A diferencia de otras ocasiones, la elección del Contralor General de la República ha generado algo más de expectativa. Tanto periodistas como organizaciones no gubernamentales han coincidido en la importancia de una elección transparente e idónea, que permita contar con una persona que reforme los procedimientos morosos de la Contraloría y convierta a este organismo en un ente eficiente de lucha contra la corrupción. Hay que señalar también que el Petrogate ha ayudado a poner los reflectores puestos en la posible designación.
Wilber Calle Girón: Militar en retiro. Fue Auditor General del Ejército, en cuya gestión denunció negocios hechos con la familia Diaz Costa, que acaparó un importante sector de compras de esta institución.
Ramón Ramírez Erazo: Fue postulante al TC y, como tal, aquí dijimos algunas cosas sobre él. El memorex: era el director de Confidencial, donde se difamaba alegremente a personajes de la farándula y la política nacional. Ha sido candidato al Congreso por Renacimiento Andino en 2001. Es el responsable del pasquín La Nación, desde el cual habla abiertamente de golpes de Estado y que ataca constantemente a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Como vemos, hay de todo, como en botica. Será hora de que esta elección, al igual que la del Tribunal Constitucional, tenga los ojos bien puestos de la ciudadanía. Sobre todo ahora que pareciera que entendimos (espero) que la corrupción es un mal nacional.
En este momento, el mayor involucrado en el Petrogate se encuentra dando su declaración ante el juez anticorrupción Jorge Barreto. Y dado que tenía orden de captura, se espera su traslado a un establecimiento penal en las próximas horas.
En su blog, la periodista Paola Ugaz da a entender que existieron varias presiones para la entrega de RLA, incluyendo algunas amenazas:
La entrega de León Alegría fue producto de la presión que la justicia ejerció sobre sus hijos, parejas y amigos; así como una serie de amenazas de todo tipo realizadas a sus allegados de que su vida corría peligro, por todo lo que sabe.
La amenaza directa que recibió el hombre del faenón fue así; “¿donde está ahora el cajero de Montesinos, el cajero de B. Craxi?…piensa bien lo que vas a decir.
Los días en la clandestinidad del ex ministro aprista Rómulo León llegaron a su fin. De forma sorpresiva, el involucrado en el caso de corrupción relacionado a la adjudicación de lotes petroleros a la empresa Discover acudió a la sede de los juzgados anticorrupción ubicada en la cuadra 26 de la avenida Arenales y se entregó a la justicia.
El hecho sorprendió incluso a los periodistas que montaban guardia en el lugar, quienes entrevistaban al abogado de León Alegría, Luis Roy Freire, cuando un taxi se detuvo en el frontis del local judicial. De este vehículo saldría rápidamente el cuestionado personaje. “Ahí está el señor Romulo León que tanto buscaban”, atinó a decir su abogado ante la sorpresa de los reporteros.
Aún se desconoce el procedimiento a seguir tras la entrega de León Alegría. Fuentes policiales informaron a elcomercio.com.pe que lo que el ex prófugo buscaría es la menor exposición mediática, deseo que hasta ahora se ha cumplido a medias.
“Entiendo que se ha apersonado al juzgado del doctor Barreto para ponerse a derecho… entiendo que es su decisión personal, confiando en el Poder Judicial”, dijo al respecto Rómulo León Romero, hijo del ex ministro aprista, tras reiterar que no supo dónde estuvo su padre y que la última vez que se comunicó con él fue un día después de que se difundieron los audios que destaparon el negociado petrolero, en el que León Alegría es uno de los principales implicados.
Consultado al respecto, el congresista Daniel Abugattás, presidente de la comisión parlamentaria que investiga los ‘petroaudios’, dijo que es un alivio que León Alegría se haya entregado a la justicia, y reveló que anoche, en un conversación que tuvo con el ministro del Interior, Remigio Hernani, este le comentó que tenía la versión de que el ex ministro se iba a entregar hoy.
Cabe hacerse una pregunta en este caso: ¿Por qué Rómulo León se entregó hoy?¿Amenaza? ¿Negociación ya consumada? Eso lo iremos viendo en el transcurso de los días, conforme se conozcan sus declaraciones y aportes a la justicia.
En el caso de los “petroaudios”, todo indica que se trató de un caso de sostenido espionaje industrial, a lo largo de varios meses. Parece, además, que fue un espionaje industrial acometido como una forma de autodefensa.
Hasta donde he podido saber, el espionaje empezó por el negocio del cemento; siguió con el de la banca; continuó con los hospitales y terminó con el petróleo.
Las revelaciones, entonces, han partido por el final y podrían avanzar hacia el comienzo. Aunque también es probable que, caído el anterior Gabinete, apartado el ministro Garrido Lecca (quien parece haber sido el objetivo central del espionaje), se haya llegado a una paz implícita entre espiadores y espiados, y que se pase, gradualmente amortiguado por la jerga judicial y en la formalidad estéril de acciones judiciales, del escándalo al silencio.
¿Por qué espionaje en lugar de Indecopi, para protegerse de la competencia desleal? Todo indica que los empresarios que habrían contratado inicialmente a quienes proporcionaron el servicio de chuponeo sintieron que estaban siendo acorralados por la acción de altos funcionarios corruptos, que actuaron junto con lobiístas corruptos, en representación del interés de empresarios corruptos.
Lo que nos indica que, en realidad, solo estamos ante uno de los eslabones importantes de la cadena de corrupción. Pero no ante el único.
A estas alturas del Petrogate, el nombre más mentado, junto al de Rómulo León Alegría, es el de Fortunato Canaán, un empresario dominicano que no está entre los más rankeados de su país y que tenía interés en desarrollar varios negocios, sobre todo, en los terrenos inmobiliario y hospitalario.
La pregunta del millón en torno a este personaje sigue siendo por qué tuvo tanta receptividad en altas autoridades del gobierno que acudían a su habitación de hotel como si se tratara de un dignatario importante de un país extranjero. Todo hace indicar que ello se debe a tres factores: las conexiones tejidas por el propio Canaán y Rómulo León durante meses, el deseo legítimo de algunos funcionarios de hacer obras de infraestructura que beneficien al país o a su localidad y, en otros, la oportunidad de hacer negocios y negociados. Distinguir entre los unos y los otros es la tarea que le compete al Poder Judicial en los próximos meses.
Fax 1 - 7 de marzo de 2008: Le solicita a RLA que se entreviste con el Presidente de Consucode, Santiago Antunez de Mayolo, para ver el tema de la inscripción de Fortluck ante el Registro Nacional de Proveedores. Necesita una respuesta rápida y un seguimiento del tema.
Fax 2 - Marzo de 2008. Enviado a RLA y al empresario dominicano Rafael Danilo López (Danilo es mencionado en un mail por Rómulo como uno de los dos personajes a los que Luciana León debe recibir bien). En este documento se hace un balance de la situación de los negocios:
- No cuentan con inscripción en CONSUCODE, ni cuenta bancaria, ni otras facilidades.
- Deben imponerse las bases en el concurso de hospitales administrado por OEI, inclinadas hacia ellos. Deben repactarse. Ojo que se dice “estamos pendientes de que tu gran amigo OEI te las apruebe de una vez confeccionadas“. ¿Alusión a José Ignacio López Soria?
- Luego vienen una serie de recriminaciones por los gastos efectuados y los pocos resultados obtenidos. Un dato llama la atención: los viajes de Canaán son por 5 a 6 días, tiempo suficiente para reunirse con varios funcionarios.
Fax 3 - 5 de marzo de 2008: También dirigido a Danilo López y a RLA. Llama la atención:
- “Hemos gestionado con todas las tuercas la participación de OEI con el fundamento de que la superioridad podría ser manejada y así lo aseguró Rómulo“. Nuevamente, sale el tema de OEI.
- Otros casos mencionados: a) Consucode y cuenta en el Banco Continental de Fortluck y b) Sifuentes. Aquí la alusión no es al blogger, sino a Luis Sifuentes Valverde, ex director de infraestructura del Ministerio de Salud, quien ayer reconoció 3 reuniones con Canaán. Las reuniones fueron a pedido de los ex ministros Carlos Vallejos - quien ayer entró en contradicciones con el Secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, sobre la recomendación presidencial de estas reuniones - y Hernán Garrido Lecca, otro de los nombres más mencionados en este caso.
Fax 4 - 5 de marzo de 2008: Se trata de una recriminación a Rómulo León Alegría sobre la gestión de negocios, pero me llama la atención este párrafo:
“Espero que el abrazo (después de romper esta carta) que le des a nuestro representante, selle definitivamente nuestro trato de afecto”.
¿A quién se refiere?
Fax 5 - 7 de marzo de 2008. Enviado desde la oficina de Fortluck en República Dominicana a RLA:
Varias cuestiones en este fax extenso:
- “Decirle a Hernán además de lo que te envíe que voy mañana a Madrid en la tarde para amanecer el domingo 8 y visitar un momento a mi amigo quien me invitó al proceso de votación el domingo 8″. Hernán sería Garrido Lecca. Luego también se indica: “Decirle a Hernán que por favor se lleve de mi advertencia. Que lo iba a llamar por primera vez por teléfono pero no quise que mi primera llamada fuera esta vaina“. ¿A qué asunto se refiere?
- Petroperu - Quimper:
“Envíale el martes los límites que se produce de los tres lotes restantes“. Se confirma con ello que estaba involucrado en este negocio. Y luego se menciona “Ver carta que estamos solicitando una cita con un técnico del área para el Dr. Hurtado ir en un geólogo y un geofísico de Discover“.
- Y luego habla nuevamente del tema de OEI.
Fax 6 - 7 de marzo de 2008:
Aquí existe un dato importante:
“Habiendo tantos interesados en participar en las licitaciones del sistema hospitalario del Perú - de todas las nacionalidades y de todos los calibres - no te parece delicado que el MINSA envíe a España a cargo de la empresa interesada BM3 al funcionario que está representando en estos aspectos al MINSA a ver un hospital que ellos construyeron en España.
Todos los interesados tienen hospitales construidos, por qué BM3?
Esto en cualquier parte del mundo tiene más que un significado.-
Por ejemplo, ¿Cómo llegó la empresa española Torrevieja a trabajar con el ministerio de Salud?
HG: Por amistades personales. Bueno, sí te llaman, sí es cierto, pero si te llaman y te dan una buena idea (N.R. Torrevieja es una experiencia pública-privada en el que la empresa construye el hospital y te cobra por paciente durante 10 años, hasta que te hacen propietario). Me invitaron a España. Yo dije que no podía ir, pero me gustaría que dos personas relevantes fueran, entonces yo llamé a varios presidentes regionales y aceptaron. El presidente de Apurimac y el presidente de San Martín dijeron “sí, nos parece interesantes” y entonces dije “extiéndele la invitación a ellos”.
Luego BM3 aparece y nos dice “¿por qué no visitan algunos hospitales hechos por BM3?”. Dije “me parece muy bien”. Ahora ellos no pagan nada, pero en la resolución suprema, como iban a ver hospitales de BM3 así no hayan pagado nada, yo transparentemente puse y también van a conocer los hospitales de BM3, pero la invitación era de Torrevieja, tal es así que Torrevieja ha sacado un comunicado diciendo “nosotros los invitamos” y BM3 diciendo “yo no pagué nada”.
Fax 7 - 10 de marzo de 2008: Aquí, además de una rabieta por temas técnicos de los planos de los hospitales, hay una queja respecto a un supuesto informe en el que se dice que OEI no tiene capacidad para gerenciar el proceso de licitación. Y la recomendación a Rómulo es:
“Rómulo, qué es esto? Por Dios, dos cosas: habla con tu amigo de OEI que prepare un informe y llévalo a la presidencia del genio y tumba esta ifamia o esta semi verdad o semimentira”
Según Caretas, el genio es nada menos que Garrido Lecca.
En suma, lo que queda claro es que León Alegría pudo cooptar a la OEI para buscar modificar las condiciones de las bases y que las mismas sean favorables a ellos. Las conversaciones con Garrido Lecca eran fluidas, pero todo indica que el viaje a España a ver las obras de dos empresas postoras podría haber cambiado el rumbo lo que podía ser un negocio exitoso para Canaán.
Como vemos, en el tema de hospitales, aún hay mucho pan por rebanar.
Increible pero cierto, Mauricio Mulder dejó la defensa a ultranza del gobierno para hacer un ejercicio poco usual en la política peruana. Vía Perú.21:
El secretario general del Apra, Mauricio Mulder, aseguró que la reincorporación del prófugo ex ministro aprista Rómulo León Alegría en las filas del partido de la estrella fue “vista con indulgencia”, por lo que consideró necesario realizar una autocrítica “más fuerte” dentro de su agrupación política.
“Creo que lo que ha ocurrido (sobre el escándalo de corrupción del ‘Petrogate’) es un tema que nos ha golpeado fuerte, pero del cual el partido va a recuperarse y resarcirse porque la sumatoria de las honestidades de nuestra militancia son infinitamente superiores a aquellas deshonestidades de tres o cuatro”, señaló el congresista en CPN Radio.
“Necesitamos una autocrítica, quizá mucho más sólida, mucho más fuerte, sobre todo, porque el personaje aludido (León Alegría) ya tenía antecedentes. Su reincorporación en la coyuntura del partido en el 99 quizá fue vista con indulgencia o pensando de que el hombre se debe haber regenerado y ha tenido una sentencia que lo favorece. Pero cuando el tipo empezó a tener más vuelo y a creerse que podía tener más nivel ahí han debido pararlo”, apuntó.
Al respecto, Mulder Bedoya consideró que este escándalo va obligar al Apra a realizar un “repliegue político”, a fin de recuperar posiciones en la medida que se deslinde de los actos delictivos.
“El Apra entrará en un proceso en el que, a partir del próximo año, iremos convocando a eventos para que la discusión interna fructifique en un Congreso Nacional en el que se definan las posiciones más claras del partido”, aclaró.
Con todo lo mal que puede caer a veces, lo cierto es que este ejercicio parece sincero. Veremos en los siguientes meses si es que en el APRA algunas cosas cambian.
Algunos comentarios sobre lo dicho por Butters y sobre otros aspectos de la crisis:
1. EL FACTOR BURGA:
Yo creo que Manuel Burga es co-responsable del estado actual del fútbol peruano, pero la casi enfermiza fijación que tiene Butters con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no lo deja ver otras cosas.
en fin. regresando a la realidad. aquí el problema es el corto plazo, lógica instrumental donde cayeron y entraron todos toditos todos: el entrenador (tirando al tacho la idea de ir armando equipo y pensar de que con jugadores de cienciano podíamos sacar un empate en quito), los dirigentes (que nunca ven el más allá y sacan y ponen entrenadores más allá de cualquier proceso), los periodistas (esa estupidez de querer poner jotitas es gigantesca si no se piensa en grande, con un plan de trabajo, con objetivos y metas; ¿qué hacen entrevistando a uribe, al gordo gonzález, etc., para que opinen de la selección?), los hinchas que creyeron que luego de un empate con brasil ya éramos fijos al mundial, etc.
ya, chemo es igualito a uribe pero sin verbo florido y carismático. mañana lo sacan. mañana sacan a burga. mañana sacan al doctor alva. mañana sacan a fido, el perro chusco que vive en el local de la federación y que come camote.
hablé del papel de arturo woodman en todo este zafarrancho. me reafirmo: como director del ipd no ha sabido convencer a las bases deportivas del país que su modelo (basada en la cada vez mayor inversión privada en el deporte) sea el mejor. las sedes regionales han respondido directamente: frente a un modelo liberal, con un protagonismo mayor de los clubes privados (con cúneo a la cabeza), preferimos las viejas relaciones de clientelaje con la federación peruana, que finalmente las deja ser. digamos que desde cierto punto de vista, la elección para presidente de la federación peruana de fútbol ha sido un majaz en pequeño.
Y ello deja como resultado algo que ya se viene comentando hace semanas. La posibilidad de una asamblea de bases en la que los clubes pretendan convencer a las departamentales de que sacar a Burga es lo mejor para todos. Es la única fórmula legal que evitaría la desafiliación.
2. LOS CLUBES:
No se si la lógica de los clubes, como dice Roberto, sea la liberal (la de Woodman claramente lo es). Digo esto porque la mayoría de equipos de fútbol “profesional” se manejan con un esquema poco profesional: contar con un socio en la directiva - generalmente el Presidente - quien opera como mecenas del club, para la olla del equipo y hace contrataciones que paga directamente de su bolsillo y, al final, las finanzas reales de la institución se manejan de modo más modesto.
Esta historia explica porque Sport Boys ha descendido este año. Desde que este equipo volvió a la primera division en 1988, siempre ha tenido a un dirigente que pagaba media planilla del equipo: Beto Levy, Antonio Cuba, Julio Velásquez Giacarini, Mauricio Mulder, Miguel Monteverde e, incluso, Alex Kouri. Este año no contaron con el mecenas, la dirigencia del Boys no tenía plata para pagar y, desacostumbrados a manejar el club con lo que tenían, se vino la hecatombe. El resultado: los chalacos vuelven a segunda luego de 20 años.
Algo similar ocurre con Alianza Lima. Solo que aquí la situación se complejiza más porque la plata que han tenido - no solo mecenas, también los contratos de Manco y demás - se ha vaporizado en un plantel de 35 jugadores, muchos de los cuales ya no están en el equipo o no han rendido lo suficiente. A ello se suma el hecho de que no se hayan podido celebrar las elecciones en el club.
Finalmente, Universitario de Deportes pasa por los mismos problemas. De hecho, aquí quien paga el equipo - descontando deudas - es el dirigente Julio Pacheco, director de la empresa de tercerización laboral Santo Domingo, principal sponsor del club. Las posibilidades de un socio estratégico o de la conversión a sociedad anónima - como Sporting Cristal o San Martín - deberían ser la prioridad el próximo año en Ate.
1. Ordenamiento de la gestión empresarial de los clubes, lo que repercutirá, a mediano plazo, en sus resultados deportivos, al tener dinero y solvencia para contratación de profesionales y mejora de infraestructura. Sostener clubes competitivos ayuda a una mayor taquilla y otros pagos - como derechos de televisión -. A estas alturas, el ordenamiento por sociedades anónimas parece ser el más adecuado. (Ojo, no solo conversión, también puede ser la cesión de gestión futbolística a una sociedad anónima. Un joint venture, como dirían los abogados mercantiles).
2. La necesidad de establecer requisitos de entrada y permanencia de los clubes en la división profesional (en infraestructura y gestión). Y, más importante, que los mismos se cumplan. También se requieren de audítorías independientes en la gestión del fútbol.
3. Reestructurar el campeonato local con un número fijo de instituciones. Y una segunda profesional con 4 ligas que, al final del año, disputen los dos cupos de ascenso. Ello también implicaría un rediseño de la Copa Perú, manejada por las ligas departamentales. Calendario único de partidos que permita la planificación anual de selecciones.
4. Torneos de menores obligatorios para los clubes de Primera y Segunda División. Introducción de mecanismos legales para la contratación de jugadores menores de edad y promoción de los mismos.
5. Definición de roles entre los entes del fútbol y establecimiento de contratos de asociación para que sus labores no queden aisladas.
Como vemos, todo esto es menos simple que un Chau Burga.
Hace algunos meses ví Il Duce, una obra de teatro escrita por Mateo Chiarella sobre el facismo y uno de sus máximos exponentes: Benito Mussollini. La obra alternó escenas claves del ascenso, apogeo y caída de uno de los peores dictadores de la historia con la búsqueda del cadaver del Duce por parte de tres de sus seguidores, quienes piensan que, desenterrándolo, podrán reinstaurar lo que consideraban era su mundo ideal. De hecho, las dictaduras suelen crear ese tipo de ilusiones a quienes creen en ellas. Y los totalitarismos, que venden la idea de un mundo librado a la lógica más simple, son aún más vendedores de este tipo de ficciones. Sobre todo en los momentos en que los gobernantes parecen estar en otra en tiempos de crisis.
Pero también se denomina como facista no solo a los simpatizantes de ese tipo de régimen, sino a todos aquellos que están en contra de los derechos humanos y a favor de cualquier tipo de represión militar. De aquellos que consideran que solo a sangre y fuego se podrá mantener el orden y la seguridad en nuestros países.
Dos ejemplos de este tipo los he podido ver el día de hoy. Se llaman Aldo Mariátegui y Uri Ben Schmuel y son los directores de Correo y La Razón respectivamente. Ambos han defendido, en sus respectivas columnas, la impunidad a favor de los militares que violaron los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Solo quiero detenerme en la reflexión en torno a dos párrafos - uno de cada artículo - a fin de ver las limitaciones de este tipo de pensamiento.
Comienzo por el director de La Razón. Más que amnistía, apunta a una Ley a la argentina: un Punto Final. Sus argumentos:
Bueno, nosotros también creemos que una ley de amnistía es un error. La amnistía es un olvido legal de delitos. Aquí lo que hace falta es una Ley de Punto Final. Porque las FF AA no cometieron delito alguno. Hubo, no lo olvidemos jamás, una guerra desatada por dos bandas terroristas. Los militares y policías, por orden del Estado, salieron a combatir. Y ganaron. Una lástima si hubo excesos. Así son las guerras, pues. War Means Fighting, and Fighting Means Killing. De manera que los triunfadores no deben ser castigados y mucho menos obligados a pedir perdón. Corten los juicios y den de una vez vuelta la página. Debe cesar ahora y para siempre la persecución a los uniformados.
Digamos, lo más similar a esto es lo dicho por el almirante Emilio Massera, uno de los miembros de la Junta Militar Argentina que dejó un saldo de, aproximadamente, 30,000 desaparecidos:
No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa.
Lo curioso es que este no es el pensamiento dentro del Ejército Peruano. Hace 5 años, Gustavo Gorriti entrevistó a varias fuentes militares en torno al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y describió lo que los miembros de las Fuerzas Armadas concebían como “jerarquía de perpetradores”. En resumidas cuentas, esta era la siguiente, en lo que respecta al Ejército:
- Colina, que para ellos no es Ejército (en el juicio a Fujimori ha quedado probadisimo que si son Ejército)
- “Casos indefendibles”: Aca colocan a Cayara, Bustíos o Accomarca. Aquí se aceptan juicios y condenas en el fuero civil y en cárceles civiles.
- “Casos por probar”: A estos casos apuntarían las ayudas para la asistencia legal, básicamente.
Es decír, el Ejército aceptaba que existían casos que, definitivamente, tenían que ser sancionados, lejos de la lógica de Ben Schmuel. Y de hecho, es lo que ha expresado incluso un ex Comandante General del Ejército como José Graham. También lo han hecho otros militares en retiro, como Roberto Chiabra y Jorge Rivas Domínguez.
En la Marina, la cuestión es más compleja. Solo aceptan un año y un caso por investigar: 1984 y Alvaro Artaza (a) “Comandante Camión”. Ya se imaginarán que sucesos como El Frontón no están en su lista de “casos judicializables”. Pero aún así, lo cierto es que miembros de estos institutos armados - e incluso, los proponentes de las controvertidas normas de impunidad - aceptan que hay sucesos que deben castigarse. Digamos, a la derecha de Ben Schmuel solo queda el abismo.
Pero ahora vayamos a lo que dice el nieto del Amauta. En su estilo Aldo M habla de restringir el debate solo a los mayores de 30 años:
Y éste es un tema generacional. No vengan los chiquillos de ahora, los universitarios, los menores de 30 años, los que no la vieron de cerca, a ponerse exquisitos con los derechos humanos, pues a ellos no les han explotado cincos bombas cerca como a mí, no han tenido que gatear por el suelo de su casa mientras zumbaban las balas y el pánico surgía cuando atacaban la embajada de la esquina, ni asistir a un montón de velorios, ni experimentar apagones con ráfagas de disparos por todos lados, ni sentir booms lejanos que revelaban algún bombazo más en la ciudad, ni redadas diarias encañonados por uniformados nerviosos. Lo que para ellos es una cuestión lejana y abstracta es algo muy presente para los supervivientes, para aquellos que escuchamos el Terror a través de las paredes, como bien escribió el poeta Ginsberg.
Yo tengo menos de 30 y recuerdo perfectamente algunas de las cosas de las que habla Aldo M. Recuerdo que han reventado bombas cerca de mi casa, los bloqueos de las comisarías por el temor de que las fueran a volar (de hecho, tenía una a apenas 2 cuadras), los vidrios de las casas o de entidades públicas con cinta adhesiva para contrarrestar la onda expansiva de los coches bomba, los apagones, el temor de que los viejos no llegaran a casa. Recuerdo las noticias y las imágenes de los atentados. No olvido a un primo cuyos males se agravaron por las llamadas amenazadoras que le hacían a su papá, un oficial de la Policía. Y tampoco olvido como mi mamá lloró el día que el juez Ernesto Giusti era velado, dado que su viuda tuvo una relación bastante cercana con ella durante el tiempo en que tuvimos la crisis de los rehenes. Viví esa guerra desde la niñez, mi generación lo hizo, en distintos grados, en distintas formas. No me la han contado ni solo la he leido en el Informe Final de la CVR. Fue parte de mi y de las vidas de todos los peruanos.
Por ello, cuando escribo algo sobre la guerra interna y me dicen que no entiendo nada, por defender los derechos humanos, por condenar la insanía senderista y emerretista al igual que los crímenes cometidos por agentes del Estado, por decir que las amnistías y los indultos no tienen cabida, siento parte de la soledad que puede tener una persona que perdió a alguien en ese conflicto. Porque parece que nos acordamos de nuestros militares y policías caídos solo para decir que no procesen a nadie. Porque se habla en nombre de las víctimas del terrorismo para justificar excesos. Porque nos hemos demorado en reparar a todos y sentir que somos parte del mismo país. De ello, en realidad, se trata la reconciliación.
Por ello es que resulta pertinente esta cita hecha hoy por Martín Tanaka:
La CVR considera que aquellas personas que hayan resultados heridas, lesionadas y muertas en enfrentamientos armados y que pertenecían en ese momento a una organización subversiva terrorista no pueden ser consideradas víctimas. Estas personas tomaron las armas contra el régimen democrático y, como tales, se enfrentaron a la represión legal y legítima que las normas confieren al Estado. Por otro lado, los miembros de las FF.AA., policiales o comités de autodefensa que son heridos, lesionados o muertos en enfrentamientos armados sí son considerados víctimas en este esquema. Estas personas fueron dañadas como consecuencia de un acto legal y legítimo de defensa del orden democrático y merecen el reconocimiento y respeto del Estado y la sociedad” (tomo IX, capítulo 2).
Me causa alergia y nausea el uso de los verdaderos héroes, de las viudas, de los huérfanos, como escudo para poder amparar la impunidad. Y sobre todo cuando esos soldados no son amparados por quienes se llenan la boca hablando de los derechos de nuestros uniformados. Mezclar a héroes y víctimas con asesinos es lo peor que le puede ocurrir al Ejército Peruano y al país. La fórmula es simple: fortalezcamos al Poder Judicial, reparemos a todas las víctimas y dejémonos de propuestas absurdas. Pero parece que lo simple en el Perú se complejiza cada vez más.
Mientras tanto, los anoñadores de los dictadores, en sus escritorios de directores de medios de comunicación, seguirán pensando que la gente no tiene memoria.
Desde hace un año, no dejo de preguntarme con frecuencia sobre los modos en que se puede mejorar la educación superior universitaria en el país. Creo que para todos es claro que, salvo honrosas excepciones, nuestras universidades no resistirían una evaluación a cabalidad de sus capacidades para formar mejores profesionales y, menos aún, en lo que se refiere a la investigación académica y aplicada.
Ayer, en El Comercio, el Tema del Día fue la Acreditación Universitaria, en un artículo preparado por Katherine Subirana y Ralph Zapata. Si revisan el artículo, les quedará claro que aun estamos en pañales en lo que se refiere a esta materia. Si bien contamos con una norma que instala todo un sistema de acreditación para la educación en el país, la misma viene demorando en implementarse. Y en lo que se refiere a universidades, solo se ha contemplado la obligatoriedad de la acreditación de dos carreras: Educación y Ciencias de la Salud (Medicina y afines). La situación en torno a los estándares sobre estas carreras es como sigue:
En el caso de la carrera de educación, de acuerdo con la Resolución Ministerial 0173-2008-ED, publicada el 31 de marzo de este año en el boletín de normas legales del diario oficial “El Peruano”, el Coneau tenía 90 días calendario de plazo para establecer y publicar los estándares de calidad a los que tienen que adecuarse. Y, aunque el plazo vencía en julio, recién en octubre pasado (tres meses después) se ha terminado de establecer y ahora están redactando los procedimientos para la acreditación, según señala el presidente del Coneau, José Viaña.
En el caso de los estándares para las Facultades de Ciencias de la Salud (que agrupa 12 carreras), aún no se ha empezado a trabajar.
El tema es que esta demora ocasionará un retraso en los procesos de acreditación, que no son otra cosa que la comprobación de la calidad de la enseñanza, medida a través de criterios cuantitativos y cualitativos, sobre la base del rendimiento de los alumnos, la infraestructura, los egresados, las investigaciones de los docentes y el grado académico obtenido. Y si ocurre esto en estas dos carreras - que son las que, a nivel latinoamericano y mundial, se solicitan para iniciar este tipo de procesos - imaginemos lo que ocurrirá con las demás.
Pero todo ello parte de algo que me parece central. Y es que no estamos entendiendo que la reforma de la universidad peruana es vital para muchos aspectos: contar con profesionales capacitados para ejercer sus respectivas profesiones (y que, por supuesto, tengan un compromiso ético y con su entorno social), generar verdaderos centros de conocimiento académico y aplicado, incentivar la investigación para generar mejoras en ciencias, tecnología, artes, humanidades y ciencias sociales. Todo ello destinado a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, en el marco de un proceso de descentralización que no debe quedar trunco. Y, por supuesto, no olvidemos que estamos hablando de un derecho humano, que no debiera ser menospreciado por el Estado ni por los privados que se asocian para dar este tipo de servicio.
De hecho, esta poca preocupación se traduce en el desdén con el que las instituciones tratan a las universidades, sobre todo a las públicas. Roberto Bustamante comenta, a raíz de los atropellos del alcalde Castañeda Lossio a San Marcos y a la UNI:
Por otro lado, tenemos a la Universidad Pública (no Universidad para los pobres, sino la Universidad, idealmente hablando, de todos), desprestigiada, sin recursos, sin presupuesto. La educación superior pública termina siendo una suerte de privilegio concedido, y no un derecho.
Así, claro, a recortarles el terreno, qué se han creído ellos, si esto es por el bien de la ciudad. Nada de ir pensando cómo se articula dicho espacio social y cultural con el resto de la urbe, cómo funciona todo. Para la Municipalidad (y en general para el país) la Universidad Pública no es funcional, sino es más bien una suerte de buffer zone, donde los que no pueden acceder al sistema privado puedan acceder a algún título.
En mi opinión, es necesaria una nueva Ley Universitaria que repiense en serio (entre otros tópicos):
1. El tema de los Títulos: si no te acreditas o no pasas la acreditación, ¿por qué tendrías que dar un título “a nombre de la Nación”? Y claro, ello obliga a que todas las carreras y universidades deban acreditarse.
2. El gobierno universitario: procurando establecer normas que eviten que las universidades públicas se transformen en feudos de facciones.
3. Transparencia: Portales electrónicos con toda la información de actas de Consejo y Asamblea Universitarios y el presupuesto colocado íntegramente, tanto en universidades públicas como privadas.
4. Regular a las universidades privadas con fines de lucro: No desaparecerlas, pero si ajustarlas a criterios básicos: acreditación de sus carreras, portales de transparencia en el que coloquen sus accionistas, porcentajes obligatorios de investigación, no beneficios tributarios.
5. Pasar a las filiales de todas las universidades por un serio filtro de calidad.
6. Ir hacia un modelo de universidades regionales que potencien las carreras más necesarias en cada región, de modo tal que se conviertan en centros de formación e investigación que puedan dotar de conocimiento y profesionales en determinadas áreas a todo el país (no me olvido tampoco de los estudios de post grado). Aca se requiere del concurso de los gobiernos regionales, la empresa privada y el sector sin fines de lucro.
7. Incentivar la investigación, a través de beneficios para los profesores dedicados a la misma, porcentajes mínimos a dotar para este campo y coordinar con los mecanismos de propiedad industrial y derechos de autor las garantías legales de las nuevas invenciones y conocimientos.
8. Contar con un ente rector de la Universidad, que sustituya a la ya caduca Asamblea Nacional de Rectores. Y que sea un organismo regulador de verdad.
Pero claro, uno sabe que las leyes no lo cambian todo. Para ello, es necesario comenzar a pensar y actuar en serio en relación con la universidad peruana. Si no cambia la educación, pocas cosas en el Perú podrán cambiar. Aunque claro, también soy consciente que de esta administración, sobre todo en el tema educativo, pocas cosas pueden esperarse.
Comencemos a exigir un derecho que nos corresponde a todos los peruanos.
Aunque hablar de Petrogate a estas alturas ya parece quedar corto - por la cantidad de temas que se mueven alrededor de este tema -, pues vaya que este fin de semana se han abierto nuevas aristas y temas en torno a este caso.
a. Que el Presidente, hasta donde se conoce, mantenía una relación distante con León Alegría, relación que el hoy prófugo intentó recuperar en varias ocasiones.
b. La carta se produce en el momento en que se dio la ruptura de relaciones con Fortunato Canaán. El penúltimo párrafo de la carta a García dice mucho:
Cuando alguien abusa o mal usa el nombre del Presidente de la República, lo encaro por su desatino y con respeto evidencio mi malestar. Como se repiten los excesos y desatinos corto la relación y tomo distancia. Sé que me costará beneficios económicos justamente ganados, no importa. Sin embargo, se distorsionan los hechos y se presentan las cosas con mala intención. Por eso se me acusa y soy reprendido a través de un emisario.
Recordemos que el 14 de mayo de 2006 RLA envía un mail a Canaán en el que da por concluida su relación comercial. Y en el mail a Canáan, se dice, entre otras cosas:
Fortunato, con toda tu brillantez y experiencia que reconozco, permíteme decirte que tienes que revisar algunos conceptos o pautas de conducta, por ejemplo, cómo puedes haber dicho “Rómulo, dependiendo de cómo te portes te reconoceré algo”….. podríamos analizar esta frase desde muchas perspectivas y evidenciar la inmensa carga negativa que tiene. En cuanto a mis responsabilidades empresariales y laborales, así como a mis relaciones personales con quienes consideré mis amigos siempre actúo bien y siempre me portaré correctamente, aun cuando el trato no sea recíproco.
Por cierto, todo esto por formación y convicción personal y totalmente al margen de “reconocerme algo”. Por eso es que el Presidente García me ve como su incondicional, y soy el único que le guarda las espaldas.
Como vemos, esto último parece ser falso. Pero, ¿quién fue el emisario que reprendió a León Alegría?
2. EL SECRETARIO DE PALACIO DE GOBIERNO
Perú.21 y La República han informado que el Secretario General de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, aceptó haberse reunido con Canaán, así como la existencia de mails dirigidos a este funcionario. Como lo recordamos hace unas semanas, Nava es quien maneja la agenda del Presidente de la República, por lo que su aparición en este caso resulta siendo importante.
Ojo que Nava ha confirmado que la reunión con el empresario dominicano se produjo a pedido del Presidente de la República, para que lo pusiera en contacto con el entonces Ministro de Salud Carlos Vallejos. Como adivinarán, el tema de hospitales era lo central de la agenda.
Por su parte, el blog Pepitas señala algunos datos que podrían salir en las siguientes semanas:
- No solo existiría “algunos e-mails” de Rómulo León dirigidos a Luis Nava. También habrían más de 100 audios que lo comproterían en el escándalo “hasta el cuello”, palabras literales de nuestra fuente.
- Luis Nava habría intervenido directamente en las coordinaciones con Rómulo León sin conocimiento ni autorización del presidente Alan García. Los audios serían más que evidentes. Habría intentado “entrar en el negocio”.
- Nava también habría involucrado en el tema a otra importante funcionaria de Palacio.
- El presidente García ya le habría bajado el dedo a Nava. Su salida sería cuestión de horas. Por esta razón, como adelantándose, habría decidido enviar a los medios la Carta de Rómulo León, con la intencióln de demostrar que “romurata” estaba apartado de su entorno.
3. LOS OTROS MINISTROS QUE SE REUNIERON CON CANAAN.
“Jamás nos hemos reunido a solas. No es mi estilo. La primera reunión -que fue antes de julio- fue Fortunato Canaán, Peggy (Cabral) encabezaba el grupo, un tal Danilo y otras personas junto a León Alegría. La reunión la tuvimos en Justicia con el viceministro y la secretaria del ministerio. En esa primera reunión se iban a ilustrar y comentar sobre el sistema penitenciario y la construcción de los penales en Centroamérica. Ellos viajaban ese día, fue una reunión muy breve y quedaron en que iban a traer en la próxima reunión qué estilo de penales ellos habían construido”, relató.
Explicó que luego hubo dos reuniones más y que en todo momento quedó claro que no había licitación, que no hay adjudicación directa y que ni siquiera ese tipo de licitaciones las iba a realizar ese portafolio.
“En la segunda reunión siempre con el viceministro de Justicia- no hay que olvidar que el INPE es una OPD independiente de Justicia y el viceministerio es el que las fiscaliza y supervisa estas OPD- y en presencia del jefe del INPE (Leonardo Caparrós), enseñaron el Power Point de cómo eran los penales que habían construido en Centroamérica”, manifestó.
“Después regresaron una última vez y en esta ya participó el general (Gustavo) Carrión como jefe del INPE, pero siempre con el viceministro de justicia (Erasmo Reyna) y la secretaria general. Esta vez ya no estaba Peggy Cabral. En esta última oportunidad el presidente del INPE dijo que estos penales y la proforma que ellos tenían de cuánto podía valer un penal era exorbitante- creo que era más de 60 millones-, y señalaron que la construcción de Centroamérica era muy diferente a la construcción que se necesitaba en Perú. Los muros eran muy bajos, las barras de la celda eran muy angostas y sobretodo que debería haber un doble piso porque los internos acá hacen forados”, agregó.
Según Cuarto Poder, tanto Caparrós como Carrión descartaron de plano la oferta de Canaán. Pero otro dato me parece más interesante aún. Existió una propuesta de privatización de cárceles, aparecida en febrero de 2008, es decir, ya bajo la gestión de la Ministra Rosario Fernández. La pregunta que se desprende inmediatamente es: Si Canaán tenía interés de entrar en este rubro de negocios, ¿se reunió con Rosario Fernández para tratar este tema?
Pero no fue el único visitante. También estuvo Luis Alva Castro, quien ha reconocido tres reuniones con Canaán: dos en su despacio y una en el Hotel Country Club (sí, en la ya famosa suite). Otra vez aparece el tema de hospitales, dado que Canaán quería construir la ampliación del Hospital Central de la Policía. Y, claro, esto hace risible el hecho de que LAC haya estado buscando “en serio” a Rómulo León Alegría.
Finalmente, una aclaración de Fernando Rospigliosi sobre el tema de los correos falsos vinculados al caso Cemex:
Cualquiera puede darse cuenta de que, ante el más grande caso de corrupción descubierto y judicializado en un gobierno democrático, perderse en esos vericuetos extravagantes solo puede tener un objetivo diversionista.
Pero después las cosas han ido mucho más lejos. Valenzuela ha realizado una campaña de blanqueo del ex ministro Hernán Garrido Lecca.
Garrido Lecca es un personaje ampliamente conocido en el mundo empresarial y periodístico. Por supuesto, Valenzuela puede usar su programa para intentar lavarle la cara. La libertad de prensa debe ser irrestricta.
Pero no tiene derecho a mentir para lograr ese propósito. Ella ha sostenido que unos correos electrónicos que presuntamente fueron entregados a un congresista, luego trasladados a la comisión del Congreso y, por último, proporcionados a la Fiscalía también me llegaron a mí y a Cuarto poder, de América TV. Valenzuela sostiene que esos correos son trucados y nos acusa ¡por no difundir materiales falsos!
El hecho es que esos correos jamás me llegaron a mí ni a Cuarto poder, y ella lo sabe. Miente deliberadamente con el propósito de confundir. Sus razones tendrá.
–¿Los ‘petroaudios’ complementaban una investigación en curso?
–Así es. Estábamos metidos en un caso de ‘corrupción transparente’. Es decir, un caso en el que aparentemente se estaba cumpliendo escrupulosamente con la ley y en el que incluso habían intervenido los organismos fiscalizadores. Pero por debajo estaba la corrupción.
–¿Se trataba de la adjudicación de lotes petrolíferos a la noruega Discover?
–No. Empezamos haciendo un seguimiento a los mexicanos que llegaron a Perú con grandes inversiones, en particular en el rubro del cemento. Sabíamos que una cementera mexicana se había peleado con otra peruana asociada con norteamericanos de Arizona. Los mexicanos ofrecieron a la sociedad comprarles sus cementeras allá en Estados Unidos y los socios se negaron. Los mexicanos juraron vengarse diciendo: “Los vamos a quebrar en su país”. Y en efecto, los mexicanos llegaron el año pasado y en el gobierno comenzaron una serie de movidas al parecer en beneficio de estos. Empezamos a investigar y es así que nos encontramos con el dominicano Fortunato Canaán, quien aparece vinculado con los mexicanos. Y Canaán tenía contratado a Rómulo León. Los ‘petroaudios’ lo acreditan.
–¿Quienes interceptaron los teléfonos lo hicieron para protegerse de los mexicanos?
–Es una hipótesis. Los ‘petroaudios’ serían parte de un espionaje industrial. Digamos que querían pescar lenguado y cayeron en las redes tiburón, bonito, dorado y otras especies como petróleo, hospitales, Banco de México, etc. Y descubrieron que Rómulo León, el empleado de Canaán, era el que facilitaba el acceso al gobierno.
–Eso explica por qué el principal ‘chuponeado’ es León.
–Sí, porque era quien estaba articulando todo el abanico. Entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y ante la constatación de que los organismos anticorrupción no funcionaban para nada, formaron una suerte de liga de industriales que en defensa legítima obtuvieron con los audios pruebas de que estaban siendo víctimas de una conspiración. Pruebas de que la corrupción los estaba avasallando, bajo la apariencia de que todo lo que estaba ocurriendo era aparentemente legal. Estamos hablando de un caso de ‘chuponeo’ en defensa propia.
Para los incrédulos, vean esta noticia de La República:
La amnistía o el indulto propuestos para militares o policías condenados o procesados por violaciones de los derechos humanos busca ayudar a los altos mandos, que son realmente responsables de estos delitos, advirtió el presidente de la Asociación de Comandantes de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, el comandante (r) Jorge Rivas Domínguez.
Estos proyectos tienen nombre propio. Se están proponiendo para evitar la responsabilidad de los mandos que dieron las órdenes, como el general Hermoza y el vicealmirante Giampietri, que están siendo o pueden ser juzgados por actos de violaciones de derechos humanos”, dijo.
Cuestionó la propuesta de los congresistas afirmando que la verdadera intención es congraciarse con miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, haciendo parecer que se preocupan por los efectivos que están siendo enjuiciados.
Los congresistas Mercedes Cabanillas y Gonzales Posada han sido presidentes de la Comisión de Defensa y no han hecho nada. Y recién ahora, que el gobierno está desacreditado, están buscando acercarse a los militares”, manifestó.
Pero Rivas no se quedó allí y añadió lo siguiente:
Rivas sostuvo que muchos miembros que pertenecen a la asociación que preside participaron en la lucha contra el terrorismo y varios de ellos ahora están detenidos injustamente por órdenes judiciales.
Aseguró que lo que exigen es tener un proceso adecuado para demostrar su inocencia, pero no una amnistía ni un indulto.
Ellos quieren que se les juzgue, se limpie su nombre, se reconozca su inocencia, pero que todo ello se haga rápido, con la adecuada celeridad. Ellos no quieren indulto ni amnistía, sino que se declare que son inocentes”, enfatizó.
Criticó que con estos proyectos se intente poner juntos a responsables e inocentes, con el argumento de hacer justicia a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la pacificación.
Los que sí han tenido participación en las violaciones de derechos humanos deben ser castigados. No se puede amnistiar al grupo Colina, a los que actuaron en Accomarca o en otros casos así“, refirió.
Aseveró que los oficiales medios y los suboficiales solo cumplieron órdenes de los altos mandos y las directivas del gobierno, “y ahora nuevamente los quieren utilizar”.
Pues este es el mensaje claro que nos debe quedar. Hay Congresistas de la República que vienen utilizando este tema de los procesos por violaciones de los derechos humanos para salvar a determinadas personas: Alan García, Luis Giampietri, Ollanta Humala o Alberto Fujimori. O, porque a diferencia del comandante Rivas, creen que actos como Cayara, Los Cabitos o La Cantuta fueron actos de heroícidad.
Ya lo hemos dicho aquí, lo mejor que se puede hacer en estos casos es que los juicios terminen y dejen sentencias firmes. De hecho, esa es la razón por la cual se crea un Poder Judicial en cualquier país del mundo. Las amnistías y los indultos son cuestiones excepcionales y, como ya se ha dicho en varios tribunales internacionales, no se pueden utilizar para alcanzar impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos.
Una aclaración al congresista Nuñez. Estos procesos no tienen 20 años. Algunos tienen 4 años (ojo, Poder Judicial y Ministerio Público, mayor celeridad con estos y otros casos) o menos tiempo. Pero ello debería ser motivo para que se reclame a estos organismos del Estado - y al Ministerio de Defensa, que no da información clave para avanzar con estos casos - una mejor respuesta, no salidas controvertidas que dividen al país.
A falta de uno, se han presentado dos proyectos de Ley en favor de la impunidad en caso de derechos humanos.
El primero es el ya anunciado por el congresista aprista Edgar Nuñez. Este Proyecto de Ley de Amnistía es un arroz con mango. Comienza por amnistiar a los comandos de Chavín de Huantar, que ya no están comprendidos en ningún proceso por violaciones de derechos humanos (de hecho, los procesados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la exitosa operación militar son Montesinos, Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio). Y luego propone una cosa realmente rara: una Comisión Ad Hoc para determinar a quienes se van a ammistiar.
Perdón por adelantado
El proyecto pide indulto o amnistía para personal militar aunque no esté aún sentenciado por los delitos que se les imputan. Es una “amnistía preventiva”.
Gato por liebre Quiere usar el tema socialmente sensible de los comandos de Chavin de Huantar, que gozan hasta cierto punto de la simpatía de la opinión pública, para pasar de contrabando su segundo objetivo, que es crear una Comisión Ad Hoc que evalúe amnistiar a personal militar o policial que se encuentre denunciado o procesado por la presunta comisión de delitos militares o contra los derechos humanos. Formar esta comisión es su real objetivo.
Resucita los mal usados “delitos de función”
Señala el proyecto “(el personal militar) que se encuentre denunciado o procesado por la presunta comisión de delitos militares o contra los derechos humanos”. Se refiere, de modo rebuscado, a los delitos de función, tradicionalmente usados por violadores de derechos humanos en el Perú y el mundo como argumento para logar impunidad.
Jueces y parte
Además de propone como miembros de esta Comisión Ad Hoc a un representante del Presidente, del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, incluye obviamente a los Ministerios de Defensa e Interior.
Integrantes imposibles La Defensora del Pueblo ha adelantado que no conformará dicha comisión por ser una propuesta inconstitucional. Suponemos que la Iglesia Católica se abstendrá también de participar.
Sin criterios de objetividad
Propone el proyecto que el Ministerio de Defensa se haga cargo de la Secretaría Técnica y que pondrá infraestructura y recursos para ello. En el supuesto negado de que se aprobara una comisión tal, con militares evaluando a militares no se garantizaría ninguna objetividad.
El efecto por la causa
Si el Ministerio de Defensa no colabora actualmente con los procesos de justicia ¿por qué encargarle un trabajo como este? El proyecto supuestamente quiere evitar que miembros de las fuerzas de seguridad no sufran procesos penales interminables. Pero una de las causas de esta demora es que el Ministerio de Defensa se muestra reacio a colaborar con ellos. Si lo hiciera, dichos procesos serían mucho más rápidos y no habría necesidad de iniciativas como la presentada. Lo que deberían hacer los congresistas es solicitar al Ministerio de Defensa que haga su trabajo y respete al Poder Judicial.
Tiempo Se plantea para la Comisión una duración de 120 días. Procesos complejos que según propias palabras de los involucrados “han llevado años”, se resolverían seguramente a destajo o al peso para terminar a tiempo.
Interpretación auténtica
El proyecto plantea una interpretación auténtica de la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Barrios Altos, que declara inadmisible la amnistía para violaciones de derechos humanos. Presentando una argumentación incoherente, confusa y de lamentable redacción, “demuestra” que la amnistía que pide sí es admisible. El argumento lógico es el siguiente:
La CIDH y los tratados internacionales prohíben las amnistías si estas buscan impunidad / Mi proyecto no busca la impunidad ni evadir la investigación ni el debido proceso/ Ergo, la amnistía que pido es posible.
Curioso argumento. La clave está en que la segunda sentencia es falsa. El proyecto en su integridad propone precisamente crear un mecanismo para evaluar perdones. No demuestra de ninguna manera que esto no sea así. Solo pide que se crea que “no busca impunidad” porque así lo declara.
Pues bien, hoy, la congresista aprista; Mercedes Cabanillas, ha planteado la creación de una comisión ad hoc que pueda proponer a nuestra grandilocuente presidente, Alan García, concesiones de indulto o reducción de penas a los miembros de nuestras FFAA y PNP. Este proyecto Ley Nº 2848 sólo contemplaría los casos donde habría elementos probatorios insuficientes; y de ningún modo sería aplicable a casos donde se ha producido violación de los derechos humanos.
Bueno, eso es lo que dice la letra del Proyecto. Pero lo que se propone es una comisión como la que existió para inocentes sentenciados por terrorismo. Comisión Ad Hoc, por cierto, que funcionó para casos en los que era claramente evidente la inocencia del sentenciado, pero en la que, ojo, se evaluaban procesos que se realizaron sin las garantías del debido proceso, como eran las que se dictaban en ese tiempo. A los militares procesados se les ha respetado el debido proceso y se les ha juzgado en el fuero correspondiente. Por tanto, ¿a cuento de qué crear una comisión como esta?
Aquí solo cabe una cosa: que el Ministerio de Defensa entregue su información y que el Poder Judicial se ponga las pilas. La única manera de determinar quien es inocente y quien es culpable es en un juicio. Salidas como éstas, en realidad, lo que harán es echar un manto de sospecha sobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Algo que los proponentes de este proyecto deberían pensar, si es que aún el cerebro les funciona.
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