Cuando Ollanta Humala andaba por el 10% de votación y casi nadie pensaba que ganaría, Roberto Bustamante describía el ideario del nacionalismo en Ya Tengo el Poder:
De eso se trata el nacionalismo: valores nacionales, idea de familia, transmisión de valores nacionales a través de la familia, rol de la mujer dentro del modelo, etc.
Otros gestos confirmarían este camino. La visita a la casa del arzobispo de Lima, donde se declaró - rosario en mano - como un “conservador moral”. Y dejar de lado la agenda LGTB, luego de varias idas y venidas, en su plan de gobierno. A pesar de ello, desde las webs más conservadoras, se mostraba a Humala como un “lobbista de la agenda gay” y “pro aborto”. Mientras que desde que la izquierda se tragaban el sapo, en parte por cuestión táctica, en parte porque subordinan el discurso en otros temas a lo económico.
Pero también se puede comprender, en esta medida, porque el Presidente de la República se picó ayer con la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial para evitar el sorteo para el servicio militar. Humala tiene una visión conservadora incluso para el sector castrense, pues está absolutamente convencido que las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol mayor en la sociedad que la estricta defensa nacional. Pero tampoco define cuales son las necesidades que, en nombre de ella - como han repetido varios de sus ayayeros en las últimas horas - justifican la existencia de un sorteo. Y no las tiene porque en su cabeza está la noción fija de la revindicación de la familia militar luego de la farra del fujimorismo, sin tener la más absoluta idea de como implementarla.
Para Humala, existe la idea fija - y presente en un sector castrense - que es la institución militar la única depositaria de los valores nacionales. De allí que ande dando discursos sobre “guardianes socráticos”, solicite a los jóvenes que se inscriban en el servicio militar o en los cuarteles para “servir a la patria”. Y en su conservadurismo, también se encuentra dicha muletilla que Ollanta repite cada vez que va a provincias: “no se tiren la plata en trago, no chupen”. Recuerden que el presidente, lejos de representar al estereotipo militarote machista, juerguero y borracho, pertenece más bien a una clase militar contemporánea que hace deporte, donde el alcohol se consume en la misma cantidad (y hasta menos) que en la civilidad y donde la mujer es quien lleva el mando en el hogar. Pero ambas imágenes son igualmente machistas y conservadoras.
Pero Humala no es el único conservador en la clase política peruana. Cuando hace un par de meses escribí un informe sobre el PPC para Velaverde, encontré que dentro de dicho partido:
El bloque conservador lo conforman los cuadros más afines a los sectores rígidos de las Fuerzas Armadas y al sector más tradicional de la Iglesia Católica. Defienden posiciones contrarias al aborto, a la legalización de las drogas, al matrimonio homosexual y son reticentes a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Sus propios correligionarios identifican en este grupo al regidor metropolitano Jorge Villena, un activista ‘provida’: “Muchos en el partido tenemos esta posición y eso no nos hace un partido confesional. El humano es un ser moral y, por tanto, la política no debe dejar de lado los valores”, señala. En su muñeca derecha, Villena lleva una pulsera naranja con el lema “yo amo la vida”.
Sigue la lista. Solidaridad Nacional también tiene a varios integrantes vinculados al Opus Dei y varios de sus dirigentes principales, incluyendo a Luis Castañeda Lossio, han tenido expresiones contra la comunidad homosexual. Fabiola Morales es quien se ha llevado el dudoso honor de encarnar, en una sola persona, todos los prejuicios posibles, incluyendo una llamada de atención del Ministerio de Cultura por expresiones racistas.
Pero quien se ha llevado las palmas, junto a Humala, esta semana, es el fujimorismo. Con el pretexto de la aprobación del nuevo Código de Niños y Adolescentes, se han metido algunos contrabandos conservadores. Diario 16 relató ayer que pasó en la sesión de la Comisión de la Mujer, el lunes pasado:
Un hecho extraño fue que uno de los primeros en llegar a la sala fue el congresista fujimorista Julio Rosas, –el mismo que intentó implantar el Día de la Biblia a través de un olvidado proyecto de ley–, líder de un sector evangélico, debido a que, según explicó, este proyecto de ley se había debatido en su comisión –la de Justicia– en la pasada legislatura.
Al evangelista Rosas habría que sumar a su compañera de bancada y asidua visitante de Alberto Fujimori en el penal Barbadillo, María Cordero Jon Tay, quien también es cristiana evangélica. La otra fujimorista presente fue María López Córdova.
En la reunión, participaron también las congresistas Gladys Oseda y Claudia Coari, ambas de Gana Perú, quienes se enfrascaron en un debate con el congresista Rosas por la modificación del artículo 27º, que determinaba en principio que el Estado podía dar información y orientación a adolescentes mayores de 14 años sobre salud sexual, de manera confidencial.
Rosas, defendió que el artículo se quede como tal, es decir, que fueran solo los padres los responsables de dar esa información a sus hijos, y con el apoyo de Cordero, López Córdova y Tan, así se aprobó. Las nacionalistas Oseda y Coari votaron en contra. Justamente, Coari se quejó de que las voces y experiencias de las mujeres de la sierra no eran tomadas en cuenta.
De esa manera, se ha eliminado la obligación que tiene el Estado de brindar información que permita a los adolescentes mayores de 14 años disfrutar su sexualidad, y el derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Y ello significa algo sumamente grave, pues en nuestro país, los adolescentes sufren de una serie de eventos adversos producto de una sexualidad sin información y sin servicios integrales, por lo cual tenemos altas tasas de embarazo adolescente (el promedio es 13.2% pero en Iquitos este llega a 30%).
Para quienes cubren el Congreso de la República, es conocido que Rosas es máximo exponente de una avanzada del sector evangélico más recalcitrante, que tiene ideas como estas en la cabeza:
¿Qué hacer con las familias en que la mujer es jefa de hogar? Les ofrecemos mejor calidad de vida, formalizarlas, salud, educación y dignificación de la persona. No es lo deseable, pero son una familia.
En el fondo, lo que existe en estas corrientes es un profundo menosprecio y sanción a la mujer y al joven. De un lado, porque consideran que la misma debe ser una imagen parecida a la de la madre idealizada de tantas telenovelas latinoamericanas (sublimada a tal punto que cualquier expresión sobre su sexualidad debe ser penalizada). Y del otro, porque se sigue pensando que los jóvenes solo deben “estudiar, trabajar y no tener sexo”, sin ninguna “distracción” de por medio. Ambos aprovechan las comprensibles preocupaciones paternas y la importancia que en el Perú se da a la familia para meter, de contrabando, cuestiones que van contra la libertad de las personas.
En su edición del 17 de abril, el diario La República informaba sobre el uso que Miguel Facundo Chinguel daba a los narco indultos y conmutaciones para ensalzar su imagen personal. En dicha nota, el periodista Miguel Gutiérrez señaló lo siguiente:
El propio presidente de la Comisión de Gracias usaba las conmutaciones como propaganda a su favor. Facundo enviaba periódicamente correos señalando su presencia en las cárceles y la cantidad de indultos que lograban sus comisionados. Incluso no dudó en promocionarlos en publicaciones oficiales. “En un momento pensamos que usaba las conmutaciones como su portátil”, dijo un funcionario del ministerio.
En el penal de Lurigancho, la generosidad de Facundo entraba en contradicción con su labor de comisionado. Se alió con un preso brasileño sentenciado por narcotráfico para realizar su trabajo.
Carlos Butrón Dos Santos, conocido como “Brasil”, se convirtió en su mano derecha al punto que “este y su seguridad ponían orden y los reclusos le hacían caso”, cuenta un ex comisionado.
Cinco meses después, Carlos Butrón no solo salió favorecido con la conmutación sino también que Facundo se encargó que “Brasil” saliera en un artículo de la revista institucional, como uno de los beneficiados de su intensa campaña de indultos.
Para algunos colaboradores, la conmutación de su pena debió haber esperado, pero igual su expediente fue llevado a Palacio. “Debía esperar porque antes de él había otros”, dijeron.
Pueden ver en el siguiente enlace la edición 4 de la revista Justicia, publicada por el MINJUS en noviembre de 2008,editada por el hoy conductor de Buenos Días Perú, Jaime Chincha. Allí aparece un reportaje denominado “Indultado 211″, donde se cuenta la historia de “Brasil” y, por cierto, se rinden loas a la labor de Facundo Chinguel. Es más, se señala que el Ministerio ha iniciado una “agresiva política de indultos y conmutaciones”. Hoy sabemos cuales fueron las consecuencias de dicha actuación estatal.
Sobre Butrón Dos Santos no se tenía ninguna noticia hasta ayer, cuando se presentó un reportaje en La Hora N con su testimonio. En el mismo, “Brasil” da cuenta de los cobros realizados a varios sentenciados - incluyendo bandas completas -. También sindica a varios de los implicados, incluyendo a un abogado que trabajó en Palacio de Gobierno y, por cierto, al propio Facundo Chinguel. Aquí el reportaje:
El testimonio de Butrón se complementa con los de Oscar Benites y Carmen Delgado, dos presidiarios quienes han señalado que se les pidió pagos para acceder a esta gracia presidencial. Según informó la revista Velaverde, Delgado fue agredida dentro del penal “Santa Mónica” en dos oportunidades y otros testigos, cuya identidad se mantiene en reserva, han sido amenazados.
Las investigaciones continúan. La semana pasada, la Megacomisión que preside Sergio Tejada recibió otros testimonios respecto de pagos por conmutaciones. Y frente al testimonio dado por “Brasil”, el congresista oficialista señaló que su declaración coincide con varias testimoniales presentadas ante su grupo de trabajo.
Según informó Tejada, los nuevos implicados, el abogado César Candela - quien trabajaba en Palacio - y el exviceministro de Justicia, Erasmo Reyna (hoy abogado de Alan) serán citados a la megacomisión.
Hace poco más de un mes, entrevisté al exfiscal Avelino Guillén sobre este caso para Velaverde. En dicha conversación, dejó una premisa que debería seguirse con atención:
Se está demostrando la existencia de una red delictiva en el sector Justicia vinculada a pedidos de dinero para el otorgamiento de indultos y conmutaciones y se tiene que verificar hasta dónde llega la cadena de mando. La megacomisión debería evitar filtraciones y abocarse a recoger información: testimonios de colaboradores eficaces, levantamiento de secretos bancarios y de las comunicaciones de los implicados, y el registro de ingresos de los promotores a los penales. El masivo otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas apunta a la existencia de un sistema judicial paralelo. El Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, se convirtió en una suerte de cuarta instancia que decidió la suerte de implicados en casos graves de narcotráfico.
Todo indica que este caso puede llegar bastante alto.
La señora de la foto se llama Juana Fujimori Fujimori. Tiene 78 años y vive en Japón desde 2000. Para ser más exactos, desde una semana antes de la fuga de su hermano a Tokio. Y luego de varios años, está de nuevo en el centro de la noticia.
Anoche, revisando el excelente trabajo de Alfonso W. Quiroz, “Historia de la Corrupción en el Perú”, encontré este detalle en uno de los pasajes del libro:
“Juana Fujimori y su esposo Isidro Kagami vendieron, en 1998, bienes raíces sobrevaluados a una compañía establecida en las Islas Vírgenes británicas. Dicha compañía fue usada para que Enrique Benavides Morales, uno de los principales agentes de Montesinos, lavara ingresos procedentes de varios actos de corrupción”
Precisamente, esta historia fue contada, en detalle, por Daniel Yovera ayer por la mañana en #esnoticia. Aquí el vídeo del informe, que también comprende a un colaborador eficaz quien afirma que Benavides Morales le entregaba dinero a la señora Fujimori de Kagami.
¿Por qué la historia cobra nuevamente importancia? Hace un par de años, en el programa de Magaly Medina, Keiko dijo que la casa donde vive era de su tía y que se la estaba cuidando. Sin embargo, de acuerdo con Registros Públicos, la vivienda está a nombre de Rumy y Jenny Kagami Fujimori, las hijas de Juana. Esta discrepancia ya ha motivado un pedido de investigación en el Congreso de la República, más aún cuando no se paga una merced conductiva (léase, pago por alquiler) por el uso de la vivienda.
Y este pedido ha generado una bronca en el fujimorismo. Según indica hoy la revista Velaverde, Keiko llamó por teléfono a Alejandro Aguinaga para reclamarle porque su propia gente votaba a favor de una investigación sobre la casa de marras, así como sus ingresos. De acuerdo con el informe de Laura Grados para la mencionada revista, Cecilia Chacón impulsó la medida para “dar una imagen de transparencia frente a Toledo”. El vocero fujimorista Héctor Becerril estaba en contra y discutieron por este tema. Dicha cuestión se ha discutido en la reunión semanal que tiene la bancada con Keiko en el local de Fuerza Popular en Camacho.
Pero aún hay más. Si se hace una búsqueda en Google sobre las hermanas Kagami Fujimori podemos encontrar algunas sorpresas. Aquí van dos. La primera, registrada por Agencia Perú en 2002:
La parentela del prófugo ex presidente, Alberto Fujimori, también ha sido intervenida. Rumy y Jeni Kagami Fujimori, las hijas de Juana Fujimori, han tenido que entregar dos inmuebles comprados con el dinero de todos los peruanos.
Y aquí la segunda, registrada por Perú.21 en 2004:
el sistema anticorrupción encontró dos cuentas bancarias abiertas a nombre de su hermana Juana Fujimori y la hija de esta, Rumy Kagami Fujimori de Tanaka, en la filial del Bank Atlantic, Fort Lauderdale, Estados Unidos, adonde fueron a parar cerca de 200 mil dólares, cuya procedencia hasta el momento no se justifica con los ingresos de la familia Fujimori. Según las investigaciones, el 31 de octubre de 2000, cuando ya la difusión del video Kouri-Montesinos hizo temblar el régimen fujimorista, se realizó una transferencia bancaria por US$ 78,098.34 a nombre de Rumy Kagami. Mientras que el 14 de noviembre de ese mismo año, cinco días antes de que el prófugo ex mandatario mandara por fax su carta de renuncia desde Japón, se realizó otra transferencia por US$ 109,111.64. Esta vez resultó beneficiada Juana Fujimori.
Quizás ahora pueda entenderse la molestia de la lideresa de Fuerza Popular sobre las indagaciones vinculadas a la casa donde vive. Como dijo alguien, la mejor forma de ocultar algo es hacerlo público.
Como mencionamos el martes pasado en este blog, dos son las hipótesis posibles que se tejen alrededor de la denuncia de un supuesto reglaje a Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío por parte de miembros de inteligencia policial. La primera, es que se haya tratado, como dice la PNP, de un operativo de búsqueda de delincuentes colombianos, hecha con agentes que dejarían a Maxwell Smart al nivel de J. Edgar Hoover. La segunda, más inquietante, es que se use a la inteligencia policial para hacer seguimientos a personas que han expresado abiertamente sus discrepancias con este gobierno.
Durante las últimas horas, han surgido tres versiones distintas que intentan concentrarse en la primera hipótesis. Hoy, en el semanario Hildebrandt en sus Trece, se presenta un informe con la versión del denunciante del supuesto reglaje, Wimber Rodríguez Vilchez, así como las posibles contradicciones y vacíos de su testimonio. En resumidas cuentas, no creen su historia.
Más interesantes, como veremos, parecen ser las dos versiones publicadas por la revista Caretas ayer. De un lado, su reportaje principal se concentra en una tercera hipótesis: que algunos miembros de la Policía Nacional hayan estado haciendo seguimiento a potenciales rivales dentro de la institución y que tendrían cercanías con la DINI. Ello dentro de las supuestas disputas entre Adrián Villafuerte y Wilfredo Pedraza por el verdadero control de la institución.
Mayor interés en redes sociales ha tenido la columna semanal de Gustavo Gorriti. Además de criticar el estilo opositor del exministro del Interior (”Rospigliosi busca demostrar, en artículos e intervenciones erizados con adjetivos terminantes y fulminantes descalificaciones, que las fuerzas oscuras y siniestras ya operan en este gobierno”), el director de IDL-Reporteros presenta elementos que abonan en la primera hipótesis: la existencia de un operativo policial de inteligencia, hacia delincuentes colombianos que sí existirían, pero perpetrado de la forma más chambona posible.
En lo que sí coinciden Gorriti y Rospigliosi es en un tema: el poder irregular que ha obtenido Villafuerte en temas de seguridad dentro del gobierno y la necesidad que Humala “resuelva esta situación lo antes posible” (léase, que lo mande a su casa en Surco).
Pero, de otro lado, ambos analistas han apuntado sus miras a quien consideran como la fuente de la versión que Gorriti transmitió en su columna: el general Carlos Morán, actual jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. Veamos los tuits.
Rospigliosi: General Carlos Morán, autor de la coartada de los colombianos para encubrir espionaje, y el equipo de interceptación Constelación Dirandro
Basombrío: La versión Morán tiene más huecos que un colador. Me ratifico 100% en lo dicho.Quienes hoy le creen pronto reconocerán que se equivocaron.
¿Quién es Morán? Se trata de un jefe policial que tuvo un peso importante en el gobierno de García, pero que también estuvo sumido en la controversia. Uno de los acusados en el caso Business Track, Martín Fernández Virhuez, indicó que este oficial buscó que incriminaran a la empresa Petrotech en el caso Petroaudios, sin que existieran pruebas sobre la materia. Morán negó esta versión, pero reconoció que buscaba los audios sobre García. Luego de un par de años en dependencias policiales “invernando”, cuando salió el general Raúl Salazar de la dirección de la PNP, pasó de nuevo a posiciones de importancia.
Más allá de este carnaval de acusaciones cruzadas y fuentes de diverso tipo, lo cierto es que existen evidencias para investigar el uso que se viene dando al sistema de inteligencia. Sobre todo, porque hay dos hechos que el gobierno no ha podido controvertir. El primero, presentado por la revista Velaverde, es el incremento en el presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)
El segundo, presentado hoy por Angel Páez en La República, es el destino que se dan a estos fondos. Así lo resume este cuadro:
Más allá de si algunos no le creen a Rospigliosi por aparecer en los Wikileaks o por ser un opositor beligerante a Humala, o si otros presumen que Gorriti se ha tomado a pie juntillas la versión de sus fuentes policiales, si hay un asunto por aclarar. Y pronto.
Si usted, amigo lector, ha comprado El Comercio y/o La República durante los últimos dos domingos, se habrá podido dar cuenta de una inusitada inflación de avisos de distintas universidades, así como de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
¿El motivo? Existen un conjunto de propuestas para la reforma de la actual Ley Universitaria que se vienen debatiendo en la Comisión de Educación. El punto más controvertido de varias de ellas es la disolución de la ANR para dar paso a un ente regulador del sistema universitario peruano.
Sobre este punto, hay tres posiciones. La de la mayoría de las universidades y la ANR, quienes obviamente quieren mantener el status quo respecto a este punto de la organización universitaria. El argumento central es la autonomía universitaria y hasta donde puede entenderse la misma. Recordemos que, actualmente, el Ministerio de Educación tiene una oficina muy pequeña ocupada de la educación superior y concentrada, sobre todo, en los institutos superiores.
Sin embargo, estas entidades si tienen un argumento que los impulsores del nuevo organismo rector de la educación universitaria deberían tomar en cuenta y es la posible injerencia del gobierno en las universidades (en base a las experiencias de Velasco y Fujimori). Cuales son los candados institucionales a poner a este ente es algo en lo que en la Comisión de Educación deberían pensar.
De otro lado, se encuentran quienes están a favor de la disolución de la ANR y la creación de un ente independiente regulador de las universidades. Esta es la posición a la que más me acerco, en lo personal. Quizás el mejor exponente de este punto de vista ha sido Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, quien ha señalado que:
Pero volviendo al debate, la batalla se ha originado porque las universidades perciben que su autonomía estaría siendo vulnerada debido a la existencia de una institución vigilante y fiscalizadora. Contribuyo a la discusión sobre el tema con un conjunto de preguntas. ¿Es la noción de autonomía pertinente al contexto actual la misma que la enarbolada a inicios del siglo XX? ¿Tiene la autonomía vínculo con la calidad de los resultados? ¿Si el Estado no es el mejor “veedor” de calidad, de dónde proviene el aseguramiento de la calidad?, ¿del mercado?, ¿de la autorregulación de las instituciones?
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) fue creada para fines de coordinación distintos a aquellos que en la actualidad persigue, como producto de la liberalización de la creación de universidades en 1996. Ahora la ANR, en conversaciones con sus pares, decide sobre la calidad, la pertinencia y la eficacia de sus instituciones. Existe un punto de acuerdo, se requiere una institución que vele por esa calidad, pero la pregunta final es si esa institución debe ser juez y parte del proceso.
Una tercera posición viene desde ciertos sectores de la izquierda. Tanto Sinesio López como Nicolás Lynch parten del mismo punto de partida que Cuenca: es necesario tener un ente independiente que reemplace a una ANR que se ha convertido en un club de rectores y ello no vulnera la autonomía universitaria. Sin embargo, ambos discrepan con la Comisión de Educación en un punto. Señala López:
El error fundamental de la Comisión parlamentaria de educación es pretender liberar a las universidades de las mafias y camarillas a través de los representantes del pensamiento único neoliberal (MEF y CONFIEP) y del nombramiento por el gobierno de los integrantes de la llamada Autoridad Nacional Universitaria. Eso viola doblemente la autonomía.
La pregunta para Lynch y para López es si, discrepancias al margen con algunas visiones de miembros de la CONFIEP, no tendría esta entidad algo que decir sobre el tema, dado que es la universidad la que forma profesionales para el ejercicio profesional. Por lo menos, hay que aceptar que es un punto a discutir.
Lo cierto es que, intereses de la ANR al margen, lo que demuestra esta discusión son dos cosas. La primera, es que se requiere un marco normativo distinto para las universidades peruanas, a la luz de su actual situación, que no es precisamente de las mejores, con las excepciones de siempre. La segunda, es que el debate no solo debe centrarse únicamente en si la ANR permanece entre nosotros, sino en el modelo de educación superior que debe tener el país, las conexiones con la educación superior técnica, una visión que, sin dejar de lado la formación profesional, apunte a la investigación en ciencia, tecnología y humanidades, así como a la creatividad artística.
Y ese es un debate importante en un país que, en pocos años, comenzará a sentir la pegada de las décadas de descuido educativo en su crecimiento económico y en su formación ciudadana.
BONUS TRACK: El martes Ana Trelles y Ricardo Cuenca conversaron sobre la reforma de la universidad peruana en ATV+. Los dejo con el video.
Conforme avanzan las indagaciones sobre las inversiones inmobiliarias de la suegra de Alejandro Toledo, más complicada se vuelve la situación del expresidente. A inicios de esta semana, se conoció que la fiscalía de Costa Rica había embargado una cuenta por 6.5 millones de dólares a nombre de una sociedad vinculada al entorno del líder de Perú Posible.
Si bien, en un inicio, se pensaba que se trataba de la empresa Ecoteva, el portal Crhoy.com señala que se trata de una “sociedad con vínculos comerciales con Ecoteva Consulting Group”. El mencionado informe indica que la empresa fue presidida inicialmente por Avi Dan On, el jefe de seguridad de Toledo durante su presidencia, y hoy el cargo es ocupado por Sabih Saylan, apoderado de Yosef Maiman, amigo de Toledo y quien también preside la empresa a partir de la cual se hizo la operación de compra de bienes inmuebles a favor de la señora Eva Fernenburg.
Crhoy.com ha mantenido en reserva el nombre de la empresa. Sin embargo, La República consigna hoy que la fiscalía costarricense investiga a tres empresas: Ecoteva, Quality Cleaners (no es broma el nombrecito) y Ecostate Consulting. Al contrastar la información de los medios peruano y centroamericano, queda claro es es esta última empresa a la que se le ha congelado la cuenta bancaria.
Para complicar más la situación de Toledo, hoy Perú.21 registra que el fiscal a cargo del caso, Ólger Calvo, ha señalado que el expresidente concurrió a la notaría donde se hizo la constitución de Ecoteva junto a Dan On en días previos a la formación de la misma. Si bien Costa Rica no es un paraíso fiscal, es un país donde hay amplias facilidades para formar empresas con capital bastante menor, sin que se conozca al verdadero dueño. El hombre a quien el líder de Perú Posible confió su seguridad tiene ingresos a Costa Rica en fechas claves vinculadas a Ecoteva.
Si a ello se suma el testimonio del corredor Paul Allemant, recogido tanto por Caretas como en una reciente columna de Rosa María Palacios, queda claro que el verdadero interesado en la adquisición de la casa en Las Casuarinas es el matrimonio Toledo - Karp. Y por ello, resulta importante que aclaren porque hicieron una complicada operación bancaria y societaria con su amigo Maiman para dicha compra, así como la de la oficina en Surco.
Así las cosas, solo quedan tres opciones sobre los motivos para encubrir al verdadero beneficiario de ambas compras. La primera de ellas, la única que tiene complicaciones penales, es un posible enriquecimiento ilícito vinculado al erario público entre 2001 y 2006. Sobre las investigaciones fiscales actualmente en curso, opina el abogado Yván Montoya:
Montoya precisó que, en el primer caso (enriquecimiento ilícito, nota de DTP), “no bastará con encontrar la conexión entre el patrimonio incrementado de la señora Fernenburg con el del expresidente, pues deberá establecerse que tal incremento se produjo durante el ejercicio del cargo”. Sobre el caso de lavado de activos, en opinión del abogado penalista, además del posible desbalance patrimonial de la suegra del líder de Perú Posible, se debe “demostrar que dicho aumento obedece, incluso indiciariamente, a una fuente ilícita y si este hecho podía ser conocido por los investigados”.
Las otras dos opciones no tienen un tamiz penal, pero sí acarrean una liquidación de la carrera política de Toledo. La primera es sacar ambos bienes adquiridos vía Ecoteva de la masa hereditaria de Toledo, con lo que solo la casa de Camacho y la vivienda veraniega de Punta Sal serían susceptibles de división entre Eliane Karp, Chantal y Zaraí Toledo. Ello revive el mal manejo de la crisis por su paternidad extramatrimonial, que enterró su popularidad durante su gobierno, a despecho de sus logros.
La segunda opción es que haya querido ocultar el tema a los miembros de Perú Posible. Y es que, en su partido sabían de este tema, pero le habían dicho que no debía adquirir la casa. Como se dijo en Velaverde:
Personajes cercanos a la última campaña presidencial de PP revelan que por ese entonces el líder de PP hizo público su interés en adquirir una casa en Las Casuarinas. De acuerdo con esta versión, su entorno le hizo notar que sería un error estratégico muy grueso debido a la coyuntura electoral. “Si la compras, avísame para ya no levantarme temprano en lo que queda de campaña”, le dijo, entonces, uno de sus colaboradores cercanos.
Para complicar las cosas a Toledo, el Consejo Ejecutivo del Congreso de la República ha decidido no otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización de dicho poder del Estado. Osea, podrá investigar al expresidente, pero sin levantarle el secreto bancario y tributario. Todo esto, comparándolo con las indagaciones sobre Alan García y Keiko Fujimori, deja un tufillo a blindaje y le hace aún más daño a Toledo.
Por estas razones y, a pesar que en el Perú nunca se puede estimar que una carrera política está muerta, tiene razón Steve Levistky al señalar que el centro cuyo “candidato natural” era Alejandro Toledo debería buscar a un nuevo líder que sea su mal menor.
Me encuentro entre quienes piensan que debe eliminarse el servicio militar en cualquiera de sus modalidades. Más allá de si es obligatorio o no, creo que las Fuerzas Armadas deben ser profesionales en su integridad. Ni el patriotismo exacerbado a niveles de catecismo castrense ni una supuesta mejor formación en valores (ni, menos aún, la complotitis aguda de un supuesto conflicto armado con Chile) justifican que se mantenga una institución anacrónica, en lugar de seguir avanzando hacia instituciones menos chambonas, sobre las que prime un control civil y democrático.
Como indica Eduardo Villanueva, el Estado peruano tiene el deber de explicar, a través de sus autoridades, cuáles son las necesidades que justifican la existencia de un servicio militar, así como la racionalidad de los recursos que las Fuerzas Armadas requieren para su funcionamiento.
Claro está, eso resulta bastante difícil de cumplir - por no decir imposible - en el gobierno de un presidente militar, cuya idea fija es la de revindicar a las Fuerzas Armadas como posibilidad de carrera y servicio a la patria, casi como “guardianes socráticos” del país (Ollanta Humala dixit). Uno podría comprender, hasta cierto punto, esta visión (un militar, por más retirado que esté, nunca deja de serlo en el fondo), pero no entender porque se incurren en groserías como las de establecer, en forma poco discreta, una perforación al sistema voluntario de reclutamiento de jóvenes, para convertirlo en obligatorio.
Si ya dicha cuestión implicaba un retroceso, tanto la ley como el reglamento del servicio militar incurren en severos conflictos de constitucionalidad. En el fondo, se sanciona a quienes optan por una carrera técnica, a quienes por diversos motivos no pueden acceder a un empleo o a estudios o a quienes no pueden pagar una multa cara hasta para una familia de la creciente clase media. Como sostenía hace algunos días, con sorna, Juan Carlos Tafur en su programa de radio, es probable que los bancos comiencen a otorgar créditos para pagar la multa de marras.
Gonzalo Zegarra advierte que este asunto es peor que la posible compra de Repsol y exige la renuncia del ministro Pedro Cateriano por este tema. Sin embargo, como indica la revista Velaverde, Cateriano parece tragarse este sapo en aras de seguir brindando una batalla en contra del sector castrense al interior del gobierno. La pregunta que se cae de madura es si este tema no debe motivar una pugna de Cateriano al interior del gobierno para hacer que se cambie este mamarracho de norma.
Lo cierto es que nadie dentro del gobierno puede justificar la existencia del servicio, sea obligatorio o voluntario, en forma tal que no se vea como la mano de obra barata para los generales de turno. Peor aún, con componentes legales que, en cualquier Tribunal Constitucional que se precie de serlo, deberían ser derogados, por contraponerse al respeto de derechos elementales de todos los peruanos, sobre todo, de los jóvenes.
Ayer, en una extensa entrevista en el diario La República, Gustavo Gorriti señalaba lo siguiente sobre las denuncias sobre el posible uso político de la Dirección Nacional de Inteligencia:
Es una línea de investigación, es una posibilidad, y lo que se ha dado de información, que ha surgido de (Fernando) Rospigliosi, es básicamente inteligencia. Él –por el hecho de haber sido ministro del Interior en dos ocasiones y también jefe de lo que es ahora la DINI, y entonces era el CNI– tiene, presumo, todavía buenas fuentes dentro de esos institutos. Ahora, él ha mencionado informaciones que son inteligencia. Pero la inteligencia debe ser corroborada antes de ser considerada un hecho. Ahora es meramente una posibilidad. Y, en el caso de que llegara a investigarse, y de que la investigación llegara a comprobar que hay una vigilancia ilegal a personas sobre las cuales no existe un motivo razonable para que eso suceda, entonces tendría que pasarse a una acción de orden judicial y fiscal.
Ayer tuvimos un indicio adicional que hace que la denuncia pase de ser “información de inteligencia” a una amenaza más cierta. En Cuarto Poder, se presentó un reportaje en el que se detectó a una agente de la DIRIN (inteligencia de la Policía Nacional) haciendo reglaje a un ciudadano. Para complicar más las cosas, esta operación se hacía cerca a la oficina de las dos personas que han encabezado las denuncias sobre la materia: Fernando Rospigliosi y Carlos Basombrío.
Como indica La República:
Para el miércoles 29 de mayo, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi ya manejaba la información de que algunos agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), al servicio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), realizaban acciones de reglaje en los alrededores de su oficina en el cruce de la calle Venecia con el Malecón Cisneros, donde trabaja con su socio Carlos Basombrío. Asimismo, a pocos metros queda el domicilio del también ex ministro del Interior Gino Costa.
Para complicar más las cosas, la agente detectada, Wendy Toro Gonzales, trabaja en el departamento político de la Dirin. Asimismo, la ocurrencia registrada en la comisaría de Miraflores no tiene el nombre de la agente, sino el correspondiente a una tercera persona ajena al operativo. En un frustrado intento de “control de daños”, el director de la Dirin, José Céspedes, señaló a Cuarto Poder que se trataba de una operación de seguimiento a narcotraficantes colombianos. Tan mala fue la respuesta que, a la media hora, tuvo que salir el Presidente del Consejo de Ministros anunciando una investigación.
Mientras, el fuego cruzado ha seguido. Rospigliosi apunta a Adrián Villafuerte como el autor intelectual de los presuntos seguimientos, mientras que Basombrío señaló que el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, debería renunciar por decoro. Por su parte, Pedraza ha negado cualquier tipo de reglaje a opositores, aunque ha mandado investigar el asunto e irá a la comisión de Inteligencia del Congreso en las próximas horas.
Lo cierto es que el reportaje va a traer cola, sea cual fuere la hipótesis cierta. Si se trataba, en efecto, de un operativo policial de inteligencia para capturar a narcos colombianos en Miraflores, la Dirín debería rápidamente evaluar a su personal, dado que fue relativamente detectar que se encontraban haciendo un trabajo de esta naturaleza. Y si lo detectó un ciudadano común y corriente, es claro que la selección de agentes es poco menos que un mamarracho.
Pero si se trata de un seguimiento a opositores, aquí van a tener que correr cabezas. Comenzando por la del jefe de la Dirin y pasando por los principales jefes de la DINI. Obviamente, en esta hipótesis, Pedraza también tendría que salir del cargo ipso facto.
Aunque, sin duda, el principal afectado con la denuncia es Adrián Villafuerte, asesor presidencial cuyo papel es más cuestionado semana tras semana. Hoy, en su columna semanal en Velaverde, Juan Carlos Tafur señala que una facción “verde” en el gobierno era favorable a otorgar al indulto a Alberto Fujimori y, en la mencionada revista, se indica que el líder de esta facción es Villafuerte.
Así como todas las tiendas políticas - salvo el fujimorismo - han aplaudido que Ollanta Humala tome una decisión respecto del autócrata que gobernó el Perú entre 1990 y 2000, resultará necesaria una dosis de coraje adicional para emprender un cambio sustancial en la forma de trabajar la inteligencia en el Perú. Si ya arrastrábamos problemas de inestabilidad en el puesto (Toledo) y uso de agencias privadas de seguridad (García), hoy la dificultad mayor se encuentra en la poca fiabilidad que generan las personas encargadas de este tema en el gobierno, comenzando por el principal asesor del Presidente de la República en materia castrense. Es momento de cortar la acidez que este tema produce.
Esta tarde Ollanta Humala anunció oficialmente que decidió no otorgar el indulto humanitario solicitado por Alberto Fujimori. A continuación, las palabras pronunciadas por el presidente de la República.
Además de incumplir los requisitos necesarios para el otorgamiento del indulto, una decisión a favor del mismo no le hubiera granjeado grandes ganancias a Ollanta Humala. Como comentamos ayer en el programa de Rosa María Palacios (ver bloques 4 y 5), no cabe duda que, de haberse otorgado la gracia, el candidato presidencial de Fuerza Popular hubiera sido Alberto Fujimori y ya no su hija. Además, resulta francamente inverosímil la tesis de un fujimorismo canjeando el indulto por la candidatura de Nadine Heredia, pues serían francamente torpes si es que le abren la puerta de la postulación a alguien que, al igual que en 2011, puede presentarse como el “mal menor” frente a ellos.
También es cierto que, a nivel internacional, el gobierno queda bien, como un fiel cumplidor de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Una carta importante de cara tanto a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia como a la visita a Washington de la próxima semana.
Respecto del Congreso, el timing ha sido el adecuado. Con un Perú Posible debilitado, el gobierno evita, por ahora, que los votos de dicha bancada aliada se diezmen. Ha conseguido que el PPC y el APRA se pongan de perfil frente a la decisión y AP y la izquierda están de acuerdo con la misma. ¿Y la rabieta fujimorista? Es probable que dure algunas semanas, pero la próxima semana ya acaba la legislatura y, además, en varios puntos, el fujimorismo termina votando con el gobierno. Tampoco pueden quedar como petarderos del gobierno si es que buscan reemplazarlo en 2016.
De otro lado, es probable que se incrementen las tensiones internas en el fujimorismo. De un lado, el “albertismo” señalará que, frente al gobierno, no cabe otra postura que la oposición radical y la revindicación del legado histórico, con activos y pasivos. Pero la facción Keiko - Yoshiyama puede retrucar, tranquilamente, que ponerse bravos contra Humala y manejar en forma tan burda el tema del indulto les ha producido este fiasco y que es hora de ir hacia el camino de una derecha popular menos “fujimorizada” (lease, ir sacando a Alberto del imaginario, de a pocos). Sin duda, la identidad partidaria se puede reforzar a corto plazo, pero, a mediano plazo, el fujimorismo corre un serio riesgo: si no consolida una institucionalidad, pueden desaparecer.
Finalmente, el gobierno saca de su agenda un problema complicado que lo mantuvo en vilo durante 8 meses. El fujimorismo pensará dos veces antes de presentar nuevamente una solicitud, a menos que, realmente, las condiciones de salud de su líder empeoren a tal grado que lo merezca. Sin embargo, quedan varios retos y, sobre todo, una duda más por despejar: la de una posible “reelección conyugal” que ha comenzado a serle cara en términos de popularidad e imagen a un gobierno que debería hacer algo más por salir de la medianía en la que, hasta ahora, se encuentra.
En las últimas semanas, se ha vuelto a suscitar un debate sobre el canal de televisión del Estado. El primer punto que estuvo en la agenda fue la cobertura de la televisora sobre las actividades públicas de Nadine Heredia. Hace un mes, la revista Velaverde publicó un cuadro comparativo entre las horas dedicadas al presidente de la República, su esposa y el Presidente de la República.
Como mencionó el reportaje de Francesca García, estas diferencias hicieron que los asesores de Heredia - Rosana Altuna y Jorge Salazar - le aconsejaran “guardarse” durante algunas semanas. En ese mismo contexto, se conocieron las diferencias entre los equipos de comunicaciones de las dos principales oficinas del gobierno. De un lado, Blanca Rosales, jefa de la oficina de Comunicación Social de Palacio y con una amplia red de influencias y, del otro, Eduardo Bruce Montes de Oca, hermano de un congresista opositor, expresidente de la televisora del Estado y asesor mediático de Juan Jiménez Mayor. Desde PCM, se buscaba el lanzamiento de un programa conducido por su jefe, que hasta ahora no ve la luz en el canal estatal.
Amainada la tormenta, esta semana se volvió a producir una nueva denuncia, esta vez, de Fernando Rospigliosi, convertido en la piedra en el zapato del gobierno. Según la información recogida por el columnista de La República, Heredia habría solicitado el incremento de presupuesto para TV Perú y Radio Nacional para su posible campaña electoral en 2016, incluyendo la compra de equipos y la contratación de periodistas para un posible canal informativo.
La presidenta del IRTP, María Luisa Málaga - quien viene de la gestión anterior - ha negado que la compra tenga algo que ver con la “reelección conyugal” y que los planes de mejora de infraestructura tienen ya tiempo. Asimismo, la principal funcionaria del canal estatal negó que el proyecto de canal informativo tenga ya una fecha de salida. TV Perú ha emitido un comunicado señalando que la implementación de las señales de televisión digital terrestre será paulatina, entre ellas, la destinada a actividades oficiales e información.
A decir verdad, el famoso proyecto para contar con una señal alterna estrictamente informativa para el canal del Estado es un añejo proyecto que, curiosamente, proviene desde la época en que Bruce era presidente del IRTP. Por tanto, es un tema que viene dando vueltas desde hace varios años en la oficina de la avenida José Gálvez, sin que se termine de concretar. La pregunta es cuál será el uso que se dará a esta señal.
Más allá de estas dos denuncias, hay dos puntos que deben quedar claros. El primero es que ya es hora que el gobierno zanje, de una buena vez, si es que la señora Heredia va a postular el 2016. Ya el asunto le viene causando un serio daño a la imagen del gobierno, pues, lo que comenzó siendo un apoyo y acompañamiento natural de las actividades presidenciales hoy se ha convertido en una bola de nieve que causa verdadera zozobra. Si esta ambigüedad se debe a que no saben como mantener unida a su bancada o simplemente para fastidiar a la oposición, el cuento se les ha ido de las manos. Si se debe a que quieren postular, vulnerando la Ley Orgánica de Elecciones, aténganse a las consecuencias.
Pero el segundo, y que me ocupa hoy, es la necesidad de crear una televisora pública en el país. Es claro que el canal del Estado ha terminado siendo, presidentes más, presidentes menos, la vitrina oficial del gobierno, sin derecho a crítica. Aunque también es cierto que, luego de la caída de Fujimori, los cuatro gobiernos democráticos que le sucedieron se preocuparon por tener una parrilla de programas culturales interesante y que se ha mantenido con renovaciones, lo cual es loable. Y también es cierto que varios de los programas informativos del canal - sobre todo, el noticiero central y el programa internacional con Farid Kahhat - han procurado mantener, en el último tiempo, pluralidad e independencia.
Sin embargo, a fin que estos avances puedan consolidarse y dejar de tener un canal al servicio del gobierno de turno, es necesario dotar de un marco institucional adecuado a la televisora estatal. Hace un año y medio, Fernando Vivas señalaba lo siguiente sobre un anteproyecto planteado en el segundo gobierno aprista para una regulación de la radiodifusión estatal:
Cuando ganó Alan García, el Gobierno decidió mecernos con el 7, o sea hacernos creer que se iba por fin a convertir en TV pública y no gobiernista. El IRTP (la suma de TV Perú o Canal 7 más Radio Nacional) estaba en la órbita de la PCM, así que fue Jorge del Castillo el encargado de engatusarnos. Reunió a tirios y troyanos, oyó propuestas de TV plural y autónoma, y convocó, lo más tarde que pudo, pero como lo mandaba la vigente Ley de Radio y TV, a una comisión multisectorial para elaborar el proyecto de ley específico para la radiodifusión estatal.
El truco de Del Castillo fue hacer presidir la comisión por su correligionario José Luis Delgado, quien entretuvo a los comisionados (incluidos miembros de ONGpro TV pública y autónoma) para cambiar todo menos el artículo que mantiene al 7 tan sesgado como hoy: el presidente ejecutivo lo designa el Gobierno.
El proyecto es bueno, salvo el tema crucial del poder, y hay que exigir al Gobierno que termine de recabar las opiniones sectoriales y lo presente ya al Congreso. Allí se corregirá el eje de la ley. Hay dos alternativas: A) Que el Congreso elija al presidente del IRTP, lo que puede resultar en un baloteo inacabable de ilustres candidatos, y B) Que el propio directorio, formado por miembros designados por entes estatales y organismos de la sociedad civil, elija a su jefe con total libertad.
El candidato Humala planteó en la segunda vuelta electoral la necesidad de darle más independencia al IRTP. Ya es hora que honre su palabra.
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