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Lo ocurrido con el proceso al comando paramilitar que operó durante el primer gobierno de Alan García, bajo la presunta dirección de Agustín Mantilla nos muestra varios de los problemas que acontecen, cotidianamente, con los juicios por violaciones a los derechos humanos en el Perú.

En mayo de 2013, se inició el primer juicio oral por este caso, luego de varios años de investigación. El proceso transcurrió lentamente durante 18 meses, periodo en el cual solo se pudo leer la acusación fiscal, enunciar las pruebas que serían presentadas, así como tomar la declaración de los 8 imputados en el caso, incluyendo a Mantilla.

Primer problema aquí: las audiencias se realizan con poca frecuencia, dentro de los plazos máximos que establece la legislación procesal penal. Ello ocurre tanto por la alta carga de trabajo de la Sala Penal Nacional. Este grupo de colegiados, que anteriormente solo tenían a dedicación exclusiva casos de terrorismo y de violación de derechos humanos, ahora tiene un alto número de procesos a su cargo dado que, durante los últimos años, ha asumido varios temas vinculados con criminalidad organizada e incluso temas de corrupción.  Los procesos por hechos ocurridos entre 1980 y 2000 pasan a la cola y no merecen la atención suficiente, más allá de familiares de víctimas e imputados, organizaciones de defensa de derechos humanos y algunos periodistas.

A fines de octubre de 2014, cuando se iba a iniciar la toma de declaraciones a los testigos, ocurrió lo que se conoce como quiebre de juicio oral. Así lo relató El Comercio:

Ese proceso judicial se quebró el último jueves y todo lo actuado volvió a fojas cero debido a que la jueza María Vidal La Rosa, de la Sala Penal Nacional, no asistió a la audiencia programada para ese día por tener una fuerte fiebre.

Dicha magistrada había faltado a la audiencia del martes 28 de octubre por problemas de salud. Debido a eso la sesión se suspendió y se reprogramó para el jueves 30. Según la ley, no puede haber más de doce días entre una audiencia y otra. La última sesión válida se desarrolló hace dos semanas.

Este quiebre se produce luego de 18 meses de haberse iniciado el juicio.

“Los responsables de esta situación son las autoridades judiciales que desde hace varios meses vienen realizando cambios en las salas penales que llevan procesos contra violadores a los derechos humanos, lo que ha generado un escenario que al enfermarse uno de sus miembros la etapa oral ha tenido que suspenderse y volver a empezar”, reza el comunicado de la Coordinadora (Nacional de Derechos Humanos, nota de DTP).

Aquí el segundo problema. Como bien indicó la CNDDHH, los cambios en las salas que ven los juicios por derechos humanos generan que los juicios orales se “quiebren” y vuelvan a empezar de nuevo, luego de varios meses. El caso del comando paramilitar es uno de ellos (de hecho, han transcurrido 3 meses para que pueda volver a iniciarse). Pero quizás el caso paradigmático es Chavín de Huántar, donde se procesaba a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la exitosa operación militar. El juicio oral se quebró dos veces tanto por cambios de magistrados como por la destitución de uno de ellos. Al final, luego de 5 años, se comprobó una ejecución extrajudicial, los tres primeros acusados fueron absueltos por falta de pruebas y Zamudio está prófugo de la justicia.

Así, aquí hay dos tipos de perjudicados. De un lado, los familiares de las víctimas, quienes no satisfacen su necesidad de justicia en los lapsos adecuados. Y, de otro lado, los propios imputados, quienes no definen su situación legal en forma rápida.

Hoy debió iniciarse el nuevo juicio oral por el caso del comando. Sin embargo, hoy ocurrió lo siguiente. Informa Andina:

La Sala Penal Nacional decidió suspender el inicio del nuevo juicio oral, previsto para hoy, contra los presuntos miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco, que operó en el primer gobierno de Alan García, cuando Agustín Mantilla era ministro del Interior.

Dicha decisión se adoptó por una acción de recusación presentada por la defensa de los familiares de las presuntas víctimas de este comando, que solicitó separar de la Sala a la magistrada Mirtha Bendezú por los supuestos nexos que tendría con el Apra.

La recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso.

En declaraciones a la Agencia Andina, la abogada Gloria Cano sostuvo que debe primar la transparencia y la imparcialidad en este caso que tiene más de 25 años sin resolverse.

“Hemos pedido un recurso de recusación para la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, porque ella es esposa del señor Ricardo Chumbe, quien tiene una fuerte ligación con el estudio Peláez Bardales, que defendió a Alan García Pérez”, comentó.

Y aquí el siguiente problema: la imparcialidad de los jueces. Por primera vez en años, se recusa a una magistrada de la Sala Penal Nacional, un colegiado que normalmente había dado muestras de imparcialidad y corrección en estos casos, más allá de si se estuviera o no a favor del sentido de sus resoluciones. He aquí un tema que el propio colegiado tendrá que revisar.

Para completar la información, el caso de la magistrada Bendezú resulta aún más complicado dado que ha participado en controvertidas absoluciones en primera instancia en este tipo de procesos. Según la completa página de la académica estadounidense Jo Marie Burt, ella intervino en la absolución del actual alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas, así como de los procesados en los casos Los LaurelesLucmahayco, Pomatambo y Parcco Alto y Marco Barrantes. En el caso Los Laureles y el que comprende al alcalde sanborjino, la Corte Suprema decidió iniciar un nuevo juicio oral, pero en el caso Pomatambo, se confirmó la absolución. Bendezú también ha emitido sentencias condenatorias, pero llamamos la atención sobre los casos donde absolvió, dado que, en todos ellos, la Sala Penal Nacional llegó a comprobar la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, un caso emblemático como el del comando paramilitar que operó durante el primer gobierno aprista, cuyos miembros son juzgado por cinco asesinatos, nos ayuda a mostrar las dificultades existentes en este tipo de procesos. Valdría la pena que los observemos con mayor atención.

(Foto:Perú.21)

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Lo que costó cuatro años en comenzar a montar, es tumbado casi en dos meses. Así se puede resumir la historia de la implementación de la reforma del transporte público en Lima. Veamos lo que ha ocurrido durante la gestión Castañeda.

PASO 1: ELIMINAR LICITACIÓN PARA RECAUDO ÚNICO:

Para que vayamos a un real sistema de transporte público que esté integrado se necesitan dos cosas. La primera, contar con una Autoridad Autónoma para Lima y Callao sobre esta materia. La segunda, que tengamos un sistema único de recaudo para los sistemas que, en teoría, tendrá la ciudad (corredores SIT, Metropolitano y Tren Eléctrico).

Este sistema de recaudo se licitó el año pasado, en la gestión Villarán. Sin embargo, el MEF indicó que el contrato, antes de ser aprobado, debía ser mandado en consulta a ellos. Una cuestión discutida entre los despachos de Villarán y Segura. Pero cuando llegó Castañeda, simple y llanamente aprovechó esta observación del MEF para tumbarse toda la licitación, que fue finalmente anulada en quincena de febrero. Y parece que el alcalde de Lima no va a convocar en forma rápida un nuevo proceso.

PASO 2: BAJARSE LA LICITACIÓN DE LOS CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RUTAS DE APROXIMACION:

Todos conocemos los 5 Corredores Complementarios (Tacna-Garcilaso-Arequipa, Javier Prado-La Marina, Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur, San Juan de Lurigancho - Brasil y Carretera Central).  Estas cinco rutas madre se tenían que completar con cuatro corredores de aproximación (Angamos, Benavides, Del Ejército y Universitaria) y varias rutas de aproximación.

¿Qué pasó? Explica El Útero de Marita:

Esta decisión hace que desaparezcan rutas que representan el 60% de la demanda del transporte público de la capital. Leyeron bien: el 60%. Seis de cada 10 usuarios del transporte público quedan en el aire.

Y, además, tampoco hay fecha para saber cuando se licitarán las rutas pendientes de los 5 Corredores principales, a los que volveremos en un momento.

3. PAPELETAS ANULADAS

La reforma del transporte tiene tres objetivos centrales: mejorar el caótico transporte público de la ciudad a través de la racionalización de rutas, formalizar empresas que estaban en un modelo “comisionista - afiliador” y mejorar la calidad de manejo de los choferes, en un país donde los accidentes de tránsito han generado más muertes que nuestro último conflicto interno.

Para ello, resulta necesario también que las sanciones - léase, papeletas - sean fuertes y a la vez racionales.

Como indica Diego Pereira, la Gerencia de Transporte Urbano se bajó 46,000 papeletas, para alegría de los choferes. El problema es que, como indica el periodista:

Hasta el 30 de enero de este año, fecha en la que se anunció esta eliminación de papeletas, la gestión de Castañeda ha “trabajado” durante 30 días, ¿no?

Seguimos entonces: según esta nota de La República, en el 2013 –que es el año en el que se emitieron las papeletas “con error”– se emitieron 115 mil papeletas hasta octubre. Una regla de tres simple nos permite calcular que, aproximadamente, al finalizar ese año existirían 138 mil papeletas en total.

Esto significa que la municipalidad ha tenido que revisar toda esa cantidad de papeletas durante el único mes que tienen en su gestión. Para esto tendrían que haber avanzando a un ritmo de 4,600 papeletas diarias, trabajando todos los días..

¡Es el colmo de la eficiencia! Francamente, nos permitimos dudar de esta velocidad insólita. En todo caso, ¿cómo hicieron para encontrarlas tan rápido? ¿Acaso sabían donde buscar?

4. RENOVACION DE RUTAS YA EXISTENTES POR UN AÑO

Hace un par de semanas, la gerenta de Transporte Urbano de la MML, Fanny Eto, anunció que se renovarían por un año 418 rutas de transporte. Es decir, por lo menos durante el 2015 no se van a retirar más. Y además añadió (vía Canal N):

“Primero, voy a darles las autorizaciones por un año antes del sábado 28, para que esten tranquilos. En ese año, no es que yo me duerma. Nos vamos a sentar a trabajar ruta por ruta para ajustar la demanda, los paraderos, las frecuencias, las flotas, dijo la gerente Fanny Eto a Publimetro.

La funcionaria no precisó si realizará adjudicaciones de las rutas o se licitarán. Sin embargo comentó que “si la autorización es por varios años, hay que hacerles exigencias mínimas a los operadores”.

Ojo: si bien han sido licitados 3 Corredores Complementarios además de los ya existentes, sin que hasta ahora tengan fecha de inicio. ¿Esta ampliación de un año supone cancelar en la práctica la implementación de los corredores aún no puestos en marcha?

Pero esto no es lo peor.

5. ASFIXIAR ECONOMICAMENTE LOS CORREDORES YA EXISTENTES:

El acuerdo entre los Consorcios que operan en los Corredores TGA y Javier Prado y la MML se puede explicar en simple así: ellos ponen los buses, contratan choferes y brindan el servicio de transporte y, a cambio, la Municipalidad les debe pagar una cantidad mensual por ello.

El problema es que la Municipalidad no viene cumpliendo con estos pagos. Como indica El Comercio, citando a Luis Maravi, director del Consorcio TGA, uno de los que opera dicho corredor:

“Todas las empresas tienen compromisos con el sistema financiero. Deben pagar cada 30 días pero recién pagan a los 60 o 70 días, lo que les genera sobrecostos. Las empresas estamos al límite porque tenemos que financiar el pago de planillas y la compra de combustibles“, anotó.

Y por ello se ha generado un impasse al interior de este consorcio. Indica El Comercio:

La empresa de transportes Santa Cruz S.A., que forma parte del Consorcio TGA, y que recorre el corredor azul desde la Av. Amancaes, en el Rímac, hasta la Av. El Sol, en Barranco, mandó el pasado 9 de febrero una carta de iniciativa de renuncia a dicha ruta a la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima.

La firma señala en este documento que operar en el referido corredor no le resulta rentable, y por el contrario, le genera pérdidas que ponen en riesgo su estabilidad financiera. Orlando García Farfán, gerente general de dicha empresa, explicó a El Comercio que desde que empezaron a dar este servicio en julio de 2014 han tenido pérdidas de aproximadamente S/. 3 millones.

Detalló que su empresa se ha endeudado con más de S/. 14 millones en la adquisición de buses para operar en el corredor y, dado que no cuenta con dinero para pagar el préstamo, las entidades financieras han iniciado el proceso de ejecución de garantías.

García agregó que la firma busca recuperar su antigua ruta, que iba desde Carabayllo hasta Villa María del Triunfo, para poder pagar las deudas que le genera el corredor azul.

Y aquí está el giro del asunto, como indica en la misma nota el regidor Augusto Rey:

Para Augusto Rey, regidor de la Municipalidad de Lima, la renuncia de la empresa forma parte de una operación para desmontar la reforma del transporte: “Esta firma quiere aprovechar ese problema para recuperar su ruta anterior y para eso se comunica con la GTU. Es una maniobra calculada con el municipio. Por un lado, la municipalidad les retrasa los pagos y por el otro les compensa esa falta devolviéndoles las rutas restructuradas“, explicó a este Diario.

EL CALCULO POLÍTICO:

¿Debería sorprendernos esto? Para nada. Fue precisamente para lo que Castañeda fue elegido. Como señaló Eduardo Dargent:

La primera, lo que no va a hacer. Castañeda deja en claro que no afectará los intereses de un sector informal bastante grande en la ciudad que incluye tanto votantes como organizaciones con recursos. Ni siquiera se atreve a criticar a la empresa Orión y sus multas millonarias.

Y, además, se debe considerar que esta votación tiene otra cara de la moneda:

Queda claro que los políticos que quieran lograr propuestas sostenibles de reforma deben involucrar a esos sectores mayoritarios. Sin ellos no ganan, ni aseguran continuidad. En otras ciudades de América Latina coaliciones reformistas han logrado apoyo que cruza sectores sociales, por lo general a través de partidos políticos o alianzas de empresarios y políticos. En el Perú ser percibido como un honesto que hace obra requerirá mucho más trabajo y creatividad.

Castañeda aprovecha que el APRA practicamente se ha puesto de perfil en la MML y la debilidad del sector que defiende las reformas de la anterior gestión para hacer este desastre. Y he aquí las consecuencias, de un lado, del sector más cercano a la gestión Villarán por no hacer política en serio (lo que suponía alianzas precisamente para sostener estas reformas), como la poca proclividad de la gestión Castañeda a hacer cambios de fondo en la ciudad, dado que queman su capital político basado en obras de cemento y atender necesidades básicas. Y si a ello se suma que pocos medios cubren esta tema y que el PPC - llamado a defender estas reformas por las que también apostaron - está más metido en sus pleitos internos, el alcalde se la lleva fácil.

Todo ello, a pesar que, según Ipsos, el 54% de limeños si quiere una reforma del transporte. Es decir, este es un tema que puede permitir un capital político importante y que puede moverse mediáticamente en otra forma, pero que requiere una visión más fresca para ello.

EN RESUMEN:

La MML en dos meses está generando las condiciones para liquidar la reforma del transporte, sin que presente un plan alternativo. Y aprovecha que políticamente lo puede hacer en este momento. Sin embargo, los sectores favorables a esta política pueden (y deben aprovechar) que la mayoría de limeños está a favor de la misma. Por tanto, aquí tienen una ventana de oportunidad para ser utilizada.

Mientras tanto, vuelven las obras.

(Caricatura: Carlín para La República)

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Hoy Exitosa Diario publica una versión bastante completa de lo que ocurrió el fin de semana en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular Cristiano.  Broncas en el segundo día en la puerta del local central en Alfonso Ugarte, la decisión de ir con candidato propio al 2016 y continuar con el actual calendario para la elección de nuevas autoridades del partido.

El Congreso se realizó en medio de una disputa abierta desde hace varios años en el partido, pero que se agudizó el año pasado. Lejos de diferencias ideológicas - que existen -, lo que divide actualmente al PPC (y que ha desatado las broncas de los últimos tiempos) se basa básicamente en dos temas: estilo de conducción del partido y definición de las postulaciones. Y es allí que aparecen los bandos “reformista” e “institucional”, apoyados respectivamente por Lourdes Flores Nano y Raúl Castro Stagnaro.

En esa medida, se ha producido un empate provisional. El Congreso fue convocado a pedido de los reformistas, quienes también han obtenido un triunfo al lograr que el candidato del partido fuera propio. Con este último punto, lograban evitar que Castro - como ellos voceaban - se subiera al coche de Keiko. Pero los institucionalistas consiguieron dos goles: evitar un adelanto de elecciones internas - que era el ánimo luego de las elecciones municipales de octubre - con lo que Castro se quedará hasta la segunda mitad del 2015 y seguir controlando el padrón de afiliados (hecho que generó la bronca en la puerta del sábado último).

Asimismo, la ocasión sirvió para que Alberto Beingolea comenzara a pulsear fuerzas con miras a ser el próximo presidente del PPC. De hecho, que haya subido a la mesa de honor en el homenaje a Luis Bedoya Reyes por sus 96 años fue algo que no le agradó a los institucionalistas. Todos en el partido dan por descontado que Castro Stagnaro se presentará a la reelección. Quien sea elegido como nueva cabeza del partido tendrá una buena opción de ser el candidato presidencial pepecista, sobre todo, considerando que Lourdes Flores ha reiterado en público y en privado que no será candidata el 2016.

El problema está en que, hasta el momento, ninguno de los dos postulantes principales al cargo define que es lo que hará frente a los retos principales del PPC a corto y mediano plazo: contar con una candidatura presidencial competitiva y donde hay un espacio del centro hacia la derecha bastante copado (Keiko, PPK, Alan), una lista parlamentaria que pueda - además de pasar la valla electoral - representar a otro distrito electoral más allá de Lima y, por cierto, comenzar a dilucidar internamente que implica ser socialcristiano en el Perú de hoy.

Y estos retos no son moco de pavo. Tal como van las cosas, como indica Juan Carlos Tafur en su columna de hoy, el PPC corre el riesgo de perder su inscripción como partido o quedar como un partido intrascendente. Como reconoció hoy el exregidor metropolitano Alberto Valenzuela, los últimos cuatro años en la interna del partido han supuesto tiempos difíciles. De ellos depende superarlos.

(Foto: Exitosa Diario)

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Mientras muchos estaban concentrados en la ceremonia del Óscar, Cuarto Poder volvía a poner sobre la mesa un peliagudo problema: las finanzas del Partido Nacionalista Peruano.

La denuncia de anoche va como sigue: el excongresista y actual asesor de la alta dirección de la SBS, Pedro Santos, denunció que su firma había sido falsificada en unos documentos vinculados a la entrega de gastos de la campaña electoral de 2011. El tema podría haber quedado en un lio entre privados, de no ser por la naturaleza de los documentos y su contenido.

De acuerdo con el reportaje de Graciela Villasis habían varios problemas: la ONPE había observado el ingreso de 21 millones de soles al PNP como gastos de campaña; aparecían personajes ya conocidos por el público - Eduardo Roy Gates, Ilán Heredia Alarcón - tratando de solucionar el entuerto; 11 millones habían sido aportados en efectivo (a pesar que la Ley de Bancarización lo impide); varias sumas de las donaciones partidarias eran similares a pesar de - en teoría - habían sido entregadas por distintas personas; y, además, aparecía Juan Carlos Rivera Idrogo “Chocherín” como uno de los principales benefactores del partido, incluso donando montos mayores a los que la Ley permite (lo que se arregló con una “corrección” que hizo que la entrega del dinero se prorrateara entre él y sus hermanos).

Todos estos intríngulis se producen por dos motivos centrales: existen personas que no quieren aparecer como aportantes y colocan a una figura conocida como pantalla (y aquí entran desde grandes empresarios hasta aportes de dudosa procedencia) y, además, hay quienes tienen la capacidad económica de brindar mayor cantidad a la permitida por la legislación actual - que pone un tope a los aportes individuales - y, por tanto, dividen su aporte en cantidades iguales entre distintas personas allegadas.

La denuncia aparece además en un momento en que se cuestionan los ingresos de Nadine Heredia como consultora, al reactivarse una vieja investigación sobre presunto lavado de activos. El problema con la indagación es que, además de la discusión sobre los elementos nuevos en la investigación, sería difícil demostrar que el dinero tuvo un origen ilícito. De hecho, hoy en El Comercio, el abogado penalista César Azabache indica que, en la situación de Heredia, no estaríamos ante un caso de lavado de activos, sino ante un tema de encubrimiento de aportes partidarios. Van los párrafos pertinentes:

De hecho, las denuncias que dan forma al tema describen un caso de financiamiento encubierto de actividades políticas, no un caso de lavado de activos. Con detalles más o menos, la historia más importante que la fiscalía debe confirmar o descartar mostraría a Martín Belaunde Lossio o a su entorno sosteniendo parte de los gastos de manutención de la señora Heredia, cuando aún no era la primera dama de la República. Por cierto, sostener a otro no constituye delito alguno, aunque resulta inapropiado hacerlo cuando ese otro es un personaje público. Quienes se dedican a la política deberían mantener cierta distancia personal frente a sus donantes. El mecenazgo directo, desarrollado sin la mediación de fundaciones y partidos, borra la cuota de independencia que los políticos deben mantener frente a los grupos de interés. “Adoptar un político” debería estar prohibido, pero en nuestro medio no lo está. Pero, aunque lo prohibiéramos, “adoptar un político” nunca sería más que una infracción merecedora de multas o inhabilitaciones administrativas. No toda conducta inapropiada puede ser convertida automáticamente en un delito.

Sin embargo, si las sospechas se confirman, en el caso de la señora Heredia se habría simulado, y esto es especialmente torpe, una asesoría profesional irreal para darle cierta “forma” a los aportes realizados a su favor. Si se trataba de un caso de mecenazgo personal (fuera de lo inapropiado que resultaría), los pagos debieron registrarse como donaciones sin efectos tributarios. Registrarlos como si fueran gastos de negocio sugiere que fueron descontados para fines de impuestos por quienes los hicieron. Y si el servicio era irreal, proceder de esta forma equivale a defraudar al fisco.

Sin embargo, las consecuencias de un fraude de este tipo podrían haberse diluido hace ya varios años trasparentando las declaraciones tributarias de los aportantes, asumiendo las multas que la innecesaria simulación pueda haber generado y aceptando públicamente las responsabilidades que corresponden a lo que constituye una torpeza inaceptable y punto. Así de sencillo. La cuestión sobre la realidad o falta de realidad de los servicios declarados en este caso es una cuestión seria pero no irremediable, si los personajes de esta historia están en posición de asumir las cosas en su exacta dimensión. En cualquier caso siempre será una alternativa resolver el ‘impasse’ exhibiendo las evidencias que puedan mostrarnos a todos que los servicios registrados ante la administración tributaria como gastos fueron reales. Lo que en ningún caso tiene sentido es enredarse en respuestas complejas o elusivas tan complicadas como demandar por vía constitucional a una fiscalía que solo está intentando aclarar hechos no explicados hasta la fecha. Menos si existen protocolos para resolver este asunto de manera más simple.

Con ello el tema, antes que un peligro de cárcel, implicaría un fuerte daño político al partido de gobierno, así como un severo cuestionamiento ético. Y todo indica que eso es lo que se quiere evitar “a lo Alan García” con una demanda de hábeas corpus planteada por la defensa de la esposa del Presidente de la República. La defensa de fondo de Heredia es que los documentos sí existen, pero que los mismos solo pueden ser exhibidos ante el Ministerio Público, debido a que los informes de las consultorías hechas pertenecen a las empresas que la contrataron, bajo cláusula de confidencialidad.

Para completar el círculo, el caso denunciado por Cuarto Poder tampoco puede ser sancionado. ¿El motivo? Las normas sobre financiamiento no tienen sanciones efectivas - como suspender o cancelar la inscripción de un partido - que desincentiven este tipo de conductas. Peor aún cuando nos movemos entre agrupaciones políticas que operan como lo describe Fernando Tuesta:

En un país de poca cultura partidaria y baja militancia, es difícil pensar que 36 y 24 partidos, hayan logrado la inscripción para las elecciones del 2006 y 2011, respectivamente, cumpliendo con los exigentes requisitos de la ley. Sin embargo, lograron su inscripción y compitieron. Aquí empieza el circuito perverso. Estos partidos carentes de organización, militancia, con tan solo algunos cuadros y un líder jefe y fundador en el que reposan todas las decisiones, obviamente no tienen recursos materiales y económicos.

Al momento de la elección, deben inscribir 130 candidatos que deban competir con cierto éxito, no solo para lograr escaños sino para apoyar la lista presidencial. Pero es obvio que habrá muchos interesados y pocos capacitados. El partido oferta así los puestos, demostrando su extrema fragilidad, volviéndose vulnerables a las diversos tipos de ofertas de personajes que vienen mayormente de fuera de la política y/o con recursos, de los que carecen los partidos. Éstos no solo no se pueden resistir, sino que los aceptan sin mayores condiciones. Aquí se origina el contrato del puesto en la lista, a cambio de recursos.

Estos partidos, así de frágiles, ¿pueden exigir algo a estos contribuyentes, que en muchos casos quieren ser anónimos? Seguramente no. La tesorería del partido (figura partidaria, creada por ley), si no es cómplice de estos tratos, es incapaz de concentrar y organizar contablemente los informes de los ingresos y egresos que se producen en las campañas electorales. Peor aún, cuando nuestro sistema electoral tiene voto preferencial, en donde cada candidato es casi un partido en sí mismo. ¿Puede realmente un partido cumplir con la rendición de cuentas, es decir, hacerse responsable del dinero partidario? Difícilmente. Si esto es así, la posibilidad del ingreso de dinero mal habido crece y el incentivo para el desarrollo de conductas corruptas, crece.

Y mientras estas reglas no cambien, partidos como el Nacionalista podrán seguir haciendo este tipo de prácticas, en total impunidad. Ad portas de una nueva campaña electoral, esta es una reforma que deberíamos abordar, en forma urgente.

(Foto: Presidencia de la República)

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Desacralicen a Haya de la Torre: Es hora de tener una discusión abierta respecto de los diversos giros y matices ideológicos de su líder histórico a lo largo de su vida.

Debatan sobre su destino ideológico: La dirigencia – sobre todo Alan– se ubica en la derecha. Parte de las bases se proclama de izquierda democrática. Y otra, más joven, asume los vaivenes de un partido populista. ¿No es momento de definiciones?

Tengan un discurso claro sobre derechos humanos: Esta semana en Exitosa, Javier Barreda rescataba la memoria de los militantes asesinados por Sendero Luminoso. Pero hace falta una reflexión sincera sobre las vulneraciones de derechos fundamentales ocurridas en su primer gobierno, así como en conflictos sociales como Bagua durante el segundo.

Limpien la casa: La estrategia aprista se centra en la victimización frente a las acusaciones de corrupción. La militancia, en privado, señala nombres de compañeros con conductas poco éticas, pero asume un espíritu de cuerpo hacia afuera. Es hora de depurar.

No toda crítica es antiaprismo: Luego de 91 años, la militancia debe asumir que la democracia implica asumir que existen cuestionamientos legítimos al APRA, frente a los que no deben responder al estilo Urresti.

Piensen en el recambio de Alan: Probablemente, la campaña electoral que se viene será la última de García como candidato. Y el partido no cuenta, hasta ahora, con un líder alternativo. ¿Esperarán al deceso del líder para construirlo?

Dudo que me hagan caso pero, de todas maneras, buen Día de la Fraternidad.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 22.02.2016)

(Foto: Perú.21)

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Para quienes son lectores habituales de este blog, saben que considero que el gobierno venezolano encarna, desde hace varios años, lo que Steve Levitsky denominó claramente como “autoritarismo competitivo”. Un tipo de régimen político que mantiene las elecciones y algunas instituciones democráticas, pero que tiene un fuerte tinte autoritario. Ir a Caracas no es necesario para conocer este tipo de gobiernos. Basta volver la vista a lo que hizo Alberto Fujimori, padre de este tipo de autocracias en la región, para saber lo que pasa por allí.

Quienes defienden aún el “proceso venezolano” se basan en los éxitos redistributivos que se tuvo con Hugo Chávez, gracias a los altos precios del petróleo durante la última década. La inversión pública fue alta y se concentró tanto en sectores sociales, como sobre todo, en subsidios para la parte más pobre de la ciudadanía venezolana. El fallecido autócrata sabía que los gobiernos democráticos anteriores habían descuidado las políticas sociales y con ello, consiguió obtener una base popular que, hasta ahora, luego de tanto desastre económico, sigue respaldando al régimen. Y, además, consolidó una “boliburguesía” que fuera el contrapeso en clases altas y medias.

Curiosamente, este rollo se parece mucho al respaldo que se daba a Fujimori. En nombre de “la pacificación y la estabilidad económica” (sobre todo en las clases altas) y el “respaldo a los beneficios de los programas sociales, las pequeñas obras y la cercanía a la población” (en sectores populares), el último de los autócratas peruanos pudo mantenerse en el poder, hasta que su gobierno implosionó.

Una segunda defensa se vincula a la oposición venezolana, vista como golpista, pituca y que, apenas llegue al poder, desactivará los “logros de la revolución”. A ello abona, sobre todo, el intento de golpe de Estado de 2002 que resultó fallido, el origen de la mayoría de los líderes opositores y el lenguaje de algunos miembros de la Mesa de Unidad Democrática.

El problema es que la actual oposición venezolana no es golpista. Por lo menos no en forma mayoritaria. Aprendieron los errores del 2002 y tuvieron un candidato bastante competitivo - Henrique Capriles - en las recientes elecciones presidenciales. Y Capriles tuvo un alto porcentaje de la votación justamente porque apostó a mantener varios de los programas sociales implementados por el chavismo, lo que por primera vez le quitó voto popular al régimen. Y, peor aún, en la actual situación económica venezolana y con el precio del petróleo a la baja, será bastante difícil mantener varios subsidios por parte del gobierno de Maduro.

Y además, la oposición termina legitimada por los atropellos del régimen. El más reciente de ellos, el arresto ilegal del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, condenado incluso por varios de los sectores de izquierda peruana que, en otras circunstancias, habrían hecho mutis en torno a otros casos en los que el chavismo hizo cosas igualmente graves (la detención de Leopoldo López, el cierre o coptación de medios de comunicación, la lista Tascón que detallaba a los opositores al régimen).

Finalmente, la oposición venezolana - y lo se porque he conocido a algunos de sus miembros - no es la caricatura derechista que algunos de sus líderes encarnan, sino que resulta más variopinta, agrupando también a sectores socialdemócratas y liberales en sus filas.

La situación venezolana es bastante complicada. Un presidente autoritario que comienza a tener aprobación bastante baja, una economía altamente dependiente del petróleo que hace agua, opositores cada vez más limitados en los espacios políticos de actuación y con la inseguridad ciudadana en niveles que dejarían a Lima casi como una ciudad de primer mundo.

Para muchos, resulta el momento de una actuación internacional más dura. Y resulta cierto que el silencio de los gobiernos latinoamericanos resulta ofensivo, pero no por ello sorprendente. Como comentaba Levitsky hace un par de años:

Los gobiernos son pragmáticos, no principistas, sobre todo en política exterior. Sus posiciones en el plano internacional se basan en varios motivos (seguridad, objetivos comerciales), pero la promoción de la democracia no es uno de los principales. De hecho, cuando los presidentes latinoamericanos toman posiciones colectivas como las de Unasur, suelen hacerlo en defensa no de la democracia sino de la autonomía de los gobiernos.

Actúan en defensa, y no en contra, de sus pares porque no quieren crear un precedente en el cual los demás países pueden meterse en los asuntos domésticos. Esa lógica los lleva a defender los gobiernos electos tumbados por golpes militares (Venezuela en 2002, Honduras en 2009), pero también a resistir la intervención externa en los procesos electorales domésticos. La declaración de la Unasur fue una decisión pragmática, no ideológica o prochavista. (¿O Piñera y Santos también son “chavistas en el fondo”?).

De hecho, esa fue la lógica que tuvieron muchos gobiernos frente a Fujimori. En un repaso hecho hace varios años por Javier Ciurlizza, las posiciones más duras frente a un gobierno autoritario como el fujimorista fueron contadas con los dedos de la mano en la comunidad universitaria. Y como bien recordó hace algunos meses Juan Carlos Tafur, Estados Unidos recién le bajó el dedo a Vladimiro Montesinos cuando ocurrió el escándalo de venta de armas a las FARC.

Resulta cierto que muchos esperaríamos una respuesta más fuerte del gobierno peruano que el tibio comunicado entregado ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello no supone una “muestra del chavismo de Ollanta Humala”, convertido en el sanbenito de cierta derecha. Simplemente implica que, una vez más, priman los intereses antes que los principios. En esa medida, en una lucha que finalmente tienen que librar centralmente los venezolanos, serán los pueblos antes que los políticos quienes respaldarán y se identificarán con la necesidad de una salida democrática para un país que requiere salir, cuanto antes, de un autoritarismo cada día más ramplón.

Finalmente, resulta curioso que algunos de los campeones en reclamar, desde Lima, la salida de Maduro, hayan aplaudido fuertemente a Fujimori. Y que, en forma opuesta, algunos de quienes marcharon contra nuestra última autocracia hoy hagan malabarismos para seguir respaldando a Maduro. Además de la precariedad de sus convicciones democráticas, la situación nos muestra una cara poco amable de los populismos (sean de izquierda o de derecha): ver el mundo en binario y, en este caso específico, a partir de una visión del mundo cercana a la que muchos tenían en la Guerra Fría. Otra consecuencia nefasta de la que, esperemos, Venezuela pueda librarse pronto, bajo cauces democráticos.

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Pocos datos se conocen hasta ahora del caso de espionaje que viene siendo procesado por el Fuero Militar Policial y que se conoció gracias a una filtración - según La República, por parte de un abogado defensor de uno de los implicados; para Hildebrandt en sus Trece, la información provino de la Marina, airada porque Humala quería seguir manteniendo el tema en reserva -.

Lo que conocemos hasta ahora es que están detenidos tres suboficiales de la Marina con viajes sospechosos al exterior, que la hipótesis que se maneja es que nos encontramos ante una red, que los hechos se produjeron entre 2005 y 2012 (dependiendo de los agentes) y que la defensa de los implicados es que la información sustraída tenía que ver con temas pesqueros. Hasta allí, los hechos.

La hipótesis que se maneja más en la prensa peruana es la presunta vinculación de estos espías con Chile, en dos posibles variantes. Augusto Álvarez Rodrich ha recordado casos anteriores en los que militares peruanos filtraban información al vecino del sur, sobre todo en épocas de tensión entre ambos países. Mientras que Juan Carlos Tafur apunta a la posibilidad de espionaje industrial a favor de empresas mapochas, en un contexto en el que dichas compañías son defendidas briosamente por su Estado (igual que Brasil).

Sin embargo, el gobierno peruano ha sido bastante prudente en señalar si es que el espionaje viene o no desde Santiago. De hecho, Humala evitó la foto patriotera con los líderes políticos y ha sido bastante escueto en sus declaraciones públicas. En la misma línea han estado tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa. Por tanto, el abanico de opciones se amplía y una investigación sería no solo debería llevar a condenar a los involucrados, sino también a conocer el móvil de la operación.

Resulta tranquilizador, hasta cierto punto, que nuestra contrainteligencia militar pueda detectar estas claras amenazas a nuestra seguridad. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el perfil del personal de inteligencia que el Estado peruano está reclutando y formando. Casos recientes de espionaje a favor de otros países, posible uso político de los servicios de inteligencia, agentes que dobletean en empresas privadas de seguridad nos hacen pensar sobre que tipo de persona se reclutan para servicios que requieren discreción por la naturaleza de su función, así como una fuerte formación ética para no desnaturalizar sus labores.

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En un país con mayor vocación institucional, la pregunta que hago en el título de este post sería ociosa. Un ministro que sale en medio de cuestionamientos por la actuación policial en un conflicto social, con una resolución fiscal que puede resolver - en cualquier momento - si será llevado o no a juicio oral por el asesinato de un periodista en medio del peor periodo de violencia del último siglo y que ha llevado el lenguaje político a niveles de deterioro y procacidad que ya superan nuestros pobres estándares, en otra parte del planeta, tendría su futuro político liquidado.

Pero claro, el señor se va, retirado gracias a una presidenta del Consejo de Ministros que por fin se empodera, y tenemos a varios reporteros gráficos a los que habría que preguntarle si conocen el caso Bustíos luego de ver esta imagen.

Sin ánimo de exculpar a los periodistas que se tomaban fotos con un acusado de asesinar a un colega suyo (y, peor aún, lo saben), el problema no solo está en la imagen que vemos arriba.

En un país del mundo que se presuma serio, sería un escándalo mayúsculo que el Presidente de la República ponga como encargado de la seguridad interna del país a un procesado por asesinato. Sin ir muy lejos, en Chile y Argentina, designaciones polémicas como esta tuvieron que ser dejadas de lado porque existía un claro mensaje político: más allá de la garantía de presunción de inocencia, un sospechoso de haber intervenido en los principales eventos de vulneración de derechos fundamentales no podía ser funcionario público.

Desafortunadamente, en el Perú no es así. Y allí se mezcla tanto una predilección por la “mano dura” efectista frente a la violencia como un menosprecio a las personas que representaron a la mayor cantidad de víctimas del periodo 1980 - 2000: los más pobres y excluidos de la sociedad peruana. De lo contrario, no tendríamos como actual alcalde de Trujillo a un procesado por encabezar escuadrones de la muerte para eliminar delincuentes. En el Perú, buena parte de nuestros ciudadanos piensan que el día que delinques perdiste tus derechos más básicos, incluyendo el de vivir. Y tampoco tendríamos a Alan García y a Keiko Fujimori como favoritos para disputar la elección presidencial de 2016. Uno, por su participación no aclarada en casos como El Frontón o la existencia de un comando paramilitar liderado presuntamente por Agustín Mantilla, o por su responsabilidad política en los sucesos de Bagua. Otra por liderar una agrupación política que sigue revindicando como “líder histórico” a un sentenciado por robo y asesinato.

Y precisamente, muchos aplauden al exministro por “ser el único que se atreve a pechar al APRA y al fujimorismo”. Comprendo y comparto muchas de las críticas que se hacen a las agrupaciones antes mencionadas. Sostengo que Alberto Fujimori y Alan García comparten el dudoso honor de ser las personas que han hecho los gobiernos más desastrosos de la historia del Perú como nación independiente. Uno por ser un criminal que lideró una organización delictiva liderada desde la cúspide de la estructura del Estado peruano. El otro por el desastre que supuso un periodo que casi nos pone al borde de la inexistencia como país viable. Y también entiendo el fastidio y la molestia ante medios de comunicación donde varios de sus periodistas entrevistan a los representantes de estos partidos sin hacerles un solo cuestionamiento o como si se sentaran en un lonche en San Antonio o La Baguette, a hablar de cosmobiología.

Pero ello, creo yo, no brinda carta blanca a un exministro que demostró, en los meses que ocupó el cargo, incompetencia, sentido del espectáculo antes que oportunidad de reformar un sector que necesita cambios a gritos, poca sobriedad y un lenguaje chabacano que empalidecería a algunos de los representantes más orgullosos de la replana y chiste colorado nacional. Menos aún con la acusación que tiene encima, tan similar a la que le achacan al líder del APRA y a aquella que hizo que el fundador del fujimorismo hoy cumpla 25 años de prisión.

Y en un país que se precie de ser serio, tampoco tendría opciones un político que solo se ha hecho conocido por su estilo campechano o por ser, en toda la regla, un troll tuitero. Como señala Pedro Tenorio, ¿alguien conoce la visión de país que tiene Urresti? No se puede ganar una elección únicamente apelando al “anti”, también tiene que existir un discurso que convenza a la gente que se es mejor que las demás alternativas. Ni siquiera en el juego de la Copa Mal Menor, al que hemos acostumbrados durante años, basta ser opositor fuerte a las principales alternativas para ganar la elección. Tiene que existir un rollo, por primario que sea, para saber a donde se quiere dirigir el país.

Vuelvo al inicio del texto y, en efecto, en otro país esta pregunta sería ociosa. Pero en aquella nación donde cualquier persona con algo de ego cree que puede cosechar algo a río revuelto, considerando que cualquiera puede sacarse la tinka presidencial, Daniel Urresti cree que ayer se inició su carrera política. Y, peor aún, hay quienes piensan que puede postular en serio.

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Hoy a las 9 a.m., en el bloque conjunto que tienen en Exitosa, Rosa María Palacios y Juan Carlos Tafur adelantaron que se venían cambios en el Gabinete Ministerial. El director de Exitosa Diario incluso se animó a dar dos nombres de ministros a salir: Daniel Urresti y Eleodoro Mayorga.

Luego de varias horas de especulaciones, el resultado final se conoce: ganó Ana Jara.

¿Por qué decimos que ganó Jara?  En primer lugar, porque logró la salida de Daniel Urresti del Ministerio del Interior. El controvertido ministro, quien nunca debió estar al frente de una cartera tan delicada con una acusación por asesinato de por medio, fue perdiendo bonos al interior del gabinete ministerial por diversos motivos.

Su caída comenzó en el momento en que pasó a convertirse en un desaforado tuitero y tuvo que ser cuadrado por dos de sus compañeras de gabinete.  Pero en su salida pesaron cuatro elementos: la proximidad de la decisión del fiscal Luis Landa sobre el caso Bustíos (antes de fin de mes), la polémica por los asesores del despacho ministerial, el costo político de los sucesos de Pichanaki y la mala relación con Ana Jara y con buena parte del equipo de ministros.  Según nos indica una fuente con llegada a Palacio de Gobierno, la salida de Urresti fue la última en decidirse.

De hecho, Urresti se va a su estilo, con este tuit:

El reemplazo de Urresti, además, es su antítesis. José Luis Pérez Guadalupe, quien se ha desempeñado correctamente al frente del Instituto Nacional Penitenciario. Es doctor en sociología y tiene un máster en criminología (ojo con el tema de política criminal). Mesurado en sus declaraciones, su nombramiento también supone un claro mensaje al fujimorismo. Pérez Guadalupe no es tragado por el sector más duro de Fuerza Popular, debido a que ha ajustado varias de las gollerías de la prisión del único reo del Establecimiento Penal Barbadillo.

Jara además gana una ministra. La salida de Carmen Omonte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables era parte de los cambios que se tenían pensados hace semanas. Según Luis Thais, secretario general de Perú Posible, ya la querían de vuelta en el partido, que queda sin representantes en el gabinete. En el haber, Omonte deja una preocupación genuina por temas de mujer y género. Dentro de sus últimas acciones, se encuentra una reunión sobre temas de la agenda LGTB, así como el apoyo a Máxima Acuña de Chaupe, maltratada por Yanacocha. En el debe, pesa la omisión de obligaciones que tuvo con una extrabajadora del hogar.

La reemplazante de Omonte, Marcela Huaita, ha sido viceministra de la Mujer en la gestión de Jara. Según indica la abogada especialista en temas de género Jeanette Llaja, Huaita es feminista, académica y ha trabajado en Manuela Ramos, una de las más importantes ong en temas de género. Abogada de profesión, era actualmente la secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es una persona que goza de toda la confianza de Jara.

Y el tercer logro de Jara es la salida de Eleodoro Mayorga. Controvertido ministro desde que se destapó el caso Interoil, logró sortear con éxito una interpelación y un voto de censura. Pero luego vinieron los destapes de nuevos concursos controvertidos, reuniones con Jorge del Castillo, visitas de varios abogados de la consultora a la que pertenece y, claro está, el caso Pichanaki.

El reemplazo de Mayorga es Rosa María Ortiz, quien también es la antítesis de Mayorga. Ortiz ha tenido varios trabajos en el sector público, sobre todo en el sector Energía y Minas. Actualmente, encabezaba el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). La nueva ministra también ha sido consultora del Despacho Presidencial. Según conoció este blog, la abogada goza del respaldo de Humala y de su esposa hace buen tiempo. De acuerdo con El Comercio, tiene resistencias de empresarios de hidrocarburos, debido a la suspensión de la licitación de lotes petroleros cuando era presidenta de Perupetro en este gobierno.

Pero el otro ganador es el Partido Nacionalista.

Daniel Figallo sale del ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de una gestión que, en líneas generales, se veía correcta, hasta que apareció el caso Belaúnde Lossio y le complicó la vida política. Era el ministro con más peligro de ser censurado en marzo próximo. Su reemplazo es el congresista Freddy Otárola, de discreto paso por el sector Trabajo y convertido en ministro multiusos. Ojo al dato: Otárola es notario y su despacho es atendido por su cuñada desde hace varios años. Ojo que el Consejo del Notariado es una entidad que depende del Ministerio de Justicia.

Finalmente, Daniel Maurate ocupará la plaza de Otárola. Y viene con yaya. Señala El Utero de Marita:

hasta hace unos minutos era viceministro de Promoción del Empleo. Militante nacionalista, abogado. Entre sus milagros está haber sido destituido de la Dicscamec tras descubrirse que adulteró su certificado de experiencia profesional. Y eso no es todo: también ha sido abogado de Jack Castillo, presunto autor intelectual del crimen del fiscal Colona en el gobierno de César Álvarez (Áncash). Este es el que más palta nos da.

Por cierto, además de su CV (glup) Maurate salió a defender, sin éxito, en varios debates, la Ley de Empleo Juvenil.

Dos cosas quedan claras: Jara se deshizo de dos piedras en el zapato (Urresti y Mayorga), gana un problema innecesario (Maurate) y tiene dos ministras conversadas con Palacio (Huaita y Ortiz). Y, finalmente, han tenido que recurrir a gente que ya estaba en el gobierno, en algunos casos (sobre todo en Trabajo) raspando el concolón.

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Hoy Nadine Heredia, vía Twitter, se mandó con las dos siguientes frases, vinculadas directamente con las acusaciones en su contra, dictadas en las últimas semanas:

Tuit 1Fotocopias “hechas”, reportajes sin verificación, dichos de socios movadef, carta astral, hoja de vida, registro d viaje de hnos, todo vale!

Tuit 2Cuando termine todo, me sentare con mis hijos para contarles q es la concentración de medios al servicio de candidaturas. Pruebas en mano.

Soy de las personas que considera que la mejor relación existente entre el gobierno y los medios está en la tirantez. Resulta normal, en toda democracia, que el gobierno se sienta incómodo ante las denuncias periodísticas y que pretenda hacer un control de daños sobre las mismas. Sobre todo, cuando las mismas están bien fundamentadas. Vean un caso reciente en Chile, donde una denuncia de la revista Qué Pasa llevó a la renuncia del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a su cargo en el Poder Ejecutivo, debido a un conflicto de intereses respecto de un préstamo solicitado al Banco de Chile.

El problema es que, actualmente, existen algunos temas que complican una relación que, de por sí, es tirante.

1. La sospecha permanente sobre el gobierno. Ollanta Humala ganó la presidencia a pesar de varios peros en su contra: cercanías al chavismo en el 2006, el caso Madre Mía, un programa original de gobierno en el 2011 que ilusionaba al sector más radical de nuestra izquierda con estatizaciones, una controvertida propuesta sobre Ley de Medios en el mismo documento y, en el fondo, la expectativa que, en algún momento, brinde un zarpazo autoritario. Sospecha alimentada con las propias ambigüedades del gobierno en varios temas, la necesidad de algunos analistas y periodistas de confirmar que “era mejor viciar o votar por Keiko antes que por Humala en el 2011″, el sanbenito aprista de “reelección conyugal”, las denuncias poco esclarecidas sobre varios casos de inconducta o posible corrupción durante los últimos cuatro años. la debilidad del núcleo gobernante y, porque no decirlo, el hecho que Humala no fuera, precisamente, el candidato favorito de los medios de comunicación durante el último proceso electoral presidencial.

2. La sospecha permanente sobre los medios. La campaña del 2011 dejó varios damnificados, entre ellos la credibilidad de la prensa en general que, en su mayoría, se la jugó por una candidata. Como indicó Marco Sifuentes, en el caso de El Comercio, esto costó críticas internas y externas y un bajón en las suscripciones, pero en general la parcialización resultó mal para casi todos. Y si bien desde varios medios - incluyendo algunos vinculados al GEC - han disparado críticas acertadas al gobierno y buenas denuncias, también se ha percibido el uso abusivo del condicional, la publicación de denuncias puestas en “paquete” con direccionalidad política y sin corroboración, fantasmas en columnas de opinión - llamar chavista, a esta altura del partido, a Humala es tan chistoso como denominarlo neoliberal - y hasta el uso de cartas astrales para el debate político. Más aún cuando las legítimas críticas a la misma señora Heredia muchas veces son acompañadas de varias de las expresiones más machistas vistas en los últimos años en la política peruana.

3. Un duo político que no sabe dar explicaciones: Si de algo adolece el matrimonio Humala Heredia es de timing para dar explicaciones y receptibilidad a las críticas. Temas que podrían haber matado a las 48 horas de ocurridos, como el tema de las cuentas de la señora Heredia, publicando todos los documentos vía web o brindando una entrevista donde se aclaren todas o la mayoría de las dudas son mal manejados. Cualquier denuncia es vista como un “capricho que no debemos atender” o que “lo responderemos a su tiempo”. Y cuando el Presidente de la República brinda entrevistas y tiene la oportunidad de aclarar varios temas, la desperdicia con respuestas poco claras.

4. La “concentración de medios” y la posición de Humala sobre el tema. La compra de Epensa por parte de El Comercio ha suscitado tanto una demanda de amparo que está pendiente de resolución como una polémica en torno a lo que será su actuación en la campaña de 2016. Para algunos, la pregunta es esta: “si en el 2011 la posición editorial de los medios de EC y Epensa coincidió contra Humala, ¿harán lo mismo a favor y en contra de un candidato en 2016?”. Y varios periodistas al interior de estos medios son conscientes que este es un tema que tendrán que enfrentar.

Y, para complicar el panorama, el propio Humala, a fines de 2013, dio su opinión sobre el tema, lo que ha enturbiado las relaciones entre el gobierno - cuyos voceros y funcionarios contratados de cuando en cuando sueltan el tema de la concentración como defensa frente a cualquier denuncia - y el GEC, que lo tiene en la mira con mayor fuerza desde aquella declaración.

5. Campaña electoral adelantada: Las denuncias contra Heredia, quien está en el punto más bajo de su popularidad, son obviamente aprovechados por la oposición. Comenta Rosa María Palacios:

La pregunta es ¿por qué el ataque? El liderazgo opositor del Apra y el fujimorismo necesita un antagonista y es probable que tanto García como Fujimori vean a Heredia como un objetivo a demoler más sencillo que su esposo porque la caída de ella no compromete la estabilidad demo­crática. Lo segundo es reducir las posibilidades de la cabeza de lista parlamentaria del nacionalismo el 2016. ¿Funciona? Por ahora, sí.

Y el gobierno, que no es manco, sale a responder en el estilo de Heredia o con las chabacanerías acostumbradas de Urresti o con algunos de sus funcionarios en Twitter tratando de tapar el sol con un dedo frente a cada acusación.

Dicho esto, ¿qué rol le corresponde a ambos actores?

Al gobierno, responder de buen grado las críticas y dudas. Dejar de atribuir a cada acusación la mano del APRA o del fujimorismo - vamos, la misma no estuvo detrás de denuncias serias como el caso Belaúnde Lossio, las aventuras de Chehade en las Brujas de Cachiche o las acusaciones contra Urresti por violaciones de derechos humanos en los 80s -. Salir a explicar cuanto antes cualquier cuestión sobre el patrimonio personal de sus funcionarios y allegados (allí hasta Blanca Rosales fue más viva que Nadine Heredia). Colocar en la congeladora a cualquier funcionario que dedica su tiempo a tuitear al gobierno de denuncias periodísticas (para eso están los ministros). Y no meterse en un tema como el debate sobre la “concentración de medios”, donde su sola palabra enturbia cualquier discusión seria sobre la materia.

Pero vamos, también la prensa tiene que reflexionar sobre su rol en estos años. Si quiere demostrar que hay corrupción en el gobierno, debe demostrarlo con evidencias concretas y no solo con conjeturas. Debe publicar lo que realmente se haya podido comprobar. Debe corroborar cada paquete que llega con evidencia, no solo para demostrar la verdad del mismo, sino también para poder desprenderse en forma más clara de las intenciones de su fuente (poco altruistas en el 95% de casos). Concentrarse más en el análisis a profundidad que en el “periodismo de declaraciones”. Separar la parte editorial de la informativa en campañas electorales. Y no llegar a extremos de frivolización como poner análisis de cosmobiólogos, noticias sobre realitys o notas web destinadas solo al clickbait fijo en el mismo espacio donde se tratan denuncias e informaciones de otro corte.

A ver si ambas partes enmiendan rumbos en esta semana. Pero tengo mis serias dudas al respecto.

(Foto: Alessandro Currarino para El Comercio)

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