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Sin sorpresas, ni grandes anuncios. Y, por momentos, mal leido. Así fue el discurso de Ollanta Humala. El último de su administración.

La idea clave del mensaje fue “no hagamos olas muchachos y pasemos a hacer recuento de lo avanzado”. Y, en efecto, allí Humala tuvo algunos logros que mostrar. Sobre todo, en materia de educación. La “sección Saavedra” del mensaje fue bien encarada con rostros y personas que representaban cada una de las materias en las que se hacían check. El tema remató con la presencia de miembros de Beca 18 tanto en el Te Deum como a la llegada a Palacio.  Aunque sin ejemplos, lo mismo se puede decir de los programas sociales del gobierno.

El problema es que estas medidas se veían como los lunares de los dos ministerios más aplicados del gobierno, sin una visión que englobe los mismos como parte de la tarea de una administración que entra a su último año o, más aún, sin enfatizar en la letra pequeña y detalles de algunas políticas esbozadas. Y lo mismo se podría decir de algunos anuncios más puntuales, como los referidos a la pensión para personas con discapacidad severa, la devolución del Impuesto a la Renta a empresas que inviertan más en ciencia y tecnología o la mención a los Panamericanos sin incluir medidas concretas para ello.

Decepcionante lo dicho sobre seguridad ciudadana y corrupción. En el primer de los casos, no por ausencia de medidas, sino porque las mismas no darán resultados sin una reforma policial que nunca se ejecutó. En el segundo, por la carencia de las mismas (como comento en Spacio Libre). Ojo, por cierto, con la denominada #LeyStalker, uno de los decretos legislativos dictados por el gobierno, que vulnera derechos constitucionales.

Un buen ejemplo es lo que menciona el analista internacional Oscar Vidarte respecto de los puntos tocados sobre nuestra política exterior, que ejemplifica lo antes mencionado:

Resumen del Mensaje Presidencial en materia INTERNACIONAL….4 puntos: La Haya, Alianza del Pacífico, Relación Bilateral (Ecuador, Colombia, Bolivia) y Reconocimiento del Perú (eventos internacionales, visa Shengen).

Conclusiones:

1. Repitió temas tratados en los mensajes anteriores….recomendación, revisarlos. Pocas novedades.

2. Faltó hablar de Democracia y DDHH a nivel internacional (CIDH); nada de la CAN y UNASUR (ver Gran Transformación); nada de Estados Unidos, Brasil y China; nada del debate acerca de la lucha contra las drogas (que a nivel regional es muy interesante, mas aun siendo el Perú el principal productor de cocaína del mundo); nada de la modernización del Ministerio de RREE (por ejemplo, temas remunerativos y otros); nada de temas de relevancia internacional donde el Perú debería tener alguna posición (Ucrania, Palestina, Cuba, Irán, etc.); a pesar de haber mencionado alguno de nuestros vecinos fue muy poco el contenido (por ejemplo hubiera sido importante hacer referencia a la ratificación del acuerdo con Bolivia del 2010); y finalmente, habló bastante de la ejecución del fallo de La Haya pero no dijo nada de los temas pendientes como la ratificación de la Ley de Comunicación Internacional.

3. Utilizando algunos de los últimos temas señalados, nada acerca de lo que se piensa hacer el último año. Al final de su gobierno se va a repetir el mismo rollo……acuérdense.

Omisiones varias: macroeconomía, trabajo (se especuló sobre un aumento del salario mínimo, que no se dio), perspectiva de género, derechos humanos, minería, cultura, consulta previa, descentralización, Fenómeno El Niño y medio ambiente. Varias de ellas repetidas en el mensaje anterior pero que hoy resaltan más en medio del recital de cifras presidenciales de esta mañana y tarde.

Sin duda, un mensaje que corresponde a la medianía de una gestión con algunos logros pero que, políticamente, se ha debatido entre la pusilanimidad y la precariedad.

(Foto: Presidencia de la República)

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Decíamos ayer que la elección de la Presidencia del Congreso no nos despertaba el más mínimo entusiasmo. El nivel de la discusión en torno a los postulantes, resumido básicamente en acusaciones, una suerte de revisionismo histórico - todo aquel que “osara” señalar el pacto de Castañeda con el gobierno o algunas columnas con sabor a Ña Pancha en torno al fujimorismo era acusado inmediatamente de “odiar” - y un oficialismo ausente hacían que la disputa pasara casi al anecdotario.

De no ser por el triunfo amplio de ayer.

Ya no es noticia que el gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso de la República. La noticia es que han perdido por goleada, con votos incluso de su propia gente y de Perú Posible. Es decir, el gobierno termina en una soledad política que sería la envidia de cualquier ermitaño. Y eso deja a tres grandes perdedores.

El primero de ellos es el Presidente de la República. El pobre manejo de su bancada parlamentaria durante estos cuatro años ha costado la factura. Hace algunos días, una fuente nos señalaba que, hace ya dos años, parlamentarios representativos de Gana Perú ya se veían bastante descontentos sobre cómo Ollanta Humala trataba a la bancada, los temas prioritarios y el propio comportamiento del gobierno. Ya se criticaba - y de hecho, desde esta modesta tribuna lo hemos efectuado - que desde Palacio de Gobierno no explicaran las razones de sus giros políticos. Pero parece que el error ha sido mayor dentro de sus propias filas. Y eso se siente. Sin irse, Omar Chehade, Daniel Abugattás y Marisol Espinoza ya expresan claramente una disidencia.

La segunda afectada es Nadine Heredia. No ha faltado quien diga que la gran derrotada es ella porque “manejaba el Congreso”. La verdad, la comparación con Montesinos no solo es injusta, sino también penosa. Pero no quita que Heredia es co-responsable del desastre que fue para el oficialismo la elección de ayer. Ella es presidenta del partido y no ha hecho mucho por institucionalizarlo. Y también es cierto que ahora personifica todas las resistencias contra el gobierno. Su pobre destreza política lo ha provocado.

Un tercer perdedor es el alcalde de Lima. Fue él, via Twitter, quien propuso a Vicente Zevallos como candidato, sin consultar a la bancada (donde generó más de un arqueo de cejas), en forma tal que incluso algunos congresistas se sorprendían que tamaña decisión se quisiera imponer desde el Palacio Municipal. La forma tan descarada en la que pretendió hacer una alianza a cambio de obras le pagó la factura. Si bien Castañeda es bastante popular, lo cierto es que sus cálculos políticos son cada vez más clamorosamente erróneos.

Una vez puesta la lista de derrotados, es hora de decir algo sobre el ganador. Como dijo Marco Sifuentes, la carrera de Iberico no pasó a ser polémica con esta elección, sino que los resquemores vienen de antes:

Después de todo, cuando el FIM naufragó, el niño símbolo de la democracia saltó a la “raza distinta” de Acuña, dueño de una universidad-partido-negocio más personalista que un líder norcoreano. ¿Por qué, si desde hace años es un minion de Acuña, tendría que molestarle Fujimori? Ya pues.

Así las cosas, no debiera sorprender la alianza con el fujimorismo. La pregunta es si esta se puede extender hacia el 2016, como insinúa Rosa María Palacios:

Es decir, si Luis Iberico justificaba un acercamiento táctico al fujimorismo, no sólo para darle a la oposición la Mesa Directiva – como si esta fuera un botín de privilegios personales – sino para poner en marcha una agenda/programa mínimo que requería de mayorías calificadas, otra hubiera sido la recepción del público a su arrejuntamiento, temporal o solo Dios sabe si estratégico para las elecciones 2016 con César Acuña apoyando a Keiko Fujimori para terminar de liquidar al Apra en el “sólido norte”. ¿No la vieron compañeros que votaron por Ibérico? Pues miren bien a quién han encumbrado.

Y, con ello, habría que ver cuál es el proyecto político final de Acuña. Si bien el gobernador regional de La Libertad ha expresado su voluntad de postular a la Presidencia de la República en 2016, también es cierto que ocupa el mismo espacio electoral - populista de derechas - que tiene el fujimorismo. Por lo que una alianza con ellos no sería mal negocio, sobre todo para Acuña, experto en fagocitar candidaturas presidenciales para ir teniendo una presencia en el Congreso que se sume a la de sus gobernadores y alcaldes. Es decir, postergar el proyecto político propio cinco años más, tener más obras en la región que mostrar y ser, ahora sí, el presidente del Bicentenario.

En su discurso de ayer, Iberico se planteó una agenda ambiciosa. Tanto que, al escucharlo, uno no sabía si estábamos ante el presidente del Congreso del primer año del periodo parlamentario y no al de salida. Teniendo las expectativas bajas, nos daríamos por bien servidos si es que se elige a un Defensor del Pueblo titular con características personales y profesionales y lo mismo con el reemplazo de Oscar Urviola en el Tribunal Constitucional. Ya con ello tendríamos un mejor Congreso en el último año que aquel que se acaba de ir.

Pero quizás, la mayor interrogante siga siendo que tan sujeto estará Iberico a la agenda de quienes lo eligieron. La respuesta la tendremos en las siguientes semanas.

(Foto: Perú.21)

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Cuando este diario esté en sus manos, se estará realizan­do la elección para la Mesa Directiva del Con­greso de la República. Pro­ceso que me ha generado el mayor de los bostezos. Ex­pongo mis motivos.

La disputa se pareció a aquellas elecciones por la presidencia de un salón es­colar, reducidas a meros concursos de popularidad. ¿Hemos escuchado de los señores Zeballos e Iberi­co algún planteamiento se­rio sobre las prioridades de la agenda parlamentaria? ¿Han formulado alguna re­forma administrativa para un Congreso que las nece­sita a gritos? La discusión básicamente giró en torno a las bondades de una lista opositora más light o más dura frente al gobierno, de cara a las próximas eleccio­nes. En ninguno de los ca­sos, sin convencer del todo.

Asimismo, asistimos a un concurso de lavadas de cara de dos partidos con líderes cuestionados. Entusiasta­mente, algunos columnistas se ponían el kimono para ha­blar de perdones al fujimo­rismo, cuando dicha agru­pación no ha hecho un mea culpa serio de cara al país por los crímenes cometidos hace dos décadas. Mientras que, en la otra orilla, otros se hacían de la vista gorda res­pecto de las concesiones del gobierno a las obras cues­tionadas de Luis Castañeda Lossio. Una cosa es la alusión a las “manos sucias” en polí­tica, otra el aconchabamien­to acrítico.

Para completar el saine­te, el oficialismo no pudo ser capaz siquiera de pre­sentar una alternativa. La pobre institucionalización del partido de gobierno, de­nunciada por Daniel Abu­gattás en su entrevista de despedida de la política, le cobra factura a un Presi­dente de la República que, además de la medianía, ya no tiene más trucos políti­cos por exhibir.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 26.07.2015)

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Una maestra de escuela deja todo en Gran Bretaña a los 42 años: expareja, hijos, familia, trabajo fijo. Todo por ir al Perú a realizar trabajo social. Y terminó quedándose en nuestro país durante 20 años, pero haciendo periodismo.

Esa sola línea argumental sería el estupendo arranque para una novela. Afortunadamente, la historia es real y se desarrolló en años difíciles para nuestro país. Y su protagonista ha tenido el acierto de ponerla en papel.

Durante su permanencia en nuestra patria, Sally Bowen no solo dejó cientos de despachos para los medios para los que laboró - sobre todo Financial Times y la BBC -, así como informes para The Peru Report y Peru Monitor, empresas que tenían información de primera mano sobre lo que ocurría en distintos ámbitos del quehacer nacional. También legó dos libros fundamentales para entender la década de 1990, con un estilo preciso e imparcial: El Expediente Fujimori y El Espía Imperfecto (este último, redactado al alimón con Jane Holligan).

Esta tercera entrega nos brinda la trastienda de muchos acontecimientos ocurridos entre 1988 y 2008. A través de páginas de ritmo rápido, Bowen nos describe como pasó a ser “sin querer queriendo” una periodista que recogía sucesos políticos, económicos y que se internaba en diversos lugares de nuestro país para hacer reportajes en zonas calientes por la acción del periodismo y el narcotráfico.

Se logra reflejar cómo se transmitían noticias sin las facilidades tecnológicas de ahora, pero con quizás más punche y garra al obtener la noticia. Los lectores no podrán dejar de conmoverse con la muerte de Todd Smith, periodista asesinado por Sendero Luminoso, bastante sentida por la autora. El lector peruano podrá apreciar mejor cómo, desde la prensa extranjera, se veía a un presidente tan controvertido como Fujimori. Y sufrirá, como cualquier que ha pisado el Poder Judicial peruano, con el kafkiano proceso judicial entablado por Fernando Zevallos, en la primera alusión periodística seria sobre sus actividades como narcotraficante.

Pero el libro también deja cierta sensación de deja vu. Como lo ha manifestado en diversas entrevistas en los últimos días, el texto de Bowen muestra a una clase política que, con apenas algunas inclusiones, no ha cambiado casi nada, tanto en elenco como en maneras. Si bien el terrorismo ya no es un problema nacional, el narcotráfico sigue siéndolo, tanto por su estela de violencia como por su peso en ciertos pasillos de Palacio de Justicia. Es cierto, hay más dinero en los bolsillos de la gente, en promedio, pero varias situaciones de desigualdad mostradas en el volumen siguen siendo actuales.

Un texto que, según confesión de la autora, pensaba ser escrito para que sus nietos entendieran su decisión de irse a la aventura, termina trayéndonos de vuelta a tiempos difíciles para nuestra nación, pero ricos en términos periodísticos.

Bowen cuenta estos hechos desde una doble trastienda: la de la periodista haciéndose en el camino y la corresponsal extranjera que puede informar sobre estos acontecimientos con la serenidad y la distancia que, muchas veces, no tenemos los compatriotas. Y no por ello, su visión deja de ser menos comprometida con valores universales.

Libro imprescindible, no solo por la descripción de una época, sino también por las lecciones que deja para quienes se dedican a este oficio, sobre todo, en tiempos donde se cree que todo está a un click de distancia.

(Foto: La República)

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El pasado martes, Desde el Tercer Piso presentó una serie de contratos obtenidos por la actual gerente de administración del Parque de las Leyendas, Diana Elizabeth Zaldivar Rabanal, y la empresa Villaespo Constructores con el Gobierno Regional de Ica, entre los años 2011 y 2013.

Dichos contratos nos parecían de interés público debido al proceso penal que, debido a presuntos favorecimientos a la referida compañía, enfrenta el actual director del zoológico principal de la ciudad, Marco Antonio Villalobos Alvarado. Así como por las recientes revelaciones de Utero.pe respecto de los contratos obtenidos por Zaldivar Rabanal durante la anterior gestión de Luis Castañeda Lossio al frente de la ciudad.

Hoy, DTP está en condiciones de señalar quienes fueron los gerentes del Gobierno Regional de Ica en los años en los que se dieron estos contratos.

EL GERENTE (DOS VECES) Y ASESOR SOLIDARIO

Jorge Carlos Hurtado Herrera es abogado de profesión. De acuerdo con una búsqueda hecha en la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones, es militante de Solidaridad Nacional desde el 8 de febrero de 2006. Es decir, va a tener 10 años de miembro de SN, pero no cualquier militante.

“Rocky” Hurtado, como es conocido en Ica, fue director del Servicio de Parques de Lima (SERPAR) en el segundo gobierno de Castañeda. Y también estuvo en el Patronato del Parque de las Leyendas. De hecho, a criterio del alcalde, tuvo tan buen desempeño que lo condecoró con la Medalla de Lima. Aquí el video de la condecoración, donde el presidente de su partido confiesa haber trabajado con él durante 20 años:

Recordemos que, como mencionamos en el primer informe de esta serie, en 2009, Zaldivar ganó una adjudicación por menor cuantía con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) por 10,000 nuevos soles. Mientras que el blog Utero.pe sacó los contratos que la hoy gerente administración del Parque de las Leyendas tuvo con el zoológico. Hurtado fue funcionario de ambas entidades en los años en los que los mismos se obtuvieron.

Luego de dejar la administración Castañeda - tras una frustrada candidatura al gobierno regional de Ica -, Hurtado pasó a ser gerente general del Gobierno Regional de Ica, encabezado por Alfonso Navarro, militante del Partido Popular Cristiano. “Rocky” estuvo en dos periodos: entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2011 y entre el 8 de mayo de 2012 y el 6 de agosto de dicho año.

Revisando las fechas de los contratos obtenidos por Villaespo Constructores, durante la presencia de Hurtado en el GORE Ica ganó un contrato por 199,380 en 2011. En el caso de Zaldivar, tendrían que revisarse los meses en los que, de acuerdo al Portal de Transparencia Económica del MEF, obtuvo contratos con el GORE ICA en 2011(9,500.00 nuevos soles) y 2012 (a los 30,080 que ganó un día antes que volviera Hurtado hay que sumar un monto que, en total, equivale a 47,478 nuevos soles)

Pero ojo, según el diario La Voz de Ica, luego de su segunda salida, Hurtado señaló que se quedaría como asesor externo del gobierno regional. Sería indispensable que el referido exfuncionario aclare hasta cuando duró esa asesoría, considerando que en 2013. Villaespo Constructores obtuvo contratos con el Estado por S/. 504,913, de los cuales 390,913 nuevos soles fueron pagados por el Gobierno Regional de Ica, para el equipamiento de los laboratorios de mecánica automotriz y sanidad vegetal del Instituto Superior Tecnológico Palpa.

El militante de Solidaridad Nacional también intentó postular al GORE Ica en 2014, pero al final no se presentó a las elecciones. Según medios iqueños, por motivos de salud. Su intención de voto era de 2%. Pero ahora anda de vuelta en la administración Castañeda.

Según indica la página web de SERPAR, es nada menos que el secretario general de dicha institución, en la que anteriormente sirvió como director. Curiosamente, dos de los miembros del Consejo Directivo de la referida entidad son el presidente y el director del Parque de las Leyendas en la actualidad.

LOS OTROS GERENTES:

Los demás contratos fueron firmados tanto en los periodos de Ana Yolanda Pérez Cortez y Mario López Saldaña.

Sobre la primera de las nombradas, se trata de una funcionaria que, antes de ser gerenta regional, fue Directora General de Administración del GORE Ica. Luego que Hurtado volviera al puesto de gerente general, pasó a desempeñar el cargo de directora de administración del Proyecto Especial Río Tambo Ccaracocha.

Mientras que el segundo, que fue gerente hasta 2014, es militante del Partido Popular Cristiano. Y, según Correo Ica, cuando asumió el puesto, tenía el siguiente cuestionamiento:

El exalcalde de la provincia de Castrovirreyna (2007-2010), Mario López Saldaña, para quien la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huancavelica, solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por denuncias de presuntos actos ilícitos; asumió el cargo de gerente general del Gobierno Regional de Ica.

Al ser consultado por la denuncias e investigaciones en su contra, el exburgomaestre declaró a la prensa iqueña que “como parte del trabajo en la administración pública uno es pasible a investigaciones del Ministerio Público. Mis acciones han estado dentro del marco de la legalidad”.

Como se sabe, en el 2010, la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, mediante convenio de “Transferencia de recursos en el fondo para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007-FORSUR”, recibió 525 mil 510.66 soles para la ejecución de la obra “Reconstrucción de la infraestructura de la Institución Educativa N° 22041-Santa Ana”. Luego se firmó contrato con Consorcio San Ana, sin que se contará con la carta fianza de fiel cumplimiento.

López Saldaña postuló a la presidencia regional de Huancavelica en las pasadas elecciones, con un movimiento regional, sin éxito.

Por supuesto, una siguiente etapa de esta investigación debería revisar quienes conformaron los comités de selección en todos estos contratos. Podemos encontrar allí quizás aún más sorpresas de las que hemos localizado.

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En las primeras semanas del gobierno, cuando todo era felicidad, Ollanta Humala fue a Bagua a promulgar la Ley de Consulta Previa, una norma que regulaba el reconocimiento interno de un derecho de los pueblos indígenas ya consagrado en el Convenio 169 de la OIT: la posibilidad que estos grupos de ciudadanos puedan ser consultados sobre la toma de decisiones respecto de políticas públicas que los conciernen. Desde inversiones mineras y petroleras hasta cuestiones vinculadas a educación intercultural.

Según la página web especializada del Ministerio de Cultura - ente rector en esta materia -, entre procesos concluidos y en curso, se han realizado 20 procesos de consulta previa en el país. 18 de ellos están vinculados a pueblos amazónicos y 2 a políticas públicas de alcance nacional. En ningún caso, hay pueblos andinos involucrados.

Al consultar la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI), documento oficial del Estado donde se reconoce referencialmente quienes son los actores colectivos a ser consultados, nos topamos con lo siguiente al ver la ficha vinculada al pueblo quechua:

Finalmente, el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de función de elaborar y actualizar la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, ha recopilado información secundaria que ahonda sobre la historia, instituciones distintivas y prácticas ancestrales de los pueblos quechuas. Este instrumento incluirá progresivamente, en los próximos meses, información histórica y cultural relevante sobre diferentes pueblos quechuas.

Y no se destaca la ubicación geográfica de los mismos. Con el pueblo aimara, al menos, el tema parece zanjado, en apariencia. Aunque, como veremos luego, no exento de polémica.

¿Cuál es el motivo por el que los pueblos indígenas de la sierra no están tan delimitados como los de la selva? Esta historia se remonta, por lo menos, al 2012.

Como relata el exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra, a fines de aquel año se presentó en la Presidencia del Consejo de Ministros un primer avance de la BDPI. Y allí surgieron las primeras inquietudes.

Fue así que seis meses después de publicada la directiva de la base, vimos con expectativa la presentación de su contenido completo ante el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, los viceministros y el responsable de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc. Se explicaron los indicadores utilizados para la identificación de los pueblos indígenas. Eran 52 en total: 48 en la Amazonía, 4 en la zona andina.

Miles de comunidades nativas y campesinas estaban incluidas como parte de dichos pueblos. No hubo objeciones técnicas. Tras solucionar las cuestiones relacionadas con el acceso público a la base, esta podía ponerse en línea. Sin embargo, era evidente la inquietud de varios de los presentes sobre el gran número de comunidades campesinas incorporadas, sobre todo  porque la ubicación de las de habla quechua coincidía con áreas muy importantes para la exploración minera.

En marzo de 2013, Marco Sifuentes publicó un informe en La República que revelaba desde donde venían la mayoría de las inquietudes.

Interculturalidad ha reconocido, oficialmente, 48 culturas amazónicas. Ellas no son el problema central.

—¿Una comunidad indígena quechua en Apurímac? ¡No me jodas! —le habría espetado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Lanegra en diciembre del año pasado.

Efectivamente, el problema está en los Andes.

Interculturalidad ha reconocido, también oficialmente, cuatro culturas andinas: los jaqaru, en la sierra de Lima; los uros, en las islas flotantes del Titicaca; los aymara y los quechua. El problema está en la gran población aymara y quechua del Perú. ¿Qué comunidades aymaras y quechuas califican para la Base de Datos y cuáles no?

Merino nunca fue un entusiasta de la consulta previa. Y, como indicaron Ricardo Uceda y David Rivera para la revista Poder, al final del segundo año de Humala este era el panorama.

El tema de la consulta previa, sin embargo, camina a la deriva, sin líder. Si fuera por Merino se eliminaría —le cuesta abandonar un razonamiento empresarial privado— y el culturoso ministro de Cultura, Luis Peirano, difícilmente lo asumirá como propioAlineado con Castilla y Merino, Humala ha objetado los criterios de la base de datos para la consulta elaborados por el viceministro de Inteculturalidad, Iván Lanegra, quien renunció al cargo tras la posición que manifestó el Presidente en la entrevista televisiva. Ahí declaró que busca evitar que se realice en todas las comunidades de la sierra del sur del Perú, como se planteaba inicialmente en la base de datos de dicho viceministerio y donde se ubican la mayoría de proyectos mineros. Comenzará en la Selva, donde, según declaró Humala, están los verdaderos nativos.

Sin embargo, dentro del gobierno existen opiniones de que la consulta previa podría llevarse a cabo de acuerdo con el plan original sin que se caiga la inversión ni el mundo. Mas no hay quien convenza adecuadamente al Presidente y menos a los empresarios.

Recientemente, Lanegra ratificó esta versión en un artículo publicado en el portal Ojo Público.

Luego, Peirano saldría del gabinete y, bajo el periodo de Diana Álvarez Calderón, con Patricia Balbuena a cargo del viceministerio de Interculturalidad, se desarrollarían las 20 consultas previas en proceso o ya concluidas antes anotadas. Mientras que, desde el lado del MEM, el sucesor de Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, era otro ministro poco proclive a la aplicación de la consulta previa. Al mismo tiempo, los arqueos de cejas por parte de representantes de Yanacocha y consultores de mineras respecto de la inclusión de pueblos andinos en la consulta eran bastante notorios.

Por su parte, Lanegra señalaba lo siguiente, hace apenas 3 meses:

En abril de 2015 aún no culmina. Ni una sola de las comunidades campesinas de habla quechua está aún considerada. Estas, por sí solas, representan más de la mitad de las comunidades que deberían estar incluidasNi una sola consulta se ha realizado en el sector minero. Ni una sola consulta se ha realizado a nivel de las comunidades campesinas. Es evidente que las causas que originaron el cuestionamiento a la base de datos no han desaparecido. En el contexto de una desaceleración económica, es probable que algunas se hayan reforzado.

A esto se agrega una práctica nefasta que lleva a las comunidades campesinas a firmar documentos en los que sus habitantes declaran no ser indígenas, lo cual distorsiona el sentido de la conciencia de la identidad indígena, un criterio de identificación conforme al Convenio 169 de la OIT. Nada de esto, no obstante, va a evitar que tarde o temprano se inicien demandas administrativas y legales por no cumplir plenamente con la obligación de consulta previa. Hay que recordar que los funcionarios tienen el deber de garantizarla. Pero no debería ser este el camino que deberíamos recorrer. En particular porque es el más difícil para los pueblos indígenas.

¿Qué ocurrió en estos años? Un informe de Nelly Luna y Vanessa Romo para Ojo Público revela tres cuestiones puntuales.

La primera, es la base de datos original. Ambas periodistas revelan que:

se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

En otras palabras, la mayoría eran pueblos andinos.

El segundo punto revelado tiene que ver con lo que hicieron las ya mencionadas gestiones de Merino y Mayorga:

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

Como indica el informe, cerca de la mitad de los proyectos no consultados está en Apurímac, región vista como la niña de los ojos del desarrollo minero en los próximos años para el Presidente de la República.

Y el tercero es que, al menos, en las declaraciones, la posición del gobierno parece variar al menos un poco:

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

Sin embargo, el problema no termina de resolverse. Como indica OP, subsisten discrepancias sobre la no inclusión en la BDPI de algunos pueblos calificados previamente como aimaras, algunos de los cuales tienen proyectos mineros en su territorio.

La historia de la Base de Datos de Pueblos Indígenas, a fin de cuentas, demuestra la serie de idas y venidas en torno al proceso de consulta previa en el Perú. Y, por supuesto, las tensiones dentro del gobierno frente a este derecho. Un reflejo de lo que ha sido una administración sin convicciones propias, donde, a fin de cuentas, el peso de los funcionarios y ministros ha determinado el destino de las políticas públicas.

(Foto: Andina)

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A pesar de su contundente porcentaje de aprobación, Luis Castañeda Lossio tiene un gran dolor de cabeza con nombre propio: el Parque de las Leyendas. El principal zoológico de la ciudad se ha convertido en el festín de la prensa, debido a los gastos superfluos - léase, camionetas - en los que se invierte la plata de este espacio, en detrimento de su mantenimiento. Como comprobó el domingo Cuarto Poder, sí existió desabastecimiento de alimentos para los animales que moran allí.

Pero el caso más serio viene de la anterior gestión de Castañeda. Como saben, el actual director del Parque de las Leyendas, Marco Antonio Villalobos Alvarado, es procesado por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo de gerente de promoción y desarrollo social del zoológico. ¿El motivo? Un resumen en dos párrafos vía Utero.pe:

A Villalobos se le acusa de haber favorecido a esta empresa en su gestión anterior, cuando se desempeñaba como Gerente de Promoción, haciendo que cuatro concesionarios le transfieran dinero directamente a la empresa Villaespo Constructores, para realizar el material publicitario del parque, lo cual es ILEGAL.

El director del parque no es el único acusado por la fiscal anticorrupción, están también Ricardo Villareal y Luigi Esposito (por eso la empresa se llama “Villa-espo“). Ellos no solo eran trabajadores del Parque de las Leyendas, sino que también figuraban, nada menos, que como dueños de la empresa Villaespo Constructores.

Como registró Cuarto Poder hace dos domingos, la actual pareja de Villareal, Diana Elizabeth Zaldivar Rabanal, es nada menos que la gerenta de administración del Parque. Es decir, personal de confianza de Villalobos Alvarado.

Para complicar más el panorama, hoy Víctor Caballero, periodista del mencionado blog, encontró que Zaldivar Rabanal fue proveedora del Parque de las Leyendas en los años 2009 y 2010 por la suma de S/. 317,976.04. Es decir, en la misma época en que ocurrían los contratos irregulares por los cuales su pareja (que también chambeaba en el Parque en esos años) y el actual director del zoológico son juzgados ante el Poder Judicial.  Según Caballero, los montos deben ser bien examinados, a la luz de los precios de mercado de los vinilos que Zaldivar Rabanal vendía al PL.

Desde el Tercer Piso encontró algunas pistas adicionales que merecerían investigación, en torno a Zaldivar Rabanal como, sobre todo, a Villaespo Constructores, la empresa implicada en el juicio que puede costarle el puesto al director del Parque de las Leyendas.

Además de los contratos con el Parque de las Leyendas, ubicamos en el portal del SEACE que, en 2009, Zaldivar ganó una adjudicación por menor cuantía con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), otra entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se llevó 10,000 nuevos soles por la habilitación de paneles verticales, preventivos e informativos.

Luego de concluida la gestión Castañeda, Zaldivar solo obtuvo un contrato adicional con el Estado según el SEACE. En 2012, ganó otra adjudicación por menor cuantía para venderle colchones de espuma al Gobierno Regional de Ica. ¿El monto obtenido? S/. 30,080. Según el acta, fue la única persona que presentó propuestas.

Según el Portal de Transparencia Económica del MEF, Zaldivar también obtuvo contratos con el GORE ICA en 2011 (9,500.00 nuevos soles) y 2012 (a los 30,080 hay que sumar un monto que, en total, equivale a 47,478 nuevos soles). Hay también contratos con el Ministerio de Salud en 2012 y 2013, por montos que van entre 10,000 y 12,000 nuevos soles.

Y precisamente Ica es la pista que nos lleva a Villaespo Constructores, la empresa involucrada en el escándalo de los contratos direccionados en el Parque de las Leyendas.

Según el SEACE, la constructora de Ricardo Villarreal y Luigi Esposito ganó S/. 450,669 con el GORE ICA en 2011. Adquisición de mobiliarios y equipamiento de instituciones educativos fueron los rubros por los que obtuvo varias ganancias. En los tres contratos obtenidos, se trata de adquisiciones directas selectivas.

Mientras que, en 2012, ganó 69,500 nuevos soles con dicho gobierno regional, gracias a la venta de calaminas y bobinas de plástico para el Hospital Regional. Ese mismo año, también obtuvo un contrato con la Policía Nacional del Perú para venderle bolsas para recojo de cadáveres, por un monto de 16,882 nuevos soles. Cabe mencionar los contratos iqueños de aquel año eran procesos exonerados de licitación. Y el de la PNP una adquisición de menor cuantía

Pero el mejor año fue el 2013. Villaespo Constructores obtuvo contratos con el Estado por S/. 504,913. 390,913 nuevos soles fueron pagados por el Gobierno Regional de Ica, para el equipamiento de los laboratorios de mecánica automotriz y sanidad vegetal del Instituto Superior Tecnológico Palpa. Mientras que el saldo fue cobrado a la Policía Nacional por un cerco perimétrico para una cochera y almacén en la Av. Argentina.

Según la SUNAT, Villaespo fue dada de baja en junio de este año. A la luz de los hechos arriba anotados, estos contratos también deben ser examinados, a fin de ver si es que también existieron irregularidades en su otorgamiento. Sobre todo, dada la coincidencia en fechas, en particular, en 2012, con el otorgamiento de los mismos.

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Hace algunas semanas, el programa Sin Medias Tintas reabrió una pregunta que estaba en el aire: ¿de qué vive Keiko Fujimori? La explicación “oficial” del fujimorismo es que le dan 10,000 soles mensuales a la lideresa de Fuerza Popular para que se mantenga, vía el diezmo que se aplica a cada congresista. Tradición aplicada, por cierto, por otros grupos políticos.  Pero el informe de SMT incidía en algunos temas a explicar:

  • Según el fujimorismo, Keiko alquila un departamento en Surco para vivir. Se suma a ello los gastos de sus hijas, que ya están en edad escolar. Sin embargo, tiene hartos viajes a EE.UU., así como viajes a República Dominicana y Colombia en 2014, que coinciden con vacaciones escolares.
  • Mark Vito Villanela, según el congresista Spadaro, es un “corredor inmobiliario inscrito ante el Ministerio de Vivienda”. En efecto, este blog verificó en el Registro de Agentes Inmobiliarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el esposo de Keiko Fujimori aparece con el registro PN-4765 en calidad de vigente.
  • Villanela no tiene una sola tarjeta de crédito en el sistema bancario peruano. Mientras que Keiko tiene una tarjeta Ripley que no usa hace años y donde tiene deudas por cerca de 700 soles por una tarjeta de crédito con el BCP.

Pero la empresa de Villanela, vinculada a temas inmobiliarios, ha dado material para la investigación.

Dos informes de la Unidad de Investigación del diario La República, liderada por Angel Páez, registran varios datos interesantes sobre el patrimonio de los Fujimori - Villanela. ¿Que salió ayer domingo?

Para empezar, conocimos que, al igual que los Humala - Heredia, los Fujimori - Villanela han decidido separar sus patrimonios, desde la segunda mitad de 2011, es decir, luego de la segunda vuelta electoral donde la lideresa de Fuerza Popular fue derrotada por el actual Presidente de la República.

Pero más sabroso fue tener los siguientes datos sobre la empresa inmobiliaria del esposo de Keiko:

En los archivos digitales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se consigna que el 18 de enero de 2014 Mark Vito Villanella, y su concuñado Mark Koening, esposo de Sachie Fujimori Higuchi, constituyeron la empresa MVV Bienes Raíces SAC, dedicada a la compra y venta de inmuebles, así como a la rehabilitación de viviendas y otras actividades conexas. El capital se compuso de 1,000 soles con acciones de un sol: 999 a nombre de Villanella y 1 a nombre de Koening.

Keiko y Sachie Fujimori han consumado operaciones financieras juntas, de modo que no debería sorprender que sus respectivos cónyuges también lo hagan. Cuando Alberto Fujimori vendió una propiedad en Surco y entregó en partes iguales un cheque para cada una para supuestamente financiar sus estudios, ambas abrieron una cuenta en el Citibank y depositaron 170 mil dólares a plazo fijo para beneficiarse de los intereses. El dinero nunca se destinó a ninguna universidad porque las hermanas habían concluido los estudios, confirmaron dos peritos de la Contraloría General de la República asignados a la Corte Suprema de Justicia.

Ni Mark Vito Villanella ni su empresa MVV Bienes Raíces aparecen en Infocorp con movimientos financieros. Según empleados de Infocorp, esto significa que tanto el esposo de Keiko Fujimori como su compañía virtualmente carecen de actividad económica: no consignan cuentas corrientes, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, deudas u otro tipo de operaciones o servicios bancarios o financieros.

Peor aún, como informa hoy el segundo reportaje, preparado por Páez y Lupe Muñoz, ninguna de las direcciones reportadas por Villanela ante la SUNAT corresponden a una empresa. Todas son domicilios particulares.

Y hoy Correo encuentra más datos:

www.diariocorreo.pe verificó en el histórico de la SUNAT el registró los números 6181515 - 6621173, a nombre de la empresa de Mark Vito Villanella, pero en ambos nadie dio razón y menos funcionan en la Calle Holbein Hans 172, Urbanización San Borja - Lima, sede de MVV Bienes Raíces.

El primer número pertenece al Grupo T&TL, donde además funciona el estudio de abogados Torres & Torres Lara (del fallecido excongresista fujimorista Carlos Torres y Torres Lara), no obstante nadie dio razón de MVV Bienes Raíces.

En el segundo número contestó una representante de la empresas RS Consultores y tampoco dieron razón de MVV Bienes Raíces. No obstante Correo insistió y preguntó por Mark Vito Villanella y una persona que evitó dar su nombre aseguró ser su contadora, no obstante esta se negó a responder más preguntas.

Correo verificó además que ambas empresas no funcionan en San Borja -la dirección de la empresa de Mark Vito- sino en los distritos de San Isidro y Santiago de Surco.

No es el primer problema tributario de la familia Villanela. Hace unos años, el periodista Gerardo Reyes, en Univisión, descubrió que el suegro de Keiko fue condenado por evasión de impuestos en Estados Unidos. Cuando salió la información, el esposo de la lideresa de Fuerza Popular admitió la condena, pero indicó que la misma se había dado por la propia admisión de irregularidades tributarias.

La pregunta sigue siendo clave: con un ritmo de vida de clase media alta, con diezmos del partido y con un esposo sin ingresos conocidos, ¿de qué viven los Fujimori - Villanela?

Interrogante que se vuelve aún más clave, sobre todo para aquellos que dicen que “Keiko no es su padre”.

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Con la obtención de medallas en varias disciplinas, los Juegos Panamericanos cobraron mayor importancia mediática para nuestro país. Lejos de los reflectores que acompañan a “héroes” de reality shows, nuestros deportistas ajenos al fútbol obtienen éxitos para Perú que, salvo excepciones, no aparecen en una portada. Pero los logros vienen acompañados de varias responsabilidades.

Si no lo recuerda, amigo lector, los próximos Panamericanos se harán en Lima, dentro de cuatro años. Hasta ahora no tenemos aprobado su Plan Maestro. Si bien el IPD ha culminado un Centro de Alto Rendimiento en la Videna, al día de hoy no sabemos dónde se hará la Villa para hospedar a los atletas. ¿Hará el Presidente de la República algún anuncio sobre la materia en su mensaje presidencial? ¿El alcalde de Lima sabrá que la ciudad debe llegar al 2019 con un transporte ordenado, antes de las condecoraciones de rigor?

No es la única preocupación. Como sabemos, las obras para grandes eventos deportivos son posibles focos de corrupción. Recordemos lo ocurrido con los Juegos Bolivarianos de Trujillo en 2013, cuando varios proyectos quedaron en maqueta. Contraloría y OSCE deberán extremar sus mecanismos de fiscalización para lo que se nos viene.

Finalmente, veamos a los deportistas y la dirigencia. Hay algunas iniciativas realizadas en los últimos años, como el programa de Maratonistas, que comienzan a rendir frutos y que deben continuarse. Y junto con mayor presupuesto para el deporte –miremos cómo le va a Colombia– se requiere mejor institucionalidad. Paradojas de la vida: mientras celebramos triunfos en Toronto, el presidente del Instituto Peruano del Deporte recién fue nombrado luego de un año como interino.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 19.07.2015)

(Foto de Gladys Tejeda: AFP)

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El nombre del controvertido empresario Rodolfo Orellana - detenido e investigado por presuntamente encabezar una organización criminal vinculada a la apropiación ilícita de terrenos y lavado de activos - ha vuelto a sonar en la última semana, sobre todo, en pasillos parlamentarios. Dos datos lo ponen nuevamente en la mira pública, por distintas razones.

El primero de ellos, quizás el más comentado esta semana, tiene que ver con la revelación en torno al mensaje que el encarcelado Orellana envío, hace un par de años, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, para reunirse con él, a través del parlamentario Luis Iberico. El hecho, confirmado por ambos congresistas, ya tiene un impacto fuerte, dado que ambos son postulantes a la presidencia de dicho poder del Estado.

Iberico reconoció que, en algún momento, existió algún acercamiento con el ala mediática del clan Orellana para hacer un programa, pero que el mismo no se concretó y que no es mensajero de Orellana.  La revelación puede tener impacto en una disputa que se augura reñida entre uno de los hombres de confianza de César Acuña y el veterano parlamentario de Acción Popular.

Pero mayor repercusión parece que tendrá el segundo evento. La flamante Unidad de Investigación de El Comercio, encabezada por Daniel Yovera, muestra ya su primer fruto: una saga de reportajes, presentados durante tres días seguidos, en torno a la vinculación que tiene Orellana con una empresa cercana al congresista José Luis Elías Ávalos, de las filas del fujimorismo.

Según el informe de Yovera y Christopher Acosta:

Las denominadas planillas contables, en las que se registraba el movimiento diario de dinero que efectuaba la red de los hermanos Ludith y Rodolfo Orellana contenían esta información de alto vuelo entre una gran cantidad de nombres, códigos, cifras y fechas. En ellas aparecen dos pagos en dólares a una empresa denominada Air Perú.

La única compañía aérea autorizada y certificada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con ese nombre en el país se llama Air Perú Express SAC. Esta cuenta con un permiso vigente otorgado por el MTC para operar más de cien aeronaves, que van desde los pequeños Cessna hasta los Boeing 737.

Las referidas planillas indican que, en por lo menos dos ocasiones, los hermanos Ludith y Rodolfo Orellana dispusieron entregas por un total de US$450.000 a “Carlos Diez Canseco” para concretar una “compra de acciones” en dicha empresa.

Según fuentes acreditadas, el nombre completo del presunto receptor es Alberto Carlos Diez Canseco Oviedo, socio, accionista y gerente general de la aerolínea Air Perú Express SAC.

Y como registra El Utero de Marita, este personaje es:

socio fundador, gerente de Marketing y vicepresidente de la Universidad San Juan Bautista. Sí, tiene todos esos cargos. ¿Y quién creen que es el fundador de esta universidad? el congresista José Luis Elvías Ávalos.

Pero ahí no quedan las conexiones, al contrario ahí se inician. Con solo 23 años, en el 2011 la empresa aérea Air Perú contrató como representante legal a Rodrigo Alonso Elías Roca, hijo del congresista.

Elías Roca renunció a la empresa una vez que estalló el caso Orellana. Pero tanto él como Diez Canseco mantienen altos puestos en la Universidad San Juan Bautista, de propiedad del parlamentario, a la que volveremos luego.

En la segunda entrega del informe, Diez Canseco admitió que recibieron la referida suma de dinero, en el bunker de Orellana. Según indicó, la reunión se realizó con el suegro de Orellana - de nacionalidad estadounidense - y con un ciudadano chino. Otro dato a tener en cuenta es que el hombre de confianza de Elías Ávalos también fue vinculado a Vox Populi, una revista del ala mediática de la organización y en la que la USJB puso publicidad.

Pero si, hasta allí, la cuestión venía vinculada a dos directivos de la universidad del parlamentario iqueño, hoy la trama se complica. Yovera y Acosta encontraron que:

Dos abogados de la Universidad Privada San Juan Bautista, cuyo fundador y presidente del directorio es el congresista fujimorista José Luis Elías Ávalos, realizaron gestiones relacionadas con la empresa Air Perú Express SAC, cuyo propietario es, además, el vicepresidente de dicho centro de estudios, Carlos Diez Canseco Oviedo. Este figura en las planillas contables de la red criminal de Rodolfo Orellana como receptor de US$450.000 para adquirir acciones de la aerolínea.

Los documentos a los que El Comercio accedió indican que entre el 2012 y el 2014 uno de estos abogados inscribió ante la Oficina de Registros Públicos de Pucallpa acuerdos de la Junta General de Accionistas de Air Perú para modificar estatutos e incrementar capital social. El otro formalizó la renuncia de Rodrigo Elías Roca, hijo del parlamentario, a la aerolínea .

Se trata de los letrados Marylin Cruzado Llanos y Cristian Jesús Sosa Canales. La primera es coordinadora del Programa Especial para Adultos de la sede universitaria de Chorrillos y su nombre figura en la relación de autoridades de dicho centro de estudios. El segundo labora en la Oficina de Asesoría Legal de la universidad.

Datos adicionales:

1. Elías Ávalos es uno de los parlamentarios que fue procesado por el caso congresistas trásfugas. Fue parlamentario electo por Avancemos en el 2000 y luego se pasó al fujimorismo. No fue condenado por falta de pruebas de la presunta entrega de dinero por parte de Montesinos. Hoy está inscrito en Fuerza Popular.

2. El parlamentario iqueño tiene un serio conflicto de interés. Integra la Comisión de Educación siendo dueño de una universidad. Y, como registró Enrique Patriau hace unos meses, ha presentado proyectos para tratar de bajarse la actual Ley Universitaria.

3. No es el único conflicto de interés del congresista. Como bien señaló el hacker Aniversario Perú vía Twitter, Elías Ávalos apoyó con su firma un proyecto de Ley en el que se propone:

promover el flujo turístico y comercial a la Región Ucayali, ampliando los beneficios tributarios otorgados mediante la Ley 29285 a las empresas de transporte aéreo, que prestan servicios de transporte de pasajeros y/o carga desde o hacia la ciudad de Pucallpa.

Y ya saben que línea aérea era la beneficiada.

De allí que, ante esta revelación, uno se haga dos preguntas. La primera, ¿este es el nuevo fujimorismo del que nos habla Keiko Fujimori? Quizás la respuesta - no apta para periodistas que se ponen el kimono - la da Eduardo Dargent hoy en La República:

Y es presente también porque los “nuevos” jales repiten las formas y arrogancia de sus predecesores. Conductas conservadoras e intolerantes frente a temas en los que el fujimorismo ya pecó en el pasado. Cada vez que veo un nuevo fujimorista gritón, jugando a Catón sin mencionar los noventa, pienso de inmediato cómo se comportaría con más poder.

La segunda es cuántos parlamentarios más están vinculados a Orellana. Y ello lo sabremos en los próximos meses.

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