Archivo de 4 Abril 2009

Esta semana, el caso de la disputa entre la PUCP y el Arzobispado de Lima para evitar la ingerencia de este último en el manejo de los bienes de la universidad ha vuelto a las páginas de los medios de comunicación.

Todo comenzó el domingo pasado, cuando la PUCP publicó un comunicado en el que hizo público que el representante de Juan Luis Cipriani, Walter Muñoz Cho, ha interpuesto una demanda contra la universidad por el control de los bienes de la misma. Pero, a diferencia de otras demandas, Muñoz Cho ha comprendido bienes que no tienen nada que ver con aquellos vinculados con la disputa legal, es decir, los vinculados al legado de José de la Riva Aguero. Así, edificios como el Centro Cultural o la Escuela de Negocios de la PUCP quieren también ser tomados por el asalariado del Cardenal.

El lunes vino el contrataque: de un lado, el diario Expreso, aliado mediático del Cardenal, señaló que la PUCP había perdido la demanda de amparo interpuesta contra Muñoz Cho hace dos años. La versión no ha sido confirmada ni siquiera por los abogados de Cipriani, por lo que es evidente que se trata de un bluff. Pero ese mismo día fue presentado en sociedad como nuevo patrocinante de los intereses cirprianescos el ex congresista Natale Amprimo - bastante cercano a este gobierno -, quien trató de hacer frente al comunicado puesto por la Católica el día anterior.

Al día siguiente, el vicerrector académico de la PUCP, Marcial Rubio Correa, salió al frente de las afirmaciones de Amprimo y defendió el comunicado presentado por la Universidad. Rubio, habitualmente ponderado en sus declaraciones frente al Cardenal, llegó a decir que “aquellos que habían advertido que el Arzobispado se quería quedar con la Universidad no les ha faltado razón”.

Y, en el fondo, esto es lo que hemos advertido desde esta tribuna desde el inicio: el Cardenal, desde su asunción como Arzobispo de Lima, tiene la intención de controlar la Universidad, en el contexto de las pugnas internas dentro de la Iglesia y además, pretende cambiar parte de los énfasis que la universidad viene teniendo en los últimos años, sobre todo, en temas sociales y de defensa de los derechos humanos.

Por mi parte, creo que cabe recordar quien tiene la razón en este pleito de fondo. Hace un par de años, leí los testamentos completos de José de la Riva Aguero y, de los mismos, se determina lo siguiente:

1. LA PROPIEDAD DEL FUNDO PANDO Y DEMÁS BIENES CORRESPONDE A LA PUCP

La PUCP desde el momento de la muerte de Riva Agüero, se convertía en usufructuaria de sus bienes. Es decir, tenía derecho a recibir los frutos y productos – léase, resultado de ventas o alquileres de propiedades – así como a usar los bienes otorgados por Riva Agüero, previo inventario de los mismos, como dispone en otra cláusula de su testamento.

Si la Universidad existía al momento del vigésimo año de la muerte de su benefactor, la PUCP se convertía en propietaria de los bienes de Riva Agüero, por lo que la Junta debía entregarlos en dicho momento.

Como lo menciona Carlos Carpio Ramírez en su tesis “Análisis Jurídico Interpretativo de las Disposiciones Testamentarias de don José de la Riva Agüero y Osma“, que he podido revisar, esta cláusula fue puesta por el testamentario debido a que le preocupaba que la relativa juventud de la Universidad – fundada en 1917 – pudiera hacerla potencial presa de intereses que quisieran fracasar dicha empresa educativa.

Se ha mencionado, en diversos medios, que la PUCP adelantó la inscripción de la propiedad a su favor, haciendo caso omiso a las disposiciones de Riva Agüero. Sin embargo, de acuerdo a lo que señala la citada investigación de Carpio Ramírez, las dos anotaciones previas fueron las siguientes:
- En 1947, se señala que “La Pontificia Universidad Católica del Perú…ha adquirido el usufructo y en el plazo de veinte años adquirirá derecho de propiedad que en el inmueble inscrito en esta partida correspondía a don José de la Riva Agüero y Osma“. Se inscribe, por tanto, el usufructo y la condición suspensiva del derecho de propiedad.
- En 1957, se modificó dicho asiento registral, indicándose que “La Pontificia Universidad Católica del Perú es propietaria del inmueble inscrito en esta partida en su condición de heredera de don José de la Riva Agüero y Osma, conforme al testamento ológrafo del 1º de septiembre de 1938 registrado en los asientos 26 y 35 que anteceden (que modificó las disposiciones del anterior de 3 de diciembre de 1933, registrado en el asiento 17 que antecede)“. Y, efectivamente, la PUCP era propietaria del Fundo Pando, con una condición suspensiva, que, mientras durara, se convertía en la facultad de usar y sacar los frutos del bien. Ello era congruente con lo señalado por el testamento de 1938, que como hemos dicho, comprende el testamento de 1933 en lo que no se opone.

2. RIVA AGÜERO NO PUSO CONDICIONES SOBRE EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD

El señor Mariátegui, en su editorial de ayer en Correo, menciona que: “Además, RA era supercucufato y conservaduro, así que absolutamente estaría más cercano a Cipriani que al Lerner de la CVR o al otrora rector Felipe MacGregor, aquel jesuita que fue el padre del caviarismo peruano“.

Sin embargo, y a pesar que Riva Agüero era un conservador conocido y con simpatías con el fascismo italiano, no puso una condición sobre la ideología de la Universidad, dejándola en libertad de elegir su forma de actuar cuando señala, en el testamento de 1933 “y sea cual fuere la forma y extensión de sus enseñanzas” como parte de la condición de existencia de la PUCP veinte años luego de su muerte.

Por tanto, quienes pensaban que Riva Agüero había dejado su impronta ideológica en el testamento, están errados e inducen al error.

3. LA JUNTA DE ADMINISTRACION Y COMO SE ENTIENDE LA PERPETUIDAD

Dice el testamento de 1938, que “para el sostenimiento de la Universidad Católica, a la que instituyo como principal heredera y para los demás encargos, legados y mandas, que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una Junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo mancomunado…“.

Cuando la PUCP cumple la condición suspensiva de la propiedad, la Junta deja de tener incidencia sobre la administración de los bienes, por una sencilla razón: ya no son de Riva Agüero sino que pertenecen a la PUCP. El testamento es claro: administración de mis bienes. Cuando dejan de serlo, simple y llanamente, la administración cesa.

Entonces, ¿la Junta no existe? Existe, pero para cumplir las demás cláusulas del testamento, referidas a donaciones concretas, a celebrar misas por el alma del testamentario y a preservar los lugares de entierro del intelectual peruano y de sus familiares. Y esa Junta es formada por el Rector de la PUCP y el representante del Arzobispado de Lima, sólo para esos fines.

Como vemos, la razón asiste a la PUCP. Y solo cabe terminar con las palabras que, en su momento, dijo Jorge Bruce sobre este tema: “El vínculo que tenemos los de la Católica con nuestra alma máter y entre nosotros, es más fuerte, genuino y trascendente que sus exaltadas homilías o programas radiales. De modo que se lo decimos con todas sus letras: si se meten con mamá, nos van a encontrar a todos al frente”.

Y aquí nos tendrá al frente, señor Cardenal.

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