Desde el Tercer Piso

Narcotráfico y política: una ecuación siniestra.

Me genera grave preocupación las últimas noticias vinculadas con dos candidatos apristas a dirigir municipios provinciales.

El primer caso se refiere a José Humberto Chávez Peñaherrera, candidato del partido de la estrella a la alcaldía del distrito de Campanilla, en el departamento de San Martín. Chávez Peñaherrera es hermano del conocido narcotraficante “Vaticano”, quien operó una red importante de drogas entre los años ochenta y noventa, siendo incluso socio de Vladimiro Montesinos. El (aún) candidato ha purgado prisión durante 10 años, por el delito de narcotráfico.

No es la primera vez que este personaje aparece en la política peruana. En el año 2002, fue candidato a regidor en la misma localidad, pero por la némesis aprista, el Frente Independiente Moralizador. Ante las primeras denuncias, el candidato fue retirado por el movimiento de la escoba.

Como es evidente, los cuestionamientos a la postulación de Chávez Peñaherrera no se hicieron esperar. Aparentemente, Mauricio Mulder acusó buenos reflejos, mencionando que esta persona había “sorprendido” al partido y que se le separaría de la postulación.

Sin embargo, un revelador reportaje aparecido hoy en Perú.21, demuestra que Mulder mintió flagrantemente sobre el tema: el ¿ex? narcotraficante sí es militante aprista, con carnet desde el 2002, no ha sido separado de la postulación e incluso el personero del APRA en San Martín ha presentado los documentos que demuestran la prescripción del delito de narcotráfico.

El otro caso es el del candidato aprista por el distrito limeño de San Borja, Freddy Zubieta. El día de hoy, el diario El Comercio reveló que Zubieta ha sido abogado de narcotraficantes de alto vuelo como los hermanos López Paredes, Abelardo Chachique Rivera o el ex lugarteniente de Fernando Zevallos - a quien habría prestado asesoría externa - Jorge Chávez (a) “Polaco”.

Pero la historia no quedaría allí. Zubieta tendría vínculos con Alejandro Rodríguez Medrano y Javier Corrochano, personajes cuya vinculación con Montesinos es pública y, en el caso de Corrochano, la revista Caretas documentó hace unos años su relación con organizaciones de narcotraficantes. Incluso integrantes de la banda de López Paredes lo sindican como quien entregó una suma de dinero a Rodríguez Medrano para la imposición de una pena benigna. Y habría involucrado a su ex pareja sentimental en depósitos de dinero de “dudosa procedencia”.

El caso Zubieta si ha sido asumido de mejor manera en el APRA y la separación del candidato ha sido inmediata.

No es la primera vez que el narcotráfico se vincula con la política. El caso más sonado se produjo en 1982 se descubrió que el empresario Carlos Langberg era un narcotraficante de peso. Langberg fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Armando Villanueva del Campo en 1980 y fue sentenciado a 15 años de prisión, aunque solo cumplió la mitad de la pena.

La presencia del narcotráfico en la política es una mala noticia. Nos revela que el Estado y la clase política tienen un grave problema que enfrentar, pero no sólo a la manera meramente policial. Comenzar por limpiar los partidos políticos sería un buen comienzo.