la “coalición paniaguista” es débil para poner un candidato aglutinador, sí fue hábil para parar un retorno sin arrepentimientos.

Finalmente, la carencia de propuestas y apoyos fácticos. En un debate, se pondría en evidencia la falta de ideas en Fuerza Popular. Y el candidato del orden está en Alfonso Ugarte, con la Confiep y varios medios a su favor.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 13.04.2014)

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Ya hemos comentado en una columna en Exitosa Diario el informe jurídico del director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez Santander, a favor de la unión civil de parejas del mismo sexo. Bastante completo y claro en sus argumentos.

Pues bien, hace algunos días, Ronald Gamarra me hizo acordar de la existencia de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el caso Karen Atala vs. Chile. En esta resolución, la Corte resuelve a favor de una magistrada chilena a la que se le había quitado la custodia de sus hijas por ser lesbiana. Y, para el caso de la Unión Civil en el Perú, resultan relevantes los siguientes fundamentos (resaltados míos):

91. Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha onvención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

120. El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.

142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio.

Otra sentencia de la Corte IDH resulta relevante para responder, en términos jurídicos, a la propuesta de referendum planteada por el cardenal Cipriani. Además del artículo 32° de nuestra Constitución, la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay, donde se cuestiona una ley de amnistía ratificada por referéndum, brinda el siguiente argumento (resaltados míos):

238. El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La participación de la ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de la Constitución del Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331 de la Constitución del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 a 4 de la Ley- el 25 de octubre del año 2009, se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél.

239. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley.

Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional:

En consecuencia, al Tribunal Constitucional, (…)  no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.

Nos vemos mañana en la Marcha por la Igualdad.

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