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Ayer Ipsos Perú presentó el resultado de su encuesta sobre la Unión Civil para parejas del mismo sexo, con resultados mixtos. Se redujo el rechazo a la propuesta, pero el 61% la desaprueba, aunque la mayoría está de acuerdo con los derechos otorgados por la norma. Al mismo tiempo, se rechaza el referéndum planteado por Juan Luis Cipriani sobre esta materia.

¿Qué nos quieren decir estas cifras? Para empezar, la campaña emprendida redujo la inicial animadversión, sobre todo en jóvenes, mujeres y los sectores más altos. La composición demográfica de la Marcha por la Igualdad apuntaba en ese sentido. Asimismo, se requiere un esfuerzo mayor de información y sensibilización hacia sectores populares, donde el rechazo es fuerte. Y se necesita unir más los derechos aprobados con la idea de la Unión Civil.

También resulta importante leer la encuesta sobre religión difundida por Latinobarómetro en estos días. Disminuyen los católicos en el Perú, pero los disidentes se dirigen en su mayoría hacia iglesias evangélicas donde el porcentaje de practicantes es mayor que en el catolicismo.

Se aprecia mejor que el conservadurismo peruano está repartido tanto en un sector de la Iglesia católica como evangélicas y que la laicidad es aún poco apreciada. La estrategia para la aprobación de medidas que chocan con líderes religiosos requiere, junto a la denuncia de los argumentos más ridículos enunciados por ellos, cierto nivel de empatía hacia los creyentes aún indecisos. La campaña Unión Civil Ya va en ese camino.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 20.04.2014)

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Murió Gabriel García Márquez y quedan cortas las palabras para describir la grandeza de su obra. Muchos destacarán su enorme legado a las letras, o la generación del boom latinoamericano, o la importante obra de difusión cultural que desarrolló en vida y, por supuesto, su importante contribución al periodismo en la región. Otros se detendrán en su relación con Fidel Castro o en aquella con Mario Vargas Llosa quien, en el día de su partida, expresó su consternación por su deceso. Yo me quedo con dos recuerdos de mi adolescencia.

Cuando postulé a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en aquel examen para escolares, la entrevista personal tenía como uno de los temas de diálogo con los jurados - egresados y docentes de mi casa de estudios - un libro que cada candidato a ingresar debía leer. Yo escogí El Coronel no tiene quien le escriba.

Aquella breve obra de GGM marcó buena parte de mi amor por la literatura. Una historia en apariencia simple - un viejo militar retirado que decide no vender al gallo de pelea, en medio de la más absoluta miseria - fue contada de una manera realmente excepcional. Para un chico de 16 años que aún no conocía que Colombia era un país de la eterna guerra - donde viejos como el coronel abundaban a lo largo de todo el territorio nacional -, dicha obra le contaba mejor que cualquier libro de historia cómo los veteranos de batallas entre compatriotas vivían su triste ocaso. Y con el final más fuerte y sobrecogedor de una novela en América Latina.

No recuerdo bien cuales fueron las preguntas que aquel jurado - compuesto por José Agustín de la Puente Candamo, Güido Lombardi y Máximo Vega Centeno - me hizo sobre aquel libro. Lo que sí se es que, desde allí, comenzó una buena relación literaria con uno de los mejores escritores que ha dado nuestra tierra.

Mi segundo recuerdo es de aquel mismo año. Un mes después, ya con el ingreso a la universidad obtenido, llegó la hora de la premiación anual, esta vez, a la promoción que dejaba las aulas recoletanas. En mi salón, por casualidades de la vida, obtuve el primer puesto en el curso de Literatura. El premio era un libro. Así fue que cayó en mis manos El General en su Laberinto.

A despecho de los fans de Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos del Cólera - sus dos libros más conocidos - cuando nombro una obra favorita del fallecido escritor colombiano, inmediatamente enuncio aquella novela que habla del ocaso de la vida de Simón Bolívar. El Libertador que describe bien el maestro es un hombre acabado, física y políticamente, en medio del último viaje en el que pretendia exiliarse en Europa. Como bien nos cuenta la novela - y nos recuerdan los libros de historia - aquella travesía final terminaría no en un puerto europeo, sino en la finca San Pedro Alejandrino de Santa Marta.

Resulta bastante impresionante ver, en las palabras de García Márquez, como quien fuera, alguna vez, el hombre más poderoso de la región andina partía en la más absoluta soledad. Con su eterno lugarteniente Sucre asesinado, lejos de la más célebre de sus amantes (Manuela Saenz) a la que recuerda a la distancia y con sus enemigos en el poder, de quienes quiere huir.

En medio de la pena por la partida de un genio de las letras, queda su obra literaria y periodística, un legado eterno que las generaciones venideras deberán conservar. Pues, como el amor de Florentino Ariza y Fermina Daza, la querencia hacia la obra de García Márquez durará toda la vida.

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Ayer, entre cierto consenso en algunos nombres y la necesidad de mostrar un logro para acallar las protestas por una jornada parlamentaria que tuvo proyectos de ley aprobados para el olvido (y la chacota), Fredy Otátola decidió jugársela y arribar a un acuerdo que garantizara los nombres para ocupar las plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, así como a un Defensor del Pueblo titular.

Recordemos que está elección está pendiente desde julio del año pasado, cuando una protesta ciudadana hizo que el Congreso de la República retrocediera en la elección de magistrados obsecuentes con intereses particulares - en especial, con el gobierno y el fujimorismo -, en lo que se denominó como repartija y que incluyo a una persona poco idónea para la Defensoría. Este hecho, sin duda, le trajo más desprestigio a la política peruana que el que ya tenía.

También es cierto que el status quo actual es insostenible. No solo porque la mayoría de magistrados del TC tienen el mandato vencido, sino porque la actual conformación del Tribunal, en su mayoría, se debió también a un cuoteo político en el que no primó la búsqueda de buenos magistrados, sino contar con personalidades que respondieran a ciertas lealtades y/o que no tuvieran el nivel que algunos de sus precedesores tuvieron. Si bien es cierto que no todas las sentencias que han provenido de este Tribunal Constitucional han sido malas, es cierto que el nivel general de sus resoluciones, en comparación con la primera parte de la década pasada, ha descendido, a criterio de varios especialistas en Derecho.

Hacia mitad de la mañana, parecía que existía cierto consenso. En términos generales, la elección era mejor que la que se había tenido en julio. Se repetían dos nombres de la elección anterior, cuyos pergaminos académicos y posiciones doctrinales representaban tanto a socialdemócratas como a libertarios cercanos al fujimorismo: Francisco Eguiguren y José Luis Sardón. También se mantenía Ernesto Blume, con amplio conocimiento en temas municipales, pero a quien se cuestiona su patrocinio al controvertido alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.  A ellos se sumaron dos conocidos profesores universitarios: Carlos Ramos Nuñez, uno de los pocos historiadores del Derecho peruano y un reconocido académico (quien antes había postulado al TC sin éxito) y Eloy Espinoza - Saldaña, docente de Derecho Constitucional.

Sin embargo, dos temas han obstaculizado la elección. De un lado, la forma de elección de los candidatos, es decir, si se escoge puesto por puesto o se vota en bloque. De otro lado, la presencia de Eguiguren, cuestionado por apristas y fujimoristas por haber sido ministro de Justicia en este gobierno (cuestión política que le complica la vida, a pesar de sus credenciales profesionales). Ya depende de la interpretación de cada tienda política - y de cada línea editorial - achacarle la culpa a uno u otro bando sobre la ausencia de consensos.

En principio, si se concreta esta elección, tendremos un TC sustancialmente mejor que el actual. Queda en manos de las bancadas políticas la adecuada reflexión sobre los puntos arriba señalados. Pero aún está pendiente una discusión central: ¿debe quedar en manos del Congreso la elección del Tribunal Constitucional?

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En nuestra más reciente columna en Exitosa Diario, señalamos que uno de los principales problemas del fujimorismo se encontraba en el siguiente hecho:

En primer lugar, la disputa abierta con Alberto Fujimori. El autócrata ha decidido tomar las riendas de su proyecto de liberación, con abogado y local propio. La tensión –cuando no la división– es evidente.

Pues bien, hoy Alberto Fujimori abonó más en dicha hipótesis. Indica El Comercio:

A través de una carta remitida a Antonio Becerril Rodríguez, dirigente de Fuerza Popular en el departamento de Lambayeque, Fujimori rechazó la candidatura del ex congresista Gustavo Espinoza Soto (quien fue desaforado en el  2009) a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Y esta es la misiva que Fujimori tuiteó hoy, que tiene fecha 11 de abril:

Vayamos por partes y veamos quien es quien en esta historia.

Antonio Becerril Rodríguez es el hermano del actual congresista Héctor Becerril, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Y es un fujimorista de viejo cuño. Fue congresista hace algunos años en dicha agrupación y será el candidato de FP al gobierno regional de Lambayeque. Según una encuesta regional, aparece tercero, luego del actual presidente regional Humberto Acuña Peralta y del exparlamentario y empresario deportivo Willy Serrato. Becerril es, además, uno de los hombres fuertes en el negocio azucarero, pues es un alto funcionario del Grupo Oviedo.

Por su parte, Gustavo Espinoza Soto debe ser uno de los congresistas más polémicos de los últimos tiempos. Disidente de la bancada humalista en 2006, presentó un proyecto de Ley para amnistiar a Antauro Humala, que no tuvo éxito. Mintió sobre estudios universitarios que no hizo. Presentó una falsa acusación contra Alejandro Toledo sobre violación sexual. Y finalmente fue separado del Congreso en 2009, luego que fuera inhabilitado para ejercer la función pública por dos años, luego de enviar un video a parlamentarios chilenos con chistes xenófobos hechos por el entonces comandante general del Ejército, Edwin Donayre (hoy candidato a la presidencia regional de Ayacucho). Curiosamente, la sanción contra Espinoza fue aprobada en segunda votación, dado que el fujimorismo lo salvó en una primera ocasión.

Además de estos dos personajes, lo importante aquí es que Fujimori manda recomendaciones a los dirigentes de Fuerza Popular como si fuera el verdadero presidente del partido (oh, wait).  El Comercio registró otro caso amparado en otra carta del autócrata:

Anteriormente, el militante fujimorista Eduardo Jacinto Teque entregó a los medios de Lambayeque una supuesta misiva de Fujimori, en la que respalda su candidatura a este municipio.

Según informó el diario “Correo”, en la carta, el ex presidente indicó que la candidatura de Teque contribuiría al éxito de la campaña electoral “por su fuerte arraigo en los sectores C, D y E”.

Además, Fujimori habría dicho que ya había coordinado este asunto con la actual lideresa de Fuerza Popular, su hija Keiko Fujimori.

Sin embargo, el dirigente fujimorista Antonio Becerril negó la existencia de esta carta en respaldo a Teque.

De hecho, en la cuenta de Facebook de Teque (que, curiosamente, enlaza todas sus publicaciones a las páginas de Fujimori, Kenji y del Frente Fujimori Libertad) aparece esta imagen:

¿Dirá algo Keiko Fujimori al respecto?

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Durante las tres últimas emisiones de Cuarto Poder, Gabriela Villasis ha presentado una serie de reportajes que apuntan a un problema en la estructura estatal: la existencia de los gobernadores y su uso político para portátiles partidarias.

La hipótesis demostrada en la saga es esta: dado que el Partido Nacionalista se encuentra en crisis, se viene utilizando a una de las estructuras más añejas de la República (la red de gobernadores) para darle algo de vida a la agrupación y a que actividades como el mitin post fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el patio de Palacio de Gobierno, tengan sabor a apoyo para el presidente.

Para complicar más las cosas, dos declaraciones infelices han puesto la situación en el primer plano de la agenda nacional. De un lado, la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Dacia Escalante, dio ayer una penosa entrevista en Cuarto Poder, en la que, utilizando el atarante como arma, intentaba negar lo innegable y, además, anunciaba sanciones para “gobernadores que viajaron por su cuenta” para hacerlas de chupamedias presidenciales el 27 de enero en Lima. De otro lado, el propio presidente de la República, quien esta mañana, en una ceremonia en San Borja, se mandó con la infeliz frase: “yo he invitado a los gobernadores, ¿cuál es el problema?”. Con ambas declaraciones, la oposición la tiene fácil para “el apanado de la semana” gracias a la nueva torpeza del gobierno.

Es probable que el escándalo se mate con la salida de Escalante - pedida desde hace semanas - y con la de algunos de los gobernadores. Pero los reportajes emitidos por Cuarto Poder nos pone ante una decisión de fondo: eliminar o no el cargo de gobernador de la estructura estatal. Ello conllevaría, a corto plazo, la desaparición de la Oficina de Gobierno Interior - antes Dirección -, que se encuentra dentro del Ministerio del Interior y que ha sido un botín tradicional de todos los partidos de gobierno.

Los gobernadores son autoridades que tienen como función principal la representación del Presidente de la República en los distritos del país, así como el otorgamiento de garantías personales.  Durante el gobierno de García se quiso extender su actuación hacia el ámbito de programas sociales, sin éxito. Y ya en dicho gobierno, algunas voces planteaban su eliminación. De hecho, los prefectos fueron sacados del organigrama estatal en el segundo periodo aprista.

Ya en 2008, el experto en temas regionales Javier Torres Seoane, declaraba lo siguiente a Perú.21:

“Conforme avance el proceso de descentralización en el país, este tipo de autoridades debería tender a desaparecer. Si les vas a otorgar más funciones a estos representantes del presidente, entonces lo que estás haciendo es limitando las funciones (de otros), o terminarían entrometiéndose en las labores que le competen a los gobiernos regionales o locales”, manifestó.

Asimismo, subrayó que autoridades como los gobernadores o tenientes gobernadores solo tienen sentido en las zonas rurales, donde a veces son la única representación del Estado, y es solo en esos lugares donde deberían existir.

Si bien desde este blog tendemos a pensar que el cargo debería desaparecer - tanto por su uso político, la posibilidad de derivar sus funciones a otras autoridades y su anacronismo derivado del proceso de descentralización - , habría que analizar que pasaría con los casos en los que no exista un juez de paz que pueda suplir la función de otorgamiento de garantías, tal como propone el congresista Juan José Diaz Dios para eliminar el cargo.

Asimismo, el diseño de una salida final de los gobernadores de la estructura estatal deberá contemplar qué hacer con aquellas funciones no escritas que desempeñan estos personajes, sobre todo, en zonas rurales, donde muchas veces son una autoridad con más poder, en la práctica, que los propios alcaldes. Lo cierto es que esta es una coyuntura interesante para pensar en el mantenimiento de estas autoridades, más aún, cuando se viene pensando en ajustes al proceso de descentralización.

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Hace una semana, mi amigo Juan Carlos Tafur señaló que Keiko Fujimori la tenía servida hacia el 2016. ¿Sus premisas? Los problemas judiciales de García, el retiro en la práctica de Toledo y la debilidad de PPK, que se sumarían a la dilución del recuerdo negativo sobre su padre.

No cabe duda que estos factores –sumados a las giras que hace Keiko por provincias y al voto duro fujimorista– ponen a la lideresa de Fuerza Popular en buen pie para la próxima elección presidencial.

Sin embargo, hay algunos factores que complican sus opciones. En primer lugar, la disputa abierta con Alberto Fujimori. El autócrata ha decidido tomar las riendas de su proyecto de liberación, con abogado y local propio. La tensión –cuando no la división– es evidente.

Esta cuestión empata con el segundo factor: en el fujimorismo aún no tienen clara la causa de su derrota en 2011. Para algunos, debió reivindicarse el legado noventero hasta el final; otros piensan que la poca claridad democrática de Fuerza Popular fue su perdición.

Tampoco debe descartarse el empuje final del antifujimorismo en una segunda vuelta. Si bien la “coalición paniaguista” es débil para poner un candidato aglutinador, sí fue hábil para parar un retorno sin arrepentimientos.

Finalmente, la carencia de propuestas y apoyos fácticos. En un debate, se pondría en evidencia la falta de ideas en Fuerza Popular. Y el candidato del orden está en Alfonso Ugarte, con la Confiep y varios medios a su favor.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 13.04.2014)

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Ya hemos comentado en una columna en Exitosa Diario el informe jurídico del director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez Santander, a favor de la unión civil de parejas del mismo sexo. Bastante completo y claro en sus argumentos.

Pues bien, hace algunos días, Ronald Gamarra me hizo acordar de la existencia de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el caso Karen Atala vs. Chile. En esta resolución, la Corte resuelve a favor de una magistrada chilena a la que se le había quitado la custodia de sus hijas por ser lesbiana. Y, para el caso de la Unión Civil en el Perú, resultan relevantes los siguientes fundamentos (resaltados míos):

91. Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha onvención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas (supra párrs. 83 a 90), la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

120. El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.

142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio.

Otra sentencia de la Corte IDH resulta relevante para responder, en términos jurídicos, a la propuesta de referendum planteada por el cardenal Cipriani. Además del artículo 32° de nuestra Constitución, la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay, donde se cuestiona una ley de amnistía ratificada por referéndum, brinda el siguiente argumento (resaltados míos):

238. El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La participación de la ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de la democracia –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de la Constitución del Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331 de la Constitución del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 a 4 de la Ley- el 25 de octubre del año 2009, se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél.

239. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley.

Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional:

En consecuencia, al Tribunal Constitucional, (…)  no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos: que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso.

Nos vemos mañana en la Marcha por la Igualdad.

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OLLANTA HUMALA: En sus niveles más bajos de popularidad. Luego de pasar la difícil prueba de la aprobación del gabinete, ha optado por la declaración dura y directa. Sigue arrastrando problemas de aislamiento político, aunque está saliendo más a provincias. Veremos si la captura de los miembros del MOVADEF le genera algún efecto favorable.

NADINE HEREDIA: También en baja de popularidad y convertida, oficialmente, en la piñata de la oposición para golpear al gobierno. Debe replantear su estrategia política y pensar seriamente en un repliegue más prolongado, aunque no deja de tener razón en que se han obsesionado demasiado con su figura.

KEIKO FUJIMORI: Satisfecha por su primer puesto en las encuestas, haciendo actividad en provincias y comenzando a distanciarse del APRA. Peligros: su padre está cada vez más convencido de hacer política en forma más activa con su abogado como interpósita persona y, normalmente, quienes van primeros en las encuestas a esta altura no ganan.

ALAN GARCIA: Puede que se libre de las acusaciones constitucionales en su contra - aunque parece que el fujimorismo comienza a cobrarse la revancha del no otorgamiento del indulto para su líder histórico -, pero la imagen de “político que se libra de acusaciones de corrupción por mecanismos formales” no lo ayuda. La ventaja de esta coyuntura es que ha permitido aceitar una maquinaria a su favor.

ALEJANDRO TOLEDO: En silencio hasta que pase la tormenta de las acusaciones en su contra en el sistema de justicia. Promete regreso para Lima en mayo. Futuro incierto.

ALBERTO FUJIMORI: Convertido en el mejor rival de su hija. Comienza a formar a su alrededor un núcleo duro que revindique más agresivamente su controvertido legado. Perspectivas penitenciarias de largo aliento, pues no se prevé un indulto cercano.

CARLOS BRUCE: Librando la mayor de sus batallas parlamentarias: Unión Civil. Consolida su imagen como uno de los parlamentarios más rescatables de un parlamento poco aprobado. Ha conseguido apoyos inesperados, como el del presidente del Congreso, Fredy Otárola.

RENE CORNEJO: Ha vuelto a la opacidad luego de la semana de su investidura. Pocas salidas como vocero del gobierno, aunque algo más activo que su antecesor.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO: En silencio, esperando hacer una campaña corta. Vuelven a salir rumores sobre su probable declinatoria a su postulación en Lima que son rápidamente desmentidos.

ALEX KOURI: Procurando reconstruir las relaciones entre sus socios chalacos y apuntando a que la candidatura de Salvador Heresi en Lima no se caiga.

LOURDES FLORES NANO: Cabeza de la oposición interna en el Partido Popular Cristiano. Aunque fue la gran ganadora del congreso interno, la suerte de la facción que encabeza se verá al momento de definir las candidaturas del partido en junio.

SUSANA VILLARAN: Procurando apuntalar un frente más amplio que el zurdo para postular a la reelección. Su principal aliado interno en la izquierda es Salomón Lerner Ghitis, quien ha evitado una crisis mayor. Aun con la popularidad maltrecha.

JUAN LUIS CIPRIANI: El político más activo del mes. El éxito de la Marcha por la Vida lo envalentonó para proponer un referendum contra el aborto y la unión civil, pero en este último tema algunos de sus tradicionales aliados apristas y fujimoristas comienzan a desmarcarse. Cuenta con el apoyo de personajes de peso en las dos corporaciones mediáticas más importantes del país.

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El señor de la foto se llama Carlos Ramos Heredia y fue elegido, esta mañana, como nuevo Fiscal de la Nación, puesto que ocupará desde el próximo mes. Y, en efecto, es primo lejano de la esposa del Presidente de la República, pero ese es el menor de sus males. Podemos decir, con claridad, que esta elección es un desastre.

En primer lugar, porque todo el mundo en el Ministerio Público señalaba que Ramos Heredia era el candidato de la continuidad de las políticas de investigación de José Pelaez Bardales. Y la gestión de Pelaez, hay que decirlo, ha sido bastante cuestionable, sobre todo, en términos de lucha contra la corrupción en el Perú.

En segundo lugar, porque la elección de Ramos Heredia es la consagración de un sistema de elección en el que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un peso importante, para mal. Reseña Ricardo Uceda:

El fiscal supremo Carlos Ramos Heredia está a punto de convertirse en Fiscal de la Nación en virtud de un sistema que permite a grupos de interés manejar las riendas de la elección de tan alto cargo. En esta nota se desarrolla la idea de que no es por sus méritos. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público pertenece al tipo de corrupción que no se encuentra necesariamente penado por la ley.

El engranaje de la elección comienza en el Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ), responsable de nombrar autoridades en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE y el Reniec. Lo integran siete delegados de distintas corporaciones públicas y gremiales. Cada uno es cortejado por grupos de la magistratura, por el gobierno, por partidos –especialmente el Apra -, y algunas veces son captados, si es que no venían con camiseta desde antes. El CNM ha afrontado duros cuestionamientos por falta de transparencia y abuso, pero ha salido adelante, reformándose en parte. Ahora afronta una crisis de credibilidad.

El CNM nombra por concurso a los seis fiscales supremos que eligen cada tres años al Fiscal de la Nación. Cualquiera que hable con representantes del Ministerio Público puede comprobar que la objetividad del CNM en estos procesos está seriamente cuestionada. La percepción es que, en el período previo a la elección del Fiscal de la Nación, el CNM reemplaza vacantes en  la junta electora en función de la correlación necesaria para nombrar a quien responda al pacto mudo al que han llegado los consejeros. Así fue elegido José Antonio Peláez , cuyo mandato vence en abril próximo.

De hecho, dos de los votos a favor del flamante Fiscal de la Nacion vinieron de las fiscales supremas nombradas en los últimos meses por el CNM: Zoraida Ávalos y Nora Miraval. Sobre Ávalos, Uceda señalaba que era un voto fijo a favor de Ramos Heredia. Sobre Miraval, hoy Daniel Yovera publicaba en Diario 16 que, entre las opciones que se barajaban, era su elección por 9 meses como Fiscal de la Nación (se jubila el próximo año), a fin de calmar las aguas por el caso Ancash (al que volveremos luego) y que el próximo año Ramos pudiera ser elegido en dicho cargo. Horas más tarde, se optó por el plan original.

En tercer lugar, porque la trayectoria de Ramos Heredia tiene varios cuestionamientos. Uno de ellos tiene que ver con el caso Utopía, en el que se acaba de dictar una sentencia reñida con la justicia. Uceda relata:

El 22 de abril del 2010, familiares de los 29 jóvenes que en 2002 perdieron la vida en el incendio de la discoteca Utopía denunciaron una posible corrupción en el Ministerio Público para bloquear la investigación a uno de los responsables. En ese momento estaba por consumarse una estrategia del dueño de Utopía, Alan Azizollahoff, para ser  excluido del juicio.

En 2006 un hábeas corpus había anulado el proceso en su contra, y en 2008 un fiscal había resuelto no volver a acusarlo. Los familiares revelaron el audio de una conversación telefónica en el que uno de dos  interlocutores –después identificado como Jorge Alfaro, operador del empresario -asegura tener bajo control al fiscal clave. El otro dialogante era el abogado de Azizollahoff Alberto Químper, más tarde implicado en los Petroaudios. En la conversación Alfaro y Químper expresan el temor de que el abogado de los familiares, César Nakazaki,  presentara una queja contra la resolución fiscal. ¿Quién la resolvería? Carlos Ramos.

(…)

La queja efectivamente fue presentada por Nakazaki y la iba a resolver la Cuarta Fiscalía Superior, a cargo de Ramos. Solo que al mismo tiempo este fue cambiado de cargo y la resolvió a favor de Azizollahoff su sucesora, Sonia Chávez. De modo que Ramos no vio directamente nada de Utopía y el Ministerio Público archivó un proceso disciplinario sobre su conducta. Cuando en enero del 2011 se presentó a su entrevista personal con el CNM estaba libre de polvo y paja. Pero el CNM pudo haber conjeturado, como en el caso de Hinostroza y  Castañeda, que Ramos tenía un “cuestionamiento público”. Los familiares de las víctimas, por entonces, estaban indignados y lo declaraban abiertamente.

Si la actuación del fiscal supremo ya era criticable en ese caso, lo ocurrido con el caso Ancash es, francamente una vergüenza. Indicaba Daniel Yovera hace algunas semanas:

Ramos acaba de notificarles a los cuatro exfiscales que allanaron el famoso inmueble denominado ‘La Centralita’ su decisión de formalizar investigación contra ellos. Los acusa de haber cometido irregularidades y abuso de autoridad en la diligencia.

(…)

La Fiscalía Suprema de Control Interno, que dirige el fiscal supremo y candidato a fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, les notificaba su decisión respecto de una denuncia que contra ellos había impuesto el parlamentario Heriberto Benítez, por supuesto allanamiento ilegal.

(…)

Aunque, el candidato a fiscal de la Nación no consigna en su informe eventos como la reunión que sostuvieron César Álvarez, Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo en el despacho del entonces fiscal superior del Santa, Dante Farro, ni para qué fueron, como tampoco da cuenta de la presunta infidencia que impidió que los exfiscales encontrasen evidencia en el local.

Y como señala hoy María Elena Hidalgo en La República:

Ramos Heredia también es señalado como amigo de Heriberto Benítez y César Álvarez.

Ramos Heredia ha negado, en su primera conferencia de prensa como Fiscal de la Nación, este vínculo amical. Pero los hechos confirman que su actuación en el caso Ancash ha sido, por decir lo menos, poco feliz, en medio de un ánimo desde el Ministerio Público para proteger al actual presidente regional, cliente del hermano del fiscal Peláez.

Para poner la cereza sobre el pastel, otro cuestionamiento que Uceda imputa a Ramos Heredia es el siguiente:

A fin de cuentas, no importa mucho que Carlos Ramos sea primo de Nadine Heredia. Lo preocupante, según opinan fiscales que no pueden confesarlo públicamente, es que tendrá mayor influencia en el Ministerio Público un poder oculto cuyo cableado atraviesa el Poder Judicial, pasa por el despacho de algunos congresistas, y toma energía en un grupo inmobiliario investigado por extorsiones y lavado de activos. No hay nada firme que involucre a Ramos con este pulpo, pero son percepciones en el Ministerio Público que es necesario reportar.

Precisamente, ayer el exprocurador Julio Arbizu anunció la presentación de un recurso ante el Poder Judicial y el Ministerio Público por el acoso judicial que varios periodistas están sufriendo como represalia por investigar al grupo empresarial arriba referido, que incluye querellas por difamación - incluyendo una presentada por un fallecido - y hasta denuncias inverosímiles por lavado de activos. ¿Cómo decidirá en estos últimos casos el MP?

Así las cosas, Carlos Ramos Heredia supone la continuidad de un estilo poco proclive a la correcta actuación de la justicia. Menudos tres años los que nos esperan en el Ministerio Público.

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Durante la última semana, la atmósfera alrededor del Gobierno Regional de Ancash se ha enrarecido aún más. El MEF decidió congelar las cuentas de esta entidad subnacional, otro opositor de César Álvarez salió ileso de un atentado, el cuestionado presidente regional indicó que no se presentará a la reelección (y todos se preguntan a quien pondrá de candidato “pantalla”), se descubrió que un asesor de Álvarez dobleteaba chambeando en el Ministerio Público, Solidaridad Nacional anunció que evaluará la permanencia del escudero del presidente regional en su bancada y ayer se realizó una sobrecogedora audiencia en Chimbote que recogió los testimonios de varios ancashinos y autoridades.

En medio de todas estas noticias, que complican la situación de César Álvarez y su entorno, hay temas de fondo que debiéramos poner en la discusión pública.

DESCENTRALIZACION: No propongo, a lo Fritz Du Bois, una generalización sobre los gobiernos regionales y locales y su supuesta incapacidad de gasto.  Casos como Arequipa y Moquegua nos dan cuenta de gobiernos regionales que han sabido mejorar, en términos generales, la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, cabe hacer, a una década de su implementación, una reflexión sobre el proceso iniciado en el gobierno de Toledo. ¿Hay un problema legislativo, de competencias o se trata de diferencias entre regiones que aprovecharon mejor que otras la oportunidad que tuvieron?

CANON: Cuando se implementó el canon, se pensaba que este instrumento de distribución de la renta obtenida por la realización de actividades extractivas. Y hay consenso entre economistas de izquierda y derecha en que este ingreso ha generado efectos perversos: no hay estímulos para la formación de macrorregiones porque cada una quiere su canon, no existe capacidad de gastar grandes cantidades de dinero y la norma sobre la materia es demasiado reglamentarista sobre el destino de los ingresos. Aquí una reforma pendiente que debería pasar por una pregunta: ¿debe mantenerse el canon?

DESDEN DE LOS PARTIDOS NACIONALES POR LA POLÍTICA REGIONAL: A fines del año pasado, Fernando Tuesta presentaba los siguientes datos:

En el 2010, las listas locales provinciales tan solo ganaron 6 de 195 municipios provinciales y 37 de 1,605 municipios distritales. Y las listas locales distritales solo ganaron 35 municipios distritales, de un total de 1,605.

En cambio los movimientos regionales conquistaron 21 de los 25 gobiernos regionales, 112 municipios provinciales y 845 municipios distritales. Es decir, la mayoría del poder y representación sub nacional.

Al interior del país, crecientemente, los partidos nacionales, tanto de tradición histórica como emergentes, son vistos como partidos limeños, incapaces de entender la realidad distinta y diversa de las provincias.

En contraste al decrecimiento de la representación de los partidos nacionales a nivel local, los triunfos electorales de las organizaciones regionales han crecido considerablemente.

El problema es que la mayoría de estas organizaciones políticas no han perdurado en el tiempo y han desarrollado un alto personalismo en sus dirigencias, reproduciendo y potenciando muchos de los males que cargan los partidos nacionales.

El fenómeno parece repetirse para la elección de 2014. Según informó ayer La República, la mayoría de partidos nacionales harán alianzas con movimientos regionales. La tónica es esta: poco empleo de recursos, alta posibilidad de ganar con candidatos populares. Casos claros: Salaverry en La Libertad (Fuerza Popular) o Donayre en Ayacucho (Alianza Para el Progreso). Y el caso de los “invitados” en las listas parlamentarias va por el mismo camino.

ACTUACION DE LA FISCALIA DE LA NACIÓN EN CASOS DE CORRUPCIÓN: También a fines de 2013, en este blog advertíamos sobre la serie de casos de corrupción que José Pelaez Bardales y su gente mandaban al archivo. Pero lo visto en el caso Ancash, con cambios de fiscales inexplicables y archivamientos previsibles, llega a niveles de obscenidad. Lo lamentable es que el probable nuevo Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, garantiza el mismo nivel de pobre performance en esta materia. Para decirlo claro, el menor de los defectos de este fiscal supremo es su parentesco con la esposa del Presidente de la República. Más ojo público a la actuación del Ministerio Público será necesaria para los siguientes años.

POLICIA EN PROVINCIAS: Los problemas de la región Ancash se destaparon debido a la existencia de una serie de asesinatos, motivados, la mayoría de ellos, por cuestiones políticas. La contratación de sicarios en el norte del país parece ser moneda corriente. ¿Cuál es la actuación policial respecto a este tema? Aquí el ministro Albán tiene la palabra.

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