Archivo de la Categoría “Uncategorized”


(Foto: Correo)

1. Legado paterno: La candidata sigue llamando “errores” a los crímenes cometidos por su padre, el delincuente Alberto Fujimori, sentenciado por comprar la línea de diarios sensacionalistas y de Cable Canal de Noticias, la entrega de 15 millones de dólares como “CTS” a Vladimiro Montesinos, ordenar la suplantación de un fiscal para sacar los videos de la casa de su exasesor, el espionaje telefónico a miembros de la oposición y periodistas críticos, la compra de congresistas tránsfugas y como autor mediato de asesinato, lesiones graves y secuestro agravado. Y, claro está, en el fujimorismo, siguen ambiguos sobre si buscarán la liberación de su “líder histórico”.

2. Vicepresidente: José Chlimper fue ministro de Agricultura en el último gabinete de Fujimori. No renunció cuando apareció el video Kouri - Montesinos ni cuando se pagó la ilegal “CTS” al exasesor. Asimismo, ha tenido frases infelices en torno a la minería ilegal y contra los trabajadores portuarios. Esta será la persona que reemplace a la señora si es que ocurre algún suceso que implique la vacancia del cargo presidencial.

3. Secretario General: Keiko Fujimori ha empoderado a Joaquín Ramírez, una persona sobre la que existen fundadas sospechas sobre el origen de su patrimonio, a tal punto que la Fiscalía de Lavado de Activos investiga el origen de su fortuna y la DEA lo investiga a él y a su familia en vinculación con un caso sonado de narcotráfico. Los dos locales centrales de Fuerza Popular le pertenecen.

4. Congreso: No solo tiene una mayoría de 73 congresistas, harto peligrosa si concentra dos poderes del Estado, sino que la trayectoria de varios de ellos tiene ya páginas judiciales y penales, así como potenciales conflictos de intereses con empresas a las que pertenecen o han defendido.

5. Minería ilegal: No solo trae a Hernando de Soto - especialista en ser la Ña Pancha de varias satrapías, incluyendo la fujimorista - sino que propone derogar la política de formalización actual, minimiza la trata de personas alrededor de los campamentos ilegales en Madre de Dios (y otras zonas del país) y, en suma, no hace una propuesta seria sobre la materia.

6. Narcotráfico: Además de las investigaciones por el caso Ramírez, su plan de gobierno no propone una política seria contra este flagelo, ni siquiera en el plano estrictamente policial. Cabe recordarse, además, los casos “narcoavión”, “narcobuque” y las conexiones de Montesinos con el narcotráfico.

7. Estudios: Si bien este caso no la mandará a prisión por haber prescrito los delitos, resulta cierto que la candidata no ha podido explicar solventemente como se financiaron sus estudios universitarios (y los de sus hermanos) en Estados Unidos, con un padre que solo ganaba, por confesión propia, 2000 soles mensuales.

8. Mentiras: Desde 1990, cuando su padre faltó tantas veces a la verdad, nunca se vio a un postulante presidencial mentir tanto en un debate presidencial. Otra de las mentiras que señaló es que, bajo la dirección fujimorista, la Comisión de Pueblos Indígenas aprobó la Ley de Consulta Previa. No solo ello es falso, sino que el trabajo de la Comisión mencionada ha sido bastante pobre.

9. LGTBI: Keiko Fujimori no se desdijo solo de su apoyo a la Unión Civil, sino que, además, firmó un compromiso con los pastores evangélicos más homofóbicos que hayamos visto en los últimos tiempos.

10. Seguridad: Su plan no solo es efectista, al proponer medidas como el retorno al sistema 24 x 24 y la declaratoria de Estado de Emergencia en Lima, sino que olvida el principal problema: una reforma policial a fondo y en serio, que reduzca al mínimo las conexiones entre oficiales y suboficiales con la delincuencia y la corrupción. Tampoco toca medidas preventivas indispensables.

11. Esterilizaciones forzadas: No solo el fujimorismo sigue negando este aberrante crimen contra cientos de mujeres en el país, sino que no propone en su plan de gobierno una política de reparaciones a ciudadanas que se vieron fuertemente vulneradas por una política de Estado emprendida por el padre de la postulante presidencial.

12. Cultura: Un plan paupérrimo, circunscrito a los aspectos patrimoniales y que solo menciona a nuestros sitios arqueológicos prehispánicos. Todo ello resulta congruente con el menosprecio a la intelectualidad y la academia que denotan varios de los representantes de Fuerza Popular.

13. Financiamiento de su campaña. Existen sospechas fundadas sobre el financiamiento de la campaña, traducida en cocteles inexplicables y off shore para aportes. A ello se suman las investigaciones sobre el patrimonio de Joaquín Ramírez y las empresas vinculadas a la familia Yoshiyama, expuestas a partir del caso Panamá Papers.

14. Signos de terror: El uso de reservistas y de “fujitrolls” son un signo de lo que puede venirse en términos de hostigamiento a opositores y personas que discrepen con las políticas de la señora Fujimori y su partido. A ello se suma lo ocurrido en Arequipa hace algunos meses, cuando apareció un video donde su propio estado mayor -Ana Vega, Pier Figari y Joaquín Ramirez- se bate a insul­tos, acusa de senderis­tas a los manifestantes y obstaculiza el trabajo de la prensa. ¿Esa es la imagen renovada que dicen representar?

15. Libertad de expresión: Es conocido que la señora Fujimori no brinda entrevistas a programas televisivos que le son incómodos, como el espacio de Juliana Oxenford en RPP y Cuarto Poder, de América Television. Asimismo, es conocido que La República y Hildebrandt en sus Trece no tienen las mismas facilidades que sus colegas para cubrir las actividades de la postulante de Fuerza Popular. ¿Señal de lo que se viene?

16. Reforma políticaQue Fuerza Popular no proponga reformas sobre esta materia no nos sorprende. Su vocación no es precisamente pro institucional.

17. Fuerzas Armadas: Si bien Fuerza Popular ha tenido coqueteos con el voto castrense, esta vez su plan pasa por tres medidas meramente declarativas, sin mayores precisiones sobre cómo van a mejorar la inteligencia, implementar el sistema de movilización y reserva (por ejemplo, ¿cómo lo van a compatibilizar con el servicio militar? ¿cómo dar mayores oportunidades a los actuales reservistas?) y mejorar los salarios y bienestar de las FFAA (sí, el mismo partido que saqueó la Caja Militar Policial).

18. Familia prófuga: Keiko Fujimori no hará el más mínimo esfuerzo por aclarar la situación legal de sus tíos, prófugos de la justicia peruana por varios casos de corrupción, más aún cuando se han acogido a la nacionalidad japonesa para evitar cualquier proceso de extradición.

19. Huecos en el plan sobre derechos humanos y lucha contra la corrupciónEn materia de derechos humanos, Keiko propuso dar mayores reparaciones a militares y policias víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000, pero rápidamente el Consejo de Reparaciones le enmendó la plana diciendo que ya venían siendo reparados. En lo que se refiere a personas con discapacidad, dijo que iba a reglamentar la ley sobre este grupo de ciudadanos, pero ya tiene reglamento desde el año pasado. También dijo que entregaría pensiones de invalidez total a personas de escasos recursos, pero esto ya lo viene haciendo el actual gobierno desde 2015. Finalmente, en materia de lucha contra la corrupción, ha propuesto que el titular de la Procuraduría Anticorrupción sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, en momento en que existe un importante consenso en que esta última institución necesita una reforma a gritos.

20. El trato a su madre: Susana Higuchi ha sido utilizada en esta campaña electoral como sinónimo de unión familiar. Cuestión más falsa que cachetada de payaso, ya que hace dos domingos nos enteramos que sus hermanos Kenji y Sachie declararon en contra de ella en el juicio de extradición por presuntas torturas ordenadas por el autócrata.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

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(El debate de anoche. Para nosotros, sin un claro ganador. Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

KEIKO FUJIMORI: ALERTAS SOBRE LA GOBERNABILIDAD

Ayer Keiko Fujimori dio claras señales de lo que sería su gobierno. Y no fueron halagueñas.

Comencemos por el plano de las ideas. Ayer la señora Fujimori no enunció ninguna. En los bloques en los que debió hacerlo, no quedó clara ninguna. Y ello resulta peligroso cuando, como hemos visto al revisar su plan de gobierno, hay varias cuestiones imprecisas, meramente enunciativas y, en varios casos, abiertamente equivocadas. Con Humala, tanto en su plan original como en su Hoja de Ruta, teníamos claras las ideas de su gobierno. Pero con la candidata de Fuerza Popular no llegamos a ello.

En segundo lugar, en lo que se refiere a ataques. Sin duda, la agresividad expresada por la postulante presidencial ha sido la principal causa por la cual muchos analistas han dado como ganadora a la señora Fujimori en el debate de ayer. Discrepamos de este enfoque. Creemos que, sin duda, la candidata mostró ansias de ganar, pero cruzó una línea de agresividad que puede llevar a que varios electores comiencen a sentir empatía con PPK.

Y ello me lleva al lenguaje no verbal empleado. Por varios momentos de su intervención de ayer, el rictus de la señora Fujimori recordaba a su padre. Cuando se enojaba y cuando atacaba era Alberto Fujimori. Con todo lo que ello conlleva.

Finalmente, hay dos problemas adicionales: mentir descaradamente como lo hizo - vean el post de Ojo Público al respecto - y, sobre todo, la serie de promesas que ha enunciado en esta segunda vuelta para tratar de contentar a todo el mundo. Este último caso le puede generar tantos conflictos sociales como los que no supo manejar Ollanta Humala. Y hasta ahora, la postulante de Fuerza Popular no ha dado muestras sobre cómo va a encararlos.

En suma, se nota claramente que la señora Fujimori quiere ganar, pero que no sabe que hacer de llegar a Palacio de Gobierno en julio próximo.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI: ALERTAS SOBRE LA CAMPAÑA

Muchos reclaman que “PPK no quiere ganar” porque no recuerda, durante las 24 horas del día, todos los aspectos negativos de su contrincante, es decir, tanto la mochila de los noventa como aquella que Keiko ya comienza a tener luego de cinco años de congresistas cuestionados en su haber. Lo acusan de fujimorista encubierto, que no quiere ganar o que mucha de su gente finalmente se irá con Keiko.

El tema es que PPK no será ese opositor a lo Toledo o a lo Humala. Y no por afinidades con el kimono. Si no por su carácter. El estilo político del postulante de Peruanos Por el Kambio no es un confrontador, sino un hábil negociador y componedor. El problema es que, en esta pelea, justamente se requiere ello: ánimo beligerante o, al menos, mostrar que se tiene, sin llegar a los extremos exhibidos por la señora Fujimori anoche.

PPK lo tuvo por momentos anoche, sobre todo, en los bloques cuarto y quinto del debate de ayer. Y haciéndolo con muñeca de equilibrista porque también a él le podría ser contraproducente atacar demasiado duro a una candidata mujer (de hecho, en la campaña de Humala la confrontación fue más a las ideas que a la propia postulante).

Pero quizás el tema no tenga que ver con antifujimorismo. Es decir, a esta altura, incluso hasta la izquierda más orgánica, que se resistía a ello, va a tener que votar por PPK (aunque deberían ser explícitos y expresarlo sin culpa, sobre todo, si se trata de emitir un voto por lo que consideran sería salvar a la patria). Creo que la situación pasa también porque el candidato muestre un mensaje de futuro. Por momentos, PPK enunció ese relato, en tono profesoral, pero también mucho más empático, anoche: mis padres fueron migrantes y me crié en Iquitos y Puno. Estos son los gestos que deben ayudar a conectarlo más con la gente, sobre todo, porque su rival va a querer confinarlo al esquema de “gringo plutócrata e intelectual desconectado de las necesidades populares”.

Asi que, sin dejar de lado el flanco antifuijimorista, se requiere un candidato que pueda atender a varias necesidades sin dejar de ser él. Enfatizar más el tema del agua, contar más su historia personal, mostrar que sí tiene una seria preocupacion (y un plan) por el tema de la seguridad y, sobre todo, reforzar su conexión con la gente. Las giras en provincias, con mensajes claros, deben ser el norte de su campaña.

Es hora que el tecnócrata deje paso al político. Más que ponerse el alma, es hora del overol, Pedro Pablo.

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Buena parte del éxito electoral fujimorista se sostiene sobre una premisa: su líder venció al terrorismo. Incluso varios detractores del expresidente encarcelado la comparten. Pero, siendo rigurosos, esta afirmación es falsa.

Comencemos por el hecho fundamental: la captura de Abimael Guzmán. Fujimori se encontraba pescando en Loreto al momento de la misma y no conocía del operativo a cargo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). El Grupo, para ser exactos, fue creado en el primer gobierno de Alan García. Fujimori lo disolvió pocos meses después de su mayor éxito.

En 2010, Gustavo Gorriti reveló que el gobierno fujimorista frustró un operativo para atrapar a la cúpula senderista en 1990, gracias a un papel filtrado debajo de la casa de San Borja donde vivían. Todas las fuentes consultadas por el periodista indican que la acción policial fue interrumpida por una “orden superior”.

Asimismo, la derrota senderista en el campo se debió tanto a la acción de los comités de autodefensa, que comenzaron a ser armados por la primera administración aprista, como por el cambio de estrategia del Ejército, que pasó a tener una mejor relación con los ciudadanos a partir de 1989. Por eso, Sendero intensificó sus acciones en Lima.

¿Y la legislación antiterrorista dictada luego del golpe de 1992? Muchas normas fueron derogadas en 2003 por una sentencia del Tribunal Constitucional, por ser incompatibles con las garantías del debido proceso. Por ello, a mediados de la década pasada, en democracia, se realizaron juicios impecables con penas altas para los subversivos. Y la Ley de Arrepentimiento, implementada sin controles, generó tanto el problema de los inocentes en prisión – resuelto a partir de 1996 – como perjuicios posteriores para quienes tuvieron una colaboración coaccionada con el terrorismo.

¿Qué queda, entonces, como estrategia propia? El Destacamento Colina, que no solo llevó a prisión a Fujimori, sino que, además de vulnerar los derechos humanos, fue poco efectivo para la derrota de la subversión.

Ahora puede entender, estimado lector, porque quienes tratan de rebatir la hipótesis fujimorista son atacados como “pro terroristas”. Pero, al final, la verdad nos hace libres.

(Foto: Peru.com)

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En el último año, 8 personas fueron asesinadas en razón de su orientación sexual. Todas en espacios privados. La mayoría, con gran crueldad.

Se registra violencia sistemática, por parte de la Policía Nacional y el Serenazgo, contra las mujeres trans. Ello puede ser caracterizado como tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

Durante 2015, se registran 8 casos de violencia familiar contra ciudadanos LGBTI. Casi todos cometidos por sus progenitores.

28 casos de discriminación por orientación sexual fueron reportados en el último año. En su mayoría, se han dado en lugares de entretenimiento.

Las normas sobre educación sexual no contemplan orientaciones para abordar la discriminación por orientación sexual en las escuelas.

Solo 6 planes de gobierno incluyeron la problemática LGTBI.

7 candidatos abiertamente LGTBI participaron en el proceso electoral 2016. 2 de ellos fueron elegidos: Alberto de Belaúnde y Carlos Bruce.

El Perú es uno de los pocos países en Sudamérica que no brinda ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo.

Que los derechos de todos sean reconocidos debe ser una lucha de todos.

¡Igualdad, ya!

(La mayoría de datos han sido extraidos del Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2015-2016, preparado por la Red Peruana LGTB y Promsex)

(Foto: Canal N)

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(Foto: América Televisión)

La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo, creado en 1993 y en funciones desde 1996. De acuerdo con nuestra Constitución, sus funciones son defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Esta institución cumplió un destacado papel en defensa de los valores democráticos durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, cuando existían serias amenazas a los principios básicos de separación de poderes y a las garantías constitucionales básicas. Ha cumplido labores de observación y seguimiento de los procesos electorales durante las últimas dos décadas.

La Defensoría del Pueblo tuvo un rol central para evitar que la justicia militar continúe procesando graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, así como para que la Ley de Amnistía dictada en 1995 sea declarada como incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tuvo un rol fundamental en la Comisión Ad Hoc que tramitó los indultos a los inocentes encarcelados por terrorismo. Colaboró con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se convirtió en depositaria de su legado documentario y sigue el cumplimiento de sus recomendaciones.

Entre otras acciones destacadas, fue la primera institución pública que denunció las esterlizaciones forzadas contra cientos de mujeres en la segunda mitad de la década de 1990, cumplió un papel importante para la aprobación de la Ley de Consulta Previa y se preocupa por los derechos de grupos especialmente vulnerables, como los migrantes a nuestro país, las víctimas de trata de personas, los ciudadanos LGTBI, entre otros. En este último caso, según me indicó el propio Defensor del Pueblo hace mes y medio, se sacará un informe especial en torno a los casos de violencia y discriminación que sufre este grupo de peruanos.

En dicho diálogo con Eduardo Vega Luna, me dijo lo siguiente, cuando le pregunté por su prolongado interinato:

La Defensoría cumple veinte años y solo en diez de ellos ha tenido defensores titulares. La mitad de la vida de esta institución ha estado dirigida por mandatos interinos. Esto no es casualidad. Estamos frente a una clara dificultad que tiene el Congreso de la Republica para elegir al titular de esta institución. Ello no tiene que ver con la forma de elección, donde se busca un consenso amplio. Lo que hubo ahora, como lo demostró la “repartija” de 2013, es un ánimo de copar este puesto por parte de algunos partidos políticos.

Precisamente, todas las acciones que hemos reseñado arriba son las que, a mi modo de ver, vuelven “atractiva” la Defensoría del Pueblo para una repartija. Una institución estatal que se vuelve incómoda para todas las demás.

Ayer, Vega Luna no alcanzó los votos suficientes para ser elegido como Defensor titular. Tampoco obtuvo la votación necesaria el exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones, Gastón Soto Vallenas, cuya trayectoria, como indicó el IDL hace unos días, tenía luces y sombras. La votación, por cierto, fue secreta, lo que no nos permitió saber quienes fueron los parlamentarios que se abstuvieron en ambas candidaturas.

Si bien el presidente del Congreso, Luis Iberico, indicó que se presentarán nuevas propuestas en 10 días, se corre el severo riesgo que la próxima conformación del Congreso, con mayoría fujimorista, pueda elegir al nuevo Defensor del Pueblo, así como al miembro del Tribunal Constitucional que falta. Decimos riesgo pues, con su importante bancada obtenida, se puede colocar a alguien afín o bloquear a una persona con destacada trayectoria en la defensa de derechos fundamentales.

Y dado que a los congresistas no les importa quien entre a dirigir a esta institución, es hora que la ciudadanía se los haga sentir.

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(Foto: Peru.21)

La denuncia contra el secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se ha complicado aún más, tanto por los hechos nuevos conocidos en las últimas 48 horas, como por la pobre capacidad de respuesta del fujimorismo.

Ayer, el portal Ojo Público presentó un completo reportaje sobre Miguel Arévalo Ramírez, presunto narcotraficante que es el motivo central de las indagaciones de la DEA que han terminado impactando en el actual congresista naranja. Hoy, La República da mayores detalles sobre la investigación que, en Lima, se sigue contra Ramírez y su familia por presunto lavado de activos. Mientras que El Comercio presenta las empresas del parlamentario que se encuentran bajo indagación. A ello debe sumarse, además de los antecedentes ya conocidos, la denuncia presentada por Hildebrandt en sus Trece hace unas semanas, en torno a las propiedades del empresario en Florida.

Pero si el caso, en sí mismo, ya resulta complicado, se ha puesto aún peor por la reacción que ha tenido Fuerza Popular frente a su secretario general. Ramírez ha apelado al argumento racial - “soy un cholo con plata”, la amenaza judicial de querellar a los periodistas que presentaron la nota y la victimización. Keiko Fujimori se ha cuidado de decir que “no aporta mucho a la campaña en términos económicos”, lo que ya ha sido rebatido por Ojo Público anoche. Y ninguno de los voceros fujimoristas ha enunciado la palabra separación como posibilidad.

La pregunta que muchos se vienen haciendo es: ¿por qué Fuerza Popular protege tanto a Ramírez? La opción más mentada en Lima se vincula con la logística que el empresario dota a la candidata Fujimori, consistente en camionetas, locales centrales y aportes en efectivo. Y ello salpica aún más a la agrupación, considerando las sospechas existentes sobre la licitud de los fondos que maneja el congresista.

Pero el problema para Keiko Fujimori no solo se vincula con el caso en sí mismo, sino con lo que demuestra sobre su capacidad para el manejo de crisis. Lo ocurrido con su hombre de confianza es solo una muestra de lo que tendría que enfrentar en el gobierno. Y lo visto hasta ahora demuestra tanto un blindaje peligroso como una carencia de reflejos que nos lleva a concluir que la capacidad política de la señora Fujimori ha sido sobrevalorada.

Y, como dice Luis Davelouis:

Querido fujitroll, sospechando de dónde viene la plata con la que pagan tu táper de arroz, ¿estás seguro de que quieres seguir haciendo lo que haces?

Es hora de responder.

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(Joaquín y Osías Ramírez flanquean a Keiko. Foto: Exitosa)

A esta altura de la mañana, todos comentan la bomba periodística que explotó anoche, en simultáneo, en Univisión y Cuarto Poder: un informante de la DEA grabó a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, señalando que Keiko Fujimori le habría entregado 15 millones de dólares para lavarlos. La DEA confirmó que Ramírez viene siendo investigado en Estados Unidos por este tema.

Si ya la noticia, en sí misma, es bastante fuerte, hay que tomar en cuenta dos elementos adicionales: las diversas acusaciones sobre conexiones entre el gobierno fujimorista y el narcotráfico - casos narcoavión, narcobuque y las conexiones de Vladimiro Montesinos con capos de la droga - así como la investigación que ya tenía Ramírez abierta en el Perú por presunto lavado de activos.

Las respuestas del fujimorismo han oscilado entre la teoría de la conspiración, la victimización, el descrédito hacia el periodista Gerardo Reyes - encargado de la investigación - y el desconocimiento. Luego de ver estas reacciones, creemos que la candidata Keiko Fujimori debería responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Conoce usted la procedencia del patrimonio de Joaquín Ramírez, considerando que aportó 125,000 soles en la campaña de 2011 y, en época no electoral, colocó S/ 48,627.25 en Fuerza Popular?

2. ¿Puede decir que no conoce el patrimonio del congresista Ramírez cuando sigue utilizando los inmuebles de la avenida Arequipa y El Bucaré, registrados a nombre de empresas del secretario general de su agrupación, para las reuniones de coordinación de Fuerza Popular?

3. La señora Fujimori dice que tiene filtros para seleccionar a sus colaboradores. Entonces, ¿por qué acogió a Ramírez, que ya tenía una sentencia condenatoria suspendida por delito contra la fe pública en 1999?

4. ¿Puede decir que el periodista Gerardo Reyes hizo un “informe de mala leche” contra sus suegros, cuando el propio Marc Villanela reconoció que su padre fue condenado por evadir impuestos?

5. En su plan de gobierno indica que una de las acciones a ejecutar en su plan de gobierno es “Realizar labores de inteligencia para detectar y combatir las fuentes y los flujos del financiamiento de las organizaciones criminales, especialmente aquellas actividades que inciden en el lavado de activos”. De ganar, ¿la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá autonomía para seguir con las investigaciones a Ramírez?

Es hora de responder, señora Fujimori.

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(Hector Faisal, condenado por recibir dinero del SIN para difamar vía Internet. Foto: Twitter de Ángel Páez)

En 1999, el puñado de periodistas independientes que publicaba investigaciones contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori descubrió una página de la autodenominada Asociación Pro Defensa de la Verdad, dirigida por el astrólogo argentino Héctor Faisal. La web recopilaba todo el contenido estercolero que vertían los diarios sensacionalistas contra los opositores al régimen. Diarios que, como sabríamos tiempo después, eran pagados por el SIN.

Incluso, la página de APRODEV se enlazaba con páginas web que ensalzaban a Vladimiro Montesinos:

(Foto: Caretas)

Caído el régimen de Fujimori, se descubrió que Faisal también era pagado por el gobierno y fue sentenciado a tres años de prisión por asociación ilícita para delinquir y peculado.

Más allá de la conducta delictiva, se denotaba ya un modus operandi: el uso de Internet para atacar a quienes hicieran críticas al fujimorismo.

Desde hace algunos años, un conjunto de cuentas en Twitter y Facebook, a las que en jerga de Internet se denominan como “trolls”, se han dedicado, en forma sistemática, a atacar a quienes reunían las siguientes características: a) recordar los delitos del gobierno de Alberto Fujimori y/o criticar las propuestas y compañías de Keiko Fujimori, b) promover la despenalización del aborto (sea integral o en algunas causales), c) estar a favor de la unión civil de parejas del mismo sexo o del matrimonio igualitario, d) aprobar en todo o en parte la actual Ley Universitaria, e) Todas las anteriores.

No se puede afirmar que esta acción se realiza en virtud de un pago, pero sí es claro que se trata de cuentas que se retuitean constamente y que son rebotadas por periodistas que comparten su línea de pensamiento. El problema, por cierto, no está en su conservadurismo, sino que para hacerlo hacen gala del insulto, la diatriba y contenidos que tranquilamente podrían ser analizados por un juez para ver si incurre en algún ilícito penal y, peor aún, amparados por el anonimato.

Durante las últimas horas, la cuenta @fujitrolls ha comenzado a revelar la identidad de quienes se colocaban detrás de un seudónimo para atacar periodistas, personajes públicos y, en general, a cualquier persona que criticaba sus causas. En algunos casos, han aceptado la identidad y han continuado con los insultos. En otros, luego de las revelaciones, optaron por las disculpas compungidas.

Esta semana, Desde el Tercer Piso accedió a información que nos indica quien es otro de los personajes que se encuentra detrás de una de estas cuentas: @uterodemarquito. Cuenta que, al revisarse su TL, ataca a todas las personas que cumplen todos los requisitos arriba señalados

(Carlos Polo Samaniego, conocido en las redes como Utero de Marquito. Foto: Utero.pe)

DEL LOBBY PROVIDA, ANTIGAY Y ANTILEYUNIVERSITARIA AL TROLLEO EN REDES SOCIALES

De acuerdo a la información obtenida por DTP, dos exintegrantes del Sodalicio de Vida Cristiana señalan que la persona que maneja la cuenta @uterodemarquito es Carlos Polo Samaniego. Un personaje que ya ha aparecido en medios de comunicación, alentando causas conservadoras. Estas dos personas, que han preferido mantener su identidad en reserva, han señalado que Polo se ha jactado en privado de sus insultos en redes sociales.

De acuerdo con los exsodálites, Polo Samaniego no es un miembro pleno del Sodalicio, sino un adherente a dicha institución. Es antropólogo de profesión y, de acuerdo a las mismas fuentes, cercano a Alejandro Bermúdez, miembro del SCV y director de Aciprensa, una web católica conservadora desde la cual se ha atacado constantemente - hasta antes de la caída en desgracia de Luis Fernando Figari - a quienes han denunciado los abusos en dicha institución católica, como a quienes defienden la Teología de la Liberación, la despenalización del aborto y el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Polo es el principal dirigente en América Latina del Population Reaserch Institute. Según su página web, esta institución tiene estos objetivos:

Objetivos

  1. Erradicar el Mito de la Sobrepoblación
  2. Denunciar los abusos a los derechos humanos en los programas de control natal
  3. Cortar Fondos de las organizaciones dedicadas a promover el aborto y el control natal
  4. Promover la Vida impulsando iniciativas propias y de organizaciones afines.

Aquí se puede ver a Polo junto a otros activistas provida irrumpiendo en la presentación de un libro de Promsex:

En efecto, Polo ha participado como opositor a las iniciativas de penalizar el feminicidio. Así lo registra el blog Pastores y Líderes, donde también aparece esta foto posterior al debate sobre este tema en el Congreso de la República junto al actual congresista Julio Rosas y al pastor José Linares, promotor de la revocatoria contra Susana Villarán y uno de los líderes radicales que estuvo junto a Keiko Fujimori en la suscripción de un compromiso con el ala más conservadora de los evangélicos.

(Foto: Blog Pastores y Líderes)

Esta alianza también se presentó contra la Unión Civil. Como registró la periodista Danae Rivadeneyra en 2014, Polo participó en el recojo de firmas contra la Unión Civil liderado por el pastor Rosas e intervino en reuniones vinculadas al PPC:

Hace unas semanas Raúl Castro, presidente del PPC, y Rafael Santos, alcalde de Pueblo Libre y frustrado candidato municipal por el mismo partido, participaron de la “Reunión Extraordinaria Contra el Proyecto de Unión Civil Gay”. Esta no era la primera vez que se reunían. Ya el año pasado se había producido un encuentro entre Castro, el pastor Linares y Carlos Polo –señalado como lobbista de la facción ultraconservadora de las universidades católicas en el tema de la nueva ley universitaria.

(Carlos Polo, Raúl Castro y el pastor Linares, junto a dos personas no identificadas. Foto: Utero.pe)

Por cierto, Polo Samaniego es militante del Partido Popular Cristiano. Aunque sus simpatías reales parecen ser más naranjas. Como ha registrado la periodista Laura Grados en octubre de 2015, Polo apareció como aliado del congresista Rosas en una iniciativa para apretar la fiscalización a las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos reproductivos:

El director de la Oficina para América Latina Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, cuestionó la injerencia de la PPFA. “La información confirma que las campañas abortistas en el Perú se originan en Nueva York en la oficina central de Planned Parenthood. Las autoridades deberían controlar estos ingresos porque estas actividades no tienen nada que ver con la cooperación internacional, sino que son intervenciones de reingeniería social”, afirmó a ACI Prensa.
Polo se hizo conocido en el 2014 en una denuncia de corresponsales.pe, en donde se le acusó de cobrar 114 mil soles por gestionar los intereses de las universidades que quieran “bloquear” la nueva ley universitaria.
En la página de Facebook del congresista Jaime Delgado, existe una publicación del 19 de marzo del 2013 con fotos de una reunión en el Parlamento con representantes de la empresa estatal Sedapal. Allí figuran Polo y Sergio Burga Álvarez, ambos con el cargo de “coordinadores parlamentarios de Sedapal”. Ese mismo mes se realizó la Marcha por la Vida, convocada por grupos católico para oponerse a la aprobación del protocolo de aborto terapéutico y auspiciada por la empresa del agua. El congresista Rosas apareció en el estrado junto con los impulsores de la protesta.

En efecto, Sedapal auspició la Marcha por la Vida de 2013. Según pudo conocer este blog, el entonces presidente de la empresa estatal tiene vínculos familiares con un conocido dirigente del Sodalicio de Vida Cristiana.

Pero Polo no se queda solo en los temas religiosos. Según el portal Corresponsales.pe, intervino como lobbista contra la Ley Universitaria. Así lo registró Aramis Castro:

Días antes de recordarle a Polo su situación irregular al no estar inscrito como lobista en registros públicos, Corresponsales.pe lo llamó por primera vez para saber en qué consistían sus servicios, pero dada la naturaleza del tema, decidimos encubrir nuestra identidad haciéndonos pasar como representantes de una universidad evangélica. En estos fragmentos del diálogo, Polo describe su servicio:

Polo: ¿Esta universidad es católica o evangélica?

Corresponsales.pe: Es evangélica.

Polo: Me recontra interesa hablar con usted porque justo este es el momento en que se van a decidir las cosas (…) Las universidades católicas ya se han unido a un bloque, yo te recomendaría que puedas buscar alguna otra universidad evangélica. Las universidades ya constituidas están absolutamente alarmadas porque esta ley les va a quitar el control de la universidad. Lo que puedo hacer es analizar tus objetivos con un grupo de abogados y sobre eso te hago una propuesta, que es lo mismo que he hecho con las universidades católicas con las que estoy trabajando desde diciembre. Logramos que no salga la legislatura pasada. (Nota: entendemos que Polo sugiere que influyó para que el dictamen de la Ley Universitaria no sea debatido en el pleno del Congreso al cierre de la última legislatura).

Corresponsales.pe: Entiendo, Doctor (…)

Polo: (…) Hacemos un contrato, establecemos un monto y, digamos, esto lo he conversado con algunos otros clientes, no de las universidades, pero con algunos otros clientes por otros asuntos del Congreso, que cobro una cantidad por hacer mi trabajo, y puedo cobrar un bono de éxito. O sea, si se logra parcialmente uno de tus objetivos, se cobra una cantidad menor, o lo que sea. También se estila eso.

(Descargue audio completo)

Una fuente que pidió no ser identificada nos entregó un documento de 4 hojas que, supuestamente, detalla los servicios de Polo y su tarifa: S/.114 mil entre febrero y julio de 2014 por universidad. El documento no está firmado y es sólo un indicio. Sin embargo, Corresponsales.peconversó con algunas autoridades que afirmaron conocer o haber oído hablar de Polo como alguien que estaba colaborando, y que se los había presentado un representante de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, universidad del ultraconservador grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana. Corresponsales.pe intentó comunicarse con su rector, el Dr. Germán Chávez, pero evitó pronunciarse sobre el tema.

LA INTERVENCION EN LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LOS TUITS OFENSIVOS

Pero Polo también intervino en esta campaña electoral. Aquí se le puede ver como integrante de la reunión del colectivo conservador Las Parejas Reales con el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Las Parejas Reales cuenta con cuentas en redes sociales con un lenguaje bastante ofensivo en contra de la comunidad LGTBI:

(Foto: Las Parejas Reales)

Una vez que los voceros de PPK deslindaron con la agenda conservadora de LPR, Polo se despachó con el siguiente tuit ofensivo:

Y de hecho, Polo menciona a su cuenta alterego en su TL, como se puede ver en estas capturas de pantalla:

Como puede revisarse en el TL de la cuenta @uterodemarquito, entre los atacados por la misma se encuentran los periodistas Rosa Maria Palacios - incluso con alusiones familiares -, Luis Davelouis, Marco Sifuentes, Augusto Álvarez Rodrich, Paola Ugaz, Daniel Titinger, Claudia Cisneros y Pedro Tenorio. También han sido injuriados la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz, los exprocuradores Ronald Gamarra y Julio Arbizu, el congresista electo Gino Costa, el actor Jason Day, entre otras personas, incluyendo al editor de este blog.

Para defender sus causas, Polo tampoco duda en acudir a otros trolls para que lo apoyen:

ALGUNAS PREGUNTAS FINALES

Esta ligazón entre causas conservadoras y trolls en Internet no son nuevas. De hecho, “Mar Mounier”, cuya identidad fue revelada ayer en redes sociales, apareció en un video contra el aborto junto a otros conocidos conservadores, incluyendo al sacerdote Luis Gaspar, cercano al cardenal Juan Luis Cipriani y al congresista Rosas. ¿Sabián ellos la identidad real de la tuitera?:

(De hecho, este video ya había tenido problemas, por la inclusión, sin su autorización, del cantante William Luna)

Dicha persona ha sido entrevistada por los periodistas Diana Seminario y Philip Butters, quienes también tienen esta misma agenda y presentada como “Mar Mounier” ante el público. Cuando desde mi cuenta en Twitter le pregunté a ambos comunicadores sobre sí tenían conocimiento de la real identidad de esta persona, no emitieron pronunciamiento alguno.

Ahora que se evidencia esta ligazón entre movimientos conservadores y trolls en Internet, ¿pueden deslindar los activistas de este tipo de iniciativas con estas personas que emiten contenido que tranquilamente calificaría como un delito según el Código Penal?

Finalmente, hay una interrogante dirigida al fujimorismo. Hace cuatro años, la candidata Keiko Fujimori hizo Follow Friday - recomendación de viernes - a varias cuentas en Twitter. Entre ellas habían personas que, con nombre y apellido, la habían elegido como opción frente a Ollanta Humala en 2011, lo que es un derecho legítimo, más allá de las discrepancias. Pero también lo hizo con cuentas trolls, como @uterodemarquito o la manejada por “Mar Mounier”, entre otras, como se puede ver aquí:

Y al ver esta relación, surge una pregunta final: ¿Cuántas de estas cuentas tienen vínculos entre sí? El semanario Hildebrandt en sus Trece apuntó la semana pasada a una portátil digital. Habrá que ver si es que las evidencias confirman esta hipótesis. ¿Podrá la candidata Fujimori negarla?

ESTE POST HA SIDO ESCRITO EN COLABORACION CON LA PERIODISTA PAOLA UGAZ

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(¿De que se sonrien? Foto: Trome)

Las ideas de Hernando de Soto y adoptadas por Keiko Fujimori en torno a la minería ilegal y al tratamiento de los conflictos sociales son un peligro.

No estamos siendo alarmistas. Lo que se puede venir en esta materia es bastante complicado. Y aquí pasamos a explicar las razones.

(Así la minería ilegal desvía el cauce del rio Malinowski. Foto: El Comercio)

DE SOTO Y LA MINERIA ILEGAL EN MADRE DE DIOS

La imagen que ven arriba fue publicada hoy en El Comercio. Para que vean lo grave de la situación, esta es la explicación de Francesca García para el mencionado diario:

El puente de agua que parece unir lo que antes fueron curvas en un tramo del serpenteante río Malinowski, en Madre de Dios, no es una formación natural sino el resultado de la acción devastadora de dragas fluviales y otras maquinarias que usan los mineros ilegales en esta parte de la selva. Ellos, en su búsqueda frenética de oro, han desviado el curso de uno de los principales ríos de la región, que además marca el límite natural de la Reserva Nacional de Tambopata.

Como ya es conocido, De Soto hace tiempo propone una alianza con los mineros informales e ilegales. Keiko también lo ha hecho. Pero hay dos datos que deberían ponernos alertas. El primero fue mencionado en este blog: el virtual congresista por esta región es Modesto Figueroa Minaya, a quien se vincula a esta actividad ilícita. La República, hace algunas semanas, encontró que:

Otro candidato fujimorista, Modesto Figueroa Minaya, esta vez de Madre de Dios, tuvo que pagar una reparación civil de 100 mil soles en el 2013 luego de que muriera un motociclista en un campeonato de mototaxis que Figueroa organizó, pese a que la competencia no tenía autorización municipal ni regional, ni contaba con las garantías.

El segundo es esta foto de Luis Otsuka, actual gobernador regional de Madre de Dios, con De Soto.

(Foto: Facebook Luis Otsuka)

Es conocido que la principal autoridad de la región tiene vínculos con la minería ilegal. Así los resumió Utero.pe:

  • Hasta hace poco era el presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, la más poderosa organización sindical de esta región. Otsuka lideró el paro que duró 22 días en contra de los decretos legislativos del Ejecutivo para detener la minería ilegal.
  • “El gobierno debe reconocer que se equivocó, por tanto debe modificar el marco normativo que haga viable la actividad minera”, dijo a Inforegión después de casi confirmarse su triunfo.

Por si fuera poco, De Soto dio estas declaraciones al periodista Enrique Castillo el domingo pasado sobre la trata de personas y la minería ilegal:

HDS: La segunda cosa es ¿cómo vamos a lograr que esa gente que está trabajando en condiciones en las que es fácil acusarlas de una cosa u otra? Yo no se cuantos prostíbulos hay alrededor de los ministerios peruanos, tal vez tres o cuatro, el hecho que haya prostíbulos no quiere decir que la gente utiliza todos estos prostíbulos.

EC: Pero los mineros informales, sí.

HDS: No. Yo no creo, Enrique, que tu vas a poder decir que hay 80,000 mineros ilegales en el Perú que fornican en lugares donde hay menores de edad.

EC: ¿A quien le llega esa clientela si no son mineros ilegales de esa zona? Mejor dicho, ¿a quien le llevan a esas menores para que tengan esa clientela?

HDS: El problema, Enrique, es saber donde son y donde están. (Y luego volvió al rollo sobre formalidad)

Y como olvidar la frase “hay dragas y dragas” del vicepresidente de Keiko, José Chlimper.

(Si yo derroté a Sendero, ¿como queda tu papá? Foto: El Comercio)

EL SENDERO VERDE

En una muy buena entrevista en EC, el periodista Gerardo Caballero logró obtener estas respuestas de Hernando de Soto:

— El año pasado, usted tuvo una reunión para hablar de minería informal con ex terroristas, y Keiko Fujimori es intransigente con quienes tienen este tipo de vínculos. ¿Cómo se concilian estas dos posiciones?
No, yo no diría eso de Keiko. Si no, no estaría acá conversando con usted.

— ¿Usted cree que ella se sentaría a una mesa con ex terroristas?
Yo creo que sí. Hay varios tipos de ex terroristas. Están los chicos malos del Vraem: yo tampoco me reuniría con ellos. Están los del Movadef, que quieren soltar a Abimael Guzmán, yo no he hablado con ellos. Con los que yo he hablado son, vamos a darle un nombre, ‘sendero verde’: son ex terroristas que ya han cumplido sus penas. No tienen armas. Todos son ecologistas.

¿Ya no creen en la lucha armada?
Se han dado cuenta de que no pueden ganar. Lo que han hecho es organizar movimientos ecológicos, que son los que han parado Conga y Tía María. Ya no son violentos, pero que tienen vocación política o una voluntad de ayudar a los más pobres. Es un tiempo distinto, una estrategia distinta. Yo he hablado con Keiko al respecto.

Las polémicas declaraciones del asesor de la candidata Fujimori auguran cuatro problemas:

1. La visión del economista sobre el combate a la subversión va contra la línea dura del fujimorismo. Hace un par de años, De Soto publicó un artículo en The Wall Street Journal donde expuso sus ideas sobre el combate a ISIS, en forma analoga a como él vende en el exterior como la “forma en la que derrotó a Sendero Luminoso”: derechos de propiedad. Si la idea ya es controvertida (como veremos a continuación), se da de patadas con la tradicional línea dura del fujimorismo en esta materia. Así lo explica El Comercio:

Preguntada si se reuniría con senderistas que dejaron las armas y cumplieron sus condenas, respondió: “Tenemos que conversar con todos. Lo que he dicho es que busco la unidad y una verdadera reconciliación entre peruanos. Esa reconciliación implica hablar con todos”.

Sin embargo, Keiko Fujimori dijo que conversará con Hernando de Soto “para exactamente entender a qué se ha referido”. “No voy a hacer ningún comentario para, digamos, no entrar en discrepancias con el economista”, añadió.

2. ¿De verdad la titulación ayuda a vencer al terrorismo? Este es un planteamiento que De Soto ya ha dicho en otras ocasiones. Tanto contra Al Qaeda como contra Sendero Luminoso. Y ya ha sido rebatido. Explica el politólogo Eduardo Dargent:

Primero, en la versión presentada no existen otros factores que expliquen el resultado, factores que, en mi opinión, son mucho más importantes que las reformas mencionadas, y a los que solo se alude como una consecuencia, un derivado, de su historia. No se menciona el cambio de estrategia militar de fines de los ochenta, que acercó a los militares a la población y que modificó las tácticas antisubversivas adoptadas hasta entonces. Tampoco se señala que el ejército ya coordinaba con las rondas desde antes de su reconocimiento formal. No se dice nada sobre el papel jugado por la inteligencia policial. Esta es una historia con una sola causa; las demás, mucho más plausibles para explicar el desenlace, son invisibles.

Segundo, es absurdo señalar que la razón por la que las personas se opusieron a Sendero es principalmente por ser propietarios. Una explicación más intuitiva pasa por señalar lo obvio: las personas se defienden cuando las quieren matar o esclavizar. Campesinos y microbuseros se opusieron a Sendero, como señala el suplemento dominical, pero no principalmente en defensa de su propiedad, sino en defensa de sus vidas. Y si se trata de propiedad campesina, ¿por qué es más relevante el reconocimiento al que apela De Soto en los años ochenta que, digamos, la reforma agraria u otras reformas que ya habían garantizado la propiedad de comunidades campesinas?

Tercero, en un país en el que la ley tiene un efecto limitado debido a la debilidad estatal, atribuir fenómenos sociales a las normas es ingenuo. La informalidad crecía en esos años, y es más que probable que estos informales se hubiesen comportado de igual manera con o sin reformas del ILD. Esos grupos informales ya estaban allí; sus conductas políticas y económicas, también. El reconocimiento puede haber tenido otros efectos positivos, sin duda, pero considerar que el registro legal marcó la relación antagónica con Sendero no resulta verosímil. La sociedad no era compatible con las recetas totalitarias de Sendero, pero ello trasciende las reformas del ILD.

Finalmente, los eventos se tuercen con fórceps para darle solidez a la historia. En el mundo de Hernando de Soto, Guzmán llega a Lima arrinconado por sus reformas, cuando en realidad Guzmán estaba desde mucho antes en la ciudad. Contra lo señalado, el Estado sí se alió con grupos ilegales para enfrentar a Sendero antes del reconocimiento formal de las rondas. Lo hizo con las propias rondas, como ha recordado Gustavo Gorriti. ¿Y acaso no ha escuchado De Soto hablar de la relación del Ejército con narcotraficantes para evitar que paguen cupos a los senderistas? En el mito, las reformas del ILD hicieron a la sociedad más proclive a aceptar el shock económico. No se dice que esa población votó por Fujimori como el candidato que prometía no aplicar el shock; más allá de sus virtudes o defectos, el shock fue impuesto, no consensuado con la sociedad. Tampoco se dice que en otros países con similares niveles de crisis, como Argentina, la población también aceptó las reformas como salida a una situación extrema.

3. El rechazo general de los ciudadanos hacia el terrorismo. Expresado en el editorial del diario decano hoy. Aquí dos párrafos saltantes:

Hay que decir que el presidente del ILD es, por supuesto, libre de reunirse y dialogar con quien quiera a su propia cuenta y riesgo. Pero, en la medida en que ha revelado: “Yo he hablado con Keiko al respecto” (aunque aclarando que todavía no ha obtenido una respuesta suya), resulta fundamental saber lo que ella piensa sobre el particular.

¿Le bastan también a la candidata presidencial la manito de pintura ‘verde’ o la alegada “voluntad de ayudar a los más pobres” que su asesor les presta a los antiguos terroristas agrupados ahora en una nueva organización para asumir que estamos, literalmente, ante otro Sendero? Debería aclararlo la señora Fujimori. Después de todo, la voluntad de concretar un frívolo coqueteo presidencial con algunos miembros de la peor plaga que vivió alguna vez el Perú flaco favor le haría al país y podría dañar su postulación irremediablemente.

4. ¿Si el ILD derrotó a Sendero, como queda el papá de Keiko? De hecho, hace algunos meses, De Soto volvió a vender la idea que él y las reformas planteadas desde su institución derrotaron a Sendero. ¿Cómo queda este relato frente a la idea de que “Fujimori venció al terrorismo”? Peor aún, cuando, siendo rigurosos históricamente, ninguna de las dos premisas siendo verdadera.

Finalmente, una pregunta. ¿Cómo queda la visión sobre conflictos sociales planteada por Vladimiro Huároc con este tipo de planteamientos?

Las inconsistencias son evidentes.

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(A Keiko se le quitará la sonrisa luego de leer este post. Foto: El Comercio)

Ya es un clásico de nuestra música criolla que, en cada elección, Hernando de Soto trate de pegarse a un candidato para volver a presentar sus ideas - mejor dicho, su punto único de agenda remasterizado -. Y, como en los comicios pasados, apoyará a Keiko Fujimori.

Claro está, sus detractores enfilan sus baterías respecto de todos los flancos débiles ya mostrados por De Soto: sus intentos vanos por ser proclamado como héroe de la pacificación contra Sendero, sus falencias académicas, su poco respeto por los derechos de propiedad intelectual y, claro está, su vocación por trabajar con sátrapas como Alberto Fujimori o Muamar Al Gadafi, por solo citar a dos de sus clientes más controvertidos.

Pero si estos puntos ya merecerían, por lo menos, un par de arqueos de cejas, lo que veremos a continuación nos pone alertas ante los peligros de las propuestas de De Soto. No me he equivocado en la palabra: peligros.

(La propuesta de De Soto subestima la trata de personas en zonas de minería ilegal. Foto: Perú.21)

DE SOTO Y LA TRATA DE PERSONAS

Comencemos por lo más grosero. Desde hace un par de años, el economista fustiga permanentemente las políticas de formalización de los mineros ilegales y combate a la minería ilegal. Su propuesta es básicamente una: titulación para que estas personas se empoderen y se vuelvan empresarios. Volveremos a este punto más adelante.

Pero, como todo programa de punto único, De Soto solo mira un árbol y no el bosque. Y termina derrapando feo cuando le plantean algo que vaya más allá de la titulación. Así ocurrió el pasado domingo en el programa Agenda Política, conducido por Enrique Castillo en Canal N. El periodista le preguntó, con razón, por uno de los problemas sociales más fuertes vinculados a la minería ilegal: la trata de personas con fines de explotación sexual. Y De Soto tuvo declaraciones que, siendo elegantes, fueron poco felices.

Esta es la transcripción del diálogo:

HDS: La segunda cosa es ¿cómo vamos a lograr que esa gente que está trabajando en condiciones en las que es fácil acusarlas de una cosa u otra? Yo no se cuantos prostíbulos hay alrededor de los ministerios peruanos, tal vez tres o cuatro, el hecho que haya prostíbulos no quiere decir que la gente utiliza todos estos prostíbulos.

EC: Pero los mineros informales, sí.

HDS: No. Yo no creo, Enrique, que tu vas a poder decir que hay 80,000 mineros ilegales en el Perú que fornican en lugares donde hay menores de edad.

EC: ¿A quien le llega esa clientela si no son mineros ilegales de esa zona? Mejor dicho, ¿a quien le llevan a esas menores para que tengan esa clientela?

HDS: El problema, Enrique, es saber donde son y donde están. (Y luego volvió al rollo sobre formalidad)

Pueden verlo aquí desde el minuto 1:44

Sensibilidad cero frente a un grave problema. Pero no es lo único.

(A la consulta previa dile no. De Soto y su visión. Foto: Servindi)

DE SOTO Y LA CONSULTA PREVIA

Horas más tarde de tan infelices declaraciones, Keiko Fujimori se presentó en el programa Sin Medias Tintas y anunció que De Soto se encargaría de la consulta previa en su gobierno.

El problema es que el economista no cree en dicho mecanismo de consulta. Hace unos meses, en el extinto programa de Milagros Leiva en Canal N, De Soto dijo textualmente: “en lugar de consultar, que quiere decir que yo y Milagros tenemos una idea y te vamos a consultar si te gusta, proponemos la integración de ciertos artículos en la Constitución para que ustedes puedan decir qué piensan”. Y opone el derecho a la consulta con el derecho a la iniciativa.

Pero De Soto debería saber que la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas, que implica que estos grupos de ciudadanos deben ser consultados sobre la toma de decisiones respecto de políticas públicas que los conciernen. Desde inversiones mineras y petroleras hasta cuestiones vinculadas a educación intercultural. Y ello no se opone a una iniciativa que ellos puedan presentar sobre estas materias. Por el contrario, como ciudadanos incluso tienen derecho a proponer iniciativas legislativas, si tienen un número de firmas establecido por la Constitución. Y, además, la consulta es el espacio para proponer nuevas ideas que fortalezcan iniciativas privadas y políticas públicas.

Asimismo, el economista no puede proponer derogar sin más la consulta. Como explica el exviceministro y profesor universitario Iván Lanegra:

La consulta previa no es algo que un gobierno pueda decidir “aplicar o no aplicar” discrecionalmente. Y no puede ser así porque es un derecho humano protegido constitucionalmente. Deriva del Convenio 169 de la OIT, un tratado internacional en vigor en el Perú desde 1995. Dicho convenio ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional de nuestro país como un Tratado de Derechos Humanos. Por lo tanto, la consulta previa goza de las garantías establecidas en nuestra Constitución para los derechos humanos.

Curioso que esta sea la idea de alguien que aprovechó el conflicto en Bagua - el mejor ejemplo de la importancia de la consulta previa - para seguir vendiendo sus ideas sobre titulación, esta vez, en tierras comunales. Y vayamos, ahora sí, a su plan multiusos.

(El aviso a toda página con la receta de toda la vida. Foto: Hernando de Soto)

EL MANIDO RECURSO DE LA TITULACIÓN

La receta de De Soto es única: titulación. Para la informalidad costeña, para los mineros ilegales, para suplir a la propiedad comunal amazónica. El problema es que su idea básica, propuesta hace 30 años, ya está bastante rebatida. Así lo indicó el politólogo Eduardo Dargent:

Para empezar, la diferencia entre formalidad e informalidad planteada en la teoría es exagerada: en muchas sociedades ya existen diversos mecanismos para garantizar la propiedad que son distintos del reconocimiento legal, del registro y de la regularización jurídica de aquella; por esta razón, los pobres no obtienen tanto valor al reconocerse legalmente sus derechos: su informalidad ya tiene valor de mercado. El registro legal es una forma de seguridad, pero no la única. Richard Webb y su equipo de investigadores analizaron la propiedad informal en el caso peruano y concluyeron, precisamente, que existen diversos escalones entre el registro formal y la total informalidad.

Además, la receta de solución suena simple, pero es difícil de implementar y hasta ingenua en su promesa. La consecuencia lógica del diagnóstico es que necesitamos un Estado más fuerte para poder agilizar y garantizar esos derechos de propiedad (y no el desmembramiento del Estado para que no estorbe, como suelen leer en el libro los libertarios locales). Esto es, mejores burocracias, con llegada al territorio y fuerza para ejecutar sus decisiones. Un Estado capaz de domar la informalidad, no solo de celebrarla. Pero en toda sociedad hay poderosas fuerzas que se oponen a cambios que modificarán el control de los recursos. Los ganadores del statu quo sabotearán reformas que cambien las reglas de propiedad y fortalezcan la burocracia. Las instituciones son, en buena medida, imagen de un contexto económico y político, determinadas por el poder real en una sociedad, por lo que es muy difícil para un equipo de sabios cambiarlas a voluntad.

Y, en torno a la minería ilegal, Lanegra sostiene que:

Por otra parte, la relación entre los derechos de propiedad y la gestión de los recursos naturales no es una cuestión nueva. En un famoso artículo de 1960, el Premio Nobel de Economía Ronald Coase, explicó como la asignación de derechos podría tener limitaciones para manejar problemas de contaminación si los costos de transacción –de ponerse de acuerdo sobre qué medida adoptar frente a ella– son muy elevados. De Soto propone que los mineros informales/ilegales y el Estado negocien las políticas de formalización. Pero aún si los problemas de propiedad antes descritos se resolvieran, los actores que deberían participar –los afectados– no serían solo los mineros. Las externalidades de la minería pueden ser severas, incluyendo daños irreparables e intolerables. Altas inversiones para evitarlo son indispensables.

En 1968, Garrett Hardin sostuvo que la explotación óptima de los recursos –y el bienestar de los actores económicos– demanda la fijación de derechos individuales que internalicen los costos de los yerros y los beneficios de los aciertos. Pero en 1990 otra Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, mostró que los hechos marcaban un tercer camino, que no era ni la privatización del recurso ni su estatización, siempre que las personas construyeran instituciones. Pero estas –lección central– no funcionan igual en todos los casos. De Soto tiene razón al señalar la relevancia de considerar las condiciones específicas en que se desarrolla la minería informal/ilegal en cada lugar del país. Pero el mismo argumento lo tendría que llevar a aceptar que su receta “derechos de propiedad” no será siempre una opción.

¿Puede De Soto rebatir estas críticas a su agenda de punto único? ¿Una agenda tan ingenua es la solución a la informalidad que nos presenta Keiko Fujimori?

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