Desde el Tercer Piso

Y se impuso la sensatez, por lo menos parcialmente. El Congreso ha acordado dejar sin efecto la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, luego que la mayor parte de los grupos políticos acordara dejar sin efecto la controvertida elección.

Las bancadas fujimorista y nacionalista se abstuvieron, pues aspiraban a que todo el proceso volviera a fojas cero.

Ahora se tendrá que seleccionar - sin un límite temporal prefijado - entre los 16 postulantes que quedan, a las 4 personas que serán presentadas ante el pleno para su elección. Se ha dicho que se tomarán en cuenta los criterios de mérito en esta nueva elección. Por ello, será imprescindible que se coloquen los elementos suficientes en el portal del Congreso - léase, hojas de vida y videos de las entrevistas - para que pueda hacerse una elección que pueda ser vigilada por la ciudadanía, a fin de evitar la serie de problemas que hemos visto.

El único inconveniente que veo es que la selección final nuevamente estará a cargo de las mismas personas que cometieron los yerros anteriores. ¿Oportunidad de rectificación? Puede ser, aunque lo óptimo hubiera sido que la presidencia no recaiga en Aurelio Pastor, por su responsabilidad en la triste manera en como se llevó el proceso hasta la semana pasada.

Finalmente, quizás haya que ir pensando en un nuevo mecanismo de selección. O se sigue dejando esta tarea al Congreso, pero con mayor capacidad de participación ciudadana en el proceso de selección; o quizás se pueda retomar la idea de que el Consejo Nacional de la Magistratura, que ha ido mejorando sus procedimientos de selección de magistrados, se ocupe de esta elección tan importante para el país.

A seguir vigilantes.

En estos momentos se produce una extraña reunión en el Congreso de la República. Alan García ha llegado y viene conversando en privado con la Junta de Portavoces del Poder Legislativo.

Según RPP, el pretexto de la reunión sería informar a la representación nacional sobre las conversaciones que ha tenido con Michelle Bachelet en la cumbre de la Comunidad Andina, celebrada la semana pasada en Tarija.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que El Comercio señale que la reunión es para tratar de llegar a un consenso sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Digo yo, ¿no que existe separación de poderes en el país? ¿No que el tema era solo del Congreso, como lo dijo el Presidente 24 horas antes?

Y de ello se han percatado algunos parlamentarios opositores, como se señala en CPN Radio (que también ha señalado que en la reunión estaría presente el tema del TC):

Sobre la presencia del Jefe de Estado en el Congreso, el congresista Yonhy Lescano advirtió que García Pérez podría interferir en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

“De ninguna manera (el Jefe del Estado debe) reunirse con los voceros de los diferentes grupos parlamentarios para ver cuál es la solución (de la elección de miembros del TC), porque eso se tomaría como una interferencia que no está bien” manifestó.

El legislador de Alianza Parlamentaria consideró que las instituciones deben funcionar de acuerdo a las leyes y sus respectivas autonomías, por lo que el tema de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional “se tiene que corregir en el Parlamento, con nuestras leyes, con nuestros reglamentos y con las decisiones de los diferentes grupos políticos”

Por su parte, el congresista Javier Bedoya de Vivanco dijo esperar que la presencia del presidente Alan García ante el Consejo Directivo del Parlamento sea sólo para analizar temas de interés nacional y no para tratar la cuestionada elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

“Yo imagino que el Presidente de la República es consciente del respeto de la independencia de poderes, y en consecuencia, si en algún momento se refiere al tema (de la elección de los magistrados) será una cosa tangencial pero no es objeto de la reunión” manifestó

Con todos los malos manejos que han existido en este tema, la verdad es que uno no puede menos que sospechar de las reales intenciones de esta reunión.

Viniendo para la oficina, escuchaba RPP Noticias y me topé con la “agradable” voz de Luisa María Cuculiza, quien ha sido la única voz parlamentaria que ha salido a apoyar al (aún) Oficial Mayor del Congreso José Cevasco Piedra, autoinmolado en esta comedia de equivocaciones que ha sido la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Y claro, en ese momento me acordé de lo dicho por Marco Sifuentes el día de ayer sobre este personaje:

José Cevasco es un burócrata de carrera que, coincidentemente, también fue Oficial Mayor del Congreso cuando el operador de Montesinos en el Legislativo era Óscar López Meneses, uno de los contertulios de Mantilla y Ríos Castillo. Cevasco fue renunciado durante el toledismo luego de cruzarse con, digamos, los intereses de Carlitos Ferrero (insertar imitación de Cárlos Álvarez aquí). Mi abuela diría que es un matalascallando, término que le calza perfecto, a todo nivel. El viernes asumió toda la responsabilidad de sus vínculos con Ríos Castillo y renunció.

Y claro, luego de leer eso, uno entiende porque la señora Cuculiza defiende tan ardorosamente a alguien fue tan funcional a los intereses de su jefe, hoy bajo arresto domiciliario en una hacienda chilena.

Pero hay otros hechos que dan cuenta de la extraordinaria capacidad de servilismo que Cevasco tuvo en la década de 1990.

Caretas registró en 1998 un hecho bastante raro: la pérdida del pergamino que Alberto Fujimori firmó en 1990 luego de jurar como Presidente de la República, en el que se señala su compromiso de defensa de la Constitucíón y las leyes, compromiso que, como sabemos, vulneró en abril de 1992. El documento se perdió en 1995, luego del debate de la Ley de Amnistía, con una participación estelar de Cevasco, que al parecer, hizo esto por conservar su chamba:

En ese duro escenario -once y treinta de la noche- entre dimes y diretes, un técnico auxiliar del área de Relatoría del Congreso se acerca al sótano de la parte posterior del Palacio Legislativo e ingresa al Archivo General. Lleva una orden precisa: “por encargo del Oficial Mayor vengo por la juramentación del presidente Alberto Fujimori de 1990″. Luego de firmar un cargo de puño y letra se retira. Sería la última vez que los empleados del Archivo verían el pergamino de compromiso constitucional que firman todos los presidentes electos.
La explicación verbal que recibieron ante los reiterados pedidos de devolución de ese documento histórico, es que la Oficialía Mayor se encargaría de la custodia de dicho pergamino. La versión que manejan algunos técnicos y auxiliares del Congreso que trabajan en el Archivo y la Biblioteca, es que fue Martha Chávez la que ordenó a José Cevasco -el Oficial Mayor- retirar ese documento.
El último seguimiento que se hizo del pergamino -a mediados de julio del año pasado- indicaba que dicho documento fue a parar en algún lugar oculto y seguro de Palacio de Gobierno. Desde esa fecha no se tiene noticias de él. Puede ser que siga en la Casa de Pizarro o en otro lugar bajo siete llaves.
Cevasco tenía poderosas razones para acceder a una petición de tal naturaleza: su estabilidad laboral. La congresista Chávez ya había manifestado a más de uno de sus correligionarios que apenas se instalará el parlamento en 1995, lo relevaría del cargo. Cuando la congresista con la más alta votación electoral asumió la presidencia, ello no ocurrió. Al parecer las diferencias se limaron.

Por la misma época en que se produjo la sustracción del pergamino de Fujimori, la revista dirigida por Enrique Zileri pidió un informe con los gastos efectuados por cada miembro del Consejo Constituyente Democrático. Cevasco se negó a darlos, aduciendo que era una información reservada.

Y ya en el 2001, esta misma revista dio cuenta de sus relaciones con el procesado Oscar Lopez Meneses:

La Policía, por ejemplo, detectó que López era amigo de José Cevasco Piedra, el Oficial Mayor del Congreso de la República. También del congresista Jorge Polack. Además, en su agenda y otros documentos encontrados en los allanamientos, había numerosos teléfonos de políticos y empresarios

Si esa relación existía y con los antecedentes antes mencionados, ¿por qué Cevasco no fue comprendido en ninguna de las investigaciones anti corrupción? ¿Y por qué fue contratado por este Congreso para un puesto en el que había sido un peón del fujimorato? Mas aún cuando el propio López Meneses pidió su presencia como testigo en uno de los procesos que se le sigue para que ayude a respaldar una coartada sobre la tenencia de croquis con las direcciones de los congresistas.

Resulta curioso recordar, por ello, que Cevasco estudió en el célebre Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, creado por Alan García con la anuencia de José Antonio Chang. Instituto donde, curiosamente, coincidió con Aurelio Pastor y con su ex jefa, Martha Chávez.

Las cercanías con el APRA no son nuevas. En el 2002 fue convocado para dar una conferencia en Alfonso Ugarte sobre Globalización, Técnología y Juventudes. Y hace apenas un mes el Ministro del Interior Luis Alva Castro lo condecoró con la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú.

Ahora se entienden algunas cosas que han venido sucediendo en el Congreso de la República.

MAS SOBRE EL TEMA:
Alberto de Belaúnde da una completa cronología del proceso de elección del TC.

Las críticas sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional han recaído principalmente en tres temas: la designación del cuestionado Javier Ríos Castillo, la poca transparencia con la que se ha llevado a cabo el proceso y, finalmente, los enjuagues en los que los empleados de la Presidencia del Congreso estuvieron involucrados.

Pero vale la pena detenerse en dos aspectos que no han sido lo suficientemente abordados: el proceso de selección en sí y los cuestionamientos a otro de los magistrados elegidos por el Congreso.

Con relación al proceso de selección, ayer el abogado Camilo Carrillo - pòstulante al TC y militante aprista - dio algunas precisiones sobre varias deficiencias de los procedimientos. Según lo que relató en el programa Sin Rodeos, las hojas de vida contenían un criterio que parece bastante superfluo para evaluar a los candidatos: la cantidad de condecoraciones que tenìan.

Pero aspectos que Carrillo - y creo que cualquier persona de sentido común - consideraría como necesarios, no fueron tomados en cuenta por el grupo evaluador liderado por Aurelio Pastor: conocimientos informáticos, idiomas, experiencia en la judicatura o como árbitros. Cuestiones que te preguntan en los exámenes para ser juez, en los concursos organizados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Es decir, ya desde allí, desde los criterios puestos para pedir la Hoja de Vida de cada candidato, no se tomaba en cuenta todos las calificaciones necesarias para ser un buen magistrado.

Lo segundo tiene que ver con Vladimir Paz de la Barra, el otro personaje cuestionado que queda en los aún electos como jueces constitucionales. Dado que las baterías de críticas se han centrado en Ríos Castillo, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima ha pasado bastante piola con relación a las serias cuestiones que, recién después de su designación ha comenzado a responder, y no siempre de la manera más acertada.

El cargo más grave contra Paz de la Barra es su actuación como abogado en un caso bastante polémico. Ocurre que ha patrocinado a Angel Romero, ex presidente de la Corte Superior de Lima en un caso que comprende el apartamiento de este juez de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. Es decir, Paz de la Barra está defendiendo que se vayan contra lo que señala su ¿nueva? chamba como cuestión vinculante para todos los jueces.

El caso es el siguiente: en 1992, varios trabajadores del Banco Central de Reserva cesaron en sus funciones de manera voluntaria, luego de acogerse a los llamados “incentivos” para dejar su puesto. En los siguientes años se hicieron varias demandas sobre el caso, todas fueron denegadas. En el 2004, el caso llegó al TC y dijo que este tipo de salidas del empleo no fue un cese colectivo. Al año siguiente, en dos oportunidades, el TC establece que los casos parecidos al de los ex trabajadores del BCR deben resolverse en otro tipo de proceso que no sea el amparo. Echando por la borda dichos precedentes, la sala presidida por Angel Romero da una sentencia en favor de estos trabajadores.

El procedimiento ante la Oficina de Control de la Magistratura ha dado como resultado la recomendación de la destitución de los magistrados que integraron la sala de Romero - claro, incluyéndolo a él -, no solo por apartarse de un precedente obligatorio, sino porque se encontraron otro tipo de irregularidades igualmente serias, como el favorecimiento a personas relacionadas con Romero y otro vocal que intervino en la resolución del caso, Néstor Pomareda.

Frente a esto, Paz de la Barra ha pretendido justificarse en la libertad de elección de los clientes que tiene todo abogado. Pero, como lo dijo Francisco Eguiguren en una conferencia sobre justicia en la que estuve el viernes, los límites éticos son bastante importantes para decidir que caso patrocina o no un abogado, dado que siempre se va a intervenir en un conflicto de intereses. Y, aunque toda persona tiene derecho a la defensa, tiene que ser lo suficientemente conciente de lo que está defendiendo. Para Paz de la Barra, al parecer, eso no es problema.

Y claro, el cuestionado abogado no pensaba renunciar. Claro, hasta ayer que, cuando Mercedes Cabanillas y el APRA en su conjunto dijeron que la elección se anulaba, ahora viene a proponer una renuncia en bloque de los 3 magistrados electos que quedan. A estas alturas me queda claro que este personaje quiere salir con algo de dignidad, pues sabe que en el debate parlamentario varias bancadas van a recordar sus pecados, que también incluyen una destitución como juez por la pérdida del expediente del narcotraficante Evaristo Porras Ardila - cuyo abogado era nada menos que Vladimiro Montesinos - con lo que ese caso se cerró por varios años, o su postulación a la Presidencia Regional de Lima viviendo en la ciudad de Lima, que no forma parte de dicha región.

Como vemos, hay aquí más argumentos como para la elección sea invalidada.