Archivo de 1 Noviembre 2007

Ayer la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por unanimidad, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (TLC). Luego de esta votación abrumadora, se da por descontado la aprobación del tratado en los plenos de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidenses.

Si bien varios en Palacio de Gobierno y en Stanford deben estar celebrando la noticia, es momento de reflexionar sobre las implicancias de este acuerdo, sobre todo para quienes han (hemos) apoyado el TLC - en mi caso, con matices - y no conocen bien las reales implicancias de lo que viene.

Un Tratado de Libre Comercio es un instrumento - y remarquemos bien este carácter, pues muchos creen que es un fin en si mismo - destinado fundamentalmente a incentivar dos cuestiones básicas de la economía: una mayor oferta de productos de calidad hacia los consumidores y la posibilidad de exportar a mucho menor costo diveros tipos de productos. En teoría, estos dos temas deberían repercutir directamente en la generación de empleo y el incremento del mercado interno.

Sin embargo, también es necesario mencionar que habrán desventajas para ciertos productos agrarios, por lo que es necesario establecer dos tipos de política. Una de compensaciones, destinada a paliar los efectos inmediatos de la apertura comercial y otra de desarrollo agrario, concentrada en la mejora de la productividad y la reconversión de cultivos en áreas no competitivas, tomando en cuenta los diversos pisos ecológicos que tiene el Perú.

Para que el TLC tenga la repercusión esperada, es necesario establecer tres tipos de enlace.

Un primer enlace tiene que ver con el tema más urgente del país: la lucha contra la pobreza. Quizás el MINCETUR deba leer el balance hecho por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza que, como señala Beatriz Boza, da una mirada global a lo que es un problema generalmente percibido desde aspectos segmentados.

Un segundo tema tiene que ver con algo que ya hemos comentado antes en este blog: la competitividad. Si bien existe un Plan Nacional de Competitividad, este aún no es asumido como una política de Estado, a pesar que su autora principal, Mercedes Araoz, es parte de este gobierno. Se perdió demasiado tiempo con Hernando de Soto y podríamos pagar las consecuencias de no iniciar la aplicación de este plan a su debido tiempo.

Finalmente, como lo ha mencionado Augusto Alvarez Rodrich, la adopción del TLC puede ser la oportunidad para que este gobierno haga reformas en áreas que, a la vez, garantizan derechos de los ciudadanos y fomentan la inversión: justicia, seguridad ciudadana, educación y reforma del Estado.

Sin duda, una oportunidad importante se nos presenta. Dependerá del gobierno si la aprovecha o no. Y tal vez el Congreso deba ocuparse de esto, antes que pensar en como evadir sus mecanismos de fiscalización sobre los sueldos.

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