(Foto: Andina)

Durante las últimas semanas, el Congreso de la República ha iniciado una ofensiva contra el Ministerio Público. ¿El motivo? La decisión de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano colegiado de la entidad encargada de la investigación de delitos, de no autorizar al fiscal Hamilton Castro para declarar ante la Comisión Investigadora parlamentaria del caso Lava Jato.

En su columna del domingo, Enrique Pasquel, subdirector de El Comercio, resumió las principales declaraciones de los parlamentarios:

Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso] a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación y los demás fiscales supremos se oponen a la asistencia de Castro a la Comisión del Congreso? Muy simple. La reserva con la que el fiscal del caso Lava Jato se ha manejado no solo está dando resultados, sino que resulta clave para seguir avanzando en el mismo. En un foro político en el que existen varios partidos interesados en conocer a quien le pueden pegar luego - para aprovecharlo políticamente o salvar a sus líderes -, sin duda, presionar por esta información es una tentación para cualquiera.

A ello se suma que el Fiscal de la Nación no se sintió cómodo en la presentación que tuvo en el Congreso. Esto fue lo que indicó esta mañana para Ideele Radio:

“Nosotros no vamos a permitir el maltrato a los fiscales, a ninguno. Eso es clarísimo. Ciertamente yo me sentí ofendido ese día en la comisión, se nos hizo preguntas que no venían al caso. Además, no escuché ninguna propuesta, todo era crítica y ninguna propuesta”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La investigación comprende a personajes políticos, entonces sé que era inevitable que haya reacción obviamente, pero no de esa manera”, refirió.

En ese sentido, Sánchez Velarde dijo que el maltrato que recibió de parte de los miembros de esta comisión influyó en la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, para que el fiscal Hamilton Castro no acuda a dicho grupo de trabajo.

Asimismo, Pablo Sánchez Velarde aludió a la amenaza de acusación constitucional que refirió el congresista Mauricio Mulder:

“La acusación constitucional [que plantearon presentar desde el Congreso] es una amenaza inaceptable, además, sin base constitucional, pero es parte del momento quizás que aconteció”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La presidenta del Congreso tuvo un ánimo conciliador. Luz Salgado es una persona que conoce mucho el trabajo constitucional y, ciertamente, planteó lo que dice la comisión, yo planteé lo que dijo la junta. Hemos tratado de conciliar, lo que queremos en el fondo es solucionar el problema, creo que es una formula bastante positiva de hacerlo”, afirmó.

De acuerdo a lo indicado por Ricardo Uceda en su columna de ayer, precisamente la reunión con Salgado habría puesto paños fríos y evitado que la sangre llegara al río.

Sánchez Velarde ha sido categórico en su respuesta final al Congreso: el fiscal Castro solo emitirá un informe escrito con aquello que pueda contar. No más, no menos. Esa sería la forma de solucionar el impasse.

Sin embargo, un sector del Congreso de la República insiste en citar a Castro. Ayer la Comisión de Constitución aprobó un informe en el que interpreta que ningún fiscal puede negarse a asistir al Congreso. Pero, como indica La República, constitucionalistas de diversas tendencias respaldan la posición del Ministerio Público, en base a la reserva de la investigación.

Finalmente, salvo que existan indicios sobre funcionarios con derecho a antejuicio, las recomendaciones y hallazgos del grupo de trabajo parlamentario sobre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García (y sí se animan, los anteriores) terminarán siendo enviados para el Ministerio Público. Por tanto, tanta insistencia puede tener dos posibles causas: figuretismo o un afán por desvirtuar los pasos que se vienen.

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(Con Lula, otro caído en desgracia. Foto: La República)

Si me preguntan en qué momento comenzó a fraguarse el final político - judicial de Alejandro Toledo, respondería con la siguiente premisa: el día que abrió a su corredor inmobiliario.

Como han contado Rosa María Palacios (en 2013) y Aldo Mariátegui (hoy), las versiones sobre la adquisición de una casa en Casuarinas por parte del expresidente vinieron con un dato adicional: Toledo había contactado al dueño original de la casa en la exclusiva urbanización de Surco y eludió el trato con el corredor al que había contratado para tal fin.  Y el corredor, como muchos sabemos, estuvo bastante dispuesto a hablar con la prensa sobre esta operación.

Paralelamente, periodistas como Óscar Libón iniciaron una investigación periodística que terminaría en los resultados hoy por todos conocidos.

Fue así que se conoció que, en realidad, toda la mascarada de “reparación producto del Holocausto” (nunca una coartada había sido tan baja) era un pretexto para encubrir que el real beneficiario de una vivienda y una oficina compradas a través de una off shore costarricense era el propio exmandatario. Y fue allí que Toledo pasó a la versión que hasta hoy esgrime: que la plata era de su amigo Joseph Maiman y que él solo fue un facilitador para que el empresario peruano - israelí comprara dichos inmuebles.

De hecho, cuando Toledo inventó tantas versiones para explicar una compra de inmuebles y el pago de la hipoteca de su casa de Camacho terminó de cerrar una carrera política que nació prometedora y que termina con varias sombras.

Hace 22 años, Toledo surgió a la vida política como candidato presidencial. Ya lo acompañaba la historia de economista exitoso con postgrado y estadía en Harvard, así como algunos tics de engolamiento de voz. Aquella campaña no le fue grata debido al paseo que le fue para Fujimori ganar en 1995, en medio de la guerra con Ecuador, así como por el recuerdo de ciertas asesorías a Carlos Manrique a inicios de los años 90.

Cinco años más tarde, volvió a tentar suerte. Con partido rebautizado, discurso enfocado en uno de los grandes fracasos del fujimorismo - la generación de empleo, más aún, en tiempos de recesión - y buscando a los decepcionados con el autócrata que no querían mandarse con un cambio radical, Toledo pasaba caleta en una contienda donde el aparato mafioso del expresidente se concentraba en dos piñatas: Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio. El candidato de Perú Posible pasaba fuera de su radar, hasta que en marzo comenzó a despuntar en las encuestas. Como diez años atrás, la gente se inventó un candidato y Toledo pasó de su tibieza inicial a ser el líder opositor a Fujimori.  Marchas y contramarchas hicieron que decidiera retirarse de la segunda vuelta electoral y, finalmente, lideró la más importante protesta contra el fujimorato. Esa aura hizo que algunos de los temas que ya merecían cuestionamiento como el no reconocimiento de una paternidad pasaran a segundo plano y que, a fin de cuentas, ganara la Presidencia de la República en 2001.

Hasta hace unos meses, cuando se hacían las sumas y las restas, el legado de Toledo podría ubicarse de la siguiente manera: respeto general a las libertades democráticas más allá de algunos episodios puntuales, compromiso con los derechos humanos hasta cierto punto (aceptó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero se demoró harto en implementar sus recomendaciones), el inicio de los conflictos sociales por proyectos mineros, gran reactivación económica, obras de infraestructura y, hasta hace poco, casos menores de corrupción. Frente a lo que dejaron sus sucesores, la presidencia del líder de Perú Posible quedaba como signo de una transición inconclusa, pero también de un mayor estímulo reformista al emprendido por García y Humala.

De allí que buscara tentar suerte nuevamente en 2011 y 2016, en lo que serían dos rotundos fracasos. Entre su salida de la Presidencia de la República y su última aventura electoral, Toledo dilapidó partido (al que nunca institucionalizó y está a punto de perder su inscripción), bancada (hoy inexistente), cuadros (repartidos entre la izquierda y el actual oficialismo) y, sobre todo, prestigio.

Y es que, hasta allí, estábamos ante un político irresponsable y autodestructivo. Como escribía Eduardo Dargent en 2013, cuando el caso Ecoteva recién se iniciaba:

Su deber era tener una relación distinta con la población tras los escándalos de corrupción del fujimorismo. Demostrar que un presidente podía trabajar, ser eficiente, y además ser honesto. Por supuesto, la política es cosa difícil y no se la pusieron nada fácil. Lidió con una oposición feroz desde diversos frentes, especialmente los corruptos bajo investigación. Pero en esas condiciones, ¿no debía cuidarse el doble? ¿No tenía la obligación de ser tres veces más precavido?

No solo no lo hizo, sino que fue irresponsable. En pocas semanas se ganó la fama de ocioso, de no saber mantener a distancia a sus amigotes. Ya ni sé cuántas veces fue a Punta Sal, cuando el régimen estaba tambaleando y la sensación de banalidad se difundía entre la población más pobre. Un cobarde por la forma que enfrentó el tema de su hija Zaraí. Un gobierno con algunas virtudes, apoyado en un boom mineral en los últimos años, le ayudó a sortear estos problemas. Pero no es exagerado decir que uno de los principales problemas del gobierno de Toledo fue Toledo.

Pero todo ello - que revelaba a un presidente mediano con un comportamiento político mediocre - deberá ser revisado a la luz de lo conocido. Una de sus obras emblemáticas, la Carretera Interocéanica, terminó siendo su tumba. La evidencia abunda sobre la existencia de coimas de las empresas Odebrecht y Camargo Correa que llegaron a cuentas de Maiman. Y, en el caso de la primera, habrían llegado hasta el propio Toledo, de acuerdo con la versión de Jorge Barata, el hombre clave de la constructora en el Perú. A ello se suma la formación de empresas off shore en Panamá vía el famoso estudio Mossack Fonseca por parte de los allegados al expresidente.  Para decirlo en claro: quien dijo que lucharía contra la corrupcion de Fujimori probablemente termine siendo su vecino de celda en la DIROES.

Los voceros más vocingleros del fujimorismo han buscado que la debacle final de Toledo sea el hito final de la caída de quien “los persiguió”. Más allá de excesos en algunos casos puntuales, lo cierto es que la justicia hizo su trabajo con los responsables de robos en peso al erario nacional y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los años 90. Esta suerte de competencia de “nosotros robamos menos” no solo es infame por lo que representa tanto para el fujimorismo como para los pocos voceros que le quedan a Perú Posible, sino también porque busca exonerar culpas. Alberto Fujimori es un delincuente. Que muy probablemente Alejandro Toledo también lo sea no lo salva del juicio judicial y de la historia. Y, de hecho, el antifujimorismo sigue vivo gracias a que Fuerza Popular no representa un cambio sustancial frente a los modos, forma y fondo de la última infame década del siglo XX.

Así llegamos a este momento: con Alejandro Toledo en París, negando la realidad. Con su esposa como única asesora política, lanzando supuestas amenazas veladas. Y con su credibilidad liquidada. Triste final para quien, para muchos, representó una esperanza.

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Tres columnistas de distintas profesiones han comenzado un debate sobre la vinculación que tendría la prevalencia de la tecnocracia en el Estado peruano con los casos de corrupción referidos a las obras hechas por constructoras brasileñas en nuestro país.

Carlos Mélendez indica que estamos ante una “tercera generación” de casos de corrupción, luego de la “partidaria” (el primer gobierno aprista) y la “anti partido” (el fujimorato).  Esta tercera ola vendrá a partir de la debilidad institucional con la que se han conducido los tres gobiernos democráticos de los últimos quince años y que no han querido reforzar. En ello, se refuerzan las siguientes conductas:

La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.

Fernando Vivas no alude a la tercera ola, pero sí a lo que considera que es el fracaso de un proyecto de prevalencia tecnocrática en el Estado peruano, en detrimento de la política. Una forma de ver el mundo que se alimentó por la necesidad de atraer inversiones luego de la recesión de fines del fujimorato, así como por la debilidad de estos gobiernos. ¿Cómo sería este proyecto de Estado sin políticos?

A ver, mi respuesta tentativa: un país despolitizado donde la ‘accountability’ la asumen los gobernantes de turno, puertas giratorias entre sector público y privado, promoción de las APP y obras por impuestos, transferencia de riesgos privados al Estado (miren si no a Chinchero).  Y también programas sociales y regulación en educación y salud; que necesitamos un Perú sostenible y sin caldo de cultivo para los antisistema, faltaba más.

Desde su orilla, Jaime de Althaus retruca e indica que, en realidad, no existe tal prevalencia tecnocrática. Lo que tenemos son islas de eficiencia en algunos lados (y en otros, como Proinversión, se termina de caer el mito) así como una incipiente creación de una capa técnica en Educación. El proyecto no sería tecnocrático, sino la exportación de la transnacional PT-empresas brasileñas como variable geopolítica. Y no se toma en cuenta que la corrupción también afectó a los gobiernos regionales y locales, donde lo técnico pesa mucho menos.

¿Qué conclusiones sacar de esta discusión?

Coincido con Althaus en los matices señalados. Como indica Eduardo Dargent en su libro sobre tecnocracia, existen sectores donde hay mayores facilidades para que la tecnocracia se desarrolle y otros donde las dificultades son mayores. Estos profesionales se posicionan gracias al mayor costo político de una mala performance en sectores que comienzan a tener mayor vigilancia interna y externa, alta especialización de sus políticas públicas y un elevado consenso sobre determinadas medidas. Ello explica porque el MEF tiene una tecnocracia firme desde hace un cuarto de siglo y en Proinversión más bien las cosas anden a trompicones.

Un segundo factor que Althaus toma en cuenta y que debe analizarse es el hecho que la corrupción del caso Lava Jato tiene a una importante arista: los niveles subnacionales. Con menos estímulos para crecer técnicamente y con mayores dificultades para proponer proyectos de inversión, la llegada de una gran empresa que propone una asociación público privada o una concesión le soluciona la vida al alcalde o presidente regional de turnos. Con funcionarios menos duchos en tratar temas técnicos, es claro que esto puede ser un estímulo para la corrupción.

Sin embargo, hay cuestiones con las que discrepo con el antropólogo. La primera de ellas tiene que ver con el tema geopolítico. Es cierto que el PT enlazó claramente con las empresas constructoras brasileñas para exportar un proyecto de liderazgo en América del Sur y algunas partes de África que tenía un fuerte componente de infraestructura. De allí que Brasil tuviera interés en contar con gobiernos cercanos a ellos o montar “alianzas estratégicas”. Sin embargo, dicha política no comenzó con Lula, sino con su antecesor.

En realidad, el proyecto geopolítico viene desde Fernando Henrique Cardoso, quien es quien impulsa la Comunidad Sudamericana de Naciones e IIRSA (por eso se hacía el loco con el fraude de Fujimori en el 2000). Con el PT básicamente la cosa llego a niveles de trapicheo y poca división de los límites Estado - empresas. Recordemos que Lula, ya como expresidente, iba a varios países como conferencista y componedor de negocios de Odebrecht.

Una segunda discrepancia tiene que ver con el modus vivendi de la tecnocracia no aliente cierto sentido de corrupción. Y es allí donde coincido con Vivas y Meléndez.

Es claro que existen “puertas giratorias” en el Estado, dado que se recluta personal del sector privado para puestos públicos importantes, lo que conllevaría el riesgo de posibles conflictos de interés o favorecimientos a las empresas donde trabajaron o que, luego de trabajar para la administración pública, estas personas vuelvan - mediando un tiempo - a trabajar en empresas. Es claro que el fenómeno existe, pero no se sabe bien como regularlo.

También es cierto que prevalece un sentido común que va más allá de las puertas giratorias. Como indica Martín Tanaka:

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

Y, en esa línea, la tecnocracia peruana si tendría que repensar, a la luz de lo sucedido con estas empresas, cómo regula estos conflictos, la participación de gestores de intereses, cómo hace que la asociación público privada sea bien diseñada y cómo atrae a técnicos que, junto con su expertise, traigan consigo también una ética a prueba de balas. Quizás sea exagerado hablar de una tercera ola, pero también es claro que los tecnócratas peruanos deberán tener claro que deben compartir escenario con los políticos y preocuparse más por temas como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

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Durante sus primeros seis meses de mandato, Pedro Pablo Kuczynski se había cuidado hasta cierto punto en el nombramiento de lo que, en jerga política, se denomina como “embajadores políticos”.

Como es conocido, la Ley del Servicio Diplomático permite que el Presidente de la República pueda designar hasta el veinte por ciento del número de jefes de misión diplomática con personas que no pertenezcan al cuerpo de embajadores de carrera, la misma que se inicia con estudios de postgrado en la Academia Diplomática del Perú.

Hasta hoy, el único “embajador político” designado por PPK era Hugo Otero, publicista en las cuatro campañas presidenciales de Alan García y quien también asesoró a PPK durante la campaña electoral de 2011. La designación de Otero era un claro guiño al APRA, que no ha sido devuelto por García, dado que la bancada aprista ha votado en varias posiciones importantes con el fujimorismo. Los arqueos de cejas fueron menores, además, porque el experto en marketing electoral ya había ocupado ese puesto en Chile en el segundo gobierno aprista.

Sin embargo, un dato aparecido ayer en la revista Caretas y que también contó el periodista Umberto Jara sí ha causado alguna conmoción: la nueva embajadora en Argentina será, de acuerdo a ambas versiones, María del Carmen Miró Quesada Arias, miembro del directorio del Grupo El Comercio.  Pero la conmoción no tiene que ver tanto con su parentesco o con el puesto que ocupará hasta este mes cuando se releve al colegiado más importante del conglomerado mediático más fuerte del país.

Como ha registrado Utero.pe, las columnas de “Maki” Miró Quesada oscilan entre la navieté y el racismo. Peor aún, como comenta la nota de Andy Livise, la docente de francés y experta en temas de arte y decoración, una de sus columnas más abiertamente discriminadoras tiene que ver, precisamente, con nuestros connacionales residentes en el país de Borges. Ya esto convierte al nombramiento, aún no aprobado por el presidente Mauricio Macri, en un tremendo error. Habla la imagen:

(Foto: Matteo Stiglich)

Livise también muestra una paradoja. Miró Quesada Arias - quien ha sido agregada cultural en Paris hace unos años - escribió en contra de la designación de quien también ocupó el puesto similar al que tendría en unas semanas sin ser diplomática de carrera: Cristina Velita, quien fue embajadora en Francia durante el gobierno de Ollanta Humala. Y los “argumentos” iban más por “la falta de clase” antes que por sus calificaciones para el cargo.

A todas luces, el nombramiento es un desacierto. No solo por la poca empatía que la señora Miró Quesada Arias ha mostrado hacia nuestros compatriotas que residen en el país en el que nos representará, sino porque la designación pareciera responder a premiar la amistad de coctel antes que a una eficiente muestra de nuestra imagen y competencia en el exterior. El canciller Ricardo Luna, quien se ha desempeñado hasta el momento con corrección en el cargo, debería explicarle a la ciudadanía las razones de esta designación.

Asimismo, la designación de la señora Miró Quesada Arias resulta contradictoria con los mensajes que ha dado el gobierno para la mejora del Servicio Diplomático de la República y su profesionalismo. De hecho, Luna deshizo los nombramientos de embajadores hechos por el gobierno de Humala en sus últimos seis meses en el cargo. Una tradición no escrita en Torre Tagle señala que no es conveniente hacer estos nombramientos en los últimos tramos de gobierno, por lo que Luna tuvo un gesto inicial de profesionalismo con sus colegas.

Además, el plan de gobierno de PPK indica que uno de sus objetivos en política exterior es “la implementación de la simplificación administrativa y mejora institucional del cuerpo diplomático”. En esa medida, como hace planteamos hace cuatro años en este mismo espacio, es necesario revisar si la disposición de contar con “embajadores políticos” tiene sentido en una carrera diplomática profesional.

Por estas razones, el gobierno debería nombrar a una persona con mayores credenciales para representarnos en un país con el que tenemos estrechos lazos y donde se encuentra una de las mayores poblaciones peruanas en el exterior.

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(Una de las portadas de Perú.21 con los informes de Daniel Yovera sobre el mayor caso de corrupción de la administración Castañeda)

En septiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio, se había comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años.

Poco después que se terminara de formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006, la Municipalidad pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore. Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.

Como dio a conocer el periodista Daniel Yovera durante un año en el diario Perú.21, así como por indicios proporcionados por otros medios, se encontraron otros hechos que apuntaban a que nos encontrábamos ante una operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica, versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por ciudadanos de escasos recursos económicos (desconociéndose el destino final del dinero),conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda y contactos de alto nivel de los funcionarios implicados en el caso.

Posteriormente, en 2011, un informe elaborado por una comisión de la MML encabezada por la regidora Marisa Glave aportó tres datos importantes: sobrevaloración de deudas para obtener el dinero suficiente para pagarle a Comunicore, la renovación del contrato con Relima por 10 años y la delegación de funciones por parte de Castañeda a Juan Blest, gerente financiero de la MML en su gestión y uno de sus hombres de confianza en todos los puestos en los que Castañeda ha tenido intervención.

Con bastante lentitud, avanzaron las investigaciones por cinco años en el Ministerio Público. Mientras que al alcalde de Lima una sentencia del Tribunal Constitucional le salvó de ir al banquillo de los acusados.

En paralelo, en 2014, una investigación conjunta de Óscar Castilla, Carlos Neyra y Yovera apuntó a otra pista: Comunicore se ligaría con el lavado de activos del narcotráfico.

Como se indicó en el informe presentado en la revista Poder, el dato más fuerte de dicha investigación fue proporcionado por Odilón Gaspar, gerente brasileño de Relima. En su declaración, confesó que él y Garro organizaron la operación de pago, pero con la información proporcionada por Juan Blest, gerente financiero de la MML y que, como ya hemos mencionado, es una persona de total confianza de Castañeda. El dato clave era que la Municipalidad estaba dispuesta a pagar todo en una sola armada. “Entonces vimos la oportunidad de un negocio personal”, indicó Gaspar Amado.

Curiosamente, la gente de Solidaridad Nacional intentó, en 2010, hacer aparecer la declaración de Gaspar Amado como una suerte de exculpación de Castañeda. Omitían, claro está, el hecho que la información proporcionada por Blest era la clave para la formación de la empresa. Y también que, como ha encontrado DTP, Juan Blest fue militante de Solidaridad Nacional entre 2004 y 2010. Peor aún, como encontró Yovera hace algunos años, sí hubo pagos a los gerentes de Relima.

En 2016, recién se inició el juicio oral por este caso, mientras que la investigación por lavado de activos sigue corriendo lentamente.

Hoy el Poder Judicial declaró, en primera instancia, el caso como prescrito, dejando sin castigo a los gerentes de la administración Castañeda. Una demora en la que el Ministerio Público tiene también una seria responsabilidad. Y era algo que Rosa María Palacios y Daniel Yovera advirtieron esta semana.

Y con ello, esta trama de negocios turbios cae en la impunidad. A menos que la Corte Suprema de Justicia corrija este mamarracho.

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(Foto: Correo)

El señor de la foto se llama Moisés Guía Pianto y es congresista por Peruanos Por el Kambio representando a la región Junín. Y hoy protagonizó un incidente que pinta de cuerpo entero tanto la fragilidad del oficialismo parlamentario como el grado de fanatismo religioso presente en algunos representantes parlamentarios.

Hace un par de semanas, Utero.pe presentó una serie de datos que alertaban sobre la presencia de un segundo parlamentario disidente - el primero fue Roberto Vieira - en Peruanos Por el Kambio: pasado fujimorista, revindicación del reo de Barbadillo y una agenda conservadora a ultranza. Este diálogo entre Andy Livise, reportero del conocido portal, con el congresista da cuenta sobre sus ideas sobre la ficticia “ideología de género”:

  • Útero.Pe: ¿Cuál es su pedido?
  • Moisés Guía: Que se  respete el anterior proceso educativo y el nuevo entre a una mesa de diálogo. (…) Si eso nos complace y está dentro de los márgenes de nuestra ideología cristiana y pastoral, lo asumiremos como tal y la respetaremos. Caso contrario, tomaremos acciones.
  • Útero.Pe: ¿Y con respecto al decreto legislativo 1323?
  • Moisés Guía: No pedimos nada hasta no escucharlos.
  • Útero.Pe: ¿Entonces para qué se realiza la reunión si no están pidiendo nada?
  • Moisés Guía: Nosotros estamos pidiendo la verdades. Explicación del antes y el después de la reglamentación. Si no nos satisface como iglesia, nosotros haremos las preguntas necesarias.

En ese mismo post, se indicó que el congresista Guía Pianto venía organizando una conferencia denominada “Educación y Género”, para que las ministras de Justicia (Marisol Pérez - Tello) y Educación (Marilú Martens) expusieran ante miembros de las iglesias evangélicas los alcances del Decreto Legislativo N° 1323 que incluye la discriminación por orientación sexual y los crímenes de odio, así como el currículo educativo nacional.

De acuerdo a algunos asistentes a la ceremonia, las dos ministras respondieron con solvencia su posición frente a estos temas con las iglesias evangélicas. Pero la ceremonia pasó a otro cariz cuando Guía Pianto, una vez retiradas ambas funcionarias de la sala, se mandó con lo siguiente (vía El Comercio):

En una parte del conversatorio, al que asistieron las ministras de Educación, Marilú Martens, y de Justicia, Marisol Pérez Tello; Guía sostuvo que “es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no reponden a una expectativa de identidad de género y no hay una respuesta política de Estado. Nos quieren engañar y mentir“.

“[Por lo anterior,] pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular, porque caso contrario estaremos nosotros confinados a poder sufrir las consecuencias”, concluye el oficialista.

Además de la evidente faltosería de un parlamentario oficialista frente al líder de su partido y Presidente de la República, lo que se muestra es la evidencia que un grupo de evangélicos (y un sector de católicos conservadores) busca vacar a PPK si es que no cambia sus posiciones. Y también la presencia fuerte de integristas religiosos en el Congreso de la República: a Guía Pianto se le suma Julio Rosas (APP), así como los fujimoristas Nelly Cuadros, Juan Carlos Gonzales y Marco Miyashiro.

Peor aún, hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Romero publica en El Comercio un artículo bastante claro donde desmiente la existencia de la monserga de la “ideología de género”. Aquí los párrafos más saltantes:

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) hemos afirmado rotundamente que la “ideología de género” no existe en las políticas públicas.

Las leyes y políticas públicas vigentes se refieren a la “igualdad de género”. Es decir, a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres para garantizar que las mujeres desde niñas se desarrollen en igualdad de condiciones que los varones, accedan al mismo tipo de educación, servicio de salud, posición laboral, nivel de sueldo y representación política, sin sufrir discriminación ni violencia alguna.

Lo peor es que, desde inicios de este gobierno, en Palacio de Gobierno están advertidos sobre la existencia de estos grupos fanáticos que buscan que “las leyes divinas” primen sobre la Constitución y la legislación peruana. Por ahora, las ministras de Educación, Salud, Justicia y Mujer se han plantado bastante bien frente a estas presiones. Pero lo cierto es que PPK y su equipo van a tener que enfrentar una andanada conservadora en los próximos meses, que tiene organización y plata, frente a la cual, van a tener que plantear una estrategia.

El destino de Guía Pianto es claro. Lo más probable es que sea separado de la bancada oficialista, que sufrirá su segunda baja. Un nuevo momento en el que Peruanos Por el Kambio deberá hacerse cuestionamientos serios sobre la consistencia de su grupo (dado que el filtro para entrar a la lista parece que nunca existió), pero que también puede servir para consolidar los lazos entre los 16 que quedan.  Hora clave para que el gobierno le preste más atención a su grupo parlamentario y a la disputa liberal - conservadora que atraviesa toda la política peruana.

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(Una de las obras más esperadas seguirá en compás de espera. Foto: Andina)

Si hay un proyecto que divide a los ciudadanos de Cusco, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Un importante sector de cusqueños lo quieren, debido a que puede impulsar aún más el turismo en la región, que tiene en dicha actividad a una de sus mayores fuentes de ingresos, dado que ahora si podrían venir vuelos internacionales directamente a dicha parte del país. Pero también tiene sus detractores, sobre todo, en lo que se refiere al posible impacto que tendría en algunas comunidades indígenas, así como en la misma localidad.

Más allá de esta discusión, lo cierto es que la obra se ha convertido en un anhelo regional, más aúndespués que el Aeropuerto Velasco Astete quedara corto para la demanda turística en dicha zona. De allí que, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de su construccción sea casi un mantra de cada mensaje a la Nación de 28 de julio.

La obra se licitó en el gobierno de Humala, ganando el consorcio Kuntur Wasi. Y un error en el diseño del contrato generó un problema que explica Luis Davelouis:

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

Este tema se pateó para este gobierno, lo que implicaba dos posibles caminos: resolver el contrato o generar algún tipo de mejora al mismo. Y esta segunda opción es la que, en principio, adoptaron en Palacio.

La posición de la actual administración se resume en esta foto de PPK y esta pizarrita:

(Foto: TV Perú)

Para explicarlo más detenidamente: el gobierno sostiene que la adenda al contrato de concesión de Chinchero supone un ahorro en intereses para el país y que se mantendría un esquema público privado de la siguiente manera: el Estado asumirá los riesgos de la mayor parte de las obras de infraestructura (antes solo asumía el del movimiento de tierras) y Kuntur irá ganando paulatinamente a partir del dinero que se entregará por avance de obra. A cambio, el Estado dejará de pagar las tasas de interés pactadas inicialmente (porque el Estado tenía cinco años de gracia para pagar) y que encarecían el proyecto.

Esto ha supuesto una primera pregunta por parte de algunos periodistas económicos: ¿En lugar de adoptar esta solución no se pudo resolver el contrato con Kuntur y hacer una obra pública? De hecho, las primeras declaraciones del ministro de Economía Alfredo Thorne iban en el sentido que eso era lo que, en la práctica, había ocurrido con el contrato.

Según explican voceros del gobierno en público y en privado, era bastante difícil resolver el contrato por el consiguiente pago de penalidades, así como por el atraso de la obra, lo que implicaba costos para el PBI de este año (ya ajustado por el caso Odebrecht) y un posible conflicto social en Cusco por las demoras. A ello se suma que el expediente técnico pertenece a la empresa y, por tanto, un nuevo concurso supondría un mayor retraso. Por esta razón, adoptaron esta decisión. Para algunos, no es la óptima, pero es lo mejor que podrían sacar en las actuales condiciones.

Pero no han sido los únicos cuestionamientos. Hoy Verónika Mendoza publicó un comunicado en el que, además de cuestionar que esto no se trate como obra pública, ha criticado la experiencia que tiene Kuntur Wasi para la construcción de aeropuertos, así como el hecho que una hermana del Presidente del Consejo de Ministros ocupe un puesto importante en una de las entidades que conforman el consorcio. Palacio de Gobierno no se ha pronunciado sobre este último punto, que ha circulado en redes sociales.

A ello se suma lo planteado por la renunciante presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente. Ella dejó el cargo debido a que firmó una opinión (no vinculante) en contra de la adenda al contrato. Para la experta, son dos los riesgos importantes: que Kuntur Wasi abandone la concesión una vez que cobre todo lo que el Estado le habrá pagado por cada avance de obra y que todas las empresas que tengan asociaciones público privadas comiencen a pedir cambios similares.

Finalmente, el editor de Economía & Negocios de El Comercio Gonzalo Carranza cuestiona las matemáticas del MEF e indica que, en realidad, el ahorro es menor:

De hecho, las últimas semanas no han sido las ideales para confiar en las matemáticas ministeriales. Miremos el aeropuerto de Chinchero: tanto Thorne como Martín Vizcarra hablan de un ahorro de US$589 millones, producto de restar aritméticamente los montos a pagar en el contrato original y en la adenda, los cuales se desembolsaban en plazos y modalidades muy diferentes.

Pero lo que te enseñan en cualquier clase de matemática financiera es que uno debe traer dichos montos a valor presente y compararlos de ese modo. El Ejecutivo no ha divulgado el resultado de ese cálculo, pero la renunciante presidente de Ositran, Patricia Benavente, afirmó en una entrevista con “Semana Económica” que ese ejercicio arrojaría un ahorro de US$15 millones. Una diferencia del tamaño de un aeropuerto que merece una explicación.

Por ello, desde el Congreso han pedido explicaciones sobre el tema. Y el gobierno ha terminado cediendo suspendiendo temporalmente el contrato. Tiempo suficiente para analizar si estamos ante una buena forma de realizar esta obra y si es que, realmente, la solución planteada por el gobierno es la única que se tiene. O si hay demasiada desesperación por destrabar inversiones que lo están haciendo a tontas y a locas.

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(Fotos: El Comercio)

Las bibliotecas bien surtidas son una caja de sorpresas. Pueden encontrarse auténticas joyas, volúmenes que solo servirían para adornar un estante sin que su contenido nos aporte mucho, así como textos que llaman la atención por las revelaciones que encierran en pequeños detalles.

Esta historia se remite al último tipo de libros.

En 2011, culminado el segundo gobierno aprista, el exministro Enrique Cornejo escribió un libro llamado “La Segunda Oportunidad”. El texto es un conjunto de reflexiones que intentan relativizar en algo el fracaso económico del primer quinquenio de Alan García, así como resaltar los logros de su segunda administración. El texto fue prologado por el expresidente, con quien hoy se haya enfrentado en una batalla que no se recuerda desde los tiempos de las broncas entre Armando Villanueva y Andrés Townsend, una vez muerto Haya de la Torre.

El texto de Cornejo no solo se queda en aquellos dos quinquenios, sino también narra lo ocurrido en la década de 1990. Y al contar la jornada del golpe de Estado de 1992, Cornejo da a conocer la existencia de una poco conocida entidad, formada junto a García y otros exfuncionarios de su primer gobierno.

Como comprobamos al ver la ficha de la entidad, la misma se formó al final del primer gobierno de García, el 17 de julio de 1990 y quedó inscrita apenas cuatro días antes que concluyera dicha administración.

Más allá de la carcajada que puede despertar en el lector el hecho que personajes que llevaron a la economía peruana a niveles poco imaginados de desastre constituyan una asociación sobre este tema, lo cierto es que el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana tiene una breve historia que puede conllevar a repercusiones inesperadas en el presente.

Como parte de sus actividades, el IDEL editó la serie “Deuda Externa Latinoamericana. Cuadernos”, dos volúmenes sobre los temas de investigación de la entidad, desde la perspectiva que mantenía en ese entonces García sobre dicho problema. Es decir, una justificación de las medidas tomadas en su primer administración.

Desde el Tercer Piso logró ubicar los dos libros publicados por el IDEL. Y en los créditos de los mismos encontró que personajes muy conocidos hoy se conectan, un cuarto de siglo antes, con fines académicos.

Como vemos, el Instituto era presidido por Alan García, tenía como vicepresidente al exministro Abel Salinas (ya fallecido), como director ejecutivo a Enrique Cornejo y como directores al actual embajador del Perú en Ecuador Hugo Otero y al expresidente de Petroperú Luis Rebolledo, también fallecido.

Y, tal como se aprecia, el equipo de investigación del IDEL era integrado por Roxanne Cheesman, economista y actual pareja de García; Pilar Tejada Vidal, quien fuera secretaria ejecutiva del FITEL en el segundo gobierno aprista; José Antonio Sánchez Samaniego y el hoy prófugo Jorge Cuba Hidalgo.

Al revisar ambos Cuadernos, encontramos que, en el primer volumen de los mismos, aparecen artículos escritos por García Pérez y Cuba Hidalgo, tal como consta en estas fotografías.

Mientras que, en el segundo tomo de los Cuadernos, se pueden ubicar textos de Cheesman - quien también aparece como Directora Adjunta de la entidad académica - y Cuba Hidalgo sobre el tratamiento de la deuda externa. Hablan las imágenes.

Hasta el día de hoy, no se conocía esta relación académica entre el expresidente, su hoy pareja y uno de los principales procesados en el caso Lava Jato. Es hora que, desde Madrid, Alan García nos cuente desde cuando y cómo conoce a una persona a la que no ha dudado en llamar “rata”, así como sí ha mantenido vínculos con él hasta la actualidad. Lo mismo en el caso de la señora Cheesman. Y, al mismo tiempo, Enrique Cornejo deberá relatarnos con amplitud los vínculos que ha tenido con Cuba Hidalgo desde, al menos, fines de la década de 1980.

La vida te da sorpresas. Las bibliotecas también.

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Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL - Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 - 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella dio el siguiente mensaje a través de su página en Facebook en la tarde de ayer:

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio - sea por laboralmente o por contrato de servicios - sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos - como el APRA y el Fujimorismo - asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

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(Foto: Poder)

En lo que vamos de la actual administración, el gobierno ya ha tenido que enfrentar dos emergencias climáticas vinculadas al agua. Durante los últimos meses de 2016, se tuvo que hacer frente a la sequía en departamentos del norte y del sur del país. Y, durante las últimas semanas, los huaicos han sido fuertes en Ica, Arequipa y Lima. En el caso de la capital, además, existen problemas en el abastecimiento de agua debido a que el trabajo para limpiar el agua del río Rímac en La Atarjea es mayor.

Aunque nos encontramos ante fenómenos relativamente estacionales, es notorio que la intensidad de los mismos se ha hecho más fuerte debido al cambio climático. Y es algo de lo que se habla poco en la política peruana.

Se trata de una omisión grave. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Indica el propio Ministerio del Ambiente:

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta.

El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores.

En la campaña electoral, pocos candidatos tocaron el tema. Uno de ellos fue el actual Presidente de la República. En su plan de gobierno, Peruanos Por el Kambio daba el siguiente diagnóstico:

Asimismo, a la fecha, se ha comprobado la poca efectividad de instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático. Mientras tanto, nuestro país está rezagado en sus compromisos y necesidades de acción sobre tales temas. Esta situación impone la necesidad de contar con un sistema nacional de cambio climático y una política real de cambio climático, que sea capaz de diseñar y conducir acciones de mitigación de los efectos de esta problemática ambiental desde el más alto nivel del gobierno central, hasta las regiones y municipios.

El Perú, por ser un país de bosques, ocupa un lugar importante en las estrategias de control de los efectos de la alteración climática y ambiental y –como consecuencia de las negociaciones internacionales vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– tiene la posibilidad de gestionar financiamientos que ayuden a conservar los bosques en pie y orientar un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales.

Un importante incentivo para reducir la contaminación que producen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los Bonos de Carbono, establecidos por el Protocolo de Kioto. Los Bonos de Carbono permiten al sector privado obtener una compensación económica por la reducción comprobada de las emisiones de GEI que realizan sus industrias. Esto funciona sobre todo entre países que pueden obligar a las empresas a reducir las emisiones de GEI y hacerles pagar multas si no lo hacen, como es el caso de la Unión Europea. Las emisiones de GEI se calculan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir, y es un valor que puede venderse en el mercado de los bonos de carbono.

Como medidas puntuales, además de la lucha contra la minería ilegal - mediatizada hoy por la controversia frente a los flamantes Decretos Legislativos dados por el gobierno -, se contempla la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, la aprobación de una Ley Marco de Cambio Climático. Indica el Plan que:

La conservación de bosques y la creación de cultivos forestales para captura de CO2, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la gestión adecuada del agua (almacenar, ahorrar y reciclar), el manejo adecuado de residuos sólidos generadores de metano, son todas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y que serán abordadas a través de una Ley Marco de Cambio Climático que permita transitar a una economía eficiente baja en uso de combustibles fósiles, y que promueva energías alternativas, que identifique medidas adecuadas al país para incentivar el crecimiento sostenible.

La Ley deberá contemplar la implementación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, esta Ley deberá permitir el monitoreo sistemático de los efectos del cambio climático a través de las instituciones públicas especializadas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Autoridad Nacional del Agua; de este modo, el país podrá contar con una estrategia de adaptación y control de los efectos del cambio climático adecuada a nuestra realidad.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no presenta este proyecto normativo, ni tampoco hemos visto muy activa a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en torno a este tema. Al revisar la web del Congreso, encontramos que el Frente Amplio sí ha presentado iniciativas sobre esta materia, pero no han sido aún materia de una discusión más profunda.

Si bien es cierto que el gobierno debe atender las emergencias en los diversos puntos del país, también es cierto que resulta indispensable que acelere los esfuerzos para atacar un problema que, como nación resulta más que vital atender.

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