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Un ejercicio que de­muestra debilidad. Así se puede calificar a los dos comunicados emi­tidos en “solidaridad” con Juan Luis Cipriani, luego de los sucesi­vos plagios que le costaron tanto su puesto en El Comercio como un baldón más para su contro­vertida carrera pública. ¿Por qué arribo a esta conclusión?

Si bien el Cardenal cuenta, todos los sábados, con una im­portante tribuna radial, escri­bir en el diario más importante del país suponía para él un ejer­cicio de su poder y una muestra de su supuesto prestigio. Pero, más importante aún, implicaba tener otra caja de resonancia para sus mensajes en los temas que le son tan caros: aborto, matrimonio igualitario, dere­chos humanos y defensa del fu­jimorismo.

Perder este espacio mediá­tico supone, para el Arzobispo, una derrota. No solo es candi­dato a convertirse en la nueva imagen de comerciales de fo­tocopiadoras. Hasta hace poco tiempo, El Comercio represen­taba claramente sus intereses. Con el cambio en la dirección del periódico y la salida de tres editoras cercanas a su visión conservadora del mundo, per­dió fuerza. Y, al primer error, salió por la puerta falsa.

De allí que la estrategia es­grimida haya sido la emisión de dos manifiestos de notables. Mediante firmas de respaldo – que incluyen a 25 obispos, la vi­cepresidenta de la República, el presidente del Congreso y el al­calde de Lima– no solo se inten­ta desviar la atención de la falta cometida por el prelado (tipifi­cada en nuestras normas pe­nales), sino que se busca ata­rantar al directorio del Grupo El Comercio. No en vano tres miembros de la familia Miró Quesada aparecen entre los suscriptores del manifiesto.

El problema para el Carde­nal es que ambos documen­tos llaman la atención tanto por los nombres de los adherentes como por las ausencias. Re­presentantes del lado más li­beral de nuestra derecha no se encuentran entre los firman­tes. Puede que en otras mate­rias coincidan con sus pares conservadores pero, en lo que se refiere a Cipriani y su agen­da, su visión es distinta. De allí la desesperación hecha comu­nicado, la apelación a la auto­ridad política, la vocación por convertir un vulgar plagio en un asunto de fe. Porque saben que, más temprano que tarde, el jui­cio de la historia será implacable con el Arzobispo de Lima.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 30.08.2015)

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Hace algunas semanas, Daniel Yovera y Christopher Acosta revelaron que el Ministerio Público de Brasil venía investigando a Zaida Sisson de Castro, esposa del exministro de Agricultura y miembro del Partido Aprista Peruano Rodolfo Beltrán, por sus presuntos vínculos con el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en el vecino del este.

Según han dado a conocer diversos medios periodísticos, Sisson de Castro trabajaba para la empresa JD Consultoría, de propiedad de José Dirceu, encarcelado exhombre fuerte del gobierno de Lula da Silva, para facilitar negocios para empresas brasileñas. Por esta razón, la lobbista tuvo varias reuniones con funcionarios del gobierno peruano, entre ellos, el propio expresidente Alan García.

Un dato que nos llamó la atención de lo publicado por Yovera y Acosta es el siguiente, que reseñamos el pasado 5 de agosto:

El exministro de Energía y Minas Juan Valdivia Romero confirmó haberse reunido con empresarios y representantes de compañías brasileñas. Y reconoció que en “dos a tres oportunidades” estuvo Sisson acompañando a estas personas. Por su parte, el expresidente de Petroperu,  César Gutiérrez Peña, reconoció una reunión con Dirceu como representante de Engevix por su interés en la modernización de la refineria de Talara. No recordó si Sisson estuvo en esa reunión, pero la recuerda como una “gestora de intereses conocida en el sector”. Como sabemos, ambos funcionarios debieron dimitir por el escándalo de los Petroaudios.

Por esta razón, presentamos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Energía y Minas, donde pedimos las visitas de la señora Sisson a dicha entidad pública entre el 28 de julio de 2006 y el 28 de julio de 2015. Es decir, durante los gobiernos de García y Ollanta Humala.

En base a la información remitida ayer, Desde el Tercer Piso está en capacidad de afirmar que Zaida Sisson ingresó en 9 oportunidades al Ministerio de Energía y Minas para reunirse con altos funcionarios, durante el segundo gobierno de Alan García. De acuerdo a lo remitido por el MEM, no se registran visitas de Sisson a dicha entidad durante el gobierno de Ollanta Humala.

De los 9 ingresos de Sisson, 6 corresponden a reuniones con el Ministro de Energía y Minas de turno. Cinco de estas citas se realizaron durante la gestión de Juan Valdivia Romero, quien solo había recordado “dos a tres reuniones”. La restante fue con Pedro Sánchez Gamarra.

Las citas con Valdivia se produjeron en los siguientes días:

  • Jueves 12 de abril de 2007, a las 3:45 p.m.
  • Martes 12 de junio de 2007, a las 4:54 p.m.
  • Lunes 30 de junio de 2008, a las 2:30 p.m.
  • Lunes 8 de septiembre de 2008, a las 12:00 m.
  • Sábado 4 de octubre de 2008, a las 6:30 p.m.

Llama la atención el último cónclave, realizado en una fecha y hora inusual para la atención al público. Curiosamente, al día siguiente, Valdivia tendría que dimitir, dado que estalló el escándalo de los Petroaudios. La información brindada por el MEM no especifica los motivos de las reuniones, por lo que ambos personajes deberían aclarar las mismas.

La reunión con Sánchez Gamarra se realizó el 10 de septiembre de 2009. Tampoco se especifica el motivo de la misma.

Las otras tres asistencias de Sisson al MEM se realizaron en las siguientes fechas:

  • 14 de marzo de 2007, en la Dirección General de Electricidad. Sisson ingresó al MEM a las 10:32 a.m.
  • 9 de septiembre de 2008, a la Dirección General de Electificación Rural. La gestora de intereses estuvo en el MEM a las 3:22 p.m. Como bien me recuerda la periodista Laura Grados, este tema lo veía, en tanto presidente de Distriluz, Genaro Velez Castro, abogado de Alan García.
  • 1 de abril de 2009, en el Despacho del Viceministro de Energía. El cargo era ocupado por Daniel Camac. Esta cita es importante dado que en esos momentos se discutía la viabilidad del Proyecto Inambari, en la que tenían intereses las empresas OAS y Engevix. Sisson ha sido vinculada a ambas compañías. Como señaló Noticias SER, Camac participaría meses después en un seminario en Río de Janeiro auspiciado por los dos conglomerados brasileños.

¿Por qué estas reuniones son relevantes? Como indicó Sisson a la revista Veja, en efecto, trabajó para empresas del ramo energético - en particular, para la construcción de hidroeléctricas - y petrolero. Siendo así, las citas cobran mayor interés. Será necesario que sus interlocutores y la propia gestora de intereses pongan las cartas sobre la mesa. Esta trama tiene aún mucho que revelar.

(Foto: Perú.21)

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En 2010, apareció - a página completa - en El Comercio, este manifiesto a favor de Juan Luis Cipriani, que incluso fue firmado por dos magistrados (César Vega Vega y Javier Villa Stein), en momentos en que el Arzobispado de Lima mantenía varios litigios judiciales con diversas entidades (vía Justicia Viva):

Cinco años después, nuevamente, un grupo de políticos, periodistas, empresarios y varios personajes que podemos ver en la sección Sociales se suman a otro comunicado de respaldo al Cardenal. Pero esta vez, además del tono protector, el contexto es distinto (foto vía El Reportero de la Historia)

Este texto aparece luego que el Cardenal fuera ampayado plagiando dos columnas de opinión en El Comercio, razón por la cual el diario dirigido por Fernando Berckemeyer decidió no publicarle más escritos al dirigente católico. Luego, un crítico literario, el sociólogo Eduardo González Cueva y el editor de este blog encontramos más plagios del Arzobispo, de lejana data, lo que confirma que el robo de ideas ajenas era su divisa. Frente a ello, sus principales defensores que pretendía censurarse una voz disidente e incluso se inventaron disparatadas teorías de la conspiración para convencernos que Cipriani no es lo que es. Es decir: un vulgar plagero.

Dado que estos argumentos no convencían a nadie más allá de los hinchas del purpurado, sus amigos han apelado al argumento de autoridad. Y vaya que autoridades: la vicepresidenta de la República, el presidente del Congreso, el alcalde de Lima (y su jefe de asesores que lo acompaña a todos sus viajes), políticos de diversos partidos (APRA, fujimorismo, PPC, Acción Popular), sus abogados (por lo menos contamos a 4 de ellos), el dueño y el director periodístico de la radio donde propala sus sermones sabatinos y connotados miembros del empresariado, como el presidente de CONFIEP - ¿y que pasó con el saneamiento legal de la institución luego del caso Balarezo? - o directivos del grupo Romero, como el mismísimo Dionisio Romero Seminario, Pedro Arbulú Seminario, Arturo Woodman y Alvaro Carulla.

Aunque no lo parezca, el comunicado expresa debilidad. No ha sido el mejor año para Cipriani. Además de las denuncias de plagio, dos revelaciones hechas por la periodista Laura Grados comprometen seriamente la imagen del Cardenal: la tenencia de acciones en Buenaventura por parte del Arzobispado de Lima (según él, producto de una herencia) y las acciones que él mismo y sus hermanos tienen en Centenario, constructora que forma parte del grupo Romero. La cercanía al poder económico y político distan mucho de la imagen pública que su jefe, el Papa Francisco, viene brindando tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica.

Peor aún, frente a legítimas críticas, lo que hacen los amigos del Cardenal es tratar de blindarlo con un comunicado que suena a “te metes con él, también lo haces con nosotros”. Y es claro también que el controvertido prelado busca estos contactos. Vean nomás - como ejemplo - a algunas de las personas que asistieron a la presentación del libro del Cardenal, Doy Fe, sobre la crisis de los rehenes, organizada por Editorial Planeta, hace un par de años. Allí se aprecia, dentro de las personas del entorno cercano de Cipriani, a la congresista Lourdes Alcorta, su abogado Natale Amprimo y a las periodistas Diana Seminario y Rossana Echeandía, quienes hasta hace poco tenían fuerte peso en El Comercio (vía Planeta):

El problema para los patas de Cipriani es que este tema es más grave que todas las expresiones conservadoras que ha tenido el Cardenal en los últimos años, así como por sus silencios y omisiones durante el periodo de violencia. Comenta Luis Pásara, quien ha estudiado la actuación de Cipriani en los últimos años:

Este caso es muy diferente a la relación entre Cipriani y Fu­jimori, que el libro examina. Ese asunto fue de naturaleza política; como actor político él decidió respaldar activamen­te a la dictadura. Lo ocurrido ahora es peor que si se hu­biera descubierto que el Car­denal tenía una concubina y dos hijos, asunto que siendo grave pertenece solo a la mo­ral individual pero no perju­dica a otros. El plagio es un asunto de moral pública por­que busca engañar a los de­más. Comprobar esta fal­ta de respeto, también por sí mismo, en un prelado de 71 años, es bastante peor que cualquiera de las acusaciones que había recibido hasta ahora. Es una vergüenza.

Y ese es el problema: se pretende ocultar una vergüenza, que aparece en el catálogo de delitos del Código Penal, con un conjunto de firmas de personalidades. Probablemente el Cardenal nunca sea investigado por estos casos - como correspondería - ante el Ministerio Público, pero el juicio de la historia lo va a perder por goleada. Y junto a él, sus patas.

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Hace algunos días, pregunté a varios amigos que están al tanto del quehacer político, a boca de jarro, ¿de qué se acusa a Nadine Heredia? Y las respuestas fueron tan variadas que, con ello, me pude percatar que hemos perdido toda noción sobre a donde van las indagaciones.

De los documentos presentados en la (frustrada) investigación fiscal, la intención es indagar si es que Heredia habría cometido el delito de lavado de activos. La mayoría de personas que están convencidas de la responsabilidad de Heredia apuntan a que el dinero provenía de Caracas, aunque ahora apuntan más hacia pistas vinculadas con constructoras brasileñas (ojo con Rocío Calderón). Es decir, que el delito vinculado era malversación de fondos (supuestamente provenientes del gobierno venezolano) o cohecho (por coimas recibidas desde Brasil).

De hecho, el tema del “delito base” para ligar a Heredia con el lavado de activos fue el gran centro de la discusión en torno al hábeas corpus que, finalmente, ganó el viernes la esposa del Presidente de la República. El colegiado que vio su caso indicó que el fiscal Ricardo Rojas erró al no hacer explícito el tipo penal ligado al lavado de activos y que, por tanto, se vulneraron derechos constitucionales de la presidenta del PNP. Abogados como Avelino Guillén discrepan de la opinión de la sala que dio la razón a Heredia e indican que aún se puede interponer un recurso de agravio constitucional. Por lo que el tema judicial parece aún no estar cerrado del todo.

En ese sentido, las agendas atribuidas a Heredia se han convertido en un fetiche tanto para defensores como para detractores de la señora. De allí que sea importante que, primero, se hagan todas las diligencias destinadas a aclarar si es que estamos ante agendas de autoría de la esposa del Presidente.

Actualmente, gracias a una jugada de la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe, las agendas han pasado al expediente de investigación del financiamiento de las campañas del Partido Nacionalista Peruano de los años 2006 y 2011. Es allí donde, una vez ratificada su autenticidad, se deberían corroborar con otros documentos y testimonios. La dificultad es la que señala Rosa María Palacios:

El fiscal sólo puede acusar con nuevos hechos y nuevas pruebas. ¿Son las cuentas de estas libretas nuevas pruebas? Si fueran documentos ciertos y probados de Nadine Heredia no bastarían por si solos para demostrar nada. Esas cuentas tendrían que tener un correlato en la realidad. Y ahí esta una de las dificultades de la investigación. Nadie le ha encontrado a Nadine Heredia 5 millones de dólares, ni en ese entonces – cuando se le investigó – ni ahora. ¿Dónde están? ¿Fue dinero de campaña? Nadie lo sabe, pero ese no es el problema.

Hasta aquí lo legal. El grave problema para los Humala - Heredia es que no se han percatado que el tema, políticamente, los está agotando hasta dejarlos sin opciones serias incluso si es que Nadine postula al Congreso, como sus rivales prevén. Todos los días, opositores y medios - que no son lo mismo, aunque a veces parezca - le sacan un detalle de las supuestas agendas, encuentran una contradicción y no saben responder a las críticas.

Es cierto que el APRA está sacando provecho de ello. De hecho, como consignó un experiodista de Correo, tanto Alan García como Jorge del Castillo mencionaron el tema de las agendas al referido medio, meses antes de su publicación. Pero la defensa de Heredia no puede basarse únicamente en que el tema conviene a los apristas. Cierto es que, ahorita, están ganando porque sus casos no tienen la visibilidad que muchos quisieran. Pero los temas narcoindultos y Lava Jato serán usados en la campaña y tienen el potencial de hacer bastante daño a AGP.

Y tampoco le conviene a la esposa del Presidente repetir lo de “locutora” en términos despectivos, en la misma forma como Rossana Cueva no debió hacer lo mismo con la palabra “bloguera” en torno a Rosa María Palacios. Estos términos hacen más ruido que permitir aclarar las dudas sobre el tema de fondo como sobre la forma en que se viene presentando la investigación.

Como ya lo hemos dicho, Heredia pudo haber rematado este lio de dos maneras: poner sus cuentas en público y hacer el peritaje. Aún puede parchar en algo una imagen que hoy está demasiado maltrecha. Pero no le queda mucho tiempo para ello.

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Con excepción de quienes ven en la izquierda un enemigo a combatir, buena parte de analistas y politólogos coincide en que Verónika Mendoza es la mejor carta zurda para el 2016. Aunque sus opciones de triunfo aún son reducidas, una exitosa performance suya ayudaría al objetivo mayor de su sector: tener una bancada propia que lo visibilice más hacia la siguiente elección. ¿Qué dificultades debe afrontar su candidatura?

Este viernes se hizo patente la primera de ellas: la ambigüedad de la izquierda frente a Venezuela. Mendoza fue vacilante frente al carácter autoritario del gobierno de Maduro y se metió un autogol frente a los centristas que podrían votar por ella. Si bien enmendó rumbos con un tuit, el daño estaba hecho. Así como a cierta derecha se le critica su blandura frente al fujimorismo, a alguna izquierda le ocurre lo mismo cuando hablan de Caracas y La Habana. Y eso se paga caro en un electorado que rechaza mayoritariamente al chavismo.

Un segundo reto se vincula con el mensaje hacia los electores. Por ahora, apuesta por ganar el voto zurdo más duro, a fin de obtener el triunfo en las primarias. Pero, como bien lo atestiguan los republicanos en Estados Unidos, una vez que se opta por el camino radical, resulta más difícil seducir al votante menos ideologizado. Peor aun cuando sus competidores internos apuestan más al discurso contra el extractivismo, antes que a atacar problemas concretos como la inseguridad ciudadana y la corrupción. ¿Qué tiene que decirnos Mendoza –y, en general, la izquierda- en estos temas?

Finalmente, su carácter impone un doble reto. De un lado, la adustez de su rostro y gestos transmiten seriedad, pero no la calidez necesaria para generar la inmediata empatía que requiere un candidato. De otro, la juventud puede ser atractiva para algunos, pero también un freno para un electorado conservador que ya vivió la experiencia de un presidente bisoño que terminó destruyendo al país. La congresista deberá mantener un saludable equilibrio para calmar temores y a la vez, seducir a un electorado descreído. Es su momento de sembrar.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 23.08.2015)

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Luego de más de una década en situación de prófugo, Jesús Zamudio Aliaga, principal implicado en la presunta ejecución extrajudicial del terrorista Eduardo Cruz Sánchez, cometida luego del exitoso operativo Chavín de Huántar, se encuentra detenido.

De acuerdo al periodista César Romero, Zamudio se entregó ante la Sala Penal Nacional. El presidente del INPE, Julio Magán, confirmó a El Comercio que el militar en retiro cumplirá su detención en el penal Castro Castro.

Buena parte de la evidencia presentada en el proceso penal que se siguió en sede nacional por estos hechos complica la situación del coronel en retiro. Indica La Mula:

En el año 2002, los suboficiales de la policía Marcial Teodorico Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, subordinados de Zamudio en ‘Los Nazis’, declararon a Caretas que redujeron a ‘Tito’ durante el rescate, cuando intentó huir confundido entre los rehenes. Según los testimonios, lo retuvieron en posición de cúbito dorsal en una de las casas adyacentes e informaron al coronel Zamudio, que envió un comando para recogerlo y devolverlo a la residencia.

En marzo del 2001, dos “fuentes confiables” contaron a Caretas que Tito, “sumido en la desesperación y ya viéndose perdido, le habría pedido a Alipio Montes de Oca y a otro vocal supremo que le ayuden a salir con ellos”. Cruz Sánchez se habría quitado el uniforme del MRTA y vestido con la camisa de Montes de Oca, pero fue reconocido cuando salían a rastras.

El diplomático japonés Hidetaka Ogura declaró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que vio en el jardín de la casa vecina (adonde fueron conducidos los rehenes recién liberados) a Cruz Sánchez con vida, “con camiseta de manga corta y de color verde con pantalón corto de color oscuro […] Unos minutos después, apareció un militar del túnel y lo llevó a la residencia pasando el túnel”. Además, Ogura afirma que presenció lo que sería el preludio de la ejecución de Herma Luz Meléndez Cueva, ‘Cynthia’, y Salomón Víctor Peceros Pedraza.

Además del abatido frente a cámaras, ‘Tito’ fue el único terrorista encontrado fuera del edificio.

Como sabemos, tanto en el PJ como en el sistema interamericano solo se logró acreditar la presunta ejecución de Cruz Sánchez.

De acuerdo a lo señalado en este proceso judicial, las tesis posibles de responsabilidad de Zamudio son las siguientes: a) Como señaló el Poder Judicial, la tesis más plausible es que Zamudio actuó solo, b) como dijo originalmente la acusación fiscal, Zamudio actuó bajo la cadena del mando del SIN, que compromete a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra (exculpados por falta de pruebas), o c) la versión esgrimida por el periodista Umberto Jara, quien sostiene que Zamudio respondía directamente a Alberto Fujimori.

Cabe remarcar, además, que Zamudio Aliaga no forma parte de la lista de valerosos comandos que ejecutaron un operativo importante de rescate de rehenes. Era un personaje de absoluta confianza de Vladimiro Montesinos.

Asimismo, la detención del exmilitar permitirá que el Estado peruano pueda cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio pasado, donde se señaló que debía investigarse la muerte de Cruz Sánchez, principal punto del fallo emitido por el referido tribunal internacional.

La pregunta que resta dilucidar es: ¿Zamudio despejará, luego de 18 años, todas las dudas que aún se tienen sobre este caso?

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Para quienes han seguido este blog desde sus inicios (hace - vaya, como pasa el tiempo - una década), sabrán que, durante varios años, una fuente importante de información que utilicé fue el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Tan popular se volvió que, en 2008, grabamos con Marco Sifuentes este video - casi como lanzamiento de la actual interfase del blog - para saber como utilizarlo y encontrar chicharrones y anticuchos (no precisamente los de Mistura) en procesos de licitación estatales.

El punto es que, desde hace aproximadamente 2-3 años (es decir, en este gobierno) buscar algo en este portal es un desastre. Links que se rompen, contratos que no se encuentran y una nueva interfaz en fase de prueba que funciona cuando le da la gana. Y es 1000 veces más difícil hacer los pasos que, didácticamente, intentamos explicar con ocraM en el video anterior.

Pero si ya ello era, por decir lo menos, un mamarracho, lo descubierto ayer por Daniel Yovera y Christopher Acosta en El Comercio debería desatar más de una alarma. ¿Qué ocurrió?

La madrugada del 4 de noviembre del 2012, un desperfecto en el servidor informático del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hizo colapsar el denominado Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace). Se perdió toda la información almacenada de los procesos de contrataciones de las entidades públicas del país, de los años 2009 al 2012.

Desaparecieron casi 800 mil archivos digitales que alojaban las bases de los procesos, las buena pro, los contratos, las cartas-fianza y la absolución de consultas, y que se centralizan en la base de datos del OSCE. El problema alcanza a 1.746 entidades del Estado, de un total de 3.080.

Si, como usted, dilecto lector, lo puede ver: casi 800 mil archivos digitales. Para ser más exactos, 787 783 archivos. Una atrocidad que en cualquier otro país le costaría el puesto al principal responsable de la entidad a la que se le “perdió” tal cantidad de información. Y peor si es que los contratos tienen que ver con estos lindos casos:

Entre la información perdida, había obras vinculadas a los casos Coopex-Rodolfo Orellana, a las empresas brasileñas investigadas por el Caso Lava Jato, a proyectos investigados por el Caso Antalsis, entre otros.

Es decir, contratos sensibles del segundo gobierno de Alan García y de la administración encabezada por Ollanta Humala. En cualquier otra parte, repetimos, esto sería escándalo nacional, con destituciones y más suspicacias de las que hasta ahora han aparecido.

Ayer la presidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, recurrió al viejo truco de “me saboteó gente del gobierno pasado”. Vía El Comercio:

“Lo que pasó fue un problema técnico que afectó el sistema de almacenamiento de los registros. Se debió a actos de negligencia del anterior jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, que venía de la gestión anterior“, señaló a Canal N tras el reportaje publicado hoy en este Diario.

La jefa de la OSCE agregó que se ha verificado que el 92% de la data a la que no había acceso ya está disponible. “No hemos tenido ningún problema en proporcionar información porque la base de datos que cuenta con toda la historia del proceso se mantiene íntegra y es la que sirve para atender los requerimientos”, expresó.

Pero cuando hicimos búsquedas por nuestra cuenta, ello no fue así. Comencé a buscar los contratos de Antalsis y, si bien aparecía la relación, cuando buscaba proceso por proceso para ver cada uno de ellos en detalle, los mismos no aparecían.

La verdad es que el roche es mayúsculo. Y la señora Rojas no puede aludir que fue producto de un funcionario que venía de la gestión anterior. Hoy Yovera y Acosta presentaron la segunda parte de su investigación y precisaron que:

Sin embargo, un memorándum interno que recibió en febrero del 2013 la propia Rojas, registra que los archivos que no figuraban en el Seace eran: 53.119 del 2010, 691.547 del 2011 y 43.117 del 2012. Es decir, 787.783 archivos. El memorándum está firmado por Juan Sotomayor Casas, jefe de la Oficina de Administración del OSCE.

Otros documentos en poder de El Comercio evidencian que hubo otros requerimientos de discos de almacenamiento para el Seace, así como de personal, desde casi un año antes de la caída del sistema.

Además de esto, otras fallas en la base de datos, que pudieron ser constatadas por El Comercio, también han sido evidenciadas por otras entidades públicas y privadas, que advirtieron problemas con la información del Seace.

En julio pasado, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió a Rojas dos oficios solicitándole reuniones urgentes para solucionar dichos asuntos.

Por lo menos la palabra negligencia se me viene a la mente. Como mínimo, la renuncia de la señora Rojas debería estar hoy en el despacho de Alonso Segura. Y su reemplazo debería contarnos a los peruanos como hará para reponer valiosa información que todos los ciudadanos debemos conocer.

(Foto: Andina)

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La semana pasada, el Arzobispo de Lima estuvo en la atención pública, antes que por sus controvertidos sermones y posiciones conservadoras, por dos casos de plagio hallados por Utero.pe en las dos últimas columnas que escribió para el diario El Comercio. Los escritos, publicados en mayo y agosto de este año, contienen, sin citar, párrafos escritos por los papas Paulo VI y Benedicto XVI.

Ante la evidencia, el diario señaló que no volverá a publicar artículos del Cardenal. Una decisión histórica, considerando el peso de la Iglesia Católica, el de Juan Luis Cipriani como actor político y los recientes cambios en El Comercio, que lo ponen en un tono mucho más liberal frente a las controvertidas posiciones del líder religioso.

El roche incluso ha sido internacional: The New York Times, BBC, ABC y Le Figaró han rebotado la denuncia.

Pues bien, todo indica que el modus operandi de Cipriani no se circunscribe a columnas de este año, sino también a escritos anteriores. Ayer La Mula reseñó un hallazgo de Gustavo Faverón, quien indicó que Cipriani no citó un texto del filósofo Alejandro Llano Cifuentes en su homilia de la Misa y Te Deum de las Fiestas Patrias de 2009.

Pero no es el único texto antiguo plagiado.

El 28 de julio de 2006, durante el Te Deum de aquel año, el Arzobispo de Lima pronunció una encendida homilía. Alejandro Toledo se iba del gobierno, las relaciones entre Palacio y la Catedral habían sido malas y Cipriani se encargó de recordarlo enunciando los dos hechos que lo incomodaban: las críticas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y las supuestas cartas falsas enviadas al Vaticano para injuriarlo. Toledo y PPK salieron de la misa y criticaron las expresiones del Cardenal.

A partir de ahora, dicha homilía no solo será recordada ahora por ese hecho, sino también por un caso de plagio.

El sociólogo Eduardo Gonzalez Cueva, a partir de unos datos suministrados por el artista plástico Luis García Zapatero, obtuvo los pantallazos que prueban que la sección  ”La justicia social” de la prédica contiene, sin citar, palabras pronunciadas por Benedicto XVI durante la entrega de cartas credenciales del embajador de Uruguay ante la Santa Sede el 30 de junio de 2006. Es decir, menos de un mes antes de pronunciar la homilía.

Vean aquí las fotos (vía el Facebook de Gonzalez Cueva):

Pero no es el único plagio de dicha homilia. Desde el Tercer Piso ubicó, en la sección “La Vida, el matrimonio y la familia” de la prédica de Cipriani, que también se copian otros párrafos de lo dicho por Benedicto XVI. Comparen estas fotos:

Para agravar más el asunto, según pudimos revisar en la versión web de la homilía cardenalicia, si existen citas de otros escritos, como unas palabras del abogado Raúl Ferrero Rebagliati o una carta de Juan Pablo II. ¿Mero descuido?

¿Dirán algo los defensores acérrimos del Cardenal?

Usted, amigo lector, saque sus propias conclusiones.

(Foto: El Comercio)

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Hoy fue un día importante en el juicio por el caso narcoindultos, que andaba pasando piola en medio de diversos escándalos y noticias. ¿Qué ocurrió hoy?

1. SE COMPLICÓ LA SITUACION DE AURELIO PASTOR:

Como sabemos, Aurelio Pastor - encarcelado hoy en Piedras Gordas - viene siendo investigado por el Fiscal de la Nación por su posible participación en el caso narcoindultos. Como indicó hace algunos meses el periodista Daniel Yovera:

Resulta que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los acusados arrojó llamadas entre un asesor de Pastor, José Manfredi Marrufo Acosta, con Facundo Chinguel y uno de los presos intermediarios. El objetivo de las mismas habría sido, de acuerdo a lo que postula la Fiscalía, negociar la rebaja de condena del reo extranjero por narcotráfico Eugene Csorgo.

Pues bien, hoy se presentó en el juicio el colaborador eficaz Marco Antonio Gálvez Tello. Su testimonio comprende más a Pastor en el caso de Csorgo. Indica El Comercio:

Ante el Juzgado Penal Colegiado Nacional, Gálvez Tello contó que aprovechó una visita que Pastor, en calidad de ministro, a los pabellones 7, 9 y 11 del penal de Lurigancho para pedirle ayuda y el aprista le respondió que converse con “Pepe Marruffo”.

Tras ello, continuó el colaborador eficaz, se contactó con Marruffo Acosta, a quien le pidió intermediar para que le reduzcan la pena en nueve años a Csorgo, quien estaba dispuesto a pagar US$ 15.000.

El asesor de Pastor respondió, según Gálvez Tello, que en unos días dos personas se iban a acercar a él en el penal. Y así fue, el delegado general de Lurigancho, Henry Cutipa Paricahua, y otro funcionario, identificado como Rafael Agurto Chihuán. lo buscaron y le consultaron sobre el caso.

Y ello se complementa con esta evidencia que tiene el fiscal Walter Delgado. Precisa Yovera:

“Se ha podido verificar que en el mes de diciembre de 2009 existieron mensajes de texto entre José Manfredi Marrufo Acosta, con número 996 496 701, y Marco Antonio Gálvez Tello, con número 993 069 600”, indica el documento fiscal.

Posteriormente, “Marrufo Acosta, a fin de cumplir lo manifestado al colaborador, se habría contactado con Miguel Facundo Chinguel… para que ése, a su vez, a través de los demás miembros de la organización criminal, viabilicen el contacto con Marco Antonio Gálvez Tello”.

Por supuesto que las llamadas a las que se refiere el fiscal Delgado están debidamente acreditadas y detalladas por informes obtenidos de las operadoras de telefonía celular del país.

El caso es que esas y otras “fueron necesarias para viabilizar la conmutación de pena de Eugen Csorgo, lo que generó que se procediera a “maquillar” el expediente, lo que conllevó a que el trámite del expediente de conmutación de pena presente una serie de irregularidades”.

Como indica el hoy jefe de la Unidad de Investigación de EC, en marzo de 2010 se dio la conmutación a Csorgo y:

“Ese día, tanto Henry Cutipa como Rafael Agurto se comunicaron varias veces por teléfono con Marco Gálvez Tello a fin de ejercer presión sobre éste para que proceda al pago de la suma de dinero acordada”.

Cutipa se acogió a la conclusión anticipada de proceso hace un par de semanas, declarándose culpable, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión. Y hoy comenzó a cantar. Según indica El Comercio, recibió 4,000 dólares de adelanto por la liberación de Csorgo por parte de Galvez Tello para acelerar el expediente. Y luego Agurto recibió 3,000 dólares que serían destinados a Miguel Facundo Chinguel.

Para rematar el asunto, como precisó el periodista César Romero de La República, presente en la audiencia, Gálvez Tello indicó que conocía a Pastor y a Marruffo por haber tenido un diario en San Martín y, además:

MGalvez: fui a la oficina de Aurelio Pastor y José Marrufo para agradecer libertad de Eugene Csorgo. “Estamos para servirte”,contestó Marrufo

Solo con este caso, la situación de varios de los implicados estaría echada, dado que uno de los participantes y un colaborador eficaz ratifican lo señalado en la acusación fiscal. Y, como mencionamos al inicio, la situación de Pastor podría complicarse más. La pelota pasa a la cancha de Pablo Sánchez Velarde.

Pero no fue el único dato saltante de la sesión.

2. PORTATILES APRISTAS Y APORTES AL PARTIDO

El otro dato relevante de la sesión fue esta afirmación de Gálvez, recogida por Romero:

Marco Galvez: beneficiarios de conmutaciones de pena servían de portátiles en los eventos del partido aprista.

Y esto se conecta con una indagación que hice hace dos años. Cuando trabajé en la revista Velaverde, pude cotejar, uno por uno, la militancia de los sentenciados por narcotráfico indultados o cuya pena fue conmutada. 25 de ellos pertenecían al Partido Aprista Peruano. En por lo menos dos de estos casos, la rebaja de pena fue decidida, por anotación propia, por el mismísimo Alan García.

Pero no es la única conexión que tiene que ver con el APRA. Hace un par de años, el congresista Sergio Tejada sostuvo lo siguiente (vía El Comercio):

La megacomisión del Congreso identificó ochenta aportes al Partido Aprista provenientes de favorecidos por los ‘narcoindultos’ realizados durante el último gobierno de Alan García, informó hoy el titular de dicho grupo de trabajo, Sergio Tejada.

Sostuvo que si bien se trata de montos simbólicos, estos deben ser investigados ya que provienen de personas que habían sido sentenciadas por tráfico ilícito de drogas y, en algunos casos, por robo agravado.
Citó, como ejemplo, los casos de Amelia Emperatriz Alfaro y Víctor Apaza Quispe, entre otros, con sentencia por tráfico ilícito de drogas.

Según explicó, la lista es de ochenta aportes, pero quienes los entregan son menos, pues algunos hacen varios aportes “simbólicos muy curiosos”, que van de los dos, tres y cinco nuevos soles. Tejada indicó que estos casos son también materia de investigación en el Ministerio Público.

Con la revelación de Gálvez, se entendería mejor para que servían estos aportes simbólicos. A cambio de ser indultados, daban un diezmo pequeño y participaban como portátil partidaria.

Pero no es el único caso donde debería hallarse esta vinculación. Hace algunos meses, Laura Grados publicó este cuadro con otros aportes simbólicos al APRA de vinculados al narcotráfico: los Oropeza:

Indica Grados:

Este es el cuadro de “aportes” de los Oropeza a las campañas electorales del Apra. Es extraño si se fijan en la cantidad de dinero que donan (un sol, dos soles).

Hay tres miembros de la familia:

Los hermanos de Américo Oropeza, el que fue asesinado, son: Lorenza Aurea, Osías Victoriano, Salomé Esther y Victoria Saturnina.

La sobrina que aporta es Juana Salomé León Oropeza.

No hay nada de Gerald, ni de su pareja (Blanca Gambini), ni de su mamá (Pilar López), quien fue candidata al Congreso por el partido de la estrella.

Los narcoindultados por Facundo Chinguel hicieron exactamente lo mismo.

Como vemos, seguir atando cabos en este caso nos puede llevar a más sorpresas y, sobre todo, a seguir profundizando en la relación entre narcotráfico y política. Debemos estar más atentos al juicio sobre los narcoindultos.

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Hace unas semanas, la periodista Rosa María Palacios volvió a mandar un cuestionario a Nadine Heredia, respecto de varias versiones sobre la investigación que aún sigue ante el Ministerio Público por presunto lavado de activos. La primera pregunta, a la luz de lo visto en las últimas horas, resulta pertinente:

1. La(s) libreta(s) ¿Se le ha perdido una libreta? ¿Cinco libretas? Se lo  preguntó porque el chisme que recorre Lima es que se le han perdido unas libretas viejas (¿agendas?) de apuntes personales. Una corriente dice que es una, otra corriente que son cinco. Libretas que pudo haberse robado cualquier despedida del despacho, un poco molesta con usted. Libretas que contienen números, pero no precisamente de teléfonos. Libretas de gastos y entradas mal habidas. O que pueden interpretarse como mal habidas. Libretas que, me cuentan, se venden al mejor postor y se aseguran auténticas. De su puño y letra, listas para la pericia grafotécnica.

Respuesta:TENGO TODAS MIS LIBRETAS”

En efecto, desde hace semanas circulaba, por varias redacciones periodísticas, la versión sobre la existencia de una o más agendas supuestamente correspondientes a Heredia, donde se consignaban sumas de dinero. Según pudo conocer DTP, varias redacciones tuvieron acceso a las mismas. Por lo menos, un medio descartó publicar el tema, debido a que el mero cotejo de la firma de la esposa del Presidente de la República en RENIEC con el contenido de las libretas sería insuficiente.

Por tanto, el primer punto a dilucidar es hacer una pericia con escritos hechos por la señora Heredia ante un experto en la materia para poder saber si la letra coincide con la de los documentos mostrados ayer y hoy por Panorama y Perú.21. Este es quizás, el punto más saltante que debe ponerse sobre la mesa en la actualidad. Y esta es la diligencia central que debería emprender el Ministerio Público.

Ahora bien, en caso se demuestre que la letra de las libretas corresponde a Heredia, el siguiente paso será verificar su contenido. Básicamente, lo que habría que dilucidar es si los datos presupuestales contenidos en la agenda son ciertos y, sobre todo, cuál sería el origen de los fondos. Básicamente lo que deberá dilucidarse es si este dinero tiene origen ilegal, para determinar si hubo o no lavado de activos.

Pero hay un obstáculo adicional en el que pocos han reparado. El hábeas corpus ganado en primera instancia por Nadine Heredia impide investigar el periodo anterior a 2009. Por lo que, en caso de confirmarse, el Ministerio Público solo podría indagar por el periodo posterior a la fecha de corte.

Insistimos: todo este rollo se podría matar políticamente si es que los Humala Heredia deciden, de una vez por todas, hacer un striptease financiero y sustentar sus gastos. De lo contrario, esto seguirá siendo el festín aprista - con posible participación de Jorge del Castillo - en el que se ha convertido el caso. Y, sobre todo, persistirán las dudas sobre la honestidad de las dos personas más poderosas del país.

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