Si Alejandro Toledo está metido en el embrollo en el que se encuentra, es por su absoluta responsabilidad. Las distintas versiones sobre la adquisición de propiedades inmobiliarias nos ha recordado los peores defectos de un político que, si bien tuvo un liderazgo importante para la recuperación de la democracia en 2000, tiene un estilo chambón y contradictorio que hizo de su presidencia, a pesar de sus logros, un eterno pasaje por el borde de la cornisa.
Anoche, en una acuciosa entrevista de Augusto Álvarez Rodrich, Toledo dio una nueva versión sobre estas adquisiciones. A diferencia de otras ocasiones, esta vez existieron documentos de por medio (por Alá, cuélguenlos en una web). El resumen lo tiene La República:
la compra de la casa de Las Casuarinas, de casi US$ 4 millones, fue posible gracias a un préstamo del banco Scotiabank de Costa Rica a la empresa Ecoteva, cuya presidencia ejercía entonces Fernenbug.
Según Toledo, previamente Ecoteva obtuvo una garantía prestataria de US$ 20 millones otorgada por su amigo Josef Maiman. El ex presidente agregó que fue con ese aval que el banco facilitó a su suegra, mediante hipoteca, los US$ 3 millones con los que adquirió la mansión en Surco “para alquilarla”.
Agregó que la hipoteca fue aprobada el 18 de julio del año pasado y la compra se hizo efectiva el 24 del mismo mes.
Respecto a por qué no aparece un registro de la hipoteca, Toledo dijo que este sí fue hecho en Costa Rica y que en Perú no pudo ser posible por “observaciones subsanables” en la operación. Para comprobarlo, presentó la constancia emitida por la Sunarp de que se formuló la petición.
Si bien Toledo aportó más luces sobre la operación (básicamente un contrato de mutuo con un aval), aún quedan algunas cosas por aclarar:
a) El origen de los fondos: Ayer Caretas señaló que, de acuerdo con la declaración de Luis Arbulú Alva, la plata vino desde Nueva York. Toledo dice que vino de Costa Rica, vía un banco local. Esta es la clave del asunto para determinar si hay algún indicio de posible enriquecimiento ilícito o de lavado de activos. Eso es lo que se discute en el plano legal.
b) El papel de Eliane Karp: Arbulú señala que fue Eliane quien propuso la venta, a pesar que él no quería desprenderse de su bien (que, según Rosa María Palacios, estaba alquilado al momento de la transacción). Toledo señala que su esposa solo respondió a una llamada del anterior propietario de la casa. Ambos fueron a Costa Rica a acompañar a la suegra a hacer la operación de Ecoteva. Y hay que recordar que Karp fue funcionaria de varios bancos durante varios años. Hasta ahora, las preguntas se han hecho sobre los ingresos de Toledo (relativamente fáciles de sustentar: su pensión de expresidente, su sueldo en Stanford y sus conferencias), pero no sobre los de su cónyuge.
c) El rol de Maiman: Ayer Gustavo Gorriti indicó que el empresario peruano - israelí tenía serios problemas económicos, al menos, con una de sus empresas. Claro, la pobreza de Maiman no es la misma de cualquiera de nosotros, pero, ¿20 millones como aval? ¿Cuál es el negocio, como diría Frankie Ruiz?
d) La empresa Marintradco: Hasta ahora no aclaran el rol de esta empresa en la operación, que tuvo una sucursal en el Perú hasta 2006, como lo señalamos en este blog hace 3 días.
e) El tema hereditario: En la pregunta donde estuvo más ofuscado, Toledo pidió no involucrar a sus hijas en este problema, cuando Álvarez Rodrich le preguntó si es que toda esta operación intrincada era para que, hacia futuro, Zaraí Toledo Orozco no pudiera tener participación en estos bienes. El problema para Toledo es que, para quienes creen que no cometió delito alguno, esta parece ser la única explicación plausible para hacer una operación legal, pero intrincada. Y ello lo daña políticamente pues recuerda al caso que más melló su imagen durante el ejercicio de su presidencia.
Como puede verse, este caso tiene para rato. Y ello, más que en una conspiración, se basa en los errores del expresidente.
P.S.: Varios han señalado en las redes sociales que la prensa no tiene la misma rigurosidad con Alan García. Hay que señalar que hay periodistas que han investigado mucho los casos de presunta corrupción ocurridos durante el segundo quinquenio aprista y, desde este espacio, seguiremos con ello. Pero también es cierto que hay algunos periodistas que responden a la lógica que se tenía hasta antes de los Petroaudios, como indicó Marco Sifuentes:
El triunfo del Mal Menor fue tan ajustado que, al menos hasta la aparición de los petroaudios, los medios no quisieron hacer olas. No había que criticar mucho, al contrario: aplaudamos todo. La amenaza chavista estaba a la vuelta de la esquina y había que transmitirle a la población la sensación de que todo iba a estar bien si seguíamos en el camino del Mal Menor.
Luego de las movidas en torno al caso Repsol y a una controvertida norma sobre la regulación de la publicidad de la comida chatarra, dos artículos complementarios ponen una visión más reflexiva sobre lo ocurrido. Ricardo Uceda y David Rivera han contado en Poder buena parte del detrás de cámaras de la frustrada compra de los activos de la empresa española y Juan Carlos Tafur editorializó en Velaverde sobre la histeria generada a partir de una norma, cuya oposición se convirtió en una bandera libertaria. A partir de lo que ambos señalan, sostengo las siguientes ocho afirmaciones.
1. Existe desconfianza mutua entre Humala y los empresarios: Si bien parecía que la relación se había calmado luego de la elección de 2011 y las designaciones de Luis Miguel Castilla (MEF) y Julio Velarde (BCR), lo cierto es que ninguno terminó de confiar en el otro. Razones existen desde ambas partes de la mesa. De un lado, buena parte de los ejecutivos peruanos han pasado en diversas etapas de su vida por los malas experiencias estatistas de Juan Velasco Alvarado y Alan García, lo que les ha generado reflejos bastante fuertes contra cualquier cosa que les sepa a aumentar el rol del Estado en algunas tareas. De otro lado, Humala recuerda bien que los empresarios le hacían spots como este (tanto para el público en general como a sus empleados) en plena campaña electoral:
Luego del caso Repsol, la relación anda aún peor. Como señalan Uceda y Rivera, la relación amistosa entre Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, y Nadine Heredia se ha quebrado. Y, de otro lado, el gran problema de la relación no está en que los empresarios crean que Humala es un chavista (aunque algunos sí lo creen), sino en que se llama “eliminación de trabas para la inversión”, cuestión en la que, desde las salas del Club Empresarial, ven al gobierno arrastrando los pies.
2. Existe un sector de liberales (y, sobre todo, libertarios) que cree que pechar a Humala es la mejor forma de controlarlo: Tafur lo coloca en estos términos:
Y no me vengan con que se trata de gritar fuerte a pesar de ser conscientes de que es por un asunto menudo, porque es de naturaleza ejemplar y sirve para hacer sentir que los ciudadanos peruanos no tolerarán que el Estado recupere protagonismo. Lo creeríamos si el tenor fuese el mismo frente a todo afán colectivista.
De hecho, cuando le pregunté en estas semanas a algunas personas partidarias de este tipo de gritería porque lo hacían, el reflejo fue: “si queremos negociar con Humala, lo mejor es maximizar demandas, para luego rebajarlas”. Curioso, es el mismo método del sindicalismo peruano al que han criticado por años.
3. Sin embargo, hay mejores formas de negociar con Humala y se ha demostrado: Además del gravamen minero, Uceda y Rivera relatan un ejemplo claro sobre cómo hacerle entender a Humala que debe retroceder: el tan mentado caso Repsol. Fue Castilla quien terminó de convencer al presidente de la República, con cifras y números, que la idea de la compra de La Pampilla era un pésimo negocio. No fue necesaria una renuncia, ni una mentada de madre. Claro está, muchos sabemos que el ministro de Economía se va, a más tardar a fin de año, por razones familiares. A pesar de esta última observación, Castilla indica que el camino, antes que por la gritería, pasa por los argumentos.
4. Cuidado con el “liberalismo de manual”: Así como se ha criticado, con justa razón, al “marxismo de manual” de los años setenta, en el que se exacerbó el dogmatismo de izquierda, la comisaría de la ortodoxia zurda y algunos otros defectos que, lamentablemente, aún se mantienen en parte de ese sector político hasta el día de hoy, el liberalismo se corre el riesgo de caer exactamente en lo mismo.
Básicamente, con una herramienta: el análisis económico del derecho (law and economics), que puede ser útil para la disección de problemas jurídicos, pero que ha sido elevada a categoría de catecismo por varios de sus seguidores criollos. Vistos los problemas nacionales a través de este prismático, no se toma en cuenta que el modelo teórico no puede traspasarse por entero a la realidad y, como bien ha indicado JCT, se puede caer en inconsistencias como olvidar el otro lado del liberalismo: las libertades políticas, civiles y sociales. De eso, lamentablemente, pocos hablan. Una saludable excepción ha sido el artículo de Enrique Pasquel, publicado hoy en El Comercio, en contra de la discriminación de personas homosexuales.
5. Humala tiene algunas ideas fijas, pero no sabe como llevarlas a cabo: Son dos las que identifica la dupla Uceda - Rivera: inversión privada, sobre todo, minera, para impulsar la economía, pero acompañada del desarrollo de Petroperú. Ello explica porque Castilla “cede” ante Humala en este último punto.
El problema es que, en ambos casos, no ha tenido el manejo político adecuado para llevar a cabo sus planes. De un lado, Conga fue convertido - innecesariamente - en el proyecto que debía constituir la “prueba de amor” de Humala al sector minero, olvidando que pertenecía a la empresa que, luego de Doe Run, acumulaba la peor relación con su entorno social. De otro lado, entre el poco respaldo de Jorge Merino y las limitaciones de Humberto Campodónico, nunca se pudo generar las condiciones para que Petroperú tuviera las mejorías en gobierno corporativo que tenían pares suyos como Petrobras y Ecopetrol.
6. Para Humala, pesan más los ministros que lo convencen de su liderazgo político en determinada materia: Por eso se compra algunos pleitos y evita otros. Merino es capaz de convencerlo de comprar Repsol, Triveño de la regulación pesquera o Trivelli de los programas sociales.
Caso claro de falta de peso político: la consulta previa. En una conversación que tuve con un analista cercano a estos temas hace algunas semanas, concluíamos que la principal falla en este tema venía de confinar la dirección de este mecanismo al Ministerio de Cultura, creado como un Frankenstein y donde el ministro siempre ha provenido del área de las artes, sin mucha conexión clara con el área de interculturalidad. El poco respaldo político que Luis Peirano le ha dado a este tema no solo ha llevado a la salida del viceministro Iván Lanegra, sino que también ha llevado al limbo a este mecanismo importante para el país.
7. El país no es ni estatista ni libertario: Insisto en un punto que se ha vuelto a comprobar con la última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el domingo: si bien buena parte de los peruanos no está cercano al estatismo más radical, tampoco se ha comprado del todo los lineamientos del libre mercado. A buena parte de los peruanos no les gusta Nicolás Maduro, pero tampoco dudaría en pedir al Estado algún tipo de mecanismo para que los precios de los servicios básicos bajen. Este es un dato que deberíamos tener en cuenta en el análisis.
8. Humala no es Alan, ni debe serlo: Aunque a veces pareciera, porque su conservadurismo moral lo lleva a tomar decisiones desacertadas, como excluir los derechos LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, volviendo al inicio, no estamos ante el mejor amigo de los empresarios, ni ante alguien que va a sus casas a comer o tomarse un trago, como lo hacía su antecesor. Y no debe ser un presidente que no haga cambio alguno. Su problema está en el cómo. Y para ello, las respuestas con ánimo de barra brava no servirán de mucho.
P.S.: Un punto adicional que me han hecho notar varios en estos días. Durante las últimas semanas, estas discusiones, que se generan en las redes sociales, han pasado casi a un tono de “guerra fría” entre los libertarios y sus críticos de izquierda. Antes que rebatir argumentos, se ha pasado a atacar características personales o enfatizar estereotipos de ambos lados, sin posibilidad alguna de diálogo. Básicamente, lo que ambos bandos buscan es desprestigiar al contrincante, antes que rebatir estos argumentos. Si ello se produce entre personas que tienen la aspiración de formar opinión, ¿cómo exigir lo mismo a nuestros políticos? Lo dejo a la reflexión del lector.
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia marcarían la diferencia si dieran el paso, voluntariamente, de abrir toda la información sobre su patrimonio, pues constituiría un ejemplo para el resto de políticos y funcionarios de su gobierno. ¿Se atreverán a darlo? Ayudémoslos.
Aquí va la ayuda. Esta es la historia del patrimonio inmobiliario de la pareja presidencial.
El 30 de noviembre de 2006, el notario público de Lima Roberto Barba Castro extendió la escritura pública mediante la cual Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón acordaron variar el régimen patrimonial de su matrimonio. Desde esa fecha, la hoy pareja presidencial ha separado sus patrimonios personales.
En esa época, Humala era investigado por las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la base de Madre Mía, en 1992. En 2009, el caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo, no ha variado el régimen patrimonial del presidente de la República y su esposa, pese al cierre de este proceso. Y la duda se hace mayor cuando vemos a gente involucrada en el presunto ocultamiento de pruebas del caso en el entorno de Palacio de Gobierno.
Por este cambio de régimen, el actual domicilio del matrimonio Humala - Heredia fue adquirido por la primera dama de la Nación en abril de 2007. La vivienda, ubicada en la urbanización Chama, distrito de Surco, costó 160,000 dólares americanos. Así se puede ver en la partida electrónica correspondiente de Registros Públicos:
Heredia Alarcón tiene participación en algunos inmuebles heredados de su padre. Entre ellos se encuentran un departamento y un estacionamiento ubicados en Surco, así como la participación en la casa de sus padres, ubicada al costado de la suya, y una sección de un lote ubicado en Lurín.
Por su parte, el presidente de la República posee, como bien propio, un departamento ubicado en la avenida Armendariz, distrito de Miraflores. Humala adquirió esta vivienda en 1996, por la suma de 44,306 dólares americanos, en parte pagados por un préstamo bancario. Sobre esa vivienda recayó un embargo judicial por los sucesos de Madre Mía, siendo el único bien del primer mandatario afectado por esta medida.
Si bien es cierto que la familia presidencial y sus integrantes no han adquirido bienes a su nombre mientras que han sido gobierno, esta información es de interés público, más aún, cuando sus antecesores en el cargo tienen que responder mucho por sus adquisiciones inmobiliarias. Y es claro también que deberán hacer transparentes todos sus ingresos pasados y presentes.
ACTUALIZACIÓN (04:15 P.M.):
Algunas personas me hacen algunas preguntas por correo y respondo sobre las mismas:
1. ¿Hay hipotecas sobre las casas de los Humala? La hubo sobre el departamento de Miraflores y existe actualmente una sobre la casa de Chama. Ambas, a favor del banco que financió estas operaciones.
2. ¿Qué otra información hay sobre el patrimonio de los Humala? En una entrevista que dio al periodista Oscar Miranda para Perú.21 en septiembre de 2008, el hoy presidente de la República, hizo algunas precisiones:
a) Se hicieron dos amortizaciones fuertes a la hipoteca de la casa de Chama en 2008. Humala indicó que estos pagos se justifican en sus ahorros, pues su familia es de “clase media acomodada”. Sin embargo, Ollanta no dio mayores precisiones sobre el origen de los mismos. Sí es cierto que la familia de Humala y también la de Nadine Heredia han mantenido una economía que les ha permitido ciertos gustos dentro del gasto de una familia de clase media. Pero este es un punto en el que la familia presidencial podría dar mayores luces. Ojo, la entrevista se hizo en momentos en que se denunciaban presuntos ingresos desde Venezuela de Nadine Heredia.
b) Humala dijo que el departamento de Miraflores a veces se alquilaba, a veces no. Dado que las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son amplias en sus contenidos, desconocemos si, actualmente, dicho bien está rentado a alguna persona o institución. Este es un tema que bien podrían aclararnos en Palacio de Gobierno.
Hoy Alejandro Toledo tuvo dos entrevistas vía telefónica con RPP y Canal N para explicar el tema de las adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernemburg. Hoy hubo una nueva versión: la suegra no era rica, sino que obtuvo un préstamo del Scotiabank de Costa Rica - banco que compró el Wiese, donde trabajó su esposa - avalado por Yosef Maiman a través de su empresa Ecoteva S.A. Toledo solicitará el levantamiento de su secreto bancario y señaló que vendrá al Perú para esclarecer el tema (ojalá que con los documentos que su entorno se resiste a poner en una web, a disposición de todos).
Existen tres vacíos en la explicación: a) ¿por qué toda la operación - incluyendo la constitución de una empresa de bajo capital - se hizo en Costa Rica?, b) ¿por qué la beneficiaria final de la transacción (por herencia, se transmiten bienes y deudas, incluyendo el préstamo con Scotiabank y Maiman) es Eliane Karp? y c) ¿cuál es el origen de los fondos?
Más que ante una transacción ilegal - aunque queda por determinar si alguna de las partes de la operación calza dentro del lavado de activos -, nos encontramos ante adquisiciones en las que se ha sido poco transparente en la forma en que se realizó (el tema de la herencia de Toledo se vuelve a poner en la mesa). Y hay un dato más por indagar.
Aunque ayer la fiscal Parco lo negó, desde esa fecha tiene embalsado en su despacho cuatro diligencias solicitadas por la Procuraduría de Lavado de Activos que, precisamente, buscan esclarecer las incongruencias de las acciones de Ecoteva Consulting Group S.A. y Marintradco S.A. en la compra de lujosas propiedades a nombre de Fernenbug en Lima.
esta empresa –que figura en los Registros Públicos de Panamá y que se fundó en setiembre de 1983– tiene entre sus directores a Maiman.
De hecho, revisamos Registros Públicos de Panamá y existe la empresa Marintradco S.A., uno de cuyos directores es Josef Maiman. La empresa se fundó el 29 de septiembre de 1983.
Pero hay un detalle más interesante que Maiman deberia explicar. Según pudimos revisar en la SUNAT, se constituyó una sucursal de esta empresa en el Perú en 1996 y fue dada de baja de oficio en 2006. La empresa, como consta en SUNAT, se dedica a operaciones de bienes inmuebles.
Los representantes de la sucursal son dos extranjeros. Y, oh casualidad, son los mismos abogados que figuran como apoderados en la empresa panameña.
Si antes Maiman había constituido empresas en el Perú - de hecho, hasta 2006 funcionaba Merhav Perú, en la misma dirección de Marintradco -, ¿por qué no constituyó una empresa en Lima (o reactivó la sucursal) para hacer una transacción inmobiliaria aparentemente inocua? Una pregunta que tendrá que responder pronto, antes que este caso se enrede, aún más.
Ayer Panorama soltó una bomba. Marco Vásquez, reportero del programa emblema de Panamericana, fue hasta Costa Rica para descubrir que Eva Fernenburg, suegra del expresidente Alejandro Toledo, presidió una empresa off shore en dicho país. En marzo, la octogenaria fue reemplazada por un empleado del millonario peruano Yosef Mainman. Aquí el reportaje que movió el avispero político.
Varias cuestiones que se desprenden de este tema:
a) La constitución de la empresa: La legislación costarricense no obliga a las empresas constituidas con menos de 10 dólares (Ecoteva S.A. valía 3 dólares) a que se hagan públicos sus propietarios y cuentas. Esta cuestión es la que hace sospechosa la constitución de una empresa allá. El uso de empleados de estudios de abogados es un detalle menor, pues es una práctica recurrente incluso en empresas hechas y derechas en el Perú (aunque es rochoso que los encargados sean los empleados de servicio y no los practicantes, como a veces se estila, huele a Comunicore). El detalle central está en el punto arriba señalado.
b) Maiman: Cuando se descubrió el famoso video de Toledo tomando con el millonario peruano israeli, Marco Sifuentes proporcionó algunos datos relevantes. Es presidente del grupo Merhav, una empresa con presencia en varios continentes, dedicada a la asesoría de negocios internacionales. Es cónsul honorario del Perú en Tel Aviv desde la época de Belaúnde. Se le cuestionó por negocios con papeles de la deuda peruana durante el gobierno de Alan García, pero salió limpio en las investigaciones que le hizo el Congreso. Allí se inició su leyenda sobre su estilo de hacer negocios.
En el gobierno de Toledo, su nombre sonó mucho: fue el contacto con George Soros para financiar la Marcha de los 4 Suyos, tuvo fuertes conexiones con Shimon Peres y se le mencionó como posible comprador de Frecuencia Latina, para contrapesar su línea editorial. En el segundo gobierno de Alan, su nombre no fue mencionado en ninguna coyuntura.
c) Efectos legales: Por ahora, para Toledo, ninguno. En tanto no se demuestre que la plata provino de él o de fondos públicos. La suegra y, probablemente, Mainman, si serían pasibles de una investigación por lavado de activos que, hasta ahora, no sabemos como pueda acaba.
d) Efectos políticos: Para Toledo, devastadores. Si su credibilidad siempre ha sido, por decir lo menos, puesta en duda, hoy anda por el subsuelo. Básicamente, porque las explicaciones sobre la compra de la casa y del departamento son contradictorias. Recuerden lo que dijo en enero - patrimonio personal de su suegra - y las explicaciones de ahora - préstamo vía una off shore -. Un enredo muy fuerte y, hasta ahora, el expresidente no da la cara. A esta altura, comienzo a creer la teoría de mi amigo Juan Carlos Tafur, quien señala que Toledo ya no quiere ser candidato a nada y que si postula en 2016, solo lo haría por compromiso.
Para enredar más las cosas, esta denuncia llega en un momento en que las relaciones dentro de Perú Posible están color de hormiga. La semana pasada en Velaverde, Francesca García relató que:
“El problema de Toledo es que ya no ejerce el liderazgo de antes”, añade el dirigente. Otras versiones señalan que el exmandatario está perturbado por la “ineficiencia” de su grupo parlamentario que necesita de intervenciones de otras bancadas para salvar ciertas situaciones.
Pero la cúpula de PP también anda incómoda. “Si quieren que salgamos a defenderlo, que expliquen de dónde viene el dinero”, le habría increpado parte del grupo parlamentario al secretario general de PP, Luis Thais. Una de las figuras más destacadas de la agrupación admitió en una conversación informal que “ya les daba vergüenza salir a defender a Toledo por esos asuntos”.
De hecho, el carácter de Toledo ya ha generado salidas. Carlos Bruce fue expulsado por los errores de la campaña electoral (hoy estaría por irse con PPK), Gilberto Díaz dejó el partido por discrepancias con el liderazgo de Toledo y se acaba de ir al partido de César Acuña (otro incinerado de estos días). A ellos se suman Rudecindo Vega (embajador en Nicaragua) y Jorge Villacorta. No me sorprendería que otros altos dirigentes de PP se sumen a ellos en las próximas semanas.
Peor aún, la posible baja de Toledo deja huérfano a un sector de centro que, lejos de las histerias de los sectores más duros de la izquierda y la derecha, había confiado en el líder de Perú Posible como alternativa frente a Alan y Keiko. Pero su capital político lo ha echado al diablo en 5 meses, derritiéndose como el hielo en medio de un whisky en las rocas. A menos que de una explicación consistente, Toledo puede considerarse ya como candidato menor en 2016, si postula.
El 8 de octubre de 1989, la portada del diario argentino Página 12 estaba en blanco. La tarde anterior, Carlos Saúl Menem había firmado los indultos que beneficiaban a la alta cúpula de la última dictadura militar del país del sur. Jorge Lanata, en ese entonces, director del diario, escribió un editorial publicado en dicha portada en blanco, que decía, entre otras cosas: “Nada puede quedar en blanco. Ni siquiera esta hoja de papel, ahora surcada por pliegues, imperfecciones, pequeñas manchas. La historia de un país tampoco puede quedar en blanco (…) la memoria no puede quedar en blanco por decreto”.
Hoy Lanata y Página 12 están en orillas políticas opuestas. El diario que el reconocido periodista inauguró es casi un medio de propaganda del gobierno K y, en sus bodas de plata, Cristina no lo reconoció como fundador. Y el empedernido fumador es el principal opositor del gobierno. Pero sí coinciden en algo: en que Jorge Rafael Videla fue, no solo un dictador, sino también un criminal. Un consenso clave para una sociedad que tiene memoria.
En los juicios que se le hicieron, tanto en la década de 1980 como en este siglo, cuando los indultos fueron anulados, Videla no reconoció sus crímenes. Solo lo hizo el año pasado, pero no ante un tribunal, sino frente a un periodista. Sin arrepentimiento alguno, ni autocrítica, el dictador encarcelado confesaba que la dictadura que encabezó mató entre 7000 a 8000 personas y aceptaba que la desaparición forzada fue una forma de ocultar a la sociedad argentina los crímenes ordenados “para ganar la guerra a la subversión”. Se calcula que, entre 1976 y 1983, 30,000 personas murieron o desaparecieron, como consecuencia de las acciones armadas del Estado.
Secuestro sistemático de menores de edad, torturas, uso del mundial de fútbol para fines de propaganda (a pocas cuadras de los estadios donde se jugaba, había centros de tortura), un ajuste económico mal aplicado, exilio de cientos de argentinos, cierre de sindicatos. El penoso legado de una dictadura que se inició con él y que se liquidó el día que algún alucinado militar argentino pretendió que hacer una guerra en las Malvinas sería la mejor forma de prolongar la estancia castrense en el poder.
Hoy Videla murió en una cárcel común sin privilegios. Condenado a cadena perpetua. Será enterrado en una tumba, a diferencia de muchas de sus víctimas, arrojadas al mar desde un avión. Repudiado por la sociedad argentina. Con un juicio histórico que lo remite a las páginas más infames de América Latina.
Mientras Alberto Fujimori sigue pugnando por conseguir un indulto humanitario cada vez más lejano - por ahora -, Alejandro Toledo y Alan García pasan sus peores momentos luego de haber dejado la presidencia de la República, por motivos relativamente parecidos.
Cuando se descubrió que la suegra de Toledo había adquirido una propiedad en Las Casuarinas, desde aquí indiqué que, más allá de la intención política que pudo tener la denuncia inicial, era necesario que el líder de Perú Posible se sometiera a todas las investigaciones posibles para aclarar el real origen de los fondos que sustentaron la compra. Esta cuestión se hace aún más imprescindible luego de encontrarse que, además de la casa, también existe una oficina adquirida por Eva Fernenburg en la zona empresarial de Surco.
Es más, considero que, a esta altura, lo único que le sirve a Toledo es poner en una página web todos sus ingresos y los de su familia, a fin de acabar con todas las especulaciones mediáticas (o reducirlas a la gente que lo detesta por antifujimorista). Sin embargo, y fiel a su estilo de caminar al pie de la cornisa, ayer cometieron un error garrafal que comenta Álvarez Rodrich:
Pero lo peor de todo –para la imagen del ex presidente Toledo, principalmente– fue la decisión tomada ayer por la Comisión de Fiscalización y Contraloría de no investigar las casas compradas supuestamente por Toledo, gracias a la ayuda de los votos de Gana Perú y en medio de una accidentada sesión.
Es cierto que el caso ya se encuentra en el Ministerio Público, pero la falta de una respuesta contundente de Toledo, así como la sensación de estar rehuyendo una investigación, lo único que están consiguiendo es elevar la sospecha sobre el verdadero origen de los recursos para comprar las casas y, de paso, mellar considerablemente su aspiración presidencial 2016.
El caso de Alan García es más complicado, pero también muy mal manejado. En una larga entrevista que le brinda al director de Correo, Iván Slokovich, AGP intenta minimizar cualquier acusación en su contra, aduciendo una persecución política (de la que no ha entregado pruebas), así como tratando de echar la culpa de las evidencias sobre corrupción a funcionarios menores de su gobierno, olvidando que varios de ellos tienen una estrecha relación con él desde hace 30 años.
El problema es que García arrastra un pasivo muy grande en materia de corrupción, no solo de su último gobierno, sino también de su primer mandato. Y el caso de narco indultos y conmutaciones condensa estos problemas. Como me indicó en una reciente entrevista para la revista Velaverde, el exfiscal Avelino Guillén plantea dos problemas serios en este caso: el cobro por gracias presidenciales y la generación de un sistema judicial paralelo que resolvía como “cuarta instancia” casos de narcotráfico. Y una respuesta que solo intente distraer la atención no convencerá a una opinión pública que considera que hay gato encerrado en esta materia.
A diferencia de otros países, nuestros expresidentes no son líderes destinados - más allá de lo que cobran por sus conferencias - a una labor de estadistas o consejeros políticos. Intentan volver lo antes posible y, dicha cuestión, además de una historia peruana en la que la corrupción política ha sido la constante, genera que, durante la mayor parte del tiempo, quienes nos gobernaron transiten entre la campaña electoral adelantada y su defensa en el Poder Judicial o el Congreso de la República.
Tanto El Comercio como La República informaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, presentó ayer su renuncia al cargo. Si bien no existe una confirmación oficial del gobierno hasta el momento, todos los medios de comunicación la dan por presentada y aceptada.
Ambos medios señalan que el tema central para la salida de Roncagliolo es su salud. Desde el Tercer Piso pudo confirmar que el canciller tenía un acuerdo con el Presidente de la República de quedarse hasta que se diera la sentencia sobre el diferendo marítimo con Chile en la Corte Internacional de Justicia. Luego, sería relevado, por el mismo motivo esgrimido para su salida. Desde hace meses, en círculos cercanos a Torre Tagle, se menciona este tema. En enero pasado, el ministro solicitó una licencia de 15 días por “motivos personales”, vinculados a esta materia.
El canciller ayer cumplió con algunas actividades propias de su cargo. Estuvo presente en la visita de Bill Clinton a Palacio de Gobierno y luego despachó en su oficina. Sin embargo, canceló una presentación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que iba a exponer sobre la política exterior peruana. Dicha ponencia se llevaría a cabo a las 7 de la noche de ayer.
Tanto LR como EC señalaban como posible sucesor de Roncagliolo a Enrique Román Morey, embajador de carrera y quien hasta hace unos días era nuestro representante ante la Organización de las Naciones Unidas. El embajador fue vicepresidente de la Asamblea General de la ONU. Otros pedían a José Antonio García Belaúnde, ex canciller y actual agente alterno ante la Corte Internacional de Justicia, pero hoy su hermano Víctor Andrés descartó de plano esta posibilidad.
Pero las últimas versiones señalan que la reemplazante será la ministra de Justicia y Derechos Humanos Eda Rivas, con lo que habría dos relevos en el gabinete. A muchos ha sorprendido que Rivas, quien no ha tenido mayor ligazón con las relaciones internacionales durante su carrera en el Estado, sea la escogida. Más aún cuando se esperaba que el reemplazo de Roncagliolo - ahora o en junio - sea un diplomático de carrera.
A Rivas le ha caído fuego graneado desde varios flancos. Los fujimoristas le reclaman sus demoras por el indulto humanitario de su líder (incluyendo una columna de la excandidata al Congreso Martha Meier Miró Quesada) mientras que desde los organismos de defensa de derechos humanos se cuestiona que el Plan Nacional de DDHH 2012 - 2016 no contemple temas como aborto y los derechos de la comunidad LGTB. (Ver más en la columna de Verónica Ferrari al respecto). El reemplazo de Rivas será el abogado Daniel Figallo, hasta hoy viceministro de Justicia.
Ampliaremos esta noticia durante el día.
ACTUALIZACION (03:20 P.M.):
En efecto, tanto Rivas como Figallo juraron esta tarde. Roncagliolo fue aplaudido cerradamente por todos los asistentes. Humala dijo que esperaba la pronta recuperación de su salud.
Sobre Figallo, se tiene buenas referencias. Fue asesor del Tribunal Constitucional en su mejor época y es reconocido como un abogado honesto y comprometido con la institucionalidad democrática. Su primer reto: el Plan Nacional de Derechos Humanos. El segundo: el indulto a Fujimori.
Las críticas mayores se han centrado en Rivas, por su falta de experiencia en temas internacionales. Frente a las voces que pedían un embajador de carrera, al menos dos fuentes indicaron a DTP que Humala no desea aumentar las tensiones internas en Torre Tagle, donde hay bandos marcados por cuestiones personales y posiciones políticas.
Hace un par de semanas, mi post dominical planteaba como premisa, para entender a Ollanta Humala, que no nos encontrábamos ante un chavista que “se había sacado la careta”, sino ante un nacionalista pragmático, quien podría dar pasos hacia la izquierda o la derecha conforme fuera su conveniencia. El desenlace de dicha coyuntura, con los gobiernos del Alba distanciándose de Humala por no ser “suficientemente bolivariano” y la marcha atrás en la compra de Repsol, confirman esta premisa.
Por esta razón, varios analistas se han concentrado en establecer el peso y las características de la oposición de derecha hacia el gobierno. Me concentraré en los argumentos de cuatro comentaristas políticos: Gonzalo Zegarra, Carlos Meléndez, Steve Levitsky y Eduardo Dargent.
En su columna de la semana pasada en Semana Económica, Zegarra tiene dos ideas centrales que rescato: a) hubo mucha histeria en un sector de la derecha frente al tema Repsol y la misma no tuvo efecto en el retroceso de Humala en el tema Repsol (antes bien, fueron las gestiones de Castilla) y b) hay un amplio sector de peruanos, que no solo están en la derecha, que desconfía del Estado empresario.
Quisiera concentrarme en el primer aspecto con más detenimiento. Muchas de las histerias producidas cuando se anunció la intención de compra de los activos de la empresa española se parecieron mucho a las que se vivieron en la segunda vuelta electoral de 2011. Entre abril y mayo de ese año Humala fue acusado hasta de posible raptor de niños para volverlos comunistas. No faltaron quienes, como en el primer gobierno de Alan, anunciaron huida a Miami para mantener su status (el mismo que perderían, por cierto, apenas salieran del Jorge Chávez). Y cosas por el estilo. Algunas de ellas, claro está, estaban alimentadas por cálculo electoral, pero otras salieron del forro de varios peruanos, sobre todo, en los sectores altos.
Hay dos problemas con este tipo de reacciones. El primero de ellos es que la histeria termina siendo nada más que el grito de un pensamiento conservador. Y es que, en algún momento, un sector de nuestras élites ha pasado de la legítima preocupación para que lo avanzado no se pierda, a un extremo en que nada puede ser tocado, sino el crecimiento se va al diablo. Y ese pensamiento termina siendo conservador antes que innovador. De hecho, la gente más sensata de nuestras élites de derecha sabe que se tienen que hacer reformas para que el crecimiento que hemos tenido en estos años sea sostenible. La otra pareciera limitarse, antes que en una mejor redistribución para todos, en la mera consolidación de sus privilegios.
En esa línea, cabe señalar que resulta ingenuo pensar que Humala es un converso liberal o pedirle que haga reformas de este tipo. Pero podría acercarse a algunos cambios en la línea de la socialdemocracia, que es el sentido de la reciente columna de Levitsky. Quitarle cualquier ánimo de hacer cambios a Humala es algo que puede hacerle daño a un gobierno de por sí ya complejo y personalista como este. Ojo, con ello no digo que haya que censurar trastadas como las de Repsol, pero tampoco podemos quedarnos entre el debate de “estatice algo para que creamos que es de izquierda” o “no cambie nada para que creamos que está alineado”. Que hay dos extremos que no confían en el presidente de la República, eso es claro, pero la política no se limita a ellos. A Humala si hay que exigirle cambios, pero para que la regulación económica sea mejor y haga algunos cambios institucionales indispensables. Y ello, claro, pasa por despejar por fin las dudas sobre la postulación de su esposa.
Paso a la columna de Meléndez, que intenta explicar porque hay demasiados candados sobre el modelo económico. La hipótesis de Carlos está en la historia: luego de la salida de las dos crisis de finales de los 80s (conflicto armado y economía destrozada), cualquier cosa que nos saque de la receta económica es vista con recelo porque puede llevarnos a un pasado vergonzoso. Y en esa narrativa está, por cierto, el mal funcionamiento de las empresas estatales. Si a ninguna de ellas se le ha hecho un upgrade a lo Petrobras o Ecopetrol, ninguna de las atingencias a favor de la medida se respaldaba en hechos fundados y, por tanto, podríamos temer un desempeño igual a los peores años de Alan García. Este punto, puesto por Levitsky a la pasada, es quizás la mejor respuesta a su argumento sobre la posibilidad de establecer empresas estatales en el Perú.
El problema con el argumento de Meléndez es que esta sensación convive con el panorama señalado por Alfredo Torres:
Detrás de esta persistente simpatía hacia la empresa estatal hay una explicación de carácter emocional: muchos peruanos perciben que, de alguna manera, también son sus dueños; y, si se trata de una empresa importante como Petroperú, el orgullo nacionalista no se hace esperar.
Junto a esta motivación emocional, hay una más racional: piensan que, si el Estado es dueño de una empresa como Petroperú o Sedapal, sus productos – gasolina, gas, agua potable – serán más baratos que si los provee una empresa privada, la cual, además de sus costos, tiene que generar utilidades. Asimismo, intuyen que pueden presionar más al Estado que a una empresa privada para que baje sus precios.
Por tanto, no estamos ante un país tan liberal en materia económica sino que, como dice el mismo Torres en su libro sobre opinión pública, cree más bien en la economía mixta, con una mezcla de lo público y lo privado. Y en el que existe la tentación de usar las empresas públicas para precios bajos con subsidios. Por eso es que se dan estas tensiones y por ellos es que también tenemos a gente que, durante la discusión sobre Petroperú señalaba, “¿y por qué no se va más allá?”.
¿Por qué, entonces, a pesar del descontento de varios sectores, el modelo tiene continuidad? La columna de Dargent publicada hoy en Velaverde apunta a varias razones: electorado, mayor posibilidad del sector empresarial de congregar fuerzas y salir a los medios pero, sobre todo, una tecnocracia que incluso es más pro - mercado que la propia CONFIEP. Este último factor me parece clave y creo que necesitará una explicación más exhaustiva.
El problema es que si esta continuidad no es acompañada por reformas que no solo miren a Lima, la respuesta no será un pragmático nacionalista, sino un radical. Y allí sí que van a extrañar a Humala. De hecho, es mejor que dejen de lado la histeria, ya que:
La oposición tendrá que sostener al gobierno, mientras éste se mantenga en los cauces democráticos, claro. Debe asumir que perdió, debe jugar limpio, debe dejar de sembrar pánico. Algo que pocos dicen de Venezuela es que, sí, Chávez es un demente megalómano, pero él se alimenta de una oposición torpe, histérica y también antidemocrática (no olviden el golpe mediático que puso a Carmona en la presidencia) que agudiza las contradicciones. Si queremos que Perú no se convierta en Venezuela, los políticos opositores necesitarán cabeza fría. Humala tiene que durar cinco años en el poder. Ni un día más. Pero tampoco ni un día menos.
La oposición a Humala es necesaria, pero debe ser más inteligente y menos histérica. Y a Humala hay que exigirle cambios, no inmovilismo.
La última vez que vi a Javier Diez Canseco en persona fue en septiembre de 2011, cuando lo entrevisté para La Mula sobre diversos temas vinculados a su quehacer parlamentario. Era la primera vez que Javier era congresista oficialista y, dentro de la bancada original de Gana Perú, me consta que era uno de los pocos que deseaba tener una agenda programática y cierto orden en un grupo donde la mayoría eran novatos. Como sabemos, dicha experiencia duró poco. Quizás el destino ya estaba marcado para que Diez Canseco fuera opositor nuevamente, pues recuerdo que existían varias versiones sobre posibles vetos a su persona, que finalmente, fueron superadas.
Las pocas veces que conversé con él siempre fue sobre política. Nunca he militado en la izquierda como varios de mis amigos, pero en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de dialogar con él sobre algunos de los temas que más le interesaban. Por más que discrepara con varias de sus ideas, sobre todo en el plano económico, reconocía en él varias virtudes, entre ellas, la consecuencia y la honestidad.
A mi criterio, el mayor legado que deja Diez Canseco al país, además de las virtudes ya expresadas, es la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad. Fue una de las batallas en las que puso más ahínco y que logró mayores consensos en el país. Si los políticos de este país quisieran honrarlo, más allá de palabras en su velorio o en los medios, deberían continuar bregando para que este tema, que tocó tan personalmente a Javier, pueda ser una política permanente en el Estado peruano.
Hace algunas semanas, Jonathan Castro preparó este homenaje en #esnoticia. De todos los informes que se han hecho en los últimos meses, desde que se conoció que tenía un cáncer avanzado, es el más equilibrado y que, sin dejar de ser crítico, da una mejor estampa del líder político que ayer nos dejó.
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