Desde el Tercer Piso

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JUICIO A FUJIMORI EN HORA CERO

Ayer, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la apertura de juicio oral a Alberto Fujimori en el megaproceso por violaciones de los derechos humanos.

En el documento que convoca al juicio oral, que se iniciaría el 26 de noviembre, destacan algunas cosas. Mediáticamente, la convocatoria como testigo a Vladimiro Montesinos es la noticia más importante. La pregunta es si, ahora que está siendo procesado también por el caso La Cantuta, el Doc se animará a cantar o si se dedicara a la protección de su ex jefe con el silencio.

También serán importantes otros testimonios, sobre todo, los de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos, los secuestrados Dyer y Gorriti y de los ex miembros del Grupo Colina, varios de los cuales ya han señalado que el ex dictador tenía conocimiento de los hechos imputados. Sobre éstos últimos, la abogada de los familiares de las víctimas Gloria Cano ha señalado presiones mediante extrañas visitas del congresista Rolando Souza a varios de los testigos. También desfilarán personajes como Ketín Vidal, Rodolfo Robles, Ricardo Uceda, Edmundo Cruz, Gilberto Hume y Máximo San Román.

Y una de las pruebas más importantes es el ya famoso vídeo de Santiago Martin Rivas en el que confiesa que Fujimori estaba al tanto de las actividades y que las violaciones a los derechos humanos eran parte de su política. Dado que esas declaraciones fueron dadas a Umberto Jara sin presión, sin duda, van a ser claves en el proceso, al igual que otros documentos fundamentales que demuestran la relación.

Sin duda, el Poder Judicial se juega su partido más importante.

EL JUICIO A SL: LA ETAPA FINAL

Como también es clave lo que pase en la Corte Suprema el mismo día que se inicia el juicio a Abimael. La Segunda Sala Penal Transitoria, presidida por el controvertido Javier Villa Stein, será la que se encargue de revisar las condenas dadas por la Sala Penal Nacional a Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso.

La trascendencia de este proceso es bastante alta. De confirmarse las sentencias, se demostraría a los partidarios del autoritarismo que es posible juzgar a criminales tan avezados y repudiables como estos en democracia y con respeto a las reglas del debido proceso. Algo que Santiago Pedraglio nos recordó hace algún tiempo. Y se acabaría la falacia de que la democracia es débil con el terrorismo y que sólo con jueces sin rostro se puede procesar a esta gente.

Además, la sentencia de primera instancia, que esperemos sea ratificada, tuvo dos planteamientos jurídicos que son revolucionarios para el Perú: la aceptación de la teoría de dominio del hecho para aparatos organizados de criminalidad - lo que implica que es tan responsable el que puso la bomba como quien ordenó ponerla - y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para los procesos contra la subversión, sin que ello implique reconocer status especial ni ninguna prerrogativa a los miembros de Sendero Luminoso.

Si la Sala que preside el cuestionado Villa Stein confirma estos elementos habrá limpiado en algo la imagen negra de este magistrado. Y, por cierto, el país podrá respirar aliviado.

TOLEDO Y CASTRO CASTRO

Imagen negra y consagración involuntaria de heroísmos es lo que pretendió hacer el APRA con la absurda acusación constitucional contra Alejandro Toledo por el allanamiento del Estado Peruano en el caso Castro Castro.

Como lo hemos mencionado en otras oportunidades, la acusación era realmente disparatada, toda vez que el allanamiento se debió a que el caso era lo suficientemente claro: habían existido ejecuciones extrajudiciales ordenadas por un gobierno de facto, que constituyen violaciones a los derechos humanos.

Pues ayer se recomendó archivar la denuncia constitucional contra Toledo. Así lo señaló el congresista Fredy Otárola:

“Más allá de cualquier posición política discrepante o coincidente, jurídicamente la decisión del allanamiento parcial era la correcta. No nos queda duda que hubo gruesos errores en la gestión de Toledo pero a la luz del análisis jurídico este no es uno de ellos”.

Si se aprobaba la acusación constitucional, se habría dado un nefasto y absurdo precedente: por respetar los derechos humanos, un gobernante puede ser inhabilitado por el Congreso. País de locos en el que solo a Javier Velásquez Quesquén puede ocurrísele semejante patinada.

CHUNGUI O LA INVISIBILIZACION DEL OTRO

Si quieren conocer porque el país vota por Ollanta Humala o por cualquier outsider que aparezca en el camino, les recomiendo el artículo de ayer de Carlos Iván Degregori sobre Chungui y Oreja de Perro, dos de las zonas ayacuchanas más azotadas por la violencia durante el conflicto armado interno.

Y es que esta región del país, estudiada en profundidad por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, padece de uno de los fenómenos tan comunes a nuestra realidad: la invisibilización de cientos de compatriotas, quienes no se sienten parte de un proyecto nacional, regional o, siquiera, local.

El último párrafo del artículo de Degregori nos ilustra, además, sobre los problemas que quedaron evidenciados con los sucesos de Ocobamba: la influencia del narcotráfico:

No parece perra de ningún hortelano, tampoco su canción dice que va a pedir algo, solo conversar, como pudiera hacerlo cualquier ciudadano. Tal vez para decirle al doctor Alan que en las cumbres por encima del VRAE, desde Viscatán, pasando por Putis y hasta Oreja de Perro, hay una franja que sufrió demasiado la violencia y que ahora, más pobre, debilitada y despoblada, es tierra de nadie por donde los cárteles sacan droga pagando migajas a los muchachos, que si no emigran, no tienen casi alternativa sino volverse “mochileros”. Respetando la opción preferencial por los empresarios, asumida apasionadamente por el doctor Alan. Asumiendo incluso su preferencia por ungir zares y zarinas en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, ¿no sería urgente que el gobierno, empresarios y ciudadanos en general, hagamos algo antes de vernos envueltos en otro ciclo de violencia, esta vez sí transnacional?

Esta es una urgencia mayor que los negocios con Chávez. ¿La atenderá, Dr. García?