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El plan de gobierno de Salvador Heresi tiene 8 páginas. Así lo reconoció hace dos semanas en radio Exitosa, aunque dijo que el documento presentado es solo “preliminar” y que próximamente conoceríamos sus propuestas completas.

Lo único nuevo que ha mostrado es su flamante videoclip musical. Se podría disculpar el laconismo verbal si es que el reducido número de páginas tuvieran sustancia.

Pero el plan de gobierno de Perú Patria Segura tiene como característica central ser, básicamente, un listado de medidas, antes que la conformación de políticas públicas claras para la ciudad. Sin orden de prioridades, el lector se pierde en el mar de promesas – algunas interesantes, otras - no tanto – planteadas por Heresi.

Otro problema reside en algunos de los planteamientos del candidato. No se indica si es que se continuarán políticas como la reforma del transporte, Barrio Mío o la repotenciación del tema cultural que ha iniciado esta gestión.

Otros temas importantes para la ciudad como defensa civil o cuidado del medio ambiente simplemente no existen. Se resucitan planteamientos como la “zona rosa” sin consultar a las trabajadoras sexuales sobre sus condiciones de trabajo.

Y en megaobras, fuera de las omisiones sobre las ya emprendidas, se postula una “ampliación norte” de la Vía Expresa sin indicar el trazo, cuestión complicada considerando el carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad del Centro Histórico.

Salvador Heresi ofrece que la esperanza ya viene para Lima. Lamentablemente, parece no encontrarse en sus propuestas para la ciudad.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 31.08.2014)

(Foto: Terra)

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Transcurridos 11 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, resulta necesario volver a las historias, a los testimonios, a los casos.  Más allá de la interpretación que la CVR dio a los hechos - con la que, en términos generales, estoy de acuerdo - resulta necesario, a partir de estos relatos, interpelarnos sobre lo que ocurre actualmente frente a cómo hemos procesado el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000. Aquí una breve selección que cobra bastante actualidad.

MANUEL TUMBA ORTEGA

Según el tomo VII del Informe Final de la CVR:

El Coronel PNP Manuel Tumba Ortega, recibió varios disparos con arma de fuego cuando se encontraba ubicado entre la Av. Angamos y la Av. República de Panamá. Estando herido y con el cuerpo sobre la vía pública, uno de los atacantes le disparó en la cabeza, muriendo instantáneamente.

Manuel Tumba Ortega, seguía una rutina diaria para dirigirse a su centro de trabajo, lo cuál fue aprovechado por el grupo de subversivos. Salía de su domicilio ubicado en la avenida República de Panamá Nº 4844 del distrito de Surquillo, aproximadamente a las ocho y treinta de la mañana y luego se dirigía a la estación de la Policía Técnica de Surquillo, (a unos 300 metros de su casa), donde recogía su vehículo para dirigirse a su centro de labores (DINCOTE).

Tumba Ortega era director administrativo de la DINCOTE al momento de su fallecimiento.  Un héroe policial. El local de la dependencia central contra el terrorismo lleva su nombre. Según Verita, uno de sus asesinos, Manuel Campos Huamán, postula a la alcaldía distrital de San Felipe, en Jaén. Un dato que debería ser relevante para los electores de esta localidad al momento de elegir a su nuevo alcalde.

LUIS MANRIQUE

La politóloga Jo Marie - Burt describió, hace algunos años, que:

Lucho Manrique trabajaba en una imprenta de la Corporación de Desarrollo de Huancavelica (CORDE). Días antes de su desaparición fue obligado por supuestos miembros de Sendero Luminoso a imprimir volantes exhortando a la población a boicotear las elecciones municipales que se llevarían a cabo en el mes de noviembre de 1989. Al día siguiente, estos volantes fueron repartidos por toda la ciudad. Días después, el 6 de noviembre y en horas de la madrugada, hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa de Manrique y se lo llevaron. Su esposa, Imelda Cayetano, fue testigo de este hecho. Según ella, al llevarlo lo acusaron de ser terrorista por haber colaborado con la impresión de dichos volantes.

Manrique hasta ahora se encuentra como desaparecido, sin haber sido sometido a un proceso judicial que aclarara su situación. El principal responsable del caso, Marco Álvarez Vargas, deberá someterse a un nuevo juicio por este caso. Alvarez es el actual alcalde del distrito limeño de San Borja y postula a la reelección por el Partido Popular Cristiano.

TEMPESTAD EN LOS ANDES

Hace algunas semanas, Juan Carlos Tafur describía estas historias paralelas.

Josefin Augusta Ekermann, sobrina de Augusta La Torre la primera esposa de Abimael Guzmán, viene al Perú deseosa de conocer la verdad de lo que sucedió y confirmar si lo que a ella le han contado sus familiares –que Guzmán y su tía fueron héroes de una rebelión popular y fueron injustamente perseguidos y reprimidos por las fuerzas milita­res dictatoriales y reaccionarias- concuerda con la realidad.

Flor Gonzales, profesora ayacuchana, debe conciliar sentimientos tumultuosos: por un lado, culpa a Sendero de todas las desgracias ocurri­das con su familia –así se lo dice con dureza a Josefin cuando se encuentran- y por otro debe entender que su hermano haya simpatizado con las ideas senderistas y que por esa razón estuvo preso en El Frontón y haya muerto en la matanza de los penales perpetrada durante el gobierno de Alan García.

Tempestad en los Andes debe ser de los documentales más duros sobre el periodo que vivimos entre 1980 y 2000. Es la historia de la confrontación con la verdad. De como el engaño al que sometió Sendero Luminoso a miles de personas no solo cobró miles de muertes, sino que le arruinó la vida a cientos de familias. Comenzando por aquellas de quienes tuvieron algún tipo de acercamiento con la agrupación, desde la simpatía hasta la militancia y dirigencia. Queda al desnudo como el fundamentalismo destruye los vínculos más básicos de convivencia en una sociedad. Lo pueden ver esta semana en el Centro Cultural de la PUCP.

LA HOYADA

Hace algunas semanas, Salomón Lerner Febres, expresidente de la CVR, dirigía estas palabras en Ayacucho:

Al compartir este momento especial en el que se presenta el Proyecto del Santuario de La Hoyada deseo, públicamente agradecer y celebrar en nombre de los que, hace ya trece años, formamos parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y me arriesgaría a decir que también en nombre de muchísimos peruanos, la decisión acordada por el Supremo Gobierno quien, de este modo, brinda vida a una política pública que busca realmente fomentar la Inclusión y la Justicia. Lo que hoy ocurre no significa otra cosa que la escucha y el reconocimiento de las múltiples voces, por mucho tiempo apagadas, que claman por verdad y justicia.

En la ceremonia de entrega de los terrenos para el Santuario de La Hoyada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos dirigió sus disculpas a cientos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que se encuentran enterradas en dicho espacio físico, cercano al cuartel Los Cabitos. La noticia, en otro país, debió ser portada. Aquí pasó en la página 8 de los diarios que colocaron el tema. Peor aún, cientos de personas aún no pueden identificar los restos de sus familiares. 15,000 desaparecidos en el Perú, sin que la mayoría de deudos no puedan darle un entierro digno, sigue siendo la deuda más dura que el país le debe a tantas víctimas.

Cuatro historias, once años después de condensar, en un solo relato, el drama vivido por el país, que interpelan a la sociedad indolente que aun seguimos siendo y deberíamos dejar de ser.

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Esta mañana, en la extensa entrevista que le hizo Beto Ortiz en Frecuencia Latina, el candidato de Solidaridad Nacional Luis Castañeda Lossio se refirió a sus estudios universitarios y el dato que aparece consignado sobre los mismos en su hoja de vida. Así lo resume El Comercio:

En la Universidad Católica me iba a demorar [obtener el título], tenía un amigo en la USMP y me dijo que ahí lo podía obtener con celeridad. Lo obtuve el grado tras sustentar un expediente civil y penal”, contó.

Según Castañeda en el formato de la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hay un error.

“En la hoja de vida te preguntan dónde han hecho sus estudios, entonces respondo en la Universidad Católica, y luego dice si es licenciado o no. No te pone dónde obtuvo el bachillerato y el grado. Si no te lo pone, yo no sé dónde lo puedes llenar. Alguien dice que hay que poder esos cuadros. Si lo ves desde el punto de vista estricto, en realidad no se tiene que poner porque todos los grados son a nombre de la Nación. No hay nada de mentira en lo absoluto”, indicó.

Más allá de los comentarios sobre la calidad académica de Castañeda (y como deja mal a la universidad en la que finalmente se tituló), el problema reside, precisamente, en lo que puso en la hoja de vida que entregó al Jurado Nacional de Elecciones. Y su declaración lo mete en un embrollo, precisamente, por los siguientes motivos:

1. A CONFESIÓN DE PARTE: Castañeda ya no puede argumentar, para el futuro, que es abogado titulado por la PUCP. Ha tenido que reconocer que se trasladó de una universidad a otra para poder tener el cartón con mayor facilidad. Sus defensores en redes sociales (ni sus voceros) podrán decir que Castañeda cometió una “imprecisión”.

2. LA ANR CONFIRMA EL HECHO: Como señaló Daniel Yovera, en la investigación que gatilló este caso:

Según este registro oficial, Óscar Luis Castañeda Lossio estudió, en efecto, la carrera de Derecho en la Universidad Católica, pero –según la ANR– no se tituló allí, como ha consignado ante el JNE. La ANR señala que en la Católica, Castañeda obtuvo únicamente el grado de Bachiller.

De hecho, el último sábado, La República aportó este importante dato:

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ya emitió un informe oficial que confirma que Castañeda Lossio nunca obtuvo un título profesional de la PUCP. Solo obtuvo el diploma de bachiller de esta universidad, la que fue registrada el 18 de octubre de 1978.

Esta entidad también precisa que Castañeda Lossio inscribió su título profesional recién el 17 de noviembre de 1983, y corresponde a la USMP.

3. EL FORMATO NO TIENE UN ERROR: La defensa de Castañeda, su abogado y su candidata a teniente alcaldesa, Patricia Juárez, gira en torno a un solo argumento: el formato tiene un error y no permite hacer precisiones.

Sin embargo, como explica Yovera:

La parte correspondiente a la “Formación académica” se encuentra en la tercera página, y el ítem “Estudios universitarios” es un recuadro ubicado en la parte media de dicha página.

Como se aprecia en este recuadro –cuya imagen publicamos en este informe– el candidato debe consignar qué carrera estudió, en qué facultad y en qué universidad. Debe informar, además, si concluyó o no sus estudios.

En el mismo espacio hay una columna que dice “Grado/Título”, y debajo, las alternativas a marcar: Egresado, Bachiller, Titulado. Ninguno. Pero también existe la alternativa “Otro”, que es un espacio que bien pudo utilizar el candidato Castañeda para agregar el detalle de la Universidad San Martín de Porres.

Es decir, si al señalar estudios en la Universidad Católica y marcar que poseía título, tenía a su disposición el campo “Otros” para agregar que dicho título había sido obtenido en la Universidad San Martín.

Aquí pueden revisar a que nos referimos (imagen vía Diario 16):

4. CASTAÑEDA HABIA CONSIGNADO EL MISMO DATO FALSO EN SUS HOJAS DE VIDA ANTERIORES:Como bien indica el periodista de Diario 16:

La hoja de vida que elevó al Jurado en el 2006, cuando se reeligió como alcalde de Lima, dice, en “Estudios realizados”, que estudió Derecho y Letras en la Universidad Católica. No hay mayor información, ni año de ingreso ni de culminación.

No informó si era Bachiller o Licenciado, y el ítem “Comentario” lo dejó en blanco, no colocó nada. Tal vez allí pudo agregar algún dato más, quizás colocar el detalle de la Universidad San Martín. Pero se trató de una declaración lacónica.

La hoja de vida presentada en el 2011, cuando postuló a la Presidencia de la República, ya contiene algo más de información.

Dice: “Estudios universitarios concluidos: Sí”. “Documento que lo acredita: Título”. “Período: enero 1964 – diciembre 1970”. “Grado/Título: Abogado Reg. CAL 13760”. “Nombre de la carrera: Derecho y Letras”. “Nombre de la facultad: Derecho y Letras”. “Nombre de la universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú”.

5. UNA DE SUS CANDIDATAS A REGIDORAS SI PUDO CONSIGNAR EL DATO: Tanto Yovera como La República coinciden en señalar que la candidata a regidora metropolitana por Solidaridad Nacional Shadia Elizabeth Valdez Tejada pudo distinguir, en su hoja de vida, las universidades en las que obtuvo el grado de bachiller y el título profesional de Abogada, respectivamente. Pueden revisar la hoja de vida de la señorita Valdez Tejada.

Valdez Tejada no es cualquier militante en Solidaridad Nacional. Según pudo encontrar DTP, la abogada es secretaria provincial de la Mujer de Lima Metropolitana del partido de Castañeda. Asimismo, según pudimos revisar en el portal de transparencia del Congreso, la postulante a regidora trabaja en la Oficina Técnica de apoyo a la Mesa Directiva del Congreso de la República con los gobiernos regionales y locales, cuya jefatura corresponde a Walter Menchola, militante y excongresista de Solidaridad Nacional, quien también fue regidor metropolitano en la primera gestión de Castañeda Lossio.

Lo mismo ocurre en el caso de Sergio Atarama Martínez, también candidato a regidor metropolitana, pero en las filas de Perú Patria Segura, que postula a Salvador Heresi a la alcaldía de Lima.

6. EN SU CV ANTE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA DIJO LO MISMO: Hoy Yovera ha encontrado el dato final:

El documento (…) pone –aún más– en cuestión la versión de la defensa del líder “solidario”, que sostiene que éste consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado ser abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), solo porque el formato del ente electoral no le permitió ser más específico ni abundar en más detalle.

Es decir, que lo que señalan como “limitaciones de formato” fue lo que le impidió consignar que en realidad se tituló como hombre de leyes en la Universidad San Martín de Porres (USMP).

La verdad es que el líder de Solidaridad Nacional ha hecho lo mismo –consignar que es abogado por la PUCP– en documentos en los que disponía de todo el espacio posible para indicar, de manera específica, diferenciada y desagregada, en dónde se graduó y en dónde se tituló.

Se trata de la propia hoja de vida o curriculum vitae que Luis Castañeda Lossio, en su calidad de alcalde metropolitano de Lima, presentó ante las oficinas administrativa y de personal del gobierno municipal. En la  condición de funcionario público edil que ostentó entre el 2003 y el 2010.

Tal mención se encuentra en las primeras líneas de la hoja de vida y es inequívoca. Dice de Castañeda: “Chiclayano. Abogado por la Universidad Católica del Perú”.

Se trata de un curriculum de tres páginas, en formato Word, que lleva por encabezado el nombre y cargo de la entonces autoridad: “Luis Castañeda Lossio. Alcalde Metropolitano de Lima”.

Aquí la foto correspondiente:

7. LA CONSECUENCIA PUEDE SER LA SALIDA DE CASTAÑEDA DE LA CONTIENDA: Si a Carlos Burgos lo sacaron por mentir en la hoja de vida, a Castañeda Lossio le puede pasar lo mismo. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro definirá, en los próximos días, que ocurrirá con la postulación. A fin de cuentas, descartados los rumores sobre su salud, probablemente tengamos a Patricia Juárez como candidata solidaria en reemplazo del líder de su partido.

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Esta mañana, Ollanta Humala y Nadine Heredia deben haber agradecido a (inserte creencia de su preferencia aquí) por el hecho que Ana María Solorzano fuera la presidenta del Congreso. Gracias al voto dirimente de la parlamentaria arequipeña, hoy Ana Jara y el resto del gabinete ministerial pueden dormir, al menos esta noche, más tranquilos.

¿Cómo se llegó a esta situación? De un lado, el gobierno aun no es consciente que tiene una primera minoría bastante precaria en el Congreso de la República y que, a partir de ahora, ya no solo depende de los votos de Perú Posible, sino también de otros grupos menores - sobre todo, Solidaridad Nacional y Unión Regional -, con los que la negociación será más dura, más fuerte y que no se contentarán solo con presidencias de comisión.

De otro lado, hay una oposición más dura que, con distintos intereses, va a jugar más en bloque conjunto, conformada por el APRA y el fujimorismo.  Con menos peso y con un juego más propio, estará el PPC. En el caso de AP-FA, cada votación será distinta y habrá ocasiones en las que la bancada se parta. En un juego más hacia la izquierda, estará Dignidad y Democracia.  De allí que, a pesar del susto, no termine de cuajar una coalición que jaquee del todo al oficialismo, aunque ya lo está poniendo contra la pared en, al menos, tres votaciones importantes.

¿Cuáles serán las siguientes batallas? Dos serán las más importantes. La primera, más en el terreno político, será la interpelación al ministro Eleodoro Mayorga por las acusaciones de conflictos de intereses con empresas privadas del sector al que pertenece. Ojo que, en este caso, hasta Perú Posible y parte del oficialismo está bastante crítico con la actuación del ministro, por lo que se avizora una probable censura o renuncia del ministro antes que le bajen el dedo en el Congreso.

La segunda, más en el terreno de las políticas públicas, tiene que ver con la suspensión de la aportación de los independientes a las AFP. Dicha medida debería llevar, de una vez por todas, a un debate serio en torno a los sistemas de pensiones que hay en el Perú y como reformarlos con criterios técnicos adecuados. La crisis en torno a este tema debe ser una oportunidad para definir que tipo de política pensionaria vamos a tener en el Perú.

Así las cosas, la estancia de Ana Jara en la Presidencia del Consejo de Ministros no será, para nada, aburrida.

(Foto: Congreso de la República)

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En la casa de varios de mis tíos, Caretas siempre fue una publicación imprescindible. Sea por la nota política de actualidad, las crónicas sobre la época del terrorismo, la crítica de arte o de televisión (o por la calata de la penúltima página), siempre la publicación estuvo rondando las viviendas de algunos de mis familiares. Y allí fue mi primer contacto con este medio.

Conocí ya a Caretas, como lector, en los años 90. Con varios de los elementos que conformaron su combo de fin de siglo: la nota política crítica del fujimorismo; la ventana presta a la oposición democrática; una sección económica que críticaba varias de las políticas aplicadas sin dejar de creer en el mercado; la crónica policial AB (un género creado en dicha revista); las columnas de Rospigliosi y Vivas (imprescindibles en aquellos días) y la sátira de La China Tudela en sus mejores años.

Conforme pasaron los años, pude conocer mejor la historia de la revista. Y allí cobraron mejor forma algunos de sus atributos: la portada con sentido del humor (o de la foto de impacto); una larga historia en contra de las dictaduras (de cualquiera fuera el signo que sean: Velasco, Morales Bermúdez o Fujimori pueden atestiguarlo); una escuela para la mayoría de quienes pasaron por sus salas de redacción (se me vienen a la mente los nombres de Hildebrandt, Ampuero o Gorriti como los símbolos de aquel sello personal); valientes reportajes en la época de Sendero Luminoso (recordemos, Hugo Bustíos perteneció a sus filas como corresponsal y muchas de las fotos de Caretas han sido parte de las exposiciones sobre aquellos años); grandes crónicas sobre narcotráfico (los casos Langberg, Villa Coca o Vaticano fueron cubiertos con detalle) o hasta sus notas más lúdicas.

Detrás de todo, como director de orquesta, estaba un director de apellido italiano, gritos operáticos, dramáticos cierres de edición, un periodista con olfato y alguien que - como bien recuerda Jeremías Gamboa en su novela Contarlo Todo - tenía en claro que el medio que dirigió por más de 45 años era una Ilustración Peruana. En efecto, al revisar los archivos de Caretas, están los últimos 64 años de la historia de nuestro país, en notas y fotografías. En sus virtudes y en sus defectos, Enrique Zileri fue el alma de Caretas.

Cuando dejó la dirección de Caretas, sentí que la revista dejaba parte de su ser. Y, en efecto, en los últimos años mis discrepancias con la línea editorial de la publicación han sido mayores.  Sin embargo, hasta el final, ya con la enfermedad, Zileri intentaba seguir dejando su sello. Su última obra, aún inconclusa, es su participación en la demanda de amparo sobre el acaparamiento de medios, que creo que nos podrá permitir zanjar, en la vía judicial, un debate que el Perú merece tener claro: ¿hasta donde puede llegar una corporación mediática?

En la medianoche, Enrique Zileri nos dejó, luego de algunos años de batalla con el cáncer.  Queda en el recuerdo, sobre todo, un estilo y la resistencia a tantos gobiernos autoritarios. Buena parte del siglo XX periodístico peruano se ha ido hoy.

(Fotos: Portadas históricas de Caretas recopiladas por Orazio Potestá)

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Ayer, en Cuarto Poder, Patricia Juárez intentó desligar a Luis Castañeda Lossio y a Solidaridad Nacional del escándalo suscitado con las nuevas revelaciones que vinculan el caso Comunicore con lavado de dinero proveniente del narcotráfico.  Juárez intentó decir que “no hay ninguna novedad” y que la intención era “afectar a Castañeda Lossio con un hecho deleznable”. También dijo que “no conoce a Montoya” y que todo era “un tema entre privados”. Remató diciendo que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera es “una especulación”.

El informe, sin embargo, no es una “especulación”. Tanto que ha sido la base de un completo informe periodístico de una revista bastante seria como Poder.  Y de allí que resulte inexplicable que el Ministerio Público no lo haya incorporado en el caso. Aunque el dato significativo es que Mateo Castañeda, quien luego sería abogado de Luis Castañeda Lossio en el caso Comunicore, era, en ese entonces, el fiscal coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado a cargo de las investigaciones.

Por ello, tal vez ahora a Patricia Juárez le venga claro un memorex sobre su actuación frente al caso Comunicore.

En marzo del año pasado, María Elena Castillo de La República recordó que Juárez Gallegos, actual candidata a teniente alcaldesa, fue comisionada por la gestión Castañeda para investigar el caso Comunicore. ¿Hubo resultados? Solo un expediente con 21 páginas que no llegó a nada.

Como indica el reportaje:

Esta historia comenzó el 3 de agosto del 2010, cuando el entonces alcalde Luis Castañeda envió un memorándum para que se inicien procesos administrativos disciplinarios a los tres funcionarios implicados en el escandaloso pago: el ex gerente municipal Carlos Chávez Málaga, el ex gerente de Finanzas Juan Blest García y el ex gerente de Servicios a la Ciudad Carlos Asmat Dyer.

Su solicitud recayó en su amiga Patricia Juárez Gallegos, entonces presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel (…)

El 11 de agosto del 2010, la comisión que presidió Juárez para investigar a los funcionarios vinculados al caso Comunicore emitió el acta N° 049-2010-CEPADAN, en la que se excusaban de investigar a Chávez Málaga porque ejerció el cargo de gerente municipal. Señalaron, además, que se debía nombrar un grupo ad hoc, de acuerdo al Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios.

El documento agregaba que, sobre los otros funcionarios, era necesario pedir información que les permitiera pronunciarse sobre su actuación.

Precisaron que en ambos casos se debía solicitar a la Asesoría de la Gerencia Municipal Metropolitana , así como al Área de Administración y Control de la subgerencia de Personal, la información personal pertinente para la investigación.

Esta decisión fue tomada con una celeridad fuera de lo común, pues el acta señala que la sesión se inició a las 10 y 50 de la mañana y culminó a las 11 y 5 minutos. Es decir, solo duró 15 minutos.

Un día después, Juárez envió dos oficios en los cuales solicitaba a ambas direcciones el historial laboral tanto de Blest García como de Asmat Dyer en la Municipalidad de Lima.

El 19 de agosto, el área de Administración y Control de la subgerencia de Personal entregó la documentación a la comisión; en esta se confirman los cargos que ocuparon cuando se cometieron las irregularidades del caso Comunicore.

El 1° de setiembre se vuelve a reunir la comisión de Juárez para ver el tema, esta vez por 10 minutos. El acta de dicha sesión da cuenta de un único acuerdo: que se tenga presente la información laboral que les entregaron a la hora de pronunciarse.

La siguiente reunión se produjo recién el 27 de octubre. En esa oportunidad también acordaron un único punto: reiterar el pedido de información a la Gerencia Municipal Metropolitana sobre los dos funcionarios.

Para entonces habían transcurrido ya tres meses desde que recibieron la misión de investigar a los funcionarios; sin embargo, no hicieron ninguna mención a la necesidad de que se forme la comisión ad hoc para investigar al ex gerente municipal Carlos Chávez, a quien se excusaron de evaluar.

La comisión ad hoc para investigar a Chávez se nombró recién el 18 de noviembre del 2010, cuya presidencia recayó también en Patricia Juárez. La resolución fue suscrita por el teniente alcalde Marco Parra, hombre cercano a Castañeda.

Cabe recalcar que, en ese momento, ya había sido proclamada Susana Villarán como  alcaldesa electa.

En diciembre, las dos comisiones que presidía Juárez hicieron dos pedidos más antes de finalizar la gestión municipal, sin que hubiera ninguna respuesta. El 29 de diciembre del 2010 la vocera envió un último oficio con carácter de “urgente”, el que, por supuesto, tampoco fue respondido.

Juárez también dijo anoche que el tema no debería salpicar a Solidaridad Nacional. Pero existen dos problemas.

El primero, es que, como registran Daniel Yovera y Óscar Castilla hoy en Diario 16tres de los exfuncionarios investigados por lavado de activos en el caso Comunicore han tenido relación directa con Solidaridad Nacional. El gerente financiero de Castañeda, Juan Blest, fue militante de SN entre 2004 y 2010. El exgerente general de la MML en la gestión solidaria, Ángel Pérez Rodas, sigue siendo miembro del partido. Y lo mismo se puede decir del exsubgerente de Tesorería, Ulises Merino Rojas.

El segundo punto es que 5 de los exfuncionarios investigados por Comunicore han hecho aportes a Solidaridad Nacional.  Para comenzar, los ya mencionados Blest, Pérez Rodas y Merino Rojas:

A ellos se suman Carlos Chávez Málaga, exgerente municipal, y Carlos Asmat Dyer, exgerente de Servicios a la Ciudad. Ambos debían ser investigados por Juárez:

¿Seguirán con las evasivas y la mudez en Solidaridad Nacional?

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Ayer apareció la más reciente edición de la revista Poder con una bomba: una investigación de Oscar Castilla con la colaboración de Carlos Neyra y Daniel Yovera puso al descubierto una nueva arista del caso Comunicore: su vinculación con el lavado de activos del narcotráfico.

Vayamos por partes. Esta investigación comienza en diciembre de 2009, cuando Yovera reveló ante el público un hecho desconocido: en septiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio, se había comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años.

Poco después que se terminara de formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006,la Municipalidad pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore. Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.

La investigación de Yovera, que continuó en las semanas siguientes, así como indicios proporcionados por otros medios, indicaron otros hechos que apuntaban a que nos encontrábamos ante una operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica, versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por ciudadanos de escasos recursos económicos (desconociéndose el destino final del dinero), conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda y contactos de alto nivel de los funcionarios implicados en el caso.

Posteriormente, en 2011, un informe elaborado por una comisión de la MML encabezada por la regidora Marisa Glave aportó tres datos importantes: sobrevaloración de deudas para obtener el dinero suficiente para pagarle a Comunicore, la renovación del contrato con Relima por 10 años y la delegación de funciones por parte de Castañeda a Juan Blest, gerente financiero de la MML en su gestión y uno de sus hombres de confianza en todos los puestos en los que Castañeda ha tenido intervención.

Dos años más tarde, las primeras noticias sobre la posible vinculación de Comunicore con el lavado de activos del narcotráfico aparecieron. En La República, Miguel Gutiérrez señalaba que Alex Montoya Agüero, financista de Comunicore - gracias a Miguel Garro, ex funcionario de Relima que negoció pago de la deuda con la MML - estaba vinculado con el narcotráfico.

La investigación de Poder aporta un elemento central: un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS que va más allá en las operaciones de Mendoza Agüero.  Sus principales hallazgos son los siguientes:

1. MONTOYA AGUERO Y MIGUEL GARRO ERAN SOCIOS: Según Poder, ambos personajes se conocían desde el colegio, con caminos distintos: uno se dedicaba al cambio de dólares, mientras que el otro pasó a ser gerente de Relima, la empresa que presta el servicio de recojo de basura a la MML.  Pero existía una conexión entre ambos: desde 2004, Montoya era el financista de las empresas de Garro, quien también comenzó a comprar una serie de bienes inmuebles en zonas residenciales de Lima.

Si bien Montoya era, en realidad, el financista, aparecía como empleado de Garro. Por ello es que figuraba como gerente, presidente o apoderado de dichas empresas.

2. LAS CONEXIONES DE LAS EMPRESAS DEL CLAN MONTOYA-GARRO CON LA GENTE DE CASTAÑEDA: El informe de la UIF ubica que, entre 2007 y 2009, Carlos Chávez Málaga, un funcionario de confianza de Castañeda desde sus épocas en el seguro social, fue asesor de CSI Perú Logística S.A., empresa de Garro. Chávez renunció a su cargo cuando estalló el escándalo de Comunicore.

Como si fuera poco, CSI Perú Logística tuvo como apoderado a Guillermo Palacios Dodero, abogado que intervino en el cambio societario en Comunicore y quien también le habría dado asesoría legal a la Municipalidad de Lima. Según UIF, el estudio de Palacios Dodero cobró 916,000 nuevos soles en contratos con la MML y, a la par, era directivo en las empresas del clan Montoya-Garro. El abogado reconoció que Montoya “manejaba la parte administrativa de las empresas de Garro”.

No son los únicos. Como bien señala, en su columna de hoy, Rosa María Palacios:

Entre la multiplicación de empresas y negocios aparecen nombres interesantes como el del hoy prófugo Martín Belaunde Lossio o el de los hijos de Luis Nava, secretario del presidente García. Los nombres de algunas de estas empresas parecen sacados del inconsciente de los personajes: ¡una se llama Pronto Wash! ¿Y a quién pertenece? A los parientes de Castañeda, los Belaunde Lossio y su cuñado José Pinillos Broggi (también director de Comunicore)

Como sabemos, Martín Belaúnde Lossio está prófugo de la justicia por sus vínculos en el caso Orellana, en el que también se conecta Solidaridad Nacional, gracias a la alianza que tuvieron con César Álvarez y que tuvo como resultado contar con Heriberto Benítez en filas solidarias hasta hace pocos meses. Como bien recuerdan en el Utero de Marita:

En esta investigación de Daniel Yovera –de hace cuatro años– se revelan sus nexos con Miguel Garro (el dueño de Comunicore y gerente de Relima). En resumen, dice lo siguiente:

  • Por lo menos hasta ese momento, Miguel Garro fue socio –en tres empresas– de Arturo Belaúnde, primo político de Castañeda y papá de Martín.
  • Según Henry Brachowicz, ex gerente general de Comunicore, Garro apoyó económicamente a Humala a través de Arturo Belaunde.
  • Martín Belaunde alquiló un inmueble donde funcionaba un diario de su propiedad. Sin embargo, está registrado a nombre de Garro. Además, fue el local donde tres pobladores de Comas firmaron “papeles en blanco y de esa manera ‘cambiaron’ el directorio de la empresa”.

A esta buena relación podemos agregarle que el Presidente Regional de Pasco, que se encuentra detenido por actos de corrupción, buscaba la reelección por Solidaridad.

3. EL “NEGOCIO PERSONAL CON COMUNICORE” Y EL DATO DE DENTRO: El dato más fuerte es proporcionado por Odilón Gaspar, gerente brasileño de Relima. En su declaración, confesó que él y Garro organizaron la operación de pago, pero con la información proporcionada por Juan Blest, gerente financiero de la MML y que, como ya hemos mencionado, es una persona de total confianza de Castañeda. El dato clave era que la Municipalidad estaba dispuesta a pagar todo en una sola armada. “Entonces vimos la oportunidad de un negocio personal”, indicó Gaspar Amado.

Curiosamente, la gente de Solidaridad Nacional intentó, en 2010, hacer aparecer la declaración de Gaspar Amado como una suerte de exculpación de Castañeda. Omitían, claro está, el hecho que la información proporcionada por Blest era la clave para la formación de la empresa. Y también que, como ha encontrado DTP, Juan Blest fue militante de Solidaridad Nacional entre 2004 y 2010.

Peor aún, como encontró Yovera hace algunos años, sí hubo pagos a los gerentes de Relima

Perú.21 cuenta con documentos que acreditan que uno de los primeros beneficiados fue el brasileño Odilón Gaspar Amado Jr., quien fuera en esa época gerente general de Relima. El 11 de abril, el presidente del directorio de Comunicore, Rafael Ruiz Contreras, dispuso que el Banco de Crédito le transfiera a Gaspar US$100,000 a su cuenta del Citibank, en Estados Unidos. El total en soles, al tipo de cambio de la época (S/.3,46 soles por dólar), Gaspar recibió S/.346,000.

Pero no fue el único brasileño beneficiado. El 2 y 17 de marzo de ese año, Comunicore ya había hecho dos transferencias, vía Banco Continental, a la cuenta de Maurilio Da Motta Filho en el Citibank de New York, por US$20,000 y US$40,000, respectivamente. Luego, el 11 de abril, esta vez vía Banco de Crédito, la empresa le transfirió a la misma cuenta US$25,000 más. En total, US$85,000. En moneda nacional, S/.294,100.

El otro gerente de Relima beneficiado con estos pagos fue Garro. Su empresa, Corporación MGB, recibió, por lo menos en dos ocasiones, pagos por S/.155,250 (10 de enero) y US$20,000 (16 de enero), en soles S/.224,450.

Es decir, entre los tres gerentes de Relima –hasta donde Perú.21 ha documentado– obtuvieron S/.846,450 por pagos personales. Si el acuerdo era entre Comunicore y Relima, ¿por qué sus gerentes recibieron parte del dinero de la deuda en sus cuentas personales? ¿Los directivos actuales de esta firma sabían esto?

Para completar el círculo, Odilón Gaspar reconoció conocer a Montoya y haberlo visto en la sede de Relima. El propio Garro reconoció que los directivos de Comunicore fueron puestos por Montoya.

Según el Catastro Nacional de Peritos de Brasil, Odilón Gaspar es ingeniero químico de profesión, especializado en temas ambientales y vive actualmente en Sao Paulo.

4. EL INFORME QUE NUNCA ENTRÓ AL EXPEDIENTE:

Como bien indica Poder:

La investigación de PODER incide en un tema fundamental: ¿Por qué el informe de la UIF que revela a Álex Montoya como el “cerebro” detrás de Comunicore no fue incluido por el Ministerio Público en la resolución fiscal de octubre de 2012, cuando se buscaba incorporar al narcotraficante en el mismo proceso que se le seguía a Castañeda? En la carpeta fiscal del caso no hay ni siquiera un leve rastro del informe de la UIF, que sin embargo había sido oportunamente enviado a las oficinas de las fiscalías de Crimen Organizado que investigaban a Montoya. Significativamente, el fiscal a cargo de la coordinación de las fiscalías, Mateo Castañeda Segovia, renunció tiempo después al Ministerio Público y volvió a la actividad privada como abogado, figurando nada menos que Luis Castañeda Lossio entre sus principales clientes. Y nada menos que como su defensor en el caso Comunicore.

Un modus operandi común. Carlos Mesía, miembro del TC que sacó a Castañeda del caso Comunicore, es hoy el abogado de Carlos Burgos, alcalde de San Juan de Lurigancho que buscará quedarse en carrera electoral mediante un amparo.

Demasiados indicios como para que en Solidaridad Nacional opten por la mudez.

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Luis Castañeda Lossio está en serios problemas. Una postulante de su propia lista sí pudo diferenciar, en su hoja de vida, las universidades en las que obtuvo el grado de bachiller y el título profesional, cuestión que cancela su coartada para defender su falta a la verdad en este documento. Siendo consecuente con sus precedentes, la autoridad electoral debería sacar al candidato de Solidaridad Nacional de la contienda.

Una posible salida del cómodo puntero en las encuestas abriría un nuevo juego en la elección municipal. Para empezar, Patricia Juárez, quien reemplazaría a Castañeda, no tiene el mismo arrastre que el líder de su agrupación personalista. A ello se suma el duro golpe del retiro de Carlos Burgos, que repercute directamente tanto en el distrito más grande del país como en la elección limeña.

En segundo lugar, la campaña podría concentrarse más en propuestas. Quienes pueden aprovechar son Villarán y Cornejo, que cuenta con los mejores planes de gobierno. Pierden Heresi y Zea, cuyas propuestas se condensan en pocas páginas y no han sido aclaradas en sus presentaciones en medios. Sin embargo, ni la actual alcaldesa ni el postulante aprista podrían darse como ganadores. Ambos arrastran un fuerte antivoto cuya disminución deberían trabajar en ese escenario.

Finalmente, la disputa se centraría en el voto popular pragmático que, por default y sin entusiasmo, se ha inclinado por Castañeda. Queda por ver quién de los cuatro candidatos mencionados (o alguno de los tres candidatos afines al fujimorismo) aprovecharía dicho espacio vacío.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 24.08.2014)

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Por segunda vez en el año - y en lo que va de este gobierno - tenemos un gabinete en suspenso. No ha conseguido los votos para su investidura, pero tampoco ha merecido el rechazo de la cuestión de confianza que solicitó Ana Jara ayer por la mañana. Rara situación desde el punto de vista constitucional - que, en principio, no prevé esta situación de limbo - pero que puede explicarse desde el punto de vista político.

¿El problema está en Ana Jara? En principio, no. La presidenta del Consejo de Ministros ha hecho lo que el manual señala en estos casos: aminorar la tensión política, hablar con la oposición en sendas reuniones, dar mensajes de consenso y, a la vez, de coherencia con el gabinete.  De hecho, muchos le decían a Jara ayer en el debate: “no eres tu, es el gobierno que representas”.

¿El problema está en el discurso? En parte. Como bien señala Rosa María Palacios, la virtud y el defecto, a la vez, del mensaje presentado ayer ante el Congreso es que estaba bien alineado con lo dicho por Ollanta Humala el 28 de julio. Así, se expresaban claramente las prioridades del gobierno (reformas en salud y educación, cuestiones de seguridad ciudadana, atracción de inversiones), pero también los vacíos del discurso gubernamental (medio ambiente, pueblos indígenas, derechos humanos, AFPs).  Jara sí cometió un error al decir que el tema de las pensiones para independientes dependía solo del Congreso y al solo hacer referencias salariales al hablar de la huelga médica.

¿Qué otras cuestiones han pesado? El consenso en todas las bancadas estuvo en un nombre: Eleodoro Mayorga. Los correos hackeados a René Cornejo, donde se mostró el problema del ministro de Energía y Minas en comprender los límites entre la política pública y el cabildeo a la empresa privada, así como sus tensiones con otros miembros del gabinete, han dañado definitivamente la confianza en el exconsultor en materia de hidrocarburos.

Al escuchar a los congresistas de oposición esta mañana, me quedaba claro que podrían transar en la permanencia de Castilla - cuestionado directamente por el PPC debido al bache económico - y de Urresti - cuestionado tanto por los temas de DDHH como por su efectismo -, pero que la salida de Mayorga era un consenso para dar el voto de confianza. Veremos si es que Jara puede ofrecer esta cabeza.

¿Es el fin del mundo? No. Es normal, en cualquier país con una democracia estable, que exista este juego de pesos y contrapesos entre gobierno y oposición, sobre todo cuando el gobierno no tiene mayoría. Tan es así que, en la mayoría de los países de los que proviene la mayor cantidad de inversión privada al país - salvo China, dictadura de partido único - estas tensiones se producen y aún con mayor intensidad. Veremos como se resuelve esta nueva crisis ministerial.

(Foto: El Comercio)

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Ayer comentamos, brevemente, la nueva propuesta de Luis Castañeda Lossio: un monorriel que circularía por las avenidas Universitaria, Del Ejército y Angamos. Aquí el video con la iniciativa:

La propuesta de Castañeda responde a una estrategia de campaña: no estoy enfermo y presento “obras de impacto” que voy a hacer. Hasta allí, todo dentro de lo que es un esquema donde la prensa y las presentaciones públicas en grandes escenarios van a quedar de lado.

Pero la presentación, en particular, del proyecto del Monorriel, tiene tantas fallas que tres diarios de distintas tendencias - y algunos blogs - las han hecho notar.

1. NO ESTA EN EL PLAN DE GOBIERNO: La semana pasada, este blog comentó el Plan de Gobierno de Castañeda. Documento que no tiene las obras de impacto de las que se jacta la gente de Solidaridad Nacional, ni resultados concretos que ofrecerle a la ciudadanía. Como podrán imaginar, el tema del Monorriel no está y la jugada resulta clara: ofrecer una obra “sacada de la manga” para tapar este flanco abierto que sus rivales pueden aprovechar.

2. SE TRATA DE UN PROYECTO DE COMPETENCIA DEL MTC: En ello han coincidido los exministros Carlos Paredes y Enrique Cornejo - este último, candidato aprista a la alcaldía de Lima -. El tema del Metro es potestad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, por tanto, la decisión sobre la vía y el tipo de vagones a realizar está en cancha del gobierno central.

3. CASTAÑEDA RECHAZÓ TENER LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL TREN ELÉCTRICO EN LA MML: Como comenta Daniel Yovera hoy en Diario 16:

Enrique Cornejo recordó, por su parte, que en sus tiempos como alcalde,  Castañeda Lossio  no creía en el tren.

“En ese momento Castañeda no creía en los trenes, consideraba que su prioridad era hacer algunos viaductos”, dijo.

También se refirió a un hecho poco comentado: en el año 2009, la gestión de Castañeda le devolvió al gobierno central la responsabilidad del Tren Eléctrico debido a que le era imposible ejecutarlo. Según Cornejo, el entonces alcalde “no hacía nada”.

“Cuando la Línea 1 se hizo, cuando yo era ministro de Transportes, regresamos al ámbito nacional el tren por dos razones: primero, porque la gestión de Castañeda no hacía nada con el tren. Él y el entonces premier Jorge del Castillo firmaron la devolución de las funciones porque era nuestro segundo gobierno y queríamos terminarlo. Y lo pasamos porque en el municipio no iba a funcionar”, señaló.

4. EL PROYECTO NO ES PROPIO: El Comercio señala que:

Sin embargo, el monorriel que propone tiene una ruta similar a la proyectada para la línea 6 del metro de Lima, un monorriel que busca conectar los distritos de Independencia y Santiago de Surco.

Dicho proyecto –que está en la página web de Pro Inversión desde octubre del 2013–, tiene dos tramos: el primero de unos 16 kilómetros, formado por un corredor exclusivo desde la estación Naranjal del Metropolitano hasta la avenida La Marina, y el segundo de casi 15 km de longitud entre las avenidas Bertolotto y Primavera.

Para el especialista en infraestructura vial Miguel Ángel Torres, el planteamiento de Castañeda se contrapone con el de la línea 6. Por su parte, el presidente ejecutivo en Ferrocarril Central Andino, Juan de Dios Olaechea, indicó que no pueden haber dos transportes masivos por el mismo lugar.

Tan es así que la flamante vocera de transportes de Solidaridad, Fanny Eto, tuvo la siguiente respuesta a Exitosa:

Cuando se le volvió a preguntar el por qué Cas­tañeda Lossio apeló a una propuesta que ya había sido anunciada por el ex­ministro Carlos Paredes, Eto aceptó a su manera el error, con una respuesta de antología: “La verdad, no es innovar. Los sistemas exis­ten, y en la medida que se implementen, mejor; el de­sarrollo es para la ciudad. Si otros no se atreven es por­que no tienen la experien­cia, ¿no?”. Sin comentarios.

5. ¿COMO LLEGO EL PROYECTO DONDE CASTAÑEDA? Volvamos a la señora Eto. Como registró la experta en transporte y movilidad Cynthia Yamamoto:

sabemos que no están pecando de ingenuos los Solidarios al ofrecernos un monorriel, más aún cuando está dentro de los planes del MTC, entidad competente en transporte urbano sobre rieles, con el mismo trazado y todo, de acuerdo a la información que tiene su asesora en transporte, en función a su trabajo en la empresa consultora que realizó el estudio para el MTC.

En efecto, Eto ha trabajado para Nippon Koei, la empresa que hizo la consultoría para el MTC sobre el tema de la Línea 6 del Metro de Lima.

6. EL MONORRIEL CONVIVIRÁ CON LAS COMBIS: Como bien indica Ben Solis, fijándose en esta entrevista de Fanny Eto en Canal N:

La asesora en transporte de Castañeda dice que “EVALUARÁN” continuar con el ‪#‎CorredorAzul‬ (adiós Reforma, minuto 1:58), que las combis CONTINUARÁN -por Ordenanza de esta gestión ya no entran más y se están chatarreando- (minuto 5:05) y no tiene idea cómo financiaría su propuesta (5:40).

¿Obras y resultados? Más bien, parece que Castañeda juega a lo que mejor sabe hacer: improvisar.

(Caricatura: Andrés Edery para El Comercio)

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