Archivo de 10 Diciembre 2009

Para nadie es un secreto que los derechos humanos no son un tema importante para este gobierno. Las expresiones airadas de muchos miembros de la actual administración frente a la defensa de los mismos o a las organizaciones no gubernamentales que tienen este tema entre sus preocupaciones, así como los ataques que desde un sector de la prensa se hacen a quienes toman esta bandera como principio, son parte del cuadro general en el que anda el estado de los derechos humanos en el Perú.

Más allá de palabras y símbolos, el poco compromiso del Estado en materia de derechos humanos se encuentra ante los dos principales instrumentos de política pública en este tema: el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El Plan es un documento aprobado al final de la administración Toledo y contiene una serie de medidas destinadas a mejore el respeto de los derechos humanos en el país. Entre las medidas, se encuentran el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú en derechos humanos, el establecimiento de indicadores para medir el avance de cada sector en estos temas, adecuación de legislación nacional, acciones concretas referidas a cada derecho y políticas afirmativas para los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, este gobierno ni siquiera ha tomado como referente de políticas públicas este instrumento y lo mantiene en el limbo. No le ha dado siquiera difusión, por lo que muy pocos saben que existe. Y ya se imaginan como vamos en lo referido a su cumplimiento.

Algo mejor anda la situación del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aunque también con avances y retrocesos. Si bien se viene avanzando en el proyecto de Museo de la Memoria, la difusión del Informe Final de la CVR sigue siendo escasa. Se han avanzado en algunas condenas a las cúpulas de las organizaciones terroristas y a importantes violadores de derechos humanos, pero la mayor parte de procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos prosiguen con lentitud y dificultades en la valoración probatoria. Se han reparado a varias comunidades afectadas por la violencia, pero el Registro Único de Víctimas está paralizado por falta de fondos. Y las reformas institucionales propuestas siguen el mismo destino de  cualquier reforma en este  gobierno.

Los sucesos de Bagua han planteado nuevos - o mejor dicho, viejos - problemas en torno a los derechos humanos, en particular, los referidos a los derechos de pueblos originarios, cuestión central en un país multicultural como el Perú. Como conciliar la economía de mercado con otras formas de propiedad y costumbres sigue siendo un reto en el Perú. El poco avance de las mesas de diálogo para las políticas en favor de los pueblos amazónicos, contrasta con el pedido de perdón al pueblo afroperuano (perdón que, por cierto, tampoco mencionó el hecho capital de la discriminación hacia la comunidad afrodescendiente: la esclavitud).

Pero los derechos humanos se ven también en casos cotidianos o de interés actual: escuadrones de la muerte ejecutando extrajudicialmente delincuentes en Trujillo, universidades que hacen de la educación superior peruana algo cercano al delito de estafa, sensación de inseguridad ciudadana en las calles, la mala atención en los servicios de salud del Estado, empresas que hacen de la contaminación ambiental su marca registrada, son situaciones a las que nos estamos viendo enfrentados todos los días en el Perú.

Hasta allí las responsabilidades del Estado. Pero, como bien ha apuntado Augusto Álvarez Rodrich, quienes están en la defensa de los derechos humanos - que no es un patrimonio de una ideología o sector - tienen también tareas pendientes:

La agenda futura del movimiento debiera ocuparse de un aspecto clave: lograr que el concepto de la defensa de los derechos humanos sea mejor comprendido, extendido y arraigado en la población. El apoyo que se observa en estos días a la denunciada existencia de un escuadrón policial para liquidar delincuentes es una expresión del déficit en este terreno.

Un avance en esa dirección requiere que la defensa de los derechos humanos se desvincule de una corriente ideológica específica –usualmente la izquierda– pues esto constituye una actitud vital de respeto a la condición humana de todos que absolutamente todos deben interiorizar.

Asimismo, la agenda debe incorporar una amplitud mayor a la usual para agregarle elementos de naturaleza económica, tolerancia a las diferencias raciales, religiosas, ideológicas y de orientación sexual, respeto a minorías étnicas, creación de oportunidades para personas con discapacidad, o establecimiento de condiciones de dignidad para ciudadanos en desgracia como los presos.

Finalmente, pero en modo alguno menos importante, la agenda futura del movimiento debe considerar la reivindicación de militares y policías, quienes sienten que sus derechos no han sido respetados como los de otros.

Internalizar que hablar de derechos humanos es hablar de nuestra vida cotidiana, es quizás el primer paso para ir avanzando en una agenda pendiente en muchos sentidos.

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