Archivo de 16 Octubre 2009

Día de noticias judiciales. O como diría alguien, cuando Kafka se vuelve escritor costumbrista en el Perú.

FUJIMORI NO ESTABA EN SU PRISION:

Para quien se tragó el cuentazo de Aurelio Pastor y del INPE de que Fujimori estaba “en la tierra de nadie” de la prisión, hoy La República coloca dos pruebas claras de que el ex dictador sí estaba fuera del penal. La primera de ellas, la siguiente infografía (vía El Morsa):

Si con eso no les quedaba claro, veamos el testimonio del jefe de la DIROES dado a La República:

Sin embargo, consultado por este diario, el jefe de la Diroes, coronel PNP Herman Valdivieso, afirmó que Fujimori no estaba dentro de las instalaciones del penal, sino que lo encontró fuera de este cuando hacía ‘jogging’.

“Yo estaba corriendo cuando de pronto reconocí rápidamente al ex presidente Fujimori”, explicó el coronel Valdivieso. “Me extrañó la situación –siguió diciendo–, por eso me acerqué y le pregunté a Fujimori qué hacía fuera del penal. ‘¿Qué hace acá?’, le dije.

Fujimori estaba en compañía de tres miembros del INPE y dos uniformados de la policía. Uno del INPE me contestó: ‘No se preocupe, mi coronel. Esto es parte de nuestro régimen carcelario’. Luego me retiré sin saber que me habían fotografiado”.

Preguntado el jefe de la Diroes si era cierto lo que afirman el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, y el INPE, en el sentido de que Fujimori fue fotografiado dentro del ámbito del penal, contestó: “Yo lo encontré a la altura del horno de ladrillos donde se quema la droga incautada. Eso está ubicado a las afueras del penal. No pertenece al perímetro que fue otorgado al INPE para la reclusión de Fujimori”.

El coronel Herman Valdivieso afirmó que no le correspondió informar a sus superiores sobre la presencia de Fujimori fuera de su celda porque no era de su competencia. “No era mi jurisdicción, no me podía meter. Eso es exclusiva competencia del INPE”, precisó.

Por tanto, queda claro que Fujimori está en una carcel dorada, con privilegios que no tiene ningún otro preso en este país y ello merecería que el jefe del INPE se vaya a su casa y que el Ministro de Justicia sea interpelado. Nadie pide que Fujimori tenga el mismo régimen carcelario de Abimael Guzmán, pero sí que sea tratado como cualquier reo común. Ello implicaría, desde ya, sacarlo de un penal especial y ponerlo en una prisión común, como el delincuente que es.

QUEBRANDO UN JUICIO POR TARDANZA: EL CASO ALBERTO RIVERA:

Para ponerlos en conocimiento de este caso, vean estos extractos de un post del Utero del 2005:

Para variar, era un día gris. Almorzábamos un menú barato en Miraflores, cuando Daniel Yovera, entonces reportero de La Ventana Indiscreta, contestó una llamada en su celular. Los demás ni prestamos atención. Pero cuando colgó el teléfono, Yovera estaba lívido. Todos lo miramos y él solo atinó a decir: “mataron a mi entrevistado“.

Así conocí a Alberto Rivera. Era el 21 de abril del 2004.

Daniel acababa de regresar de Pucallpa. Hacía tan solo 24 horas que había entrevistado a Rivera. Y ahora estaba muerto: asesinado un día después de denunciar al alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, como cabecilla de una banda de narcotraficantes.

En los últimos días deben haber escuchado bastante el nombre de Rivera. La semana pasada se inició el juicio oral, en el que sólo están comprendidos algunos peces chicos. A pesar de que el mismo Alberto Rivera había responsabilizado al alcalde en caso de cualquier atentado contra su vida, Valdez Villacorta -conocido como “La Vieja” por la DEA- está considerado simplemente como testigo del caso.

Algunos de los peces chicos ya empezaron a cantar y demostrar que Rivera tuvo razón sobre su propia muerte. Pero en Pucallpa la justicia le pertenece al alcalde. En su última entrevista, el mismo Rivera detalló cómo es que Valdez Villacorta maneja a su antojo a todas las autoridades de Pucallpa.

El proceso siguió su curso y, luego de muchos años, Luis Valdez Villacorta pudo ser capturado y procesado por este caso, además de sus vinculaciones presuntas con el narcotráfico y el tráfico de madera.

Pero lo que ocurrió ayer es digno de una novela de ciencia ficción. Informa Perú.21:

El juicio oral al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, parece una historia de nunca acabar. Por tercera vez desde que se inició la investigación al ex funcionario, por su presunta responsabilidad en el asesinato del periodista Alberto Rivera, el juicio oral volvió a su etapa inicial, en esta ocasión por disposición de la Tercera Sala Penal con Reos Libres.

Ayer, los vocales Jorge Aguinaga Moreno, José Chávez Hernández y Malzón Urbina La Torre declararon el juicio oral “quebrado” debido a la inasistencia del representante del Ministerio Público, el fiscal Ramito Salinas Siccha, según indican en la resolución que firmaron por unanimidad.

La diligencia pública fue programada para las 8:30 a.m. y, luego de 15 minutos, el fiscal aún no llegaba a las instalaciones del penal Miguel Castro Castro, por lo que se decidió levantar la sesión y declarar la nulidad de todas las diligencias realizadas hasta la fecha.

Si bien el tribunal basa su decisión en el Código Procesal Penal vigente –que señala que el máximo periodo de descanso entre una diligencia y otra es de ocho días; de lo contrario, el juicio se quiebra–, el abogado de los deudos de la víctima, Carlos Rivera Paz, consideró excesiva la medida pues, a su criterio, se debió esperar la llegada del fiscal quien, según trascendió, llegó minutos después de firmada la resolución.

“Nos ha sorprendido que la sala haya quebrado el proceso judicial. Eso significa que el proceso deja de continuarse (vuelve al momento en que se formuló la acusación fiscal) y que se tendrá que rehacer todo el juicio oral”, declaró el abogado Rivera, quien añadió que “nos sorprende que una demora de quince minutos pueda ser causal para la clausura del caso”.

Sin embargo, y pese a las críticas del letrado, el tribunal ya informó su decisión, tanto a la presidencia de la Corte Superior de Lima como a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), para que se nombre al nuevo tribunal que deberá llevar adelante el juicio oral.

Sin embargo, la decisión del tribunal superior llama la atención porque, después de las reiteradas –y sospechosas– dolencias físicas de Valdez, que le impedían acudir a las audiencias públicas, finalmente hoy el fiscal iba a iniciar el interrogatorio al ex alcalde. Otro punto que también resulta sospechoso es que el tribunal haya programado la diligencia justo a ocho días de la audiencia anterior, por lo que, de presentarse algún imprevisto hoy, no había posibilidad de una reprogramación.

Caso raro por donde se le mire. Y mediante una nota de prensa, los abogados del Instituto de Defensa Legal, quienes patrocinan este caso, indican otras “casualidades”:

Pese a que este proceso tenía un especial encargo de la Corte Suprema de que se atienda con prioridad y eficacia, no existió un mínimo de coordinación para verificar la presencia o arribo del Ministerio Público a la Sala de Audiencias del Penal. Pese a que el Colegiado era consciente que la programación entre sesiones se hacía exactamente cada ocho días, lo cual no dejaba margen para que se reprograme esta diligencia y en cualquier momento podría quebrarse el juicio por situaciones como esta.

Preocupa que esta decisión haya sido tomada por un Colegiado que está integrado por el Vocal Malsón Urbina La Torre, quien fuera sancionado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ante un pedido nuestro por el archivamiento del caso “El Frontón”, en beneficio de uno de los marinos procesados.

Como se imaginarán y con justa razón, la hija de Alberto Rivera piensa que aqui hay algo bastante extraño. Desde aquí pensamos lo mismo.

PROCESOS IMPORTANTES CONTRA MONTESINOS SE DIFIEREN HASTA ENERO:

Aquí la historia es larga, pero la ponemos en corto. La Tercera Sala Penal Especial es uno de los estamentos judiciales que ve la aún extensa lista de juicios contra Vladimiro Montesinos y la red de corrupción de la dictadura de Fujimori. Pero también tiene a su cargo casos del presente. Recordemos que, hace unos meses, esta sala cobró notoriedad debido a que, en votación de 2 a 1, decidió la excarcelación de Rómulo León Alegría y luego, por no pagar la caución respectiva, lo devolvió a San Jorge.

Uno de los magistrados que decidió la excarcelación era Carlos Manrique Suárez. El magistrado ya era cuestionado por un sector de la prensa y, justo en el momento que decidía este tema en el Poder Judicial, por mandato de la Constitución, estaba sometido a un proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de idas y venidas, Manrique Suárez ha sido destituido del Poder Judicial.

El problema es que esta sala ya ha tenido, con esto, dos cambios (el primero fue colocar a Iván Sequeiros como presidente de la misma a principios de años, cuando el magistrado José Neyra Flores pasó a integrar la Sala de la Corte Suprema que verá el caso Fujimori - derechos humanos - en última instancia), lo que implica el quiebre de varios juicios orales, es decir, que vuelva a fojas cero. La República registra que procesos se tratan:

Estos cuatro expedientes que deberán volver a juicio público luego de estar por más de dos años en audiencias continuadas son: El expediente 26-2002 conocido como el caso Chavin de Huantar. Este proceso es por la ejecución extrajudicial de emerretistas rendidos luego del rescate de rehenes de la embajada del Japón. Están comprendidos Montesinos, Nicolás Hermoza, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga. Tenía dos años y 7 meses en audiencia. La siguiente semana tenían previsto recibir la declaración vía teleconferencia del principal testigo desde Japón, Hidetaka Ogura.

Asimismo, el proceso contra ocho ex magistrados acusados de integrar la red de Montesinos. Estos son, Percy Escobar, Víctor Martínez, Nicolás Trujillo, entre otros.

También se anuló el juicio que se sigue a Oscar López Meneses y otras 11 personas por delito de peculado. Igualmente, el llamado caso Sutex, con 15 procesados.

Esta mañana llamé a la Tercera Sala Penal Especial para averiguar el estado de estos casos. Me señalaron que los procesos recién se iniciarían en enero, luego de que se determinara que no habría otro cambio más en la conformación de la Sala. El caso más afectado es el de Chavín de Huántar que se encontraba en etapa de lectura de piezas y en las que se esperaba la presentación de algunos testigos adicionales, luego de 31 meses de audiencias. Se estimaba que para el próximo año ya se iba a dictar una sentencia. Ahora tendrán que volver a concurrir todos los testigos.

Como vemos, antes que las broncas en las que andan metidos, los miembros del sistema de justicia deberían hacer algo por mejorarlo.

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