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Esta mañana, la noticia del día se ubicó en Arequipa. Desde el set de RPP, Julio Moriberón, director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, anunció que la compañía dejará el proyecto Tía María, decisión que será comunicada hoy formalmente a los canales pertinentes del Estado Peruano.

La noticia tiene varias repercusiones. De un lado, la económica. Resulta evidente que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá reajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para este año. La puesta en marcha de Tía María, proyectada para este periodo, era parte de las variables que se tenían en cuenta para el cálculo de dicha cifra. Y ya no son pocas las voces que piden, hace rato, al ministro de Economía y Finanzas, algo más de proactividad en el incentivo de inversiones. Aunque también resulta cierto que el proyecto en cuestión nació con problemas, como veremos luego.

Luego tenemos el plano del discurso. El representante de Southern tuvo en su presentación de hoy una frase que será recordada: la alusión a un supuesto “terrorismo antiminero” como uno de los motivos para dejar de lado esta inversión. La frase nos parece infeliz por tres motivos: el primero, porque trata de asociar una posición con la que se puede discrepar o no con uno de los peores males que tuvo nuestra patria. La segunda, porque en el fondo termina descalificando per se a cualquier posición discrepante. Y, peor aún, cuando el propio señor Moriberón terminó admitiendo que Tía María tuvo problemas al inicio del proceso, debido a que enfocaron las relaciones con las comunidades como un mero “favor”.

Ello no niega, por cierto, que existe un sector minoritario que, por cuestiones ideológicas, considera que el Perú debe abandonar toda actividad minera y abocarnos a otras acciones productivas, pero que tiene un peso sustancialmente menor al que algunas periodistas (¿aló, Valenzuela?) quieren atribuirle. Y resulta cierto que el país no debería depender tanto de la minería y tener su inversión más diversificada, pero también es claro que contamos con un buen potencial en este campo, el mismo que debe explotarse con reglas claras, respeto al medio ambiente y buenas relaciones con las comunidades.

Lo que resulta alucinante es como este tema es visto para algunos como “el fin del mundo” y por otros como una “victoria” que habría que festejar con champagne. La cancelación de un proyecto minero siempre tiene varios responsables y en este caso no es la excepción: una empresa que desde el vamos tuvo serias dificultades en torno al tema de recursos hídricos y que, luego de algunos cambios, tampoco pudo superar la desconfianza de los ciudadanos involucrados; ciudadanos dedicados a actividades agrícolas que temen el impacto de la minería en su producción; un gobierno central que oscila entre la desidia y el “meta represión para que vaya esta inversión”; y autoridades locales opuestas a rajatabla a este proyecto.  Y, claro está, tenemos la incertidumbre sobre sí la empresa venderá sus intereses en Tía María - y a quien, considerando que hay cada minera que tiene problemas - y como custodiarse de la minería ilegal.

Añadan a este desenlace, por cierto, un factor que muchos obvian a esta hora: la baja en los precios internacionales de los minerales, lo que hace que sea más fácil tomar la decisión de cancelar un proyecto minero que tiene problemas sociales fuertes. Y de retener la concesión hasta que el precio suba y las condiciones sociales mejoren. Por ello la frase de “terrorismo antiminero” resulta siendo aún más torpe, porque no ayuda en nada a ese objetivo de corto plazo.

Finalmente, el tema político. Obviamente esto va a servir para chancar a Humala por su “poca convicción en atraer nuevas inversiones”. Y Humala también podría responder que los problemas con Tía María comenzaron en el gobierno de García. Pero más allá de la reedición del clásico “yo gobierno mejor que tú”, hay un problema de fondo que no estamos viendo y que, el domingo pasado, Alberto Vergara pinto en todo su esplendor:

Hay que salirle al paso a la insensatez. No por defender a Humala, sino para subrayar que la raíz del problema estuvo siempre en otro lado. Si la economía peruana se ha amodorrado se debe, fundamentalmente, a que los precios internacionales bajaron y a que grandes proyectos mineros se truncaron. Pero esto está lejos de ser un producto humalino. Los precios internacionales hubieran afectado a cualquiera y se debe subrayar que los atrofias institucionales de mediación entre Estado y sociedad que, por ejemplo, confabularon contra Conga, son semejantes a las que entramparon varios otros proyectos durante gestiones anteriores. Premunidos de las mismas falencias institucionales, el presidente Kuczynski –con su pasaporte gringo y su bancada limeñísima– no hubiera destrabado Conga y la presidenta Keiko tampoco lo hubiera conseguido a punta de bala. Dejen de vender cebo de culebra.

Decir que nuestra economía se enarenó por responsabilidad de Humala es la mejor manera de quitarle la nalga a la jeringa, es decir, evitar el análisis de las fisuras del sistema político y económico que ha prevalecido por largo tiempo. ¿Qué otra cosa eran las largas ovaciones para Luis Miguel Castilla en las CADE sino el reconocimiento público a quien garantizaba que Humala se mantuviese al margen de la política económica? Se ha celebrado que el mandatario apenas mande, pero se le enjuicia por los malos resultados. Responsabilizar al presidente y a su gobierno apocado transparenta otra forma de caudillismo: anhelar un individuo alternativo y soslayar lo que hemos construido gradualmente.

Lo bueno y lo malo del Perú de hoy es producto de una tendencia que supera a los gobiernos de turno. Y esto, por cierto, se corrobora en los ránkings internacionales que evalúan estas cuestiones. Si observamos los seis indicadores del Banco Mundial sobre Gobernanza, en cuatro de ellos el Perú mejora sostenidamente en la última década. En cambio, en materia de control de la corrupción nos degradamos sostenida e independientemente de los gobiernos. En cuanto al Estado de derecho, avanzamos y retrocedemos, sin ton ni son.

El Perú, entonces, no pasa por ninguna crisis. Padece, en cambio, el deterioro progresivo de muchas de sus instituciones. Una economía pequeña era menos difícil de levantar con un Estado de derecho endeble, convenía que partidos y sindicatos hubieran desaparecido, un Congreso desprestigiado y compuesto de amateurs siempre fue útil para impulsar el modelo económico desde el Ejecutivo. No lo sería para siempre. El sistema se ha ido tragando a sí mismo. Aquello que antes lo alimentaba, hoy lo envenena. Pero estamos a tiempo de evitar la atrofia, la crisis. Humala es síntoma y no enfermedad. Que no le cuenten la historia desde las hojas del rábano. Piense en dónde están los nudos de nuestra vida política y económica. Y, sobre todo, recuerde a Mafalda: esto no es el acabóse, solo es el continuóse del empezóse de ustedes.

¿Qué dicen quienes quieren dirigir los destinos del país desde 2016 sobre todo esto?

ACTUALIZACION (12:10 PM) La Ministra de Energía y Minas acaba de declarar lo siguiente. Vía El Comercio:

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló que se comunicó con el presidente del directorio de Southern Copper, Óscar Gonzáles Rocha, y que este ha negado que la empresa minera vaya a cancelar el proyecto Tía María en Arequipa, como había anunciado por la mañana Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la minera.

Ortiz afirmó que la empresa emitirá una rectificación del anuncio de cancelación del proyecto.

¿Un vocero oficial de una compañía aparentemente seria como Southern se fue por la libre? ¿Fue un mecanismo de presión de la empresa? ¿El gobierno acaba de apagar un incendio?

Seguiremos actualizando durante el día. Eso sí, nuestras reflexiones anteriores quedan allí, porque creemos que van más allá de la coyuntura.

ACTUALIZACION 2 (02:40 PM): Parece que en el MEM estaban mejor dateados sobre el tema. Aquí el comunicado de Southern:

Igual resulta siendo confuso todo. ¿Por qué un funcionario que es el vocero oficial de la empresa se manda con una declaración que incendia la pradera, sobre todo, cuando hay un conflicto social en Arequipa? ¿Y encima le prende fuego a cualquier intento de diálogo con los ciudadanos en Islay? ¿Una forma de presionar a un gobierno desesperado por las inversiones?

(Foto: El Comercio)

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El Consejo Nacional de la Magistratura es la entidad que debe elegir y destituir a los jueces y fiscales en todo el país. Por tanto, sus miembros deben contar con las mayores calidades académicas y, sobre todo, éticas para desempeñar tal cargo.

Los miembros del CNM no se renuevan en bloque, sino que se eligen en diversas fechas. Ya se eligieron a los representantes de universidades públicas y privadas - en comicios cuestionados tanto por forma como por los elegidos - y ahora toca votar por los representantes de colegios profesionales y de los abogados. Nos detendremos en esta última elección y, específicamente, en una candidata.

Hace unos días, El Comercio señaló que una de las postulantes era:

Ruth Monge Guillergua, quien fue asesora legal de Aerocontinente, la desaparecida empresa del narcotraficante Fernando Zevallos, de 1997 al 2004.

Ella también fue jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción de Lima en el 2005, pero renunció al Poder Judicial al año siguiente, luego de que este Diario revelara ciertos vínculos con Fernando Zevallos y su hermana Lupe. La OCMA le abrió un proceso disciplinario por ello.

Ella reconoce que fue abogada de Aerocontinente y que eso no le impide postular al CNM. “No hice nada malo, yo soy una profesional y trabajé a cabalidad. Respecto a eso, me investigaron en el Poder Judicial y me absolvieron”, manifestó.

Pero no es lo único que el diario decano de la prensa nacional tiene sobre ella. Una nota de Óscar Castilla y Miguel Ramírez revelaba la cercanía de Monge con el expresidente del Poder Judicial Javier Villa Stein. Y allí señalaba más sobre sus antecedentes.  Aquí la parte pertinente:

Los nexos de Monge con el vocal supremo son más que evidentes si se tiene en cuenta que ella es la nuera del prominente militante aprista, notario y ex presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado Moisés Tambini del Valle y de su esposa, la vocal Nancy Ávila. Es bueno recordar que en agosto del 2005 Villa Stein celebró su cumpleaños en la residencia de Moisés Tambini, a donde acudieron diversas personalidades.

Otro motivo de alerta, respecto de la cercanía de Monge con el nuevo presidente del Poder Judicial, es que en el 2006 ella fue investigada por la Oficina de Control de la Magistratura por ser el nexo entre Zevallos y la judicatura. Esto ocurrió luego de que El Comercio revelara que Monge, siendo jueza y aprovechando sus vínculos con Aerocontinente, facilitaba pasajes aéreos a jueces para que lo ayuden “en cualquier momento”, como lo revelaron los correos electrónicos hallados por la policía en la computadora de la secretaria de Lupe Zevallos. Finalmente, la investigación de la OCMA halló varios culpables y los castigó, pero nada pudo hacer con Monge pues ella dejó el Poder Judicial.

Exploremos más en el tema familiar. Como ya se ha dicho, la señora Monge es nuera de Moisés Tambini del Valle, expresidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, en cuya gestión se debilitó la Procuraduría Anticorrupción. Tambini, según propia confesión, también ha sido abogado de Alan García y diputado aprista. Y, como registró Marco Sifuentes hace 9 años:

Lo que no había trascendido es que Mónica Tambini, hija del presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado y flamante esposa del tránsfuga Alberto Kouri, había sido la notaria de Aerocontinente y Nuevo Continente (avalando todas las movidas de los Zevallos con sus empresas).

Otrosí: Augusto Tambini, hermano de Moisés, fue investigado por lavado de dinero del narcotráfico en Yurimaguas. La investigación contra Augusto fue archivada, pero me parece pertinente mencionarlo.

La notaria Mónica Tambini, por cierto, es la encargada de registrar las constituciones y cambios en varias empresas vinculadas a Alan García, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang, tal como lo comprobó la Megacomisión que investigó la gestión García.

Para cerrar el círculo, Sifuentes registró que el suegro de la abogada Monge iba a las reuniones de Lupe Zevallos. Y, además, fue presidente de la comisión de transferencia del Ministerio de Justicia, donde llevó a trabajar al hijo de Villa Stein. Recuerden que Ernesto Villa había trabajado antes en el estudio Souza y Nakazaki, que patrocinó a Alberto Fujimori. Y aquí también recuerdan el pasado de la abogada Monge, quien asistió con su suegro al ágape de la vocera pública de Aerocontinente. Vean aquí el video:

El Instituto de Defensa Legal interpuso una tacha contra Monge en torno a los vínculos con Fernando Zevallos, pero el Jurado Nacional de Elecciones la declaró infundada. Queda en manos de los abogados de Lima optar o no por esta abogada, con estos antecedentes, para ocupar un puesto tan importante en el país.

(Foto: Facebook)

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Desde que tengo uso de razón, en los meses de febrero y marzo, Chosica se convierte en zona de atención por parte de la prensa. Varias partes del distrito son bombas de tiempo cada vez que el río Rímac y sus afluentes se desbordan.

A diferencia de otros años, este año hemos tenido - hasta el momento - 9 fallecidos. Por lo menos tres de ellos son menores de edad. Y el impacto en viviendas y locales comerciales ha sido mayor al de otras temporadas. De allí que la atención y la ayuda de emergencia sea importante en las próximas horas, lo que debe resolverse con urgencia.

Pero ello no nos debe hacer perder de vista las cuestiones de fondo en torno a una política pública sobre Defensa Civil en la ciudad y, en particular, en una zona tan vulnerable como Chosica.

En septiembre pasado, resumimos las políticas presentadas por los candidatos a la alcaldía de Lima en materia de Defensa Civil. De los trece candidatos, 5 no mostraron propuestas. Y el ganador, Luis Castañeda Lossio indicaba lo siguiente:

Menciona dos medidas: Mitigación de Riesgos a los Asentamientos Humanos ubicados en zona de riesgo y realizar eventos de  capacitación con ese fin a los asentamientos humanos que lo requieran; programa antisísmico basado en sensibilización y capacitación en los métodos de prevención de riesgos.

Más allá de la ausencia del alcalde en Chosica por un viaje en España (lo que finalmente es un gesto de preocupación sobre el tema), hay responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima en dos temas. De un lado, se dejó sin efecto en la práctica el programa Barrío Mio, que implicaba la colocación de escaleras y muros de contención en los cerros de Lima, así como capacitación a los vecinos en materia de Defensa Civil. Es decir, un paquete completo sobre la materia, orientado a sectores populares, que simple y llanamente Castañeda ha mandado al tacho.  Peor aún, tampoco ha señalado política alguna sobre las dos medidas arriba anotadas.

De otro lado, la actual gestión ha colocado en la congeladora la aplicación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM). Este documento es la hoja de ruta para la ciudad hasta el año 2035, pues planifica el crecimiento de la capital por 20 años. Ojo, no es solo un diagnóstico. También contenía medidas. Y un capítulo entero sobre gestión de riesgos. Pero el señor Castañeda ni lo aplica e incluso ya se han volado la página donde estaba contenido este documento.

Pero no es el único responsable.

Desde hace más de 20 años, el señor Luis Bueno Quino (arriba, en la foto) es alcalde de Lurigancho - Chosica. Y más allá de su incremento patrimonial sostenido, hasta el día de hoy no nos explica que ha hecho a favor de su distrito en materia de Defensa Civil.

Tal vez sea porque no puede decir nada.

Desde el Tercer Piso revisó el Plan de Gobierno 2015-2018 de Luis Bueno Quino. Y no encontramos ni una sola alusión al tema de Defensa Civil, ni a prevención de desastres naturales. De hecho, el documento de marras no es más que un cúmulo de generalidades sobre gestión pública, adornada con datos de enciclopedia sobre el distrito. Una vergüenza para una autoridad que está 20 años en el distrito.

Finalmente, como ha señalado el ministro de Vivienda Milton Von Hesse esta mañana, varias autoridades (aquí Bueno no se salva) han hecho excepciones a la construcción en zonas expuestas al peligro. Algo que tendrá que remediarse más temprano que tarde.

Sin duda, lo urgente ahora es atender la emergencia. Pero no debemos perder de vista lo importante: la ausencia de planes de Defensa Civil para una zona de la ciudad que los requiere a gritos.

(Fotos: La República)

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A propósito de la multitudinaria Marcha por la Vida realizada el sábado, vuelvo a una columna de Fernando Vivas escrita en El Comercio este miércoles: ¿por qué el lobby conservador tiene más peso que el liberal en el Perú?

Vivas apuesta por tres respuestas: a) Porque saben que el Perú es uno de los pocos bastiones duros que le quedan en América Latina y, por tanto, apuestan por concentrar fuerzas para contrarrestar cualquier política liberal; b) por la importante cantidad de dinero que estos sectores - sobre todo evangélicos - están poniendo en campañas políticas cada vez más caras (a cambio de contar con representantes de sus consignas en el Congreso); y c) porque el sector liberal aun no logra ver que, en estos temas, el Congreso de la República no se mueve en sentido monolítico y, por tanto, requiere afinar una estrategia.

Añado un tema más: populismo. El sector conservador sabe perfectamente que buena parte de nuestro elenco parlamentario, a pesar de su poca capacidad de reelección (tenemos la tasa más baja de América Latina), siempre va a jugar a la carta de la popularidad e ir por donde la corriente va. De hecho, así de explícita ha sido Diana Seminario, columnista de El Comercio (y cercana al Opus Dei), al señalar hoy que “En períodos electorales, es muy común escuchar decir a los candidatos –cuando los sondeos no les favorecen–, que la verdadera encuesta es la de la calle. Entonces, sería bueno que le echen una mirada a la multitud y a los números del sábado”.

Por ello, conviene que el sector más liberal (tanto de izquierda, centro y derecha) tenga en claro lo siguiente:

1. Las iglesias son la red social real más amplia y con mayor capacidad de convocatoria: Como indicó el año pasado Carlos Meléndez, es fácil contar con amplia cantidad de personas en una movilización como la “Marcha por la Vida” cuando se tiene colegios religiosos y parroquias en todo el país. No bastan las redes sociales (que ayudan mucho para una convocatoria importante y para impactar en líderes de opinión), sino que se requiere ir armando redes reales. Los colectivos LGTB, al menos durante los últimos dos años, se han comenzado a percatar de este tema y a comenzar a tejer alianzas que vayan más allá de un like en Facebook.

2. Saber que un importante sector de peruanos es conservador: Sea por convicción pura y dura, por temores o por no quedar mal con la mayoría, hay una buena parte de compatriotas que sigue adscrito a una visión de familia “bien constituida” al menos en el discurso. Los políticos lo saben. Como dijo Rosa María Palacios, una posible hipótesis sobre la ausencia de pronunciamiento de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre la Unión Civil se debe a que piensan utilizar en campaña el tema de la “familia nuclear” para contrarrestar a Alan García. Es cierto, en un país más abierto con estos temas, esto sería secundario, pero en el Perú no lo es. Por tanto, conviene saber que terreno se está pisando y entender porque.

3. Ir hacia los indecisos, sobre todo en sectores populares: Si bien conviene seguir denunciando las pachotadas que profieren los líderes más conservadores tanto dentro como fuera del Congreso, también conviene tener en cuenta que no todo parlamentario o ciudadano en contra de la Unión Civil es el enemigo en potencia. Una campaña que se acerque al sector que duda entre seguir una tradición religiosa o adherirse a una causa liberal, sobre todo en los estratos más populares, es el principal reto que tiene el sector que desea impulsar agendas como las de la Unión Civil, el matrimonio igualitario, una legislación contra los crímenes de odio, la posibilidad de la eutanasia o la despenalización de algunos o todos los supuestos del aborto.

4. Tener empatía: Sin duda, el gran defecto de los sectores conservadores es que no se colocan en el lugar del otro. Hablan de la familia bien constituída, pero no demuestran ni un gramo de química hacia personas homosexuales. Mientras que, en el caso del aborto, la mujer que es violada y que no quiere tener al hijo producto de tan execrable acto es vista como una pecadora peor que María Magdalena. Incluso estos sectores tampoco impulsan una legislación que haga más fácil la adopción. Este es un ángulo que el sector más liberal debería explotar más.

5. Impulsen congresistas propios, en varios partidos: Si lo hace el rival, ¿por qué no ustedes? Es la forma más clara de comenzar a forjar coaliciones más claras a favor de la agenda que buscan impulsar. Es lo que normalmente se hace en Estados Unidos. Y ello implica recursos, tiempo y respaldo técnico a estos parlamentarios.

En varios países, estas coaliciones conservadoras han conseguido ser derrotadas o, al menos, llegar a una situación de empate. Quienes apuestan por una agenda liberal deben tener en cuenta que su camino no se agota en marchas o movilizaciones, sino que requiere un trabajo de redes reales que acompañe sus campañas virtuales. Y sobre todo, dirigidas a vencer el miedo que una movilización como la del sábado puede generar en varios congresistas y ciudadanos.

MAS SOBRE EL TEMA:

Un texto de Andrea Moncada, quien fue a la Marcha por la Vida, para observar a quienes tenían la posición contraria a ella.

(Foto: Exitosa Diario)

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La obtención de información relevante para la defensa nacional y la seguridad interna es la única razón que justifica, en un estado democrático, la existencia de una entidad estatal que pueda operar en el sigilo y lejos del ojo público. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se han confundido varios conceptos sobre ella.

Se considera que la inteligencia es un tema estrictamente castrense. Y nos ha ido mal cuando el peso militar ha sido fuerte. Varios de los militares que apoyaron a Velasco surgieron del Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos llevó a la institución a la categoría de organización criminal. Y con la promoción Humala a cargo, sus ocupaciones han sido distintas a garantizar los fines arriba anotados.

Para muchos, resulta “normal” que todos los gobiernos espíen a sus rivales. No lo es. No solo por cuestiones de principio –no debemos tener una policía política–, sino también por razones prácticas, pues se desvían recursos requeridos para vigilar a quienes sí constituyen una amenaza.

Hemos sido muy tolerantes con las actividades de empresas privadas de seguridad y agentes que vendían información con fines privados. Si bien se sancionó a los miembros de BTR, no han surgido reglas para controlar las posibles actividades de espionaje de sus competidores en el mercado. Y, como ha indicado el congresista García Belaúnde, es sospechosa la obtención de información sobre quienes denunciaban las acciones del clan Orellana.

Más allá de las investigaciones y sanciones sobre los casos revelados en los últimos meses, se requiere una reforma a fondo de la DINI que pasa, en nuestra opinión, por los puntos antes anotados.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.03.2015)

(Foto: El Comercio)

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Uno puede entender que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda tener un convenio con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para obtener información (pública, por cierto) respecto de los bienes y empresas que puedan tener personas que representan una amenaza para la defensa nacional y la seguridad ciudadana en el país. Hasta allí, todo bien.

Lo que uno no puede comprender es que una entidad estatal use de pretexto dicho convenio para levantar información de políticos, empresarios y periodistas.

Hace poco más de un mes, Exitosa Diario ya había alertado sobre búsquedas registrales hechas desde la DINI para armar files sobre congresistas. Aquí la parte pertinente de la nota sobre cómo se descubrió este asunto:

Los documentos que de­muestran estas “rascadas” provienen de la misma Su­perintendencia Nacional de Registros Públicos (Su­narp), tras un pedido oficial de información que realiza­ra el congresista Víctor An­drés García Belaunde sobre las búsquedas y los usua­rios que lo rastreaban en re­gistros públicos. Esto dentro del marco de la persecución, denuncias y amedrenta­mientos contra él y su fami­lia, por parte de la red de Ro­dolfo Orellana.

La sorpresa fue grande al ver que el informe remiti­do por la Sunarp especifica­ba que había sido rastrea­do desde una cuenta de la DINI. Se trata de la cuenta DINAINT02 que, según el mismo informe, estaba aso­ciada al usuario Rosendo Francisco Chávez Rojas con el e-mail dini@dini.gop. pe. La cuenta era parte del “Convenio Sunarp – Direc­ción Nacional de Inteligen­cia” por el cual la DINI tiene acceso irrestricto para reali­zar búsquedas de bienes in­muebles, personas jurídicas, entre otros detalles.

¿Y quiénes fueron ras­treados desde la cuenta DI­NAINT según los registros de la Sunarp? Además de Víctor Andrés García Be­launde aparecen los congre­sistas: Mesías Guevara Ama­sifuén, Juan Carlos Eguren, Neuenschwander, Marco Tulio Falconí Picardo, Nor­man Lewis Alcázar, Víctor Crisólogo Espejo, María Ló­pez Córdova y Cecilia Cha­cón De Vetorri.

Con la DINI “en reestructuración” y bajo investigación parlamentaria, Correo Semanal pudo acceder a la base de datos de búsquedas hechas por la DINI, a través de Chávez Rojas. Y de lo presentado por la revista se concluye que:

1. La práctica de rastrear las propiedades de políticos comenzó en el gobierno de Alan García. Dos de los indagados durante dicho periodo fueron el hoy congresista oficialista César Yrupailla Montes y el expresidente Alejandro Toledo, en plena campaña electoral. ¿Para qué?

2. El tema se vuelve más recurrente una vez iniciado el gobierno de Humala. Por lo menos cinco ministros actuales fueron rastreados en temas de propiedades: Jara, Segura, Von Hesse, Cateriano y Pérez Guadalupe. El caso del ministro de Defensa resulta interesante por el timing: la búsqueda se hizo a los pocos días de ocupar dicha cartera. Sumemos a ellos a los congresistas arriba mencionados.

3. No solo políticos, también aparecen las principales cabezas de los grupos empresariales del país entre los registrados en las búsquedas.  En la lista se encuentran Dionisio Romero, Carlos Rodríguez Pastor (grupo Interbank), Eduardo Hochschild, José Graña Miró Quesada (propietario de Graña y Montero y exmiembro del directorio de El Comercio), Luis Agois Banchero (EPENSA). También se encuentra Rodrigo Arosemena, presidente de una conocida empresa de asesoría de imagen y visitante de Palacio de Gobierno.

4. ¿Qué hacían periodistas en la lista de indagados? Medio gremio fue buscado por la DINI en la web de Registros Públicos. De acuerdo a lo presentado por Correo y las búsquedas en la lista publicada hoy por dicho diario que hemos hecho, se hicieron investigaciones sobre las propiedades de Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios, César Hildebrandt, Fernando Rospigliosi, Juan Paredes Castro, Juan Carlos Tafur, Fritz Du Bois, Pedro Tenorio, Aldo Mariátegui, Gustavo Gorriti, Marco Zileri, Jaime de Althaus, Miguel Ramírez, Raúl Vargas, Ángel Páez, Edmundo Cruz, entre otros. Vista la lista, ninguno de los arriba anotados es precisamente cercano al gobierno de turno, por el contrario, son críticos al régimen, como corresponde a todo periodista que se precie de serlo.

El asunto resulta realmente escandaloso. Como decíamos al inicio, se puede entender que, dentro de las labores de inteligencia, se pueda rastrear las propiedades de personas involucradas en crímenes. Pero no se puede explicar que un servicio de inteligencia durante dos gobiernos democráticos anden indagando los vaivenes inmobiliarios y empresariales de políticos, directores de empresas y periodistas. Mejor formulada la interrogante: ¿para qué servían esos files?

Y la pregunta resulta pertinente porque, tanto en este gobierno como en el anterior, han circulado files contra periodistas y funcionarios. Recuerden la denuncia de Augusto Álvarez Rodrich sobre estas prácticas en 2007 o, más recientemente, lo que Correo Semanal puso al descubierto sobre un expediente contra Jara y algunas contrataciones en PCM.

Es momento que estas prácticas paren, de una buena vez. A ver si la reestructuración de la DINI sirve para ello. Aunque tengo mis dudas sobre si este o el siguiente gobierno va a emprender esta reforma o tener más controles democráticos para una tarea que, aunque importante para la seguridad nacional, requiere tener determinados candados institucionales para evitar su distorsión.

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Hoy todos los diarios de circulación nacional tienen este aviso que engalana sus páginas:

En efecto, Luis Castañeda Lossio anuncia una nueva obra, pero con varios problemas.

1. NO ESTÁ EN SU PLAN DE GOBIERNOEn la sección transporte del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional no se menciona ni una sola obra vial, a pesar que Castañeda, supuestamente, es el rey del cemento y de los intercambios en calles y plazas. Y tampoco se mencionaron las obras que se vienen ejecutando o ya tienen proyectos aprobados desde la gestión pasada (Vía Parque Rímac, Vías de Lima, Vía Expresa Sur) y que Castañeda deberá continuar o iniciar, debido a que ya hay contratos de concesión en marcha.

2. SE SUPERPONE A LA LINEA 3 DEL METRO: Como pueden ver en este mapa de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el famoso by pass se haría por donde tendría que pasar la Línea 3 del Metro de Lima.

¿Cómo hará convivir ambas obras sin incrementar el costo del Metro?

Es un problema de improvisación parecido al de otra promesa sacada de la manga de Castañeda: el Monorriel. Solo que, en este caso, ponernos un by pass si está en sus competencias.

3. CONTRADICCIONES CON OTRA DE SUS MEDIDAS ANUNCIADAS: Ayer el señor alcalde dijo que iba a “estudiar” la posibilidad de reemplazar el Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa con un Metropolitano. Y ahora, en esa misma vía, pone una obra cuya prioridad es el transporte privado, no el público.

Más aún, cuando ya existen problemas con la propuesta de convertir el Corredor Azul TGA en Metropolitano. Comenta el exgerente municipal Miguel Prialé:

Para empezar el Metropolitano es un sistema BRT (Bus Rapid Transit) cuyo modelo en el mundo exige funcionar con vías segregadas. Me dejo entender Sr Luis Castañeda? SE-GRE-GA-DAS, es decir, exclusivas en sus vías y en sus paraderos. La vía expresa tenía espacio para ello, pero por eso el Metropolitano tuvo los problemas que tuvo en Barranco y el Centro Histórico. Quiere hacer un Metropolitano BRT en.. av Tacna? en la av Arequipa? en la Av Javier Prado- La Marina?

4. ¿SOLUCIONA EL PROBLEMA DE TRANSITO? Hace siete años, Juan Carlos Dextre, experto en temas de transporte de la PUCP, remarcaba lo siguiente:

En la mayoría de las ciudades del Perú, el vehículo automotor está ganando espacio, a costa de quitárselo a las personas. En el caso de Lima y Callao(1) con una población de 8 millones de habitantes y 448,000 automóviles, sólo el 11.4% del total de viajes se realiza en automóvil particular, mientras que existe un 25.4% de viajes a pie y 61.7% de viajes en transporte público. Para mejorar la circulación de la minoría que viaja en automóvil, las autoridades deciden construir más infraestructura para autos: ampliación de carriles, construcción de pasos a desnivel, intercambios viales, estacionamientos, etc. Lamentablemente existe bastante evidencia que demuestra que la construcción de infraestructura para autos, no solo, no resuelve el problema de la congestión, sino que lo empeora. Por ejemplo, en el año 2001, el Texas Transportation Institute mostró los resultados de un estudio sobre 68 áreas urbanas en Estados Unidos, desde el año 1982 al 1999, período en que la población en esas áreas creció en 11%, mientras los kilómetros de vías urbanas aumentaron en un 15%, sin embargo, en promedio las horas de congestión en esas áreas crecieron en un 50% y el tiempo de viaje lo hizo en un 7%(2). El ex Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa(3) dice que esto es como querer apagar un incendio echando gasolina.

Las molestias pasan, las obras quedan, la improvisación se paga.

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El señor de la foto se llama Marco Álvarez Vargas. Es alcalde de San Borja por segundo periodo consecutivo, militante del Partido Popular Cristiano y miembro del Ejército Peruano en situación de retiro.

Y, aunque no figura en su CV, desde hace algunos años, el alcalde de San Borja tiene un juicio pendiente por la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, en 1989, en Huancavelica.

En primera instancia, Álvarez fue absuelto, por una presunta falta de pruebas en su contra. Sin embargo, una resolución dictada en agosto de 2014 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, señaló que existía evidencia para volverlo a procesar por este caso. Así lo reseñamos en septiembre pasado en este blog:

a) Qué Álvarez sí estuvo presente en Huancavelica en 1989 y que, en ausencia del jefe político militar, era la persona de más alta graduación en el lugar.

b) Fue felicitado por “operaciones especiales de inteligencia en Huancavelica” durante las elecciones municipales de 1989. No hay pruebas que constaten que Alvarez tuvo alguna coordinación electoral, pero sí hay documentos que suscribe como jefe político militar en la práctica mientras estuvo en dicha región.

c) Tenía poderes para efectuar detenciones y operaciones antisubversivas. Aunque Álvarez niega la participación en la desaparición de Manrique, si comandaba en la práctica la dependencia militar de Huancavelica.

d) 3 personas señalan que Manrique fue detenido. Dos de las personas puntualizaron que se entrevistaron con Álvarez y que este negó la detención. Otra testigo señala que Álvarez era, en la práctica, el jefe político militar de Huancavelica.

e) Huancavelica, en el contexto en el que ocurrieron los hechos, era una zona donde existían múltiples denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Por su cargo, y así lo señala expresamente la Sala, resultaría fundado imputarle el conocimiento de los hechos, la orden de ejecución del operativo de detención de Manrique, así como su desaparición.

El nuevo juicio contra Álvarez debió iniciarse en diciembre. Sin embargo, adujo razones de salud para no asistir a la audiencia de instalación del proceso oral, en dos oportunidades. La segunda de ellas, por una operación ocular. Pero, en enero de este año, decidió recusar al juez Marco Cerna, integrante del colegiado de la Sala Penal Nacional que lo procesará, situación que ha dilatado aún más el inicio del juicio.

Hoy en Expreso, diario poco proclive al procesamiento de agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos, publica una nota contra el juez Cerna. Dos son sus argumentos centrales: señalar que el hermano del magistrado trabaja en el Instituto de Defensa Legal como “jefe de prensa”, organización no gubernamental que patrocina a la familia de Lucho Manrique y que había votado “a favor de la acusación contra Álvarez”.

¿Quién es el denunciante? Nada menos que el general EP en situación de retiro Wilson Barrantes, partidario de la amnistía general para terroristas y militares y a quien se ha visto en reuniones con MOVADEF. Si el alcalde va a escoger este tipo de defensores para su causa, mejor que busque otro militar, sin conexiones con el organismo de fachada senderista.

Pero más allá del denunciante, lo cierto es que ambas acusaciones son falsas. Como ha señalado Carlos Rivera, abogado del IDL, dicha institución no tiene el cargo de jefe de prensa y el hermano del magistrado Cerna no trabaja en ningún puesto dentro de dicha ONG. También desmiente que el juez haya votado ya en ese caso, dado que el juicio oral aún no se inicia.

Como decía un expresidente de la República, quien no la debe, no la teme. ¿Se presentará el alcalde de San Borja al juicio oral que lo espera hace meses?

(Foto: El Comercio)

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Desde hace algunos años, en este blog hemos propuesto la necesidad que los diarios peruanos cuenten con un Defensor del Lector. ¿En qué consiste esta figura? Lola Galán, quien ejerce este cargo actualmente en El País, indica cuáles son sus funciones:

Se trata de una figura que tiene su origen en los comités especiales creados por algunos diarios japoneses en los años veinte del siglo pasado para recoger e investigar las quejas de los lectores. Inicialmente, era una tarea que se resolvía con total discreción, hasta que un par de diarios de Kentucky decidieron que la misión requería la máxima transparencia. Así se creó el primer Ombusdman de los medios de comunicación, en 1967. EL PAÍS introdujo esta figura en 1985, con la misma intención: aportar transparencia al trabajo periodístico.

La Defensora tiene la misión de atender las quejas y las dudas de los lectores y de velar por que los contenidos del diario se mantengan dentro de las normas profesionales y éticas que constituyen su ideario.

¿Que implica esta figura? En principio, que el medio tenga un código de ética, reglas de publicación o principios rectores que guíen su trabajo. En segundo lugar, que el medio sea absolutamente consciente que puede incurrir en errores y que la labor de sus periodistas es perfectible. Y, en tercer lugar, que la persona que ejerza dicha labor tenga internalizadas las normas éticas del medio como aquello que puede hacer o no un periodista para conseguir una información.

En el Perú tenemos algunos antecedentes. En el grupo Apoyo, cuando tenía una división de publicaciones, se introdujo esta figura, a cargo de José María de Romaña - filósofo, teólogo y periodista - quien se encargaba de esta tarea para las revistas Debate, Semana Económica y Perú Económico.  En sus inicios, Perú.21 se planteó tener esta figura, pero finalmente no existió un acuerdo sobre la persona a nombrar. Por breve tiempo, Alfonso Grados Bertorini cumplió esta función en La Primera, cuando era dirigida por Juan Carlos Tafur.

Ayer, Juan José Garrido hizo oficial que el diario que dirige, Perú.21, pasa a ser el único medio impreso que circula en la actualidad que cuenta con esta figura. Las razones de la incorporación están en su editorial de ayer:

En Perú21 nuestros límites se establecen bajo un mandato claro y definido por parte del directorio en sus Principios Rectores. Es un nutrido compendio de buenas prácticas periodísticas, donde la empresa establece de manera clara y práctica los fines y valores, los principios de la línea editorial, la relación del medio y sus periodistas, así como los alcances de la operación. Son, sin duda, un apoyo constante en nuestra labor diaria, un punto de reflexión y encuentro con los mejores estándares de nuestra profesión.

Creo, no obstante, que dicha filosofía y marco conceptual se pueden enriquecer aún más con el soporte de un Defensor del Lector, una figura que atienda las preocupaciones, quejas o sugerencias que nuestra labor diaria pueda suscitar y que el medio, por diversas razones, no atiende por sí mismo. La figura del Defensor del Lector se integra, a partir de hoy, a nuestra permanente búsqueda por la verdad, por entregarles la información más veraz, oportuna y objetiva, sin minimizar o sobrepasar los derechos de terceros. Nuestro compromiso es con ustedes, nuestros lectores, y la mejor manera de honrarlo es asegurando que nuestro trabajo y esfuerzo se enmarca en los más altos estándares de la industria.

La persona nombrada para este encargo es Carlos Basombrío. Sociólogo, exviceministro del Interior, cuya honestidad es comprobada y comprometido con la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Una persona con la que se puede coincidir o discrepar, pero que tiene sus principios claros y que, además, tiene experiencia periodística, como director de la revista Ideele. Algunas de las líneas generales de su trabajo las ha dado ayer, pero promete, para este domingo, ser aún más claro en los alcances y límites de su función. Aunque ya precisó vía Twitter que, en los alcances de su función, no se encuentran los columnistas de opinión.

Y, en particular, este nombramiento resulta importante por una razón adicional. Si bien todos los diarios son chequeados casi al milímetro por una audiencia en redes sociales que no perdona casi nada, en particular, los medios del Grupo El Comercio son observados con atención particular, por dos motivos. De un lado, la adquisición de los medios de Epensa, que ha supuesto incluso una demanda de amparo por acaparamiento de medios. De otro lado, la conducta de algunos de los medios del GEC durante las últimas campañas electorales, en especial, la presidencial de 2011. Perú.21, precisamente, fue uno de los medios más evaluados por científicos sociales y no precisamente para bien (ver esta columna de Alberto Vergara y este PPT de Santiago Pedraglio).

Por ello y por la importancia de esta figura, sería interesante que los demás diarios del GEC puedan replicarla, así como los demás diarios que no pertenecen a la referida corporación. Es una buena práctica que puede ayudar a mejorar la calidad del periodismo en el Perú.

(Foto: Terra)

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Los tres primeros meses de Luis Castañeda Lossio al frente de Lima se han caracterizado por la carencia de una visión para la ciudad, desmontaje revanchista de las políticas de su antecesora, despidos arbitrarios, poca transparencia y también alta aprobación. ¿Qué deben hacer los opositores al alcalde?

En principio, se debe entender porque Castañeda es apreciado por muchos limeños. No solo es la antipatía a Villarán. La esperanza de obras utilitarias como las hechas en sus anteriores gestiones y que no se toque un status quo informal que ha permitido sobrevivir e incluso ascender socialmente a varios ciudadanos está en la raíz de su éxito en las encuestas.

Comprendido ello, una estrategia opositora debe buscar acercar aquellas políticas que se buscan defender con el público que aplaude al alcalde. Supone mostrar las ventajas en ahorro en tiempo y seguridad de los corredores frente a un transporte barato y que deja a la gente “en la puerta de su casa”. Pasa por evidenciar que cultura es el mural borrado a la mala por Castañeda, pero también la fiesta patronal del barrio. Implica aprovechar ventanas de oportunidad, como el proyecto de ordenanza sobre transporte presentado esta semana por Enrique Cornejo. Se requiere empatía y, sobre todo, ensuciarse los zapatos. En suma, política.

Finalmente, destierren de su cabeza la revocatoria. No solo por principio, sino sobre todo por practicidad. Las reglas aprobadas hace una semana suponen más candados para su aplicación y, además, deslegitimaría toda crítica hecha a la consulta anterior. Emprender dicho camino sería hacer exactamente lo que Castañeda quiere: polarizar.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 15.03.2015)

(Foto: El Comercio)

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