Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL - Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 - 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella dio el siguiente mensaje a través de su página en Facebook en la tarde de ayer:

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio - sea por laboralmente o por contrato de servicios - sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos - como el APRA y el Fujimorismo - asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

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(Foto: Poder)

En lo que vamos de la actual administración, el gobierno ya ha tenido que enfrentar dos emergencias climáticas vinculadas al agua. Durante los últimos meses de 2016, se tuvo que hacer frente a la sequía en departamentos del norte y del sur del país. Y, durante las últimas semanas, los huaicos han sido fuertes en Ica, Arequipa y Lima. En el caso de la capital, además, existen problemas en el abastecimiento de agua debido a que el trabajo para limpiar el agua del río Rímac en La Atarjea es mayor.

Aunque nos encontramos ante fenómenos relativamente estacionales, es notorio que la intensidad de los mismos se ha hecho más fuerte debido al cambio climático. Y es algo de lo que se habla poco en la política peruana.

Se trata de una omisión grave. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Indica el propio Ministerio del Ambiente:

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta.

El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores.

En la campaña electoral, pocos candidatos tocaron el tema. Uno de ellos fue el actual Presidente de la República. En su plan de gobierno, Peruanos Por el Kambio daba el siguiente diagnóstico:

Asimismo, a la fecha, se ha comprobado la poca efectividad de instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático. Mientras tanto, nuestro país está rezagado en sus compromisos y necesidades de acción sobre tales temas. Esta situación impone la necesidad de contar con un sistema nacional de cambio climático y una política real de cambio climático, que sea capaz de diseñar y conducir acciones de mitigación de los efectos de esta problemática ambiental desde el más alto nivel del gobierno central, hasta las regiones y municipios.

El Perú, por ser un país de bosques, ocupa un lugar importante en las estrategias de control de los efectos de la alteración climática y ambiental y –como consecuencia de las negociaciones internacionales vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– tiene la posibilidad de gestionar financiamientos que ayuden a conservar los bosques en pie y orientar un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales.

Un importante incentivo para reducir la contaminación que producen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los Bonos de Carbono, establecidos por el Protocolo de Kioto. Los Bonos de Carbono permiten al sector privado obtener una compensación económica por la reducción comprobada de las emisiones de GEI que realizan sus industrias. Esto funciona sobre todo entre países que pueden obligar a las empresas a reducir las emisiones de GEI y hacerles pagar multas si no lo hacen, como es el caso de la Unión Europea. Las emisiones de GEI se calculan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir, y es un valor que puede venderse en el mercado de los bonos de carbono.

Como medidas puntuales, además de la lucha contra la minería ilegal - mediatizada hoy por la controversia frente a los flamantes Decretos Legislativos dados por el gobierno -, se contempla la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, la aprobación de una Ley Marco de Cambio Climático. Indica el Plan que:

La conservación de bosques y la creación de cultivos forestales para captura de CO2, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la gestión adecuada del agua (almacenar, ahorrar y reciclar), el manejo adecuado de residuos sólidos generadores de metano, son todas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y que serán abordadas a través de una Ley Marco de Cambio Climático que permita transitar a una economía eficiente baja en uso de combustibles fósiles, y que promueva energías alternativas, que identifique medidas adecuadas al país para incentivar el crecimiento sostenible.

La Ley deberá contemplar la implementación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, esta Ley deberá permitir el monitoreo sistemático de los efectos del cambio climático a través de las instituciones públicas especializadas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Autoridad Nacional del Agua; de este modo, el país podrá contar con una estrategia de adaptación y control de los efectos del cambio climático adecuada a nuestra realidad.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no presenta este proyecto normativo, ni tampoco hemos visto muy activa a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en torno a este tema. Al revisar la web del Congreso, encontramos que el Frente Amplio sí ha presentado iniciativas sobre esta materia, pero no han sido aún materia de una discusión más profunda.

Si bien es cierto que el gobierno debe atender las emergencias en los diversos puntos del país, también es cierto que resulta indispensable que acelere los esfuerzos para atacar un problema que, como nación resulta más que vital atender.

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Hace un par de semanas, en Chicharrón de Prensa, el periodista Jaime Cordero - editor de la revista h - y yo dialogábamos con los dos conductores del espacio sobre un tema que, hasta ahora, ha sido tabú o solo se ha utilizado para tratar de enlodar a quien no piensa como uno: la relación entre la prensa y Odebrecht. Menciono solo a una de las constructoras brasileñas involucradas en el caso Lava Jato porque ha sido la más agresiva en contar con buenas relaciones con el periodismo peruano.

En la conversa con Luis Davelouis y Man Ray, Cordero señalaba que había que hacer una primera diferenciación: los periodistas y comunicadores que, en el legítimo ejercicio de su derecho al trabajo, trabajaron en Odebrecht. Personas que, como indicaba Jaime, deberán ahora tener que explicar la chamba que hicieron durante todos los años en que se decían varias acusaciones sobre la mencionada empresa.

Y un segundo grupo: aquellos periodistas que hicieron algún tipo de trabajo para Odebrecht (a modo de consultorías, asesorías o trato comercial), sin que informaran a sus lectores, televidentes y escuchas que, a la par que les presentaban las noticias, no hacían pública esta relación. Aquí también entrarían columnistas de opinión de medios impresos y digitales que no hacían lo propio (o, peor aún, escribían a favor de la empresa).

Lamento decepcionar a los que esperaban nombres de estos segundos. No tengo una supuesta lista que estaría circulando sobre periodistas que hicieron consultorías para Odebrecht. Ni menos aún un nombre. Con una sola excepción.

Durante las últimas semanas, quien habla como otros usuarios de Twitter - entre ellos, la cuenta @fujitrolls - hemos presentado evidencia que la empresa de Alfonso Baella Herrera, conductor de ATV+ y columnista del diario Expreso, hacía trabajos de servicio digital tanto para Odebrecht como para el Gasoducto Sur Peruano, cuyo consorcio integraba la empresa brasileña. Baella no ha respondido a sus seguidores en redes sociales - ni tampoco en sus espacios periodísticos sobre esta relación comercial.

De hecho, hace dos semanas, cuando aparecieron las primeras fotografías y capturas de pantalla sobre los vínculos de Baella Herrera con la empresa brasileña  - que incluyen a una hermana suya trabajando para la referida compañía -, le enviamos a su correo corporativo un breve cuestionario acerca de estos vínculos comerciales que no eran transparentes para el público (Baella Consulting no coloca su lista de clientes en su página web). Hasta el momento seguimos esperando las respuestas del conductor y analista político.

Sin duda, el trato comercial de Baella con Odebrecht no supone un delito, pero sí es cierto que, por respeto a sus lectores y televidentes, debió hacer pública esta relación. Y lo mismo cabe para todos aquellos periodistas y opinadores que han tenido algún tipo de consultoría, asesoría de imagen o media training para la empresa brasileña o para alguna de las constructoras que hoy están sumidas en el escándalo que hoy vemos todos los días en las noticias.

Por nuestra parte, nunca hemos tenido ningún trabajo de este tipo para ninguna empresa o entidad pública. Y resulta indispensable que todos quienes tenemos alguna labor de opinión o difusión de información hagamos este tipo de disclaimer.

Más difusa - como indicó Cordero hace dos semanas - es la línea vinculada a los concursos de periodismo. Hace dos semanas, el periodista Eduardo Abusada contó cómo fue la presentación de un libro recopilatorio de los trabajos ganadores en uno de los certámenes convocados directamente por Odebrecht, denominado “Peruanos Construyendo Futuro”. El problema con este concurso era que se pedían trabajos “sobre personas que mejoraron su desarrollo personal o de su comunidad a partir de las obras en las que Odebrecht ha participado, a lo largo de estos años, en nuestro país”. En otras palabras, un cherry encubierto para la empresa por parte de los trabajos participantes. Algo que también recae en el campo ético y que también suscita varios dilemas morales sobre la realización de trabajos directamente ligados a una empresa y que, además, pueden recibir un premio en efectivo por ello.

Esta tarde, el Instituto Prensa y Sociedad hizo una aclaración en relación con el auspicio dado por Odebrecht a la primera edición de sus Premios Nacionales de Periodismo. IPYS aclaró que rescindió dicho contrato de donación en 2015, una vez que se conocieron las evidencias de corrupción en Brasil y que el concurso no se vio comprometido en su orientación por este y los demás auspicios privados que tuvieron. Hasta aquí, todo bien con la aclaración.

Pero, sin duda, cabe preguntarse si fue una buena idea que, en 2014, se aceptara este apoyo de la empresa brasileña, cuando ya existían algunas evidencias sobre su conducta. A mi criterio, con el respeto y aprecio que tengo por varios de los integrantes de IPYS, fue un error. Felizmente, el mismo fue corregido para los años siguientes.

Sumemos a ello el tema de la publicidad. Sin duda, una de las suspicacias que se tienen frente al público es que existen condicionamientos comerciales frente al contenido informativo que se presenta. Y ello va tanto para grandes medios como para portales de investigación y noticias. De hecho, hace unas semanas también circuló la publicidad que apareció en el portal Utero.pe en 2009. En su momento, Marco Sifuentes, entonces editor del blog, aclaró las diferencias entre los espacios publicitarios y los periodísticos. A tal punto que se había publicado una noticia sobre una supuesta coima de un exabogado de Odebrecht al exministro Allison en aquellos meses. Este tipo de aclaraciones y la existencia de códigos de ética - como los que tienen Semana Económica, El Comercio e incluso Utero.pe - resultan pertinentes para todos los medios.

Finalmente, una pregunta que le hice a Luis Davelouis y que hago extensiva a los amigos periodistas económicos: ¿no debieron alertar en sus páginas sobre estos casos de corrupción empresarial? Sí, es cierto que hay medios - sobre todo, en Internet, como Ojo Público, Convoca e IDL Reporteros - que están sacando continuamente cosas sobre casos de inconductas empresariales, pero uno esperaría que los medios más grandes y establecidos hagan lo mismo. Aquí, sin duda, también cabe una reflexión sobre el rol que tiene el periodismo económico respecto de uno de sus objetos de interés: los conglomerados.

Sin duda, es necesario que el periodismo vuelva a marcar una distancia saludable de las empresas. Y que cercanías como las que Odebrecht tuvo no vuelvan a repetirse. Asimismo, se requiere una mayor transparencia sobre consultorías hechas por periodistas y columnistas - aunque lo ideal, como dice Gustavo Gorriti, es que no las hagan -, así como una clara política sobre publicidad. Y, por supuesto, que los certámenes por encargo no sean la regla, así como unos líneamientos más claros sobre los auspicios a recibir para los galardones más renombrados. Así como el empresariado y la clase política requieren reflexionar sobre su rol a la luz de este escándalo, es bueno que el periodismo lo haga.

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(Confiep en la mira. Foto: Luis Davelouis)

Hoy Gonzalo Carranza, editor de Economía y Negocios de El Comercio, da un par de primicias en su columna en Día.1, suplemento de dicho rubro que sale cada lunes. ¿El tema? La forma cómo los gremios empresariales vienen tratando las denuncias sobre Odebrecht. Aquí los párrafos pertinentes.

¿Acaso Odebrecht había simplemente renunciado a su membresía en AFIN?

El gremio aclaró a este Diario que Odebrecht Latinvest  fue “desafiliada” el 7 de diciembre, días después de que su matriz publicara un comunicado aceptando conductas impropias.

En enero de este año, cuando ya se conocía la confesión de Odebrecht de haber pagado sobornos en el Perú, AFIN desafilió también al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Otros consorcios en los que Odebrecht ha firmado compromisos de venta de sus acciones o es socio minoritario -H2Olmos y Rutas de Lima- aún son parte de AFIN.

El gremio de la infraestructura explicó a este Diario que en los procesos de desafiliación aplicó su Código de Conducta y de Principios, y siguió los procedimientos establecidos en su Reglamento.

Mientras tanto, el viernes por la noche se supo que GSP también fue separado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aunque sin comunicado oficial a la prensa ni expresión de causa.

Como señala Carranza al final de su columna, es necesario que los gremios empresariales sean más fuertes ante casos de corrupción y que repiensen su actuación en estos casos. De hecho, las desafiliaciones presentadas por el editor del diario más antiguo del país era algo que pocos conocían, incluso en círculos políticos y empresariales. No basta sólo con firmar códigos de ética - todos los gremios empresariales afilados a CONFIEP, como los arriba mencionados, los tienen, por iniciativa de su expresidente Ricardo Briceño - sino también cumplirlos e indicar cuando existen sanciones.

De hecho, este es un tema que ya ha sido puesto en la mesa desde hace tiempo. El propio diario El Comercio publicó un informe sobre el pobre funcionamiento de los códigos de ética empresariales en el país, a raíz de la sentencia por defraudación tributaria contra Lelio Balarezo, exvicepresidente de la CONFIEP, el gremio de gremios empresariales.

Precisamente, el caso Balarezo marcó otro hito en la forma cómo estas entidades están teniendo poca reacción respecto de este tipo de casos. Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica (revista que no está precisamente en contra del libre mercado), fustigó duramente la pobre respuesta que tuvo el empresariado sobre este tema:

Pues bien, la falta de un enérgico repudio al delito de Balarezo acerca al empresariado formal peruano a ese lumpenempresariado (Lumpenunternehmer). Uso el término para hacer un paralelo con el concepto marxista de lumpemproletariado, que no sólo delinque sino que además carece de conciencia social (SE 1260).

Esto es lamentable, pues conceptualmente el empresario –el que hace empresa– debería por definición ser lo contrario: quien ejecuta tareas difíciles con decisión y esfuerzo (SE 1224). Quien hace trampa realmente no compite, sino que medra. No se esfuerza, acaso por sentirse incapaz, y por tanto carece de autoestima (SE 1309).

Y también Rosa María Palacios - alguien a quien no podríamos acusar de marxista - señaló lo siguiente, en la misma coyuntura:

¿Cual es la posición de Confiep frente a la evasión tributaria en esta modalidad? Silencio. ¿Qué acciones institucionales desarrollan para impedir estas extendidas prácticas entre sus asociados? Silencio. La tentación, frente a un Estado que se lleva 30% de lo que ganas es enorme. Entonces, ¿no están furiosos aquellos que si cumplen y son absolutamente formales? ¿No es acaso una oportunidad institucional para deslindar entre empresarios y delincuentes? ¿Por que cree Confiep que la marcha de los “pulpines” fue a su puerta? Si sus asociados observaran las mejores prácticas laborales y tributarias mas sentido tendría marchar a la Avenida Gamarra, el emporio textil de la informalidad ¿verdad?.  Pero si los pulpines fueron a su puerta es porque también la empresa formal, o la que dice serlo, tiene problemas graves en dos ámbitos sensibles: laboral y tributario. Seres humanos y Estado.

No es la única práctica a cambiar. Augusto Townsend, editor en SE en 2009, señalaba lo siguiente frente a las presentaciones de grandes inversiones y reuniones palaciegas, mediado un año del escándalo de los Petroaudios:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

¿Hay señales de cambio? Hoy el presidente de CONFIEP, Martín Pérez, propuso que se tipifique como delito la corrupción entre privados, un primer paso adelante en un cambio legislativo que se ocupará de un vacío legal importante. E indicó que el sector privado debe hacer un mea culpa. Sin embargo, resulta necesario que el gremio de gremios empresariales haga un pronunciamiento institucional fuerte, luego de los casos que comprometen a empresas brasileñas (que, en muchos casos, operaron en consorcio con sus pares peruanos). Y no basta con decir, como lo han hecho los voceros de Graña y Montero, que desconocían la fama de su socio carioca.

Una de las principales críticas que varios tenemos con CONFIEP y con otras entidades empresariales se encuentra en que no hicieron una reflexión en serio respecto de su aquiescencia o mirada hacia el techo frente a un gobierno autoritario que devino en el más corrupto de nuestra historia. En general, nuestros principales voceros empresariales han sido entrenados en una escuela conservadora, en la que aceptar errores (como la ida a la salita del SIN de algunos de ellos o su complacencia con un régimen que corrompía al país) o plantarse fuerte contra la corrupción (como en el caso Petroaudios) era poco menos que un imposible. Con contadas excepciones, nuestros empresarios han tolerado u omitido algún pronunciamiento tajante frente a prácticas ilícitas y antiéticas. Hoy, que el caso Lava Jato vuelve a poner sobre la mesa la forma de hacer negocios en el Perú, tienen una nueva oportunidad para, finalmente, revindicarse.

Pero, hasta ahora, viene siendo una opción que no desean asumir.

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(Edwin Luyo Barrientos, el primer detenido del caso Lava Jato. Foto: Correo)

Anoche se inició el denominado operativo “Palingenesia” (que quiere decir renacimiento o regeneración) que tenía como centro el allanamiento de las viviendas y la captura de dos personas: Edwin Luyo Barrientos y Jorge Luis Cuba Hidalgo. A ambos se les vincula con la recepción de coimas por parte de Odebrecht, en lo que supone los dos primeros nombres conocidos de funcionarios sobornados por la empresa brasileña.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, la empresa brasileña suministró información sobre la existencia de un soborno para la adjudicación de los contratos para los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Es decir, lo que conocemos tradicionalmente como “Tren Eléctrico”. En total, los sobornos sumarían 8 millones de dólares, transferidos en pagos parciales a través de una cuenta en Andorra. De acuerdo con la información oficial, hay información que ha permitido ligar a los dos exfuncionarios con las coimas. Extraoficialmente, este blog pudo conocer que no serían las únicas personas ligadas a estas cuentas.

¿Quiénes son estos dos personajes?

EDWIN LUYO BARRIENTOS

Se trata del primer detenido por el caso Lava Jato. Según refiere el MP, recibió los sobornos en su calidad de miembro del Comite de Adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García, al ser miembro de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.

Según informó El Comercio, Luyo fue condecorado con la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones, cuando Enrique Cornejo, actual candidato a la secretaría general del APRA, ocupaba dicho ministerio. No registra militancia ni aportes a ninguna campaña política.

Asimismo, Luyo trabajó en Protransporte, entidad que maneja el Metropolitano y los Corredores Metropolitanos, durante la primera gestión de Luis Castañeda Lossio.

El Ministerio Público ya solicitó prisión preventiva para Luyo, quien pasó la noche en una carceleta.

JORGE LUIS CUBA HIDALGO

La situación de Cuba Hidalgo es más complicada. Según se pudo conocer, se encuentra fuera del país desde Navidad y se prevé el ordenamiento de su captura nacional e internacional, así como su incorporación al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Al momento de negociar los sobornos con Odebrecht, era Viceministro de Comunicaciones, también durante el periodo en el que Enrique Cornejo fue titular del MTC.

Las cercanías con Cornejo son fuertes. Registra El Comercio que Cuba fue el coordinador de su plan de gobierno en la sorprendente campaña que tuvo el exministro para la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2014 y que la ONPE registra la existencia de un aporte de 5,000 soles en afiches para dicha justa electoral.  La relación con el APRA tampoco es moco de pavo: Cuba fue parte del equipo que hizo el Plan de Gobierno de Alianza Popular en 2016, en la parte de infraestructura. Dicho grupo de trabajo, por cierto, fue liderado por el exministro de Transportes y Comunicaciones.

Según indica el CV que se encuentra en la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Cuba Hidalgo empezó su carrera en el sector público en el controvertido Instituto de Comercio Exterior, presidido por Cornejo durante el primer gobierno aprista. En el fujimorato, estuvo en la Superintendencia Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Banca y Seguros, Prompex y en el Congreso, donde pasó piola la transición a la democracia. Ya durante el gobierno de Toledo, estuvo tanto en la fenecida empresa aérea estatal TANS como en Petroperú.

Entre 2005 y 2007, trabajó en Protransporte, durante la primera gestión de Luis Castañeda Lossio, es decir, en el mismo periodo en que Luyo Barrientos estuvo en dicha entidad. De hecho, se ha encontrado que Luyo ocupó el puesto de Gerente de Planificación que ocupó Cubas en su primer año en la entidad municipal. Cuba fue el impulsor del Metropolitano, según su propio CV. La obra recibió críticas en su momento por no tener estudio de impacto ambiental aprobado y por duplicar su costo inicial.

Durante su periodo como Viceministro de Comunicaciones, Cuba fue el funcionario que firmó el arbitrario cierre de la estación de radio “La Voz de Bagua”, a la que se quiso acusar - sin pruebas - de azuzar a los ciudadanos durante las protestas del 5 de junio de 2009. El funcionario indicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solo firmó una resolución que ya le había sido preparada.

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS

Fuentes cercanas al APRA señalaron a este blog que Alan Garcia no estaría precisamente triste por la caída de Luyo y Cuba Hidalgo. Al ser personas cercanas a Enrique Cornejo, el tema será usado internamente para minar la postulación del exministro a la secretaría general del partido. De allí el uso del calificativo de “ratas” al denominar a ambos exfuncionarios.

Por su parte, Cornejo ha salido rápidamente en los medios a deslindar tanto con Luyo como, sobre todo, con Jorge Luis Cuba. A Perú.21, el exministro indicó que desconocía las inconductas de su exhombre de confianza y que no recibió dinero alguno por parte de su viceministro de Comunicaciones.

Al mismo tiempo, voces opositoras a Luis Castañeda Lossio ya han comenzado a pedir que el alcalde responda por dos exfuncionarios suyos. Complicado es el caso de Cuba, dados los cuestionamientos hechos al Metropolitano en su omento.

Estos son los primeros nombres. Todo indica que en los próximos días - e incluso, horas - conoceremos más. Lava Jato recién empieza en serio para el Perú.

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(Los ascensos militares de Humala bajo la lupa. Foto: El Comercio)

En pocos círculos se ha discutido, hasta ahora, el informe presentado por la Comisión de evaluación de los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016, conocido también como Informe Bernales (en alusión a que el grupo de trabajo era presidido por el abogado y exsenador Enrique Bernales).

La formación de la Comisión fue una salida que tuvo el Ministerio de Defensa - en el breve paso de Mariano Gonzáles - para poner paños fríos a los reclamos de oficiales en retiro (sobre todo, en el Ejército) sobre un tema que siempre resulta delicado en las instituciones castrenses.

La hipótesis del informe es que Ollanta Humala buscó el control político del Ejército, favoreciendo a oficiales cercanos a él - sobre todo, de su promoción -, para lo cual se variaron las normas sobre permanencia de los altos mandos castrenses en sus rangos.

Este tema comenzó a discutirse públicamente en 2015, cuando la promoción “Héroes de Pucará y Marcavalle” del Ejército Peruano comenzó a tener fuertes expectativas de ascenso al rango mayor de la institución: General de División. A tal punto llegaron las discrepancias que el entonces ministro Jakke Valakivi debió ir al Congreso a explicar los ascensos y que excomandantes generales del Ejército discrepaban en público respecto de los mismos.

Lo mismo ha ocurrido con el Informe Bernales. Como indicó Ricardo Uceda hace semanas, el clima castrense ha ido calentando junto con el verano:

Ahora mismo, en el Ejército, y a escala nacional, hay una confrontación de sectores que ha saltado a las redes, donde se atacan duramente. El informe, dice una parte, reivindica a fujimoristas. A su vez, hay páginas elocuentes respecto del supuesto humalismo de (Luis) Ramos Hume (actual comandante general del Ejército, nota de DTP). El ministerio está en una encrucijada. La gravedad de las aseveraciones del informe bien merece un examen público, aunque el debate en sí mismo no resuelve las cosas. Quizá, entre los promovidos por Humala o por los gobiernos anteriores hay institucionalistas con los que pueda hacerse una pirámide virtuosa.

Ayer Rosa María Palacios terció en el debate, señalando que la comisión Bernales postulaba que, en la práctica, el Presidente de la República no tenga la posibilidad de cambiar las recomendaciones de ascensos y pases al retiro de los institutos armados, lo que resultaba controvertido en términos constitucionales.

Para ahondar más la polémica, en su presentación del miércoles, Bernales indicó que Humala tenía un proyecto de permanencia en el poder de quince años. Y también señaló la bronca con el primer comandante general del Ejército de la era Humala. Citamos a La Republica:

“El general Paul da Silva era el comandante general del Ejército, pero a los nueve días de estar en el cargo durante el gobierno del ex presidente Humala fue destituido. La información que nos ha llegado es que se trató de presionar al general Da Silva para que diese información sobre cómo había sido el voto de los oficiales del Ejército en el proceso electoral del 2011 y quiénes habían votado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori”, relató.

El problema es que la fuente de Bernales tiene una relación - por decir lo menos - complicada con el expresidente. Da Silva y Humala no se tragan por diferencias políticas. Y el proyecto de 15 años resultaba inviable, además de la debilidad de Humala, por el hecho que la oficialidad en actividad y en retiro se hallaba descontenta por el cierre de la cédula viva militar. De hecho, lo ven como un traidor. Lo que sí resulta cierto es que el favorecimiento a la promoción 1984 era, por decir lo menos, inocultable.

El otro punto de polémica del informe se centra en las recomendaciones para revisión de casos. Un informe de Ángel Páez hizo que la comisión Bernales retrocediera en la posibilidad del retorno al Ejército del exsecretario de Vladimiro Montesinos, Mario Ruiz Agüero. Otros dos informes presentados por el periodista de La República consignaron los problemas con los reingresos de Oswaldo Zapata Corrales - tio del controvertido Oscar López Meneses - y Gualberto Zevallos.

Y anoche Rosa María Palacios presentó nuevos problemas con la reincorporación de Zevallos, así como los casos de otros tres oficiales donde las recomendaciones del grupo de trabajo resultan bastante controvertidas. A ellos se suman los casos ya señalados de Ruiz y Zapata.

Por ahora, el ministro Jorge Nieto ha optado por el mutismo, pero también por una salida intermedia. Ya presentó un proyecto de Ley para modificar las normas sobre ascensos y tiempos mínimos en el grado, pero ha mantenido a Luis Ramos Hume al frente del Ejército. Aun no se ha pronunciado sobre los casos presentados por Páez y Palacios que complican las recomendaciones de la Comisión Bernales.

Todo indica que la verdad se ubica en un punto intermedio. Humala sí habría tenido proclividad por su promoción del Ejército, pero también es cierto que algunos oficiales de la misma merecían ascender. Al mismo tiempo, varios pases al retiro de aquellos años si resultan justificados y otros podrían tener una revisión. Y, finalmente, deberá analizarse con calma si es que las actuales disposiciones normativas son las más adecuadas para mantener la institucionalidad castrense.

Vaya que Nieto va a tener harta chamba en este inicio de año.

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Tradicionalmente, los libros de historia han dedicado poco espacio a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Se menciona sucintamente que derrocó a Juan Velasco Alvarado y que, ante el fracaso del experimento reformista militar, desmontó algunas de las reformas emprendidas y, finalmente, entregó el poder a los civiles. Su oposición al gobierno de Fujimori hizo que algunos le dieran un aura de demócrata que nunca tuvo. Y allí se quedan los textos escolares e, incluso, universitarios.

Revisando textos sobre el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, uno encuentra que Morales Bermúdez era un militar muy distinto a su precedesor en el gobierno y a varios de sus compañeros de armas con quienes compartió el poder. Nieto de un expresidente (Remigio Morales Bermúdez, quien gobernó el país entre 1890 y 1894) e hijo de un militar asesinado por el APRA, el futuro gobernante de facto estudio en la Inmaculada, fue primer puesto de su promoción en la Escuela Militar y se dedicó a la especialización en Economía. Incluso fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Belaúnde, para luego ocupar el mismo cargo durante el gobierno de Velasco. No participó inicialmente en el golpe militar, pero luego se plegó al mismo.

Paulatinamente, el militar fue escalando en posiciones y ganó la confianza del dictador, por lo que, a la salida de Edgardo Mercado Jarrín de la Presidencia del Consejo de Ministros, ocupó ese puesto en enero de 1975. Ocho meses después, cuando parecía que Velasco no ejecutaría la sucesión en la que le había prometido ocupar el puesto principal, encabezó un levantamiento en Tacna, apoyado por otros generales que consideraban que el tiempo físico de Velasco había pasado. No faltan quienes atribuyeron a aquella asonada exitosa adelantada algunos efectos de las copas.

Las primeras declaraciones de Morales Bermúdez aludían a que la reforma se volviera revolución de verdad. Y así parecia al colocar a los generales más a la izquierda en el círculo más cercano a Palacio de Gobierno. Pero poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Y aunque no desmontó gran cosa de las reformas velasquistas, si detuvo sus avances. De hecho, varia gente cercana a Velasco comenzó a engrosar las listas de deportados.

Pero el descontento fue creciendo. Un paro nacional en julio de 1977 hace ver a los militares que el desgaste era demasiado y los obliga a presentar un cronograma ordenado para la salida del poder. Morales Bermúdez hace guiños hacia el APRA y el PPC para que algunas prerrogativas militares se mantengan en la Constitución de 1979. Al mismo tiempo, comienza a enterrar el viejo antiaprismo del Ejército Peruano. Son estos gestos los que han hecho crecer la fama de demócrata de FMB, pero es claro que el poder lo entregó por la fuerza de las circunstancias.

Retirado del servicio activo, fue candidato a la Presidencia de la República en 1985, con poca fortuna. Sus apariciones en la prensa durante los últimos treinta años se centraron en tres temas: la lucha antisubversiva, sus denuncias contra la cooptación que hizo el fujimorato del Ejército y la defensa de su gobierno. Había logrado cierta imagen de prestigio en algunos sectores.

Pero esta semana, los fantasmas de su gobierno volvieron. Una sentencia en Italia recordó que su dictadura participó en algunas de las acciones del Plan Cóndor, aquella maquinaria de la muerte para secuestrar y matar personas, implementadas por las dictaduras sudamericanas de la década de 1970. Y un proceso judicial actual en el Perú sobre el secuestro y posterior deportación de opositores a su gobierno continúa a paso lento. Todo ello cuando, retirado de la vída pública, el dictador vive un cómodo retiro en su casa de San Isidro.

En términos reales, será muy díficil que sea extraditado a Italia para que cumpla la cadena perpetua impuesta. El paso de los años y la previsible contemplación de sus canas que tendrá el gobierno actual harán inviable ello. Pero, para el futuro, no solo quedará como un autócrata, sino también, por su permisividad frente a secuestros de argentinos en su gobierno, como un criminal.

Finalmente la página en la historia peruana que ocupará Francisco Morales Bermúdez parece haberse completado.

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En noviembre de 2000, José Enrique Escardó publicó en la revista Gente una serie de artículos sobre el Sodalicio de Vida Cristiana. Por primera vez, quedaron expuestos el abuso psicológico y físico, las “órdenes absurdas” y las técnicas de manipulación empleadas para captar a menores de edad, en su mayoría, chicos de clases altas y medias altas.

Ya desde allí comenzó un modus operandi que luego sería visto en casos posteriores: presiones económicas contra la publicación de la familia Escardó, intentos de desacreditar al periodista e infundios repartidos por medio Lima.

Debo añadir, además, que fue entre 1998 y 2000, cuando el SCV intentó captarme en sus filas. En tres ocasiones, miembros de la organización intentaron convencerme de entrar, sin éxito. Mi visión de una religión menos basada en la culpa y más fundamentada en la libertad hizo que no fuera blanco fácil de lo que, sin duda alguna, eran medios de manipulación psicológica. Otros jóvenes – hoy en sus treinta - no corrieron la misma suerte.

En 2002, el programa Entre Líneas, conducido y producido por Cecilia Valenzuela, presentó un reportaje bastante completo donde se presentaron las versiones de padres de familia y exmiembros de la entidad católica, quienes documentaron otras denuncias de abusos y lo que, a todas luces, podía ser calificado como secuestro. Asimismo, Escardó presentó su testimonio y el psicoanalista Jorge Bruce analizó el caso. Allí, este último dio un vaticinio sobre lo que se conocería años más tarde: no descartaba la existencia de abusos sexuales en la institución.

A los pocos meses, Pedro Salinas presentó su novela “Mateo Diez”. Más allá de los méritos narrativos de la obra, el periodista contó claramente lo que ocurría al interior de la institución: deformación en la formación de adolescentes y jóvenes, golpes, maltratos, órdenes sin sentido, fascismo en la doctrina y, al final, se insinúa la existencia de un caso de abuso sexual.

En 2007, el sodálite Daniel Murguía fue atrapado in fraganti tomandole fotos semidesnudo a un niño de 11 años. Aunque formalmente fue expulsado del SCV, su hermana Patricia indica que se le puso a un abogado cercano a la institución. Su paradero es desconocido.

A fines de 2010, Luis Fernando Figari, el fundador del Sodalicio, anunciaba su retiro por “razones de salud” para dedicarse a una vida de “contemplación y meditación”. Lo que no se sabía es que ya se conocía que el número 2 de la organización, Germán Doig, tenía a cuestas por lo menos tres casos de abuso sexual. Y que, internamente, la fraterna Rocío Figueroa había pedido tanto que se hicieran públicas las razones por las que se retiró el expediente de beatificación de Doig, como la salida de Figari de la conducción del movimiento. Recién en febrero de 2011 se conocería que el fundador del Movimiento de Vida Cristiana mantenía una “doble vida”.

Y es allí que Pedro Salinas y Paola Ugaz comienzan a investigar el caso. Y se comienzan a saber varias cosas: la existencia de denuncias contra Figari por abusos sexuales; el relato del actor Jason Day sobre un episodio con un sacerdote que, años después, sabríamos que tenía denuncias de abusos sexuales. Y, nuevamente, se repetirían las amenazas, los comunicados negando todo, las columnas de opinión defendiendo lo indefendible.

Hasta que, en octubre de 2015, llegó el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”. Y ya no se pudo rebatir la verdad de lo que se decía: testimonios de abusos sexuales cometidos por Figari, Doig y Jeffrey Daniels.  Una estructura de abusos psicológicos y manipulación. Captación de menores de edad a quienes luego se introducía a la investigación. Una historia sistemática de encubrimiento. Y todo ello fue reafirmado por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reparación, que entrevistó a más víctimas y que concluía cosas como estas:

  1. Los daños físicos provienen básicamente de los abusos perpetrados al implementar medidas destinadas a exponer la integridad de las personas, a pruebas físicas para las cuales no se encontraban preparados y en condiciones opuestas a una lógica razonable; también quedan comprendidos los daños infringidos a quienes fueron víctimas de golpes o castigos físicos, incluso perpetrados por sus propios compañeros en cumplimiento de órdenes o instigación de sus superiores.Las exigencias físicas fueron mantenidas aún con diagnósticos médicos que aconsejaban lo contrario, generándose daños incluso permanentes a quienes se las impusieron. Las dolencias físicas no fueron comunicadas oportunamente a los familiares, siendo por el contrario ocultadas, de manera que han dejado secuelas de distintos grados.
  2. El SCV, tanto bajo la conducción de Luis Fernando Figari como de Germán Doig y las demás autoridades que han transitado por el SCV, a lo largo de su existencia, no han respondido a la confianza depositada por la Iglesia Católica y no solo han permitido los abusos indicados, sino que también han defraudado a fieles laicos que siguiendo la espiritualidad del SCV desarrollaron modos de vida afines a ellos, se desprendieron de bienes materiales y brindaron su tiempo y dedicación para cumplir con los mismos. Hoy día, esos mismos fieles, sufren el dolor de haber conocido situaciones de abuso que desconocían y reprueban.
  3. Los daños espirituales y morales, provienen de la utilización que ha hecho el SCV de la vocación manifestada por los jóvenes que deseaban integrarse a su organización, sirviéndose de la misma para responder prioritariamente al culto de Luis Fernando Figari, así como al de Germán Doig. Con ello se infringe igual daño a la Iglesia Católica, que confiando en los fundamentos establecidos en las Constituciones del SCV le otorgó su amparo, para permitir y alentar la formación espiritual de los jóvenes y el crecimiento de la fe y la multiplicación de las vocaciones.
  1. Los daños psicológicos, vienen también de la implementación de esas prácticas de sobre exigencia física irrazonable, de la exposición a riesgo de sufrir daño, o perder la vida al imponerse prácticas de actividades peligrosas; de los malos tratos verbales, escarnio, burlas, humillaciones; de una constante manipulación de la voluntad, así como de los abusos sexuales infringidos contra algunos de los formandos, incluso menores de edad. Las víctimas de estos abusos sexuales evidencian daño profundo, no solo por los actos físicos de agresión a los que fueron sometidos sino también a las injustas confusiones a las que se les expuso sobre su propia identidad sexual, dificultando duramente su despliegue personal al incorporarse a la vida civil, incluyendo sus relaciones afectivas. En muchos casos el daño se ha visto incrementado por el temor a la vergüenza de no haber podido denunciar la violencia en su contra, así como advertir la indolencia del SCV en los casos en que, enterados de la ocurrencia de esos actos, no procedió con la firmeza y justicia que esos abusos reclamaban. No se protegió a las víctimas pese a conocer lo ocurrido; se las dejó a su suerte y más bien, en ciertos casos, se privilegió cubrir al victimario y proteger a la organización, llevando a cabo procesos de aparente investigación que no concluían en una sanción efectiva. Las dolencias psicológicas no fueron advertidas o tratadas, ni oportuna, ni adecuadamente.

Y sumemos a ello la serie de reportajes que Salinas y Ugaz han presentado después de su libro y que dan nuevos nombres de abusadores físicos y psicológicos, así como describen el amplio poder económico de la organización. O la investigación de Ugaz que describe lo que ocurría con los esclavos de Figari, jóvenes dedicados exclusivamente a servir al fundador de la organización.

Con todos estos elementos, ¿no pudo hacer la fiscal María del Pilar Peralta una investigación que fuera más allá de la mera formalidad? ¿No pudo apreciar que existía una organización paralela dentro de la organización - reconocida por la Comisión de Ética - que incluía una estructura vertical de poder, con roles para cada actor, para cometer actos ilegales y donde existe fungibilidad y predisposición de sus miembros? ¿No pudo percatarse que los daños psicológicos estaban acreditados por peritajes distintos al del Instituto de Medicina Legal - que tenía serias falencias - como por el hecho que el propio Sodalicio solventa el tratamiento psicológico de algunas de las víctimas? ¿Por qué no tomó el testimonio de víctimas que acreditaban el abuso sexual - como “Santiago”, testimoniante del libro de Salinas y Ugaz, o Álvaro Urbina - y psicológico - como Martín Scheuch -? ¿Por qué se negó a aceptar como base el completo libro de Salinas y Ugaz para armar un caso? ¿Por qué ni siquiera mencionan el caso de José Enrique Escardó, uno de los denunciantes?

Como indica el periodista Miguel Seminario, es hora que el Sodalicio y la Iglesia Católica den un paso más allá en la aceptación de responsabilidades, pedido de disculpas y acogida a las víctimas. Y, sobre todo, es hora que el Ministerio Público haga caso omiso a las presiones y haga, en base a la apelación de los abogados de las víctimas, una investigación seria sobre 45 años de abusos.

Es hora que se haga justicia. Y es momento que el Sodalicio expulse a sus integrantes podridos.

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Hoy es el peor día para Luis Castañeda Lossio desde que ocupara el quinto puesto en la elección presidencial de 2011.

Por primera vez en sus tres gestiones de gobierno municipal, la desaprobación a su actuación como autoridad (50%) es mayor a la aprobación (45%). Peor aún, su aprobación se ha ido en picada en el último mes, perdiendo 8 puntos de popularidad.

Para complicar aún más la situación, solo el 26% de los encuestados se encuentra a favor de otorgarle un cuarto periodo como alcalde de Lima. Se incluyó esta pregunta ante la posibilidad de volver a la reelección de alcaldes, gracias a un proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses en el Congreso de la República.

Y si bien la mayor parte de limeños culpa a su precedesora por las protestas en Puente Piedra, un importante sector de ciudadanos de la ciudad tampoco lo exonera de responsabilidad. Para colmo de males, ayer un informe de Daniel Yovera para Cuarto Poder dejó en claro que se elevará el peaje en el tramo correspondiente al proyecto Línea Amarilla, una iniciativa privada original de OAS - traspasada a la empresa francesa Vinci - que fue aprobada en el segundo periodo de Castañeda. En momentos en que este tema ya ha generado dos marchas bastante fuertes en la ciudad, que el 65% de lo recaudado en Lima se vaya a elevar, es una peor noticia para el alcalde. Y allí no puede echarle la culpa a Susana Villarán.

¿Por qué cae Castañeda? Sin duda, en términos coyunturales, hay tres hechos que han acelerado el descenso en su popularidad: el incendio en Cantagallo y el drama de la comunidad shipiba que tuvo que ser resuelto por el gobierno central, la negociación por debajo de la mesa con OAS ligada al proyecto Línea Amarilla y el by pass de 28 de Julio y, por supuesto, las protestas en Puente Piedra.

Pero creo yo que hay algunos temas más de fondo en la desaprobación.

Castañeda llegó sin ninguna idea meridianamente fija a la Municipalidad Metropolitana, con una sola excepción: obras entendidas como construcción de infraestructura. Pero ha comenzado a ser evidente que las necesidades de la ciudad no se resuelven con cemento, que lo único que ha hecho en términos concretos es inaugurar todo lo que su antecesora ha dejado concesionado (y echarle la culpa de todos sus errores) y que su única obra propia en esta gestión - el bypass de 28 de Julio - tiene demasiadas controversias encima como para exhibirla.

Al mismo tiempo, el estilo poco transparente del alcalde ha comenzado ha ser cuestionado fuerte y permanentemente. La formación de colectivos políticos y profesionales que han hecho notorias las fallas de la administración Castañeda ha sido clave, al igual que la mirada de algunos medios respecto de la gestión. Si bien no se llega a los niveles de crítica que tenía la gestión Villarán encima, resulta claro que las faltas son tan inocultables que hasta periodistas que antes ni siquiera tocaban a Castañeda con el pétalo de una rosa ahora se permiten criticarlo. Y se ha formado un interesante grupo opositor en el que confluye tanto Diálogo Vecinal como la mayor parte de la bancada del APRA.

Una tercera cuestión clara es que el estilo Castañeda resulta anacrónico a estas alturas del partido. Si bien la ciudad requiere ordenar el tránsito, ha calado la idea que la infraestructura es solo una parte de la solución. Los peajes dentro de la ciudad son cuestionados. Las necesidades de la ciudad no son atendidas. Y el discurso del alcalde se reduce únicamente a dos elementos: cemento y echar la culpa de la gestión anterior. Y es claro que ambos elementos se están agotando como únicas respuestas, sobre todo, considerando que la administración actual de la MML tiene serios problemas de transparencia.

Finalmente, la situación debería preocupar a Solidaridad Nacional. Dado que el partido no ha construido ningún tipo de liderazgo alternativo - el que existía, José Luna, se marchó a hacer su proyecto propio con miras a ser alcalde de Lima en 2018 -, la suerte de SN está atada a su único candidato potable. Y aunque tienen mecenas, les será difícil construir a un postulante de fuste que pueda reemplazar a Castañeda.

Ahora que se rompió el teflón, todo le va a ser cuesta abajo al alcalde de Lima.

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(El APRA en una hora complicada. Foto: Andina)

Con el correr de las semanas, resulta más evidente que Alan García está poco interesado en la renovación partidaria que él mismo anunció luego de su clamorosa derrota electoral en abril del año pasado.

Como es conocido, una vez que García terminó en quinto lugar y con una representación parlamentaria que solo le dio una curul más en el partido - y, para colmo, a su rival Jorge del Castillo -, el expresidente anunció su retiro de los máximos cargos dentro del Partido Aprista Peruano, así como la convocatoria a un Congreso que elegiría nuevas autoridades internas. Asimismo, meses después, tomó la decisión de realizar una estancia académica en Madrid, lo que implicaba su apartamiento de la política del día a día.

Sin embargo, AGP no ha podido con su genio y, cada vez que puede, enrumba hacia Lima para dar directivas y también para atender su propia agenda personal, que no necesariamente pasar por el APRA. Y, en ese contexto, el Tribunal Electoral aprista, encabezado por el exabogado de Alan Moisés Tambini del Valle, ha postergado ya hasta en cuatro veces el Congreso partidario, lo que ha motivado las protestas de los dos principales candidatos a la secretaria general: Enrique Cornejo y Renzo Ibañez.

Ambos postulantes también han coincidido en una apreciación: la postergación se debería a que García no ha podido conseguir un rival de fuste que haga frente a ellos. Mientras que militantes como el historiador Daniel Parodi son fuertes en señalar que el partido se haya secuestrado:

Termino; ¿será penalmente punible el secuestro de una institución formal por parte de una dirigencia con mandato vencido hace 3 años y que viola los estatutos y la ley de Partidos al impedir a la militancia del PAP elegir a sus nuevos dirigentes? Es hora de que el JNE y la fiscalía resuelvan la enajenante situación por la que atraviesa el APRA, que es absolutamente atentatoria contra los principios democráticos en los que se basa nuestra república y vejatoria del estado de derecho. Y no me digan que los trapos sucios se lavan en casa, porque la casa está tomada.

A ello se suman otras diferencias internas. La bronca entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder por el liderazgo al interior de la Cédula Parlamentaria Aprista es abierta y también tiene consecuencias en la disputa por la secretaría general: Del Castillo endosa a Cornejo y Mulder a Ibañez. Las disputas entre Cornejo e Ibañez apuestan a formas distintas de entender la renovación: un candidato que tuvo una muy buena performance limeña y que anda recorriendo bases hace rato y otro postulante que contrapone la edad y su preparación académica frente a un rostro conocido.

Para completar el panorama, un evento externo complica las cosas: el caso Lava Jato. Mientras que la cercanía a Alan se mide en cuanto ponen las manos al fuego por él, resulta claro que adentro de la Casa del Pueblo se espera un cataclismo, donde cada quien piensa como salvarse mejor - o acusar al rival interno de turno de estar más embarrado - en lo que podría ser una hecatombe de proporciones en Alfonso Ugarte.

Entre tanto, los sectores más honestos dentro del APRA están preocupados porque sienten que las acusaciones pueden golpear al partido a tal punto que será muy difícil recuperarse, considerando que fueron cuestiones ligadas a la corrupción el principal factor - junto a una campaña desangelada - que liquidó las opciones de García en 2016.

El problema para los apristas es que, hasta ahora, desprenderse de Alan les resulta muy difícil. Los llevó dos veces a la Presidencia y, sin duda, sigue siendo la figura más fuerte dentro del partido. Sin embargo, también es claro que ha debilitado la estructura y que, mientras siga obstaculizando cualquier intento de renovación, será un tapón para el surgimiento de nuevos liderazgos que buena falta le hacen a la añeja agrupación.

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