Archivo de 15 Diciembre 2008

Esta tarde el Tribunal Constitucional dio a conocer su fallo en el caso El Frontón, uno de los procesos cuya resolución era de las más esperadas, pero que ha terminado siendo una de las más grandes lavadas de manos dadas por una instancia judicial en el Perú.

La sentencia no se pronuncia sobre el tema de fondo, que se refiere a la prescripción del caso en relación con Teodorico Bernabé Montoya, uno de los marinos inculpados, sino que se refiere a un defecto formal, referido al recurso de agravio constitucional, una fórmula jurídica excepcional que el TC contempla para que procesos de defensa de derechos constitucionales que hayan culminado en segunda instancia por una sentencia confirmatoria.

El TC estima que este recurso no constituye un precedente vinculante, por lo que tiene la potestad de decidir cuando se puede admitir o no. Y luego se va a un tema formal, que es la posibilidad de que el Instituto de Defensa Legal, que patrocina a algunas de las víctimas, pueda interponer este recurso. La mayor parte de magistrados del TC concluye que no, dado que, en principio, esta institución se presentó como amicus curiae (es decir, un tercero que no es parte, pero que colabora con el proceso) y, luego, un recurso de queja constitucional. 

Los magistrados Landa, Eto y Beaumont consideran que, a pesar de la existencia de este defecto, debió sentenciarse sobre el fondo. Aquí se producen más discrepancias: Eto y Beaumont sostienen que, a pesar que existe la prescripción de crímenes de lesa humanidad, los procesos por violaciones de derechos humanos no deben convertirse en vulneratorios de los mismos. Por tanto, consideran que ante un plazo demasiado extenso en resolverse el caso, el mismo debe concluirse. Landa opina que la imprescriptibilidad debe aplicarse a rajatabla y, por tanto, el caso debe continuar.  Como vemos, el debate doctrinario está aún abierto sobre esta materia.

¿Dijo el TC algo sobre el fondo? Lo hizo de modo críptico, en el considerando 8 de la sentencia:

Que por ello, este Tribunal considera que la sentencia de segunda instancia del presente proceso de hábeas corpus tiene la calidad de cosa juzgada, con efectos interpartes, en tanto se encuentre subsistente, pues quien se considere afectado por su contenido tiene expedita la vía del proceso de amparo contra amparo si los plazos procesales lo permiten.

Esta sentencia fue emitida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, en la que estuvo Nancy Ávila de Tambini, esposa del entonces jefe de los procuradores Moisés Tambini del Valle, ex abogado del Presidente de la República.  Es decir, si es que no se interpone el llamado “amparo contra amparo” - otro recurso de carácter excepcional - pues la sentencia sobre la prescripción dictada en el Poder Judicial podría quedar firme y, por tanto, los otros 7 marinos inculpados (y, en caso se encontraran otras pruebas, Alan García y Luis Giampietri, que solo son testigos en este caso) podrían interponer sus respectivos documentos para que el caso vuelva a fojas cero, esta vez ya de modo definitivo, a menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considere que esta sentencia vulneró las obligaciones del Estado para procesar violaciones de los derechos humanos.

De otro lado, la primera instancia de la Oficina de Control de la Magistratura recomendó la suspensión de los magistrados que expidieron la mencionada sentencia judicial, porque la misma no tomó en cuenta los precedentes internacionales sobre la prescripcion de delitos de lesa humanidad. Tendremos que esperar que ocurre finalmente aquí y en el Consejo Nacional de la Magistratura para saber que ocurre con los magistrados y con la sentencia en cuestión.

Por tanto, el caso aún no parece estar concluido. El problema, tal como lo veo, es que el mismo ha sido demasiado manoseado que las suspicacias de uno y otro lado lo han convertido, más que en un tema jurídico y de justicia con las víctimas de un hecho execrable, en un asunto político, sea para defender al Presidente y al Vicepresidente o para demostrar su culpabilidad, cuestión que, seamos claro, no ha sido probada aún. Pero claro, las conductas apristas siguen alentando la sospecha.

Sin duda, este caso aún tiene para rato. Y la discusión sobre la responsabilidad penal de Alan García también.

ACTUALIZACIÓN (11:55 PM)

Juan Carlos Goicochea entrevista al Presidente interino del TC, Juan Vergara Gotelli. Todo un homenaje del magistrado a Mario Moreno.

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El jueves 8 de enero del 2009 culminará el plazo de trabajo de la Comisión Abugattas, por lo que deberán presentar su informe final. Y todo indica que ha comenzado la discusión en serio sobre el mismo y las consecuencias que tendrá sobre las investigaciones del Petrogate.

La Comisión ha tenido un trabajo relativamente largo y dedicado, pero, ciertamente, se ha visto debilitada por la lenidad frente a las inconductas de Carlos Raffo y, más recientemente, un audio antiguo de Daniel Abugattas parece ser utilizado para desinflarle la llanta a este grupo de trabajo.  A ello se sumó la sesión bastante complaciente que tuvieron con Rómulo León Alegría.

Aún así, parece que algunas conclusiones van a afectar seriamente a ex miembros del gobierno. Informa El Comercio:

En cuanto al informe que se elaborará en mayoría se prevé que traiga como una de sus recomendaciones acusar constitucionalmente al ex presidente del Consejo de Ministros, congresista Jorge del Castillo, y a los ex ministros de Vivienda y Justicia, Hernán Garrido Lecca y María Zavala, respectivamente.

Por lo visto y expuesto en dicha comisión durante sus 27 sesiones de trabajo, se inclinarían por suscribir el informe en mayoría Abugattas y los otros tres congresistas que lo acompañan en las pesquisas, en representación de las bancadas de la oposición: Carlos Raffo (APF), Édgard Reymundo (BP) y Rafael Yamashiro (UN), quienes guardan silencio para no ser tildados de quebrar el debido proceso por adelanto de opinión.

 

La discrepancia que suscita tanta tensión entre dichos parlamentarios es si también deben ser acusados constitucionalmente los ex ministros de Salud, Energía y Minas y del Interior, Carlos Vallejos, Juan Valdivia y Luis Alva Castro, respectivamente.

Otra discrepancia es por los delitos por los que se acusaría a los tres ex ministros antes mencionados, sin duda, los más involucrados en el Petrogate. Sobre todo Del Castillo, contradictorio en las explicaciones sobre sus reuniones con León Alegría, Quimper y Canaán, y, claro está, Garrido Lecca, conectado con todos los personajes del escándalo y otros negociazos alrededor del gobierno.

¿Cuáles serían los indicios en los que se basa la Comisión? Algo adelanta El Comercio:

En la mencionada documentación (la que salió del disco duro de Rómulo León Alegría, nota de DTP), Del Castillo aparece mencionado unas 40 veces, Garrido Lecca 15 y Zavala, al menos en cuatro oportunidades. Los nombres de los ex ministros Vallejos, Valdivia y Alva Castro figuran, pero con menor frecuencia en dicha documentación.

 

En su mayor parte, la documentación analizada por el grupo investigador es el epistolario entre León Alegría y su ex jefe Fortunato Canaán, empresario dominicano que según su versión intentó por todos los medios legales participar en la construcción de hospitales y establecimientos penales e incursionar en la explotación de hidrocarburos, intento que lo llevó a reunirse no solo con los ex ministros antes mencionados sino entrar en contacto con el presidente Alan García y el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava, quien es mencionado 15 veces en la referida documentación.

Ahora se entiende porque hay varios interesados en que esta comisión no culmine su trabajo. Veremos que nos depararán los últimos días de investigación de este grupo de trabajo. Por lo pronto, todo indica este caso, ya en términos legales, no solo es el asunto de dos sinverguenzas.

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