Que Alan esté haciendo planes para el 2016 no es un secreto para nadie. Y tampoco que, a diferencia de lo que algunos podían suponer, el APRA no va a ocupar el espacio que Humala está dejando a la izquierda. Por el contrario, el libro, sus declaraciones y el enfoque de su Instituto tienen la impronta del Pensamiento García, descrito por Roberto Bustamante:
Se debería hacer una suerte de síntesis del pensamiento García. Una forma ideológica donde el mundo se divide entre exitosos y derrotados. En efecto, lo que se trata para García, a lo largo de sus numerosos discursos, el tema es pensar en grande. El que no lo hace es lo que el mismo García ha llamado un perro del hortelano: Alguien que no solamente es un derrotado como persona, sino que, según esa lógica quiere que todo el resto sea igualmente derrotado.
Es un embate ideológico donde resuena con fuerza la idea del emprendedor y no del ciudadano. No se trata de una sociedad de personas con deberes y derechos, sino más bien donde el éxito (y la movilidad social) es individual. Parte de ese discurso apareció en ciertos sectores en la segunda vuelta cuando se trató (inútilmente) de discutir la necesidad de derechos universales. ¿Por qué debo yo costear la educación del que no tiene?, decían algunos y algunas. Como si el otro se mereciera su pobreza.
¿Por qué insistir en ese giro? Podemos denominarlo de diversas maneras. Alfredo Torres señala que la visión política achorada es, por ahora, mayoritaria en el Perú. Y Bustamante insistió ayer en que los sentidos comunes que reclaman héroes (militares o emprendedores) empatan muy bien con estos mitos movilizadores de la Nación que (esta es conclusión mía), se emparentan con el discurso alanista de “queremos gente positiva y no críticos ni pesimistas”. El lema “El Perú avanza”, acompañado de este discurso avasallador, tiene harta cabida en la política peruana.
En ello, García va a tener dos choques importantes. Ya no con la izquierda, que anda en sus aprendizajes (tardíos), sino con dos elementos con quienes ha jugado mucho en el último quinquenio.
El primer ladrillo con el que chocará Alan es el APRA. Y con ello no me refiero a la comparsa dirigencial que lo acompaña y que le dice Zeus en público y lo crítica en privado. Aquí me concentro en aquellas bases apristas que se la tienen jurada a García por su poca presencia en el gobierno anterior y por dejar de lado, ya no al APRA auroral de izquierdas casi revolucionarias, sino a un sentido común que estaba entre la socialdemocracia, el populismo de izquierdas y las distancias con el fujimorismo, que García aplicó como discurso durante la primera parte de la década pasada (¿se acuerdan cuando Alan hablaba de Banco Agrario y tarifas de servicios públicos?).
Ojo que fueron éstos los apristas que terminaron votando por Humala (en contra de la dirigencia). Recuerden que este año hay Congreso y renovación de dirigencias en Alfonso Ugarte, eventos que distarán mucho del espíritu del Día de la Fraternidad.
Y el segundo obstáculo con el que tropezará Alan es el fujimorismo. Como señala Juan Carlos Tafur:
Es el 2016 la fecha en la que piensa. Sabe que para entonces, la disputa se centrará muy probablemente en tres candidatos: él, Toledo y Keiko Fujimori (difícilmente la izquierda podrá armar una opción electoralmente atractiva y la posibilidad de un outsider se asoma aún más complicada).
Y en ese eventual desenlace tripartito, su ubicación es complicada. Porque instalado como está en la derecha, su rival más fuerte es el fujimorismo. Pelearán el mismo electorado (reforzado por el hecho de que el fujimorismo ha decidido, al parecer, retornar a la línea dura de origen).
Su promoción del indulto a Fujimori, en esa perspectiva, es un juego que no tiene pierde. Si no resulta, igual habrá transmitido un mensaje conciliador al bastión ciudadano fujimorista, hoy por hoy el más importante. Y si resulta, sobre todo si Humala concede un indulto que no se sustente en una indiscutible razón médica, la salida de Fujimori de la cárcel, lejos de fortalecer al fujimorismo lo debilitará (con seguridad, si Alan García creyese que dicho indulto podría generar un aluvión profujimorista, no sería su promotor).
De hecho, el fujimorismo es quien peor parado está quedando en esta historia. Aislado en un discurso vinculado a únicamente dos temas (la liberación de Fujimori y la revindicación de su legado), sin iniciativa propia en otros temas que no sean la gritería acostumbrada en temas de terrorismo y seguridad ciudadana y con una Keiko Fujimori cada día más ausente del debate político (y para colmo, con un Kenji radical liderando la bancada), lo único que le queda son las bases.
Pero ello no basta para que, como señaló Steve Levitsky hace un par de días, el fujimorismo se pueda convertir en una derecha popular y democrática. Por el contrario, están cada vez más ensimismados en su martirologio (lo que construye identidad política, pero también refuerza también las antipatías de siempre) y, como indicó Levitsky, tampoco es que a la élite económica del Perú le interese mucho si su defensora es Keiko Fujimori. Peor aún, si ya tienen a Alan García y a los dirigentes del partido más antiguo del país haciendo ese trabajo para ellos. Y, como precisa Álvarez Rodrich, con AGP usando al fujimorismo cada vez que le da la gana.
A fines del año pasado, el caso sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales por el caso Chavín de Huántar llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que motivó toda una serie de críticas y cuestionamientos al sistema interamericano, así como toda una serie de llamados a la protesta por “tocar a nuestros héroes”. Y la gritería impidió, nuevamente, diferenciar a héroes de villanos, así como establecer a ciencia cierta donde están los errores del Estado peruano en el procesamiento de este caso.
Hace algunos meses, publicamos en Diario 16 un artículo acerca de este caso. A la luz de un reportaje de Ricardo Uceda publicado en dos partes por La República (ver aquí y aquí, mañana sale la tercera) acerca del caso, volvemos a examinar lo dicho, lejos de las pasiones de la coyuntura.
1. EL CASO DE “TITO”:
El caso nítido es el de Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito”. La evidencia más fuerte fue reseñada por Paola Ugaz y Jimena Rojas para La Mula: la pericia del Equipo Peruano de Antropología Forense, que fue expuesta por José Pablo Baraybar en los distintos juicios orales desarrollados en el caso:
La necropsia mostró que ‘Tito’ murió por una herida de bala en el cráneo. Posteriormente, el “Informe sobre los restos humanos atribuidos al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru”, realizado por José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), develó qué tipo de arma causó esta lesión.
Los comandos de la operación ‘Chavín de Huántar’ ingresaron a la residencia armados con subametralladoras Hecler Koch MP5, armas de baja velocidad. En el recinto, quienes contaron con armas de alta velocidad fueron los emerretistas y los ‘gallinazos’ ; todos estos contaban con fusiles AKM, el arma que -se puede inferir- causó la lesión que mató a ‘Tito’.
En ello, de acuerdo con Uceda, la fotografía que publicamos arriba es clave. Allí se permite diferenciar a los dos equipos: los comandos, en efecto, tienen HK, mientras que Roberto Huamán Azcurra (en la fotografía, en la parte inferior, con casco), uno de los procesados ante el Poder Judicial, tiene una AKM en su brazo. Ello permite establecer con nitidez que existió el equipo del SIN. A ello se suma otro elemento distintivo de la mayoría de integrantes del equipo montesinista: el uso de pasamontañas, a diferencia de los comandos que usaron camuflaje. Vean a los sujetos que están al costado de Huamán y como se distinguen de los soldados que se encuentran arriba.
A ello se suma que existen otros testimonios que empatan con esta versión, como señala Uceda:
De modo que el único balazo recibido por Tito configura una situación singular. Además, tres testigos lo vieron por última vez con vida luego del rescate, desarmado y con las manos atadas hacia atrás, en condición de detenido. Los policías Raúl Robles y Marcial Torres declararon haberlo sorprendido cuando intentaba escapar haciéndose pasar por rehén. Lo ataron y lo entregaron a un comando enviado por el coronel Zamudio, del equipo de apoyo del SIN. El primer secretario de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, vio a Tito custodiado por un policía con las manos atadas por detrás y tendido boca abajo en el suelo. Estas declaraciones, al relacionarse con la prueba pericial, no dejan lugar a dudas: Eduardo Cruz fue asesinado.
De hecho, los dos libros que han indagado sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales, escritos por los periodistas Umberto Jara y David Hidalgo señalan también que el caso cuyos elementos indiciarios de prueba permiten concluir la existencia de una ejecución extrajudicial es el de Cruz Sánchez. Y, como señala Uceda, esta también es la conclusión del ex agente del Estado para el caso seguido ante la Corte IDH, el abogado César Azabache. Como se puede ver, además, no hay nada que involucre a los comandos con la presunta ejecución del terrorista antes referida.
2. LOS OTROS DOS EMERRETISTAS:
El proceso judicial abierto ante el Poder Judicial contra 4 personas (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga) tiene su centro en la presunta ocurrencia de tres ejecuciones extrajudiciales. Sí el caso de Cruz Sánchez parece no dejar lugar a dudas, la demostración de los otros dos posibles asesinatos sí tiene algunas dificultades probatorias. Uceda comenta la hípotesis señalada por Azabache, a partir de las evidencias existentes:
Azabache diferenció la muerte de Tito de las de otros dos emerretistas considerados en la queja ante la CIDH, Víctor Peceros y Herma Meléndez. El examen del cadáver de Tito, rotulado como NN14, revela que mientras estaba inmovilizado recibió un solo disparo en la parte posterior de la cabeza, a diferencia de Peceros y Meléndez, que murieron acribillados, como los demás asaltantes de la embajada. Ocho de los 14 cráneos analizados para el juicio civil presentan evidencias de un disparo por detrás —una lesión-patrón—, pero no es posible decir cuál de los balazos mató a cada persona, o si esta se hallaba rendida o en situación de enfrentamiento. El operativo fue tan sorpresivo que pocos llegaron a reaccionar. Las pruebas de absorción atómica demostraron que solo seis de los terroristas dispararon su arma aquel día.
Existen dos problemas adicionales. El primero de ellos es que, a diferencia del caso de “Tito”, sólo existe el testimonio de Ogura como único indicio adicional y las heridas de bala fueron causadas por proyectiles provenientes de balas disparadas por armas de pequeño calibre, como las usadas por los comandos. Además, claro está, del hecho de que Cruz Sánchez sólo tiene un impacto de bala y que dicho disparo fue la causa de su fallecimiento.
La segunda cuestión es la desaparición de evidencias desde las horas posteriores al fin del episodio de la toma de rehenes por parte del MRTA. Como sostiene el periodista David Hidalgo:
Lo que ocurrió fue que hubo una operación de ocultamiento de evidencias, tanto en la escena del combate como en las instancias donde se debieron tomar las pruebas forenses. Hay un secretismo sospechoso, casi delictivo.
De allí que, probablemente, como bien intuye Azabache, estos dos casos queden en el limbo o, en términos judiciales, sin mayor evidencia para condenar a los “gallinazos” del SIN. Aunque claro, el caso de Cruz Sánchez sería suficiente para que los cuatro acusados - o por lo menos Montesinos, Huamán y Zamudio - se queden buen tiempo en prisión.
3. EL PROBLEMA DEL FUERO MILITAR:
En un artículo anterior sobre este caso, resumimos el dilema central de la demanda que enfrenta el Estado peruano por este caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La jurisprudencia nacional e internacional señala que el fuero militar no es el ámbito en el que se deban resolver casos de derechos humanos. Ello porque es una instancia judicial excepcional, destinada para delitos de función, entre los que no se encuentran las ejecuciones extrajudiciales.
Como indicamos, el error del Estado peruano fue absolver a los comandos en el fuero militar, cuando el sobreseimiento del caso para ellos, al no existir pruebas que los incriminen, debió darse en el Poder Judicial. Y este paso a la justicia militar resultará difícil de sostener a partir de la existencia de un estado de emergencia, ya que este argumento ha sido rechazado en anteriores ocasiones por el sistema interamericano de derechos humanos.
De hecho, la linea jurisprudencial de la Corte Interamericana es bien resumida por Uceda:
La Corte Interamericana viene diciendo más o menos lo mismo: la intervención de esta justicia privativa viola la Convención Americana, que exige un juez competente, con independencia e imparcialidad. Un juez militar es competente para temas de seguridad y disciplina pero no para violaciones de derechos humanos, donde procesa a sus mismos pares y no produce garantías de un debido proceso.
Uceda señala que Azabache tenía una línea de defensa para este tema, basada en lo siguiente:
Quería decirle a la Corte Interamericana que el fuero militar conoció episodios sin trascendencia, en un proceso que buscaba principalmente verificar si se cumplieron los reglamentos militares. El único caso en el que había evidencia criminal era el de Eduardo Cruz, que había sido visto por tribunal ordinario.
En efecto, el caso en el fuero militar no conoció el caso de Cruz Sánchez. Como indicamos claramente en nuestra crónica del caso Chavín de Huántar, escrita para IDEHPUCP:
El 5 de abril de 2004, la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar emitió su sentencia recaída sobre Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Víctor Robles del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Raúl Huarcaya Lovón, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas y Tomás César Rojas Villanueva, así como a los restantes miembros de la Patrulla Tenaz, encargada del operativo Chavín de Huantar. La Sala decidió sobreseer el caso, por falta de pruebas para establecer la existencia de ejecuciones extrajudiciales en los casos de Rolly Rojas Fernández, Víctor Salomón Peceros Pedraza, Herma Luz Meléndez Cueva y Luz Villoslada Rodriguez. No fue procesada la muerte de Eduardo Cruz Sánchez.
Pero la tesis de Azabache tiene tres problemas. El primero, indicado por Uceda, es que el gobierno no quería que el abogado reconociera que, al menos, sí existió una ejecución extrajudicial. Y se vuelve a cometer el error de mezclar papas con camotes pues, como dijimos, en el caso de Cruz Sánchez los comandos no tuvieron ninguna intervención.
El segundo problema tiene que ver con un tema de debido proceso, específicamente, en la motivación de la sentencia confirmatoria del sobreseimiento ante el fuero militar. De hecho, esto fue lo que anotamos en nuestra crónica acerca de la segunda resolución:
El 23 de septiembre de 2004, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia que sobresee el caso Chavín de Huantar en el fuero militar. Solo se indicó el cumplimiento de requisitos formales para la confirmación del fallo.
Un fallo motivado en forma insuficiente - y aquí lo sabemos por experiencia propia - causa un vicio de nulidad. Y ello, en el sistema interamericano, ya causa la responsabilidad del Estado.
Y, para remate, como indica Uceda, la propia jurisprudencia nacional ha venido señalando que el fuero militar no es competente para casos sobre derechos humanos. Un ejemplo citado por Uceda es:
En 2004, la Corte Suprema denegó la competencia del fuero militar para juzgar a efectivos de la Marina que causaron quemaduras graves y muerte a Indalecio Pomatanta, en 1995. Dijo que esa jurisdicción en ningún caso podía conocer violaciones de los derechos humanos. El fallo fue posterior al de Chavín de Huántar y los jueces firmantes, entre ellos César San Martín, lo instituyeron como “precedente obligatorio”.
De allí que volvamos a insistir en que:
De allí que una abogada y periodista como Rosa María Palacios haya sugerido desde hace varios meses, cuando era previsible que el caso llegue a la Corte – y ante la alta probabilidad de derrota en el proceso, por lo arriba señalado -, que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación a los comandos que termine con el sobreseímiento del caso para ellos en forma definitiva.
COLOFON:
Como puede verse, el caso ante el sistema interamericano no tiene nada que ver con la inocencia o culpabilidad de los comandos. Pero la resolución del tema en instancias internas ha sido tan mala (y dilatoria) que nos complicará la vida en San José, tanto al no resolver el juicio contra los gallinazos del SIN en un plazo relativamente breve, como por llevar el caso ante un fuero que no era pertinente y con al menos una resolución con problemas de motivación.
Dos lecciones que deben quedar de este caso son: 1. Aprender a diferenciar a los héroes de los villanos en esta historia y 2. saber que los procesos y procedimientos formales no están hechos por gusto, sino que tienen una razón de ser. A ver si el Estado lo entiende en los próximos meses.
Sobre Francisco Morales Bermúdez se ha escrito poco en los libros de historia. Quizás porque se le recuerda más por la entrega del poder a los civiles luego de 12 años de dictadura militar, antes que por lo que fue: un gobernante de facto, con severas dificultades para enfrentar la crisis económica larvada luego de los desastres que hizo Velasco y que hizo un mayor uso de las deportaciones contra los opositores que su antecesor.
El denominado Plan Cóndor era un pacto entre las dictaduras de los años setenta para deshacerse - literalmente - de los opositores (sobre todo de izquierda) a sus gobiernos de facto. El saldo en desapariciones y asesinatos ha sido ampliamente documentado tanto por las comisiones de la verdad de Chile y Argentina, como por libros y documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El Perú nunca entró al Plan Cóndor porque el gobierno militar estaba en un proceso de transición democrática. No teníamos por qué acudir en absoluto al Plan Cóndor porque los países que lo integraron (…) estaban dirigidos por dictaduras militares que querían quedarse en el poder, y luchaban contra la subversión que quería sacarlos”.
El problema es que hay dos investigaciones periodísticas que dan indicios de que Perú tuvo, al menos, una participación marginal en esta transnacional de ejecuciones extrajudiciales. Como indicamos en 2007, cuando salió la primera acusación contra FMB:
Sobre el Plan Cóndor en el Perú, han sido básicamente dos investigaciones las que han dado serias muestras de que el Plan se extendió sus ramas hasta Lima. La primera es la de John Dinges, quien logró la desclasificación de documentos de la CIA que demostrarían la participación de la dictadura peruana en el plan. La segunda pertenece a Ricardo Uceda, en la que, sin concluir sobre la responsabilidad de Morales Bermúdez o Richter (el presidente del consejo de ministros de FMB, nota de DTP), recuerda el operativo colectivo de los servicios de inteligencia argentino y peruano para capturar a miembros de Montoneros, grupo argentino que supuestamente atentaría contra el dictador Jorge Videla en la transmisión del mando a Fernando Belaúnde en 1980. Los capturados fueron deportados a Bolivia y, posteriormente, asesinados en cumplimiento de las directivas de Cóndor.
La duda sobre el caso de los 13 deportados es si se trató de una expresión más de intolerancia frente a opositores que seguían impulsando el retorno a la democracia - y en los que había personajes que no tenían nada que ver con la zurda, como el periodista Alfonso Baella Tuesta o marinos en retiro - o si hubo una vinculación con la dictadura de Videla. Esta última es la tesis de Ricardo Napurí, uno de los afectados y que relató a La República:
“En la deportación lo ponen a uno en un avión y los mandan dulcemente, diríamos. Pero acá fuimos a una base aérea. Estaban armados”, dijo en una emisora radial.
“Nos pegaron una golpiza de todos los demonios y nos embarcaron en un Hércules con 20 hombres armados y nosotros estuvimos enmarrocados a los asientos. Es bastante anormal ese hecho”, agregó.
Napurí señaló que el avión aterrizó en Jujuy y nos meten en el “Regimiento No.20 Montaña antisubversivo”. Cuenta que el coronel de la base les indicó que eran prisioneros de guerra.
“Esto fue en el marco del Plan Cóndor, esto es caso típico, un acuerdo del Estado mayor y los ejércitos. El general (Morales Bermúdez) tiene que explicar(al juez) por qué no fue una deportacion normal, porque se usó un avión militar porque fuimos a una base militar”, declaró el ex senador.
El tema va a dar para largo. Hasta el momento, en forma oficial, el gobierno peruano no ha recibido una solicitud formal de extradición. Creemos que el gobierno debe dar luz verde a la investigación, dado que servirá para aclarar estos hechos, sobre todo, ante la historia. Las vulneraciones a los derechos humanos no prescriben y, si bien el ex dictador es una persona de avanzada edad, pueden darse las condiciones suficientes para que, atendiendo a consideraciones de salud, pueda esclarecer su papel en un periodo triste y funesto para América Latina.
Febrero es un mes en el que los medios de comunicación ponen sus ojos en relación con la educación peruana. Desde los reclamos sobre cobros excesivos en las matrículas y las listas de útiles, pasando por la agenda del SUTEP, hasta la reiteración de los bajos niveles en matemática y comunicación integral que tenemos en las pruebas internacionales.
Consideramos que una mirada de este tipo resulta siendo incompleta y que termina ocultando tareas importantes que la escuela, la universidad y las demás entidades involucradas en esta materia no deben descuidar. Dos hechos ocurridos en enero nos permitirán entender a cabalidad esta afirmación.
La semana pasada, un grupo de padres de familia protestó ante la sede del Ministerio de Educación porque las autoridades educativas nacionales fueron claras en evitar que los niños menores de 6 años pudieran cursar el primer año de primaria.
Es la primera vez que el Ministerio se preocupa por la obsesión de muchos padres de familia por asegurar, desde la educación inicial, el ingreso a la universidad de sus hijos, sin importar su madurez emocional. Es la constatación de una “cultura de éxito” basada estrictamente en la obtención de grados y diplomas en la forma más rápida posible.
Patricia del Río insistió esta semana sobre cómo este afán legítimo (pero errado) de estos padres tenía un correlato: la existencia de algunos centros educativos privados dispuestos a llenar dicha demanda, a costa del desarrollo emocional de menores de edad y, claro, alentando esta malentendida “cultura del éxito”.
De otro lado, varias columnas de opinión por el caso Movadef tuvieron como argumento insistente la necesidad de difundir más lo ocurrido durante los años de violencia. Añado yo, el principal insumo para ello debe ser el Informe Final de la CVR.
Esta propuesta bien intencionada merece ser, sin embargo, complementada con dos ejes de trabajo. Desde su blog, Roberto Bustamante insistió en la necesidad de recuperar la escuela como espacio crítico, en el que el docente no se convierta en un reproductor de prácticas autoritarias tales como “yo dicto, tú aprendes y no cuestionas”.
Mientras que en este diario Eduardo Dargent incidió en la necesidad de recuperar a la universidad pública como espacio de calidad y diversidad en el que ideologías dogmáticas tienen todo el terreno libre para crecer. Ésta ha sido un área que el Estado ha descuidado por 50 años y que es momento que comience a recuperar.
OMAR CHEHADE: En 13 meses su vida fue una montaña rusa. De abogado de la familia Humala Heredia pasó a candidato a vicepresidente, de allí a congresista electo, luego a vocero en temas de lucha contra la corrupción, para ser elegido luego como segundo vicepresidente de la República. De allí comenzó a dar declaraciones desatinadas, a jurar por los “descamisados” (a lo Evita Perón) e involucrado en un escándalo de proporciones a partir de la serie de reportajes lanzados por IDL – Reporteros. Y en la pobre imagen pública que la mayoría de peruanos tienen hoy sobre él.
¿Por qué Chehade terminó en esta encrucijada? Además del viejo adagio acerca de aquellas personas que suben demasiado rápido en la vida y que terminan cayendo más rápido que niño por el tobogán, quizás la explicación se encuentre en el episodio que el hoy congresista solitario resaltó más durante su campaña y hasta en su carta de renuncia: su paso por la Procuraduría Anticorrupción. Como describe bien un reportaje publicado en la edición de Dedo Medio de diciembre último, Chehade subió rápido, aprovechó oportunidades de figuración mediática, pero se fue haciendo de enemigos y terminó atribuyéndose más méritos en el tema de la extradición de Fujimori de los que realmente tuvo. Por ello su caída fue aún más estrepitosa.
Como mencionó Ricardo Vásquez Kunze ayer en Tribuna Abierta, en términos estrictamente políticos, Chehade no la ha sacado barata. Se quedó sin el puesto del que tanto se ufanaba y en el Congreso ha terminado como un paria. Nadie tomará en serio a una persona que se aferró tanto a un puesto cuando todo el mundo le pedía que se fuera. En términos penales, todo dependerá de si el señor Pelaez Bardales decide investigarlo, como muchos peruanos lo exigimos.
OLLANTA HUMALA: La prueba más fuerte a su slogan “Honestidad para hacer la diferencia” no la ha pasado bien. El blindaje que su bancada le dio a Chehade, a cambio de que se vaya del Ejecutivo, lo termina salpicando, por más que no le contesta las llamadas a su ex abogado desde que el escándalo pasó a mayores. Además de las suspicacias generadas para algunos sobre los supuestos datos que conoce Chehade sobre él en virtud del secreto profesional, queda la imagen de un presidente que consideró que entregar la cabeza de su vicepresidente era demasiado premio para la oposición. Mero y estricto cálculo político.
Con ello y la pobre implementación de mecanismos de lucha contra este flagelo – con excepción de la repotenciación de la Procuraduría Anticorrupción – este lustro corre el severo riesgo de ser otro ciclo perdido en la lucha contra la delincuencia de cuello y corbata.
HUMBERTO LAY Y MARISOL PEREZ TELLO: Los grandes ganadores políticos de esta coyuntura. Supieron conducir en forma correcta y sobria las investigaciones sobre las aristas éticas y legales del caso. Lástima que el informe Pérez Tello haya sido archivado gracias a 13 congresistas que decidieron no enviar el caso Chehade al Poder Judicial, donde debía dilucidarse. Terminan posicionando bien a su bancada y, además, al margen de sus posiciones políticas, rápidamente se identifican como personas honestas en medio de un Congreso que tiene a varios de sus miembros haciendo cola por Palacio de Justicia.
YEHUDE SIMON: Si el agua tibia había caracterizado su gestión como Presidente del Consejo de Ministros, la ha trasladado al Congreso de la República y terminó representando el voto decisivo que le salvó, por ahora, la suerte judicial a Chehade. De sus radicalismos ochenteros ha terminado en posiciones en las que equipara gobernabilidad con un apoyo poco crítico al gobierno de turno. Se salvó por un tris de la expulsión de su bancada, pero este tema se lo recordarán dentro y fuera del Congreso, más aún si tienta la reelección.
OTROS ACTORES PARLAMENTARIOS Y POLÍTICOS: El hoy desaparecido Alejandro Toledo podría explicarnos porqué su bancada tuvo, con la excepción de Víctor Andrés García Belaúnde (y la solitaria posición extraparlamentaria de Juan Sheput) un papel tan lamentable en la votación en la Comisión Permanente. Y Javier Diez Canseco perdió la gran oportunidad de ser fiscalizador con la gente de su propio partido. Se concentró demasiado en el actor privado y perdió de vista la conducta de su compañero de bancada.
GRUPO WONG: ¿En qué góndola de sus ya vendidos supermercados se perdió su imagen de corrección y responsabilidad social? Todo el tema Andahuasi ha terminado salpicándoles bastante fuerte en el principal activo que tenían: el de empresarios prestigiosos. Ojo que las investigaciones sobre ellos aún no terminan.
En estas semanas que estuve de vacaciones, se ha debatido mucho sobre la relación que la izquierda cercana al proyecto nacionalista y el Presidente de la República sostendrían en el futuro. Dicha discusión se agudizó cuando Rosa Mavila hizo un amague de salida, que fue respondido por Daniel Abugattás y que finalmente generó que Javier Diez Canseco, en entrevistas con Emilio Camacho y Rosa María Palacios, señalara que el sector de izquierda se quedaba en el gobierno como un bloque de “apoyo crítico”. Aquí algunas anotaciones mías acerca de esta relación:
1. Un debate solo por los puestos: Como señaló Augusto Álvarez Rodrich en su columna del domingo, mucha de esta discusión se ha centrado en el eje equivocado: cuántos izquierdistas hay o no en el gobierno. De allí que uno vea a Aldo Mariátegui o el editorial de El Comercio de hoy pugnando por “la gran depuración”, mientras que Sinesio López sigue sosteniendo aquello de “la captura de Humala en Cajamarca” luego de la salida de todo el grupo de Ciudadanos por el Cambio de las filas del Ejecutivo. Ninguno de ellos se concentra en lo fundamental: el rumbo del gobierno en políticas públicas. Todo se concentra en lo señalado hace algunas semanas por Fernando Tuesta: la destrucción de un bando por parte del otro.
2. La izquierda nunca fue parte del núcleo duro del nacionalismo: El núcleo duro del PNP siempre fue de dos personas: Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y alrededor de ellos, personas que le fueron funcionales en algunos momentos (Carlos Tapia, Salomón Lerner Ghitis), que lo siguen siendo ahora (Daniel Abugattas) y los que le resultan siendo prácticos el día de hoy (Oscar Valdés y Luis Miguel Castilla).
Pero no contaron con algo. Y es que, más que ellos, terminó pesando más la “gran transformación” que el equipo de estrategas brasileros hizo con Ollanta Humala. Y no era un mero giro táctico como ellos suponieron. De hecho, el plan de gobierno que Ciudadanos por el Cambio elaboró y que fue tan satanizado durante la campaña electoral terminó en la oficina del Jurado Nacional de Elecciones por una casualidad, como comenta Rosa María Palacios, una de las periodistas que más criticó el proyecto original:
El grupo de Plan de Gobierno, liderado por el economista Félix Jiménez, preparó un documento con otros intelectuales de izquierda que ni los Humala ni su más cercano entorno político leyó completo. Humala pidió que se presentara un documento breve para cumplir con el requisito formal. Con buena o mala fe, eso nunca se sabrá, “alguien” introdujo el proyecto del plan completito. ¿En la esperanza de amarrar al candidato a unas convicciones económicas que ya no tenía? ¿Asustados porque el candidato creía ya para ese entonces en la estabilidad de los contratos o en la inversión privada como motor de la economía?
3. Los errores en el gobierno: Más que temas duros de gestión, la izquierda “histórica” cercana a Humala cometió tres grandes errores durante su estadía en el gobierno. El primero, de percepción, ha sido señalado hoy por Juan Carlos Tafur:
En el caso concreto del gobierno actual no ha sido capaz de analizar con inteligencia frente a qué se enfrenta. Humala no representa ya La Gran Transformación. De eso no cabe la menor duda desde la segunda vuelta electoral. Pero no es un gobierno derechizado y entregado –como dicen- a los embrujos de la derecha empresarial y los poderes fácticos. Humala aplica La Gran Moderación. Y no ser capaces de entenderlo y asumir que ello no la coloca fuera (como lo hacen varios ministros de clara identidad izquierdista que lo asumen y se mantienen trabajando en el gobierno), revela una vez más una pulsión autodestructiva, guiada por fundamentalismos, y ajena al ejercicio democrático del poder, donde nadie consigue, pues, el 100% de lo que se propone (y menos cuando se ha sido un furgón electoral antes que la locomotora del triunfo).
Este último punto llevó a un segundo error: creer que todas las batallas a pelear eran la última. En esa línea, señaló hace algunos meses el historiador Antonio Zapata:
Por otro lado, los impacientes creen que todas las batallas son definitivas. Por ello, viven al borde del Rubicón, sin oír a la otra parte ni abrir puertas de negociación; van al combate sin segunda opción. No hay cultura del punto intermedio y se prefiere la disputa, como si fuera una actitud más franca y directa.
Y el tercer error fue sobrevalorar sus propias fuerzas, importancia y condiciones. En esa línea, apunta Javier Torres:
Está claro que la izquierda que se comprometió con “la gran transformación” primero, y con “la hoja de ruta” después, lo hizo con un excesivo voluntarismo y con muy poca articulación y coordinación entre quienes ocuparon puestos de gobierno de relevancia como ministerios y viceministerios. En buena medida, debido a ello, no pudieron enfrentar la embestida de otros actores al interior del gobierno, que no solo tenían poderosos aliados afuera, sino una mayor capacidad para la gestión pública.
Así como se critica a cierta derecha conservadora su menosprecio hacia los derechos humanos (olvidando que tienen raíces liberales), nuestra izquierda “histórica” olvida que el libre mercado es, en estos momentos, una condición para el desarrollo. Puede criticarse muchos aspectos de la forma cómo se aplica en nuestro país y allí es necesaria la existencia de una izquierda liberal que pueda apuntalar a un Estado fuerte en su rol regulatorio. Y nuestros zurdos tendrán que entender que no todos los del otro bando son fujimoristas, así como solicitan que dejen de satanizarlos desde la vereda de enfrente.
La lección para la izquierda está en la construcción de uno o dos proyectos propios que le permitan depender menos de caudillos. Pero ello implica trabajo de base en distintos sectores que, hasta el momento, no han dado. He allí, además de los problemas de percepción antes anotados, el principal problema de un sector que debe existir en el país, pero que debe comenzar a entenderlo mejor.
Son dos temas que deberían estar en la agenda pública desde hace mucho tiempo. Pero generalmente vienen a la memoria periodística cada vez que ocurre un incidente, una tragedia o un desastre natural. Y ello tiene alguna explicación.
En relación con la salud mental, existen muchos prejuicios. Al hablar de ella, se cree que es un tema vinculado estrictamente a patologías y adicciones. Y, peor aún, tanto la persona afectada en su salud mental como el adicto son estigmatizados por la sociedad. En ello incidió la columna de Juan Carlos Tafur del último sábado:
En ese contexto, resulta condenable que ninguno de los gobiernos últimos haya tomado la decisión de construir hospitales especializados. Desde que se construyera el mencionado Delgado-Noguchi (hecho, además, gracias a la cooperación japonesa), no ha habido ninguno otro.
Las denominadas “comunidades terapeúticas” son una opción legítima, sin duda, pero si no cuentan con una estricta supervisión estatal terminan siendo simples lugares de encierro que extirpan el problema de los hogares, pero ni curan ni alivian, ni mejoran la salud de los pacientes.
Similar irresponsabilidad ocurre en torno a la defensa civil, mentada únicamente cuando ocurre un desastre natural, como el sismo de anoche ocurrido en Ica. Tan es así que, en plena campaña electoral, Patricia del Río alertó sobre cómo la mayoría de candidatos (y ciudadanos) eran indolentes ante el tema:
Por casa, en cambio, seguimos actuando con soberbia. Con insolencia. Con la estúpida convicción de que el terremoto va a ocurrir siempre al otro lado del mundo. Como si no existiera Chile, como si no hubiéramos vivido lo de Pisco. De acuerdo con el Atlas de Amenazas Naturales, editado por la Comunidad Andina, en el Perú hay 18,7 millones de habitantes (69% del total de la población) que viven expuestos a amenaza sísmica alta. Esto quiere decir, que ocupan regiones donde hay grandes posibilidades de que ocurra un fuerte terremoto. Y no solo están expuestas las personas: el 67% de nuestras carreteras sufre la misma amenaza, así como la totalidad de nuestros puertos marítimos, y el 72% de las líneas de transmisión eléctrica.
Todos sabemos que si nos agarra un terremoto de 8.9 grados, no habrá simulacro ni defensa civil que nos ampare. Nuestras construcciones siguen siendo precarias, y ni siquiera nuestros bomberos cuentan con un presupuesto digno que les permita movilizarse rápidamente en caso de emergencias. No hay nada que nos salve de una catástrofe y lo más grave del asunto, es que una vez más nuestros políticos no tienen propuestas serias al respecto.
¿No me creen? Pues lean los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia. Salvo Pedro Pablo Kuczynski, que menciona la reestructuración de Defensa Civil como uno de los pilares de su gobierno, sin dar más detalles de cómo se hará este proceso, los otros candidatos ni siquiera le dedican a la prevención de desastres naturales un capítulo especial en sus propuestas. Tienen sugerencias aisladas como fortalecer edificaciones o implementar un sistema único de prevención, pero estas iniciativas están puestas así nomás, de pasada, sin que generen ningún entusiasmo por ser desarrolladas o implementadas seriamente.
De hecho, le dí una revisión al plan original de Ollanta Humala y no tenía una política articulada sobre el tema, sino varias medidas aisladas referidas, sobre todo, al sector urbano y a las viviendas.Aunque las disputas de puestos en Defensa Civil al inicio de este gobierno indican que, lamentablemente, seguiremos con la política y la cultura de poca planificación en torno a esta materia que, literalmente, puede salvarnos la vida.
(Foto salud mental: Diario 16. Foto defensa civil: El Comercio)
Concluimos la columna de la semana pasada señalando que, salvo que hubiera un descalabro económico, Barack Obama tenía muy serias posibilidades de conseguir su reelección. Exploremos las razones por las cuales esta premisa puede tener validez.
Para empezar, es necesario señalar que Obama ha padecido del síndrome de la desilusión, generado por presidentes que llegan con un mensaje de cambio y que generan altas expectativas. Peor aún, le costó mucho conformar un equipo de asesores bien afiatado, como lo muestra el libro de la periodista Jodi Kantor “The Obamas”, aparecido hace algunas semanas en Estados Unidos.
El crecimiento económico y la reducción de las tasas de desempleo aún aparecen como pequeñas ante la magnitud de la crisis y un discurso que generó una alta dosis de esperanza. Obama tuvo fallas de comunicación para explicar que el proceso sería lento y para posicionar reformas importantes, como la del sistema de salud.
Entendiendo esas fallas, es que Obama, el martes pasado, dio su discurso de cuenta general al país sobre cuatro grandes ejes: éxitos en materia de política exterior, una política económica vinculada a la clase media, retórica que apela al hartazgo del obstruccionismo republicano y una apuesta por la innovación y la preservación del medio ambiente.
En base a esa visión general, el actual mandatario presentará sus propuestas electorales. Y no esperará a agosto. Comenzará en los próximos días una gira por cinco estados. Y cada vez más se convertirá en un presidente en campaña. Para su fortuna, la economía sigue creciendo de a pocos y no se prevé, por ahora, un descalabro mayor que la haga retroceder aún más.
Pero el factor central que puede explicar por qué Obama tiene serias opciones de ganar es el Partido Republicano. Si hace algunas semanas Steve Levitsky resaltó que el giro hacia la extrema derecha dejaba descolocados a los conservadores, luego de las primarias en Carolina del Sur, la situación es dramática. Los ataques que se dan los candidatos republicanos son municiones que luego usarán los demócratas. Y no se nota una propuesta seria por parte de muchos de ellos.
No le será fácil a Obama. Los republicanos han sabido ponerlo contra las cuerdas en algunas ocasiones y quieren pelearle con decisión la cancha de las redes sociales, que supo manejar bien en 2008. Pero tiene factores a favor que puede aprovechar. Aún estamos en los primeros metros de una larga carrera.
Si hay un tema en el que nunca se debe tener ambigüedades es en el rechazo a Sendero Luminoso. Como bien señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al inicio de su capítulo sobre dicha organización:
El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL), es una organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana. La CVR ha constatado que a lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió gravísimos crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas a la CVR. En base a los cálculos realizados, la CVR estima que la cifra total de víctimas fatales provocadas por el PCP-SL asciende a 31,331 personas.
Y de allí que sea importante recordar lo letal que fue SL para todos los peruanos. Este reportaje de Bruno de Olazabal, elaborado para el Instituto de Defensa Legal, muestra el horror que representó esta organización, en términos de muerte y destrucción que intentaron justificar, que intentaron justificar en nombre de una ideología trasnochada (peor aún, tomando como base una interpretación antojadiza del marxismo) y aprovechando de muchos de los defectos de la sociedad peruana:
Hoy los familiares de los senderistas y sus abogados intentan que su brazo político, el MOVADEF, sea inscrito como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Una cuestión que debe ser tajantemente rechazada por razones éticas: el MOVADEF no claudica sobre ninguna de las banderas del denominado “pensamiento Gonzalo” y, peor aún, propone una amnistía general para todos los perpetradores de violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000. Y la CVR fue clara en señalar que Sendero Luminoso no tiene cabida en el sistema democrático peruano (remarco esto porque no falta alguno en repetir como loro lo que dice el fujimorismo. Lean el Informe Final o su versión abreviada. Lean).
Para quien quiera profundizar en que es MOVADEF y porqué insistimos en que es un organismo de fachada de Sendero Luminoso, puede leer este reportaje de Noticias SER que muestra como es el monstruo por dentro.
Claro está, como lo indica Patricia del Río, no son los únicos que proponen el “borrón y cuenta nueva” para crímenes tan execrables:
Aunque suene a locura, Crespo no está solo: el ex congresista Javier Valle Riestra hace años que sostiene que la pacificación del Perú pasa por el perdón y libertad de Víctor Polay Campos. El ex ministro de Trabajo Rudecindo Vega declaró, cuando aún formaba parte del Ejecutivo, que debíamos “dar amnistías en todos los sectores”. El fujimorismo no se ha quedado atrás y cuando se le pregunta a su vocero Rolando Reátegui sobre una posible amnistía general responde que hay que someterla a debate y referéndum. Y cómo olvidar los pedidos del ex ministro de Defensa Daniel Mora para que se liberen a Fujimori, a Antauro Humala y a los militares involucrados en casos de violación de Derechos Humanos. Etnocaceristas, militares, terroristas y fujimoristas acarician desde sus distintas esquinas y sus diversas motivaciones, la misma idea: abrir las puertas de las cárceles para que todos los que mataron impunemente o permitieron que otros maten, salgan a las calles.
Más allá de la indignación (que ha abarcado desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hasta el PPC), las marchas y las protestas reales y virtuales que se puedan producir frente a este intento del MOVADEF por aprovechar la legalidad para sus protervos fines, es necesario tomar ciertas medidas para defender la democracia. Y esas medidas pasan por la legalidad, la política y la memoria.
Una revisión de la Ley de Partidos Políticos permite encontrar elementos suficientes para denegar la inscripción. Por ejemplo, dice la norma que un objetivo del partido político es “contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los DDHH”. ¿Puede el “Pensamiento Gonzalo”, base del ideario de MOVADEF, sostener esos principios sin provocar indignación? Sin embargo, el artículo 14 establece que la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática (y señala específicamente actos terroristas) solo puede ser expresada por la Corte Suprema a pedido del Fiscal de la Nación o Defensor del Pueblo. Hay aquí, por tanto, un trabajo legislativo urgente para corregir un sinsentido legal. ¿Tendría que inscribirse al MODAVEF para poder declararlo ilegal? Obviamente, no tiene sentido, pero la norma actual daría pie a esa interpretación.
Por tanto, es necesario que la modificación legal propuesta en estas semanas para hacer aún más clara la prohibición contemplada en la Ley de Partidos Políticos sea aprobada lo más pronto posible, para evitar dar algún resquicio legal a esta gente. De hecho, ya el gobierno ha presentado una propuesta de ley sobre la materia.
Lo segundo es trabajo político. Cada vez que Sendero ha querido dar sus coletazos en universidades públicas, se ha insistido mucho en la necesidad de que los partidos políticos hagan su chamba allí. Como indicó Roberto Bustamante cuando un grupúsculo senderista quiso hacer de las suyas en San Marcos hace años:
Lo de San Marcos ha sido claramente una provocación, y si algo sabemos de las provocaciones políticas es que lo que buscan es que el debate se caiga al suelo, que no se discuta, y que más bien todos estemos atemorizados o expectantes. ¿Qué buscan los que han hecho este clarísimo acto de provocación? Una reacción violenta. Lo han hecho antes, lo hacen ahora, y así buscarán decir “teníamos la razón”. Been there, done that.
¿Qué hacer? Organizarnos. El doble. El triple. Estar alertas. Pararnos al frente y no pisar el palito, porque ellos van a aprovechar cualquier cosa para decir “allí, está, teníamos la razón” (así funciona su lógica). Ganarles la partida de mano. Enmendarles la plana, en los pasillos, en las aulas, en las paredes, en los patios.
Sin embargo, la pregunta de fondo es esencialmente política: ¿Cómo un movimiento evidentemente vinculado a Sendero Luminoso puede obtener cerca de 400 mil firmas sin utilizar ningún service para conseguirlas?
La respuesta tiene mucho que ver con la situación de los partidos políticos en nuestro país.
Desde la crisis del primer gobierno de Alan García y el poderoso movimiento antipartidario que despertó el gobierno de Alberto Fujimori, los partidos no han levantado cabeza.
Salvo excepciones, solo existen para los procesos electorales. No tienen dinámica interna ni militancia activa, ni menos aún se interesan por construir fidelidad a su organización y una cultura política democrática de debate y de táctica en el ejercicio del quehacer político.
La idea de que las adhesiones políticas se deciden en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, hace perder todo interés por construir o solidificar colectivos partidarios en Lima y en el resto del país.
Y lo tercero es la memoria.Juan Carlos Tafur insistió en su columna del domingo sobre esta materia:
Sería bueno que este hecho sirva, de paso, para que se reflexione sobre la irresponsable insensatez de algunos sectores del país que se han dedicado toda una década a denigrar el informe de la Comisión de la Verdad por prejuicios nimios. O a tratar de sabotear que se erija el Lugar de la Memoria. Bajo el falaz argumento de que ambos esfuerzos contienen un maquillaje del horror terrorista, se ha impedido que el país, y en especial la juventud, conozca una historia que no vivió en carne propia.
Lo último que el país debía haber hecho respecto de los años del terror era ponerle una lápida encima. Y en ese contexto resalta la pasmosa frivolidad asentada detrás del discurso que ha logrado construir la idea de que cualquier preocupación por los derechos humanos o los fueros legales revela una actitud “proterrorista” (¿?).
(…)
Cuando una tragedia colectiva como la sufrida por el Perú se trata de olvidar solo para esconder errores políticos de los gobiernos que la afrontaron, se termina por abrir las esclusas para que reaparezcan actores que, a causa de ello, han perdido la noción de lo que ocurrió.
Y creo yo que este último aspecto ha sido parte de la clave para que muchos políticos hayan querido enterrar el Informe Final de la CVR en un estante o hayan querido que se olvide. Si bien es cierto que la democracia no puede ser boba frente a Sendero Luminoso, durante los años del terror varios agentes del Estado cometieron graves violaciones a los derechos humanos, con los gobiernos mirando hacia el techo y, en el caso de Fujimori, con su consentimiento delictivo en las acciones del grupo Colina. Y parte de la sociedad, lamentablemente, comparte el “sinsentido común” expresado alguna vez por Raúl Romero:
Y si se hablaba de la Cantuta, de Barrios Altos y de cierto control del Poder Judicial, a muchos de nosotros, desgraciadamente, nos parecía tolerable. Que me perdonen las víctimas, pero desde el punto de vista macropolítico nos parecía que era un precio a pagar.
Ninguna vida es un precio a pagar. Esa es la lógica que Sendero quiso imponerle al país con su baño de sangre y en la que, desafortunadamente, algunos peruanos cayeron e intentan justificar hasta el día de hoy. Y otros aplican la misma lógica para justificar otras muertes, cometidas por agentes estatales. Si queremos diferenciarnos de la barbarie, no actuemos como ellos. La democracia peruana debe preservarse, comenzando por los valores éticos que están en su base: el respeto a la ley y a los derechos humanos. Por ello, no a MOVADEF.
MAS SOBRE EL TEMA:
Una visión complementaria, sobre lo que se debe hacer en la escuela frente al senderismo, vía El Morsa
Entradas (RSS)