Desde el Tercer Piso

Hace exactamente 7 años, el último dictador que gobernó este país, Alberto Fujimori Fujimori, renunció por fax a la Presidencia de la República.

7 años después, a pesar que Fujimori hoy se encuentra en prisión esperando que sus juicios se inicien, su esprítu sigue encarnado en algunos personajes de la política peruana.

Para desgracia del país, en quien parece haber generado efecto es en quien no debía: el Presidente de la República.

Desde inicios de este gobierno, Alan García ha optado por gobernar bajo el manto de una Coalición Conservadora, lo que lo ha llevado a dos importantes consecuencias: mantener un modelo económico basado en la mera exportación de materias primas - cuya epítome ha sido el artículo sobre El Perro del Hortelano - y dejar de lado reformas institucionales importantes, así como claudicar en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Precisamente, sobre esos dos últimos puntos, el Presidente de la República ha tenido dos patinadas del tamaño del Estadio Monumental.

El domingo, Alan concedió su segunda aparición a un medio de comunicación en lo que va del gobierno - la primera, como sabemos, fue a Panorama, con backstage bastante comentado -, pero no versó sobre temas de Estado ni fue concedida a un medio de credibilidad. El Presidente de la República le dio una entrevista a La Razón para apoyar a Moisés Wolfenson, propietario del diario de la mafia, para que le contabilicen los días de arresto domiciliario como días de cárcel efectiva, es decir, hacer que salga de la cárcel lo más pronto posible.

Al margen del debate jurídico alrededor del tema de la contabilización de los días de arresto en tu casa - vean los artículos de Justicia Viva y Ricardo Vásquez Kunze con posiciones opuestas sobre esto - resulta bastante preocupante que el Presidente de la República utilice la tribuna de un diario que está interesado en la defensa de personas cuyos tratos con la justicia se resumen en buena parte de los artículos del Código Penal y, además, para defender a una persona cuya situación está por definirse en el Poder Judicial.

El Presidente deja un mal sabor de boca al defender a un preso por corrupción. No porque pueda tener o no razón, sino que en un país que se supone se rige por la separación de poderes, se ve pésimo que el Presidente - que tiene un poder sobredimensionado en un Estado tan poco estructurado como el nuestro - diga que es lo que se tiene que hacer, más aún, sí, además, tiene la profesión de abogado.

Peor aún, García termina comprándose el cuento de la persecusión política que esgrime el Fujimorismo desde su caída. Nunca hubo tal persecusión: a las personas que pertenecieron al fujimorismo y fueron procesadas, fue porque existía la convicción de que habían cometido crímenes, no porque pensaran distinto al resto.

Pero no es el único cuento fujimorista que se compra el Presidente.

Ayer Alan ha señalado que dará a conocer una lista de 1,800 supuestos acusados por terrorismo que habrían sido liberados en los últimos años, para que la población conozca su identidad y actividades actuales. La propuesta, sin duda, responde a los últimos ataques producidos en las estas semanas en la zona del VRAE.

Sin embargo, debo calificar a esto como lo que es: un cabal mamarracho.

En primer lugar, García no ha especificado de donde saca la cifra de supuestos liberados. Y ello da que pensar que, probablemente, hayan mezclados justos y pecadores. Es decir, a personas que fueron sentenciadas y cumplieron su pena y quienes que se acogieron a beneficios penitenciarios, con aquellos que fueron liberados gracias al trabajo de la Comisión Ad Hoc presidida por Hubert Lanssiers. Si es así, incurre en un grave error y una estigmatización frente a personas cuya inocencia fue comprobada. Incluso, en el caso de las personas que realmente dejaron de lado toda actividad subversiva o militancia en Sendero Luminoso, la inclusión suena, hasta cierto modo, insultante.

Lo segundo es que se afectan claramente derechos constitucionales. Hacer esta suerte de “lista negra” afecta sin duda los derechos al honor, al buen nombre y a la buena reputación. Vean sino la entrevista que le hacen al ex Defensor del Pueblo Walter Albán, en la que explica las posibles inconstitucionalidades de esta acción gubernamental.

Pero lo peor, si es que no podría haberlo, es que este tema no solucionará absolutamente nada. Como lo hemos dicho en este blog en repetidas ocasiones, nos enfrentamos ante acciones armadas del narcotráfico, no ante el SL clásico, que más bien busca que le demos una amnistía inaceptable desde todo punto de vista. Antes que pensar en estigmatizaciones, el Presidente debería saber que es la inteligencia de todo tipo la que lo podrá conducir al camino de la estrategia adecuada para enfrentar la amenaza que tiene encima.

Estas soluciones de “mano dura” no solo son inaceptables en términos éticos sino que, dado que se basan en un diagnóstico inadecuado de la realidad, no tendrán mayores efectos prácticos. Seguir pensando que la restricción indiscriminada de derechos o la afectación de los mismos fue lo que nos hizo derrotar a Sendero es no haber aprendido las lecciones de la historia. Ese cuento de que “solo el golpe y la mano dura salvó al Perú” es solo un espejismo que nos hicieron creer por años. En estos tiempos en que estuvimos sin un dictador detrás, se ha podido demostrar que se pueden procesar a las cúpulas subversivas con respeto al debido proceso y condenándolas a penas altas.

No era necesario un dictador o medidas que afecten derechos humanos. Pero parece que la necedad conservadora de Alan García - tan o más fuerte que su mentalidad populista de su primer gobierno - hace que no se de cuenta que, ante los ojos de la Historia, no quedará como un líder importante, sino como alguien que hizo un primer gobierno desastroso y un segundo gobierno mediocre. Espero equivocarme con esto último, pero, cada día que pasa, esa esperanza se va perdiendo.

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