Archivo de 2 Agosto 2007

El reciente artículo de Mijael Garrido Lecca - hijo del Ministro de Vivienda y Construcción - sobre el rol del canal del Estado frente al gobierno, ha traido cola.

Hoy, en La República, Maritza Espinoza comenta las alertas que en este blog y en el Utero de Marita se encendieron por dos hechos coincidentes en el tiempo: el hijo de uno de los ministros más cuestionados -justamente por su manejo de los medios - propone que el canal de todos los peruanos se convierta en la caja de resonancia de Palacio de Gobierno y comienzan a correr las bolas sobre un futuro Presidente del Directorio de TV Perú que oficialice dicha línea editorial.

El debate no es nuevo en lo que respecta a este gobierno. Los hechos y actitudes de María del Pilar Tello y Alfonso Salcedo, los dos presidentes de Canal 7 durante este periodo, revelan que el fin del APRA para este medio de comunicación en que se convierta en una sección del aparato mediático que le de “buena prensa” a las actividades del Presidente de la República. Para ellos, la noción de interés público abarca hasta las actividades privadas del Jefe de Estado, y la programación del canal debe superditarse a las mismas.

Los voceros gubernamentales - jóvenes y no tan jóvenes - olvidan la labor fundamental del canal del Estado: la forjación de una identidad cultural y la transmisión de las diversas manifestaciones culturales del país. Ello - con interrupciones presidenciales y el breve estadío de Belmont - lo tuvo más claro el gobierno de Alejandro Toledo y, por supuesto, el régimen de transición. Y se avanzó mucho en lo que debía ser un horizonte a corto plazo: una televisión pública.

La propia Maritza Espinoza, en su programa de radio, sugería tener una señal alterna del canal estatal - cuestión que podría hacerse más fácil con la llegada de la televisión digital - para que las actividades presidenciales pudieran ser cubiertas sin contratiempos y, a la vez, disfrutar de la programación normal. Entiendo que el proyecto - pre televisión digital - lo tenía ya Eduardo Bruce en agenda antes de dejar el canal. Bien podría retomarse como solución transitoria mientras que se realiza el debate que fije lo que realmente queremos hacer con un canal que nos cuesta a todos los peruanos y que, a 50 años de su creación, no merece los manoseos a los que Alan y su combo quieren someterlo.

MAS SOBRE EL TEMA:
Eduardo Villanueva Mansilla: Propuestas para una televisión pública en el Perú.
Utero de Marita: Todos somos Nicolasa
El Blog del Morsa: ¿Algún día tendremos tv pública en el país?

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Ex Presidente de la Corte Suprema involucrado en caso de la Canchaya del APRA

Hoy Perú.21 le da un nuevo giro al caso de Tula Benites, la parlamentaria aprista que contrató un empleado fantasma que no trabajaba en el Congreso y cobraba su sueldo en Trujillo.

Además del Presidente de la República y de la Célula Parlamentaria Aprista, la congresista tiene un poderoso padrino: su tío materno Walter Vásquez Vejarano, nada menos que ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y actual Presidente de la Sala Civil Permanente de dicho órgano colegiado.

Pues bien, el periodista Carlos Castillo fue a Santiago de Chuco a entrevistar a Clemencia Ulloa Gavidia, la persona que cobraba los sueldos del empleado fantasma Juan Carlos Cuadros Noriega. Y allí se topó con Vásquez Bejarano, quien no quiso que lo fotografíen. Por cierto, el local donde funciona el negocio de la señora Ulloa es de propiedad del magistrado de la Corte Suprema.

Peor aún, varios de los testigos han sindicado que Cuadros Noriega, el empleado gasparín, en realidad trabajaba para el Poder Judicial.

Para complicar más las cosas, la trayectoria de Clemencia Ulloa sería poco clara: fue expulsada del APRA en 2004 por falsificación de documentos.

Lo que más curioso me parece es que la misma señora aparece postulando como precandidata a la alcaldía de Santiago de Chuco en 2006, por el partido de gobierno. Cuestión que no podría hacer luego de una expulsión tan deshonrosa.

Varias aristas raras de un caso que solo amerita un desenlace: la expulsión de Tula Benites del Congreso y, probablemente, el adelanto de la jubilación de Vásquez Vejarano, programada para los próximos meses.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: The plot thickens

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Hace algunos meses, comentamos la denuncia que Beto Ortiz hiciera contra Gustavo Mohme Seminario, el director del diario La República, de ser un topo en la oposición en la época de Fujimori. En aquella oportunidad, sostuve que los indicios presentados para indicar que el diario La República se había sujetado a los dictados de Vladimiro Montesinos eran bastante endebles, dado que el diario nunca había cambiado de línea y Gustavo Mohme Llona era vilipendiado - hasta con historias procaces sobre una presunta homosexualidad - por los diarios al servicio de la dictadura.

Sin embargo, también indiqué que,a fin de aclarar las dudas que se cernían sobre Mohme Seminario, era necesario que se realizaran las investigaciones sobre el tema.

Ayer, un reportaje de César Hildebrandt Chávez para La Ventana Indiscreta presentó una serie de indicios razonables para que la Fiscal Marlene Berrú pueda ahondar en algunas cosas que Mohme Seminario deberá aclarar. Lo presentado no tiene que ver con la línea editorial de La República, donde apuntaba Beto Ortiz y Montesinos, sino con otro tipo de asuntos, que complican mucho más la situación del empresario televisivo.

El primer tema es el de los contratos de publicidad y publicación de listas de mesas de sufragio por parte de la ONPE, dirigida entonces por el inefable José Portillo Campbell. Sorprendentemente, La República recibe montos de publicidad similares a los que tenían los canales comprados por la dictadura. Medios como El Comercio, Caretas y Canal N, que tenían también una línea opositora a Fujimori reciben cantidades comparatívamente ínfimas. Cabe recordar que, por aquella época, Mohme padre veía exclusivamente la línea editorial del diario y Mohme hijo la parte comercial. Es decir, esta cuestión calza perfectamente con la división de trabajo que el diario se había fijado y que no involucra para nada a la línea editorial del medio, como ocurrió en otros casos.

El segundo tema tiene que ver con un proceso penal contra la hermana de Mohme Seminario, referido a una denuncia por estafa por la doble venta de un departamento en La Molina. Si bien con la entrega del inmueble se arregló la parte civil, la parte penal debía seguir su curso. En efecto, se llegó a la instancia de la acusación fiscal. Sin embargo, pasó un hecho curioso: el proceso quedó archivado por el mismo juez que mandó abrir la instrucción: Nicolás Trujillo López. Este personaje era uno de los brazos de Montesinos en el Poder Judicial e intervino en casos como la persecución a Baruch Ivcher o a Delia Revoredo. Pedro Huertas Caballero, el mismo abogado del SIN que arregló un proceso de Laura Bozzo en Huacho (hecho por el cual la abogada fue condenada a 4 años de prisión suspendida), ha señalado que Mohme Seminario fue al SIN a abogar por su hermana.

Quien brindó esta información, tanto a LVI como a medios como Expreso, ha sido José Francisco Crousillat, quien desde hace buen tiempo quiere acogerse a la colaboración eficaz, involucrando a otros empresarios de medios de comunicación. Ahora bien, el ex propietario de América Televisión también tiene otros motivos para hacer esta denuncia: la adquisición de América Televisión por parte del holding Plural TV fue algo que la familia Crousillat no puede perdonar. Y ya en anteriores ocasiones ha intentado enlodar a Mohme con acusaciones, que han merecido severas respuestas de La República.

Sin embargo, y aquí está el detalle importante, es que, a pesar que Crousillat tiene una agenda propia para retornar a América Televisión - hecho que resulta imposible dado que la venta del canal (o mejor dicho, de lo que quedaba de él, luego del saqueo al que los mafiosos lo sometieron) fue legal -, los hechos que el ex broadcaster ha mencionado han sido corroborados con una investigación independiente, por parte de periodistas que, ni por asomo, comparten el anhelo de Crousillat por volver a dirigir América Televisión.

Mohme tendrá que demostrar con documentos - y más allá de los ataques que desde distintos flancos le van a llover - la falsedad de las acusaciones. Y esta vez va a tener que ser mucho más convincente que en las ocasiones anteriores en que le han llovido denuncias. De otro lado, este hecho, si bien afecta a la persona de su director, no involucra a un diario que, se discrepe o no con su línea editorial, siempre asumió un compromiso serio con la verdad y con las causas que defendió. Y que fue frontal frente a la dictadura. Claro, ello no blinda a sus dueños de los errores que pudieran haber cometido.

ACTUALIZACION (10:00 AM): LA RESPUESTA DE LA REPUBLICA

La portada de hoy del diario La República pone de relieve un asunto que otros medios como Caretas ya habían tocado anteriormente: las argucias judiciales de Baruch Ivcher para evitar pagar 54 millones de soles por impuestos al Estado.

Según el reportaje, Ivcher ha entablado lo que en jerga judicial se conoce como “carrusel de amparos”. Es decir, una serie de demandas en varios distritos judiciales para que alguna de ellas le den la razón a su reclamo.

Los argumentos de Ivcher básicamente se centran en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo reconoce como víctima de violaciones de sus derechos fundamentales, cuestíón que todo el país reconoce. Sin embargo, la sentencia de la Corte nunca señaló que Ivcher debía ser recompensado en sus impuestos.

Por el contrario, fue mediante un arbitraje con el Estado que se decidió el monto de las reparaciones: 20 millones de soles, hecho que en su momento suscitó escándalo y repudio, debido a que muchos consideramos (y aquí empleo el plural pues comparto esta opinión) que Ivcher había convertido su lucha contra la dictadura (por lo menos, entre 1997 y 2000) en un mercenariaje. Más aún cuando el monto de las pérdidas del canal habría sido significativamente menor.

Peor aún, Ivcher no solo pretendería que se le condone la deuda en los años en que los hermanos Winter usurparon el canal, sino que se extienda a los dos primeros años en que estuvo de retorno en Frecuencia Latina.

Particularmente pienso que esta condonación no debe producirse. Si bien la empresa estuvo bajo el yugo de un régimen usurpador, la violación de los derechos fundamentales de Ivcher no le da una corona al canal para dejar de pagar sus impuestos, menos aún de los años en que ya tenía el canal bajo su control

En el párrafo final de su reportaje, La República indica el día de mañana dará una respuesta al reportaje de César Hildebrandt Chávez. Mañana analizaremos dicha respuesta, que, por el prestigio del diario, debe ser clara y documentada.

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