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Lima no es el Perú: La realidad regional es dis­tinta, tanto en actores, costumbres, formas de hacer política y reclamar. Es hora de entenderlo.

Reconstruyan su pasado: Muchos de los desencuentros actuales son producto de ma­las prácticas anteriores. En los casos de Yanacocha y Tía María esta situación es más fuerte. Peor aún, no se ve autocrítica.

Dejar de tener a la Policía como su guachimán: Resuel­van todos los convenios con la DINOES. No solo porque se ve mal que le compren los días de franco, sino también porque es una fuerza policial preparada para luchar contra terroris­tas. Exijan la creación de un cuerpo especial para conflic­tos sociales, con el que no ten­gan vínculo.

Evalúen a sus voceros: No solo a los oficiales – que andan criticando derechos como la consulta previa – sino también a los oficiosos. Muchas veces son los asesores con vocación de plantígrado los que termi­nan afianzando la desconfianza de los ciudadanos.

Recuerden que su visión del desarrollo no es mayoritaria: ¿Alguna vez se preguntó por­qué PPK obtuvo cerca del 20%? Es el equivalente de quienes – según Alfredo Torres – creen en una visión liberal de la economía y del tratamiento a la inversión privada. Si sus voceros escriben en portales dirigidos a este sector, segui­rá en ese porcentaje minori­tario. Peor aún si se compor­tan como mercas.

Analicen mejor a los actores locales: No todos forman el co­mité de Patria Roja o de Tierra y Libertad. Pregúntese por qué esos partidos (y no el PPC, por ejemplo) llegan mejor al entor­no de su yacimiento. E indague sobre los intereses locales. Qui­zás sean más fáciles de resolver de lo que usted estima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.04.2014)

(Foto: SNMPE)

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El martes, en este blog, planteamos dos temas vinculados a la reciente condena del hoy expresidente de CAPECO y exsegundo vicepresidente de CONFIEP, Lelio Balarezo, por defraudación tributaria. La primera, vinculada a la tibia respuesta que el gremio de gremios empresariales había brindado en torno a este tema hasta dicha fecha. La segunda se vinculaba a la cobertura periodística que el caso había tenido en diversos medios, en particular, en aquellos vinculados al Grupo El Comercio.

En particular, señalé lo siguiente respecto de Perú.21 (añado links):

En Perú.21, la cosa es más grave. Solo una nota en la web reseñando la renuncia de Balarezo a CAPECO. Por ahora, nada más. Y ni una sola palabra en la edición impresa, con excepción de la columna de Davelouis. Tampoco un comentario del director, Juan José Garrido. Este es un buen caso para que el Defensor del Lector, Carlos Basombrío, pueda pronunciarse sobre este tema.

Publicado el post, envíe el mismo vía Twitter a Carlos Basombrío, Defensor del Lector del mencionado diario, quien me dijo que el caso le interesaba.  Durante el resto del día, el post tuvo bastante rebote en redes sociales.

Al día siguiente, consignamos en una actualización del blog lo que había aparecido en Perú.21 en su edición impresa. Señalamos en forma explícita lo siguiente:

Durante las últimas horas han aparecido nuevos artículos sobre el tema y algunos medios han realizado una cobertura mayor sobre el caso Balarezo.

Perú.21 hoy publica una nota que resalta que el empresario hasta ahora no puede ser ubicado. También su director, Juan José Garrido, dedica una columna sobre el tema. Su párrafo más fuerte señala que:

Dicho esto, el caso debería llevar a los gremios locales a repensar su constitución y, también, sus procesos de elección interna. Queda claro que, en este caso, no existió una diligencia debida respecto a la lista presentada, tanto en Capeco como en Confiep. Un empresario deshonesto, sin duda, no representa al empresariado en general, pero basta un ejemplo para dañar a la clase misma. Además, no sería exagerado pensar que existen otros casos así.

Basombrío hoy publica su columna habitual como Defensor del Lector respondiendo a esta consulta. En ella señala tres puntos centrales:

1. Que el director del diario, Juan José Garrido, conoció de la noticia - como la mayoría de nosotros - por lo publicado en el diario La República el sábado de la semana pasada y que encargó una nota con información novedosa y relevante, la misma que salió publicada el miércoles, al igual que su columna. Y que el luego el diario ha publicado otra nota sobre la materia.

2. Que pudo existir cierto apresuramiento de mi parte al señalar que el diario no había tenido la cobertura adecuada.

3. Que, “habría sido bastante mejor que Perú21, por razones de celeridad y oportunidad, tan importantes en el periodismo, publicase el mismo domingo 19, en la edición impresa, la nota que apareció en la edición web del diario la víspera”.

Respondo las atingencias de Carlos, a quien aprecio y respeto, de la siguiente forma.

Para comenzar, a diferencia de algunos amigos periodistas, sí considero importante la existencia de la figura del Defensor del Lector. Creo que es una forma a través de la cual podemos conocer cuáles son los procedimientos internos de un medio de comunicación, expresar nuestra preocupación por la cobertura brindada a determinado hecho y, además, constituye un importante medio de transparencia que tiene un diario frente al lector. Sobre todo, cuando el mismo se ha vuelto más exigente respecto del contenido que tiene a la vista.

En segundo lugar, comparto con Basombrío que, en efecto, Perú.21 debió publicar algo sobre el tema el domingo en su edición impresa, sobre todo, si ya tenía algo colocado en la versión web. Conocida la noticia, que ha causado impacto en un importante sector de la opinión pública, correspondía que los medios de comunicación consignaran su existencia. Y más aún cuando la información aportaba un dato nuevo: la renuncia de Balarezo como presidente de CAPECO.

En cuanto al timing sobre mis impresiones, allí tengo una diferencia de matiz con Carlos. Transcurridas 72 horas de conocidos los hechos vinculados al caso Balarezo, era tiempo más que suficiente para que los distintos medios de comunicación pudieran recoger esta noticia. En el caso de Perú.21, creíamos que era necesario que lo colocara en su versión impresa. Y creo que lo escrito representaba la opinión de varios lectores, oyentes y televidentes que apreciábamos que la cobertura del caso no era la adecuada, al menos hasta ese momento.

Dicho esto, sí saludo que Garrido haya dispuesto una nota con información nueva sobre el caso, así como un editorial que, en términos generales, también suscribiría. Perú.21 ha continuado con la cobertura del caso, con una nota publicada en la web el jueves - y que apareció el viernes  en la edición impresa -. Se han sumado a ello una nueva columna de Luis Davelouis y la de Sandro Venturo, ayer sábado. Y aprovecho para señalar que, más allá de discrepancias editoriales, noto en Perú.21 un esfuerzo serio por recuperar los bríos que tuvo en sus primeros años, en particular, en los últimos meses.

Ya saliendo de Perú.21, concluída la semana, se puede mencionar que la cobertura en torno al caso fue mejorando conforme transcurrieron los días. La mayoría de medios han editorializado en torno al tema y han puesto diversos ángulos de la noticia. Coloco algunos ejemplos: Reputación empresarial fue el ángulo tocado por Semana Económica. Gestión también se refirió a las obligaciones tributarias incumplidas por los empresarios. Rosa María Palacios cubrió lo ocurrido desde dos ángulos: tanto la necesidad de un pronunciamiento de CONFIEP sobre el tema, como lo que sucede con los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones y son hostigados por SUNAT. Incluso el director de Correo, Iván Slocovich, fue bastante contundente en torno a sus opiniones. Y así lo han hecho varios columnistas en diversos medios esta semana. Incluso la PUCP - disclaimer, donde trabajo - dedicó el programa habitual de Palacios y Patricia del Río vía Internet a este asunto. Ello se suma a lo ya escrito en La República, Exitosa - donde mantengo una columna semanal - y Diario 16.

Sí debo decir que esperaba más de la cobertura que, frente a este caso, debió tener El Comercio. Con excepción de una nota en la sección impresa sobre el pobre funcionamiento de los Códigos de Ética empresariales, no ha existido un pronunciamiento editorial sobre un tema que afecta la imagen del mayor gremio empresarial del país o, siquiera, un comentario del editor de Economía respecto de este tema. Dado que se trata de un diario que defiende tanto el respeto al Estado de Derecho como a la inversión privada, consideraba conveniente tanto un pronunciamiento editorial como una mayor cobertura frente a un caso que afecta a ambos valores que el diario señala defender.

Y ya sobre el tema de fondo, hay que seguir alertando que, una semana después, Lelio Balarezo continúa prófugo de la Ley. Y que va siendo tiempo que el Ministerio del Interior indique a los ciudadanos cuáles son los esfuerzos que vienen haciendo para que el empresario pueda cumplir su pena, como corresponde, en una prisión.

Finalmente, agradezco la respuesta de Carlos Basombrío a la consulta hecha, más allá de la discrepancia en un punto particular. Creo indispensable que, poco a poco, los diarios peruanos incorporen la figura del Defensor del Lector u otras similares que permitan a los ciudadanos absolver sus legítimas inquietudes respecto de los contenidos o coberturas brindadas a determinados hechos.  Y esperamos que, más temprano que tarde, el señor Balarezo cumpla con la Ley y esté donde la justicia ha ordenado que se encuentre.

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Normalmente vemos a nuestro vecino del sur en relación con los temas económicos, pero quizás sea momento de observar como afrontan sus principales escándalos de corrupción.

Durante los últimos meses, tres casos han llamado la atención de la opinión pública chilena, normalmente ajena a que sus políticos estén involucrados en, por ejemplo, aprovechar los pasajes que les da el Congreso para irse a un mitin partidario.

Los casos Penta y SQM - el primero, un gran conglomerado empresarial y el segundo una importante empresa minera - tuvieron la misma raíz. Una investigación del Servicio de Impuestos Internos (la SUNAT mapocha) encontró un importante número de facturas falsificadas. Pero, a diferencia de lo ocurrido con el segundo vicepresidente de CONFIEP, el tema no solo quedó en defraudación tributaria. Se descubrió que Penta financiaba campañas de políticos - en particular, de la Unión Democrática Independiente, el partido más cercano al pinochetismo - y SQM sobornó a un ex viceministro de Minería del gobierno de Sebastían Piñera, además de hacer pagos a parlamentarios de diversas tendencias, incluyendo a la actual alianza de gobierno (Nueva Mayoría).  Es decir, una investigación estatal permitió revelar una trama de corrupción política. Y en el caso Penta ya hay algunos funcionarios del conglomerado presos preventivamente.

Mientras que el caso Caval apuntó al círculo íntimo de la presidenta Bachelet. A diferencia de los dos anteriores, se trató de un destape periodístico - presentado por la revista Qué Pasa -, donde se descubrió que la empresa Caval, de propiedad de la nuera de Bachelet, había recibido rápidamente un crédito del Banco de Chile (uno de los bancos privados más importantes de dicho país) para la compra de terrenos de uso rural.

Dos problemitas: antes hubo una reunión previa entre Natalia Compagnon (la nuera) y Sebastían Dávalos (el hijo de la presidenta) con el vicepresidente del Banco, Andrónico Lukzic - sí, el mismo que se reunió con Vladimiro Montesinos en la salita del SIN por el caso Lucchetti - y, posteriormente, el terreno de uso rural pasó a ser urbano, lo que incrementó automáticamente su valor. Se vienen investigando ambos hechos.

Ya se imaginarán el bolondrón que esto ha causado en Chile. La clase política está en su punto más bajo de credibilidad, la popularidad de Bachelet anda en niveles peruanos y se ha tenido que formar una Comisión presidencial para ver medidas contra la corrupción.

Precisamente, la foto que vemos arriba corresponde al momento de entrega del informe de esta Comisión, en ceremonia realizada esta mañana. Según La Tercera, Bachelet daría un mensaje a la Nación anunciando las políticas a implementar este domingo.  Pero lo que me interesa resaltar es el reconocimiento público de errores que hizo la presidenta. Aquí los extractos más fuertes de su discurso:

La profunda molestia de la ciudadanía con quienes están en posiciones de poder, es totalmente comprensible. Eso es grave.

Y seríamos ciegos si pretendiéramos seguir actuando como si no pasara nada, o como si se pudiera echar tierra a un asunto para volver a hacer las cosas como se hacían antes.

Necesitamos hacer cambios de fondo.Y eso parte por reconocer nuestra responsabilidad.

Es la hora de la sinceridad y de la acción, de otra manera el país no va a devolvernos su confianza. Y hay una verdad que debemos reconocer: los que estamos en la política, en los negocios, en el Gobierno, estamos en deuda con Chile.

Estamos en deuda, porque hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras relaciones políticas y económicas.

Estamos en deuda, porque hemos dejado que se debilite la fe pública, que es la condición básica de nuestra existencia en común.

Estamos en deuda, porque hemos afectado el orgullo que los chilenos y chilenas sienten por su Patria, un país históricamente transparente y honesto.

(…)

Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios.

Pensamos, erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia.

Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido.

Y si bien es cierto que el manejo de la crisis ha sido bastante defectuoso - de hecho, Bachelet incluso tomó la infeliz decisión de desmentir una posible renuncia ante la prensa extranjera - lo cierto es que, con el informe y con estas declaraciones, la presidenta recupera iniciativa.

¿Algún presidente peruano diría, alguna vez, palabras como las mencionadas hoy?

(Foto: La Tercera)

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1. No tener en cuenta el pasado: Empresas con malos antecedentes siempre tienen más dificultades para plasmar sus nuevas iniciativas que aquellas que recién llegan. El caso más nítido es el de Yanacocha, campeona nacional e internacional en metidas de pata en su relación con su entorno. Pero también ha ocurrido en torno al caso Tía María. Rosa María Palacios así lo comenta:

El miedo es real. Se basa, en Tía María por ejemplo, en paro ya por 21 días, en la historia empresarial de Southern y el recuerdo popular de las chimeneas negras y los suelos contaminados. Eso ya no existe porque se remedió. Pero el recuerdo no se borra de un día para otro. Eran otros tiempos, es verdad. Durante el gobierno militar se presionaba para lograr records de producción, sin importar cómo y las empresas públicas y las poquísimas privadas así lo hacían. El Estado fue, a través de sus empresas públicas, el mas grande contaminador en los setenta. Las primeras normas ambientales son de los noventas. Ese mundo enemigo del ambiente termino hace décadas. Pero siempre queda la duda.  ¿Por qué confiar en la palabra de quien hizo daño antes? Las marchas y contramarchas de la propia empresa al explicar que su actual proyecto no tomará agua del río Tambo, bajo ninguna consideración, tampoco tienen la contundencia que debería.

2. Un ineficiente manejo del Estado: Si ya desconfías de un Estado que antes que dejó que contaminaras, peor aún cuando no te brinda servicios básicos. Parte de la negociación de las comunidades con el Estado y la empresa se basa en este punto: se trata de zonas del país donde la capacidad de actuación estatal ha sido siempre bastante limitada. Explica Juan Carlos Tafur:

En el fondo, lo que sucede en estos con­flictos no es tanto que las exigencias a la empresa se acrecienten de un modo exce­sivo, sino que las poblaciones aprovechan los mismos para pedir que se resuelva el cúmulo de reclamos acumulados al Estado.

Si con anterioridad a los proyectos en cuestión, el Estado dedicase algún empeño en satisfacer tales pedidos (agua, luz, ca­rreteras o caminos rurales, postas médi­cas, colegios, etc.) el grado de conflictividad disminuiría hasta niveles perfectamente manejables.

3. Actuación policial con errores de fondoNormalmente, las zonas donde ocurren conflictos sociales vinculados con industrias extractivas cuentan, en principio, con poca dotación policial. Por lo general, estamos hablando de lugares del país donde solo están las comisarías del lugar, con oficiales y suboficiales básicamente entrenados para enfrentar el delito común. La atención policial se centra más en Lima y en las ciudades principales del país.

¿Qué es lo que ocurre? En defecto de una fuerza policial regular, llega a estas zonas del Perú personal de la División de Operaciones Especiales (DINOES). Y aquí se encuentran dos problemas. El primero es que las funciones y entrenamiento de los miembros de esta unidad policial está dirigido, básicamente, hacia el combate a la subversión y al narcotráfico. Se trata de fuerzas dentro de la Policía Nacional que están destinadas a una función cuasi militar.

El segundo es que las empresas extractivas compran los días de franco del personal policial y, en algunos casos, esta situación lleva a la suscripción de convenios. Si bien los mismos no son ilegales per se, si llevan a una situación de casi privatización de la Policía y, sobre todo, de identificación de las fuerzas del orden con los intereses de las empresas mineras y petroleras. La confianza y la legitimidad de la actuación de la Policía Nacional se ven disminuidas cuando se sabe que las empresas han suscrito estos convenios y, además, cuando el personal policial se traslada en vehículos de estas compañías.

Así las cosas, tenemos a oficiales entrenados para luchar contra el terrorismo puestos a custodiar a una empresa minera - que les compra el franco - frente a la protesta de civiles. Una situación anormal por donde se le mire.

4. Iniciar la campaña del “terrorismo antiminero”: La peor estupidez que se puede hacer, recomendada por algunos analistas, consultores y manejadores de imagen, pensada básicamente en el público limeño, pero que solo alienta al sector “estoy a favor de la minería, meta bala a toda costa para que el proyecto salga”, olvidando que ese grupo resulta minoritario incluso dentro de quienes apuestan por la inversión privada.

Como señala el editorial de ayer de Noticias SER:

Uno de los blancos favoritos de esta campaña son las ONG, a las que se acusa de hacer un uso irregular de los fondos que reciben de la cooperación internacional. Incluso esta es acusada de ser cómplice de acciones que atentan contra la gran inversión o contra la dignidad de las Fuerzas Armadas, lo que, además, la convierte, a ojos de los lectores u oyentes, en una suerte de inaceptable intervención extranjera en los asuntos internos del país. Lo que no se dice es que las ONG presentan informes anuales de su trabajo ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad que, además, ha realizado diversas acciones de fiscalización. A ello habría que agregar las permanentes evaluaciones y auditorias de proyectos y recursos, que no se pueden malversar alegremente, como se afirma con tremenda ligereza

Otro de los blancos son los líderes y las lideresas de las protestas, o quienes respaldan estas luchas. Sobre ellos se acumulan, por las movilizaciones que lideran, diversas denuncias, que, además, se convierten en procesos penales, que suelen avanzar a paso lento, y tienen como principal finalidad amedrentarlos  y anular sus acciones, ya que deben dedicar buena parte de su tiempo a responder a citaciones de diversos tribunales. No en vano, estos llevan los procesos a paso lento, como sucede con el caso del Baguazo.

A esta dinámica se ha agregado ahora la acusación, soltada primero por un funcionario de la empresa Southern y repetida luego por el coro habitual de voceros oficiosos de la minería, de que la oposición al proyecto Tía María es liderada por “terroristas antimineros”, lo cual es un paso adelante hacia la estigmatización de quienes protestan. Por si esto fuera poco, en días recientes, en un diario de circulación nacional, el congresista Martín Belaunde ha calificado al líder del partido político “Tierra y Libertad” Marco Arana, de “sucesor de Abimael Guzmán”, y a su acción política, de “terrorismo revestido de seudoecologismo”.  Ello no solo es una burda mentira, sino una temeraria acusación, hecha sin prueba alguna.

Si usted es empresario minero, piense dos veces antes de aceptar un consejo en esta línea.

5. No despejar dudas respecto del proyecto: Como bien señaló hoy en Exitosa el consultor en conflictos sociales Julio Schiappa Pietra:

Para la gente no está claro cuál es el beneficio de tener una mina cerca de sus chacras. Tampoco tienen claro económicamente los beneficios, porque están bastante bien. Hay que mirar lo que gana una persona en esa zona. Un agricultor independiente es una persona con mucho dinero. Es necesario que a Arequipa vayan negociadores profesionales”, precisó.

De hecho, ese es el principal error cometido por Southern. No ha sabido explicar las bondades del proyecto, ni cómo utilizarán la técnica de desalinización del agua del mar para no tocar aquellas fuentes destinadas a uso agrícola. Y ahora pagan las consecuencias.

6. Ausencia de ordenamiento territorial: Si no tenemos claras las zonas del país en las que se puede hacer minería, agricultura, ganadería y aquellas donde estas actividades pueden convivir, los malentendidos van a persistir. Van cuatro años de gobierno y hemos avanzado poco o nada en esta tarea.

Una vez servido esto, tiene el terreno listo para que aquellas personas que desconfían de la minería o quienes puedan tener ideas radicales ganen a río revuelto. En realidad, ellos no han incendiado la pradera, lo ha hecho usted con sus errores, señor funcionario estatal o señor empresario minero. Y si sigue sin comprender que los conflictos sociales no se solucionan en términos binarios, seguiremos postergando proyectos que pueden traer recursos que, bien utilizados, pueden servir para impulsar el desarrollo. Pero mientras sigamos en esta línea, tenemos la receta completa para hacer fracasar cualquier intento de impulsar grandes proyectos mineros en el país. Lejos de la tramitología, aquí está la clave de los conflictos sociales en el Perú.

(Foto: El Comercio)

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No vamos a caer en el reduccionismo de involucrar a toda la militancia aprista con la corrupción o el narcotráfico. Conocemos aquí a varios militantes que viven exclusivamente de su trabajo y, más allá de las discrepancias claras con la actuación del APRA en sus dos gobiernos, creemos que esto debe enfatizarse.

Dicho esto, pasemos a la reflexión de fondo.

El caso de Gerard Oropeza, que comenzó como una noticia estrictamente policial, se ha convertido en una peligrosa bola de nieve para el Partido Aprista Peruano. El hoy investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico era, hasta hace pocos días, militante aprista.  Su madre fue candidata al congreso en 2011 por dicha agrupación política.  La mayoría de contratos de su empresa con el Ministerio Público se celebraron cuando dos Fiscales de la Nación con cercanías familiares con el partido encabezaban la institución. Y el exgobernador de La Molina, también con carnet, fue quien le dió la constancia de posesión de la casa embargada a José Enrique Crousillat.

Para colmo, su abogado, Miguel Facundo Chinguel, adquirió acciones de sus empresas, aparentemente en una operación simulada. El hoy encarcelado hombre de leyes es, además, el principal implicado en el caso Narcoindultos, el mayor hallazgo de la Megacomisión presidida por Sergio Tejada.

Este último caso tiene dos aristas. La primera se vincula con la desnaturalización de una gracia presidencial, medida excepcional por la intromisión que supone una decisión del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, para una liberación masiva de involucrados en narcotráfico. Como resume Carlos León Moya:

Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.

En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.

Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.

A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.

La segunda es aún peor: existen serias evidencias de pagos por los indultos. Como resumió, hace dos años, Oscar Castilla para El Comercio:

En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.

“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.

Lamentablemente, no son los únicos casos en los que se ha vinculado a miembros del APRA con el narcotráfico. Como bien señala el diario no estatal más antiguo del país, otros tres casos serán materia de una dosis de memorex en estos días.

Para empezar, la donación de 5,000 dólares a la campaña de Alan García en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda, miembro de la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Cuando se conoció el hecho, en 2011, García devolvió el dinero en efectivo. En esos mismos días salieron varias pistas sobre los vínculos entre uno de los hijos del exministro Luis Nava Guibert y la familia Sánchez Paredes.

Otro es el caso de Manuel Ángel del Pomar, en la década de 1980. Resume El Comercio:

Un golpe contundente contra el primer gobierno de Alan García fue la detención de uno de los diputados de su partido. El 27 de setiembre del 1988, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín. La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.

Posteriormente, Del Pomar huyó del país, y tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.

Y, 34 años atrás en el tiempo, nos podríamos remontar al caso de Carlos Lanberg, el primer gran destape sobre narcotráfico hecho por Gustavo Gorriti para Caretas. El experimentado periodista pudo descubrir la trama de la organización criminal encabezada por el narcotraficante, así como los vínculos con el partido, que incluían a algunos personajes que luego cayeron en desgracia, así como aportes a la campaña presidencial de 1980 y al mantenimiento de Villa Mercedes, la casa donde murió el fundador de la agrupación. Como bien anotó Gorriti en su momento, el escándalo desatado fue uno de los principales factores que permitió el ascenso de Alan García a las altas instancias del APRA en 1982.

Por el momento, las defensas apristas se resumen en dos vertientes. De un lado, militantes como Javier Barreda reconocen que hay “manzanas podridas” en el partido, pero que las mismas no pueden manchar a cientos de partidarios honestos. De otro lado, dirigentes como Jorge del Castillo que más bien juegan a decir “los demás tienen más vínculos que nosotros con el narcotráfico”.

El problema es que, como sugiere hoy Fernando Vivas, estas respuestas son insuficientes. El sociólogo y periodista plantea la necesidad de una poda en el padrón, pero también la instalación de una comisión interna con expertos independientes y militantes probos que pueda, de una vez por todas, hacer una depuración en serio en Alfonso Ugarte y que, además, pueda entregar sus hallazgos a las autoridades pertinentes. De lo contrario, afirma Vivas, la candidatura de García corre serio riesgo de quedar bastante quiñada.

El asunto no es de broma y, lamentablemente, el discurso ha sido, de la calle para afuera, demasiado defensivo en torno a las responsabilidades políticas que le caben al APRA por estos casos. Quizás es tiempo que, por un momento, la mística basada en el martirologio ceda y de paso a una reflexión serena sobre los errores cometidos. Porque si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, la facilidad como esta gente se metió a militar en el partido (o a aportar en las campañas), así como la ejecución de una política de liberación de sentenciados por narcotráfico mediante la aplicación masiva de indultos requieren brindar una respuesta colectiva al país.

(Foto: Andina)

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Ayer, desde Piura, el presidente de CONFIEP Martín Pérez Monteverde se pronunció sobre el caso más complicado que ha tenido que afrontar su institución: la condena al exsegundo vicepresidente de dicho gremio, Lelio Balarezo, por defraudación tributaria.

Indica El Comercio:

“La imagen en general, sí (se ha visto afectada). Estamos muy mortificados, pero es importante que todos entendamos que uno es el comportamiento de las instituciones y otro es el comportamiento de los individuos”, anotó Pérez a su salida de un evento en Chiclayo. Allí se reunieron empresarios y las autoridades del norte del país.

“Es un hecho individual que afecta a la persona que lo comete, a la persona que, de alguna manera, ha ejecutado el hecho. No confundamos las acciones individuales con las acciones institucionales”, remarcó.

Estoy parcialmente de acuerdo con Pérez. En efecto, las responsabilidades en un caso penal son individuales y no deberían comprometer a las instituciones en las que esta persona se desempeña, a menos que haya utilizado las mismas para delinquir. En este caso, ni CAPECO ni CONFIEP están comprometidas directamente en el hecho delictivo, sino la empresa constructora de Balarezo.

Sin embargo, esperaba que CONFIEP tuviera una reflexión mayor en torno al tema corrupción y responsabilidad tributaria. Durante los últimos años, la institución ha aprobado un código de ética y cada uno de sus gremios integrantes cuenta con un documento de este estilo. Son quienes más reclaman que el Estado haga cumplir la Ley en el caso de los conflictos sociales, pero al momento en que uno de sus líderes principales delinque, las expresiones son bastante escuetas y ni siquiera merece un comunicado público. Y deberían tenerlo, dado que el principio 5 de su Código de Ética indica que sus integrantes se comprometen a:

Impulsar los objetivos empresariales considerando el interés general y teniendo en cuenta los principios de equidad, veracidad y transparencia, rechazando cualquier acto de corrupción.

Y esto es aún más grave cuando el caso es recontra rochoso. Como bien se resume hoy en El Útero de Marita:

En el año 2003, la Sunat detectó varias irregularidades en las facturas que presentó Contratistas Generales S.A. – Bacongesa, la empresa de Balarezo Young. (Sí, al parecer está de moda presentar comprobantes fantasmas. Recordemos al anterior Fiscal de la Nación, Ramos Heredia, y al congresista José Anaya Oropeza, más conocido como ‘Comepollo’).

Entonces, la Sunat realizó las comprobaciones y demostró que la empresa del vicepresidente de la Confiep había realizado compras fantasmas porque dichas adquisiciones nunca se efectuaron. Además, se determinó que las facturas que supuestamente eran emitidas por la empresa Negociaciones Aries SA y Syst’Pomen eran presuntamente falsas y se comprobó que dos de las facturas nunca fueron emitidas por Negociaciones Aries.

En total, 176 facturas fueron adulteradas. Ojo que, aquí nomás, en Chile, la investigación de la SUNAT chilena a dos empresas grandes llevó a dos de los escándalos que están remeciendo la política chilena, dado que las facturas falsificadas encubrían pagos para el financiamiento de campañas de políticos.

Y, para mayor vergüenza, Balarezo sigue prófugo de la justicia.

Quizás parte de la explicación sobre la tibieza de CONFIEP está en la anécdota que cuenta Luis Davelouis en su columna de hoy:

Otro ex presidente de Confiep, convencido de que había que replantear el papel y responsabilidades del empresariado en la agenda de desarrollo y construcción nacional en todos los ámbitos, dijo uno de los discursos más coherentes, equilibrados, autocríticos y justos que le he escuchado a un empresario. Más tarde, luego de que varios conspicuos miembros de su gremio minimizaran sus palabras ante los medios, el también presidente de CADE me explicaba: “No es que no entiendan, es que a algunos no les interesa; no es incapacidad, te importa o no” y se fue, solo como un hongo, caminando a su hotel.

Por otro lado, CAPECO sí procedió bien al aceptar la renuncia de Balarezo. Como indica su propio Código de Ética: “si se trata de un representante de persona jurídica, asociada a CAPECO, deberá renunciar a dicha representación”.

Pero hay otro tipo de tibieza que me sorprende.

Con excepción de La República - el medio que sacó la primicia -, Exitosa y Diario 16, el caso ha sido escasamente cubierto por otros medios de comunicación. Solo ante las declaraciones de Pérez, Canal N y Panamericana han sacado algunas notas informativas sobre el tema. Latina también puso la noticia ayer en su noticiero estelar. Eso sí, cabe destacar que el canal de noticias del Estado, TV Perú 7.3, sacara una nota sobre el caso el viernes que se conoció la noticia en la mayoría de redacciones.

Y donde la cuestión es más clamorosa es en el Grupo El Comercio. En la web del diario decano solo hay dos notas sobre el tema: una reseñando el caso escuetamente el domingo (un día después que reventara el escándalo) y otra con lo señalado por Pérez, antes mencionada en este post. En la edición impresa, solo apareció una nota muy pequeña en página 9. Y lo dicho por el presidente de CONFIEP ayer no ha aparecido en ninguna de las secciones de la edición de hoy del diario. Tampoco hay un comentario editorial o siquiera del editor de Economía.

En Perú.21, la cosa es más grave. Solo una nota en la web reseñando la renuncia de Balarezo a CAPECO. Por ahora, nada más. Y ni una sola palabra en la edición impresa, con excepción de la columna de Davelouis. Tampoco un comentario del director, Juan José Garrido. Este es un buen caso para que el Defensor del Lector, Carlos Basombrío, pueda pronunciarse sobre este tema.

Gestión salva en algo el honor en el GEC. Más que por su nota, por publicar completa la sentencia del caso Balarezo. Eso sí, ¿editorial en el diario que más lee la gente de negocios? Hasta ahora no lo veo.

Y entre los columnistas, también existe el silencio. Con la excepción de Davelouis - y, aunque suene impúdico decirlo, del editor de este blog - el caso no ha merecido comentario alguno, salvo algunos tuits.

Para decirlo claro, en cualquier país del mundo, sería noticia de primera plana que el vicepresidente del gremio de gremios empresariales del país - quien además es presidente de la agrupación de empresas constructoras - sea sentenciado en instancia definitiva por falsificar facturas. Y más aún, que esté prófugo de la justicia. En el caso de un político, su imagen habría aparecido en todas las primeras páginas de cualquier diario.

Pero, ante el primer caso que compromete a un alto directivo de un gremio empresarial, parece que la cobertura periodística no es igual para todos.

ACTUALIZACION (22.04.2015):

Durante las últimas horas han aparecido nuevos artículos sobre el tema y algunos medios han realizado una cobertura mayor sobre el caso Balarezo.

Perú.21 hoy publica una nota que resalta que el empresario hasta ahora no puede ser ubicado. También su director, Juan José Garrido, dedica una columna sobre el tema. Su párrafo más fuerte señala que:

Dicho esto, el caso debería llevar a los gremios locales a repensar su constitución y, también, sus procesos de elección interna. Queda claro que, en este caso, no existió una diligencia debida respecto a la lista presentada, tanto en Capeco como en Confiep. Un empresario deshonesto, sin duda, no representa al empresariado en general, pero basta un ejemplo para dañar a la clase misma. Además, no sería exagerado pensar que existen otros casos así.

Semana Económica, revista especializada en temas empresariales, justamente se ocupa del tema de la reputación empresarial, con opiniones de la abogada Beatriz Boza y del expresidente de CONFIEP, Ricardo Briceño. La nota de la web de la revista remata así:

¿Pero qué pasa cuando es la cabeza la que está comprometida? La sentencia se da cuando Lelio Balarezo ejercía su cuarto periodo al mando de Capeco. Su primer periodo fue en el 2003, cuando ya existía un proceso judicial en su contra. “Los estatutos de Confiep determinan que no pueden ocupar ningún cargo aquellas personas que tengan algún proceso judicial abierto” sentencia Briceño. “Se entiende que la persona que postula lo hace a sabiendas de esto. Por eso lo que ha sucedido con Balarezo ha dañado seriamente la confianza en los empresarios”.

Sin embargo, El Comercio no publica más contenido en sus ediciones impresa y web en torno a este caso.

(Foto: La República)

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La foto que ven arriba corresponde al mitin por el quinto aniversario de Fuerza Popular realizado hace un mes en la ciudad de Puno. La presidenta del partido aparece bailando en primer plano, pero al fondo están algunos de sus congresistas, vestidos con casaca naranja.

Y justamente algunos de ellos están en problemas.

Ayer, el periodista Martín Hidalgo reveló en El Comercio que seis parlamentarios fujimoristas viajaron para participar en la actividad partidaria con pasajes pagados por el Congreso. Los congresistas involucrados son Juan José Diaz Dios, Rolando Reátegui, Freddy Sarmiento, Ángel Neyra, Alejandro Aguinaga y Francisco Ccama. Este último es el único de los representantes que sí es de la región.

El pretexto para la coincidencia en el viaje es el que señala Hidalgo:

Este Diario se comunicó con cuatro de los parlamentarios que viajaron a Puno con pasajes del Congreso sin ser esta su región. La mayoría coincidió en que habían ido a realizar gestiones de fiscalización que, por casualidad, encajaron con la fecha del viaje de Keiko Fujimori.

Resulta por lo menos curioso que los seis congresistas implicados “justo” hayan hecho actividades de fiscalización - en una región que no es la suya, con excepción de Ccama - en días cercanos al mitin del 7 de marzo. Este mismo pretexto volvió a ser enunciado hoy por Diaz Dios, al anunciar que, frente al roche, van a devolver el dinero de los pasajes al Congreso.

Pero subsisten algunos problemas. De un lado, varios parlamentarios fujimoristas sí acudieron al mitin partidario como corresponde, es decir, con la suya. Julio Gagó, Octavio Salazar y Leila Chihuán son algunos de los congresistas que sí tuvieron el mínimo decoro de asistir a una actividad partidaria con su peculio.

Asimismo, varios de los pretextos sobre “actividades de representación previas al mitin” son desmentidas en la nota de Hidalgo. Los casos más clamorosos son los de Reátegui y Neyra. Y, de hecho, el anuncio hecho por Alejandro Aguinaga de devolución del dinero de los pasajes, que es consignado en la nota, sonaba a confesión de parte.

Y tampoco les será fácil salir tanto de la investigación de la Comisión de Ética como por las posibles consecuencias penales de este tema. De hecho, las palabras peculado de uso comienzan a sonar en los pasillos del Poder Legislativo para enunciar el posible tipo penal en el que habrían incurrido los seis congresistas naranjas.

El argumento que, posiblemente, esgriman los parlamentarios fujimoristas, es que no existiría delito “al devolver el dinero empleado para los pasajes”. El problema es que su propio líder histórico les complica la vida. En la sentencia contra Alberto Fujimori en el caso 15 millones (la famosa “CTS” de Montesinos), la Sala Penal Especial rechazó la argumentación de su defensa, que sostenía exactamente lo mismo que acabamos de enunciar. El colegiado señala expresamente que el peculado “se consuma con el solo fraccionamiento o salida de modo temporal o definitivo de los bienes y caudales de la esfera de custodia del Estado”. Es decir, una vez que salió la plata de la administración del Congreso, hay delito consumado. Y no vale la devolución para tratar de eludir la responsabilidad penal.

Y en la página 46 de la sentencia, la Sala es aún más clara:

“Como advierte la doctrina y la jurisprudencia nacional hay consumación de peculado aún cuando la apropiación haya sido momentánea y los bienes o caudales hayan sido devueltos con posterioridad

En un Congreso que se precie de serlo, con estos elementos, estos congresistas ya deberían comenzar a ser procesados, no solo por la Comisión de Ética Parlamentaria, sino también por las instancias pertinentes del Ministerio Público.

Finalmente, el caso puede constituir un duro golpe para Keiko Fujimori. Solo dos de los parlamentarios han estado en periodos legislativos anteriores. Los otros 4 son llevados por ella. Por tanto, o zanjan rápido con este tema, o promete ser una bola de nieve que afecte gravemente su candidatura.

(Foto: Facebook de Keiko Fujimori)

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Ayer se conoció que el segundo vicepresidente de la Confiep, Lelio Balarezo, fue condenado a 5 años de prisión por defraudación tributaria. Es el golpe más fuerte para el gremio empresarial más importante del país en los últimos años. El también presidente de Capeco integraba una directiva cuyo titular, Martín Pérez, había sido drástico en señalar que los empresarios que delincan deberían ir a prisión.

En tiempos recientes, el poder simbólico de la Confiep ha sido cuestionado. Varias de las marchas contra la Ley de Empleo Juvenil se dirigieron a su sede institucional. Y aunque dicho gremio no impulsó dicha norma, era percibido como su principal beneficiario.

También ha sido materia de críticas su posición política. Solo en años recientes, algunos de sus dirigentes fueron autocríticos respecto de sus silencios sobre los abusos producidos en la década de 1990. Aunque tampoco dudaron en hacer campaña por Keiko Fujimori – con comerciales incluidos – en 2011.

Y en lo que se refiere a derechos humanos, tacharon duramente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sin haberlo leído. Estuvieron a puntode repetir el error con el Lugar de la Memoria, pero medió una reunión con la Comisión de Alto Nivel encargada del museo para atajar cualquier declaración altisonante.

La defensa de la inversión privada es el principal campo de actuación de la Confiep y sería ocioso pedir que cese en ello. Por el contrario, es su naturaleza. Sin embargo, contemplar la importancia de los elementos institucionales y sociales sería importante para que su vocería sea más moderna y comprometida con el país. Ojalá el caso Balarezo les permita percatarse de ello.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 19.04.2015)

(Foto: Gestión)

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No habíamos comentado en este blog, hasta el momento, la posible postulación de Mauricio Diez Canseco a un cargo de elección popular en 2016, por dos motivos.

El primero es que consideramos que - al igual que Daniel Urresti - el popular empresario debería solucionar sus problemas tributarios y jurídicos. Ayer El Comercio informó que tiene una investigación pendiente por presunto lavado de activos.

El segundo se vincula al hecho que, hasta el momento, el Movimiento Democrático Ciudadano (MDC) no tiene inscripción, por más que en la puerta de cada uno de los establecimientos de la cadena Rústica se haya instalado un puesto para recoger firmas con miras a participar en las próximas elecciones.

Dicho esto, sí hay un tema que nos llama la atención: sus propuestas de campaña.

Por ahora, la presencia de Diez Canseco en medios se circunscribe tanto a campañas asistencialistas - con programa televisivo incluido, donde se recurre a una autoridad local (o candidato) de turno para ayudar a una familia pobre de distintas zonas de Lima cada semana - y a sus spots en redes sociales. Y son estos últimos los que se han hecho notar.

Hace algunos domingos, MDC lanzó este video, en el que propugna como propuesta el indulto a Alberto Fujimori. Aquí pueden verlo:

A raíz del mismo, todas las miradas - tanto por la factura del video como por la medida en sí misma - apuntaron a un solo nombre: Carlos Raffo. Como se sabe, el expublicista del fujimorismo participó en un primer momento en la campaña por el indulto humanitario a Fujimori, por pedido del encarcelado en la DIROES, pero fue apartado posteriormente por sus hijos. Y últimamente se le ha visto en algunas campañas electorales (Salvador Heresi y Absalón Vásquez entre las reconocidas, así como el famoso lisérgico video de Madelaine Osterling, que él no quiere comentar hasta hoy), así como apoyando causas conservadoras como la Marcha por la Vida, en las que cree legitimamente.

Raffo indicó a El Útero de Marita que “Conozco a Mauricio hace muchos años. No soy su jefe de campaña. No trabajo con él. Pero sí le he dado unos consejos”. Y lo mismo nos dijo por Twitter hace algunas semanas.

Pero parece que los consejos continúan.

Este es el nuevo spot de Diez Canseco, con una controvertida propuesta: sacar las Fuerzas Armadas a la calle para combatir la inseguridad ciudadana:

Pero este video tiene cierto aire de familia con este otro spot, correspondiente a la campaña de Heresi, cuando ya Raffo lo apoyaba (la locución es inconfundible):

Además del populismo policial penal de la idea - criticada en la campaña municipal por oficiales respetados como Roberto Chiabra - cabe preguntarse: ¿el candidato suena a Pizza o a Panda?

Saquen ustedes sus conclusiones.

(Foto: Utero.pe)

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Hoy Caretas publicó un dato bomba: Jaime Yoshiyama ha sido mandado a la congeladora en el fujimorismo. Y nada menos que por el propio fundador, es decir, Alberto Fujimori en persona.

De acuerdo con la revista, será el propio Fujimori quien conduzca la campaña de su hija Keiko. E incluso ya habría llegado a un acuerdo con una conocida radio en AM que se dedica, básicamente, a transmitir cumbia y música andina para retornar con su espacio La Hora del Chino.

Este blog pudo conocer, de acuerdo con una fuente de alta credibilidad, que el dato proporcionado por Caretas es cierto, por lo menos en lo que se refiere a la salida de Yoshiyama del entorno cercano de Keiko. De hecho, ya los rumores sobre este apartamiento circulaban por Lima hace días. Incluso, de refilón, Juan Carlos Tafur, director de Exitosa Diario, aludió en su columna del domingo al alejamiento del exministro de la Presidencia del círculo más cercano de la presidenta de Fuerza Popular.

Recordemos que fue Yoshiyama quien condujo la campaña de 2011. Y ya en esa época tuvo fricciones con varios miembros de la familia Fujimori. Santiago, hermano del encarcelado por asesinato y corrupción, fue desplazado del círculo cercano de su sobrina a inicios de dicha campaña.

En la segunda vuelta electoral, la disputa entre Keiko-Yoshiyama y Alberto Fujimori fue realmente dura sobre el rumbo de la segunda vuelta electoral. El politologo japonés Yuzuke Murakami cuenta esto en la segunda edición de su libro sobre el fujimorato. Aquí la cita, rescatada por Eduardo Dargent:

Yoshiyama mantuvo la campaña a la defensiva. No puso ‘en riesgo’ a la candidata al recomendarle no viajar al sur del país, donde el apoyo a Humala fue mayor, mientras que Humala visitó el norte, donde no había ganado muchos votos en la primera vuelta. La campaña organizada por Yoshiyama llegó tarde a provincias. Por ejemplo, en Ayacucho, donde mucha gente tiene simpatía por el exmandatario, el mensaje de inclusión social de Humala penetró mucho antes que la propaganda fujimorista; así, esta no pudo revertir la tendencia favorable al candidato militar” (pág. 22-23).

Más allá de si la interpretación de Murakami sobre una posible mitigación de la estruendosa derrota en el sur andino del fujimorismo - cuestión discutida por Dargent - el hecho demuestra la existencia de las dos líneas ya desde la campaña. Fujimori padre estaba en desacuerdo con el rumbo emprendido por Yoshiyama. De hecho, el experto japonés lo explicita más en otra columna:

Alberto Fujimori, principal interesado y promotor de la idea de “ir al sur” dentro del fujimorismo, entendía también esta situación. Cuando la candidata habló sobre la propuesta de su padre con Jaime Yoshiyama, su jefe de la campaña, este rechazó la idea diciéndole: “Te van a lanzar piedras y huevos”. Ella tomó la decisión de no hacerlo en la etapa inicial de la campaña electoral de la segunda vuelta. Enterado de la decisión de su hija y la reacción del jefe de la campaña, el exmandatario expresó: “¿Por qué no va? ¡Es mucho mejor!” La segunda parte de su comentario se refiere al temor de “lanzar piedras y huevos”.

De hecho, Alberto acabó peleado con Yoshiyama y con Keiko al final de la campaña. Y las heridas tardaron en cerrarse entre padre e hija. Pero entre el encarcelado expresidente y su exministro la relación nunca se recompuso. Y buena parte de las disputas internas residen en torno a cómo afrontar la campaña del 2016. Parece que, en parte, el duelo se ha resuelto a favor de Alberto.

Pero no es el único relevo en el fujimorismo. DTP consultó en la consulta de RUC de SUNAT los datos actuales de Oportunidades Instituto Para el Desarrollo, la organización no gubernamental presidida por Keiko Fujimori. Dos datos llamaron nuestra atención: el primero es que esta institución comparte domicilio con Fuerza Popular, en Miraflores. El segundo es que su gerente ahora es Adriana Tarazona, economista que colabora con Keiko desde sus épocas de Primera Dama.

La gran pregunta que genera esta serie de cambios - y, en particular, el de Yoshiyama - es si con esto gana el sector más histórico dentro del fujimorismo. Recordemos que el exministro priorizó sobre todo rostros técnicos y, con excepción de algunos exmiembros del gabinete, lejanos a la década de 1990 o enfocados en los sectores menos “controvertidos” del régimen. Por lo pronto, el CEN de Fuerza Popular es keikista. ¿Reconciliación padre - hija a la vista con campaña conjunta?

(Foto: Diario 16)

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