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(El inaceptable mausoleo senderista nos debe llevar a una reflexión de fondo. Foto: El Comercio)

Ha causado conmoción - como es natural - la emisión de imágenes de una ceremonia en Comas en la que miembros del MOVADEF y familiares de integrantes del grupo subversivo y terrorista Sendero Luminoso revindican heroicamente a miembros de la agrupación ejecutados extrajudicialmente luego del develamiento del motín en el penal El Frontón, hechos producidos en 1986.

Como se ha conocido después - en particular, a partir de una buena explicación de Augusto Thorndike ayer en Cuarto Poder - las imágenes vistas corresponden a un documental hecho por personas cercanas a Sendero Luminoso. En dicho material gráfico, en efecto, se ven varias ceremonias realizadas en los últimos meses en las que se busca revindicar a los miembros de SL que murieron en lo que se conoce como “la matanza de los penales”.

El escándalo estalló debido a que, lo que comenzó como una devolución legítima de restos a sus familiares parar un entierro digno (ordenada por el Ministerio Público), terminó convirtiéndose en el pretexto para edificar un mausoleo - con la lenidad del alcalde de Comas - y la realización de ceremonias que, por lo visto, deberían ser materia de investigación por la DINCOTE, bajo la clara posibilidad que estemos ante la modalidad agravada del tipo penal de apología del delito en casos de terrorismo (artículo 316, numeral 2, del Código Penal actual).

El hecho motiva varias reflexiones respecto de estos hechos.

Hay que señalar que no todas las personas que murieron como producto de las ejecuciones extrajudiciales producidas luego del develamiento de los motines de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho son miembros de Sendero Luminoso. Pero también es claro señalar que la fecha es utilizada por el senderismo para proclamar un supuesto genocidio que no existió. Es cierto que hubo un delito por el que sus responsables deben pagar, pero la fecha no debería ser revindicada por los terroristas y sus familiares.

También es notorio que toda persona tiene derecho a la dignidad humana, fuera de si es un criminal o no, por lo que debería tener un entierro decente. En esa línea, la actitud de la fiscal Luz Carmen Ibañez - quien actualmente tiene a su cargo varios casos sobre masacres cometidas por la cúpula de Sendero Luminoso - fue la correcta, al entregar estos restos a sus familiares. Y sigue yendo en una línea adecuada, al indicar que ya se iniciaron investigaciones por presunta apología al terrorismo por los actos que todos hemos visto.

Pero dicho esto, es evidente que la sociedad peruana tiene el derecho y la obligación de rechazar ceremonias como las realizadas por los familiares de los senderistas y los miembros del MOVADEF. Resulta claro que la mayor parte de peruanos rechazamos los actos cometidos por Sendero Luminoso, los condenamos y creemos que sus líderes deben pagar con las más altas penas de cárcel aquellos actos que convirtieron al país en un baño de sangre, en nombre de una ideología totalitaria y retorcida. Y por ello, la indignación es clara y comprensible. Y es claro que un mausoleo del senderismo como lugar de revindicación de criminales resulta intolerable en una sociedad democrática.

Sin embargo, quedarnos en la mera rabia no es la manera de enfrentar estas situaciones. Comencemos por el tratamiento periodístico. Ayer Thorndike y el equipo de Cuarto Poder transmitieron el caso con sobriedad: sin música de fondo, sin permitir que las arengas senderistas fueran replicadas en televisión abierta, explicando al público lo que había pasado, utilizando los documentos oficiales del Estado (como el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y diciendo las palabras justas y adecuadas. En su explicación, el periodista fue pedagógico, al indicar claramente que hubo tanto motines provocados por Sendero Luminoso en tres penales de Lima (justamente, para provocar una mala reacción de las fuerzas del orden), como ejecuciones extrajudiciales condenables. Y, por supuesto, fue claro en condenar al terrorismo por sus acciones, así como los actos efectuados por sus familiares. No se tiene que caer en el sensacionalismo o la gritería para tocar adecuadamente este tema.

En segundo término, tenemos el tema estrictamente policial y judicial. Es claro en este caso hay varios indicios que apuntan a la comisión de apología del delito. Y las imágenes mostradas por Cuarto Poder son, sin duda, una clara prueba para poder iniciar una investigación e individualizar a los responsables. En esto, la administración de justicia debe ser clara y rápida.

Finalmente, es claro que existe un problema por enfrentar. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha negado una vez la inscripción al MOVADEF. En estos días, muy probablemente, ratificará una segunda negativa. Pero también es notorio que este grupo está presente, buscando convencer a jóvenes más allá de los familiares de los senderistas, en base a respuestas fáciles (y de manual) sobre el país. Y, por ello, las medidas pasan por ir más allá de lo estrictamente policial. Hace cuatro años, el politólogo Eduardo Dargent comentaba lo siguiente:

Sin duda los partidos deberían combatir políticamente estas ideas en la sociedad. Lamentablemente, nuestros débiles partidos no ganan elecciones regionales ni locales y, más importante, son casi inexistentes en instituciones educativas donde se reproduce esta ideología. Echarles toda la responsabilidad sería injusto e ingenuo. También es importante difundir todo aquello que recuerde los horrores a los que lleva una ideología genocida. Entre otros, los trabajos de Carlos Iván Degregori, el informe de la CVR, especialmente los casos horrendos que justificaron la calificación de Sendero como grupo con potencial genocida, o ese texto de Ponciano del Pino que describe la infernal vida cotidiana en comunidades controladas por S.L. Pero esta agenda, aunque fundamental, es de más largo plazo.

Creo que una batalla importante de mediano plazo que compete al Estado y a todos aquellos vinculados a la Educación pasa por ganar la Universidad Nacional y la Escuela Pública, lugares donde grupos, aunque minoritarios, todavía difunden esta forma de pensamiento. Carlos Iván Degregori planteaba una continuidad entre una educación memorista y autoritaria en la escuela y la atracción a ideologías dogmáticas difundidas en manuales marxistas de tercer nivel en la universidad. Con discursos patrioteros o pura indignación, ese discurso no dejará de ser atractivo. El reto es tomar medidas realistas para echarle más pluralismo, debate y calidad a la oferta educativa pública.

Esta es una tarea que el ministro Jaime Saavedra debería afrontar cuanto antes. ¿La tecnocracia que le ha dado buenos resultados ya estará pensando en un plan sobre el tema? Esperamos, claramente, una respuesta. Y, ciertamente, una política que vaya más allá de la gritería o del aprovechamiento para atacar políticamente al rival de turno como lo vienen haciendo varios congresistas y algunos periodistas.

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El 5 de junio de 2009 ocurrió el peor estallido de un conflicto social en el Perú en lo que va del siglo. 33 peruanos, entre policías y civiles, fallecieron. El mayor PNP Felipe Bazán aún se encuentra desaparecido. Y el país aún no cierra del todo las heridas de lo ocurrido en Bagua en aquella fecha.

Siete años después de los acontecimientos, recién ha concluido el juicio oral de uno de los procesos judiciales que se siguen por estos sucesos. En la sentencia, se absolvió a 52 personas - entre nativos y mestizos - por no habérseles encontrado pruebas de haber participado en la muerte de 12 policías en la denominada “Curva del Diablo”. Como ha indicado el Instituto de Defensa Legal, que patrocinó a varios de los imputados, no existía evidencia alguna que involucrara a estas personas en estos lamentables sucesos. Queda, así, de un lado, la sensación que se hizo justicia con los absueltos.

Sin embargo, queda también el sentimiento que no se ha terminado de saldar la deuda con los deudos de las 33 víctimas y del policía desaparecido. Como explica bien el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

Finalmente, queremos repetir las palabras del Presidente de la Sala Dr. Gonzalo Zabarburú, en el sentido que en este Juicio Oral  no están los responsables de los crímenes. Por lo que mantenemos la demanda de Justicia para las víctimas del 05 de Junio del 2009, tanto civiles como policías; así como la ubicación del Mayor Felipe Bazán Soles.

En esa línea, los familiares de los policías y de los civiles fallecidos demandan justicia. Y, entre ellos, no son pocos quienes reclaman que los responsables políticos de la tragedia, en particular, el expresidente Alan García y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas rindan cuenta ante la justicia por estos sucesos. Una cuestión que sin duda debe atenderse, más aún ahora que ambos exfuncionarios dejaron de tener derecho a antejuicio político. Y, más allá de estos dos nombres, el Ministerio Público debería hacer una investigación a fondo por los responsables de cada una de las muertes ocurridas en aquellos años. Los sucesos de Bagua no deberían quedar impunes.

Pero además, el caso debiera replantear una reflexión en la clase política respecto de la lejanía que se tiene frente a los pueblos indígenas. Con las excepciones de Mercedes Araoz y Javier Barreda en la última campaña electoral, la autocrítica por parte de los partidos ha sido escasa. Garcia, hasta ahora, sigue sin afrontar la responsabilidad política por este caso. Y, más allá de la consulta previa, resulta importante saber cuál será la política pública del actual gobierno respecto a nuestros compatriotas indígenas, así como para enfrentar conflictos sociales. Más allá del acertado nombramiento de Rolando Luque en la Oficina de Diálogo de la PCM, resulta clave saber qué es lo que el gobierno hará en esta materia.

Finalmente, la sentencia de ayer volvió activar viejos reflejos de defensores oficiosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes condenaron alegremente la sentencia sin leerla. Sin duda, los miembros de estas instituciones tienen derechos humanos que deben respetarse en todo momento. Pero usar sus legítimas demandas de justicia - a atenderse con celeridad - para tratar de irse contra organizaciones que no responden a sus preferencias políticas resulta bajo, porque a la larga, es jugar con la memoria de personas inocentes. Sin duda, debe haber justicia en el caso, pero no usarse el mismo para nuevamente establecer la vieja disputa de “militares contra indígenas y ONGs”. Las víctimas merecen nuestro respeto.

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(Portada del nuevo libro de José Carlos Yrigoyen. Foto: Perú.21)

Mi abuelo, aprista de carnet, no pudo abrir las páginas de El Comercio hasta la década de 1980 cuando, paulatinamente, el viejo diario de la familia Miró Quesada comenzó a reconciliarse con el partido vivo más antiguo del Perú.

Sabía, tanto por mis cursos de historia como por la indagación para un trabajo de largo aliento que vengo desarrollando en los últimos meses, que la relación entre ambos bandos nació envenenada. El asesinato de Antonio Miró Quesada de la Guerra, director de El Comercio, en 1935, a manos del militante aprista Steer sería el hito que haría aún más grande la distancia entre el grupo político a quien sus detractores calificaban como “secta” y el periódico a quienes los compañeros trataban como “el enemigo”.

Pero las dimensiones del conflicto nunca quedaron tan claras con la lectura de “Orgullosamente Solos”, novela de no ficción de José Carlos Yrigoyen que devoré este fin de semana.

El escritor y crítico literario presenta la historia de su abuelo, Carlos Miró Quesada Laos, quien no solo fue uno de los principales hombres a cargo del diario más tradicional del país. Fue, a todas luces, uno de los mayores simpatizantes y difusores del fascismo en el Perú.

Yrigoyen nos muestra una historia de descubrimiento personal. Junto a él, el lector irá viendo que, durante los años 30, hubo hombres que tuvieron genuinas simpatías por personajes tan despreciables como Mussolini y Hitler. Que viajaron para conocerlos, entrevistarse con ellos y admirarlos aún más. A través de la vida de Miró Quesada Laos, apreciamos como un sector de las élites peruanas adoptó los sórdidos mensajes sobre superioridad de razas, corporativismo y menosprecio por los derechos de los demás. Y que dichos escritos fueron publicados en el diario que hoy, lejos de dicha tradición, procura revindicar - al menos, teóricamente - el liberalismo en todas sus expresiones.

Dicha revisión no es el mero recuento que, cada cierto tiempo, hacemos de nuestros antepasados para desmitificarlos. Yrigoyen no solo expone el choque que le produjo conocer el pasado de su abuelo como un “camisa negra”, sino también su vínculo parental con una de las familias más poderosas del país.

Al mismo tiempo, se da cuenta de los extremos a los que se llegó en el odio entre El Comercio y el APRA. La oposición a diversos gobiernos o candidatos se subordinó a la posición que tuvieron frente al partido de la avenida Alfonso Ugarte. Miró Quesada Laos no solo rivalizó periodística y políticamente con los apristas sino que llegó a hacer libelos abiertamente homofóbicos contra Haya de la Torre. Entre otras razones, los escritos publicados en el semanario Hoy - que recuerdan, como señala Yrigoyen, a las piezas colocadas en los diarios chicha contra Gustavo Mohme Llona - es una de las causas por las cuales, hasta el momento, la militancia aún no habla abiertamente de la vida privada de su jefe máximo.

Escrito con una prosa bastante depurada, el libro de Yrigoyen no solo supone (como lo han hecho Renato Cisneros, Juan Manuel Robles y José Carlos Agüero) un ajuste de cuentas con los antepasados más cercanos. También implica una aguda descripción sobre un aspecto de la vida peruana entre los años 1930 y 1950 que merece más estudio.

Junto al excelente estudio de Tirso Molinari, esta novela de no ficción supone un acercamiento a la extrema derecha peruana que debe ser leido para comprender más a nuestras élites. Y una explicación sobre porque hasta ahora tenemos clases altas y medias que aún no logran superar los quiebres sociales y políticos de las décadas siguientes.

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(La portada de Correo de hoy es la más acertada sobre el principal factor de la negativa fujimorista a ampliar facultades a la UIF)

Desde 2002, la Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de levantar información que permita detectar operaciones sospechosas de lavado de activos. Adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros desde 2007, la entidad ha sido bastante útil para el impulso de diversos casos sobre la materia.

Sin embargo, la UIF no tiene la posibilidad de levantar el secreto bancario, sea directamente o a través de un juez, lo que le quita, sin duda, filo para su trabajo. Como ha señalado su titular, Sergio Espinoza, es la única entidad de este tipo en Sudamérica que no tiene esta facultad.

Hace un año, la revista Poder publicó un informe de Christopher Acosta sobre el intento para conceder esta facultad a la Unidad. Allí se mencionaba que la misma no vulneraba la Constitución:

Los parlamentarios, a cuya opinión luego se sumaron otros, señalaron que la iniciativa legislativa podría chocar directamente con el inciso 5 del artículo 2 de la Carta Magna, el mismo que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a la ley y siempre que se refieran al caso investigado”. Por tanto, se dijo, la facultad con la que quería fortalecerse a la UIF podía ser inconstitucional, razón por la que el Pleno, en mayoría, derivó el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, en busca de una opinión técnica. ¿Qué pasó allí?

Esta comisión, con el fin de dilucidar sus dudas sobre el tema, solicitó opinión a connotados constitucionalistas y representantes de instituciones públicas, entre ellos a Enrique Bernales, Marcial Rubio y a Alberto Borea, así como a los representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo.

PODER pudo confirmar que la Comisión de Constitución decidió desoír los argumentos por ella misma solicitados, mandando al archivo el proyecto por mayoría, declarándolo inconstitucional. Eso ocurrió el 7 de mayo del 2013, con la presencia de apenas 10 de los 18 parlamentarios que integran la Comisión, y con el voto a favor principalmente del bloque fujimorista, decisivo ante la ausencia de los congresistas –oficialistas y de oposición– que sí apoyaban la iniciativa.

Una de las opiniones ignoradas por el grupo parlamentario fue la del constitucionalista Marcial Rubio. El actual rector de la Pontificia Universidad Católica explicó, en documento al que PODER tuvo acceso, que ya el Tribunal Constitucional había señalado que los delitos económicos (entre ellos el de lavado de activos) no pueden ser protegidos por normas constitucionales como el secreto bancario. Ello porque este último “no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad”, algo que “implicaría la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos”.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada. ¿El motivo? Además del pretexto legal, lo que más se oyó fue el posible uso como arma política de la institución. Ello a pesar que la UIF tiene candados institucionales y protocolos que recortan ostensiblemente dicha posibilidad en el marco de gobiernos democráticos.

Al inicio de este periodo gubernamental, dos iniciativas sobre la materia están en la mesa. De un lado, la congresista Marisa Glave presentó un proyecto de Ley para exceptuar del secreto bancario y tributario a la información sospechosa que debe ser remitida a la UIF. Mientras que el Poder Ejecutivo ha presentado, como parte del proceso de facultades delegadas, una iniciativa para que la UIF pueda acceder al secreto bancario gracias al mandato de un juez adscrito a la entidad, así como la posibilidad que la información pueda ser compartida con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.

Esta última posibilidad fue rechazada, inicialmente, por la Comisión de Justicia del Congreso, con los votos fujimoristas. Inmediatamente, ello motivó que muchos recordaran que Keiko Fujimori, en un foro de Proética durante la campaña electoral, prometió que fortalecería las facultades de la UIF para acceder al levantamiento del secreto bancario, dado que era uno de los compromisos del país para acceder a la OCDE.

Y, por supuesto, a que se recuerden los casos de parlamentarios fujimoristas investigados por lavado, así como al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, materia de indagaciones por parte de la DEA. De acuerdo a nuestras fuentes, a pesar que Keiko Fujimori ha dejado las oficinas que pertenecían a Ramírez, él sigue teniendo ascendencia en parlamentarios clave de la bancada mayoritaria. De hecho, como insinúa la portada de Correo, el principal motivo para negar las facultades en este caso tendrían que ver con el empresario. Porque, de hecho, se han vuelto a referir a la inconstitucionalidad y la posibilidad de convertir a la UIF como “arma política” como únicas razones de oposición.

Y es que, en tanto no den un argumento sólido para oponerse a este tema, la sospecha va a recaer sobre la bancada fujimorista. Para decirlo claro, esta oposición no suena a un mero capricho para poner tras las cuerdas al gobierno - que en este tema, felizmente, se ha puesto firme tanto desde el Ejecutivo como desde su bancada -, sino a que le tienen miedo a investigaciones sobre sus parlamentarios o personas cercanas a la agrupación. Y, en esa medida, le meten un segundo petardo a su supuesta vocación anticorrupción en menos de una semana.

Aún existe un margen de maniobra para que la decisión de la Comisión de Justicia pueda ser revertida y finalmente, las facultades delegadas aprobadas en esta materia. Resulta indispensable que la UIF sea fortalecida para contar con un organismo que colabore en la lucha contra un delito tan importante como el lavado de activos, en un país que ha vivido varios años bajo el azote de grupos terroristas y al menos cuatro décadas de narcotráfico.

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(El único - pero importante - activo del alcalde de Lima es su popularidad. Foto: Trome)

No cabe duda que el principal activo político de Luis Castañeda Lossio es su popularidad. De acuerdo con Ipsos Perú se mantiene en un promedio mayor al 60% (66% este mes) y, si bien otras compañías encuestadoras indican que sus cifras de popularidad son menores - caso claro, GFK -, tiene una aprobación envidiable para cualquier político peruano (con excepción del Presidente de la República).

También es indiscutible que Castañeda ha conseguido posicionar como mayor atributo el hecho de ser trabajador. Más allá de las críticas a sus obras - o al hecho que, salvo el controvertido by pass de 28 de julio, solo está ejecutando lo ya planeado o iniciado por su antecesora -, queda claro que para la mayoría de limeños es una persona que hace cosas. Su lema “simplemente trabajando” ha pegado, más allá de las críticas a otros aspectos de su gestión, donde sus vacíos son clamorosos.

El problema es que está haciendo el alcalde de Lima con dicha popularidad. En un equivocado sentido de lo que es una gestión municipal, plantea para los próximos cinco años 29 proyectos viales y solo tres para peatones. Lima sigue siendo vista como una enorme ciudad carretera donde la infraestructura es hecha para el vehículo privado en detrimento del transporte público y, claro está, del ciudadano literalmente de a pie. Ello para no olvidar que desechó el PLAM 2035, una visión de la ciudad con miras a su quinto centenario que no se quedaba únicamente en intercambios viales - y, de hecho, no contenía varios de los proyectos que hoy Castañeda coloca en agenda - solo para mencionar un ejemplo.

De hecho, si le hacemos caso a las cifras de GFK, la mayor parte de limeños considera que el alcalde está descuidando una reforma importante para la ciudad: la del transporte. Y la cifra es contundente en todos los sectores socioeconómicos. Las demoras en la implementación de los corredores complementarios son clamorosos y cada vía viene siendo más evidente que la dejadez en esta materia es la constante en el alcalde.

Para agravar las cosas, Castañeda termina confirmando que la percepción que un importante sector de limeños tienen sobre él es que “roba pero hace obra”. De acuerdo con la encuesta de Ipsos Perú, el 62% cree que el alcalde se ha beneficiado de recursos destinados a obras. Es decir, incluso dentro del sector de gente que lo aprueba, se cree que la principal autoridad de la ciudad tiene un mal manejo de los fondos públicos, para ser elegantes en la caracterización. Y ello se condice con el 60% de limeños que apoya la campaña Habla Castañeda, para que el alcalde rinda cuentas sobre el estado de la ciudad.

Y en el plano interno, el alcalde no las tiene todas consigo. Ya se le han ido de la agrupación los alcaldes de Comas, Independencia, Villa María del Triunfo y Rímac. Si a ello se le suma el hecho que su otrora mecenas José Luna Gálvez está lanzando un nuevo partido, es probable que otros de sus socios se terminen yendo a otras agrupaciones, considerando que pueden apostar a otros competidores para el 2018 para conseguir su reelección, como Enrique Cornejo (APRA), Jorge Muñoz (en conversaciones con dos partidos), el propio Luna y Julio Gagó (con movimiento propio fuera del fujimorismo). Y si bien Castañeda podría postular en 2018 si se levanta la absurda regla de prohibir la reelección de alcaldes, el desgaste de imagen le podría ser mayor frente a candidatos mucho más fuertes en sus críticas como el posible nuevo secretario general del APRA o el alcalde de Miraflores.

Finalmente, queda un punto por dilucidar: ¿cuál será el legado del alcalde Castañeda a la ciudad en sus tres periodos? La alta popularidad no sirve para entrar en los libros de historia. Las obras solo ocupan un párrafo. A menos que el sentido de trascendencia del burgomaestre solo se equipare a un mero listado de inauguraciones, antes que a una visión de la ciudad.

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(Foto: Revista Ideele)

Ayer se conoció un nuevo incidente entre la ciudadana Máxima Acuña y miembros de seguridad privada de la empresa minera Yanacocha. Ella denunció agresiones por parte de los agentes y fue atendida de urgencia en Cajamarca. La compañía indicó que estaba haciendo defensa posesoria de un terreno que les pertenece, pero el mismo se encuentra en litigio entre Acuña y su familia contra la transnacional de capitales estadounidenses y peruanos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Cajamarca, ha expresado que la medida tomada por la minera fue desproporcionada.

Yanacocha no se percata que su comportamiento es, per se, abusivo y absolutamente desproporcionado. Sino que, además, resulta incapaz de percatarse que ha chocado con una persona que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a sus acciones en la sierra cajamarquina y que, además, tiene notoriedad internacional por los premios obtenidos en los últimos años.

El problema, en realidad, va más allá de la familia Chaupe Acuña. Tiene que ver con un patrón de conducta en el que la empresa, claramente, ha sido un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en relaciones comunitarias.

Cajamarca es una región marcada por los pasivos ambientales de actividades mineras artesanales, previa a la llegada de la compa­ñía. Yanacocha, antes que entender este anteceden­te, privilegió una relación basada exclusivamente en obras como único vehículo de relación (cuasi cliente­lar) con su entorno.

La empresa nunca enten­dió que una política de buen vecino pasaba por compren­der las preocupaciones por el precio de los terrenos, los graves errores de sus contra­tistas (como el derrame de mercurio en Choropampa) y, sobre todo, los recursos hí­dricos en una zona agrícola y en una ciudad que no tiene acceso regular al agua. Los conflictos de QuilishConga se explican, sobre todo, por esta inquietud.

La actitud de Yanacocha fue cobrando un cariz cada vez más político. La presencia en el Congreso de Marco Arana y la reelección de Gregorio Santos como gobernador regional - así como su alta votación presidencial en Cajamarca - no se puede explicar sin considerarlas expresiones de votaciones plebiscitarias sobre la actuación de la empresa minera.

A tal punto llega la situación que personajes que no serían susceptibles de ser calificados de “antimineros” como Cecilia Blume y Aldo Mariátegui llegaron a señalar, en medio del conflicto por el proyecto Conga, que la compañía debía pedir perdón por sus actuaciones pasadas que habían generado resquemores y recelos en los ciudadanos de Cajamarca. Conga está paralizado tanto por los bajos precios de los minerales como por el hecho que sería inviable socialmente su puesta en marcha. Y eso lo sabe el actual gobierno.

En dos años, Yanacocha terminará la explotación de su principal yacimiento y deberá dar paso a un efectivo cierre de mina que solucione cualquier pasivo ambiental. Cualquier imagen final sobre su actuación estará marcada por lo que haga en dicha actividad final. Aunque, para muchos, es claro que su conducta - con excepciones de algunas acciones puntuales - será estudiada como el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer en los vínculos entre una minera y su entorno. Algo que los propulsores de una actividad económica tan importante para el país deberían comprender para no cometer los mismos horrores.

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(Genial Heduardo en su retorno. Vía El Comercio)

La ruptura de Yeni Vilcatoma con la bancada fujimorista era previsible. Más allá de los ahora viralizados videos de Alberto de Belaúnde y Verónika Mendoza respecto de las posibles tensiones que desencadenarían este desenlace, lo cierto es que la conducta de ambos actores conducía a un corto circuito rápido.

Vilcatoma no procesó bien sus experiencias pasadas frente al poder. Consideró que un proyecto que convirtiera a la Procuraduría Anticorrupción en una entidad de carácter constitucional era la medida más importante en la lucha contra los ladrones de cuello y corbata en el erario público. No cabe duda que la entidad ha cumplido un rol importante como colaboradora en las investigaciones sobre delitos contra la administración pública, pero el rol acusatorio le corresponde al Ministerio Público y el procesamiento al Poder Judicial. Si ambas entidades siguen arrastrando sus mismos defectos, la solidez de la Procuraduría solo será un lunar que se estrechará frente a la inacción en quienes deben decidir los casos.

Peor aún, Vilcatoma no tomó en consideración cuales son los problemas reales de la Procuraduría que, lejos de lo que algunos piensan, no están en su independencia del poder político. La precariedad de los contratos de los abogados y el escaso presupuesto que tiene para sus labores hace que su labor, además de heroica, termine siendo inestable a mediano plazo.

Así, un proyecto de Ley con serios defectos merecía ser corregido y, por tanto, otros problemas priorizados. Pero, luego del caso Figallo, quedaba claro que cualquier discrepancia que tuviera Vilcatoma sería procesada aparatosamente. Ella desconfía de cualquier persona que la contradiga y, por tanto, al primer choque era evidente que esto terminaría con una renuncia mediática bastante bulliciosa.

Vilcatoma sale perdiendo, pues acentúa una imagen bastante conflictiva y poco fiable para aquel partido en el que termine recalando. Peor aún, si no concreta un pase a otra bancada en las próximas horas, probablemente termine siendo una paria en el Congreso de la República, dado que hay varios grupos políticos - comenzando por el que pertenecia - interesados en impulsar rápidamente una Ley sobre transfuguismo.

Pero también sale perdiendo Fuerza Popular. Esta semana quedó la sensación que el procesamiento de sus discrepancias internas se hace con formas que hacen recordar a la década de 1990. A Vilcatoma la trataron peor de lo que lo hacía Ferrando a su elenco. Peor aún, existe una seria acusación contra el congresista Héctor Becerril por agresión que debe ser inmediatamente procesada.

Al mismo tiempo, queda claro que el número amplio de congresistas que ostenta el fujimorismo es un presente griego. No solo fue un argumento de fuerza de PPK para evitar que su oponente ganara las elecciones presidenciales. Hoy es aún más notorio que estamos ante una gran coalición de independientes cuya única fuerza es la posibilidad de continuar en el Congreso en un lustro, así como la atención de agendas particulares. Dentro del fujimorismo, es claro que no se saben cuáles son aquellas que se van a priorizar. En esa medida, casos como el de Vilcatoma terminan siendo la muestra de lo que puede ocurrir con otros disidentes.

Peor aún, el caso ha vuelto las miradas a los distintos grupos al interior de la agrupación: albertistas vs. keikistas, cercanos a Joaquín Ramirez contra quienes no lo son, limeños vs. provincianos, reelectos vs. novatos.  Todo un cúmulo de tensiones que puede estallar de la peor manera.

Finalmente, pierde la lucha anticorrupción. El debate se ha concentrado en un proyecto de Ley a todas luces inviable antes que en ver cuáles son los principales factores que se requieren para enfrentar a un problema que es importante para la ciudadanía.

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(En tiempos mejores. Hoy Yeni Vilcatoma con un pie afuera del fujimorismo. Foto: La República)

Las discrepancias entre Yeni Vilcatoma y Fuerza Popular han llegado a niveles de escándalo. Mientras la parlamentaria evalúa su renuncia - en medio de versiones que señalan que haría pública su salida de la bancada mayoritaria este domingo -, el partido naranja, con Keiko Fujimori a la cabeza, la someterá a disciplina.

Como diría la inmortal Silvia Pinal, acompáñenme a ver esta triste historia.

Vilcatoma llegó a la política gracias a un incidente. Ella denunció supuestas presiones del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, en el caso Belaúnde Lossio. Grabó audios de las reuniones que se tuvieron sobre el tema. En ellas, más que una presión, existía la indagación sobre posibles caminos legales que pudieran acelerar el caso, sin que ello suponga algo indebido - es decir, la búsqueda de una exculpación de Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre los negocios del amigo de los máximos directivos del Partido Nacionalista Peruano o, menos aún, un delito.  La fiscal implacable en el caso Ancash pasó a la Procuraduría Anticorrupción por el conocimiento de este proceso y, finalmente, terminó envuelta en un lío de proporciones.

Sin embargo, el caso le permitió a Vilcatoma salir a la palestra pública. Al poco tiempo, comenzaron a verse pintas en diversas partes del norte y sur de Lima respaldando un posible ingreso a la política. Como confesó hoy el propio Presidente de la República, Peruanos Por el Kambio le hizo una oferta y ella la rechazó. Terminó yéndose con el fujimorismo, lo que generaba dos problemas.

El primero, involucrarse con un grupo político que no tiene dentro de su prioridades la lucha contra la corrupción. Los motivos son obvios. A quien llaman “lider histórico” es un delincuente sentenciado por violaciones a los derechos humanos y delitos contra la administración pública. Y a esa mochila, Keiko Fujimori le ha venido sumando la suya propia. El segundo, que cualquier discrepancia que tuviera Vilcatoma con Fuerza Popular probablemente devendría en un estallido de proporciones, dado que la exprocuradora no está acostumbrada a la disciplina partidaria y, por el contrario, acostumbra a decir lo que piensa.

Con una alta votación, Vilcatoma fue elegida congresista. Pero su presencia fue resentida en las últimas semanas. No apareció justo en los momentos en que estallaban los casos de Joaquín Ramírez y José Chlimper, factores claves en la derrota de Keiko Fujimori.

Cuando entró al Congreso, se concentró en dos temas. De un lado, las investigaciones al gobierno anterior, las que buscaba concentrar en la Comisión de Fiscalización, lo que generaba varias molestias, tanto de los presidentes de las otras comisiones que querían indagar sobre la administración Humala, como por el hecho que algunas podrían involucrar a antiguos lugares de trabajo de sus hoy colegas de bancada (como indica el periodista Gerardo Caballero).

Esta situación llegó a su límite ayer cuando, de acuerdo con la versión de Vilcatoma, el parlamentario fujimorista Héctor Becerril amenazó con interrumpir su trabajo. Ella lo ha denunciado ante la comisión de Etica, por un hecho que podría ser calificado como un acto de acoso político. Mientras que Becerril ha señalado que no agredió a la parlamentaria y que solo discrepó con ella respecto de las sesiones continuadas de la Comisión de Fiscalización.

De otro lado, Vilcatoma se empecinó con un proyecto de ley que tenía serios problemas: la creación de una Procuraduría General de la República con rango constitucional, cuya cabeza sería designada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Iniciativa legislativa que ha sido criticada por varios especialistas en temas judiciales, no solo en sí misma, sino también porque procura venderse como la gran medida anticorrupción, cuando, en realidad, la Procuraduría tiene un alcance relativamente limitado en sus investigaciones y, además, sus problemas centrales pasan más por presupuesto y los plazos de contratación de sus abogados.

Y la congresista ha entendido que cualquier contradicción a su proyecto es un obstáculo. Primero tuvo que sortear una iniciativa similar del parlamentario Osías Ramírez, que acotaba la Procuraduría a los temas anticorrupción. Todo ello suponía que las cuestiones sobre lavado de activos y narcotráfico quedaban en el Ministerio de Justicia. Las suspicacias por las investigaciones a su hermano Joaquín hicieron que el proyecto quedara de lado.

Y luego, esta semana, siguieron las disputas en la Comisión de Constitución, tanto frente a Ursula Letona - por discrepar - como a Miguel Ángel Torres - por colocar en la agenda un proyecto contra el transfuguismo que trataría de prevenir una fuga -. Vilcatoma sacó a relucir que Keiko apoyaba su proyecto. Kenji Fujimori también salió a respaldarla. Pero, al final, vino este documento, firmado por la lideresa del partido, la presidenta del Congreso, la vicepresidenta Rosa Bartra y los dos voceros (Luis Galarreta y Daniel Salaverry):

Como indica Laura Grados, Vilcatoma jugó mal sus cartas políticas:

En una labor común debes responder por tu accionar ante un superior. Para Yeni, el superior era Keiko Fujimori y por eso pensó que actuaba con su venia. Sin embargo; en el Parlamento necesitas un grupo de respaldo político que haga las veces de fuerza de choque o de colchón en donde apoyarse y Keiko Fujimori nunca podría mostrarse en contra de lo que su cúpula central le sugiera y la sugerencia, según nuestras fuentes, ha sido expectorar a Vilcatoma del grupo.

Con su salida, Vilcatoma no solo perdería la presidencia de la Comisión de Fiscalización, sino que prácticamente quedaría marginada dentro del Congreso, dado que se iría sola.

Pero también es cierto que Fuerza Popular queda mal en el camino. Queda la imagen de una bancada con intereses demasiado disgregados y, en ocasiones, opuestos entre sus miembros. Es claro que la lucha contra la corrupción tampoco es una prioridad para ellos. La imagen de algunos de sus parlamentarios - sobre todo, Héctor Becerril - queda mal con el maltrato a Vilcatoma. Y, además, pagan el desacierto de subir al coche a una persona que, evidentemente, a la primera discrepancia, iba a hacer una renuncia bulliciosa y que, antes que jugar para su bancada, tenía un partido propio.

Como indica Grados: “Aquí no hay buenos ni malos ni mucho menos héroes”. Por el contrario, lo que tenemos es la penosa historia sobre cómo se procesan las discrepancias en el fujimorismo.

Y solo vamos dos meses con el nuevo Congreso.

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Hace 16 años, en una tarde de septiembre, el país pudo ver lo que muchos sospechábamos.

En poco más de 50 minutos de grabación, apreciamos cómo Vladimiro Montesinos pudo comprar la conciencia de Alberto Kouri para pasar a las filas fujimoristas. Con escenas de regateo incluidas, se trató del soborno más célebre de la historia peruana.

Aquella noche fue frenética. La sesión del Congreso se suspendía mientras la oposición cantaba el Himno Nacional. Kouri apareció en el noticiero del canal de uno de los interlocutores de aquella reunión en el SIN con un notorio audífono dictándole las respuestas, que incluyeron una célebre excusa - “era dinero para comprar un camión que repartiría pescado”, mientras que, por vía telefónica, Martha Chávez pedía un peritaje a la escandalosa cinta.

El excongresista, quien cumpliría una pena de seis años de prisión por cohecho y enriquecimiento ilícito, fue solo el primero de una larga lista de personas a quienes veríamos en cintas filmadas por el equipo de Montesinos.

Militares celebrando con Montesinos que Fujimori había ganado la elección del 2000, casi en una misa negra castrense. La Fiscal de la Nación en un ágape, con organista incluido, por el cumpleaños de la hija menor del asesor presidencial. Parte de la bancada fujimorista coordinando con el asesor presidencial estrategias políticas. Varios oficiales de los institutos armados firmando el acta de sujeción a un régimen liderado por ladrones y violadores de derechos humanos. El líder de uno de los grupos empresariales más importantes del país coordinando entrevistas para apoyar la re-reelección. El dueño de una trasnacional chilena buscando una “guerra corta y sangrienta” para que su fábrica se quede en los Pantanos de Villa. El hombre que forjó la televisión peruana negociando favores judiciales a cambio de la cabeza de un periodista incómodo al régimen.

Y, por supuesto, más sobornos. Agustín Mantilla, Ernesto Gamarra, Ernesto Schutz, José Enrique y José Francisco Crousillat. Los dueños de Cable Canal de Noticias. Julio Vera Abad. Cerros de dinero - del erario público nacional - destinados a solventar la segunda reelección de Fujimori, las campañas inmundas contra la oposición, justificar aberraciones como la Ley de Amnistía y un status quo que pretendía preservar a un régimen delictivo a cambio de cuestiones como “la paz” o “el modelo”.

Como indica Antonio Zapata, el registro que ha llegado a nosotros es parcial. No solo porque Alberto Fujimori hizo una previa selección gracias a un falso fiscal. Sino porque Montesinos sabía que era filmado y, por tanto, calcula bien su discurso, a diferencia de sus interlocutores. Tal como menciona el historiador, estamos ante un registro que, a la vez, era casi una suerte de recibo y chantaje respecto de lo conversado y entregado como favor o cohecho.

Sin embargo, ello no hace que los Vladivideos pierdan su valor documental. Son un registro fidedigno de una época - entre 1998 y 2000 - en la que el contubernio, el trato debajo de la mesa y, en algunos casos, el delito puro y duro, se dieron la mano. Un material que no debe quedar en el olvido.

Puedes ver 160 Vladivideos gracias al LUM.

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Probablemente, ni ellos mismos lo sepan.

Vamos por partes, que el cuento es bastante sabroso. Si los líos en el Frente Amplio merecían portada, esto debería abrir por lo menos un par de columnas en cualquier medio de comunicación.

ACTO 1: PUEBLOS INDIGENAS

La semana pasada, la parlamentaria de Fuerza Popular Ursula Letona presentó un proyecto de Ley que, en resumidas cuentas, reducía la consulta previa a su mínima expresión. Se negaba dicho derecho cuando se había llegado a un contrato entre un pueblo indígena y una empresa privada. El exviceministro de Interculturalidad y politólogo Iván Lanegra resumió así lo que quería perpetrar la exjefa de plan de gobierno fujimorista:

Los contratos que firmen los pueblos indígenas –cumpliendo con el marco legal que regula la protección de sus derechos– son válidos. Pero estos son compromisos que se realizan con los particulares, o con el Estado actuando como un particular. Esto es distinto a la consulta previa la que es una obligación del Estado que surge cuando hay derechos de los pueblos indígenas que pudieran afectarse por sus decisiones. Lo que haría el proyecto es introducir una limitación arbitraria al derecho a la consulta previa por vía de acuerdos particulares. Esto sin perjuicio de poder cuestionar algunos de dichos acuerdos por no cumplir con las exigencias mínimas de protección de los derechos indígenas.

Pero el rechazo inmediato que causó la propuesta de Letona en el Ministerio de Cultura, diversos especialistas, pueblos indígenas y otras bancadas (como la del FA), generó que el proyecto tuviera este desenlace:

(Noticia de Gestión. Foto: Iván Lanegra)

Pero si este globo de ensayo fue fallido, el siguiente sería rochoso.

(Patricia Donayre terminó quemando una propuesta de reforma constitucional para favorecer a Keiko Fujimori. Foto: Congreso de la República)

ACTO 2: KEIKO SIN SEGUNDA (VUELTA)

La semana pasada, el periodista de la sección Política de El Comercio Gerardo Caballero entrevistó al congresista aprista Javier Velásquez Quesquén. Y allí el parlamentario, cada vez más complaciente con el fujimorismo, se despachó con lo siguiente:

—En la segunda vuelta hubo un reacomodo de fuerzas singular, de manera que quien ganó la primera vuelta con casi el 40% de los votos [Keiko Fujimori] terminó perdiendo frente a quien había tenido 20% [Pedro Pablo Kuczynski]. ¿Debería revisarse el mecanismo que regula la segunda vuelta?
Sin poner en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quiero decirle que en la segunda vuelta hubo algo que no puede volver a pasar. Hubo un voto contra una candidata, y no un voto de respaldo a la propuesta de un candidato. Eso tiene que cambiar.

—¿De qué manera?
Creo que no hay que esperar que uno de los candidatos obtenga el 50% de los votos más uno. Hay que ver cómo adecuamos, no plagiamos, la experiencia argentina, donde al candidato que obtiene el 40% más uno lo declaran ganador, o gana el candidato más votado en primera vuelta si saca más de 10 puntos sobre el segundo, que podría haberse dado en este caso. Así hay una verdadera voluntad expresada del elector.

—¿A qué se refiere?
Un balotaje a la peruana permite que en la segunda vuelta haya un cargamontón, o que haya un movimiento contra alguien, y no que se impongan las propuestas o el candidato que mejor pueda canalizar las expectativas del país.

—¿Y usted estaría de acuerdo con aplicar uno de estos mecanismos?
Sí, yo sí simpatizo más con este tipo de mecanismos que con el que tenemos ahora.

—Si esto se aplicara para el 2021, seguramente ganaría Keiko Fujimori.
No. Estás actuando como pitoniso. ¿Y al Apra dónde lo dejas? [sonríe]. Vamos a volver con fuerza.

En su blog, Rosa María Palacios advirtió lo que se podía venir: una posible reforma constitucional para bajarle el umbral de la segunda vuelta, en forma similar a la argentina, para favorecer a Keiko Fujimori, a quien le fue mal en los dos ballotages que ha disputado hasta el momento. Una propuesta que, al menos, ya merecía un arqueo de cejas.

Ayer, Caballero entrevistó a Patricia Donayre, parlamentaria fujimorista que preside la subcomisión encargada de ver los temas de reforma política en el Congreso. Y allí terminó concordando (oh casualidad) con su colega aprista:

—El congresista Velásquez Quesquén considera que debe cambiarse el sistema de elección presidencial para que no sea necesario el 50% + 1 de los votos para ganar en primera vuelta, y buscar un modelo como el argentino. ¿Cree que debería hacerse este cambio?
Es una opinión sumamente interesante e importante. No puedo hablar en nombre de Fuerza Popular, pero sí dar mi opinión: la comparto totalmente. Cuando un candidato llega a un porcentaje de más de 30%, quiere decir que hay una gran mayoría de la población que está de acuerdo y respalda esa candidatura presidencial. Además, democráticamente, está prácticamente elegido. También nos ahorraría a los peruanos muchísimo dinero en un segundo proceso electoral. La experiencia argentina es positiva al respecto. Yo creo que ha funcionado bien, y sería un buen ejemplo por imitar, pero veremos. Ese tema todavía no se propuso y entrará a debate con todos los demás que se propongan.

—Hay ciertas suspicacias.
Por supuesto.

—Con una reforma así, Keiko Fujimori, quien efectivamente arrastra un caudal electoral importante, podría ganar en primera vuelta.
Bueno, obviamente esta no será una propuesta que nazca de mi persona, y espero que tampoco salga de nadie del partido, para que no se tome como una posición personal. Pero a mí me parece coherente la opinión del congresista Velásquez Quesquén.

Al final, luego de las declaraciones de Donayre, el tema parece haberse quemado. Mauricio Mulder dijo que su bancada no votaría a favor de una modificación de la segunda vuelta, mientras que el expresidente del Consejo de Ministros dijo que “solo había emitido una opinión”. Mientras que en tienda naranja, tanto Rosa Bartra como Luis Galarreta han enterrado dicha posibilidad. Un papelón que ya le costaba críticas de analistas al fujimorismo. Pedro Tenorio recordó que hasta Vladimiro Montesinos se negó a una posibilidad semejante en 1999.

Pero lo peor es el siguiente cuento.

(Vilcatoma vs. Letona. Foto: La República)

ACTO 3: EL LIO DE LA PROCURADURIA

Uno de los caballos de batalla de la exprocuradora adjunta anticorrupción y hoy parlamentaria por Fuerza Popular Yeni Vilcatoma es la creación de una Procuraduría General de la República, mecanismo para autonomizar a los procuradores en el país.

El principal problema con el proyecto de la parlamentaria es que pretende que la elección de la cabeza de esta nueva institución esté a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Algo a lo que se han opuesto representantes del Poder Ejecutivo, la flamante presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe, así como diversos académicos y abogados expertos en temas anticorrupción. Asimismo, desde la actual Procuraduría Anticorrupción se ha señalado que sus problemas vienen por falta de recursos y por la precariedad de los contratos de los abogados. Según fuentes de Palacio de Gobierno, este último punto ya está en la agenda de la administración Kuczynski.

De hecho, el tema genera tanta preocupación en el gobierno que, dentro del pedido de facultades legislativas, precisamente se encuentra este tema.

Pero la oposición mayor a Vilcatoma se ha encontrado en su propia bancada. Hace unas semanas, el congresista Osías Ramírez presentó una iniciativa para solo autonomizar la Procuraduría Anticorrupción. El tema es que quedaban dentro de la influencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aquellas vinculadas a lavado de activos y narcotráfico. Precisamente, aquellas vinculadas a la investigación de su hermano, el exsecretario general fujimorista - y aún influyente hombre en el partido - Joaquín Ramírez. La bronca fue tal que, para evitar una renuncia de Vilcatoma, el congresista cajamarquino tuvo que retirar su proyecto de Ley. Como indicó Utero.pe, lo raro fue que Luis Galarreta, vocero de la bancada, no puso objeciones al proyecto del parlamentario.

Hoy la bronca llegó a mayores cuando el tema comenzaba a discutirse en la comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Miguel Ángel “Miki” Torres. Resume La República:

Vilcatoma cuestionó al presidente de este grupo de trabajo, el fujimorista Miguel Torres, por priorizar el debate de otras iniciativas y no la suya.
Cuando empezó la reunión, el congresista Richard Acuña comenzó a sustentar su propuesta sobre este tema, posteriormente hizo lo propio el parlamentario Javier Velásquez Quesquén. El aprista sostuvo que la Procuraduría General no debe ser un organismo autónomo, sino un organismo de relevancia constitucional como la Contraloría.
En este contexto la fujimorista Úrsula Letona apoyó que la propuesta de Quesquén sea debatida, provocando la reacción de su colega. A su turno, Vilcatoma tomó la palabra y no se guardó nada.
“No me sorprende que Úrsula Letona ‘petardee’ esta propuesta pese a que Keiko Fujimori ha hecho suya la propuesta de la autonomía constitucional de las Procuradurías y que estas sean nombradas por el Consejo Nacional de la Magistratura”, refirió.
Letona, quien no se encontraba presente durante la participación de su colega, se acercó a ella para conversar por lo sucedido. Esto, también, generó la crítica de Lourdes Alcorta quien consideró “poco elegante” que Vilcatoma haya reaccionado de esa forma.

Vilcatoma estaba airada y tuvo que ser aplacada por Lourdes Alcorta. A la salida del Congreso, le dijo al conocido periodista parlamentario Jimmy Chinchay que se reservaba su opinión sobre su permanencia en la bancada de Fuerza Popular. Hoy habrá reunión de bancada con Keiko Fujimori y todo indica que la cosa está que arde en el fujimorismo.

Por lo que vemos, el suelo no está parejo en Fuerza Popular. ¿Llegarán los 73 unidos al 2021?

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