Desde el Tercer Piso

Saddam Hussein: entre la condena a un criminal y el respeto a los derechos fundamentales.

Saddam Hussein, el ex dictador que entre 1979 y 2003 gobernó con mano de hierro a Iraq, es un criminal cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está fuera de toda duda.

Ha sido acusado de la muerte de 5,000 kurdos en un ataque con armas químicas producido en 1988 y de la muerte de varios civiles kurdos y chiitas luego de la Guerra del Golfo en 1991.

Uno de los casos por el cual se le procesa es el de la muerte de 148 personas en la localidad de Dujail en 1982, cuando, luego de un atentado, Hussein mandó a eliminar a un número significativo de supuestos disidentes o implicados en dicha sublevación.

Por este caso, Hussein ha sido condenado a ser ahorcado el día de ayer, con la conmoción e impacto que, previsiblemente, esta noticia ha provocado.

Como era de esperarse, George W. Bush ha celebrado la noticia como si fuera el Día de Acción de Gracias y la está explotando lo más que puede para ver sí mañana martes las elecciones para el Congreso no le suponen el duro revés que todos los analistas preven. La cercanía del dictado de la sentencia a los comicios parlamentarios ha despertado varias suspicacias.

Suspicacias que se incrementan de la forma en como ha sido llevado este proceso, con jueces extranjeros, solventados con fondos de Estados Unidos - un Estado, no olvidemos, que ocupa ilegalmente otro Estado - y que plasma las ideas que Bush y su virrey en Irak Paul Brener tienen sobre la justicia o como ajusticiar a sus enemigos. El proceso, además, ha tenido trabas para el trabajo de los abogados del acusado, así como el asesinato de abogados, un juez y candidatos a magistrados.

Europa, en este tema, ha sido tajante. La Unión Europea hace varios años ha desterrado la pena de muerte como sanción penal. Lo ha recordado García Zapatero, representantes del gobierno francés e incluso Tony Blair, el sempiterno aliado de Bush, que en esto no se alinea con su cómplice en lo que fue una invasión violatoria del derecho internacional.

Como es sabido, mi opinión es contraria a la pena de muerte, incluso en los casos de criminales de la calaña de Hussein. Más aún, si esta condena ha sido dictada en contra de todo estándar internacional de protección del derecho al debido proceso y en medio de una invasión ilegal y no amparada por las reglas del Derecho Internacional. Hussein debe ser castigado, es un criminal, pero no de esta manera.

Y para quienes le quieran buscar algún “efecto práctico” al asunto, cabe recordarles la situación actual de Iraq, donde hay atentados cuando antes no los había, prisiones donde se tortura y vulnera los derechos de las personas, donde un país invasor hace lo que se le da la gana. ¿Creen que poniendo a un criminal como “mártir” mejorará la situación?

ENLACES:
Perú.21: Crónica sobre la sentencia a Saddam Hussein.
BBC Mundo: Lo que ocurrió en Dujail.
Farid Kahhat: No hubo debido proceso.
BBC Mundo: Reacciones diversas sobre la sentencia.
El Mundo (España): Blair y Europa contra la pena de muerte.
Amnistía Internacional rechaza la pena de muerte.
Relator Especial de la ONU objeta juicio a Hussein y pide tribunal internacional.
El Universal (México): Secretario General OEA - chileno José Miguel Inzulza - rechaza pena de muerte a Hussein.

El ciudadano Alan García Pérez olvida que su primer deber como Presidente de la República es hacer respetar las leyes, en particular, aquellas que garantizan los derechos fundamentales de las personas.

Pues otra cosa no puede desprenderse de las insólitas declaraciones que diera el último sábado a la prensa, cuando se le preguntó sobre su anuncio para implantar la pena de muerte para terroristas y, en particular, sobre la preocupación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sobre este tema:

“A mí no me preocupa la reacción, a mí lo que me preocupa es cumplir con el pueblo peruano. No me preocupan las reacciones de personas que tengan otro punto de vista jurídico. Yo cumplo mi obligación y lo hago por convicción“.

Las declaraciones de AGP saben a rancio fujimorismo, el mismo que se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al caballazo, cuando este organismo jurisdiccional ante el cual nuestro país se ha sometido declaró que buena parte de las leyes antiterroristas dictadas durante la dictadura eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al Presidente, lo que le disgusta, es que la Comisión Interamericana haya dicho algo que él mismo sabe y que oculta al resto de la ciudadanía para favorecer su ego populista: no puede extenderse las causales de pena de muerte en el Perú y normar la aplicación de dicha pena para el delito de terrorismo nos ocasionaría responsabilidades internacionales serias y una nueva sentencia condenatoria en San José de Costa Rica.

Curioso, viniendo de alguien que se proclama demócrata y que acudió al sistema interamericano para defender sus derechos vulnerados durante el gobierno al que ahora tanto se esfuerza por parecerse.

Preocupante, cuando el Presidente será el encargado de pronunciarse sobre el Proyecto de Ley que otorga facultades a APCI y que, como hemos advertido en esta columna, acarrea el peligro de vulneración de derechos fundamentales. El abogado Javier de Belaúnde ha efectuado un estudio serio sobre esta norma, que encuentra 9 infracciones a la Constitución.

¿Allí primará también su voluntad política y su servinacuy con el fujimorismo, antes que el respeto de los derechos de las personas, Dr. García? ¿Primará su hambre de protagonismo antes que el cumplimiento de sus deberes presidenciales?

ENLACES:
Perú.21: García lanza desafío al sistema interamericano.
Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pena de muerte y Ley contra Ong’s.
La opinión de Javier de Belaúnde sobre el proyecto de Ley contra las Ong’s.
Editorial de El Comercio (05/11/2006): ONG: Rendición de cuentas, pero sin censuras.
Juan Paredes Castro: ¿Por qué el APRA y el gobierno pierden el compás político?
Nelson Manrique: Algunos apuntes por los 100 días.
Carlos Basombrío: ¿Por qué el romance?
Beatriz Merino recomienda al Congreso suspender aprobación de ley contra ONGs. Como era de esperarse, Fujimoristas y Lourdes Alcorta la critican.