Durante los últimos meses, por separado, Mirko Lauer y la revista Semana Económica han presentado adelantos de posibles candidatos para presidencias regionales y alcaldías más importantes. Lauer lo ha hecho dentro de sus columnas diarias, mientras Semana Económica lo ha hecho dentro de un esfuerzo más grande de presentar dossiers regionales.
Sobre la base de esta información, así como de datos que hemos podido conseguir, presentamos este primer acercamiento a las elecciones de octubre de este año.
LIMA METROPOLITANA
El actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, lidera las encuestas tanto para la Presidencia de la República como para la Alcaldía de Lima. Ha señalado recientemente que viene evaluando su futuro político junto a su familia. A estas alturas, no se descarta ningún escenario. A pesar de los cuestionamientos (muchos de ellos, bastante fundados) a su gestión, Castañeda tiene una gestión bastante valorada por un importante sector de limeños.
De acuerdo con las dos últimas encuestas de Ipsos Apoyo (noviembre y diciembre) hay otros personajes que la ciudadanía reconoce como posibles rivales de Castañeda o como personas que disputarían su espacio, en caso decidiera no postular a un tercer periodo. Repasemos a las mismas:
- Alex Kouri: El presidente regional del Callao es otro que aún no ha definido su futuro político: una nueva postulación en el Callao o la posibilidad de tentar la alcaldía limeña (todo indica que ha postergado sueños presidenciales). Hasta hace un tiempo, se podía decir que Kouri gozaba de las simpatías del Presidente de la República y que tenía en Luis Giampietri a un hombre cercano a Palacio. Sus dificultades están, sobre todo, en el proceso judicial que deberá enfrentar por la cuestionada Vía Expresa del Callao, frustrada obra de su gestión como alcalde y en la que su abogado ha acusado al gobierno de manipular el caso.
- Alberto Tejada: Dos veces alcalde de San Borja. Ha indicado que no irá a la reelección en su distrito y no ha precisado su futuro político. Su gestión ha estado centrada en la mejora de parques, en implementación de programas de salud y en programas deportivos. Su falencia: mejorar algunas cuestiones de seguridad ciudadana y haber descuidado el área que se encuentra entre las avenidas Aldana, Canadá, Circunvalación y Javier Prado. Tejada también ha sido tentado a presidir la Federación Peruana de Fútbol.
- Mercedes Araoz: Muchos la sindicaban como candidata del APRA, pero luego de asumir el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que no postulará a un cargo público para las elecciones de 2010 y 2011.
- Fernando Andrade: Intenta reflotar Somos Perú y ha suscrito recientemente una alianza con Yehude Simon. Ello le ha costado la ida de algunos alcaldes. Ha lanzado la idea de una alianza más amplia con el PPC. Su partido ha quedado debilitado con la muerte de su fundador.
- Susana Villarán: Es hasta ahora una de las pocas candidatas ya anunciada y proclamada por su partido, Fuerza Social. La ex ministra de la Mujer ya cuenta con cuadros trabajando en el Plan de Gobierno Municipal y su candidatura estaría siendo lanzada en los proximos días. Las dudas se encuentran por la inscripción de su partido, que hasta ahora no se ha concretado, en sacar la etiqueta de “pituca” en el que sus detractores la han ubicado y en darse a conocer en todos los sectores de la ciudad.
Otros voceados son Salvador Heresi, quien iría por el PPC, Juan Sheput por Perú Posible, Luis Iberico por Alianza Para el Progreso (el partido del alcalde de Trujillo, César Acuña) y Gustavo Pacheco, por una agrupación independiente.
En las siguientes semanas, exploraremos en lo que ocurre en los distritos.
LIMA PROVINCIAS (Ver también Perú Económico)
El primero en lanzarse a la lid es el ex presidente regional Miguel Angel Mufarech. Sus pintas ya se podían ver desde el año pasado en varias zonas de la región. Mufarech es conocido desde los 80’s y es uno de los pocos lobbistas que se encuentran registrados oficialmente. Su gestión no estuvo exenta de denuncias (ver aquí y aquí). Postulará por el PADIN, su propia agrupación regional.
Quien tampoco descarta su postulación es el actual presidente regional Nelson Chui Mejía. En estos momentos, viene afrontando problemas sobre la definición de la capital de la región. Postulará por el partido Concertación para el Desarrollo Regional.
AREQUIPA (Ver también Perú Económico, El Buho de Arequipa y Lauer)
El actual presidente regional Juan Manuel Guillén ha indicado que viene siendo tentado para ir a la reelección. Tampoco descarta el Congreso como alternativa. Ha sido claro en señalar que no postulará ni por el APRA ni por el Partido Nacionalista. Guillén mismo se ha encargado de desinflar la llanta a otro postulante de su movimiento “Arequipa, Tradición y Futuro”, Carlos Leytón, ex ministro de Agricultura de este gobierno.
En el partido de la estrella, es justamente el reemplazo de Leytón en Agricultura, Adolfo de Córdova, uno de los voceados para postular. El otro es el controvertido ex presidente regional Daniel Vera Ballón. Salido de las filas apristas, el ex alcalde arequipeño Yamel Romero postulará a la presidencia regional por “Arequipa Primero”.
Otras figuras que tentarían el sillón regional serían Gilberto Díaz por Perú Posible y Marco Falconí por Solidaridad Nacional. El humalismo no tiene hasta el momento candidato en la región.
El actual alcalde de la ciudad blanca, Simón Balbuena, ahora con movimiento propio, postularía a la reelección. Se desconoce si lo haría en alianza con el Partido Nacionalista.
LA LIBERTAD (Ver también Lauer)
Aquí hay dos pugnas. Una por la presidencia regional y la otra por la alcaldía de Trujillo. Es la segunda la que atrae los focos estelares, por cuestiones simbólicas.
La primera gran duda es si César Acuña Peralta irá a la reelección a la alcaldía o tentará un puesto mayor. Por lo pronto, no aparece ni siquiera en otros en encuestas nacionales, por lo que el salto a Lima aun esperaría, a pesar que viene haciendo esfuerzos para construir un partido nacional. En esa línea, la pregunta sobre si buscará derrotar al APRA en la alcaldía o en la presidencia regional - frente al casi seguro candidato José Murgia - es la pregunta real que el empresario educativo responderá en los siguientes meses.
La segunda duda está en el APRA: ¿que aprista se enfrentará a Acuña por la alcaldía? Si los compañeros fueran más hábiles, quizás deberían recordar porque perdieron las elecciones pasadas. Y parece que la lección no la aprendieron, porque andan divididos en varias facciones. Los voceados precandidatos son Miriam Pilco, secretaria general de La Libertad y a quien han sindicado como cercana a los Sánchez Paredes, Martín Sifuentes, ex director del FONAFE y vinculado a Agustín Mantilla y Moisés Arias, quien perdió la elección pasada con Acuña.
Otros posibles candidatos a la alcaldía trujillana son Eduardo Cassinelli, que encabezaría una fórmula de disidentes del APRA y de la izquierda y Manuel Rodríguez Albán, de Súmate, cercano a Castañeda Lossio.
ICA (Ver también Perú Económico)
La región ha sido tradicionalmente vinculada con el APRA. Dos de sus parlamentarios, Luis Gonzáles Posada y Edgar Nuñez, han tenido notoriedad, aunque por razones distintas. Uno fue presidente del Congreso, otro es considerado por muchos como el peor parlamentario de este periodo.
Pero en el 2006 los apristas no ganaron la elección. Quien lo hizo fue el iqueño Partido Regional de Integración, con Rómulo Triveño a la cabeza. Pero Triveño anda con serios problemas, dado que muchos lo sindican como uno de los principales responsables de los pocos avances en la reconstrucción de la región luego del terremoto de agosto de 2007.
Un candidato voceado a la región es Eduardo Cabrera Loayza por el Frente Regional Progresista Iqueño. Este partido es liderado por Pedro Carlos Ramos Ganoza, ex congresista, quien postulará a la alcaldía de Ica.
El actual alcalde de Ica, Mariano Nacimiento, postularía a la reelección. No se sabe si por el PRI o por otra agrupación, que según Semana Económica sería Perú Posible. Nacimiento se salvó por un pelo de la revocatoria.
LORETO (Ver también Perú Económico)
Dos son los partidos regionales fuertes: Fuerza Loretana, del actual presidente regional Yván Vásquez y Unipol, que postularía como rival al ex presidente regional y congresista Robinson Rivadeneyra. Acción Popular y el APRA no tendrían mayor presencia. Hay otros 10 movimientos regionales en busca de su inscripción.
De acuerdo con información recabada con personas de la zona, Vásquez tiene activos y pasivos en su gestión. Si bien ha apoyado esfuerzos culturales y la subida a primera división del CNI, las obras de infraestructura han sido pocas, aunque planea hacer el tren Yurimaguas - Iquitos, para conectar a la capital del departamento con la infraestructura terrestre del país. Se le critica su caudillismo. Por su parte, Rivadeneyra tiene algunos procesos pendientes de su anterior gestión, pero en el imaginario popular es bien recordado por la remodelación del estadio Max Agustin y la culminación de la carretera Iquitos - Nauta.
Otros candidatos a la presidencia regional serían Jorge Mera, ex congresista y el pastor y empresario Alfredo Yong, quien quedó segundo en la pasada elección regional.
En cuanto a la alcaldía de Maynas (es decir, de la ciudad de Iquitos), el actual alcalde Salomón Abensur iría a la reelección, pero con pocas opciones por una gestión sumamente cuestionada. En los sondeos en Iquitos, el favorito es Charles Zevallos, ex alcalde del distrito de Punchana, con una sentencia en primera instancia por un presunto caso de corrupción, pero con mucha popularidad por su carácter campechano y la construcción de pistas durante su gestión. La presencia de Zevallos preocupa a muchos. Otro postulante sería Jorge Monasi, candidato de Fuerza Loretana de Yván Vásquez.
JUNIN (Ver también Perú Económico y Lauer)
Veamos primero lo que pasaría en la región. Allí, el presidente regional Vladimiro Huaroc (Fuerza Social) postularía a la reelección. Es uno de los funcionarios regionales más visibles de estos años y ha tenido un buen nivel de ejecución del gasto, pero algunas obras que no se han efectuado le pueden pasar la factura.
Su principal rival sería Fernando Barrios, presidente de Essalud y uno de los personajes favoritos del Presidente de la República. Barrios ha sido antes alcalde de Huancayo. Tendrá que tener cuidado con las acusaciones sobre su gestión, así como de las denuncias contra el secretario general del APRA en la región, Abdon Vilchez.
Otro candidato de fuerza es Vladimir Cerrón, segundo en las elecciones regionales pasadas y lider de Perú Libre, que tiene a dirigentes populares y ex maoístas en sus filas. Un cuarto en la lid es Juan Tutuy, del bloque popular.
Mientras que, para la alcaldía de Huancayo, se anuncia el lanzamiento del ex parlamentario y ex burgomaestre Pedro Morales Mansilla, por las filas de Acción Popular.
AYACUCHO (Ver también Lauer)
El actual presidente regional, Ernesto Molina, postulará a la reelección. Lo hará bajo las filas del Movimiento Innovación Regional (MIRE). El MIRE es liderado por Germán Martinelli, quién también irá a la reelección en la alcaldía de Huamanga.
Otro personaje con es Rofilio Neyra, presidente del Inti Gas. Se trata de una de las regiones donde esta agrupación tiene más presencia. Neyra ha fundado el Movimiento Independiente Todos Por Ayacucho. Cercano al fujimorismo, ha tenido problemas con Carlos Raffo por pretender irrogarse el liderazgo fujimorista en la región. Es más, Raffo ha dicho que no apoyará ni a Neyra ni a Molina, otro ex fujimorista.
Enrique Moya postularía a la presidencia de región con el Frente Único Regional de Ayacucho, vinculado a sectores de izquierda. Moya fue el candidato del humalismo en la elección pasada y ha sido rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Mientras que por el APRA, Omar Quezada es quien suena más fuerte. Cabe recordar que Quezada lidera una importante facción en el partido - “los cuarentones” - y espera también ser secretario general en el próximo Congreso Nacional.
Finalmente, hay que considerar en la lista al Partido Bien Peruano, cuyo líder Edwin Donayre no sabe si tentará la presidencia regional o la Presidencia de la República. Cerca de Donayre - procesado por el tema de tráfico de gasolina en el Ejército - están personajes con ciertos cuestionamientos como Eduardo Fournier, Hugo Robles del Castillo y Dimas Concha.
HUANCAVELICA (Ver también Lauer)
El presidente regional Federico Salas Guevara ha fundado una nueva agrupación política: el movimiento Orden Justo Peruano. Salas es otro quien no sabe si su futuro estará en el Congreso o en su región. Cercano a él es el alcalde de Huancavelica, Pedro Palomino Pastrana, de quien no se sabe si postulará a la reelección o a la presidencia regional.
William Monterola es otro candidato de fuerza. También con pasado fujimorista - fue candidato por AF al Congreso en el 2006 - se presenta su movimiento Unidos por Huancavelica. Es el propietario de la marca de ropa Pieer’s.
Otro personaje en disputa es Maciste Diaz Abad, ex alcalde de Tayacaja y que lidera el movimiento Trabajando Para Todos. Es otro personaje que consideran cercano al fujimorismo. Quedó segundo en la anterior elección regional.
APURIMAC (Ver también Lauer)
Región convulsionada por la disputa que hubo entre Abancay y Andahuaylas el año pasado. Está casi cantado que David Salazar, actual presidente regional, no irá a la reelección. Ha quedado desgastado. El nombre más voceado es el del ex congresista Michel Martinez, que iría por tienda propia.
ANCASH (Ver también Perú Económico)
La disputa por el gobierno regional estará marcada entre dos contendientes centrales: César Álvarez, el controvertido presidente regional actual y el ex ministro aprista Juan Valdivia, a quien se mencionó en un par de petroaudios.
LAMBAYEQUE (Ver también Lauer y Expresión - alcaldía de Chiclayo y Lauer - presidencia regional)
En lo que se refiere a la presidencia regional, el APRA postularía a Percy Ramos Puelles, cercano a Javier Velásquez Quesquén y actual alcalde de la provincia de Lambayeque. Salido del aprismo y formando su propio movimiento, está el ex ministro José Salazar, conocido por sus marchas y contramarchas frente a los campesinos cocaleros.
Willy Serrato, ex parlamentario de tiempos del CCD, también está pensando en postular. Coquetean con él tanto el fujimorismo como Alianza Para el Progreso, el partido de Acuña. Serrato es el actual presidente del IPD Lambayeque.
El Partido Humanista de Yehude Simon no postulará a la actual presidente regional Nery Saldarriaga, sino a Marco Cardozo Romero, bastante cercano al ex Presidente del Consejo de Ministros y actual Gerente de la Región Lambayeque. Otro tentado a postular es el ex parlamentario y ex viceministro de Defensa Rafael Aita, cercano para algunos a Orden, la agrupación de Antero Flores - Araoz y, para otros, a Solidaridad Nacional.
La alcaldía de Chiclayo es otra plaza fuerte. Recordemos que una disputa no dirimida a tiempo terminó con el incendio del Palacio Municipal. Roberto Torres, actual alcalde, quiere ir a la reelección, pero tiene disputas hasta con su teniente alcalde.
Otros voceados son Edwin Oviedo - gerente de varias azucareras y del Juan Aurich -, el ex alcalde Arturo Castillo que postularía por Acción Popular y Jorge Nakasaki Servigón, hermano del abogado de Fujimori y ex regidor por el APRA que es tentado por el fujimorismo, Alianza Para el Progreso y movimientos independientes.
En las próximas semanas, veremos como se decanta este panorama. Y también veremos que pasa en las otras regiones. Los bloggers regionales podrían convertirse en actores claves para contar con información confiable sobre los candidatos y sus propuestas. He aquí una invitación para que vayan poniendo el tema en sus agendas.
Esta votación deberá ser ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones para que sea oficial y se nombre a su reemplazo.
3. ENREDOS FUJIMORISTAS
En ilustrativa columna aparecida en La República, Ronald Gamarra explica como las dos normas que restringen los beneficios penitenciarios a Alberto Fujimori e impiden su indulto, fueron aprobadas por votos fujimoristas. Incluso la norma de restricción de beneficios fue propuesta por Rolando Souza, socio del abogado de Fujimori.
Por cierto, Souza está complicado por irse de boca y sindicar a Antero Flores - Araoz como implicado en el tema de los Petroaudios.
Anoche, una noticia sacudió el Twitter y luego pasó a otros medios. El Morsa circuló un video en el que menores de edad dañaban la Huaca del Dragón, en Trujillo. Jonathan Castro de La Mula copió el video por si se borraba. Luego 90 Segundos rebotó la noticia, que hoy ha estado en otros medios. Al final de la noche, el usuario que colgó el video y que fue co-responsable del vandalismo tuvo una breve entrevista en Twitter con Marco Sifuentes en la que ofreció disculpas por los hechos.
Quedaron en evidencia tres cosas: 1. Comentarios abiertamente cobardes amenazando de muerte a menores de edad; 2. la poca conciencia que muchas personas tienen acerca de la preservación del patrimonio histórico, cuestión que debería inculcarse a todos desde niños, sobre todo en un país en el que tenemos mucho por mostrar y 3. La carencia de una política cultural por parte del Estado, dado que el INC parece estar pintado en la pared.
Sobre este tema y la responsabilidad que implica manejar este tipo de informacion, vean lo escrito por José Kusunoki y por Roberto Bustamante.
5. EL EXPEDIENTE PERDIDO DE MONTESINOS
En medio de todas las noticias de esta semana, se nos pasó comentar una investigación de Angel Paez sobre el expediente perdido de Vladimiro Montesinos sobre espionaje. El ex socio de Fujimori hizo desaparecer aquello que podría sepultarlo, entre esas cosas, su expediente por traición a la patria que podía costarle 25 años de prisión. Personajes vinculados a aquel expediente reaparecerían años después como enemigos o como socios del ex asesor. Lean el blog completo, pues tiene grandes revelaciones.
Quedan servidos. Ojalá el estado del clima mejore.
PD: Sobre Bagua y la propuesta aprista de reducir el mandato parlamentario, comentaremos este fin de semana.
Una de las preguntas que más me han formulado en estos días es: ¿Qué pasará con el fujimorismo ahora que su líder, el ex dictador Alberto Fujimori, tiene para rato en la cárcel, dada la confirmación de sus 25 años de prisión? Responder a esta pregunta me parece importante, antes que continuar con las (merecidas) felicitaciones a quienes hicieron esta condena posible.
Para comenzar, es necesario entender que el fujimorismo, así como no murió con la serie de sentencias del año pasado, tampoco morirá con esta. Pero tampoco ganará más simpatías de las que ya ganó. A mi modo de ver, el destino sellado de Fujimori en los juzgados hace que el discurso vinculado a la liberación del ex dictador ya no generará más simpatías, ni tampoco mayores deserciones. De hecho, Keiko Fujimori solo ha salido una vez en medios luego de la sentencia, para dejar luego la vocería a Carlos Raffo y a César Nakasaki, convertido a estas alturas, ya no solo en un defensor legal, sino también en un alfil político del fujimorismo. Y luego, otros temas coyunturales han dejado de lado la discusión política de la sentencia, salvo en los sectores más radicalizados a favor y en contra del ex mandatario.
¿Entonces, qué explica queel fujimorismo siga teniendo un caudal político importante?
Creo que la idea central es la del gestor público. Sin duda, si bien Fujimori dejó el poder hace 10 años, quedó con la imagen de “el presidente que recorre todos los pueblos del país”. Sí, es cierto, muchas de las obras que construyó se cayeron o fueron defectuosas, pero la imagen que dejó en la población, incentivada por la televisión, era la de un Presidente en gira permanente y llegando donde otros no llegaban. Ello es más fuerte en los sectores populares. La imagen de “buen gestor” en sectores medios y altos se concentra en lo económico, sobre todo, en las reformas que dejó hacer - nunca estuvo del todo convencido de las mismas, eso lo dice hasta Boloña - en la primera parte de su gestión.
El otro factor por el que Fujimori mantiene cierta popularidad es que - y esto no puede negarse - existe un sector de la población que consideró como costo a pagar para la pacificación la muerte de los sospechosos de terrorismo. Aquí hablamos de personas que no creen en los derechos humanos per se, y de aquellos que dicen creer en ellos, pero que “ante situaciones extremas”, optan por el factor seguridad y orden ante todo. Lo curioso es que no utilizara ese argumento en el juicio (de hecho, de modo abierto, el director del diario fujimorista La Razón señaló que era válido matar en algunos casos). En este caso, creo pesó mucho el hecho de que Nakasaki fuera el abogado de buena parte de su cadena de mando.
Sobre la base de estas ideas, es que el fujimorismo encuentra adeptos. A ello se suma el factor Keiko: joven (lo que se asocia con una imagen de “renovación”), con un posgrado en Estados Unidos, con perfil bajo en un Congreso desprestigiado y que, en teoría, preservaría el modelo económico.
Un factor más que explica porque el fujimorismo se siente “fuerte” es por su aparente fortaleza interna. Se proyecta una imagen de bancada consolidada, que no ha tenido tránsfugas y un núcleo duro sólido. Claro, si se desgrana bien ese núcleo, veremos que todo gira - como diría Carlos Iván Degregori - ante el átomo de un solo protón que siempre fue esta agrupación: Fujimori. Su hija, su hijo menor, su médico, sus abogados, su vocero y publicista, algunos ex ministros (Chacón, Yoshiyama, Trelles) y, un tanto más lejano, su ex cogollo parlamentario. Keiko también ha logrado formar un núcleo de confianza. De acuerdo con la investigación hecha por Paola Dongo para el libro “Yo Presidente”, sus principales asesores son Ana Vega y Adriana Cortez, quienes trabajan con ella desde su época de primera dama. Otros asesores son Guido Lucioni y Julio Pérez Novoa. Más recientemente, se sumó a ellos Milagros Alvarez Calderón, esposa del ex canciller fujimorista Fernando de Trazegnies.
Hasta aquí, las fortalezas del fujimorismo. Ahora pasemos a analizar las debilidades.
La primera es coyuntural. Y se refiere al hecho con el que comenzamos este post: el seguir basando la campaña en una suerte de plebiscito sobre la suerte de un delincuente. Si hablamos de encuestas, la mayor parte de la población - un 70% - considera que Fujimori es responsable de asesinato y corrupción. A ello sumemos que los principales temas de debate no se encuentran en torno al ex presidente, sino a cuestiones más hacia el futuro - ajustes del modelo, lucha contra la corrupción, mejora en servicios básicos, inclusión social -, los fujimoristas estarían pecando de lo mismo que achacan a sus críticos: de falta de contacto con la realidad.
La segunda debilidad está emparentada con la primera: la falta de un discurso en Keiko Fujimori. Si la imitación del Gordo Casaretto de “oa, besho, abasho” funciona, es porque Keiko no dice nada más allá de la defensa de su padre. No se manifiesta sobre grandes temas nacionales, su producción como congresista ha sido de mediocre para abajo y ya ni hablemos de plan de gobierno, cuestión harto sofisticada para una agrupación que en 20 años de gobierno nunca presentó uno.
La tercera es, justamente, el “legado de Fujimori”. Y es que frente a las ideas fuerza que presenta el fujimorismo, hay contraargumentos interesantes:
- La economía: Los fujimoristas esgrimen que en su gobierno “se sentaron” las bases para lo alcanzado después. La cuestión es solo parcialmente cierta. El crecimiento económico durante el fujimorismo no fue sostenido y en sus últimos años, el país no estuvo preparado para los embates de una crisis internacional menos fuerte que la que hemos padecido. En democracia, Paniagua, Toledo y García sí hicieron ajustes importantes en términos monetarios y de regulación que han modificado el “modelo” a algo más sostenible y las tasas de crecimiento han sido sustantivamente más altas que en la década pasada. Justamente el reto está en como mejorar en educación, inversión en infraestructura de alta escala y competitividad, algo en lo que el fujimorismo tiene materia jalada en sus 10 años de gestión.
Por cierto, tampoco sería inteligente seguir asociando economía de mercado con autoritarismo. Comenta Martin Tanaka:
Dentro de la derecha parece muy grande el sector que no es capaz de diferenciar economía de mercado de autoritarismo político, cuando no tiene por qué ser así; es más, hasta debería hacerse el argumento contrario, el autoritarismo debilita a la larga las reformas de mercado. El asunto es que no solo la derecha asociado mercado y autoritarismo, también la izquierda. (…)
(…) En términos teóricos y de principios, la asociación no es necesaria. Y empíricamente, la asociación me parece débil. Basta considerar que en toda la región se aplicaron políticas neoliberales en los últimos años, pero no en todas partes hubo escuadrones de la muerte ni golpes de Estado. Brasil durante Cardoso es un excelente ejemplo de cómo se cambió de modelo económico consolidando las instituciones (allá también hubo hiperinflación). Hay que reconocer sin embargo que hay varios casos en los que el cambio de modelo estuvo asociado a altos niveles de conflicto social y de conductas autoritarias (piénsese en las “democracias delegativas” de las que hablaba O’Donnell pensando en Menem, en las reformas con Paz Estensoro en Bolivia, y antes en Chile con Pinochet), pero no se llegó a los extremos en los que cayó Fujimori. Y como decía, también hay contraejemplos: Brasil con Cardoso, Colombia con Gaviria… de hecho, si pensamos en Perú mismo, uno puede perfectamente imaginarse a Vargas Llosa haciendo una profunda reforma neoliberal sin golpe de Estado o asesinatos selectivos.
- La seguridad: Fujimori ha querido presentar como el salvador de la patria frente al terrorismo. Esa idea también es falsa. Para comenzar, su papel en la captura de Abimael Guzmán fue nulo. Y otras ideas fuerza las comenta Tanaka:
(…) la estrategia que permitió la derrota del terrorismo es la contraria: la de la alianza de las fuerzas del orden con la población, y la del trabajo de inteligencia; no la del arrasamiento de las comunidades, la de la tortura indiscriminada, de las violaciones y delitos sexuales, de oponer el terror al terror. Esta última política es la que le permitió crecer al senderismo. La tesis de la defensa de Fujimori, que la política oficial era la del “soldado y el policía amigo”, es desbaratada por el director de La Razón. La realidad, a mi juicio, es que Fujimori asumió sin chistar planes militares que venían de 1988-1989, que combinaban cierta política de acercamiento a las comunidades, el uso de la inteligencia, y los aniquilamientos selectivos a cargo de escuadrones de la muerte.
- El no arrepentimiento: Si a parte de la izquierda peruana se le puede criticar por no haber hecho un examen crítico de los tiempos en que hablaban de lucha armada, democracia como instrumento y pretendían adecuar la realidad a sus modelos sociales (ver más donde El Morsa), similar crítica se le puede hacer al fujimorismo. No se han arrepentido de un golpe de Estado, de la corrupción sistémica de su gobierno, de las violaciones de derechos humanos y, a 10 años de su caída, uno de sus principales voceros sigue mostrando su desprecio por la democracia. A ello también se suma la creación de un “universo paralelo” donde los “caviares” (membrete en el que meten a personas de todo tipo de pensamiento, desde Javier Diez Canseco hasta Rosa María Palacios) son los malos que quieren acabar “con el mejor presidente del Perú”. El culto mesiánico del fujimorismo es casi comparable al nivel de una secta.
Finalmente, el principal límite del fujimorismo es la mortalidad política y real de su líder. Yo no deseo la muerte de nadie, pero es un hecho innegable que el fujimorismo ni es una corriente política, ni una ideología, ni un partido. Y la historia del Perú nos ofrece múltiples ejemplos de lo que ocurre con estos líderes caudillistas cuando su liderazgo declina o le toca la hora de la partida: Leguía, Odría, Prado, Velasco son ejemplos de líderes que tuvieron algún tipo de personas pretendiendo continuar “su legado”, pero que, luego de intentos infructuosos de volver al poder - Odría fue el que estuvo más cerca de conseguirlo - su permanencia en la política tuvo fecha de caducidad.
Más allá de las condenas éticas, políticas y judiciales, conviene entender esto para saber a que peligro la democracia peruana se enfrenta.
A estas alturas no entiendo nada de la rara historia de la encuesta encargada ¿por Alan? ¿por Palacio? ¿por el APRA? Para que se den cuenta porque muchos andamos más confundidos que cuy en tombola, veamos las declaraciones sobre el tema en orden cronológico.
ALAN GARCIA (02.01.2010)
“Hemos hecho una encuesta que llega a 27 mil personas, las encuestas normales se aplican a 1,200 personas. Y encontramos que conforme más total es la encuesta sube un poquito el voto fujimorista. (…) Mire le estoy abriendo una carta que no debería. Igual sucede con Ollanta, que según las encuestas tiene 8%, pero tiene un poquito más. No voy a decir cuánto”.
FERNANDO TUESTA (03.01.2010)
3) Quién realizó el gasto? la PCM, Despacho Presidencial o qué entidad pública? quién hizo los términos de referencia? se hizo por adjudicación directa? quién dio la conformidad de servicios? está colgada toda la información en el SEACE? Es decir, cómo así se hizo uso de no pocos recursos públicos, para que sólo el presidente tenga información sobre “intención de voto”?.
4) Quién hizo el trabajo? qué empresa o institución hizo un trabajo tan oneroso, como delicado? quiénes fueron invitados a participar? la empresa está afiliada a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM)? o alguien ha sido favorecido?
5) Cuál es la metodología del trabajo, la muestra, el cuestionario? No es acaso el presidente García un crítico severo, como muchos políticos, de las encuestas de intención de voto, como para dejar de ofrecer esta información necesaria para todos?
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, aseguró que no se ha destinado “ni un centavo” de los recursos del Estado para la realización de una encuesta de intención de voto.
“Somos muy cuidadosos, escrupulosos, de los recursos del Estado ni un centavo se ha asignado para ello”, agregó.
Velásquez fue consultado por los periodistas sobre el financiamiento de la encuesta a la que hizo alusión el presidente Alan García Pérez en una reciente entrevista radial.
“No se ha tocado ningún centavo del Estado”, ratificó al mencionar, entre otros aspectos, que para algunas encuestadoras el Apra no existe y no se considera su presencia en los sondeos.
“Pregúntenle al presidente”, respondió el legislador aprista cuando RPP insistía para que revelara el nombre de la empresa que hizo el sondeo y las fuentes que lo financiaron. “Yo soy congresista, no soy traductor”, replicó. El ex primer ministro consideró que detrás de dicho estudio no había ninguna acción ilícita. “¿Acaso es un delito, acaso choca con la ética?”, preguntó.
“Percibo que hay cierta piconería; que critiquen los políticos, pero que critiquen los que están en el giro del negocio no me parece bien”, añadió. Indicó que si los representantes de esas empresas consideran que una encuesta de ese tipo cuesta 200 mil dólares, “si es así lo que cobran, espero que paguen sus impuestos”, anotó.
“Yo diría que no es terreno en el que debe participar el presidente, no le corresponde. Ha sido quizás un exabrupto de su parte (…..) “no me parece adecuado que haya dado a conocer los resultados (…) El gobierno siempre lo hace (organizar encuestas), pero no debería de hacerlo publico. Es un asunto en el que hay que manejarlo con mucha cautela”,
ALAN GARCIA (06.10.2010)
“Un estudio absolutamente privado que no le cuesta un centavo al Estado, pues jamás hemos encargado una encuesta al Estado, no tiene por qué generar esos temores a las encuestadoras que creen que ya nació la competencia y que le quitamos contratos jugosos, ya sueñan con 250 mil dólares de contrato”, señaló en declaraciones a RPP.
Según el jefe de Estado, el estudio se hizo en 32 días y que para ello se preparó a tres personas de cada comité que tiene al Apra en el país para que hagan 10 preguntas a la población. “Y eso permite tener un flujo e información que lo centraliza esta red informática que tiene el Partido Aprista”, añadió.
Además, criticó el trabajo de las encuestadoras, porque –según dijo– sus sondeos de intención de voto los realizan con una muestra de personas muy baja que muchas veces no es suficiente para medir en forma eficiente el sentir de toda la población. Pero eso no es todo, el mandatario invitó a los líderes de los otros partidos políticos a que contraten los servicios de encuestas del Apra.
“Les va a salir mucho mejor y más barata”, dijo, tras señalar que hay una parte de esta encuesta en la que se evalúa la gestión de algunos funcionarios de los ministerios, y cuyas resultados se los hizo saber a sus ministros para que tenga una idea de en qué aspecto están fallando.
PERU.21 (06.01.2010)
Sin embargo, una fuente aprista consultada por Perú.21 informó que, dos días antes de Navidad, el jefe del Estado convocó a los integrantes de la Célula Parlamentaria Aprista (fueron 17, más o menos), a quienes presentó los resultados del estudio realizado.
La fuente, que aseguró haber estado presente en la reunión, señaló que los servidores estatales y efectivos de las FF.AA. figuran entre los 27 mil consultados. Pero lo extraño es que dijo que la encuesta, que se realizó en zonas previamente focalizadas y a nivel nacional, estuvo “a cargo de una empresa muy seria”. No mencionó ninguna red informática del partido.
EL COMERCIO (06.01.2010)
En el último Consejo de Ministros del año el presidente Alan García estaba contento. Y es que una encuesta que compartió con sus ministros realizada por la empresa Idice, reflejaba que había obtenido el 41% de aprobación.
Sin embargo, la controversia surgió luego de una entrevista que dio el sábado a RPP en la que se ufanó —utilizando la generalidad “nosotros”— de que se había realizado una encuesta a 27 mil personas cuando normalmente el universo que se consulta es solo de 1.200. A partir de ese sondeo el mandatario hizo algunos punzantes vaticinios electorales que han agitado el cotarro electoral.
El más ácido estuvo dirigido a los candidatos citadinos, como él los llamó. Y es que, según dijo, una muestra amplia como la mencionada había permitido detectar que los candidatos citadinos bajaban cuando los encuestadores llegan a las comunidades más recónditas. “Sube un poquito el voto fujimorista” y lo mismo ocurre con el voto humalista. “Entonces se comienzan a empatar un poquito”. (…)
Según fuentes consultadas por El Comercio, el estudio presentado el miércoles pasado en el Gabinete habría sido financiado por el presidente “de su propio bolsillo”.
VICTOR DIAZ CHAVEZ, GERENTE GENERAL DE IDICE (Entrevista con El Comercio - 06.01.2010)
¿Quién ha financiado la encuesta a la que se refirió el presidente?
Ni el presidente ni el Gobierno me han encargado ni me han pagado ningún estudio de esa naturaleza.
¿Y la que presentó en el Consejo de Ministros el miércoles pasado?
El estudio que yo presenté en Palacio fue una evaluación que se hizo por una invitación muy personal del presidente donde se dieron otro tipo de temas, no por lo que ha mencionado el presidente en su entrevista.
¿Y quién lo financió?
Yo no estoy autorizado a decirlo por la confidencialidad que todas las empresas encuestadoras tienen con sus clientes. Si el cliente me autoriza con todo gusto pero eso fue un estudio netamente privado.
¿Y en el estudio que presentó consultó a 27 mil personas?
Los estudios de carácter privado no estamos autorizados a ventilarlos públicamente.
¿Fue persona natural o jurídica?
No estoy autorizado a decirlo.
¿Usted me está diciendo formalmente que lo que declaró el presidente el sábado no tiene que ver con Idice?
Yo no afirmo ni niego nada. Lo que le digo es que si el presidente habló sobre una encuesta lo más correcto es preguntarle al presidente. Pero el gobierno no nos ha contratado para ninguna encuesta.
¿El partido aprista?
De los privados no puedo hablar.
Y dado que el archivo puede darnos algunas luces, a continuación, información que nos puede aclarar algo más en esta historia.
UTERO DE MARITA (En plena campaña electoral 16.03.2006)
Es la historia de siempre. Cada vez que Alan necesita que le suban la moral, la encuestadora Idice le sube -al menos- unos puntitos en los sondeos.
Hoy, en el colmo del descaro, anunciaron un triple empate en la punta: Lourdes 23,6%; Ollanta 23,3%, y Alan 22.8%
Qué curioso. Esta conveniente encuesta aparece tan sólo tres días después de que Apoyo mostrara que García había sido relegado al tercer lugar, lejos del empate puntero de Flores y Humala.
Y es curioso porque la encuesta de Idice es financiada por la Universidad Garcilaso de la Vega, casa de estudios vinculada históricamente al APRA. Vamos, hasta el Chito Ríosera garcilasino.
Y es más curioso porque el local de Idice queda en un destartalado solar de Mirones Bajo, en medio de dos bodeguitas. He ido ya un par de veces y, francamente, se nota que a Idice le faltan clientes. Digo, para que pueda implementar bonito su local y no le dé pie a los maliciosos que dicen que es una encuestadora fantasma.
Se trata del Instituto de Desarrollo e Investigación de Ciencias Económicas (Idice) que tiene como accionista a Oswaldo Neyra Torres, quien además se desempeñó como gerente de Financiamiento y Mercadeo del Seguro Integral de Salud (SIS) y durante el tiempo que estuvo al frente de esa dependencia otorgó cuantiosos contratos a su propia empresa encuestadora, según reveló el congresista Renzo Reggiardo.
De acuerdo con la página del Servicio de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado (Seace), del 14 de marzo de este año, el SIS le otorgó a Idice el encargo de realizar un estudio de percepción ciudadana de los servicios brindados por esa institución y para ello le pagó S/.13,700.
IDICE también ha contratado con el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. En total, sólo en este año, la encuestadora aprista ha realizado 11 sondeos de opinión por un total de S/. 141,500.
Pues bien, en nuestra revisión del portal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, encontramos que, a pesar de dicho escándalo, el Estado sigue contratando con la encuestadora favorita del Presidente de la República.
En lo que va del 2008- y estamos exactamente a la mitad - IDICE ha obtenido contratos por la suma de S/. 142,800. ¿Y quienes le han dado a ganar a esta empresa?
- Banco de la Nación: 2 contratos por estudios de satisfacción del cliente en Lima Provincias que suman S/. 26, 400 (ver aquí y aquí). En ambas, IDICE fue el único postor.
- Ministerio de Salud: 1 contrato de evaluación por S/. 13, 500. También en este caso, la encuestadora fue la única postora. Y recordemos que el Ministro es el compañero Hernán Garrido Lecca.
- ESSALUD: contrató a esta misma empresa para una evaluación general (S/. 13, 500) y para estudios de opinión (S/. 89,400). Y, nuevamente, IDICE como única postora. Aquí otro amigo del Presidente es quien manda: Fernando Barrios.
Para actualizar los datos sobre IDICE, me fui al SEACE y verifique dos datos adicionales:
- En el 2008, la encuestadora ya no tuvo más contratos. Por tanto, el total es el señalado en el post nuestro de julio de 2008.
- En el 2009, IDICE ganó en contratos con el Estado la suma de S/. 212,800.00. En realidad, esta suma es producto de un sólo contrato, suscrito con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para determinar el nivel de satisfacción con los servicios prestados por esta institución a nivel nacional. La titular de la SUNARP es Maria Delia Cambursano Garragori. De acuerdo con el Jurado Nacional de Eleccciones, es militante aprista. Se conoce también que es esposa del ex parlamentario aprista José Luis Delgado y fue asesora de Luis Gonzáles Posada cuando fue Ministro de Justicia en el primer gobierno del APRA.
En resumen: Hay dos grandes hipótesis sobre la encuesta: 1. O ha sido hecha por IDICE, la encuestadora favorita del Partido Aprista, dado que sus resultados siempre la favorecen o 2. como ha dicho Alan, ha sido hecha por los mismos apristas, con solo Dios sabe que criterios técnicos.
Por transparencia y sea quien fuere que la haya pagado (Alan, el APRA o el Gobierno), lo mejor es que publiquen la encuesta completa y, por supuesto, la ficha técnica, para que los amigos que conocen mejor de sondeos de opinión puedan verificar si la realización de la misma ha sido la adecuada.
Mientras tanto, el gobierno se sigue enredando en sus explicaciones.
ACTUALIZACION (04:00 PM):
El gobierno ahora sostiene que la encuesta era entre apristas y para apristas. Habla el Quemier:
El jefe del Gabinete, Javier Velásquez, ratificó hoy que no se ha usado recursos del Estado para el sondeo realizado por el Partido Aprista, y dijo que las exigencias formales para la realización de una encuesta corresponde pedirlas a los estudios hechos para ser difundidos y publicados.Subrayó, en ese sentido, que el mencionado sondeo realizado por la red informática del Apra es un estudio privado y para información interna.
“Este es un sondeo que el partido lo hace para su información interna. Ahora cuando hay alguien por ahí que dice que tiene que tener ficha técnica y señalar a qué sectores ha abarcado, (eso) es para cuando se va a hacer publico; pero esta es una información que normalmente el partido realiza con sus militantes a través de su red informática”, manifestó.
Pues la pregunta es clara, si es así, ¿por qué no lo dijo ayer que le preguntaron sobre el tema?
Por su parte, el único escudero que ha tenido el gobierno en este tema se llama Luis Castañeda Lossio, que para esto sí habla (será porque queda bien en la encuesta).
A estas alturas, el tema ya pasó a ribetes de comedia. Creo que los protagonistas terminarán cantando esta canción:
MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: El bocón y el matón
Fernando Tuesta: De la encuesta presidencial a la encuesta aprista
Pocas campañas electorales merecieron tanta cobertura como la de 1990. Y es que en la misma confluyeron varios eventos: el triunfo sorpresivo de un outsider que luego devino en dictador, la derrota de uno de los peruanos más ilustres del país, la existencia de nuevas ideas sobre la economía, el quiebre de la izquierda y una gran cantidad de candidatos al Congreso entre ilustres peruanos y nuevas figuras. La bibliografía es abundante en estilos, hechos y concepciones.
Y basta una revisión de estos libros para darnos cuenta del papel que en esa campaña cumplió Alan García Pérez, presidente de la República saliente en ese entonces (y ahora también). De acuerdo con todas las versiones, García tuvo un papel activo toda la campaña: no apoyó directamente a Luis Alva Castro para poder él ser líder de la oposición y tentar un retorno en 1995, utilizó al servicio de inteligencia para hacer encuestas, hizo abierta guerra sucia contra Mario Vargas Llosa y luego apoyó a Alfonso Barrantes primero y a Alberto Fujimori despues.
Tan evidente fue esto que, el año pasado, en una reunión de empresario, el Presidente de la República hizo esta confesión de parte:
El tema es que Alan cree volver a hacer el cuento y parece estar en campaña. El sábado, en medio de la resaca del Año Nuevo, se fue a RPP para que un complaciente Raúl Vargas le hiciera una “entrevista” sobre su pensamiento acerca del país y de la campaña electoral. Además de cometer el error de señalar que el outsider era aprista (Ciencia Política 101, no puede haber outsider que venga del partido más institucionalizado del país), habló de una encuesta propia con una base de 27,000 personas en la que tendría algunos resultados distintos a las que dan las demas empresas encuestadoras.
Fernando Tuesta ha cuestionado la declaración presidencial con argumentos bastante valederos:
Si el presidente García nos está diciendo la verdad, estamos ante un tema preocupante:
1) Encuestar a 27 mil personas, implicaría un gasto astronómico, innecesario e ineficaz a la vez. El costo no bajaría de 120 mil dólares.
2) Esta cifra hubiera obligado al gobierno a realizar una licitación pública, que no se hizo.
3) ¿Quién realizó el gasto? la PCM, Despacho Presidencial o qué entidad pública? quién hizo los términos de referencia? se hizo por adjudicación directa? quién dio la conformidad de servicios? está colgada toda la información en el SEACE? Es decir, cómo así se hizo uso de no pocos recursos públicos, para que sólo el presidente tenga información sobre “intención de voto”?.
4) Quién hizo el trabajo? qué empresa o institución hizo un trabajo tan oneroso, como delicado? quiénes fueron invitados a participar? la empresa está afiliada a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM)? o alguien ha sido favorecido?
5) Cuál es la metodología del trabajo, la muestra, el cuestionario? No es acaso el presidente García un crítico severo, como muchos políticos, de las encuestas de intención de voto, como para dejar de ofrecer esta información necesaria para todos?
6) Aplicar una encuesta a 1,200 personas a nivel nacional es una cifra estándar y de por sí costosa. Una de 27 mil, es inusual e innecesaria. Ni en EEUU se hacen encuestas de esa cantidad. Justamente, los sondeos de opinión se hicieron famosos, desde 1936, porque con un número reducido de entrevistados se puede aproximar -a través de adecuados métodos estadísticos-, a diferentes temas de la opinión pública. Para eso existe la estadística y la ley de los grandes números, para inferir y proyectar resultados confiables. Un incremento significativo en la cantidad de encuestados, no reduce el margen de error en la misma proporción.
7) Por un tema de transparencia el gobierno debió colgar el resultado del estudio, como ocurre obligatoriamente en la administración pública y no ser un informe reservado para el presidente de la república, puesto que su naturaleza no lo exige. Esta práctica va en contra de la política de transparencia y neutralidad que ofrece el primer ministro. Sólo así podemos saber los ciudadanos, quién, cómo y porqué se hizo el dichoso trabajo.
Un gobierno puede hacer uso de los instrumentos, como una encuesta, para indagar sobre temas que tienen que ver con políticas públicas, no sobre intención de voto. Con mayor razón si su partido, el Apra, es parte interesada en el tema. Alan García habló como presidente de la república, no como jefe de su partido, por lo que no puede utilizar recursos públicos.
9) El presidente de la república, no puede ofrecer resultados de un sondeo de intención de voto, pues bajo este antecedente podría hacerlo en toda la campaña electoral, sin límites.
10) Nadie puede ofrecer resultados a través de un medio de comunicación, sin estar inscrito en el registro del JNE, tal como señala la ley y el reglamento de dicha institución. Cada vez que una empresa o universidad realiza un sondeo de opinión de intención de voto, debe enviar, entre otras exigencias, la ficha técnica del trabajo. Estas normas no pueden ser eludidas, a costa de violarlas. En otras palabras, a los tres días, deben de enviarse el informe al JNE y, de esta manera también, convertirse en documento público de acceso para todos. Si no se hace, el JNE debe exigirlos.
Más que gastar en encuestas (hasta ahora, nadie en el gobierno responde a las preguntas de Tuesta) y meterse en la campaña, el Presidente - que lo es de todos los peruanos - debería dejar los cálculos políticos (es público que quiere volver el 2016) y olvidar su rol de 1990. Por una sola vez, ¿se preocupará de no ver algo que no sea su ego político? Desde aquí, estaremos vigilando.
MAS SOBRE EL TEMA
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Perú.com: Contraloría investigaría encuesta ordenada por presidente Alan García
Algunas personas han atacado el Informe Final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua por considerar que lo que se quiere es encubrir una masacre o un genocidio. Este es un falso punto de partida. Existe una definición técnica de lo que es genocidio que no encaja en lo ocurrido el 5 de junio de 2009. Y, dada la implicancia penal del término, no se puede hablar alegremente de la ocurrencia del mismo, ni tampoco de la existencia de miles o cientos de fallecidos.
Ello tampoco me pone del lado de la versión del gobierno. Decir que sólo los azuzadores fueron los causantes de lo ocurrido o que todo fue producto de una conspiración, equivale a negar los errores del gobierno en toda su dimensión, que existieron y fueron bastante fuertes.
De allí que, luego de revisar el Informe presentado la semana pasada y las opiniones sobre el mismo, a mi modo de ver, hay varios graves errores en este documento.
1. EL INFORME NO ACLARA LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO NI TOMA EN CUENTA VARIOS TESTIMONIOS
Si el informe tenía por principal motivo esclarecer lo ocurido en Bagua, dicho objetivo no se cumplió. Jacqueline Fowks ha registrado varias de las fallas en este sentido:
Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ’subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.
En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.
El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.
Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).
El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.
El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.
2. METODOLOGICAMENTE, EL INFORME TIENE VARIOS ERRORES:
Los errores en este sentido son los siguientes:
a) Carencia de fuentes que corroboren la información colocada sobre los Ajawun Wampis.
b) Errores ortográficos y de fondo inadmisibles en un informe de este tipo. Fowks ha señalado algunos de ellos:
Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).
c) No se presenta ordenadamente la información en relación a los sucesos del 5 de junio de 2009. Tampoco se ha tomado en cuenta, además de los testimonios presentados (que tampoco fueron todos tomados en consideración), investigaciones periodísticas serias hechas sobre la materia, como las hechas por Gustavo Gorriti y por el Instituto de Defensa Legal.
d) Una parte del informe se ha hecho a la ligera. De acuerdo con el blogger Iván Herrera Gálvez, la cronología expuesta en el Informe Final de Bagua y la colocada en el blog Indigena Protesta Perú, presentan varias similtudes, pero borrando partes que no comprometen al gobierno (vía Servindi):
Saltan a la vista varios textos iguales, tanto en la secuencia de datos como en la redacción, a partir del 6 de junio en adelante ambas son prácticamente la misma cronología, algunos hechos son añadidos y otro presentan pequeñas correcciones de nombres, fechas y algunas palabras en la redacción.
La copia y edición es obvia, hecho que revela la falta de seriedad, improvisación y apuro de la comisión en la elaboración de dicho informe. También es obvia la manipulación de información para librar de responsabilidades al gobierno.
Algunos hechos que aparecen en la cronología original pero que no han sido puestos en el informe de la comisión:
5 de diciembre de 2008:
- El ministro del ambiente, Antonio Brack en una entrevista para una radio holandesa afirmó que quienes se oponen a las empresas petroleras “son unos cuantos” y que sólo hacen “bulla” cuando salen a las calles a defender sus derechos. Esto causa indignación entre la población de las comunidades amazónicas.
Los hechos del 4 y 5 de junio son totalmente diferentes en las dos cronologías, la del blog recoge testimonios sobre matanzas de gran número de indígenas, cadáveres quemados y arrojados al río por la policía, testimonio de periodistas belgas, disparos de la policía contra la población civil en Bagua, etc. Hechos que poco se mencionan en la cronología de la comisión.
16 de junio de 2009:
- Apristas crean una organización campesina-nativa paralela.
19 de junio de 2009:
- Trasladan de manera irregular a 18 internos del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas en la fecha de llegada del relator de la ONU James Anaya. Los detenidos trasladados tenían signos de haber sido golpeados después de su detención.
- Relator de la ONU, exige una investigación axhaustiva e independiente de lo ocurrido en Bagua, así como la reevaluación de las acusaciones contra los dirigentes indígenas.
20 de junio de 2009:
- Representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) constatan en Bagua, violaciones a los derechos humanos de la población nativa.
28 dejunio de 2009:
- Denuncian interrogatorios irregulares a detenidos en Bagua que se vienen recuperando de lesiones.
7 de agosto de 2009:
- La Fiscal Marleni Rojas denuncia ante el Poder Judicial a dos generales, dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente, todos de la Policía Nacional, como responsables de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, de un largo número de nativos y civiles de la provincia que resultaron víctimas de los sangrientos hechos ocurridos el 5 de junio de este año.
La comisión no pone la fuente de su cronología, sólo afirma que es un “recuento de información divulgada por los medios”. Esta es una prueba más de que este informe también fue hecho “al champazo”, para salir del papelón que hicieron con el borrador anterior que se filtró a la prensa y que ahora pretenden desconocer.
3. EL TEMA DE LAS RESPONSABILIDADES:
Las mismas han sido presentadas parcialmente y de modo incompleto, aunque tampoco se puede decir que no existieron agendas más allá de las meramente revindicativas de derechos.
A pesar de ello, Carlos Melendez tiene una lectura sobre como esta indeterminación es síntoma de como se presentan los conflictos sociales en el país y no deben ser usadas por el gobierno para atacar (que es algo que ya el Presidente ha estado haciendo):
Ya no es un secreto la debilidad orgánica de las representaciones sociales. No existe partido, sindicato, gremio, organización social que tenga una estructura interna con liderazgos claros y canales de comunicación efectivos entre sus dirigencias y sus bases. La imprecisión con la que se indica a los actores (“ronderos, reservistas”) da cuenta de demandas particularistas, de una sociedad fragmentada, y de la ausencia de liderazgos responsables y legítimos que den la cara antes y después, capaces de movilizar a las masas, pero también de controlarlas pacíficamente. En el caso de Bagua específicamente había una desconexión absoluta entre las mesas de negociaciones en Lima y la población movilizada en la Curva del Diablo. La propia dirigencia local de AIDESEP prácticamente abandonó el liderazgo de la movilización cuando ésta se desbordaba. La suerte de los manifestantes en Bagua –más allá de esfuerzos individuales como el de Manuin- quedaba en manos de improvisados dirigentes locales sin un norte político más allá que la consignas violentistas. Sin embargo, sería parcializado dejar el diagnóstico entre los actores presentes e identificados superficialmente. Pensemos también en los ausentes: en los congresistas oficialistas, en los gobernadores y tenientes gobernadores, en los militantes y dirigentes locales del partido “más organizado del país” (APRA).
Sabemos que nuestros congresistas tienen un débil arraigo en la sociedad. Entonces, ¿por qué creer que tienen una gran influencia sobre los manifestantes? Sabemos que las organizaciones que se arrogan la representación de las demandas movilizadas no tienen capacidad de control sobre las poblaciones locales que protestan. ¿Por qué creer que las negociaciones en una mesa en Lima van a solucionar completamente los requerimientos? Y finalmente, si ya sabemos que la ciudadanía es tan sensible a “azuzadores”, ¿por qué no movilizar a los cuadros políticos oficialistas a contrarrestar a los denominados “violentistas”? Sería absurdo utilizar las conclusiones del Informe Bagua políticamente, cuando debería alertar a los actores presentes y ausentes en su responsabilidad democrática para que estos hechos no vuelvan a suceder.
Mi opinión es que, más que azuzadores, como presenta el informe erroneamente, en Bagua confluyeron varias agendas propias, además de liderazgos con actuación limitada tanto en Lima como dentro de su propia zona. Esa desconexión fue una de las causantes de los trágicos sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009. Y, como Melendez sostiene, también es cierto que el gobierno y su partido no tuvieron presencia en la región, haciendo lo que les corresponde: trabajo político. (Lo mismo, por cierto, que sí hacian los nacionalistas).
El otro problema es que tampoco hablaron de la responsabilidad de la actual Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araoz. La entonces titular de Comercio Exterior y Turismo defendió a rajatabla los controvertidos Decretos Legislativos, señalando que los mismos afectarían el TLC suscrito con Estados Unidos. Y al igual que no se dijo nada sobre esta declaración, tampoco se vio que la nada caviar Apoyo Consultoría señalaba lo siguiente sobre la derogatoria de los Decretos Legislativos:
La derogatoria de los DL cuestionados no debería poner en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo.
El TLC Perú-EEUU incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. Según fuentes oficiales consultadas, la US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas. Mientras tanto, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 pone en vigencia las leyes 27308 y 26505.
En primera instancia, las principales críticas a los DL referidos no deberían entrar en conflicto con los compromisos asumidos por el Perú en el marco del TLC con EEUU. En el aspecto medioambiental, los principales cuestionamientos de EEUU durante el proceso de negociación del acuerdo estuvieron relacionados con el control y sanción de la tala ilegal, un aspecto en el que se debería contar con el apoyo de las comunidades indígenas. Más aún, Chile, país que tiene un TLC con EEUU también en vigencia, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT. Las principales críticas empresariales chilenas se han concentrado en el riesgo de que las leyes finalmente aprobadas se conviertan en un obstáculo para la promoción de la inversión pero no en un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.
Un marco legal consensuado que incorpore a las comunidades de la Amazonía resulta clave para darle condiciones más estables a la inversión en la zona y para revertir cierta imagen negativa del país generada durante los últimos días.
La incorporación de las comunidades directamente afectadas por las leyes en cuestión en el debate no tiene por qué representar un retroceso en el marco de promoción de la inversión privada. Por ejemplo, en el caso de la adecuación chilena al Convenio 169 de la OIT, se está proponiendo la creación de un consejo consultivo que represente al pueblo indígena frente a los proyectos de inversión que se realicen en sus tierras. Este consejo, sin embargo, no tendría derecho a veto, es decir, no podría bloquear de facto la inversión. Otro detalle que se evalúa en el caso chileno es que “en la medida de lo posible” existan beneficios para el pueblo indígena ante proyectos de inversión relevantes. En varios casos, estos beneficios ya son aplicados por las empresas que operan en el Perú de manera que puedan conseguir la licencia social de las comunidades aledañas que les permitan operar con tranquilidad. La diferencia es que estos beneficios ahora tendrían un marco legal.
Como vemos, este Informe nos puso más lejos de la verdad. El problema es que hay otras mesas con los pueblos amazónicos en funciones y que, a la luz de lo puesto, corren el peligro del desencuentro, tanto por algunas demandas maximalistas, como por la posibilidad de que el gobierno prepare algo con sabor a mecida. Comenta Patricia Wiesse:
Los acuerdos de la Mesa 2 pueden traer cola. Durante varios meses han revisado uno por uno los nueve decretos explosivos que no se derogaron y quedaron en standby. La conclusión a la que han llegado los indígenas es que cuatro de ellos deben ser derogados sí o sí porque vulneran directamente sus derechos (el DL 994, el 1020, el 1080 y el 1089). Hay otros que necesitan ser modificados o resueltos vía reglamento.
Para librarse de semejante papa caliente, el Ejecutivo está planteando que sea el Tribunal Constitucional quien determine si los decretos son inconstitucionales o no.
Además de conflictiva, esta Mesa 2 ha resultado productiva. Veinte personas, entre indígenas y representantes del Estado, han hecho un trabajo de avanzada en el tema forestal porque era urgente llenar el vacío legal dejado por la derogatoria de la ley. Han cambiado el sentido y el enfoque basado en un modelo extractivo primario por uno de conservación, de gestión integral del bosque, que valora la biodiversidad y con enfoque intercultural. El resultado es una matriz con los aportes técnicos a la normativa forestal y de fauna silvestre.
El producto final de la Mesa 3 es la ley marco de consulta previa a los pueblos indígenas, a partir del documento presentado por la Defensoría del Pueblo y de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Justamente el instrumento que faltaba.
Pero no solo han incorporado el derecho a la consulta, sino dos puntos más que pueden erizar al Ejecutivo: la necesidad de lograr el consentimiento de las comunidades, y la revisión de todos los contratos vigentes como se ha hecho en Ecuador, en vista de que la mitad de la Amazonía ya está concesionada. La propuesta será presentada al Congreso.
La Mesa 4 es la del amplísimo temario. Ha trabajado un plan de desarrollo para la Amazonía tomando como punto de partida el plan de acción que se hizo en el Gobierno de Valentín Paniagua, que incluye temas tan conflictivos como, por ejemplo, el de la minería y los hidrocarburos.
Pero son dos los puntos espinosos de esta Mesa en los que el consenso será imposible. El primero tiene que ver con el territorio: los indígenas piden que el subsuelo les pertenezca, aun sabiendo que ello pasa por una reforma constitucional. Ellos creen que ese es el quid del asunto para garantizar la propiedad de sus tierras comunales.
El segundo punto que probablemente será cuestionado es el de la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.
Como vemos, lo que Bagua destapó fue la olla de presión de años de incomprensiones y desencuentros. ¿El gobierno estará a la altura del reto?
Vía La República, con información del Poder Judicial:
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó hoy por unanimidad la condena de 25 años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori como autor mediato de los delitos de homicidio calificado – asesinato - y lesiones graves.
En el extremo del delito de secuestro agravado con trato cruel en perjuicio de Gustavo Gorriti Ellenbogen y Samuel Dyer Ampudia, se dictó un fallo por mayoría, de cuatro a uno, que ratifica la comisión del mismo, tal como se estableció en la sentencia de primera instancia. El voto singular opina – coincidiendo con la Fiscalía – que se cometió secuestro simple y no agravado.
El Tribunal es presidido por el Juez Supremo Titular Duberlí Rodríguez Tineo y está conformado además por los doctores Julio Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán Dempwolf y José Neyra Flores.
CUESTIONES A FUTURO A TOMAR EN CONSIDERACION
1. El magistrado Julio Biaggi fue quien dio su voto discrepante en torno al caso de secuestro. Sustenta que Fujimori fue culpable de secuestro simple y que no se presentó en los casos de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer ninguna de las modalidades agravadas.
2.La situación de Fujimori es bastante complicada en términos de beneficios penitenciarios. Recién podría postular a ellos luego de cumplidos 18 años de prisión. No procede ni el derecho de gracia, ni el indulto ni la conmutación de pena, debido a que se ratificó la pena en el delito de secuestro. Toda esta situación se produce al amparo de la Ley N° 28760.
3. Dado que es la sentencia más alta contra el ex presidente, esta es la que manda cuanto tiempo estará en prisión. Solo le queda, a estas alturas, la salida política (es decir, que Keiko gane y modifique la norma sobre la negativa de indulto por secuestro). ¿García lo hará? Aunque todo está dentro del terreno de lo posible, lo cierto es que si lo hace, no solo perdería la poca credibilidad que le queda afuera, sino también 13 votos en el Congreso que desea mantener a toda costa.
SOBRE LA SENTENCIA EN SI
1. La sentencia está dividida en tres partes. La primera tiene los antecedentes del caso. La segunda es la más importante, pues contiene el fundamento de porque la sentencia sigue siendo condenatoria. La tercera es el fallo.
2. En la segunda parte, referida a los fundamentos, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema se ha esmerado en indicar, punto por punto, cuales son las razones por cuales estima que la culpabilidad de Fujimori está comprobada. Se detiene en cada uno de los detalles en que la defensa de Fujimori, el Ministerio Público y la parte civil debatieron en noviembre último. Como sabemos, en esta fase del proceso, se discuten cuestiones meramente de derecho (valoración de pruebas, calificación de delitos y cuantía de la reparación civil), no los hechos del caso.
3. Hay algunos detalles importantes de la sentencia que merecen atención:
- La Sala llama la atención a la defensa de Fujimori por presentar pretensiones contradictorias. Y es que César Nakasaki, alternativamente, pedía que se absuelva a Fujimori por ser inocente y que se hiciera un nuevo juicio oral.
- En torno a los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Sala indica la existencia de indicios que conllevan la responsabilidad de Fujimori como autor mediato. Estos indicios son clasificados como anteriores (vinculados a la ostentación, evidencia y ejercicio de un real poder de mando dentro de un aparato organizado), concomitantes (vinculados a la naturaleza de los crímenes, tanto como violaciones de derechos humanos, como por su comisión desde un destacamento del Ejército y el nivel de involucramiento de los actores y del aparato estatal) y posteriores (sobre las acciones contra los opositores que hicieron las denuncias y todas las formas de encubrimiento del hecho).
- Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta son considerados como delitos de lesa humanidad. Esta calificación es ratificada con argumentos semejantes a los expresados por la Sala presidida por César San Martín.
- En cuanto al tema del secuestro, la conducta de los agentes que se encargaron de dichas capturas ilegales, así como las circunstancias que rodearon ambos hechos, hacen que se configure la agravante de trato cruel.
DOS SENTENCIAS HISTORICAS
Sentencia de Primera Instancia: 7 de abril de 2009
POST SCRIPTUM: Hoy este blog cumple 5 años. La tónica del post de hoy era distinta, pero la información prevalece, dada su importancia histórica. De todas maneras, aprovecho el espacio para agradecer a los lectores, comentaristas, seguidores del blog en Facebook, a la familia, a los amigos y a la persona que desde algunos meses hace que escribir en este blog sera una tarea más placentera. Gracias totales a todos. (Publico agradecimientos en el primer comentario).
Comparto lo expresado por Carlos Basombrío en Espacio Compartido:
Una imagen es mejor que mil palabras y esta reúne todas las respuestas.(Fotomontaje de Andrés Edery, publicado en El Otorongo, Perú.21, 25 de diciembre del 2009)
4. VARIOS ESCANDALOS PARLAMENTARIOS Y MINISTERIALES
¿Y más allá de los escándalos, cuando reformamos las instituciones para evitar que continuen ocurriendo?
Independientemente de esta investigación puntual, lo que va quedando claro es que, en algunos casos, algunas empresas vienen recurriendo a dos tipos de prácticas vedadas: el espionaje industrial para petardear al rival y el trato directo con el gobierno para lograr contratos. Justamente, estos dos elementos son los que han confluido en el caso Petroaudios, lo que despierta desconfianza tanto en el gobierno como en la empresa privada y lo que suscita debates sobre la relación mercado - Estado en el Perú. Así como el fujimorismo le hizo mucho daño a la imagen de la economía de mercado en el Perú, lo mismo viene ocurriendo con el Petrogate. Si a ello le sumamos la desigualdad existente en el país, entenderemos porque existe mercado para propuestas que señalan que el modelo económico debe cambiarse. El problema es que sus posibles reformadores o revolucionarios no nos dicen cómo y tampoco si su modelo garantizará que los beneficios reales que sí existen con el mercado serán mejorados.
Ver a Chile como enemigo o como un potencial rival bélico me parece una de las peores aberraciones que se pueden tener en el país. Y lo digo en un momento en que las relaciones son delicadas entre ambos países, pues considero que seguir propiciando armamentismos desmedidos, odios ancestrales y revanchismos de guerras de hace 130 años termina siendo contraproducente en un contexto en el que las guerras no deben volver a existir en la región.
Dicho esto, hay que señalar que el caso de espionaje detectado en octubre pasado y hecho público hace unos días constituye el más lamentable episodio en la historia reciente de las relaciones entre ambos países. Siempre el hecho que un agente de inteligencia venda información a un gobierno o particular a cambio de dinero es algo bastante lamentable.
2. NUESTRA MAYOR TRAGEDIA DURANTE LA DECADA
Falsos aquellos que minimizaron unas muertes sobre otras. Falsos aquellos irresponsables que hablaban de genocidio y creían que esto era el inicio de la caída del gobierno o de una revolución. Falsos los que han mentido acerca de la responsabilidad de altas autoridades sobre lo que fue el peor operativo policial de la historia peruana. Falsos los que creido que una comisión debe exculparlos. Falsos los que creen que seguir haciendo mercado de esta manera es posible. 34 muertos no son mentira.
1. VARIAS SENTENCIAS HISTORICAS CONTRA NUESTRO ULTIMO DICTADOR
Se trata de la primera vez que un jefe de Estado elegido por votación popular - y que luego se convirtió en dictador - es sentenciado por violaciones de los derechos humanos y por corrupción. Y, para que quede claro, es la prueba de que para combatir al terrorismo no es necesario vulnerar los derechos de los demás, dado que los responsables serán sancionados. Y de que en nombre de “la pacificación” o “el modelo” no podemos tener a un ladrón medrando con el Estado. La violación de la Constitución, el crimen alevoso, el robo y la cooptación del Estado y el escuadrón de la muerte como estategia fueron el sello de Alberto Fujimori y todo ello ha sido condenado judicialmente.
Y con este post de resumen de un año que tuvo a 11 años dentro de sí y esperando que el 2010 nos traiga mejores noticias, Desde el Tercer Piso les desea Feliz Año Nuevo.
Volvemos el 3 de enero de 2010 (si que es que no pasa nada antes).
BONUS TRACK: Vía La Mula, los 5 errores más graves de Alan en el 2009. Opinan Rospigliosi, Alvarez Rodrich y Lauer:
¿Por qué César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga son nuevamente considerados como las personas más resaltantes del año que termina? Hay varias razones para ello, pero dos me parecen las centrales.
La primera, es que resulta poco común en el país que los magistrados fundamenten sus sentencias de modo claro y aplicando herramientas actuales del Derecho. Los integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia lo hicieron en el caso seguido contra Alberto Fujimori por violaciones contra los derechos humanos. Y en los casos en que Fujimori se declaró culpable, también explicaron claramente las consecuencias jurídicas de dicha declaración. Además, condujeron el proceso judicial con imparcialidad, sin restringir el derecho de defensa del acusado y considerando las posturas de todas las partes.
La segunda, tiene que ver con la trascendencia histórica de los fallos. Se trata de la primera vez que un ex presidente en el Peru es condenado por violaciones de los derechos humanos, que se hace con respeto al debido proceso y que también se condena a un ex mandatario por corrupción. Ello ya convierte a las sentencias expedidas en objeto de estudio en todo el mundo.
Por ello, es necesario recordar las palabras finales de los procesos.
Si la decisión era controvertida en sí misma por tratarse de alguien a quien vimos recibiendo cerros de plata en la salita del SIN, dos informes de La República (aquí y aquí) indican que no se examinaron todos los exámenes médicos para contemplar la real situación del sentenciado, quien terminó haciendo ejercicios en el gimnasio de la cómoda clínica donde cumplia su pena e insultando a los médicos que lo iban a revisar.
Aunque a estas alturas el olor a trafa se siente en el ambiente, la posibilidad de revertir el indulto es aún dividida para especialistas legales (Luis Vargas Valdivia señala que si se podría, mientras que Enrique Bernales y Javier de Belaúnde indican que por ser una liberalidad presidencial, el indulto es irrevertible).
Y mientras el caso pasa a ser debate legal, pues hasta ahora ningun funcionario se anima a decir lo que todos suponemos: que el gobierno cometió un grave error al indultar a alguien que, como vemos, estaba más sano de lo que pensábamos.
Un gobierno puede hacer uso de los instrumentos, como una encuesta, para indagar sobre temas que tienen que ver con políticas públicas, no sobre intención de voto. Con mayor razón si su partido, el Apra, es parte interesada en el tema. Alan García habló como presidente de la república, no como jefe de su partido, por lo que no puede utilizar recursos públicos.
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