Archivo de 2 Marzo 2009

Alan García, Marzo de 2009, negándose al Museo de la Memoria:

“Pues hay quienes creen que las cosas fueron así o que las víctimas fueron éstas. A veces se dice, no señor las cosas fueron de esta manera, y las víctimas fueron otras, y la verdad fue así. Nadie puede negarse y mucho menos yo.”

“A nadie le corresponde decir nosotros somos dueños de la memoria de 28 millones de peruanos. Creo que hay personas que tienen otro punto de vista, cientos de miles de personas, tal vez millones, lo importante es incluir de manera plural las interpretaciones de memoria que hay”

“Nadie debe adueñarse de la memoria, si es lo que los alemanes dicen constitúyase una comisión mucho más amplia, con participación de todos los que se sienten víctimas de violencia, no solamente los que dicen que los juzgaron mal como terroristas sino también los campesinos que fueron victimados por los terroristas o en abusos terribles que hubo por parte de los gobiernos sin querer, evidentemente, pero también los alcaldes fusilados, aniquilados, y los soldados y oficiales que murieron, sumemos todas esas perspectivas para tener una memoria nacional”

“Nadie puede estar en contra de la memoria, lo importante es que nadie se adueñe de la memoria. Nadie puede tapar con un dedo la verdad y la historia”.

Alan García, Junio de 2003, ante la Comisión de la Verdad

“Esta reunión de balance, no podría comenzar sin decir que los cinco años de gobierno del PAP, en confrontación con los sectores violentistas del terrorismo, supuso, para la organización que presido, la pérdida de 1 300 militantes y funcionarios; algunos de cuyos hijos me acompañan hoy día como testigos de esa tragedia. Aprovecho este momento para rendir homenaje a quienes, sirviendo al Estado en condiciones muy difíciles, lo hicieron sabiendo que pagarían con su vida ese servicio y el actuar de acuerdo a los ideales del movimiento de Haya de la Torre; porque, señores Comisionados, creo que el PAP pagó el mayor precio en la vida de sus militantes y funcionarios que otro partido haya pagado”.

“Dentro de ese espíritu, aprovecho este primer párrafo para decir, señor Presidente, que, frente a lo que hemos vivido, hay un lenguaje fundamental que es el de la autoridad, el de la firmeza, el de la necesidad de impedir que vuelva a producirse en nuestra patria aquello que hemos vivido. Y en ese sentido, saludo a esta CVR porque significa un esfuerzo de reflexión que, estoy seguro, conducirá a saber la inmensa gravedad de lo que hemos vivido”.

“No suscribo ningún error, ningún exceso, eso toca a la CVR y a la historia determinarlo y, si necesario, sancionarlo, pero el conjunto de las instituciones respondieron con lealtad a su país”.

“Y cuando se reanudaron las patrullas y se cometió el asesinato de los campesinos de Acomarca, yo sentí que eso era también una infamia en contra del régimen, del régimen democrático del Perú que debía cambiar. Procedimos, y no porque esos señores oficiales fueran responsables de nada, y su honor está a salvo, a destituir al Presidente del Comando Conjunto, al General Jefe de la Segunda Región Militar, al Jefe Político-Militar de Ayacucho, al Jefe del Cuartel de Los Cabitos y toda la línea de oficialidad hasta llegar a la culpabilidad de Acomarca. Para demostrar al mundo que el Gobierno actuaba en defensa de los derechos humanos y que tenían que cambiar las formas”.

“Nosotros no somos ni Alberto Fujimori ni Vladimiro Montesinos; nosotros no actuamos violentando la democracia ni los derechos humanos. Qué fácil hubiera sido hacer lo mismo que en La Cantuta o violentar todas las universidades y cerrarlas, o hacer mitimaes por las provincias donde hubiera más penetración senderista. Se nos reprochó como debilidad mantenernos dentro de la democracia; se nos reprochó como debilidad que en cada ocasión en la que hubiera un exceso, fuéramos nosotros los que saliéramos a decirlo. ¿Por qué lo tiene que decir el adversario si uno tiene la obligación de decirlo?”

“Lo que ocurre es que quienes habían preparado el conculcamiento de todas las libertades y la imposición de una dictadura sobre el país, estoy seguro de que, pudiendo detener a Abimael Guzmán meses antes, guardaron esa posibilidad y ese secreto para hacerlo como justificación de su golpe de Estado en 1992. Si en marzo de 1990, Abimael Guzmán fue casi capturado por el Grupo Especial de Inteligencia; y a partir de las dos casas que se golpearon, como se dice policialmente, se siguió el hilo hasta llegar a Abimael Guzmán, tiempo después; yo estoy convencido, y lo afirmo, que desde meses antes de la captura ya se conocía exactamente dónde estaba. Lo que pasa es que se dejó ese secreto y esa acción para manipular psicosocialmente al pueblo y justificar, a posteriori, el golpe de Estado; diciendo que la democracia es débil, que la democracia no es capaz de actuar”.

“Creo que la CVR tiene un dificilísimo papel, Presidente, porque tiene que escarbar la verdad de los hechos, tiene que dársela a las muchas víctimas que en el fragor de esa lucha y sin ser actores de esa lucha pudieron sufrir sus consecuencias: morir, ser heridos, quedar huérfanos. Tiene que hacerlo porque, finalmente, por criminal que se sea, uno es un ser humano y tiene derechos”.

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Dicen que una media verdad es también una mentira. Y creo que en el caso del Petrogate, una media verdad no solo es una mentira, sino también un intento de desviarnos la atención de lo que debe investigarse.

Durante varias semanas, El Comercio, La Razón y Caretas han esgrimido la tesis de que Petrotech Peruana S.A. fue la empresa que encargó el espionaje telefónico gracias al cual conocimos los actos de corrupción vinculados a Rómulo León y compañía. Para ello, se han basado en la supuesta declaración de Martín Fernández Virhuez, uno de los suboficiales de Marina involucrados en el chuponeo, una declaración que, por cierto, nunca nos mostraron.

Juan Carlos Goicochea, del blog Ombloguismo, ha presentado anoche la carta enviada por el abogado Walter Chinchay, defensor de Fernandez Virhuez, al congresista Oswaldo Luizar, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso, en la que niega que su patrocinado haya acusado a Petrotech de ser la empresa que encargó el espionaje telefónico. La comunicación se puede apreciar a continuación:

No solo ello, Chinchay ha dado declaraciones a Goicochea sobre este caso, que convendría escuchar:

Ello nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué estos tres medios denunciaron tan alegremente esta información si era falsa? ¿Es casualidad que los mismos tres medios fueron los que dieron cuenta de una supuesta fuga de Alberto Varillas, funcionario de Petrotech, y, en el caso de La Razón, haya añadido a la lista de prófugas de la ley a Rosa María Palacios, esposa del mencionado abogado? ¿Es casualidad que el Presidente de la República mezclara papas con camotes para pedir que se nombrara una comisión investigadora a Petrotech y luego se desdijera de la misma?

Pero aun hay más cosas por desenredar.

Hace algunas semanas, Chinchay denunció a Cuarto Poder que su defendido era presionado por Elías Ponce Feijóo para que retracte su versión, cuestión a la que éste se negó. Cabe mencionar que la declaración de Fernández Virhuez es clave para la acusación del Fiscal Walter Milla, como para la instrucción abierta en el Poder Judicial.

No ha sido el único presionado. Anoche, en el programa de César Hildebrandt, el abogado de Jesús Ojeda, otro de los suboficiales involucrados, también indicó que su patrocinado había sido presionado por Ponce Feijóo para que varíe su versión. El caso de Ojeda es muy similar al de Fernández, pues ambos oficiales han decidido contar todo lo que saben.

Y ello resulta congruente con una extraña decisión: César Vega Vega avaló la controvertida decisión de la magistrada María Martínez Gutiérrez de no dejar al Fiscal Milla intervenir en el análisis de los documentos incautados a Business Track. Vega Vega es nada menos que Presidente de la Corte Superior de Lima, pero, también, recordemos, ex socio del señor Presidente de la República y autor de controvertidas resoluciones que favorecieron a apristas y fujimoristas.

Esta decisión también es cuestionada porque la Oficina de Control de la Magistratura ha comprobado que no existen mecanismos de seguridad para custodiar los audios y USBs. Es decir, se pueden robar las pruebas. ¿A quiénes les conviene que esto pase?

Quizás sea por ello que el ex director de una controvertida empresa de seguridad - y ex funcionario público - haga loas al chuponeo en el diario favorito de Palacio de Gobierno.

Pero, volviendo la atención a lo importante, hay que recordar la pregunta de fondo: ¿Quién mandó a chuponear? Tal vez, digo, tal vez, sea importante recordar lo dicho por Gustavo Gorriti hace algunas semanas:

Y en el mercado sobraron clientes. Desde estudios de abogados (algunos con mala fama precedente, pero otros que pasaban por ser boy scouts del Derecho), hasta compañías de inversiones diversificadas. De acuerdo con fuentes con conocimiento de causa de las investigaciones, hay interceptaciones (de teléfonos y de correos electrónicos) relacionadas con la industria cementera. Eso ya se sabía. Pero también con la agroindustria, con industrias lácteas, “y de repente con una cierta vinculación entre sí”, como dice una fuente algo críptica. También las hay, más previsiblemente, en banca y seguros.

En los 26 USB capturados (siete a Ponce, seis a Giannotti), está registrada una parte importante de la historia económica reciente del Perú. De cómo se compite, de las trampas y de su precio.

Una historia que, esperemos, podamos conocer pronto.

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