Archivo de 16 Marzo 2009

Todo comenzó con la negativa del gobierno peruano para aceptar una donación alemana para la edificación de un Museo de la Memoria, pero pronto el debate sobre este tema recaló en los tiempos de la memoria y, para variar, en la blogósfera, se armaron dos bandos: aquellos que señalaban que lo importante era el imperativo ético de tener un Museo de la Memoria y denunciar la consecuencia del gobierno peruano en su discurso negacionista y los que sostenían que había que analizar porque el discurso de García y sus súbditos no habían tenido mayor oposición más allá de la intelectualidad, así como las limitaciones de los actuales repertorios de protesta del movimiento de derechos humanos.

Yo particularmente no creo que haya oposición real entre ambas posiciones. Creo yo que se debe seguir impulsando una discusión ética y una posición clara sobre estos temas, pero, a la vez, ello no implica que se deba dejar de hacer un esfuerzo por explicarse porque el discurso sobre los derechos humanos sigue teniendo ciertas resistencias. Por el contrario, anotarlas no es abonar en favor de los opuestos a la verdad - vamos, La Razón, Expreso y Correo tienen ya un repertorio de mentiras ya elaborado y que ellos tergiversen algunos argumentos es parte de su modus operandi -, sino colaborar para que dicha causa, que no es patrimonio de un grupo político o una ideología, tenga mayor aceptación.

Entonces, para ir avanzando en el debate, es necesario tener en claro algunas cosas:

1. Básicamente, el conflicto por la memoria sobre el conflicto armado interno tiene “dos bandos” claros: aquellos que, como anotó Jorge Bruce hace algunos días, consideran que las Fuerzas Armadas hicieron bien su trabajo y que los muertos causados por sus “excesos” eran o senderistas bien muertos o costos a pagar por la pacificación. Un exponente de este punto de vista es el congresista Edgar Nuñez, pero en la misma línea se inscribe buena parte de la clase política peruana. El otro bando está conformado por aquellos que consideran que Sendero fue el principal responsable de lo ocurrido en términos de número de víctimas y daño al país, pero que ello no implica que los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos durante el conflicto no deban ser procesados (al igual que los gobernantes). Es allí donde se localiza la discusión, las iniciativas a favor y en contra de la memoria y hasta los insultos.

2. Hay que tener en cuenta que el término reconciliación resulta ciertamente difícil de digerir para muchos, sobre todo, por que creo que la palabra se asocia mucho, en el habla coloquial, al sacramento católico, es decir, al perdón. Por tanto, muchas de las opiniones que se dan sobre si “es posible la reconciliación” se basan en este significado (por ejemplo, la de Fritz Du Bois). Como hemos visto, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos y los senderistas - asi como los políticos que defienden a unos y otros - pretenden utilizar el término como perdón, amnistía, olvido.

Pero revisando el Informe Final de la CVR, se habla de reconciliación a nivel de pacto social general y de allí que sus recomendaciones de reformas apunten en esa línea, mientras que las reparaciones se dirigen más al ámbito personal y comunitario. Son dos ejes que se complementan. Ello aún no ha sido suficientemente explicado, al igual que el propio Informe Final, insuficientemente leído y difundido.

3. Uno de los ejes de la discusión han sido las cifras que el IDEHPUCP presentó hace un par de años sobre la necesidad de recordar para diversas zonas del país y que fueran analizadas en el número 2 de la revista Memoria. En ellas se podía ver que Lima era más susceptible a estos reclamos por memoria que Ayacucho. Curiosamente, gracias a la cooperación alemana, ANFASEP, la asociación de familiares de desaparecidos con sede en Huamanga, ha podido abrir un Museo de la Memoria. Pero, como señala la encuesta, las demandas por reparaciones son mayores en dicha zona del país.

¿Por qué se estaría produciendo una menor demanda por memoria en esta zona del país? Mi hipótesis se condice con algo dicho por la CVR: el conflicto armado interno se superpuso a otros conflictos locales y regionales, así como a procesos de modernización inacabados en las zonas donde fue más fuerte. Ello implica que el enfrentamiento SL (o MRTA) vs FFAA o Policía fue teñido, en cada región del país, por estas dinámicas. Y no extraña que pueblos enteros se enfrentaran a otros o que, con el pretexto del conflicto, se solucionaran disputas inter e intra comunales o incluso problemas personales. De hecho, uno de los casos del grupo Colina (la muerte de los campesinos del Santa), no respondió a la lógica impresa por Fujimori y Montesinos, sino a una venganza personal encargada por Nicolás Hermoza Ríos, a pedido de un amigo de su hermano. Por tanto, parte del deseo de olvidar de parte de nuestros compatriotas se debería a ello.

En un artículo académico, Martín Tanaka indicó lo siguiente:

Pocos han reparado a mi juicio en el hecho de que una parte significativa (aunque difícilmente cuantificable) de las muertes registradas por la CVR, si bien se dan en el contexto de la guerra, no se dan estrictamente por la intervención del senderismo o las FF.AA., y no responden al esquema de una población inerme “entre dos fuegos”. Estas muertes se dan porque la población o sctores de ella aprovecha la presencia de actores armados para “ajustar cuentas” y resolver por medios violentos (en ocasiones excesivamente sanguinarios) conflictos al interior de las comunidades o entre éstas. Así, acusaciones de colaboración con los “terrucos” ante el Ejército, para propiciar represalias. Se trata de conflictos de distinto tipo: disputas por propiedad de tierras, linderos, acceso a pastos o aguas, que se exacerban por la ausencia de instituciones capaces de admnistrar justicia. En el informe de la CVR se presentan casos de varios tipos: algunos de ellos en efecto presentan a una población atrapada entre dos fuegos, pero en otros la población aparece tomando iniciativas y aprovechando la situación de la guerra para dirimir conflictos inter e intra comunales.

4. Lo antes anotado podría explicar parte de estas resistencias. Pero también están las víctimas que, en su derecho, no quisieron hablar sobre lo ocurrido. A raíz del video de Magaly Solier en el Utero de Marita, Jorge Bruce reflexiona:

Para todo esto, esta persona de opiniones fuertes y claras reclama el derecho de su madre a no haber acudido a las audiencias organizadas por la CVR. Ya para qué, dijo su mamá, escéptica. Sería humillante volver a contarlo. Y Magaly recuerda que los cadáveres pasaban por debajo del puente de su chacra, y eran flacos, mientras los perros engordaban, ya se imaginan cómo (“a veces los reconocíamos por los sombreros”). Uno puede discrepar con la decisión de su madre pero cómo no respetarla: si el Estado los había abandonado o, peor, asesinado (“En Huamanga se los llevaban, los metían en costales y arrojaban a las tanquetas y nunca más volvían”), ¿cómo creer en una comisión que para muchos representaba al Estado? Mayor razón para saludar el formidable trabajo realizado por los comisionados, a fin de indagar sobre lo ocurrido en un clima de desconfianza y horror (“a mi abuela la degollaron (…), creo que fueron los terroristas”).

Como vemos, el imperativo ético es importante y vital, pero insuficiente para por sí solo explorar en el tema de la memoria. Para ello, es necesario entender todas las aristas de la verdad y, sin claudicar en los principios, tener un panorama más amplio para actuar. Ojalá los activistas de derechos humanos puedan explorar, a partir de esta discusión, sobre nuevas estrategias.

MAS SOBRE EL TEMA:

The Economist: Don’t Look Back (o como un medio liberal de derechas deja pésimo a Alan García)

Roberto Bustamante: El Museo de la Memoria entre los limeños

Jacqueline Fowks: Cuidados para memorial de la violencia en Jesús María

Jaime Bedoya: El Museo de Antero

Jorge Valdez: Contra el olvido: lo que decimos los historiadores

Carlos Wertherman: Sobre el Museo de la Memoria, la CVR y el olvido

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