Archivo de la Categoría “Uncategorized”


(Hace 13 años se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Foto: El Comercio)

El último viernes, en medio de las cotidianas broncas políticas, se produjo un hecho significativo. Por primera vez, un ministro de Justicia y Derechos Humanos - en este caso, una ministra - asistía a la ceremonia conmemorativa por el aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organizada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones de víctimas.

Más importante aún, Marisol Pérez - Tello pidió perdón por esta ausencia del Estado, tanto en el plano simbólico como en la velocidad en la implementación de las recomendaciones planteadas por la CVR hace exactamente trece años. A ello se le sumaron anuncios concretos, como la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia y la reapertura del Registro Único de Víctimas, cerrado a fines del gobierno de Alan García.

Y aún más clave, el gobierno y la ministra que hacen estos anuncios, en otros temas, son calificados como de derecha, lo que es aún más resaltante en un país donde las causas a favor de los derechos humanos fueron asumidas por la izquierda, debido a que - con saludables excepciones - los sectores liberales solo se ocuparon de lo económico, para no hablar de los casos conservadores en los que se justificaron atrocidades cometidas desde el Estado (o se ha buscado invisibilizarlas).

En el Perú, normalmente los informes de las comisiones creadas por el Estado terminan en una gaveta. Por ello, lo ocurrido con el documento presentado por la CVR, resulta significativo en varios sentidos. Se trata de un texto duro, que interpela a buena parte de la sociedad peruana por acciones y omisiones cometidas por los años del terror y que nos da una idea cierta de hasta que punto los fundamentalismos pueden ser nocivos. Sus principales mensajes han sido asumidos por el mundo del arte y la cultura en diversas formas. Y sus detractores, con ataques que se renuevan cada cierto tiempo, han mantenido viva la discusión sobre un texto que, en sus lineas centrales, refleja fielmente lo ocurrido entre 1980 y 2000.

Pero, más allá del documento, resulta indispensable volver a su foco central: las víctimas y sus familiares. Como recordó Pérez - Tello, luchadoras como Angélica Mendoza de Azcarza “Mamá Angélica” hoy se encuentran, producto de la edad, con el estado de salud quebrantado. Varias de las señoras que lideraron la lucha en las diversas asociaciones de víctimas - desde ANFASEP hasta la que agrupa a los familiares de militares y policías - han fallecido sin que el Estado las haya reparado debidamente y, sobre todo, las haya reconocido. La ministra se refirió a ellos como nuestros héroes. Y realmente lo son. Durante años, por cuestiones de trabajo, he visto cómo las únicas presencias del Estado, por años,  para ellos, han sido la Defensoría del Pueblo, algún juez identificado plenamente con estas causas o solitarios congresistas como la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Sin duda, el gobierno comienza con buen pie esta tarea. Deberá tener claro que la dignificación de quienes sufrieron en mayor medida en los años del terror no solo pasa por la entrega de un cheque o la burocrática inscripción en un registro. Tampoco por la cesión de una beca educativa sin el debido acompañamiento. Es hora que el Estado peruano le abra sus puertas grandes a aquellos peruanos que no se sintieron protegidos en sus derechos, por omisión o por acción, así como por la cruenta violencia que un grupo de compatriotas inició contra todos nosotros. Gestos como el hecho por Marisol Pérez - Tello el último viernes o la impecable acción del saliente Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, dan luces de esperanza.

Para que no se repita. Nunca más.

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(El Sodalicio aún no sale de la crisis. Foto: La República)

Lejos de los reflectores públicos, el caso del Sodalicio corre por dos vías paralelas: la judicial y la eclesial. En ambas, con resultados distintos. Transcurridos algunos meses, es necesario hacer una actualización respecto de lo ocurrido en este caso.

(Virgilio Levaggi, actual funcionario de la Organización Internacional del Trabajo en Centroamérica, ha sido implicado en el caso Sodalicio debido a su accidentado paso en dicha organización. Foto: Listín Diario)

EL AMBITO LEGAL: EL NUEVO IMPLICADO Y LOS DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA A PARTE DE LA CUPULA SODALITE

En mayo pasado, cinco exmiembros del Sodalicio de Vida Cristiana presentaron una denuncia penal contra varios personajes ligados a la institución: Luis Fernando Figari, Jaime Baertl Gómez, Virgilio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, José Antonio Eguren Anselmi, Eduardo Regal  Villa, Óscar Tokumura y Edwin Scheuch Pool. Dicha denuncia, que amplía las indagaciones ya iniciadas sobre Figari por abusos sexuales, fue aceptada a inicios de este mes. Se centra en tres delitos: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves.

Cabe mencionar que Baertl, Ambrozic, Regal, Tokumura y Scheuch se encuentran dentro de la institución y Eguren, además de pertenecer a la misma, es el actual Arzobispo de Piura.

De ellos, el menos conocido, durante estos años, ha sido Levaggi, quien hace 29 años salió de la organización en circunstancias aún no esclarecidas. El ingresó a la institución luego de ser captado en el colegio Antonio Raimondi, donde cursó estudios escolares.

De acuerdo a la denuncia, publicada por el portal La Mula, Levaggi Vega fue encargado de Instrucción y Relaciones Públicas del Sodalicio durante varios años. Y ha sido sindicado como parte de una organización donde se cometían los abusos físicos y psicológicos ya descritos tanto en el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”, publicado por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, como en los reportajes que ambos han presentado en el diario La República durante varios meses.

Pero, además, hay una acusación más grave contra Levaggi. Esto se señala en la denuncia presentada ante el Ministerio Público:

Actualmente, Levaggi es el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para Centro América, Haití y República Dominicana. Si bien no ha emitido declaraciones públicas al respecto, este blog pudo conocer que un reconocido estudio especializado en temas penales ya se ha hecho cargo de su defensa. Oficialmente, la OIT no se ha pronunciado respecto de esta acusación.

El abogado Héctor Gadea, patrocinante de los denunciantes, explicó hace unos meses a La Mula en qué consisten los cargos contra varios miembros y exintegrantes de la cúpula sodálite. Esto fue lo que mencionó sobre lesiones psíquicas:

Sobre este tema, Gadea explicó que existen pericias psicológicas de parte, acreditadas por profesionales “sobre las consecuencias que ha dejado en su vida”el cautiverio por el que pasaron muchos exsodálites. Mencionó que durante la investigación fiscal podrán recoger estas pruebas, y al mismo tiempo pedir unas nuevas para hacer otra constatación.

Asimismo, en relación con el secuestro, manifestó que:

“Acá es clave la sistematización con la que obró el Sodalicio a lo largo de sus historia: la captación de menores de edad a través de la infiltración en colegios, para efectos de diezmar la voluntad de adolescentes que no tienen la libertad definida. Eran chicos de 13 años que, cuando entraban formalmente a los 18, ya no se podía concebir el entrar como un acto libre”.

Finalmente, sobre la asociación ilícita, el informe de Víctor Liza señaló lo siguiente:

Gadea explicó que “esta es una imputación que nosotros hacemos”, en el sentido de que como manifestó Salinas en la conferencia, “Figari no actuó solo”. Sin embargo, puso en claro que esto lo tendrá que determinar un juez después de un proceso judicial en el que ellos ejerzan su derecho de defensa”. De obtener el visto bueno:

“La ley dispone algunas de las consecuencias accesorias que se encuentran en el artículo 105 del Código Penal, entre las que se encuentra la disolución de la asociación en la cual se cometieron los delitos”.

Además de la posible disolución, Figari y compañía podrían purgar hasta 15 años de prisión de ser hallados culpables de este delito, relacionado con el secuestro.

Las indagaciones fiscales prosiguen. Pero la misma celeridad no se tiene en la Iglesia Católica y, menos aún, en el Sodalicio.

(Alessandro Moroni, superior del Sodalicio, en otro tono sobre las acusaciones contra la institución. Foto: El Comercio)

LA FALTA DE REACCION ECLESIAL

En abril, la Comisión Ética para la Justicia y Reconciliación, grupo de trabajo nombrado por el Sodalicio de Vida Cristiana, emitió su informe final. Dicho documento indica que dentro de la institución se cometieron abusos contra los derechos fundamentales de las personas, los mismos que fueron encubiertos por la organización. El principal responsable es Luis Fernando Figari - repudiado públlicamente por la Comisión -, quien creó una organización a su medida, sin cuestionamiento alguno. Resulta indubitable que existieron abusos sexuales, físicos y psicológicos, poca transparencia en el manejo de las finanzas de la organización y discriminación racial y social contra varios de sus miembros. Otro de los daños relatados es el impedimento de formación profesional de varios de sus miembros, a la par que se empleaba su mano de obra en forma gratuita.

Los miembros de la de la Comisión recomendaron reparaciones de diverso tipo a las víctimas, así como un pedido de perdón individual y el apartamiento de la actual dirigencia de la conducción del Sodalicio. Finalmente, se envió el informe al Vaticano para que intervenga la organización. Un documento tan contundente que ha terminado descolocando al propio superior actual del SVC, Alessandro Moroni, quien ha viajado a Roma para pedir la intervención de la institución, no sin antes decir que no estaba de acuerdo con todo lo afirmado en el informe.

De hecho, la actitud de Moroni y de la organización ha permanecido, sobre todo, contra los exmiembros del SVC que interpusieron la denuncia contra varios directivos. En particular, se han negado las reparaciones ofrecidas por la propia institución. Así lo ha denunciado Óscar Osterling:

QUIEN OFRECIÓ DINERO COMO REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, desde aproximadamente el 20 de Noviembre de 2015, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESARROLLÓ LOS PROTOCOLOS DE REPARACIÓN A LAS VICTIMAS, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESCONOCIÓ y no quiso aplicar LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA, FUE EL SODALICIO.

QUIEN CONTRATÓ UNA NUEVA COMISIÓN (sería interesante saber cuánto ha pagado el Sodalicio a estas personas) PARA DESCONOCER LA ANTERIOR (que trabajó ad honorem), FUE EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA ES JUEZ Y PARTE DEL PROCESO DE REPARACIÓN ES EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, AL QUE SUPUESTAMENTE UNOS “OPORTUNISTAS LE QUIEREN SUSTRAER EL DINERO”, ES EL SODALICIO.

Y LOS OPORTUNISTAS, en teoría, somos nosotros, LAS VÍCTIMAS.

Y, como ha indicado Salinas, el delegado nombrado por el Vaticano, Joseph Tobin, anda en una actitud bastante complaciente, lo que sin duda tendrá repercusiones en la entidad y en la imagen de la propia Iglesia Católica:

Como sea. Ese espaldarazo vaticano ha sido interpretado por los sodálites como “estamos haciendo las cosas bien” y “ya estamos a punto de pasar la página del escándalo”. Y obvio. No es así. Para cualquier mortal que no tiene la mente formateada ni enajenada es evidente que, mientras el Sodalitium como institución no manifieste públicamente un arrepentimiento sincero y pida perdón a cada una de las víctimas y repare efectivamente a aquellas que han sufrido daño permanente, su credibilidad se va a mantener por los suelos. Y ello significa en los hechos que si Roma no los disuelve lo que va a ocurrir es que ellos mismos se van a encargar de hacerlo. Sin quererlo, evidentemente, pero se van a difuminar o se van a reducir dramáticamente. De hecho, algo de eso ya está pasando. Eso sí. Seguirán siendo ricos, patrimonialmente hablando, pero su recientemente adquirida reputación de institución de características sectarias en la que la manipulación y el “vale todo” forman parte de su modus operandi, no se borrará con nada. Salvo que cambien de verdad. Con honestidad y transparencia. Pero la honestidad y la transparencia, ya saben, son para ellos valores inasibles e inexplorados. Misteriosos y ajenos. Tal cual.

Para nosotros el camino que debe emprenderse es claro: la disolución. En Roma y en Camacho deberían entenderlo.

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(Nancy Lange junto a su esposo, Pedro Pablo Kucznyski. Foto: La República)

Esta mañana, el congresista Mauricio Mulder indicó que la señora Nancy Lange, esposa del presidente de la República, era miembro del directorio de COSAPI, constructora que forma parte del consorcio que construye la Línea 2 del Metro de Lima, obra sobre la que la Contraloría General de la República ha puesto algunas observaciones.

Bastaba ver tanto la información que la empresa coloca en su página web como en la Superintendencia de Mercado de Valores para saber que dicha información no era correcta. Fuentes cercanas a la Presidencia de la República nos indicaron que Lange nunca ha sido directora de esta compañía constructora.

Respecto de la participación de PPK en el directorio de COSAPI, se nos indicó que el hoy presidente dejó de ser director de dicha empresa hace 15 años. Renunció el 16 de julio de 2001. Según nos precisaron nuestras fuentes, dicha renuncia está inscrita en el asiento C00025 de la partida N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Kuczynski fue director en representación de Latin America Construction Holding Inc, propiedad de Latin America Enterprise Fund. Esta última transfirió sus acciones en la compañía estadounidense antes mencionada en 2007. En ese mismo año, se vendió la inversión en COSAPI.

Probablemente Mulder, lo que haya visto, es este dato, presentado en el semanario Hildebrandt en sus Trece hace unas semanas:

(Foto: Eloy Marchán, periodista de Hildebrandt en Sus Trece)

En particular, la referencia era a este punto:

En efecto, la señora Lange figura como “partner” (asociada) de Latin America Enterprise Capital Corp, de acuerdo al documento publicado por Bloomberg en la web.

El tema es que la empresa dejó de existir en 2009. Según consta en este documento obtenido por DTP, el Estado de Delaware (Estados Unidos) certifica que la compañía ha sido liquidada:

Actualmente, esta es la composición accionarial de la constructora peruana, según consta en el informe de riesgo de la calificadora Class y Asociados:

Además, COSAPI indica en un comunicado que las acciones de Latin America Construction Holding Inc. pasaron a LAECH S.A.C., una empresa de capitales peruanos y chilenos.

De esta manera, no existiría un conflicto de intereses entre Lange y COSAPI. Y, por tanto, el fuego cruzado en torno a la Línea 2 del Metro debería quedar en el plano de la discusión pública sobre una obra tan importante para la ciudad que no debe tener ni una sola sombra de duda.

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(Caricatura: Carlín, para La República)

Si todos pensábamos que el fujimorismo solo iba a limitarse a copar el Congreso con todos los asesores que pudiera, estamos equivocados. Esta semana, dos noticias que se generaron en la Plaza Bolívar dan cuenta que Fuerza Popular busca copar ciertas instancias de fiscalización, con resultados que no precisamente ayudarían a la transparencia en el país.

(Excongresista Juan José Díaz Dios ampayado en el séquito del Contralor Edgar Alarcón. Foto: Gerardo Caballero)

DIAZ DIOS COORDINADOR PARLAMENTARIO DE LA CONTRALORIA

Ayer el contralor Edgar Alarcón se presentó en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero la noticia no fue él, sino uno de sus acompañantes.

Dos fuentes distintas nos indicaron la mañana de ayer que el señor Juan José Díaz Dios había llegado acompañando a la cabeza de la Contraloría General de la República, como flamante director de Coordinación Parlamentaria de dicha entidad. El hecho fue notorio para los periodistas que cubren el Congreso de la República. Alarcón lo ratificó a su salida del Congreso.

Como indica la periodista Laura Grados:

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, elegido en ese cargo por el Congreso pasado, nombró al excongresista fujimorista como coordinador de la Contraloría para el Legislativo. Se trata de un puesto político que consiste en coordinar acciones entre ambas instituciones y además da seguimiento a proyectos de ley relacionados a la institución que ahora representa. En síntesis, Díaz Dios es el lobista oficial de la Contraloría en el Parlamento (con la acepción legal de la palabra).

Existe varios problemas. Si bien Díaz Dios es alguien que conoce el Congreso por su propia experiencia parlamentaria, no reune un requisito fundamental para la Contraloría: imparcialidad política. De hecho, el periodista Enrique Patriau indicó ayer que el excongresista iba a ser asesor de la bancada fujimorista.  Así lucía su portada en Twitter hasta hace unas horas:

Diaz Dios le dijo a Patriau la tarde de ayer que no existía conflicto de interés porque el fujimorismo no es gobierno y no maneja dinero público. El problema es que el excongresista no solo va a llevar cosas de ida desde la Contraloría, sino también de vuelta desde el Congreso. Dado que él está identificado con una fuerza política, que además es la mayoría parlamentaria y tiene interés para usar las facultades de fiscalización de la Contraloría para ejercer su rol opositor, el conflicto sí es evidente.

El contralor Alarcón solo se ha limitado a decir que Diaz Dios “cumple con el perfil técnico y no tiene sentencias”. Esto último en alusión clara a otro de los baldones del exparlamentario: una acusación de su esposa por violencia de género, la cual le costó no ser incluido en la lista parlamentaria fujimorista de 2016.

La jugada no solo dice mucho del fujimorismo, sino también del contralor, a quien le ha llovido juego graneado desde el gobierno, abogados especialistas en inversión privada y expertos en Derecho respecto de sus declaraciones sobre determinados grandes proyectos de infraestructura y compras estatales. Todo indica que pretende blindarse frente a estos cuestionamientos. Curiosamente, con el grupo que más lo cuestionó cuando fue nombrado con los votos del humalismo.

(Congresista Alcorta en Big Brother mode on. Foto: Ojo)

ALCORTA CONTRA LAS ONGS

Así se reseñó parte de la sesión del lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso:

La formación de grupos de trabajo que aborden diversos temas de actualidad nacional e internacional como la crisis en Venezuela y el funcionamiento y recibo de considerables cantidades de dinero por las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el exterior, entre otros, se planteó hoy lunes 22 en sesión realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores. (…)

A su vez, Lourdes Alcorta Suero (FP) se refirió al funcionamiento de las ONG, de las cuales dijo que suelen recibir apoyo económico del exterior -señaló que habían recibido hasta mil 100 millones de dólares- sin que nadie conozca el destino que se dio a esos dineros. Precisó que esto también debería de ser informado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En realidad, el tema suena aún menos suave que estas palabras.

De acuerdo a la transcripción de la sesión del referido grupo de trabajo, a la que DTP tuvo acceso ayer, Alcorta comenzó atacando a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por un conflicto sobre pueblos indígenas vinculado al Lote 88 y, posteriormente, dio cuenta de un hecho que sí es cierto y fue denunciado por el portal Ojo Público hace algunas semanas: irregularidades en el manejo de fondos en AIDESEP durante la gestión de Alberto Pizango. El líder indígena ha negado estas acusaciones.

El también congresista fujimorista Miguel Castro Grandez se mandó con lo siguiente:

“Particularmente creo que es importante hacer una evaluación sobre el control de los ingresos. A mi particularmente me gustaría ser parte de una mesa de trabajo sobre este tema de las ONG, que creo que necesitan ser analizadas exhaustivamente. Han tenido mucha diferencia tanto en tema político como en temas de conflicto social”

Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República, indicó que estaba a favor de observar el tema, pero con algunas atingencias: “no es que queramos intervenir en el actuar de las ONG, creo que eso al contrario, muchas ONG participan en la actividad que tenemos hoy en día en complementando las actividades públicas y privadas, con muy buena intención”.

Luego, el controvertido congresista y pastor evangélico Julio Rosas se mandó con todo a favor de la posición de Alcorta e incluso fue más allá:

Sin embargo, nosotros como comisión podemos pedir la presencia del director de APCI, porque hay que tener claro de que las ONG, no solo en el Perú, sino en América Latina, en otros países reciben ingentes cantidades de dinero de Europa, Estados Unidos, que nadie tome más, y no solo las ONG para cumplir agendas internacionales, muchas veces ajenas a los intereses legítimos de un país, sino también organismos del Estado, como ministerios, cada oficina, o cada organismo también tiene una oficina de cooperación técnica internacional

Quién comenzó a advertir que la cosa se podría salir de cauce fue la parlamentaria del Frente Amplio María Elena Foronda:

Entonces, si es una actitud más de fiscalización política a las ONG, yo no estaría de acuerdo.

Si es una tema de querer saber qué es lo que se está haciendo con el dinero de la cooperación internacional, solicitaría que se amplíe ese espectro. Insistiría en ese tema, que no es lo mismo ponerle el ojo a las ONG, que sí están haciendo trabajo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos ambientales y cuya intencionalidad puede ser otra.”

En la misma línea, fue el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, recordando el antecedente directo de anterior ingerencia estatal frente a las ONG, más allá de los debidos controles que la APCI debe ejercer:

suscribo también la preocupación manifestada por mi colega, la congresista María Elena Foronda, respecto a un posible interés político en cuanto al tema de las ONG.

Lo menciono para que tengamos cuidado en nuestra actuación, no digo que exista en la actualidad, pero es siempre un posible peligro, porque recordemos que lo mismo sucedió en el Congreso del 2006 y esto terminó con una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional buena parte de la ley dada en el Congreso, justamente por invadir fueros privados desde el espacio político“.

La formación del grupo de trabajo sobre las ONG se debatirá en la próxima sesión. Pero hay dos cuestiones que la congresista Alcorta debería aclarar.

Es público y notorio que el fujimorismo tiene una animadversión contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a quienes acusan de ser las que motivan la “persecución política” contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La señora Alcorta comparte una línea dura en esa materia. Eso es un claro conflicto de interés.

Y a ello le podríamos sumar las declaraciones dadas por la parlamentaria no solo sobre las ONGs vinculadas a derechos humanos, sino también a las que vincula con la “promoción del aborto”. Digamos, si ese grupo se llega a formar - cuestión que, en realidad, podría solucionarse con una sesión informativa del jefe de la APCI -, dados los antecedentes, Alcorta deberia abstenerse de presidirlo.

Y precisamente esta es una repetición de lo ocurrido en el Congreso pasado, donde Alcorta jugó en pared con el congresista Julio Rosas. Como documentó Laura Grados en un reportaje publicado por Utero.pe y La República, el Congreso de la República comenzó a presionar a la APCI para que fiscalice a las ONG feministas y las dedicadas a temas reproductivos:

El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber Útero.Pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.

Mucho ojo, entonces, con las amenazas que se pueden venir desde el Congreso contra la sociedad civil. Advertidos estamos.

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Ayer se conoció que, gracias a una medida cautelar dentro de un proceso de amparo planteado por la ciudadana Violeta Cristina Gómez, el Ministerio de Salud deberá redistribuir el Anticonceptivo Oral de Emergencia en todo el país en un plazo de 30 días.

Desde el Estado, la reacción ha sido la más saludable. Tanto el Presidente de la República como las ministras de Salud y de Desarrollo Social han señalado que acatarán la resolución. Patricia García ha remarcado, esta noche, dos cuestiones fundamentales: entender que estamos ante un medicamento que solo debe usarse en casos de emergencia y que no es, de acuerdo a las últimas evidencias científicas, un producto abortivo. El presidente del Tribunal Constitucional - institución que en 2009 prohibió la distribución gratuita del producto, aunque no su venta, ante las supuestas dudas sobre el fármaco - ha dicho que esta medida cautelar debe ser acatada.

Ya en el plano social, las reacciones más o menos previsibles. Tanto la Conferencia Episcopal Peruana como médicos y periodistas cercanos a posiciones conservadoras han esgrimido que el medicamento es abortivo. Mientras que los sectores más liberales - incluyendo a las organizaciones feministas - han saludado la medida cautelar como un paso hacia la equidad. Es probable que el mismo pueda ser definitivo, no solo porque bastante probable que prospere el amparo de Gómez, sino también porque, como refirió Fernando Vivas la semana pasada, ya existe un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una ciudadana peruana que se vio afectada por no poder acceder a la AOE a pesar de haber sufrido una violación sexual.

El caso ha constituido una papa caliente para la ministra de Salud, quien, por cierto, es experta en temas como el VIH y su posición siempre ha sido abierta a la adopción de métodos anticonceptivos. Y, seguramente, comenzará a sufrir los embates del conservadurismo peruano. De hecho, PPK, conocedor de lo que se venía, ironizó en la mañana con un “permiso al Cardenal”, en tono de broma. Es bastante probable que Juan Luis Cipriani le responda al gobierno, con menos humor del que tiene el Presidente de la República.

Es claro que García se prepara no solo para esta medida cautelar, sino también para lo que será el fallo de la Corte Interamericana. Ello implica, sin duda alguna, no solo el primer gesto de distancia con el ala más conservadora de las iglesias católica y evangélicas, sino también la necesidad de explicarle a los ciudadanos que implica esta pildora.

El AOE no es una pastilla que pueda tomarse a cada rato. Dado que tiene un componente más fuerte para prevenir la ovulación, solo debe ser ingerida entre dos a tres veces al año. Su propio nombre lo dice: es para emergencias. Existen otros métodos de planificación familiar regular cuyo uso debe ser conocido por los ciudadanos.

Y es aquí a donde quería llegar. Este importante avance debe ser acompañado por un programa exhaustivo de educación sexual desde la escuela, con enfoque de género incorporado. Ello implica que los niños y adolescentes puedan, de acuerdo a sus edades, ir conociendo su sexualidad, hasta llegar a saber para qué sirven y cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, a fin que tomen las decisiones más correctas sobre su salud reproductiva.

Por tanto, sea bienvenida la medida cautelar y, probablemente, una resolución de la Corte IDH que va a obligar al Estado a la distribución gratuita de la AOE en forma permanente. Pero este paso deberá ser acompañado por una política publica sobre la que, sin duda, aún persisten temores, tabúes religiosos y, sobre todo, demasiada desinformación que termina perjudicando la libre decisión de los ciudadanos sobre su sexualidad y su expectativa de reproducción.

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(Foto: El Comercio)

Llamó la atención que, durante el debate sobre la política general de gobierno presentada por Fernando Zavala, el fujimorismo insistiera tanto respecto de un deslinde respecto de la administración de Ollanta Humala. Las explicaciones, a ciencia cierta, son varias.

En primer lugar, existe una clara costumbre nacional: hacer puré al gobierno pasado respecto de la situación encontrada. En varios casos con razón, en otros a niveles casi de justificación. Hasta el viernes, PPK había huido de dicha tradición nacional. Sus ministros lo hicieron en algunos campos, pero no en otros. Quizás porque lo que se había encontrado era un gobierno mediocre en varios sectores, pero también con cosas buenas en algunos de ellos. De allí la continuidad de un ministro (Educación) y algunos viceministros y directores, al mismo tiempo que se denunciaban los horrores en Salud y Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, la sangre en el ojo que tiene el fujimorismo con Humala. Es claro que, para Fuerza Popular, Humala los paseó con las peticiones de indulto humanitario (una negada, la otra prácticamente frustrada) y que, de cuando en cuando, recordaba los niveles de corrupción nauseabundos en los que cayó el país durante la década de 1990.

Una tercera hipótesis la desliza Mirko Lauer en su columna de hoy:

Una es la percepción de que el antihumalismo podría ser la plataforma ideal para un acercamiento FP-PPK. Otra explicación es que la satanización del humalismo tendría como efecto una legitimación del pasado fujimorista, y de rebote de su actuación presente.

El problema para el fujimorismo es que la gente del gobierno no planea pisar ese palito. Así lo expresó el congresista oficialista Gino Costa hoy en “No Hay Derecho”:

Yo no creo que haya punto de comparación,  para decir que el gobierno de Ollanta Humala fue el peor, pero tendremos la oportunidad desde el Congreso y desde la justicia de hacer las cuentas, sobre los hechos de corrupción en el régimen pasado. Eso está pendiente de determinarse. Desde mi punto de vista, no hay punto de comparación con el régimen de Alberto Fujimori

Eso, por supuesto, no quita que el gobierno pasado deba ser investigado (y en forma exhaustiva). Pero quizás se apunta demasiado a Nadine Heredia en términos simbólicos y se va menos al caso que sí podría llegar al expresidente: Lava Jato. Probablemente, porque el mismo involucra a otros gobiernos.  Y si les sumamos el hecho que Ollanta Humala se peleó con todo el mundo, poca defensa le quedará, menos aún de periódicos que no le tenían ninguna estima (recuerden que el expresidente habló de “concentración de medios”).

Finalmente, una cuarta tiene que ver con las limitaciones del fujimorismo como oposición. A la poca reflexión sobre las causas de su derrota hace unos meses - donde sus blancos favoritos son Humala y el Grupo El Comercio -, se suma la imposibilidad de salir del esquema de guerra en el que el líder nacionalista los sumió. Y, como reseñó Eduardo Dargent el sábado, se adicionan tanto los CVs de los parlamentarios fujimoristas (un festival para cualquier periodista acuicioso) como la poca capacidad de colocar temas en agenda. De allí que pelearse con un enemigo de paja termine revelando, antes que la corrupción humalista (a investigar a fondo), las limitaciones de su grupo acusador.

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(No es Zavalita. Foto: Congreso de la República)

Fernando Zavala ha logrado sortear su primera prueba fuerte. Anoche, luego de una maratónica sesión de dos jornadas, logró obtener el voto de confianza para el gabinete y para su política general de gobierno. ¿Cómo lo hizo?

La exposición de Zavala del jueves fue, en términos generales, bastante correcta. En la línea del primer mensaje presidencial, el presidente del Consejo de Ministros enfatizó sobre todo en dos temas: las cuestiones sociales (salud, educación, deporte, cultura, violencia contra la mujer, vivienda) y la inseguridad ciudadana. La parte macroeconómica tuvo menos peso que lo dedicado a los sectores productivos. En esa línea, Zavala pudo hacer mayores precisiones sobre política exterior - manteniendo el carácter economicista de los gobiernos anteriores - y medio ambiente. El mensaje, además, tenía guiños a todas las tiendas políticas, al hacer alusión a los gobiernos que dirigieron el país desde 1990.

El mensaje no era perfecto. Era claro que Zavala había omitido alusiones al gobierno anterior en un afán contemporizador general, pero que le evitaba decir el estado en que se había recibido el país. Habían temas que habían sido apenas enunciados, como derechos humanos y otros que simplemente fueron omitidos, como ciencia y tecnología. Y. en la parte macroeconómica, se requerían precisiones.

Abierto el largo debate - una clara concesión de Luz Salgado a todas las tiendas políticas para que casi todos los congresistas pudieran hacer su debut mediático -, quedaron claras las líneas de los dos principales grupos de oposición. El fujimorismo pugnaba (en bloque, sin fisuras) para que Zavala practicamente sepultara al gobierno anterior (a ello se sumó el APRA), tanto en resultados como en lo que se refiere a la continuidad de funcionarios públicos. Mientras que el Frente Amplio, junto a las evidentes alusiones al modelo económico, señalaba aspectos puntuales en los que el mensaje había tenido omisiones, sobre todo, en los aspectos vinculados a derechos fundamentales. Es decir, lo sustancial de lo enunciado por el ministro tacneño había quedado fuera.

Quedando claros los escenarios, Zavala optó por hacer algunas concesiones y guardarse algunos anuncios para el final. Al fujimorismo le concedió un amplio repertorio de las situaciones irregulares encontradas en los sectores Relaciones Exteriores y Salud, que reflejaban un manejo bastante mediocre por parte de los últimos titulares de dichas carteras, pero no llegó al extremo generalizado de hacer de Ollanta Humala una piñata y, además, defendió a los funcionarios públicos procedentes de distintos gobiernos, comenzando por él mismo. Al Frente Amplio no le concedió el plano económico - aunque Thorne si hizo algunas precisiones - pero sí fue más prolijo en hablar de temas como derechos humanos, corrupción y educación sexual, materias que la izquierda había observado como olvidadas. Además, guardó dos golpes para el final: una nueva sede para el Conservatorio Nacional de Música - como compromiso cultural - y el nombramiento de Julia Príncipe como presidenta del Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta que se cree una Procuraduría General de la República.

Con esa parte final, Zavala aseguró un voto de confianza casi unánime, el más alto de los presidentes del Consejo de Ministros desde que volvió la democracia en noviembre de 2000.

El Presidente del Consejo de Ministros supo leer que, en medio de un escenario complejo, su mensaje era tan consensual que era difícil que sus opositores lo chancaran. Y que debía hacer algunas concesiones - políticas en el caso del fujimorismo, programáticas en el caso del FA - para obtener la confianza. Lo que le viene no le será fácil en el escenario parlamentario pero, sobre todo, frente al ciudadano. Su partido recién se inicia, aunque en un clima inicial de consensos.

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(Congresista Luis Yika en campaña junto a Keiko Fujimori. Foto: La República)

Revisando hoy la página web del Congreso de la República, nos topamos con el parlamentario de Fuerza Popular Luis Alberto Yika, representante por la región La Libertad. Y aquí nos encontramos con que es el flamante vicepresidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.

Y es aquí donde se encienden nuestras alarmas.

Según informó La República en 2011, Yika se declaró como persona con discapacidad para que se le condone una deuda por más de 30 000 soles con el Banco de Materiales. El problema es que la discapacidad del ahora parlamentario no era permanente y, además, contaba con ingresos que le permitían cumplir con sus obligaciones legales. Esto se indicó en dicho diario hace algunos meses:

Otro aspirante liberteño de Fuerza Popular, Luis Yika García, es conocido porque simuló que sufría una discapacidad de locomoción para que el Banco de Materiales le condonara una deuda de 30 mil 575 soles, lo que efectivamente consiguió. Quedó al descubierto cuando se le vio en plena campaña por la presidencia regional de 2010, por lo que tuvo que reconocer que mintió. A la dirigencia fujimorista no le importó y lo premió lanzándolo como aspirante a congresista. Ellos son más.

Este tema llegó al Ministerio Público hace algunos años, dado que habían varias personas que habían fingido o exagerado dicha condición para que el BANMAT les condone sus deudas, pero fue archivado. Sin embargo, ante el escándalo, según registran diversos medios regionales, Yika se comprometió a devolver el dinero prestado por la entidad estatal. Hasta el momento no se conoce si es que el hoy congresista devolvió la suma otorgada. En febrero, se conoció que la Fiscalía evaluaba reabrir este caso.

Yika, quien es comandante del Ejercito Peruano en situación de retiro, pertenece a la promoción 1978. En dicha promoción se encuentra Walter Jibaja, quien es un operador del partido fujimorista, de acuerdo a una investigación de Edmundo Cruz.

El parlamentario tuvo una sentencia por alimentos, cuyas obligaciones cesaron en 2015 cuando falleció su esposa y se acreditó que sus hijos eran mayores de edad.

A pesar de estos antecedentes, Fuerza Popular lo premia otorgándole un puesto en una comisión que ve temas de un grupo de peruanos que requieren atención urgente a sus demandas. Es obvio que una persona que exageró su condición médica para obtener un beneficio estatal no reúne las condiciones para ser el representante de las personas con discapacidad en el Congreso de la República.

Y aún nos faltan cinco años.

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(La primera victoria judicial de Fujimori fue un regalo de la sala más cuestionada de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Perú.21)

En realidad, la absolución a Alberto Fujimori es lo menos grave del fallo. Para que vean las dimensiones del legicidio.

Vayamos por partes para entender este horror judicial. En enero de 2015, el sujeto que gobernó al Perú entre 1990 y 2000 fue condenado a 8 años de prisión por peculado doloso, al haberse comprobado que ordenó el desvío de fondos para la compra de las líneas editoriales de los “Diarios Chicha”.

Para quienes estaban en edad de pediatría cuando ocurrió el caso, durante el régimen fujimorista, los diarios sensacionalistas peruanos pasaron a servir al régimen, colocando sus portadas tanto para alabar a Fujimori - en extremos tales que hasta el levantamiento regular de una veda de anchoveta era convertido en pretexto para loar al autócrata - como para botar estiercol a los opositores, sean políticos o periodistas críticos. Para decirlo claro: un concentrado de desagüe colocado todos los días en los kioskos a nivel nacional.

(Muestra gráfica de la prensa chicha en tiempos de Fujimori. Foto: Hurgar en la Memoria)

Pues bien, en primera instancia, se encontraron varios testimonios y pruebas documentales que acreditaron la responsabilidad del expresidente. Así lo resumió La República:

“Está probado que Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del desvío de fondos públicos del Ejército Peruano, de la FAP y de los ministerios, bajo la denominación de gastos reservados de Inteligencia, al SIN para pagar la compra de los ‘diarios chicha’ para favorecer su régimen y atacar a los opositores”, fue uno de los fundamentos de la resolución que condenó a Fujimori.

La Sala estableció que el ex presidente utilizó los fondos en desmedro de “un país en recesión” y ante la crisis generada por el fenómeno El Niño, que afectó a gran parte de la población.

La resolución del tribunal sindicó al ex asesor Vladimiro Montesinos de haber recibido la orden del ex presidente para “pagar a los dueños de los diarios chicha”. “En función a cada titular, se pagaba de 2 mil a 3 mil dólares”, se precisó.

Asimismo, se determinó que en su condición de presidente Fujimori tenía la responsabilidad de administrar los fondos públicos y no lo hizo así, pues firmó resoluciones supremas que autorizaban el desvío de fondos.

También se tomaron en cuenta los testimonios de Montesinos y los ex ministros José Villanueva Ruesta y César Saucedo, quienes indicaron que Fujimori dio la orden para derivar el dinero.

Pues bien, la sentencia dictada hoy por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el magistrado Javier Villa Stein, se zurra en las evidencias y absuelve a Fujimori por dos motivos. Uno más grave que el otro.

De un lado, la sentencia indica que Fujimori no tenía conocimiento de los sucesos delictivos en los que estaban involucrados Montesinos y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y que no autorizó nada. Olvida la Sala que los dispositivos legales sobre el Servicio de Inteligencia Nacional señalaban claramente que el único responsable para mover partidas de dicha institución era el Presidente de la República. También olvida la declaración de Mario Ruiz Agüero que indica que Fujimori dictaba los titulares de dichos medios, así como las indicaciones expresas del expresidente para que los altos mandos militares obedecieran a Montesinos. A ello se suman declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi sobre la relación jefe - subordinado de los dos hombres que mandaron en el Perú de los 90s y lo indicado por el exjefe nominal del SIN, Humberto Rosas sobre el monto de los gastos reservados. A ello se suman documentos presentados en el proceso que acreditan la firma de Fujimori en las movidas de dinero.

Si esto ya es rochoso, lo que viene es aún peor. Como adelantó La República hace algunos días, el proyecto de sentencia redactado por el magistrado Josué Pariona ya señalaba una línea bastante controvertida sobre la autoría del delito de peculado:

Sobre el delito de peculado, Pariona indica que, de acuerdo con el Código Penal, este ilícito solo lo comete “el funcionario o servidor público que (….) utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

Es decir, solo se puede perseguir penalmente al funcionario que tiene la función específica de custodiar el dinero o los fondos públicos. A nadie más.

Pero la cuestión es aún peor. En la redacción de la sentencia, se señala que el Presidente de la República solo tiene competencias políticas y de representación, por lo que no es responsable de lo que firma. En la práctica, esto convierte a cualquier funcionario público de elección popular en poco menos que un inimputable frente al delito de peculado. En otras palabras, el caso Fujimori le abre la puerta a que se cierren varios casos por peculado a autoridades de los últimos años. Un duro golpe a la lucha contra la corrupción.

No es el único legicidio perpetrado por la sala Villa Stein durante los últimos días. Como ha reseñado César Romero hace unos días en LR, dos casaciones vistas por este colegiado sobre casos de Ayacucho y El Santa abren una peligrosa senda:

En ambos casos, la Corte Suprema establece que solo el funcionario público comete delitos de corrupción: enriquecimiento ilícito, peculado, negociación incompatible, cohecho, colusión. Los ciudadanos que los corrompen, apoyan o colaboran en los actos ilícitos no cometen delito; es decir, están fuera del alcance de la ley… Son inocentes.

Además, en el caso de Ayacucho se establece que cualquier defecto o irregularidad en un contrato dentro del Estado carece de relevancia penal. El asunto es que en muchos casos la “única prueba” son las irregularidades porque de los acuerdos ilegales no quedan actas y, luego del caso Montesinos, tampoco videos.

Se indica también que podría darse un caso de negociación incompatible, es decir, que el funcionario público busque el cabal cumplimiento de sus funciones o beneficiar a la administración pública. La negociación incompatible solo sería posible si perjudica al Estado.

En la sentencia 782-2015 se señala que el enriquecimiento ilícito solo lo comete el funcionario público. El cómplice, o sea, el sujeto que pueda proveer o guardar el dinero ilícito, no comete ningún delito, escapa a la norma penal.

Igualmente, se establece que el desbalance patrimonial, es decir, el gasto más allá de los ingresos que pueda realizar un funcionario público, solo es indicio para iniciar una investigación, pero no la prueba del delito en el ejercicio del cargo.

Ese “exceso” puede tener un origen distinto al cargo público y, mientras el fiscal no pruebe de dónde salió el dinero, la duda favorece al funcionario.

Y con ello, un privado involucrado en un caso de corrupción ya no podrá ser condenado. Con ello, se cambia todo lo armado durante años en el Poder Judicial respecto al procesamiento de delitos contra la administración pública. Precisamente, en la línea en la que Javier Villa Stein opinaba cuando aún no era magistrado supremo y comentaba en diarios bastante cercanos a sentenciados por corrupción. Esto es lo más grave de lo ocurrido hoy. Porque, al final del día, Alberto Fujimori sigue siendo un criminal condenado.

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1. No solo ha sido la manifestación pública más grande de las últimas décadas. Su riqueza ha sido tal que, en medio de la diversidad de tantos grupos de diverso tipo de pensamiento, el mensaje fue único: basta de impunidad frente a la violencia de género. Por ello, cualquier acto violento contra la mujer que se ha conocido en los últimos días ha merecido rápido e inmediato repudio público.

2. Si bien muchas de las medidas que se deben implementar para acabar con la falta de justicia en estos temas requieren presupuesto y cambios legislativos, hay otras que requieren voluntad política y, sobre todo, instrucciones claras. Lo ocurrido con la ciudadana Milagros Rumiche en Tumbes es un ejemplo de ello. Fue a denunciar a una comisaría los abusos de su pareja, los policías no aceptaron la misma y hoy yace en una cama de un hospital masacrada por el sujeto en cuestión. Una directiva que debería poner ya Carlos Basombrío: policía que no acepta denuncias sobre violencia de género es suspendido inmediatamente. Ello, por supuesto, debe ir acompañado de otras medidas de más largo aliento, como la introducción de una visión de género al interior de una de las instituciones más machistas del país.

3. Volviendo a los cambios legislativos, hay una norma que debe modificarse inmediatamente: El Código Penal. Hace unos días, Rosa María Palacios alertaba sobre el hecho que muchas de las agresiones contra las mujeres solo son sancionadas con tipos menores, como las lesiones. Y, en el caso de la violencia sexual, la abogada Jeanette Llaja señalaba lo siguiente en entrevista con Gabriela Wiener:

(…) el Código Penal refleja la poca indignación que genera la violencia sexual contra las mujeres adultas frente a la que indignación que genera la violencia hacia un niño o una niña, no solo por lo evidente, sino porque persiste el estereotipo de que en la medida en que nuestros cuerpos se desarrollan, las mujeres somos más responsables de la violación. No olvidemos que, según la IOP PUCP, 3 de cada 10 hombres piensa que las mujeres, por lo general, “tienen la culpa de ser violadas, por provocar al hombre”, y que 7 de cada 10 considera que si las mujeres se visten provocativamente se exponen a que les falten el respeto. Así, no sorprende que los legisladores, al modificar el Código Penal, tuvieran la tendencia de agravar las penas de la violación a menores de edad, casi sin tocar la que afecta a adultas.

Esto implica, a mi modo de ver, dos cosas: a) una reforma total del CP que le quite cualquier atisbo de populismo penal y que, a la larga, sea un cuerpo legal congruente y b) que los plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia sobre estos tipos penales realmente respondan a las necesidades de las víctimas.

4. No han faltado los hombres que, luego del éxito de la movilización nacional “Ni Una Menos”, han buscado visibilizar casos de maltrato hacia el género masculino (para no hablar de un grupo de idiotas que han pretendido contrabandear como maltrato lo que, a todas luces, se llama poca autoestima como seres humanos). Es cierto que existen casos de violencia física y psicológica contra varones que no son denunciados. Pero quedan claras dos cosas: a) en número son sustancialmente mucho menores a los sucesos violentos contra mujeres y b) no son denunciados por las víctimas en una comisaría justamente por los roles de género en los que se trata de encasillarnos: hombre macho - mujer sumisa. Y, a esta altura, negar que existe un serio problema en la forma como el Estado y la sociedad tratan a las mujeres que sufren violencia de cualquier tipo - y, encima, tratar de equiparar las excepciones con prácticas lamentablemente cotidianas - es ponerse una venda en los ojos.

5. No cabe duda que la movilización del sábado fue un éxito rotundo. Pero es necesario ahora que dicha presión ciudadana se lleve tanto a los espacios estatales que deben procesar las denuncias, a los agentes de socialización (escuela, medios de comunicación) en los que se reproduce una cultura machista y, por supuesto, a los ámbitos más cotidianos. De poco habrán servido los cientos de (merecidos) gritos de “Poder Judicial, vergüenza nacional” si es que no comenzamos por los cambios inmediatos y, sobre todo, por aquellos que están en nuestro entorno más cercano.

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