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Ayer Daniel Urresti fue a su programa favorito - Punto Final -, donde Nicolás Lucar le dio la oportunidad de explayarse a gusto con sus conceptos respecto de lo que, hasta el momento, se conoce sobre la acusación fiscal que lo implica como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Casi al final de la entrevista, Urresti anunció que, para sufragar sus gastos legales (léase, abogado), subastaría el auto que compró apenas fue nombrado como general del Ejército Peruano, así como la réplica de la espada de Bolognesi que regalan a los miembros de esta institución que llegan el mencionado grado.

Pero hay un pequeño problema: la subasta es innecesaria.

Como han recordado Jo Marie Burt y Carlos Rivera, desde septiembre de 2006, el Estado paga la defensa de los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. En aquella fecha - no exento de controversia - se promulgó el Decreto Supremo 061-2006-PCM, emitido al inicio del segundo gobierno de Alan García.  Dos años más tarde, esta norma fue reemplazada por el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG. La lógica es que el Estado pague por la defensa de quienes sirvieron en su nombre.

Ambas normas tienen regulación similar. Se dispone que el Estado pueda contratar a estudios de abogados o un pool de ellos para ejercer la defensa de estas personas, a pedido de parte. La contratación se hará mediante proceso de selección convocado por el Ministerio del sector respectivo. Solo en caso se pierda el juicio, el militar o policía condenado deberá devolver al Estado el dinero empleado para la defensa. Actualmente, para quienes se acojan a esta norma y hayan sido condenados, se les puede descontar hasta un 30% del sueldo o de la pensión mensualmente para hacer este reintegro.

De hecho, esto ha permitido, por ejemplo, que el estudio de César Nakazaki pueda ser contratado para la defensa legal de militares involucrados en estos procesos. Y no se trata de un bufete que cobre una cantidad modesta por sus servicios profesionales.

Por tanto, resulta innecesario que Urresti haga una subasta de sus objetos personales. A menos que considere, claro está, que terminará devolviendo al Estado el dinero invertido en su defensa legal.

(Captura de pantalla: Paco Bardales)

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La semana pasada, advertíamos en este mismo espacio sobre los peligros que corría la reforma del transporte con los pasos dados en esta materia por la gestión de Luis Castañeda Lossio. Y, a la larga, nos quedamos cortos, pues 48 horas después fue aprobada esta ordenanza que liquidaba, para efecto práctico, cualquier intento de cambio durante el periodo que Solidaridad Nacional esté al frente de la alcaldía metropolitana de Lima (imágenes vía el regidor Augusto Rey):

Conviene diseccionar el estilo en que la norma fue aprobada y, por supuesto, el contenido de la misma:

1. PROYECTO ENVIADO A ÚLTIMA HORA: Según explicó hoy el regidor aprista Luis Jiménez Borra en Exitosa Radio, en principio se iba a tener una reunión informativa sobre la supuesta evaluación de la reforma del transporte. Pero luego, el miércoles por la tarde, les enviaron un proyecto de Ordenanza a todos los regidores para que fuera “aprobada de urgencia” al día siguiente en sesión de Concejo. Cualquier parecido con los métodos que empleaba el fujimorismo para aprobar proyectos al caballazo - sobre todo entre 1996 y 2000 - en el Congreso de la República no es mera coincidencia.

2. SESIÓN SIN TRANSPARENCIA: Hasta el momento, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha vuelto a la buena costumbre de pasar las sesiones del Concejo en la web, como lo hacía la anterior gestión. Si nos enteramos de la agenda a discutir y de lo acordado es, fundamentalmente, por los regidores opositores Augusto Rey y Hernán Nuñez, a través de sus cuentas en Twitter. Recién hoy el regidor Jiménez Borra indicó que los apristas se sumarán al pedido de transmisión de las sesiones.

3. MAYORIA SOLIDARIA Y ABSTENCION APRISTA: El proyecto de Ordenanza fue aprobado al toque, con la mayoría que tiene SN en el Concejo. Ojo, aquí no solo incluimos a los solidarios. Como indica El Comercio, los regidores que entraron con Heresi - aunque Jaime Salinas, para fines prácticos, es un oficialista más - y los únicos representantes del PPC (ala castrista) y Fuerza Popular se plegaron a la votación. Los apristas se abstuvieron, según dijo Jiménez Borra, porque “no habían leido el proyecto”. Esta confesión de parte suscitó una repregunta de Rosa María Palacios sobre porque habían preferido la abstención al rechazo, cuestión que no fue bien respondida por el representante del APRA. Solo Diálogo Vecinal en bloque votó en contra.

4. EL PSICOSOCIAL DE LAS COMBIS: Para aplacar las iras en redes sociales, Protransporte sacó un comunicado donde vendían la reforma como “el retiro de las combis de 16 avenidas de Lima”. El problema es que, al revisar la norma, no existe algo que aluda a este tema.

5. EL FONDO DE LA ORDENANZA: Lo explica bien el regidor Rey (vía El Útero de Marita):

La nueva ordenanza no contempla ningún cambio de sistema por tres años, es decir, durante casi todo el gobierno de Castañeda. Si bien la propuesta busca ajustar el sistema a 322 rutas urbanas, 77 rutas periféricas y 15 rutas en zonas no atendidas, se mantendrá el sistema comisionistas afiliador y el correteo en las calles. Es decir, en esencia, mantendremos el mismos sistema que tanto le cuesta a la ciudad.

Todo ello sin evaluar las contingencias económicas que surgirán por desconocer los contratos de concesión en los corredores complementarios que se encuentran firmados. Son 12 contratos que se estarían desconociendo y, por lo tanto, sobre los que la ciudad deberá pagara indemnizaciones millonarias.

Un horror por donde se le mire. En primer lugar, porque mantiene el sistema actual que estaba en proceso de modificación. El modelo comisionista - afiliador es perverso por donde se le mire: no tiene a cobradores y choferes en planilla, incentiva los correteos y metidas de combi - coaster o bus porque se basa en que cada unidad se gana el diario con más pasajeros y, por tanto, incrementa el riesgo de accidentes de transito. Asimismo, impide que las empresas - que son mero cascarón - inviertan tanto en mejores unidades como en capacitación de los choferes.

En segundo lugar, porque varias de las rutas colisionan con los corredores complementarios ya otorgados y que aún no están en marcha. Simple y llanamente, Castañeda se ha zurrado en los contratos ya firmados. y además, pone también en riesgo el Corredor Javier Prado - La Marina, que estaba en proceso de implementación, dado que lo termina de ahogar monetariamente al continuar la competencia de las combis (lo que se suma al retraso de Protransporte en los pagos) Lo que se viene es una avalancha de demandas contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, que la entidad edil perderá por goleada y cuyo costo será asumido por todos los limeños.

¿Se acuerdan cuando criticaban a Susana Villarán por ser izquierdista y “anti inversión privada”? Más allá de la inexactitud del último punto - si una gestión hizo hartas concesiones fue la anterior - resulta increible que los supuestos campeones de la derecha popular  terminen afectando la credibilidad de la MML como promotora de la inversión metropolitana.

En tercer lugar, hay otro problema. Una concesión por tres años, básicamente definida a dedo por la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, se presta a tres cosas: a) mercantilismo puro y duro, b) poca inversión cuando tienes poca probabilidad de retorno (sobre todo con un sistema como el antes descrito) y c) harta posibilidad de corrupción como reseña Palacios:

¿Por qué el sistema de licitaciones por 10 años era mejor? Porque no hay corrupción. No tienes que coimear a nadie cada 3 años para conseguir una ruta.

De hecho, el exregidor metropolitano Pablo Secada señaló la semana pasada, vía Twitter, incluso los supuestos precios de las “tarifas” que se cobraban en gestiones anteriores por la renovación de rutas. Ojo a este punto que requiere más indagación.

6. LA POBRE EXPLICACIÓN DE LA GERENTA DE TRANSPORTE URBANO: En la noche del jueves pasado, aprobada ya la ordenanza, se presentó Fanny Eto, gerenta de Transporte Urbano de la MML, en el programa de Jaime de Althaus. Y allí dijo que las rutas se congelaban por tres años por el tema del metro. Pero el economista Ben Solis encontró que los contratos de los corredores complementarios ya tenían contemplada la evaluación referida al Metro. Y el usualmente amable Althaus le dijo lo mismo. Chequeen el siguiente video:

7. POCA TRANSPARENCIA: Como indica el artículo 1 de la Ordenanza en cuestión, existirá un Anexo 1 donde se detallen las rutas que se congelarán por tres años. Pues bien, la Ordenanza se publicó en El Peruano el sábado y, hasta el momento, en la web de la MML no se publica el famoso documento.

Le pregunté anoche por Twitter al gerente municipal José Manuel Villalobos si es que publicarían el famoso Anexo y me dijo que lo harían. Hasta ahora seguimos esperando. Y será bueno revisarla, para ver si es que se favorecieron a empresas cuyos directivos participaron directamente como candidatos solidarios o a compañías cascarón cuestionadas por su pobre desempeño al volante.

Mientras los opositores a la medida demoran en articular esfuerzos y en hacer política - más allá de la minibancada de Dialogo Vecinal y sus voceros -, Castañeda se sigue yendo en combi, con un legado nocivo para la ciudad. Algo que ni una megaobra podrá reparar.

(Foto: Perú.21)

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Durante 2015, varios casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la década de 1980 ocuparán espacio en el debate público, porque se iniciarán los juicios por los casos Cayara, El Frontón, la desaparición de Luis Manrique, los crímenes de un comando paramilitar y el asesinato de Hugo Bustíos. Más allá de lo judicial, ¿qué nos deja esta avalancha de procesos?

En dos de estos casos (Bustíos y Manrique), los acusados son militares en retiro que han incursionado en política: Daniel Urresti y el alcalde de San Borja, Marco Álvarez. Ambos tienen alta aprobación para estándares peruanos y son respaldados por sus partidos, que no gobernaron en los años del terror. ¿Qué reflexión harán el PPC y el PNP si son condenados?

Asimismo, la mayoría de sucesos implican a miembros del Ejército peruano en crímenes execrables, que solo son vistos como excesos. ¿Habrá un paso más allá si los procesos terminan en penas de cárcel para oficiales y suboficiales de la institución? Y, en el caso de El Frontón, veremos si la Marina, poco proclive a reconocer las responsabilidades de sus miembros en aquellos años, asume una visión menos rígida sobre la materia.

Finalmente, estos casos ocurrieron en el primer gobierno aprista, lo que nos devuelve a la necesaria reflexión desde Alfonso Ugarte sobre aquellos años, más allá del martirologio. Algunas líneas ya han sido planteadas por Javier Barreda en Exitosa, pero será necesario saber si las comparte el resto de la dirigencia. Y, como señaló Juan Carlos Tafur ayer, los problemas sobre derechos humanos impactan directamente en tres precandidatos, lo que puede abrir un espacio a otras opciones.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 01.03.2015)

(Foto: El Comercio)

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Luego de su aparatosa presentación como militante (¿y candidato?) del Partido Nacionalista Peruano, hoy Daniel Urresti recibió un baldazo de agua fría en sus aspiraciones políticas. Según Ideele Radio, Urresti ha sido acusado por el fiscal Luis Landa como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988 en Erapata (Huanta, Ayacucho), en el contexto del conflicto armado interno que vivió el país. Se solicita 25 años de prisión y 500 000 nuevos soles de reparación civil.

Bustíos fue ultimado por una patrulla del Ejército. Su cuerpo luego fue dinamitado. Urresti ha reconocido haber servido en la base militar de Castropampa - lugar del que salió la patrulla - como oficial de inteligencia, pero ha negado su participación en estos hechos. El Ministerio Público ha calificado este caso como un crimen de lesa humanidad.

Más allá de la valoración de la opinión pública sobre los procesados por violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que la acusación deja en mal pie a Urresti. De un lado, porque se trata de un crimen serio y un caso emblemático de vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado (de hecho, el Poder Judicial ya condenó a dos de los involucrados). De otro lado, porque el estatuto del Partido Nacionalista Peruano impide postular a cargos públicos a quienes tienen procesos judiciales abiertos. Gracias a Rodrigo Cruz, periodista de El Comercio, tenemos aquí el pasaje exacto de dicho documento:

Pero este no es el único caso en el que Urresti deberá aclarar su participación. Una completa investigación del periodista Christopher Acosta, para la revista Poder, pone al descubierto un caso vinculado a la sanidad policial que deja mal parado al exministro del Interior.

Aquí las claves más importantes.

1. LA EXTRAÑA SOLUCIÓN AL DESABASTECIMIENTO DE MEDICINAS EN LA SANIDAD POLICIAL

Todos quienes tenemos familiares cercanos en la Policía Nacional del Perú sabemos que uno de los principales horrores que los pacientes tienen que padecer es el desabastecimiento de medicinas, situación que tiene más de veinte años sin solución.

Desde 2009, se tiene un parche, llamado Sistema de Reembolso Inmediato, que partía de la siguiente premisa: los pacientes podían comprar las medicinas en cualquier farmacia, para luego, comprobante en mano, ser reembolsados.

Pero rápidamente la “solución” se distorsionó: el parche se convirtió en regla y la única beneficiaria del SIRI era una empresa: Baxley Group. Pequeño gran detalle: el monopolio se entregó sin concurso público y sin contrato de por medio. Así, esta empresa, con el nombre comercial de “Boticas + Ahorro”, entre 2009 y 2014, ha ganado cerca de 32 millones de soles únicamente por este concepto. Como indica Acosta, no hay ningún documento que formalice la relación oficial entre la compañía y el Fondo de Salud Policial (antes Fospoli, hoy SaludPol).

La relación se inició cuando el presidente de Fospoli era el hoy retirado general Raúl Salazar Salazar, quien años más tarde fuera director general de la Policía Nacional del Perú, en una controvertida gestión. Salazar no quiso declarar a Poder para el mencionado informe.

Además de la inexistencia de documentación que justifique esta relación comercial, Acosta señala dos cuestionamientos más: casos de falsificación de firmas en algunos de los vouchers entregados por Baxley Group para justificar los reembolsos que SaludPol debe dar a esta empresa y precios más elevados que otras farmacias del mercado en los medicamentos que suministran a la familia policial.

2. UN CONSORCIO FARMACÉUTICO CASERITO DE LOS MEDIOS

Según indica Acosta, Droguería Laboratorio Baxley Group es parte de un consorcio de capitales indios y peruanos que comprende a las empresas Merrock y Eske Corporation, siendo esta última la más conocida del gremio.

El periodista señala que las famosas “Boticas del Pueblo”, implementadas durante la campaña presidencial aprista 2006, no son otra cosa que el otro nombre comercial de las farmacias de Baxley. Este proyecto que implicaba la venta de medicinas genéricas a bajo costo, fue diseñado por Hugo Diaz Lozano, militante del partido de la estrella y asesor de la empresa hasta hace poco. Curiosamente, la relación comercial investigada se inició en el segundo gobierno de Alan García.

Pero no es la primera vez que este consorcio farmacéutico ocupa un espacio en medios de comunicación. En la reciente campaña electoral municipal, una investigación del portal Ojo Público reportó la siguiente revelación sobre el entonces candidato a la alcaldía de Lima Salvador Heresi:

El candidato a la alcaldía de Lima fue investigado por recibir 37.500 dólares de un directivo de un grupo farmacéutico entre el 2010 y 2011. Heresi dijo que los pagos fueron por asesorías, pero nunca especificó los servicios. Dos años después, la empresa fue beneficiada por la Municipalidad de San Miguel.

¿Cual era el grupo farmacéutico? Eske Corporation. Y cual era el beneficio. Citamos el informe de Fabiola Torres:

El último episodio de esta relación salió a la luz el 4 de diciembre del 2013. Esa mañana el alcalde de San Miguel inauguró un centro de hemodiálisis municipal en un edificio de la avenida La Paz que presentó como un ejemplo de asociación público-privada, con apoyo de dos ONG: The Wheelchair Project Perú y Manos Fuertes (esta no figura en ningún documento de este caso). El problema es que tal asociación nunca existió formalmente. En realidad, lo que el alcalde inauguró fue un centro de salud privado en un local municipal. El negocio pertenecía nada menos que a la empresa vinculada a Rajan Bandekar, Eske Corporation.

¿Notan algún parecido?

Pero no es el único cuestionamiento que tiene la empresa. Otro informe elaborado por Torres, esta vez para El Comercio, indicaba en noviembre de 2013 que:

Eske Corporation es la empresa que originó la suspensión del programa contra la anemia infantil el 2011, lo que perjudicó a más de 600 mil niños menores de tres años del país y también a madres gestantes.

Esto porque la compañía solo entregó al Pronaa 15 millones de unidades del suplemento vitamínico de un total de 45 millones comprados, pese a que se trató de una situación de urgente necesidad que la exoneró de concurso público el 2010. Además, el único lote abastecido a tiempo por Eske Corporation no respetó las características de empaque del producto indicadas en el contrato.

El problema lo conoce de cerca Paola Bustamante Suárez, actual viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ex directora ejecutiva del Pronaa en ese período (ahora es la titular del MIDIS, nota de DTP), quien rescindió en forma parcial el contrato con Eske Corporation. Sin embargo, la empresa llevó a un arbitraje al programa para obligarlo a recibir los lotes faltantes del producto fuera de plazo y en condiciones inadecuadas.

El proceso acabó recién el 2 de febrero del 2012 y el Pronaa fue obligado a recibir los 30 millones de sobres de suplementos vitamínicos faltantes (dos años después de la compra), cuando ya no se encontraban en óptimas condiciones para el consumo de los niños.

El laudo arbitral solo declaró infundadas las pretensiones de la compañía de una indemnización de más de un millón de soles del Estado y pagos de otros gastos administrativos.

Un mes después, el Pronaa empezó a distribuir el producto a las regiones, pero el Ministerio de Salud ordenó la inmovilización de todos los lotes vendidos por Eske Corporation porque detectó que estaban llegando en mal estado a los beneficiarios.

Se presentaron 20 casos de intoxicaciones de niños y el Pronaa interrumpió nuevamente la distribución de los nutrientes.

Y no era el único problema de la empresa hermana de Baxley Group

Este no es el único antecedente de Eske Corporation para tomar en cuenta. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a la empresa para participar en licitaciones públicas por un año debido a que nunca entregó los lotes de un medicamento (heparina sódica) comprado por el Gobierno Regional de La Libertad. Esto perjudicó a los pacientes del Hospital de Belén de Trujillo en el 2009.

La empresa perdió un primer arbitraje contra el gobierno regional, pero inició un segundo proceso. Hasta que se resuelva esta última demanda, el tribunal suspendió su sanción en abril pasado. Solo así pudo participar en la licitación del Ministerio de Salud.

3. LO QUE OCURRIÓ EN LA GESTIÓN URRESTI

Volvamos al caso. Según Acosta, durante la gestión del exministro Walter Albán, se tomaron varias decisiones. Se nombró como presidente del directorio de SaludPol a David Tejada Pardo, padre del congresista Sergio Tejada, y como gerente al médico José Paredes Cabel. La breve gestión de Paredes, según la nota, tenía tres signos claros: ninguna reunión con proveedores, reactivación de contratos existentes para disminuir el desabastecimiento de medicinas y la decisión de acabar con la relación con Baxley Group.

Esta última decisión, tomada ya en la gestión Urresti, debió ser revertida dado que los pacientes eran recetados por los médicos de la sanidad policial con medicamentos que solo podían conseguir en “Boticas + Servicios”. Paredes presentó su renuncia.

En esa línea, la salida de Tejada Pardo, de acuerdo con el informe, se explica menos por el alejamiento de su hijo de las filas oficialistas y más por una decisión: dado que no podían cortar inmediatamente con Baxley Group, era momento de acabar con el monopolio de la empresa. Urresti lo sacó y nombró como nuevo presidente de SaludPol a un miembro del directorio favorable a continuar con el trato.

4. UNA REUNION A ACLARAR

Finalmente, según Acosta, en octubre de 2014 se produjo una reunión en el despacho de Urresti. Allí Baxley Group - Eske Corporation presentaba al directorio de SaludPol, a un viceministro y a dos de los asesores del entonces titular del Interior una fórmula de operador logístico. La reunión fue reconocida por el actual presidente de SaludPol.  Semanas después, Urresti anunciaba a la prensa la necesidad de tener un “sistema de tercerización de medicamentos”.

La pregunta es si Urresti le echará la culpa a las ong’s por esta reunión y por las decisiones tomadas en su gestión. O si, por primera vez, responderá algo que no sea invocar al “señor del Ego”. Y claro está, el ministro Pérez Guadalupe deberá decirnos que hará con esta situación en la sanidad policial.

(Foto de Urresti: Partido Nacionalista Peruano. Foto de reportaje: Revista Poder)

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Lo ocurrido con el proceso al comando paramilitar que operó durante el primer gobierno de Alan García, bajo la presunta dirección de Agustín Mantilla nos muestra varios de los problemas que acontecen, cotidianamente, con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el Perú.

En mayo de 2013, se inició el primer juicio oral por este caso, luego de varios años de investigación. El proceso transcurrió lentamente durante 18 meses, periodo en el cual solo se pudo leer la acusación fiscal, enunciar las pruebas que serían presentadas, así como tomar la declaración de los 8 imputados en el caso, incluyendo a Mantilla.

Primer problema aquí: las audiencias se realizan con poca frecuencia, dentro de los plazos máximos que establece la legislación procesal penal. Ello ocurre tanto por la alta carga de trabajo de la Sala Penal Nacional. Este grupo de colegiados, que anteriormente solo tenían a dedicación exclusiva casos de terrorismo y de violación de derechos humanos, ahora tiene un alto número de procesos a su cargo dado que, durante los últimos años, ha asumido varios temas vinculados con criminalidad organizada e incluso temas de corrupción.  Los procesos por hechos ocurridos entre 1980 y 2000 pasan a la cola y no merecen la atención suficiente, más allá de familiares de víctimas e imputados, organizaciones de defensa de derechos humanos y algunos periodistas.

A fines de octubre de 2014, cuando se iba a iniciar la toma de declaraciones a los testigos, ocurrió lo que se conoce como quiebre de juicio oral. Así lo relató El Comercio:

Ese proceso judicial se quebró el último jueves y todo lo actuado volvió a fojas cero debido a que la jueza María Vidal La Rosa, de la Sala Penal Nacional, no asistió a la audiencia programada para ese día por tener una fuerte fiebre.

Dicha magistrada había faltado a la audiencia del martes 28 de octubre por problemas de salud. Debido a eso la sesión se suspendió y se reprogramó para el jueves 30. Según la ley, no puede haber más de doce días entre una audiencia y otra. La última sesión válida se desarrolló hace dos semanas.

Este quiebre se produce luego de 18 meses de haberse iniciado el juicio.

“Los responsables de esta situación son las autoridades judiciales que desde hace varios meses vienen realizando cambios en las salas penales que llevan procesos contra violadores a los derechos humanos, lo que ha generado un escenario que al enfermarse uno de sus miembros la etapa oral ha tenido que suspenderse y volver a empezar”, reza el comunicado de la Coordinadora (Nacional de Derechos Humanos, nota de DTP).

Aquí el segundo problema. Como bien indicó la CNDDHH, los cambios en las salas que ven los juicios por derechos humanos generan que los juicios orales se “quiebren” y vuelvan a empezar de nuevo, luego de varios meses. El caso del comando paramilitar es uno de ellos (de hecho, han transcurrido 3 meses para que pueda volver a iniciarse). Pero quizás el caso paradigmático es Chavín de Huántar, donde se procesaba a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la exitosa operación militar. El juicio oral se quebró dos veces tanto por cambios de magistrados como por la destitución de uno de ellos. Al final, luego de 5 años, se comprobó una ejecución extrajudicial, los tres primeros acusados fueron absueltos por falta de pruebas y Zamudio está prófugo de la justicia.

Así, aquí hay dos tipos de perjudicados. De un lado, los familiares de las víctimas, quienes no satisfacen su necesidad de justicia en los lapsos adecuados. Y, de otro lado, los propios imputados, quienes no definen su situación legal en forma rápida.

Hoy debió iniciarse el nuevo juicio oral por el caso del comando. Sin embargo, hoy ocurrió lo siguiente. Informa Andina:

La Sala Penal Nacional decidió suspender el inicio del nuevo juicio oral, previsto para hoy, contra los presuntos miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco, que operó en el primer gobierno de Alan García, cuando Agustín Mantilla era ministro del Interior.

Dicha decisión se adoptó por una acción de recusación presentada por la defensa de los familiares de las presuntas víctimas de este comando, que solicitó separar de la Sala a la magistrada Mirtha Bendezú por los supuestos nexos que tendría con el Apra.

La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso.

En declaraciones a la Agencia Andina, la abogada Gloria Cano sostuvo que debe primar la transparencia y la imparcialidad en este caso que tiene más de 25 años sin resolverse.

“Hemos pedido un recurso de recusación para la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, porque ella es esposa del señor Ricardo Chumbe, quien tiene una fuerte ligación con el estudio Peláez Bardales, que defendió a Alan García Pérez”, comentó.

Y aquí el siguiente problema: la imparcialidad de los jueces. Por primera vez en años, se recusa a una magistrada de la Sala Penal Nacional, un colegiado que normalmente había dado muestras de imparcialidad y corrección en estos casos, más allá de si se estuviera o no a favor del sentido de sus resoluciones. He aquí un tema que el propio colegiado tendrá que revisar.

Para completar la información, el caso de la magistrada Bendezú resulta aún más complicado dado que ha participado en controvertidas absoluciones en primera instancia en este tipo de procesos. Según la completa página de la académica estadounidense Jo Marie Burt, ella intervino en la absolución del actual alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas, así como de los procesados en los casos Los LaurelesLucmahayco, Pomatambo y Parcco Alto y Marco Barrantes. En el caso Los Laureles y el que comprende al alcalde sanborjino, la Corte Suprema decidió iniciar un nuevo juicio oral, pero en el caso Pomatambo, se confirmó la absolución. Bendezú también ha emitido sentencias condenatorias, pero llamamos la atención sobre los casos donde absolvió, dado que, en todos ellos, la Sala Penal Nacional llegó a comprobar la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, un caso emblemático como el del comando paramilitar que operó durante el primer gobierno aprista, cuyos miembros son juzgado por cinco asesinatos, nos ayuda a mostrar las dificultades existentes en este tipo de procesos. Valdría la pena que los observemos con mayor atención.

(Foto:Perú.21)

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Lo que costó cuatro años en comenzar a montar, es tumbado casi en dos meses. Así se puede resumir la historia de la implementación de la reforma del transporte público en Lima. Veamos lo que ha ocurrido durante la gestión Castañeda.

PASO 1: ELIMINAR LICITACIÓN PARA RECAUDO ÚNICO:

Para que vayamos a un real sistema de transporte público que esté integrado se necesitan dos cosas. La primera, contar con una Autoridad Autónoma para Lima y Callao sobre esta materia. La segunda, que tengamos un sistema único de recaudo para los sistemas que, en teoría, tendrá la ciudad (corredores SIT, Metropolitano y Tren Eléctrico).

Este sistema de recaudo se licitó el año pasado, en la gestión Villarán. Sin embargo, el MEF indicó que el contrato, antes de ser aprobado, debía ser mandado en consulta a ellos. Una cuestión discutida entre los despachos de Villarán y Segura. Pero cuando llegó Castañeda, simple y llanamente aprovechó esta observación del MEF para tumbarse toda la licitación, que fue finalmente anulada en quincena de febrero. Y parece que el alcalde de Lima no va a convocar en forma rápida un nuevo proceso.

PASO 2: BAJARSE LA LICITACIÓN DE LOS CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RUTAS DE APROXIMACION:

Todos conocemos los 5 Corredores Complementarios (Tacna-Garcilaso-Arequipa, Javier Prado-La Marina, Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur, San Juan de Lurigancho - Brasil y Carretera Central).  Estas cinco rutas madre se tenían que completar con cuatro corredores de aproximación (Angamos, Benavides, Del Ejército y Universitaria) y varias rutas de aproximación.

¿Qué pasó? Explica El Útero de Marita:

Esta decisión hace que desaparezcan rutas que representan el 60% de la demanda del transporte público de la capital. Leyeron bien: el 60%. Seis de cada 10 usuarios del transporte público quedan en el aire.

Y, además, tampoco hay fecha para saber cuando se licitarán las rutas pendientes de los 5 Corredores principales, a los que volveremos en un momento.

3. PAPELETAS ANULADAS

La reforma del transporte tiene tres objetivos centrales: mejorar el caótico transporte público de la ciudad a través de la racionalización de rutas, formalizar empresas que estaban en un modelo “comisionista - afiliador” y mejorar la calidad de manejo de los choferes, en un país donde los accidentes de tránsito han generado más muertes que nuestro último conflicto interno.

Para ello, resulta necesario también que las sanciones - léase, papeletas - sean fuertes y a la vez racionales.

Como indica Diego Pereira, la Gerencia de Transporte Urbano se bajó 46,000 papeletas, para alegría de los choferes. El problema es que, como indica el periodista:

Hasta el 30 de enero de este año, fecha en la que se anunció esta eliminación de papeletas, la gestión de Castañeda ha “trabajado” durante 30 días, ¿no?

Seguimos entonces: según esta nota de La República, en el 2013 –que es el año en el que se emitieron las papeletas “con error”– se emitieron 115 mil papeletas hasta octubre. Una regla de tres simple nos permite calcular que, aproximadamente, al finalizar ese año existirían 138 mil papeletas en total.

Esto significa que la municipalidad ha tenido que revisar toda esa cantidad de papeletas durante el único mes que tienen en su gestión. Para esto tendrían que haber avanzando a un ritmo de 4,600 papeletas diarias, trabajando todos los días..

¡Es el colmo de la eficiencia! Francamente, nos permitimos dudar de esta velocidad insólita. En todo caso, ¿cómo hicieron para encontrarlas tan rápido? ¿Acaso sabían donde buscar?

4. RENOVACION DE RUTAS YA EXISTENTES POR UN AÑO

Hace un par de semanas, la gerenta de Transporte Urbano de la MML, Fanny Eto, anunció que se renovarían por un año 418 rutas de transporte. Es decir, por lo menos durante el 2015 no se van a retirar más. Y además añadió (vía Canal N):

“Primero, voy a darles las autorizaciones por un año antes del sábado 28, para que esten tranquilos. En ese año, no es que yo me duerma. Nos vamos a sentar a trabajar ruta por ruta para ajustar la demanda, los paraderos, las frecuencias, las flotas, dijo la gerente Fanny Eto a Publimetro.

La funcionaria no precisó si realizará adjudicaciones de las rutas o se licitarán. Sin embargo comentó que “si la autorización es por varios años, hay que hacerles exigencias mínimas a los operadores”.

Ojo: si bien han sido licitados 3 Corredores Complementarios además de los ya existentes, sin que hasta ahora tengan fecha de inicio. ¿Esta ampliación de un año supone cancelar en la práctica la implementación de los corredores aún no puestos en marcha?

Pero esto no es lo peor.

5. ASFIXIAR ECONOMICAMENTE LOS CORREDORES YA EXISTENTES:

El acuerdo entre los Consorcios que operan en los Corredores TGA y Javier Prado y la MML se puede explicar en simple así: ellos ponen los buses, contratan choferes y brindan el servicio de transporte y, a cambio, la Municipalidad les debe pagar una cantidad mensual por ello.

El problema es que la Municipalidad no viene cumpliendo con estos pagos. Como indica El Comercio, citando a Luis Maravi, director del Consorcio TGA, uno de los que opera dicho corredor:

“Todas las empresas tienen compromisos con el sistema financiero. Deben pagar cada 30 días pero recién pagan a los 60 o 70 días, lo que les genera sobrecostos. Las empresas estamos al límite porque tenemos que financiar el pago de planillas y la compra de combustibles“, anotó.

Y por ello se ha generado un impasse al interior de este consorcio. Indica El Comercio:

La empresa de transportes Santa Cruz S.A., que forma parte del Consorcio TGA, y que recorre el corredor azul desde la Av. Amancaes, en el Rímac, hasta la Av. El Sol, en Barranco, mandó el pasado 9 de febrero una carta de iniciativa de renuncia a dicha ruta a la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima.

La firma señala en este documento que operar en el referido corredor no le resulta rentable, y por el contrario, le genera pérdidas que ponen en riesgo su estabilidad financiera. Orlando García Farfán, gerente general de dicha empresa, explicó a El Comercio que desde que empezaron a dar este servicio en julio de 2014 han tenido pérdidas de aproximadamente S/. 3 millones.

Detalló que su empresa se ha endeudado con más de S/. 14 millones en la adquisición de buses para operar en el corredor y, dado que no cuenta con dinero para pagar el préstamo, las entidades financieras han iniciado el proceso de ejecución de garantías.

García agregó que la firma busca recuperar su antigua ruta, que iba desde Carabayllo hasta Villa María del Triunfo, para poder pagar las deudas que le genera el corredor azul.

Y aquí está el giro del asunto, como indica en la misma nota el regidor Augusto Rey:

Para Augusto Rey, regidor de la Municipalidad de Lima, la renuncia de la empresa forma parte de una operación para desmontar la reforma del transporte: “Esta firma quiere aprovechar ese problema para recuperar su ruta anterior y para eso se comunica con la GTU. Es una maniobra calculada con el municipio. Por un lado, la municipalidad les retrasa los pagos y por el otro les compensa esa falta devolviéndoles las rutas restructuradas“, explicó a este Diario.

EL CALCULO POLÍTICO:

¿Debería sorprendernos esto? Para nada. Fue precisamente para lo que Castañeda fue elegido. Como señaló Eduardo Dargent:

La primera, lo que no va a hacer. Castañeda deja en claro que no afectará los intereses de un sector informal bastante grande en la ciudad que incluye tanto votantes como organizaciones con recursos. Ni siquiera se atreve a criticar a la empresa Orión y sus multas millonarias.

Y, además, se debe considerar que esta votación tiene otra cara de la moneda:

Queda claro que los políticos que quieran lograr propuestas sostenibles de reforma deben involucrar a esos sectores mayoritarios. Sin ellos no ganan, ni aseguran continuidad. En otras ciudades de América Latina coaliciones reformistas han logrado apoyo que cruza sectores sociales, por lo general a través de partidos políticos o alianzas de empresarios y políticos. En el Perú ser percibido como un honesto que hace obra requerirá mucho más trabajo y creatividad.

Castañeda aprovecha que el APRA practicamente se ha puesto de perfil en la MML y la debilidad del sector que defiende las reformas de la anterior gestión para hacer este desastre. Y he aquí las consecuencias, de un lado, del sector más cercano a la gestión Villarán por no hacer política en serio (lo que suponía alianzas precisamente para sostener estas reformas), como la poca proclividad de la gestión Castañeda a hacer cambios de fondo en la ciudad, dado que queman su capital político basado en obras de cemento y atender necesidades básicas. Y si a ello se suma que pocos medios cubren esta tema y que el PPC - llamado a defender estas reformas por las que también apostaron - está más metido en sus pleitos internos, el alcalde se la lleva fácil.

Todo ello, a pesar que, según Ipsos, el 54% de limeños si quiere una reforma del transporte. Es decir, este es un tema que puede permitir un capital político importante y que puede moverse mediáticamente en otra forma, pero que requiere una visión más fresca para ello.

EN RESUMEN:

La MML en dos meses está generando las condiciones para liquidar la reforma del transporte, sin que presente un plan alternativo. Y aprovecha que políticamente lo puede hacer en este momento. Sin embargo, los sectores favorables a esta política pueden (y deben aprovechar) que la mayoría de limeños está a favor de la misma. Por tanto, aquí tienen una ventana de oportunidad para ser utilizada.

Mientras tanto, vuelven las obras.

(Caricatura: Carlín para La República)

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Hoy Exitosa Diario publica una versión bastante completa de lo que ocurrió el fin de semana en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular Cristiano.  Broncas en el segundo día en la puerta del local central en Alfonso Ugarte, la decisión de ir con candidato propio al 2016 y continuar con el actual calendario para la elección de nuevas autoridades del partido.

El Congreso se realizó en medio de una disputa abierta desde hace varios años en el partido, pero que se agudizó el año pasado. Lejos de diferencias ideológicas - que existen -, lo que divide actualmente al PPC (y que ha desatado las broncas de los últimos tiempos) se basa básicamente en dos temas: estilo de conducción del partido y definición de las postulaciones. Y es allí que aparecen los bandos “reformista” e “institucional”, apoyados respectivamente por Lourdes Flores Nano y Raúl Castro Stagnaro.

En esa medida, se ha producido un empate provisional. El Congreso fue convocado a pedido de los reformistas, quienes también han obtenido un triunfo al lograr que el candidato del partido fuera propio. Con este último punto, lograban evitar que Castro - como ellos voceaban - se subiera al coche de Keiko. Pero los institucionalistas consiguieron dos goles: evitar un adelanto de elecciones internas - que era el ánimo luego de las elecciones municipales de octubre - con lo que Castro se quedará hasta la segunda mitad del 2015 y seguir controlando el padrón de afiliados (hecho que generó la bronca en la puerta del sábado último).

Asimismo, la ocasión sirvió para que Alberto Beingolea comenzara a pulsear fuerzas con miras a ser el próximo presidente del PPC. De hecho, que haya subido a la mesa de honor en el homenaje a Luis Bedoya Reyes por sus 96 años fue algo que no le agradó a los institucionalistas. Todos en el partido dan por descontado que Castro Stagnaro se presentará a la reelección. Quien sea elegido como nueva cabeza del partido tendrá una buena opción de ser el candidato presidencial pepecista, sobre todo, considerando que Lourdes Flores ha reiterado en público y en privado que no será candidata el 2016.

El problema está en que, hasta el momento, ninguno de los dos postulantes principales al cargo define que es lo que hará frente a los retos principales del PPC a corto y mediano plazo: contar con una candidatura presidencial competitiva y donde hay un espacio del centro hacia la derecha bastante copado (Keiko, PPK, Alan), una lista parlamentaria que pueda - además de pasar la valla electoral - representar a otro distrito electoral más allá de Lima y, por cierto, comenzar a dilucidar internamente que implica ser socialcristiano en el Perú de hoy.

Y estos retos no son moco de pavo. Tal como van las cosas, como indica Juan Carlos Tafur en su columna de hoy, el PPC corre el riesgo de perder su inscripción como partido o quedar como un partido intrascendente. Como reconoció hoy el exregidor metropolitano Alberto Valenzuela, los últimos cuatro años en la interna del partido han supuesto tiempos difíciles. De ellos depende superarlos.

(Foto: Exitosa Diario)

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Mientras muchos estaban concentrados en la ceremonia del Óscar, Cuarto Poder volvía a poner sobre la mesa un peliagudo problema: las finanzas del Partido Nacionalista Peruano.

La denuncia de anoche va como sigue: el excongresista y actual asesor de la alta dirección de la SBS, Pedro Santos, denunció que su firma había sido falsificada en unos documentos vinculados a la entrega de gastos de la campaña electoral de 2011. El tema podría haber quedado en un lio entre privados, de no ser por la naturaleza de los documentos y su contenido.

De acuerdo con el reportaje de Graciela Villasis habían varios problemas: la ONPE había observado el ingreso de 21 millones de soles al PNP como gastos de campaña; aparecían personajes ya conocidos por el público - Eduardo Roy Gates, Ilán Heredia Alarcón - tratando de solucionar el entuerto; 11 millones habían sido aportados en efectivo (a pesar que la Ley de Bancarización lo impide); varias sumas de las donaciones partidarias eran similares a pesar de - en teoría - habían sido entregadas por distintas personas; y, además, aparecía Juan Carlos Rivera Idrogo “Chocherín” como uno de los principales benefactores del partido, incluso donando montos mayores a los que la Ley permite (lo que se arregló con una “corrección” que hizo que la entrega del dinero se prorrateara entre él y sus hermanos).

Todos estos intríngulis se producen por dos motivos centrales: existen personas que no quieren aparecer como aportantes y colocan a una figura conocida como pantalla (y aquí entran desde grandes empresarios hasta aportes de dudosa procedencia) y, además, hay quienes tienen la capacidad económica de brindar mayor cantidad a la permitida por la legislación actual - que pone un tope a los aportes individuales - y, por tanto, dividen su aporte en cantidades iguales entre distintas personas allegadas.

La denuncia aparece además en un momento en que se cuestionan los ingresos de Nadine Heredia como consultora, al reactivarse una vieja investigación sobre presunto lavado de activos. El problema con la indagación es que, además de la discusión sobre los elementos nuevos en la investigación, sería difícil demostrar que el dinero tuvo un origen ilícito. De hecho, hoy en El Comercio, el abogado penalista César Azabache indica que, en la situación de Heredia, no estaríamos ante un caso de lavado de activos, sino ante un tema de encubrimiento de aportes partidarios. Van los párrafos pertinentes:

De hecho, las denuncias que dan forma al tema describen un caso de financiamiento encubierto de actividades políticas, no un caso de lavado de activos. Con detalles más o menos, la historia más importante que la fiscalía debe confirmar o descartar mostraría a Martín Belaunde Lossio o a su entorno sosteniendo parte de los gastos de manutención de la señora Heredia, cuando aún no era la primera dama de la República. Por cierto, sostener a otro no constituye delito alguno, aunque resulta inapropiado hacerlo cuando ese otro es un personaje público. Quienes se dedican a la política deberían mantener cierta distancia personal frente a sus donantes. El mecenazgo directo, desarrollado sin la mediación de fundaciones y partidos, borra la cuota de independencia que los políticos deben mantener frente a los grupos de interés. “Adoptar un político” debería estar prohibido, pero en nuestro medio no lo está. Pero, aunque lo prohibiéramos, “adoptar un político” nunca sería más que una infracción merecedora de multas o inhabilitaciones administrativas. No toda conducta inapropiada puede ser convertida automáticamente en un delito.

Sin embargo, si las sospechas se confirman, en el caso de la señora Heredia se habría simulado, y esto es especialmente torpe, una asesoría profesional irreal para darle cierta “forma” a los aportes realizados a su favor. Si se trataba de un caso de mecenazgo personal (fuera de lo inapropiado que resultaría), los pagos debieron registrarse como donaciones sin efectos tributarios. Registrarlos como si fueran gastos de negocio sugiere que fueron descontados para fines de impuestos por quienes los hicieron. Y si el servicio era irreal, proceder de esta forma equivale a defraudar al fisco.

Sin embargo, las consecuencias de un fraude de este tipo podrían haberse diluido hace ya varios años trasparentando las declaraciones tributarias de los aportantes, asumiendo las multas que la innecesaria simulación pueda haber generado y aceptando públicamente las responsabilidades que corresponden a lo que constituye una torpeza inaceptable y punto. Así de sencillo. La cuestión sobre la realidad o falta de realidad de los servicios declarados en este caso es una cuestión seria pero no irremediable, si los personajes de esta historia están en posición de asumir las cosas en su exacta dimensión. En cualquier caso siempre será una alternativa resolver el ‘impasse’ exhibiendo las evidencias que puedan mostrarnos a todos que los servicios registrados ante la administración tributaria como gastos fueron reales. Lo que en ningún caso tiene sentido es enredarse en respuestas complejas o elusivas tan complicadas como demandar por vía constitucional a una fiscalía que solo está intentando aclarar hechos no explicados hasta la fecha. Menos si existen protocolos para resolver este asunto de manera más simple.

Con ello el tema, antes que un peligro de cárcel, implicaría un fuerte daño político al partido de gobierno, así como un severo cuestionamiento ético. Y todo indica que eso es lo que se quiere evitar “a lo Alan García” con una demanda de hábeas corpus planteada por la defensa de la esposa del Presidente de la República. La defensa de fondo de Heredia es que los documentos sí existen, pero que los mismos solo pueden ser exhibidos ante el Ministerio Público, debido a que los informes de las consultorías hechas pertenecen a las empresas que la contrataron, bajo cláusula de confidencialidad.

Para completar el círculo, el caso denunciado por Cuarto Poder tampoco puede ser sancionado. ¿El motivo? Las normas sobre financiamiento no tienen sanciones efectivas - como suspender o cancelar la inscripción de un partido - que desincentiven este tipo de conductas. Peor aún cuando nos movemos entre agrupaciones políticas que operan como lo describe Fernando Tuesta:

En un país de poca cultura partidaria y baja militancia, es difícil pensar que 36 y 24 partidos, hayan logrado la inscripción para las elecciones del 2006 y 2011, respectivamente, cumpliendo con los exigentes requisitos de la ley. Sin embargo, lograron su inscripción y compitieron. Aquí empieza el circuito perverso. Estos partidos carentes de organización, militancia, con tan solo algunos cuadros y un líder jefe y fundador en el que reposan todas las decisiones, obviamente no tienen recursos materiales y económicos.

Al momento de la elección, deben inscribir 130 candidatos que deban competir con cierto éxito, no solo para lograr escaños sino para apoyar la lista presidencial. Pero es obvio que habrá muchos interesados y pocos capacitados. El partido oferta así los puestos, demostrando su extrema fragilidad, volviéndose vulnerables a las diversos tipos de ofertas de personajes que vienen mayormente de fuera de la política y/o con recursos, de los que carecen los partidos. Éstos no solo no se pueden resistir, sino que los aceptan sin mayores condiciones. Aquí se origina el contrato del puesto en la lista, a cambio de recursos.

Estos partidos, así de frágiles, ¿pueden exigir algo a estos contribuyentes, que en muchos casos quieren ser anónimos? Seguramente no. La tesorería del partido (figura partidaria, creada por ley), si no es cómplice de estos tratos, es incapaz de concentrar y organizar contablemente los informes de los ingresos y egresos que se producen en las campañas electorales. Peor aún, cuando nuestro sistema electoral tiene voto preferencial, en donde cada candidato es casi un partido en sí mismo. ¿Puede realmente un partido cumplir con la rendición de cuentas, es decir, hacerse responsable del dinero partidario? Difícilmente. Si esto es así, la posibilidad del ingreso de dinero mal habido crece y el incentivo para el desarrollo de conductas corruptas, crece.

Y mientras estas reglas no cambien, partidos como el Nacionalista podrán seguir haciendo este tipo de prácticas, en total impunidad. Ad portas de una nueva campaña electoral, esta es una reforma que deberíamos abordar, en forma urgente.

(Foto: Presidencia de la República)

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Desacralicen a Haya de la Torre: Es hora de tener una discusión abierta respecto de los diversos giros y matices ideológicos de su líder histórico a lo largo de su vida.

Debatan sobre su destino ideológico: La dirigencia – sobre todo Alan– se ubica en la derecha. Parte de las bases se proclama de izquierda democrática. Y otra, más joven, asume los vaivenes de un partido populista. ¿No es momento de definiciones?

Tengan un discurso claro sobre derechos humanos: Esta semana en Exitosa, Javier Barreda rescataba la memoria de los militantes asesinados por Sendero Luminoso. Pero hace falta una reflexión sincera sobre las vulneraciones de derechos fundamentales ocurridas en su primer gobierno, así como en conflictos sociales como Bagua durante el segundo.

Limpien la casa: La estrategia aprista se centra en la victimización frente a las acusaciones de corrupción. La militancia, en privado, señala nombres de compañeros con conductas poco éticas, pero asume un espíritu de cuerpo hacia afuera. Es hora de depurar.

No toda crítica es antiaprismo: Luego de 91 años, la militancia debe asumir que la democracia implica asumir que existen cuestionamientos legítimos al APRA, frente a los que no deben responder al estilo Urresti.

Piensen en el recambio de Alan: Probablemente, la campaña electoral que se viene será la última de García como candidato. Y el partido no cuenta, hasta ahora, con un líder alternativo. ¿Esperarán al deceso del líder para construirlo?

Dudo que me hagan caso pero, de todas maneras, buen Día de la Fraternidad.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.02.2016)

(Foto: Perú.21)

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Para quienes son lectores habituales de este blog, saben que considero que el gobierno venezolano encarna, desde hace varios años, lo que Steve Levitsky denominó claramente como “autoritarismo competitivo”. Un tipo de régimen político que mantiene las elecciones y algunas instituciones democráticas, pero que tiene un fuerte tinte autoritario. Ir a Caracas no es necesario para conocer este tipo de gobiernos. Basta volver la vista a lo que hizo Alberto Fujimori, padre de este tipo de autocracias en la región, para saber lo que pasa por allí.

Quienes defienden aún el “proceso venezolano” se basan en los éxitos redistributivos que se tuvo con Hugo Chávez, gracias a los altos precios del petróleo durante la última década. La inversión pública fue alta y se concentró tanto en sectores sociales, como sobre todo, en subsidios para la parte más pobre de la ciudadanía venezolana. El fallecido autócrata sabía que los gobiernos democráticos anteriores habían descuidado las políticas sociales y con ello, consiguió obtener una base popular que, hasta ahora, luego de tanto desastre económico, sigue respaldando al régimen. Y, además, consolidó una “boliburguesía” que fuera el contrapeso en clases altas y medias.

Curiosamente, este rollo se parece mucho al respaldo que se daba a Fujimori. En nombre de “la pacificación y la estabilidad económica” (sobre todo en las clases altas) y el “respaldo a los beneficios de los programas sociales, las pequeñas obras y la cercanía a la población” (en sectores populares), el último de los autócratas peruanos pudo mantenerse en el poder, hasta que su gobierno implosionó.

Una segunda defensa se vincula a la oposición venezolana, vista como golpista, pituca y que, apenas llegue al poder, desactivará los “logros de la revolución”. A ello abona, sobre todo, el intento de golpe de Estado de 2002 que resultó fallido, el origen de la mayoría de los líderes opositores y el lenguaje de algunos miembros de la Mesa de Unidad Democrática.

El problema es que la actual oposición venezolana no es golpista. Por lo menos no en forma mayoritaria. Aprendieron los errores del 2002 y tuvieron un candidato bastante competitivo - Henrique Capriles - en las recientes elecciones presidenciales. Y Capriles tuvo un alto porcentaje de la votación justamente porque apostó a mantener varios de los programas sociales implementados por el chavismo, lo que por primera vez le quitó voto popular al régimen. Y, peor aún, en la actual situación económica venezolana y con el precio del petróleo a la baja, será bastante difícil mantener varios subsidios por parte del gobierno de Maduro.

Y además, la oposición termina legitimada por los atropellos del régimen. El más reciente de ellos, el arresto ilegal del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, condenado incluso por varios de los sectores de izquierda peruana que, en otras circunstancias, habrían hecho mutis en torno a otros casos en los que el chavismo hizo cosas igualmente graves (la detención de Leopoldo López, el cierre o coptación de medios de comunicación, la lista Tascón que detallaba a los opositores al régimen).

Finalmente, la oposición venezolana - y lo se porque he conocido a algunos de sus miembros - no es la caricatura derechista que algunos de sus líderes encarnan, sino que resulta más variopinta, agrupando también a sectores socialdemócratas y liberales en sus filas.

La situación venezolana es bastante complicada. Un presidente autoritario que comienza a tener aprobación bastante baja, una economía altamente dependiente del petróleo que hace agua, opositores cada vez más limitados en los espacios políticos de actuación y con la inseguridad ciudadana en niveles que dejarían a Lima casi como una ciudad de primer mundo.

Para muchos, resulta el momento de una actuación internacional más dura. Y resulta cierto que el silencio de los gobiernos latinoamericanos resulta ofensivo, pero no por ello sorprendente. Como comentaba Levitsky hace un par de años:

Los gobiernos son pragmáticos, no principistas, sobre todo en política exterior. Sus posiciones en el plano internacional se basan en varios motivos (seguridad, objetivos comerciales), pero la promoción de la democracia no es uno de los principales. De hecho, cuando los presidentes latinoamericanos toman posiciones colectivas como las de Unasur, suelen hacerlo en defensa no de la democracia sino de la autonomía de los gobiernos.

Actúan en defensa, y no en contra, de sus pares porque no quieren crear un precedente en el cual los demás países pueden meterse en los asuntos domésticos. Esa lógica los lleva a defender los gobiernos electos tumbados por golpes militares (Venezuela en 2002, Honduras en 2009), pero también a resistir la intervención externa en los procesos electorales domésticos. La declaración de la Unasur fue una decisión pragmática, no ideológica o prochavista. (¿O Piñera y Santos también son “chavistas en el fondo”?).

De hecho, esa fue la lógica que tuvieron muchos gobiernos frente a Fujimori. En un repaso hecho hace varios años por Javier Ciurlizza, las posiciones más duras frente a un gobierno autoritario como el fujimorista fueron contadas con los dedos de la mano en la comunidad universitaria. Y como bien recordó hace algunos meses Juan Carlos Tafur, Estados Unidos recién le bajó el dedo a Vladimiro Montesinos cuando ocurrió el escándalo de venta de armas a las FARC.

Resulta cierto que muchos esperaríamos una respuesta más fuerte del gobierno peruano que el tibio comunicado entregado ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello no supone una “muestra del chavismo de Ollanta Humala”, convertido en el sanbenito de cierta derecha. Simplemente implica que, una vez más, priman los intereses antes que los principios. En esa medida, en una lucha que finalmente tienen que librar centralmente los venezolanos, serán los pueblos antes que los políticos quienes respaldarán y se identificarán con la necesidad de una salida democrática para un país que requiere salir, cuanto antes, de un autoritarismo cada día más ramplón.

Finalmente, resulta curioso que algunos de los campeones en reclamar, desde Lima, la salida de Maduro, hayan aplaudido fuertemente a Fujimori. Y que, en forma opuesta, algunos de quienes marcharon contra nuestra última autocracia hoy hagan malabarismos para seguir respaldando a Maduro. Además de la precariedad de sus convicciones democráticas, la situación nos muestra una cara poco amable de los populismos (sean de izquierda o de derecha): ver el mundo en binario y, en este caso específico, a partir de una visión del mundo cercana a la que muchos tenían en la Guerra Fría. Otra consecuencia nefasta de la que, esperemos, Venezuela pueda librarse pronto, bajo cauces democráticos.

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