Desde el Tercer Piso

De como una investigación periodística inició uno de los casos más importantes contra el extraditable

Cuando se habla de las imputaciones por violaciones a los derechos humanos en contra de Alberto Fujimori, por lo general se hace referencia a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Destacamento Colina, cuya conexión directa con el ex dictador es cada vez más probada.

Sin embargo, uno de los casos más graves por los que Fujimori podría ser extraditado tiene que ver con una vulneración de derechos fundamentales cometida durante su gobierno, bajo sus órdenes directas, por parte de otro escuadrón de la muerte, distinto a Colina en nombre, pero similar en modus operandi: la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callao (Javier Roca y Kenneth Anzualdo) y de un panadero (Justiniano Najarro), en 1993.

El caso fue conocido para el gran público en 2004, con la aparición del libro Muerte en el Pentagonito. Su autor, el periodista Ricardo Uceda, relata hoy para El Comercio la historia de dichos crímenes y como fueron incluidos en el expediente de extradición.

Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa - principal fuente de Uceda para esta investigación - y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

Con posterioridad a las investigaciones de Uceda, la Procuraduría Ad Hoc venía preparando el expediente Sotanos SIE, sobre la base de las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi, así como sobre los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Estos dos últimos casos eran los más sólidos de dicho expediente. También se imputó a Fujimori la desaparición forzada de un número determinado de personas.

Para poder especificar ante las autoridades chilenas la existencia de desapariciones concretas, se unieron dos voluntades. El entonces asesor de la Cancillería peruana para la extradición de Fujimori y ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza, y el abogado Víctor Quinteros, quien también trabajó en la CVR y participó en las investigaciones hechas por Uceda. Por indicaciones de Ciurlizza, Quinteros profundizó en lo investigado sobre las tres desapariciones forzadas antes mencionadas y, a los testimonios ya recogidos para la investigación periodística, sumó los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso.

Estas averiguaciones condujeron a una ampliación del cuaderno de extradición, la cual fue aceptada por el gobierno chileno y que, de acuerdo al informe de la Fiscal Mónica Maldonado, debería ser parte de los casos por los que Fujimori debiera ser procesado en el Perú. Hay que indicar que este delito podría suponer hasta 35 años de cárcel para el ex gobernante.

Sin duda, el caso es sólido y podrían ser llamados a declarar tanto Jesús Sosa - hoy en la clandestinidad -, Leonor La Rosa y - ojo, apristas - Jesús “Chito” Ríos, quienes habrían participado en los seguimientos de los tres desaparecidos. Situación bastante complicada para alguien que, a través de su hija, manda mensajes al gobierno para que su situación, apenas llegue a Lima, sea la de la impunidad.