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En sus últimas dos columnas - Los amigos que perdí y El factor institucional - Augusto Álvarez Rodrich ensaya dos conjuntos de posibles explicaciones a las razones de la debilidad del Partido Nacionalista Peruano.

Como señala AAR, existe un grupo de factores vinculados específicamente a la actuación de los actores al interior del PNP. Aquí se encontraría el desfase entre La Gran Transformación y la Hoja de Ruta, generado tanto por un presidente que no explicó las razones de su viraje ni persuadió a sus congresistas de ello como por actores que consideraban que el viraje solo implicaba “un alto en el camino”; sumado a un liderazgo partidario proclive a imponer las órdenes sin dudas ni murmuraciones y que considera, además, que el triunfo electoral de 2011 se debe exclusivamente a él.

Estos factores, sin duda, explican esta situación, pero añadiría otros. Para comenzar, un presidente cuya confianza no va más allá de su dormitorio conyugal y que considera a sus congresistas y ministros como bienes fungibles que pueden ser desechados una vez que “no le sirven”. Eso hizo con sus aliados de izquierda - algunos de los cuales pensaban que podían manejar la línea ideológica (de un gobernante que no tiene una idea propia) - como con diversos funcionarios que han merecido maltratos de un jefe poco proclive a dar las gracias por los servicios prestados a la Nación a quienes dejan de merecer su favor.

En segundo lugar, porque el Partido Nacionalista siempre ha sido visto como una empresa familiar. No solo porque Nadine Heredia es la presidenta de la agrupación, sino también, desde el inicio de su vida política, es el núcleo cercano a la esposa del Presidente de la República quien tiene mayor peso y decisión dentro de la agrupación. Ello explica porque la singular familia Humala - con la excepción de Alexis - está fuera del PNP, así como las recientes declaraciones sobre “fundadores” y “recién llegados” expresadas por el congresista Santiago Gastañadui, pariente político de la señora Heredia.

En tercer lugar, porque el nacionalismo como doctrina constituye una entelequia. Con la notable excepción de Sergio Tejada quien, en un libro editado por el Fondo Editorial PUCP, ha intentado dar un sustento histórico e ideológico al nacionalismo como idea presente en la política peruana, no existe dentro de la agrupación una definición respecto de las ideas que la marcan. El Presidente de la República constantemente alude a que “no es de izquierda ni de derecha, sino de abajo”. Y casi nadie dentro de la bancada puede emitir una idea coherente respecto de las ideas centrales de su agrupación, solo acostumbran a repetir las consignas que se dan en Palacio de Gobierno.

Finalmente, dentro de este conjunto de explicaciones, está el hecho que no existe vida partidaria. Más allá de las reuniones del grupo parlamentario - y las esporádicas que tienen con el presidente - y la presencia de portátiles en algunas manifestaciones progobiernistas, no existen comités activos siquiera en Lima. Ni siquiera el local central de la agrupación está abierto siquiera un día a la semana. La distancia entre las bases y la dirigencia es bastante apreciable.

Un segundo grupo de condicionantes se vinculan con aspectos más institucionales. Como han señalado tanto Alvarez Rodrich como Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, los partidos políticos peruanos tienden a ser agrupaciones donde el vínculo principal se forja a partir de un líder que tiene serias opciones de llegar a la Presidencia de la República, quien maneja un liderazgo vertical con los demás estamentos de la agrupación. Los casos de Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo se agruparían en esta vertiente.

De hecho, hace algunos años, Alberto Vergara escribió un artículo sobre problemas similares en el APRA. Si bien los comités distritales y centrales funcionaban, la juventud era escasa - o circunscrita a los hijos de militantes - y la distancia entre las bases y los dirigentes era aguda. La ideología aprista era entendida conforme Alan García interpretaba a las distintas versiones de un Haya de la Torre que fue variando en sus posiciones políticas considerando cómo apreciaba la coyuntura. Y la ausencia de un “numero dos” - y la presencia de muchos “números seís” (Luis Alberto Sánchez dixit) - es un rasgo consistente desde 1924. Como remata Vergara, tiene bien puesto el nombre: “aprista y peruano”.

Los demás partidos políticos parecen inclinarse, a su medida, en el modelo descrito por Mauricio Zavaleta: las coaliciones de independientes. Incluso el fujimorismo, que parece tener una identidad como agrupación, no dista de las prácticas de este tipo de agrupaciones, muy presentes en la política regional y local: ausencia de ideología, líder carismático, unión con miras a reducir los costos que implica ingresar en una campaña política, peso importante de los recursos económicos y de la logística electoral y alta rotación de los mandos medios.

De hecho, el nacionalismo se inscribe en esta vertiente. Y por ello es que algunos de sus congresistas dejarán este año la agrupación, debido a que consideran que sus opciones para obtener la reelección se reducen. El tema es que la tasa de reelección parlamentaria es bastante baja, sea para congresistas de trayectoria partidaria como para los nuevos. De hecho, una agrupación que tuvo tránsfugas de otros partidos, como Solidaridad Nacional, no consiguió que ellos pudieran entrar. Y partidos nuevos como Perú Más ya vienen reclutando a cuadros en provincias mediante alianzas con movimientos regionales.

Por ello, no sorprende que el nacionalismo no tenga opción alguna para el 2016, o que no haya participado en la elección subnacional de 2014, o que su único vehículo para obtener una representación parlamentaria decente pasa por la participación de Nadine Heredia encabezando la lista en Lima. Signo del desgaste del gobierno y, también, de un proyecto familiar que nunca quiso ser una agrupación institucionalizada. Como Perú Posible, una vez que los liderazgos carismáticos entren en declive, dejarán de tener peso importante en la política peruana, pese a tener a un expresidente en sus filas. Y eso es una mala noticia en un país que requiere, a gritos, consolidar sus agrupaciones políticas.

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La señora de la foto se llama Blanca Rosales Valencia. Ha pasado por varias redacciones - entre ellas, las de los diarios El Mundo y La República - y desde el inicio del gobierno está a cargo de la Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros.

¿Qué es lo que hace esta oficina? La OGCS es la encargada de delinear las políticas informativas del Poder Ejecutivo y de ver las líneas matrices de la publicidad de los Ministerios y la Presidencia de la República.

Se trata de una unidad bastante delicada y que, ojo, ya ha merecido cierta lupa en el pasado. Hace un año y medio, Francesca García contaba en Velaverde cuál era el peso político de Blanca Rosales:

Blanca Rosales, jefa de la Oficina General de Comunicación Social de Palacio de Gobierno, administra el presupuesto para publicidad, campañas masivas y estrategia de comunicación a través de los medios del Estado. “Es el puesto anhelado”, comentó una persona de Palacio, aludiendo a la gran cantidad de fondos destinados a ese fin. La influencia de Rosales –mujer de confianza desde la campaña electoral de Humala y Heredia– llega a la secretaría de prensa de Palacio de Gobierno, la agencia Andina, el diario oficial El Peruano y TVPerú. Málaga, señalan otras fuentes, decidió quedarse en el cargo luego de la anuencia de Rosales y le habría solicitado consejo cuando fue citada el 17 de abril al Congreso para responder sobre las transmisiones de Canal 7 de las actividades de la primera dama.

Rosales ha quedado como la mujer fuerte de las comunicaciones del Ejecutivo, luego de la salida de Eduardo Bruce, quien asesoraba a Juan Jiménez Mayor sobre estos temas en la PCM. Tanto Rosales como Bruce tenían ideas distintas sobre cómo enfocar los mensajes brindados desde Palacio de Gobierno y los ministerios.

Sin embargo, en las últimas semanas, la OGCS se ha puesto en el centro de las miradas públicas por diversos datos que han salido sobre sus funcionarios, reuniones palaciegas y hasta por sus propiedades. Aquí un recuento.

LAS REUNIONES CON LOS RIVERA IDROGO

En noviembre de 2014, Utero.pe señaló que Juan Carlos Rivera Idrogo “Chocherín” - amigo y socio de Martín Belaúnde, así como excolaborador en la campaña presidencial de 2011 - visitó Palacio de Gobierno 33 veces. Pero no iba precisamente a hablar con Ollanta y Nadine, sino a la OGCS. Varias de las reuniones fueron autorizadas por Rosales. El otro dato importante es que:

se puede observar que Rivera Ydrogo sostuvo varias reuniones con la asesora legal de la Oficina General de Comunicación Social, Claudia Sánchez. Con ella tuvo sus dos últimas visitas consecutivas registradas, el 12 y 13 de agosto del presente año.

Sánchez es el principal apoyo legal y administrativo de Rosales. La asesora legal nunca dio una explicación sobre las reuniones sostenidas con Rivera Idrogo. Sin embargo, fuentes de la OGCS brindaron este descargo a El Comercio:

Este Diario consultó fuentes del Ejecutivo sobre cuál era el motivo por el que Ydrogo acudía a esta oficina. Según dijeron –sin entrar en detalles–, él era el enlace entre algunas agencias de publicidad y el gobierno. “Venía a presentar sus ofertas de publicidad”, se señaló.

Sin embargo, otras fuentes señalaron que periódicamente Blanca Rosales convocaba a los jefes de comunicación de diversos ministerios y entidades del Estado para reunirse con Rivera Ydrogo y definir las estrategias de imagen de sus respectivas oficinas.

Rivera, quien fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Ollanta Humala, habría sido el principal vendedor de la empresa Central Media S.A.C. y entre sus clientes tenía al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado.

Rosales reconoció que Central Media S.A.C. es una de varias empresas de publicidad con las que contrata la Oficina de Comunicación Social del Gobierno.

Dado que se ha reconocido que Central Media es una de las empresas con las que se tuvo contratos con temas vinculados a comunicación estatal, la pregunta a dilucidar es si esto se debió a la cercanía de Rivera Idrogo con el entorno de la campaña electoral de 2011 o si compitió limpiamente. Dato adicional: Central Media también hizo la “Elaboración del Resumen Ejecutivo del Plan de Medios y detalles de la Pauta de Publicidad para la Difusión en los diversos Medios de Comunicación” para el Congreso de la República, durante la gestión de Víctor Isla. La recepción de la orden de pago fue firmada por Rivera Idrogo.

Pero no fue el único integrante de la familia Rivera Idrogo en visitar la referida oficina. El mismo blog, días más tarde, reveló que Julio César, hermano del expauteador de la campaña de Humala, también iba a Palacio:

El registro oficial de visitas arroja que durante sus visitas, el hermano de “Chocherín” se reunió con dos personas en particular: la asesora legal de la Oficina General de Comunicación Social, Claudia Sánchez; y la Analista de Publicidad y Medios No Tradicionales de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ana María Carreño.

Esta última, según su propia cuenta en LinkedIn, es encargada de “diseñar y programar los planes de medios de la OGCS en el marco del plan de estrategia de publicidad”. La OGCS es la Oficina General de Comunicación Social de la PCM, liderada por Blanca Rosales Valencia. En dos de las visitas de Julio César Rivera, en mayo y julio de 2013, se consigna como motivo de la visita “dejar documento para Ana María Carreño”.

Pero el punto clave en esta historia es la institución a la que representaba Julio César Rivera Idrogo en sus visitas a la Oficina General de Comunicación Social de Palacio. Según el reporte oficial, esta entidad era Imágenes y Comunicaciones S.A.C. Esta empresa de publicidad es nada menos que una de las financistas más importantes de la campaña de Ollanta Humala en el 2011 con un total de 83.100 nuevos soles.La empresa pertenece a la familia Rivera Idrogo. Esta familia aportó un total de 914,100 nuevos soles a la campaña del hoy presidente.

Según señaló la OGCS en su momento, todos los contratos vinculados a publicidad estatal serían auditados. De hecho, según pudo conocer este blog, los contratos con las empresas Central Media, Imágenes y Comunicaciones, la empresa editora del diario La Primera (hoy Diario Uno) entre otras compañías, se encuentran sujetos a una auditoría de la Contraloría General de la República para tres temas: a) sustentar los gastos realizados; b) identificar los servicios encargados a estas entidades y c) si la distribución de gastos de publicidad en el Estado se adecúan a las normas establecidas.

LA OGCS Y LA PROMOCION DE ILAN HEREDIA

También ha llamado la atención que dos compañeros de promoción de colegio del cuñado del Presidente de la República trabajan en la Oficina General de Comunicación Social. Como cuenta Danae Rivadeneyra:

De acuerdo a las nóminas de consultores de PCM, los dos amigos del Primer Cuñado trabajan en la PCM desde el 2011. Augusto Mansilla Díaz es analista de publicidad y medios no tradicionales, y Eric Mc Farlane como coordinador en publicidad y medios no tradicionales con un sueldo de 8 500 soles.

Según el perfil de Linkedin de Eric Mc Farlane, él es Jefe del área de publicidad de la PCM, y ha trabajado las campañas de lucha contra la minería ilegal, gas barato para todos, qaliwarma, y otros programas sociales.

Por otro lado,  Augusto Mansilla Díaz figura como aportante de la campaña de Ollanta Humala del 2006, al igual que Ilan.

Ambos personajes aparecen en una reunión social organizada por Juan Carlos Rivera Idrogo y a la que también acudió Nadine Heredia.

UNA REVELADORA FIESTA INFANTIL

Hace algunos meses se conoció que Rodrigo Arosemena, el primer gerente de Antalsis y presidente de la empresa de asesoría de imagen Porter Novelli, había acudido varias veces a la OGCS para hablar de un tema bastante raro para un funcionario de ese corte: un show infantil brindado en Navidad de 2012 en Palacio de Gobierno.

Esta semana, Rivadeneyra pudo encontrar el hilo de la madeja:

Esta es la explicación: Farah Gadea es una animadora infantil reconocida por haber trabajado con los muñecos más solicitados de Disney. Ella fue contratada por una productora para que dé un show por Navidad en Palacio de gobierno. La empresa que contrató el show fue Garwich BBDO, según nos informó la gente de Farah Gadea.

Garwich BBDO es una empresa top de publicidad y su gerente general es Mónica Gálvez. Aquí es donde aparece Rodrigo Arosemena. En una entrevista difundida por La República, Gálvez cuenta que llegó a Garwich gracias a la intermediación del señor Arosemena.

“Llegué a Garwich BBDO a través de Rodrigo Arosemena, un amigo que tenemos en común Eduardo Witchel (Presidente de la agencia) y yo, a quien Eduardo le había comentado los planes que tenía para Garwich BBDO y nos presentó(…)”

Garwich BBDO es una de las agencias de publicidad pertenecientes a la transnacional Omnicom Group. Otra empresa del mismo grupo es la agencia de relaciones públicas Porter Novelli. ¿Y quién es el presidente de la filial peruana de Porter Novelli? El palaciego señor Arosemena.

Buscamos un poco más y encontramos que Garwich BBDO también ha sido proveedor del Estado.Por ejemplo, se le encargó el “Desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones del Poder Ejecutivo”, específicamente, en la organización, creación, producción, organización y realización de la campaña ‘Vuelve a sonreír’”. Por este servicio se le pagó s/. 204 255 00.

¿Quién contrató a Garwich BBDO? Nada menos que la oficina de Comunicaciones de la PCM, representada por su jefa de comunicaciones,Blanca Rosales. Recordarán que, como se reveló en este blog, Rosales era la persona que “Chocherín” más visitaba cada vez que iba a Palacio de Gobierno.

LA NUEVA CASA DE BLANCA ROSALES

Finalmente, hoy Hildebrandt en sus Trece revela que la jefa de la OGCS, Blanca Rosales, es la flamante propietaria de un departamento en San Isidro. Rosales posee otros dos bienes: una casa en Surco y un departamento en San Miguel.

El informe del periodista Eloy Marchán hace varias preguntas respecto de la forma de pago del inmueble recién adquirido, así como de la amortización de una hipoteca recaída en su vivienda en Surco. Hasta el momento, ni PCM ni Rosales han dado algún comentario vinculado a esta adquisición inmobiliaria.

COLOFON

Todos estos indicios implican que, dentro de la investigación que se haga sobre el caso Belaúnde Lossio, se pueda analizar esta información. Además, se requiere que una oficina cuyo trabajo principal es las comunicaciones del Poder Ejecutivo y la publicidad estatal sea mucho más transparente en la información que pueda brindar hacia el público en general respecto de varios temas. Y, por supuesto, que sus funcionarios expliquen el origen y manejo de su patrimonio, dado que nuestros impuestos solventan sus salarios. Esta es una línea de investigación en la que se seguirá incidiendo en los siguientes meses.

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Hoy Luis Castañeda Lossio reapareció ante cámaras, en una de las puertas del túnel Santa Rosa, que conectará el Rímac con San Juan de Lurigancho. Y allí hizo el siguiente anuncio (vía El Comercio):

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ratificó que los túnelesSanta Rosa y San Martín, que unirán el Rímac y San Juan de Lurigancho (SJL), estarán listos en diciembre de este año.

Castañeda Lossio supervisó esta mañana los avances en las obras en la boca del túnel Santa Rosa, en SJL. Sin embargo, consultado por si los trabajos están igual que hace cuatro años o si se ha avanzado durante la gestión de Susana Villarán, manifestó: “Por lo menos que sea notorio o manifiesto, me da la impresión que no. Pero lo importante es que no lloremos sobre leche derramada”.

Dicha declaración tuvo la casi inmediata respuesta de Susana Villarán en Facebook:

¿Qué ha pasado con el bendito túnel? Comenzó su construcción en 2011, pero luego ocurrió lo que aparece en esta ilustración tuiteada hace algunas semanas por el entonces regidor del PPC Alberto Valenzuela:

En este video de Canal N, donde aparece Valenzuela, se hace la explicación de lo ocurrido con la obra, las razones del retraso de la obra - básicamente, un nuevo expediente técnico, debido a que el documento elaborado durante la gestión Castañeda tenía serias fallas - y las labores que se venían realizando. El video, ojo, es de inicio de diciembre de 2014.

Es decir, un mes después que ya se ven avances en las obras y cinco meses de su reinicio formal, Castañeda arma una presentación pública donde habla del reinicio del túnel que se paralizó porque su expediente técnico era un mamarracho. Peor aún, lo anuncia para diciembre de este año, cuando, como señalaron la exalcaldesa y el exregidor Valenzuela por separado, el túnel estará listo realmente a inicios de 2016. Todo por mostrar “resultados rápidos” de su gestión.

Vuelven las obras.

(Foto de Castañeda: Municipalidad Metropolitana de Lima)

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Durante los últimos dos meses, en reuniones donde están presentes políticos y/o periodistas, cada vez que se hablan de los posibles candidatos hacia las elecciones presidenciales de 2016, ha comenzado a salir un nombre poco conocido pero recurrente: Julio Guzmán.

La primera vez que su nombre apareció en medios fue a partir de un tuit de Gastón Acurio que presentaba un video de su presentación en CADE 2014. En ese momento, comentó Pedro Tenorio:

Ante una suspicacia nuestra respecto a si se trataba de “su” candidato, el popular chef agregó: “No necesariamente. Me pareció interesante lo que me enviaron. Sé que hay otros candidatos que aparecerán próximamente”.

Como se ve, Gastón no niega ni confirma -¡ya aprendió el muchachón!-, pero queda la idea de un gallito de tapada -el tan esperado”outsider” de muchos- lanzado para romper la monotonía García-Keiko-PPK de la próxima elección, lo que no tiene nada de malo. Estaremos atentos a los siguientes ingredientes de esta receta.

El video de Guzmán (pueden verlo aquí) se concentra en temas como eliminación de trabas burocráticas para la inversión, pero con un perfil que termina estando al medio de las posiciones más extremas en torno a la regulación y al rol del Estado en la economía. Eso sí, resulta bastante técnico. Y quizás ello tenga que ver con su perfil profesional: bachiller en economía por la PUCP, doctor en políticas públicas por la Universidad de Maryland, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también con experiencia en el sector público - exviceministro de PYME e Industria  y exsecretario general de la PCM en este gobierno -. En el último tiempo lideró el área de sector público de Deloitte, una firma que brinda servicios de auditoría y consultoría.

Dicho perfil se confirma con una entrevista que brindó al portal de noticias de la PUCP, Punto Edu, vinculada a los problemas que tienen las pequeñas empresas para aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Y las ambiciones de Guzmán por postular a la Presidencia de la República son conocidas. En medio de una Navidad marcada por las protestas y debates sobre la Ley Laboral Juvenil, Fernando Vivas soltó el dato que se comentaba en varios círculos:

¿cómo lanzarte de candidato no tradicional si no estás inscrito en el JNE ni tienes la infraestructura de un partido tradicional para conseguir el millón de firmas que te valide? La solución es buscar un socio, un vientre, un partido joven ya inscrito y sin mala imagen. Al parecer este sería Todos por el Perú, partido fundado por Drago Kisic, que actualmente no tiene congresistas pero mantuvo su inscripción al ir en el 2011 en la alianza de Luis Castañeda.

Todos Por el Perú es básicamente un partido de cuadros técnicos - algunos de ellos vinculados a Macroconsult, conocida empresa que realiza consultoría en temas económicos - que ha sobrevivido en alianzas con el PPC (2001), Acción Popular (2006) y Solidaridad Nacional (2011).  Entre sus nombres mas conocidos están Kisic, Raúl Salazar (exjefe de plan de gobierno del FREDEMO) y Elmer Cuba (economista y columnista en La República).

Visto el perfil del partido y del posible candidato, hay congruencia entre uno y otro. Pero, para su éxito, veo tres problemas.

1. El “síndrome del presidente gerente o tecnócrata”. Creer a pie juntillas que el éxito empresarial, gerencial o técnico se puede derivar a la polìtica implica, a mi modo de ver, tener la mira algo estrecha. Sin duda, es necesario impulsar la competitividad del paìs para mantener el crecimiento económico que tenemos y que el mismo pueda ser percibido en los bolsillos y servicios de más peruanos. El problema es cuando el discurso se reduce a ello. Hasta ahora tanto Guzmán como los principales voceros de Todos Por el Perú apuntan sus miras al problema económico. El problema está en que se requieren reformas institucionales y en sectores clave - educación, salud, justicia, seguridad ciudadana - para poder sostener lo avanzado en estos años. Y sobre ello hasta ahora no tenemos un discurso de parte de este sector.

2. La ubicación política: Dada la orientación económica, difícil que Guzmán pueda ser colocado en el espacio que va del centro hacia la izquierda. Y del centro hacia la derecha el espacio está copado (APRA, Fuerza Popular, Perú Más, Solidaridad Nacional, Orden, PPC, por solo mencionar algunos nombres). Peor aún cuando ya tienes un candidato jugando a la mezcla de técnico y político (PPK) con relativo éxito. Y como ya se ha mencionado en el caso de Ku­czynski, va a tener serios problemas para armar un discurso que vaya más allá del sesgo económico y que, además, se dirija hacia los sectores populares y quienes se vean perjudi­cados con la desaceleración económica. ¿Guzmán y Todos Por el Perú podrán apostar por ese voto de centro que, ante el declive de Toledo, ha quedado huérfano de “candidato natural”?

3. Los límites de la tecnocracia: Precisamente este gobierno nos ha hecho caer en cuenta en los límites de tener un gobierno con pocos políticos y muchos tecnócratas: poca capacidad y predisposición a negociar reformas, discurso solo para los ya convencidos, poco timing en la implementación de políticas. Con ello no quiero decir que la tecnocracia sea innecesaria - de hecho, es indispensable contar con buenos cuadros técnicos -, pero aún distamos de tener lo que en otros lados se llaman “tecnopols“, es decir, tecnócratas con habilidad política.

La gran interrogante es si Guzmán, que viene sosteniendo reuniones con actores de diverso tipo, podrá superar estas dudas.

(Foto: PUCP)

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Diez minutos antes de las 11 de la mañana, hora peruana, se conoció la noticia del día: la justicia boliviana ordenó la detención preventiva de Martín Belaúnde Lossio en las instalaciones de la Comisión Nacional de Refugio (CONARE), con sede en La Paz.

Según la información brindada por los diarios El Deber y La Razón, la decisión fue tomada esta mañana, debido al pedido de extradición presentado por el gobierno peruano respecto del investigado por su presunta participación en el caso La Centralita, así como posibles facilidades en contrataciones estatales conseguidas con gobiernos regionales.  La decisión fue tomada, según El Deber, previa consulta a la CONARE respecto de la situación actual de Belaúnde Lossio.

Más que un rechazo de la solicitud de refugio, la salida de la justicia boliviana parece arribar a una situación intermedia. Dado que no lo pueden poner en una cárcel, a Belaúnde Lossio lo mantienen en la oficina donde ha pedido refugio. Así, en la práctica, garantizan que no pueda fugar, pero tampoco dan una respuesta definitiva sobre su pedido. La gran interrogante es si esta situación resulta o no compatible con la legislación internacional sobre este estatus jurídico.  Atención expertos en Derecho Internacional, aquí tienen un buen caso de estudio.

Todo indica que Bolivia ha preferido razones de real politik en este tema. De un lado, ha acusado el golpe del desplante del presidente Ollanta Humala, quien no concurrirá mañana a la toma de mando por tercera vez de Evo Morales (irá Marisol Espinoza en su lugar). De otro lado, Bolivia ha presentado una demanda por límites marítimos con Chile y, en ese escenario, a la cancillería del país altiplánico le conviene mantener buenas relaciones con sus vecinos, sobre todo con una nación que puede tener una llave final respecto de su problema de salida al mar. Como se sabe, en caso Bolivia y Chile definan que dicha concesión pase por territorio que antes fue peruano, nuestro país tendrá que emitir una opinión al respecto.

Sobre la detención, de acuerdo con Canal N, Belaúnde Lossio le confirmó a la periodista Milagros Leiva que acatará la decisión de Bolivia. La frase que, según Leiva, utilizó el empresario fue: “el sistema pudo más”. Recién a las 3:13 p.m. (hora peruana), se confirmó que Belaúnde Lossio fue detenido en una casa en La Paz, ubicada en la zona de Bajo Llojeta.

Hace dos días había sido difundida una entrevista con el controvertido personaje en Día D. La sensación que dejó es la de tener un guión claro para ser refugiado. Se cuida. Y está amargo con Humala y Nadine. Lo de su condición de “socialista” (que debe ser el chiste del año) es parte de su estrategia para calzar en su nuevo estatus legal. Se vende como operador político. Finalmente, niega su participación en La Centralita, que es el caso que más años le podría traer si lo juzgan.

La detención preventiva del empresario peruano, con fines de extradición, pone de nuevo en la actualidad lo señalado por la semana pasada, en su página semanal en La República, por el periodista Ricardo Uceda:

Un proceso de extradición a Belaunde Lossio es una perspectiva factible ante la posibilidad de que Bolivia admita su refugio o permita que vaya a un tercer país. Si el expediente Antalsis no estuviera listo, el pedido deberá hacerse con el material contenido en el expediente La Centralita, a lo más añadiendo la resolución número cinco del fiscal Elmer Chirre, la cual presume la existencia de una organización criminal liderada por el prófugo. Es obvio que si el pedido de extradición presentara a Belaunde Lossio como protagonista de dos procesos abiertos en vez de solo uno, tendría mayor fuerza. Pero un caso Antalsis con bases débiles es un flaco favor a la justicia peruana.

El Ministerio Público tiene, en cambio, la oportunidad de construir un expediente robusto, con documentación probatoria, y confesiones abiertas o encubiertas de los participantes en los fraudes. Si el caso está bien armado podría añadirse al proceso de extradición, como se hizo con el proceso a Alberto Fujimori ante Chile a propósito de los diarios chicha. El fugitivo podría estar en Bolivia o Venezuela. Cierto es que demora más, pero es más seguro. En cuanto a Belaunde Lossio, tarde o temprano su destino será un penal del país, y muy probablemente durante un nuevo gobierno.

Veremos en que acaba el nuevo capítulo de este caso.

(Foto: Día D - El Comercio)

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Esta mañana, el Presidente de la República salió con el gabinete ministerial en pleno a emitir una declaración en la que negaba que el gobierno haya ordenado cualquier tipo de reglaje a miembros del gobierno y de la oposición.

Todo ello ocurre luego que, de un lado, Correo haya registrado un posible reglaje a miembros de la oposición y, de otro lado, el ampay hecho a un espía de la DINI cerca de la casa de la vicepresidenta Marisol Espinoza por parte de un miembro de su seguridad.

Ambas denuncias son bastante graves y deben ser analizadas a fondo. Y por ello, ninguna hipótesis puede ser descartada.

¿Qué abona a la posibilidad que sea el gobierno?

a) Que tenemos un presidente cuyo signo principal es la desconfianza. La única persona en la que confía realmente es la presidenta de su partido. Se ha ido aislando de a pocos y no se fía ni de su sombra.

b) El lenguaje flamigero de los últimos meses en contra de la oposición.

c) Es militar, los jefes de la DINI han sido de su promoción, su ministro del Interior - dedicado a labores de insulto antes que seguridad - también es del Ejército y no es precisamente candidato a Premio Nobel de la Paz (está acusado por asesinato).  Súmense las denuncias anteriores realizadas por Carlos Tapia, Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío.

d) Existe una gran distancia entre Marisol Espinoza y Palacio de Gobierno. Humala - y sobre todo, Heredia - le negaron postular a la Presidencia del Congreso. La vicepresidenta también ha marcado distancia de la línea del gobierno en determinados temas.

e) El incidente con el agente de la DINI se produjo en noviembre. En esas semanas, se tenían los mayores destapes del caso Belaúnde Lossio y no faltaron algunos termocéfalos que planteaban la vacancia presidencial y el adelanto de las elecciones, con Espinoza de presidenta en funciones.

f) Ana Jara reconoció la posibilidad que el reglaje pueda provenir de una “facción que hubiere hecho esto de manera paralela”

¿Qué abona a la posibilidad de que estemos ante espionaje privado?

a) Que anteriormente empresas privadas de seguridad - BTR y Andrick, por solo mencionar los ejemplos más conocidos - han utilizado también a personal en actividad para realizar sus actividades de espionaje industrial y político.

b) Que este modelo de “empresa privada dirigida por militares en retiro y con personal en actividad” resulte funcionar a varios actores políticos (y ello pueda explicar la variedad de clientes y posibles afectados). Hace varios meses, escribía Carlos Meléndez, a raíz del caso López Meneses:

La política se ha ‘tercerizado’ de un modo siniestro. No solo los políticos (gobernantes y opositores), también inversionistas y hasta periodistas cuentan con su ‘experto en seguridad’. Estos ‘consultores’ son remedos a pequeña escala del ex jefe del SIN. Sus organizaciones son una suerte de pymes del espionaje. Son emprendedores emergentes de la mafia dedicados a destruir a un competidor electoral o infiltrarse en un movimiento social. No conforman una estructura de poder paralelo porque hasta ahora no han sido centralizados bajo un mismo dominio. No están incrustados en el Estado (como el SIN) pero pululan alrededor de él. Su existencia fuera del control gubernamental (que aumenta la posibilidad de su empleo para intereses particulares y no para una “causa nacional”) grafica otra dimensión de la debilidad estatal: Su incapacidad para monopolizar este tipo de violencia evidencia el fracaso de la gestión Humala para poner orden en materia de seguridad e inteligencia, si acaso quedaban dudas.

A este último punto volveremos en un momento, porque es el más significativo. Sigamos.

c) A que, en el caso de Del Castillo y los demás asistentes a su oficina, la cosa parece apuntar a seguimiento industrial, sin que necesariamente se pueda descartar otra hipótesis. Como comenta Daniel Yovera:

Por cierto, es de admirar el conocimiento solvente que tienen los presuntos agentes de la DINI y de la DIRIN de quiénes los personajes que se mueven en el ambiente petrolero. Y eso que no se trata de los funcionarios más altos.

Por ejemplo, ¿cómo así sabían los policías que efectuaban el “reglaje” que a la reunión del 26 de mayo –a la misma que llegó el general Hidalgo– arribó el director de la empresa Southern Perú Copper Corporation? ¿Cómo es que reconocieron fácilmente al director de Gestión Social y al director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas?

Salvo, claro, que el seguimiento haya estado a cargo de agentes entrenados en el conocimiento de los hilos del negocio del petróleo en el país. ¿Lo eran?

Los problemas

El inicial: que cada quien adopta una hipótesis, antes que sobre los hechos arriba reseñados, sobre sus antipatías o simpatías frente al gobierno. De un lado, existen quienes quieren ver en Ollanta Humala a un delincuente de marca mayor, que se agazapó en el 2011 y que ahora muestra por fin la “garra autoritaria”. Del otro, quienes creen que estamos ante una oposición golpista, que está buscando vacar al Presidente de la República, sobre todo para olvidar sus propios anticuchos. Ni una ni otra visión de las cosas nos ayuda a tener claro este caso. Y siendo las preponderantes ante la opinión pública, los casos presentados en los últimos días corren el riesgo de quedar entrampados en ese juego político.

El segundo, el más importante: la pobre calidad del control democrático sobre temas de seguridad e inteligencia. El Perú carece de políticos especializados en estos temas - aquellos más pegados a las Fuerzas Armadas son más defensores de intereses gremiales o particulares -, la academia aún no ingresa a fondo a estas materias (salvo contadas excepciones) y, en general, en la sociedad se cree que esta tarea corresponde únicamente a militares.

Frente a servicios de inteligencia estatales que funcionan “como toda la vida” (léase, para el interés del gobierno de turno o del comandante general a cargo) y empresas de seguridad que espían a gusto del cliente, el derecho a la privacidad queda fuertemente golpeado y, además, tampoco se logra que las Fuerzas Armadas se supediten a un control civil compatible con un Estado democrático del siglo XX.

Más allá de la existencia de una comisión del Congreso sobre inteligencia (a la que se le da poca bola) no existen otras instancias que permitan cautelar, eficientemente, el manejo de los recursos que damos a este rubro. Ni tampoco existen instancias estatales que impidan el espionaje privado - sea político o empresarial - disfrazado de “servicios de seguridad”.

Así las cosas, en tanto no reforcemos dichos mecanismos de control y no tengamos - siquiera - una élite formada en temas de seguridad, seguiremos dejando el tema “solo a los militares”. Léase, en este despelote actual de acusaciones recurrentes sobre uso de servicios de inteligencia estatal con fines políticos o de empresas privadas que facturan espionaje al mejor postor.

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Cuatro marchas después, los jóvenes que han protestado contra la Ley Laboral Juvenil han conseguido un primer objetivo: la desaprobación pública de la norma, comprobada en la reciente encuesta de DATUM. La derogatoria, más temprano que tarde, se dará.

¿Por qué la norma generó tanto rechazo? Más allá de las imperfecciones de su contenido, se han ligado dos fenómenos. De un lado, una insatisfacción general con el Gobierno. El giro sin explicación, el menor crecimiento económico –que no solo se debe a Humala– estilo confrontacional y denuncias cada semana le pasaron la factura a Palacio. El oficialismo tuvo poco margen para explicar los beneficios de la ley.

De otro lado, cierto malestar con el modelo. Si bien nadie pretende regresar a épocas de desajuste macroeconómico, muchos confiaban en que los beneficios del crecimiento llegarían más rápido a todos. Quienes han protestado son los hijos de una clase media que se sacrificó con la promesa de un futuro mejor a través del ajuste y las nuevas reglas de mercado. Estos jóvenes, después de un cuarto de siglo del shock fujimorista, quieren una mejor calidad de su relación laboral y más plata en el bolsillo.

Sin embargo, la representación política del movimiento parece efímera. Quienes marchan no confían en el APRA ni en el fujimorismo, partidos vistos como oportunistas. La izquierda se subió a la ola de la protesta, pero difícilmente capte a muchos con sus propuestas. Y no han surgido liderazgos visibles nuevos en estas protestas. ¿Quién podrá captar este malestar?

(Columna publicada en Exitosa Diario el 18.01.2015)

(PD: La encuesta de Ipsos Perú aparecida hoy confirma las cifras de Datum: 71% desaprueba la norma)

(Foto: La República)

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Esta mañana, vía Twitter, el señor Daniel Urresti quiso evadir los evidentes cuestionamientos sobre la contratación de su hija vía contrato CAS en la Presidencia del Consejo de Ministros con los siguientes tuits:

Dichos tuits aluden, básicamente, a la denuncia que este blog hizo hace 7 años, cuando descubrimos que RBC había obtenido contratos estatales por publicidad luego de años de vacas flacas, al mismo tiempo que el señor Miguel del Castillo, hijo del expresidente del Consejo de Ministros, era funcionario de dicha televisora.

Cuando hicimos la denuncia correspondiente, los entonces funcionarios de RBC ni de la Presidencia del Consejo de Ministros no pudieron contestar claramente la denuncia básica. Peor aún cuando arguyeron que el canal no se sometía a la medición de rating que los demás sí. La audiencia es uno de los criterios por los cuales se determinan los montos que le toca a cada medio por este concepto.

Y la denuncia se complicó más cuando comenzaron a surgir versiones encontradas sobre la posible compra del canal. Como reseñó en su momento Marco Sifuentes:

El Premier le dijo a Hildebrandt que nada que ver, pero Miguel me dijo que tenía la opción de compra de un paquete de acciones. Su partner, Luis Alfonso Morey, le dijo a Godoy que él también iba a participar en la operación. Luego, cambiaron de versión y juraban estar buscando apoyo de inversionistas extranjeros. Finalmente, borondongo le pegó a bernabé. La cosa sigue sin esclarecerse y continúan los rumores de que esas acciones ya habían sido compradas.

Tal fue el escándalo que el mismo Jorge del Castillo fue citado al Congreso para que diera las explicaciones del caso y el impacto público no paró hasta que su hijo renunció al canal cuya gerencia ejercía.

Reseñado el caso, ¿esto exculpa a la hija del Ministro del Interior? Creemos que no y que su situación particular, incluso, puede ser más grave.

La actual Ley de Contrataciones del Estado señala, en una lectura sistemática de los incisos a) y f) de su artículo 10°, que los hijos de los ministros no pueden ser participantes, postores o contratistas de ningún proceso de contratación estatal. No se establece ninguna restricción a esta regla.

Como bien ha reconocido el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en un comunicado, la señorita Daniela Anahí Urresti Pastor prestó sus servicios entre febrero y noviembre del 2014. Su padre es ministro del Interior desde el 23 de junio de 2014. Por tanto, los servicios prestados por su hija entre esa fecha y fines del año pasado iban en contra de la Ley de Contrataciones del Estado. Así las cosas, hay aquí un primer tema legal por explicar. De hecho, ya la OSCE abrió una investigación sobre este punto.

Pero el periodo anterior no se salva de los cuestionamientos, esta vez éticos. Entre febrero y junio de 2014 el señor Urresti era Alto Comisionado contra la minería ilegal, en una oficina dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. El CENEPRED está adscrito a la PCM. Por tanto, hay aquí un segundo tema que explicar respecto de la contratación.

Asimismo, los resultados brindados por la señorita Urresti Pastor en sus servicios al Estado merecerían otra explicación. Como bien señala Danae Rivadeneyra en el Utero de Marita:

Su hija Daniella, empezó sus gestiones en el CENEPRED a inicios de 2014. Según nos informan fuentes muy bien informadas, ella se encargaba del mantenimiento y diseños de páginas web de este organismo. Efectivamente, como señala el comunicado de PCM,  no ha habido un vínculo laboral porque ella no figura como CAS sino que giraba recibos por honorarios cada mes.

(…)

Lo que resulta curioso es que un organismo como el CENEPRED, cuya labor es bien técnica y que casi no tiene actividad en internet, necesite de alguien que monitoree su web tanto tiempo. Su último comunicado fue de octubre del año pasado, y el anterior a ese, deENERO de 2014, o sea, hace un año. No tiene más actividad digital.

Fuentes uterinas nos dicen que en el Gabinete han empezado a sospechar que sería su hija quien ayuda a manejar “las cuentas” de Daniel Urresti.

Finalmente, otro punto a explicar es el revelado en el mismo reportaje: que Urresti no le contó a nadie del equipo ministerial que su hija tenía un contrato con el Estado y que todos se enteraron gracias a una publicación en Twitter.

A muchos les cae simpático un ministro que, como consta en su timeline tuitero, critica fuertemente al APRA y al fujimorismo y al grupo El Comercio. Pero la imagen que pueda tener la oposición política y mediática - bien explicada hoy en un artículo de Eduardo Dargent - no exceptúa al ministro de responder ante una clara inconducta. En este blog hemos criticado y seguiremos criticando las actuaciones públicas del aprismo y de Fuerza Popular, grupos políticos con los que no compartimos muchos puntos de vista, y tampoco compartimos la misma línea editorial que El Comercio en varios temas. Pero creemos que las legítimas críticas que estos grupos puedan recibir no son la patente de corso para perdonarle cosas a un ministro que tiene encima una acusación por asesinato y cuya actuación a favor de la lucha contra la inseguridad ciudadana ha quedado en el mero efectismo.

Para concluir, que el señor Urresti haya ejercido el noble oficio de taxista para pagar los estudios de su hija no lo salva de dar una explicación. Cientos de peruanos han pagado así la educación de sus familiares y ello no los exceptúa de cumplir con la Ley. Menos aún atarantando a gritos a la gente. El señor ministro del Interior debería ser citado al Congreso de la República para que explique, claramente, esta contratación. Los pecados de unos no hacen santos a los otros.

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Ayer Correo Semanal salió con esta portada, que anunciaba una auténtica bomba periodística:

Luego de leer el material publicado ayer y hoy por los medios del Grupo Epensa, así como información que se ha conocido en estas horas, podemos señalar que existen tres posibles hipótesis en torno a este caso.

¿ESPIONAJE DEL GOBIERNO?

Es la hipótesis planteada por Correo Semanal. De acuerdo a lo leído en la revista - cuyo resumen se puede leer en Utero.pe - fuentes de alto nivel del propio Poder Ejecutivo les habrían entregado información sobre el presunto seguimiento a opositores que estarían realizando miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN).

Entre la evidencia presentada se encuentran, en efecto, videos e informes que muestran el seguimiento a algunos personajes: Jorge del Castillo Gálvez (secretario general del APRA), el empresario Jaime Mur (quien lideró la acusación de conflicto de interés contra el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga), la exjefa de prensa de Palacio de Gobierno Randa Mussallam (quien sería percibida como “una de las fuentes periodísticas” en el caso Belaúnde Lossio), Jorge Paredes Terry (exasesor de Daniel Abugattás, quien ha denunciado algunos casos sobre el gobierno y flamante aliado del MOVADEF en un intento de alianza electoral sin inscripción) y el exdirector de la Policía Nacional y exministro del Interior Miguel Hidalgo.

Esta hipótesis estaría abonada, además, por hechos anteriores.

Para comenzar, la presencia de demasiados elementos militares en torno a temas de seguridad e inteligencia. Si bien Adrián Villafuerte no es formalmente asesor presidencial, periodistas como Juan Carlos Tafur señalan que ha vuelto a tener cierta cercanía con Palacio de Gobierno. Asimismo, el reciente relevo en la DINI donde se ha contado con dos oficiales del Ejército en retiro a cargo de dicha oficina con el mismo perfil: pertenecen a la misma promoción del Presidente de la República y han trabajado varios años para empresas mineras.

De otro lado, el incremento en el presupuesto de la DINI. En 2013, la revista Velaverde publico este cuadro bastante gráfico sobre la materia:

Y este gráfico elaborado para una nota publicada por Ángel Páez en La República en 2013 señala para que se usa dicho presupuesto:

Se suma a abonar esta hipótesis el presunto reglaje a la oficina de Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío, conocidos analistas en temas de seguridad y bastante críticos al gobierno. Dicho tema nunca quedó bien esclarecido.

¿ESPIONAJE INDUSTRIAL?

Es la hipótesis que sostienen tanto Tafur como, en su columna de hoy - al aludir a “alguna Business Track reciclada” - César Hildebrandt y que, según algunas fuentes consultadas por este blog, podría ser plausible. ¿Qué elementos apuntan hacia esta hipótesis?

En primer lugar, como menciona hoy Exitosa Diario, Jorge Del Castillo tiene una empresa consultora, Diálogo y Soluciones SAC. El objetivo de dicha compañía es “de­sarrollar labores de aseso­ría, consultoría y gestión en la problemática de socio – empresarial con la finali­dad de diagnosticar y bus­car fórmulas de solución equitativas para anticipar, evitar o mitigar posibles problemas que se convier­tan en focos de confronta­ción social”.

Como se indica en la ficha registral de la empresa, uno de los socios del expresidente del Consejo de Ministros es un policía en retiro Jorge Washington Cárdenas Saez. Este personaje ha sido Director de Inteligencia del Ministerio del Interior entre 2005 y 2008.

En segundo lugar, los videos presentados por Correo Semanal tienen como principal escenario - hasta el momento - la oficina de Diálogo y Soluciones ubicada en el límite entre Magdalena y San Isidro. De hecho, todas las personas que son mencionadas en los informes son funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, empresarios mineros y gerentes de compañías de este sector.

Hildebrandt incluso menciona que Del Castillo está “empeñado en hacer posible un proyecto hidroeléctrico en Arequipa y para eso está trabajando junto al general PNP en retiro Miguel Hidalgo, que tiene una empresa también encargada de evaluar el escenario político de determinados proyectos”. De hecho, en el informe y video presentado por Correo Semanal sobre Hidalgo se aprecia esta información (ver nota a pie de página):

De hecho, en las entrevistas que ha dado anoche, Hidalgo ha reconocido que está asociado a Del Castillo en temas de negocios vinculados con este rubro.

Sobre la visita de Mur, Hildebrandt señala que la conversación - realizada en casa del empresario - tendría como objetivo transmitir el sentir del conocido hombre de negocios al excongresista respecto del tema legal que tiene Interoil con él.

En ninguno de los casos, hay que decirlo, hablamos de periodistas que sean precisamente complacientes con el gobierno. Por el contrario, ambos son bastante críticos del mismo.

¿OTRO BTR?

Es una tercera hipótesis. Que nos encontremos ante una nueva modalidad de espionaje político - industrial manejado por compañías privadas de seguridad y que tiene varios clientes.

¿Qué abona a esta tesis? A que, si bien la mayoría de personas que salen de la oficina de Del Castillo son personas vinculadas al sector minero y empresarial, con las que el conocido político ahora trabaja (y eso es público desde hace años), hay un elemento que sale de cuadro: la visita del exasesor de Daniel Abugattás, Jorge Paredes Terry a Dialogo y Soluciones, y el hecho que el informe realizado sobre dicha reunión, como señala Correo, indique lo siguiente:

Una de las conclusiones a la que arriban los espías en el citado documento indica que “no se descarta que la presencia de Jorge Paredes Terry en las instalaciones de Diálogo y Soluciones S.A.C., así como su reunión con Jorge del Castillo Gálvez haya sido orientada en su momento para suministrar información ‘distorsionada y manipulada’ contra las principales autoridades del gobierno central”.

“No se descarta -finaliza el reporte- que diversos medios de comunicación afines a intereses económicos y políticos de oposición realicen una ‘agenda’ mediática con la finalidad de comprometer la imagen y credibilidad del Presidente de la República, la Primera Dama, así como altos funcionarios del Estado”.

COLOFON

Como puede verse, hay aún mucho por indagar en este caso. La información periodística brindada ofrece varias aristas por investigar y las mismas, como vemos, no se pueden confinar, por ahora, a una sola hipótesis. Este es un tema al que aún se le debe hacer un largo seguimiento para llegar a una conclusión realmente contundente. Y los primeros interesados en brindarla deberían ser los funcionarios actuales de inteligencia.

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A estas alturas del partido, me queda claro que la Ley Laboral Juvenil, más temprano que tarde, será derogada.

En primer lugar, porque la norma ha sido mal defendida, tanto por el gobierno, como por quienes creen legítimamente que la solución a los problemas laborales pasa, sobre todo, por una mayor flexibilización de las reglas, sobre todo, en lo que se refiere a beneficios y “sobrecostos”.

De un lado, desde los representantes del Ejecutivo, no se ha podido dilucidar las tres principales preocupaciones que generó la norma - la pobre fiscalización frente a abusos en su aplicación, el no otorgamiento de CTS y vacaciones y la inclusión de egresados universitarios a pesar que el discurso señalaba que no era para ellos - y se prefirió el uso de portátiles vinculadas al partido de gobierno.

De otro lado, porque buena parte de los defensores de la norma, antes que datos y cifras, empleaban una visión libertaria de la economía en su vertiente más recitada, sin que pudieran salirse del libreto. La muestra principal fue el ya célebre debate entre Luis Davelouis y Fernando Vigil en el programa de Jaime de Althaus.

En segundo lugar, porque la Ley Laboral Juvenil se convertirá en la moneda de cambio para poder aprobar las demás normas del paquete Segura. En la disyuntiva que tendrá el gobierno para que pasen las medidas enviadas desde el MEF o una norma que ha devenido en impopular, se optará por la derogatoria. Las marchas que se han realizado, incluyendo la de hoy, han cumplido con el objetivo político de mostrar que, en temas laborales, el gobierno ha ido con poca cautela y escaso diálogo.

Ahora bien, resulta cierto que sí existe un problema por enfrentar: la informalidad. La economía peruana tiene aquí uno de sus principales escollos para su despegue definitivo. El problema a dilucidar es si con regímenes especiales esta situación podrá arreglarse. Escribe Juan Infante:

Una cosa que me parecía sorprendente era la vocación por no ganar más dinero si eso significaba pasar a pagar 10% de impuestos (por concepto del recibo de honorarios). A eso me refiero a regímenes perversos.

Repito: una porción importante de independientes no quiere ganar más dinero si eso significa comenzar a pagar el 10% por concepto de impuestos y eso hace que en lugar de tener una actitud de crecimiento económico restrinjan sus capacidades.

Una porción de los jóvenes (esa juventud podría durar hasta los 40 años) usan (usaban) recibos de familiares o amigos porque le temen a la formalidad. A mi me sorprendía que se siga saliendo aún de las universidades (y del colegio) con esta actitud y otros finalmente, no usaban nada y transaban todo en el mercado alternativo que siempre pagaba bastante menos y obligaba a mayores riesgos en todo sentido.

¿Cuántas peruanos dejan de pensar en ser más activos económicamente, más productivos en sus capacidades económicas, más rentables en el uso de su tiempo por estas distorsiones generadas por los mensajes difusos de la Sunat y de los gobiernos al no hacer que todos nos guiemos por las mismas reglas de juego?

La energía creativa, la capacidad de producir, la inteligencia, las ganas de progresar terminan siendo limitadas por la presunción que es mejor quedarse chiquito para no pagar nada o pagar lo menos posible al Estado y a los trabajadores.

Lo mismo pasa con la tercerización laboral, los regímenes laborales para la micro empresa y para la pequeña empresa y el RUS y el RER.

Yo creo que todos los agentes económicos deberíamos tener las mismas obligaciones (y también los mismos derechos). Y ahí claro, lo que hay que hacer son reglas que todos podamos cumplir.

La ley laboral de los jóvenes es una tontería y debería ser derogada pero la ola de discusión que se ha generado debería servir para una gran discusión nacional para hacer una nueva regulación laboral y tributaria.

De esta manera, nos damos cuenta que el problema no solo es legal, sino que también implica una raiz cultural. El incumplimiento de las reglas no solo pasa por “legislación incumplible” - como esgrime el bando desregulador - o por “empresas dispuestas a hacer el perro muerto” - como señalan los defensores de extender el actual regimen general laboral a todos -. Que la frase “la ley se cumple pero no se acata” sea moneda corriente desde el virreinato tiene que ver en mucho con ambos factores, pero también con una visión en la que el corto plazo, vivir mes a mes, o la cuenta por pagar mañana es el único horizonte, incluso en tiempos de crecimiento económico.  De hecho, parte de la discusión en torno a los aportes de los independientes a las AFPs estaban tamizadas por este último elemento.

Tener en cuenta esta variable puede comenzar a desentrampar una discusión que, salvo excepciones, ha quedado más en lo ideológico que en torno a las alternativas para mejorar la situación de todos los trabajadores en el Perú. Tanto formales como informales.

(Foto: Espacio 360)

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