Durante este año, el cine hecho en el Perú - no se si se puede hablar de “cine peruano” - ha cobrado mayor protagonismo. La publicidad hecha a varias películas - Cuatro, Máncora, Tarata - y todos los premios que ha ganado La Teta Asustada han puesto en la mesa varios temas: sí el cine hecho aquí es mono o bi temático (sería bueno que quienes van por esta línea revisen el último libro de Javier Protzel sobre imaginarios sociales en el cine), la calidad de las películas producidas y, por supuesto, la necesidad de su fomento.
En esta coyuntura, se han presentado dos proyectos de ley para complementar la actual Ley de Cine, en búsqueda de una mejor promoción de esta actividad. En Cinencuentro, Gabriel Quispe comentó los dos proyectos:
En medio de la celebración por el éxito de La teta asustada, que colocó al cine en la agenda de los medios de comunicación y de las autoridades, los legisladores Luis Gonzales-Posada y Johnny Peralta, quienes desde las presidencias del Parlamento y de la Comisión de Presupuesto, respectivamente, han tenido bastante que ver con el paulatino incremento presupuestal de Conacine, impulsaron la propuesta de los cineastas peruanos que nuestro organismo oficial encarnaba. Presentaron el proyecto de la Ley de Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional el 16 de marzo, que hasta cierto momento avanzó y tenía posibilidades de cristalizarse. Sin embargo, en el camino los distribuidores y los exhibidores, que igualmente integran Conacine, también se movieron y prepararon el proyecto de la Ley de Masificación del Cine y Fomento a la Cinematografía Nacional, el cual fue presentado en el Congreso, precisamente el 3 de junio, por el cuarteto multipartidario. (Ojo que quien promueve la ley de los distribuidores es el fujimorista Carlos Raffo, nota de DTP).
Esta segunda propuesta al parecer ha sido aceptada por Conacine y la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), en una negociación de la que no se conocen mayores detalles, y ha ganado espacio en el ámbito legislativo. Existe la versión de que el proyecto de Peralta y Gonzales-Posada ha sido relegado y correría el riesgo de ser archivado. Ante ello, en estos días diversas voces de la comunidad han expresado su preocupación, básicamente en la lista de correo Cinemaperú, por lo que consideran una serie de decisiones desfavorables para los intereses de los cineastas nacionales, asumidas entre pocas personas y sin debate público.
Ambos proyectos -que llamaremos Ley Peralta (LP) y Ley Majors (LM)- no buscan derogar la legislación vigente, sino hacerle pequeñas modificaciones y reforzarla. Coinciden en el anacronismo del Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, y en la creación de un Fondo PROCINE, que los cineastas presentan como Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana, y los distribuidores y los exhibidores llaman Fondo para el Desarrollo de la Producción Cinematográfica Nacional. Como se sabe, el artículo 57 de la Ley de Tributación Municipal indica que, en las funciones cinematográficas, corresponde un 10% del valor de la entrada. La Ley Peralta propone que el Fondo reciba, además de las partidas presupuestales del Ministerio de Educación, el 50% del monto recaudado por ese impuesto, o sea el 5% de cada boleto, lo que representa aproximadamente 6 millones de soles al año, y el 1% de la tarifa mensual del servicio de TV por cable, que significaría unos 780 mil soles al mes (esta fuente ya fue desestimada en el análisis legislativo previo).
La Ley Majors, en cambio, enfatiza que en el Perú convergen la entrada al cine más barata y la carga de impuestos a este sector más grande de América Latina, por lo que apuesta por la eliminación del Impuesto Municipal. En su lugar propone que el Fondo Procine cuente con el 1.6% del valor de la entrada (que ahora, luego de las tratativas, sería de 3%), el cual sería abonado de “forma voluntaria y temporal” por las empresas distribuidoras y exhibidoras durante cinco años consecutivos desde la puesta en vigencia de la norma. El dinero, que acumularía del 2009 al 2013 unos 21 millones y medio de soles (o unos 42 millones de soles con el nuevo porcentaje), sería administrado por Conacine, cuyo crecimiento dependería así, directamente, de los recursos de un par de componentes de su propia estructura. También de modo voluntario y temporal y por un lustro, dedicarían el 0.5% de cada entrada a un Fondo Antipiratería, que sería administrado por la Cruzada Antipiratería, asociación civil que dirigen esas mismas empresas, con la estrecha participación de Indecopi.
Este punto, aparte de pretender involucrar a la comunidad cinematográfica en una labor persecutoria que corresponde a Indecopi, como una suerte de presente griego, es una redundancia de las actividades propias de los distribuidores y los exhibidores, con el agregado de consagrarse esta vez en una norma legal. Además, surge en un contexto de mayor cerrazón de la cartelera comercial a la diversidad de propuestas, llegando a desaparecer últimamente cintas de interés en dos semanas o incluso sin pasar de los siete días. Y llama la atención que una ley hable de carácter voluntario -la temporalidad también estaría en revisión luego de haberse negociado-, e incluso se pone como ejemplo el óbolo que las empresas mineras se comprometieron a dar para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde realizaran sus actividades. No es un buen ejemplo, pues ese caso fue seriamente cuestionado y es uno de los despropósitos de este gobierno. Otros puntos de la LM son el informe bienal de cuánta Inversión en Infraestructura se ha hecho para disminuir el déficit de salas en el interior del país, y la exhibición mensual gratuita de sus “principales estrenos” -¿serán la secuela, la precuela y el remake de cuanta franquicia caiga por estos lares?- para público de escasos recursos.
Otros importantes aspectos se perderían con el eventual archivamiento de la LP: el fortalecimiento estructural de los concursos, la entrega que el Fondo Procine haría a las empresas de producción, servicios y distribución cinematográfica de las regiones, del 25% del monto dispuesto como ayuda no reembolsable a la creación, producción y difusión de obras cinematográficas peruanas, lo que ayudaría a la consolidación del cine regional; y la obligación de las empresas productoras peruanas a garantizar a sus trabajadores el derecho a sindicalización, beneficios sociales, prestaciones de salud, jubilación y seguro de riesgo. Es más, el proyecto de Peralta contempla la suspensión de cualquier apoyo económico a una empresa que incumpla sus compromisos laborales, lo que haría más formal y profesional el modo de hacer cine en el país.
Básicamente, lo que tenemos, son dos proyectos que tienen su principal divergencia en el destinatario del fondo y en si se mantiene o no el impuesto municipal. Quienes están del lado de quienes intervienen como trabajadores del cine y buena parte de los periodistas cinematográficos, están más cerca del proyecto del congresista Peralta, con argumentos que - con excepción de la no eliminación del Impuesto Municipal - me parecen realmente plausibles.
De acuerdo con lo que me cuentan quienes están involucrados en el tema, el proyecto Peralta ha sufrido una modificación para acercar posiciones. El 50% del fondo irá para los exhibidores y el 50% irá para los cineastas. El 50% para los cineastas es una contribución parafiscal de los exhibidores cobrada por la SUNAT, que se queda con el 2% del monto acumulado por comisión
El tema está en que, como ambas partes reconocen, se tratan de proyectos de Ley que buscan poner parches. Y como dice el amigo Mildemonios, hay que poner énfasis en la creación de una industria del cine, cuestión que el proyecto Peralta hace pero de modo parcial, dado que se incide en el mismo sistema de promoción de proyectos de películas que sigue siendo insuficiente para el sostenimiento de esfuerzos que vayan más allá de la recuperación de la inversión y de los préstamos para hacer una película, modelo que parece insostenible en el tiempo.
Esta tarde habrá un debate público sobre ambos proyectos en el Congreso de la República a las 5 pm. Y tal vez sería bueno que ambas partes le den una revisión a lo que se hace en otros países. De lo que he podido revisar para este post, quizás la Ley de Cine que se adecúa más hacia un modelo promotor de toda la industria es el de Colombia:
El FONDO PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO- FDC- es un instrumento de financiación que se alimenta de los dineros provenientes de la contribución parafiscal creada por la ley 814 de 2003 como una manera de lograr que los recursos generados por el cine se vuelvan al mismo sector.
Este Fondo financia en forma no reembolsable y cada año, proyectos cinematográficos colombianos en todas sus etapas pasando desde el desarrollo de guiones y proyectos, producción, postproducción, hasta las de promoción distribución y exhibición.
También apoya el concepto integral de la cinematografía a través del auspicio a actividades de formación de técnicos, creativos, realizadores, así como la formación de públicos como manera de invitar a hacer cine y a entender con sentido crítico los contenidos audiovisuales. El apoyo a la creación de infraestructura de salas en particular en sitios distantes de nuestras regiones, la constitución de laboratorios o la lucha contra la piratería, y por supuesto la conservación del patrimonio audiovisual colombiano también tienen espacio de apoyo a través del FDC.
Como vemos, hay formas para enriquecer el debate y promover la cinematografía local. Superado este inconveniente de financiamiento de una industria, la gente de la industria del cine podría dedicarse con mayor ahinco a mejorar la oferta de películas que hemos podido ver en estos años.
MAS SOBRE EL TEMA:
En DTP en vivo debatimos ambos proyectos de Ley
Discusiones anteriores sobre la norma en Cinencuentro
Fernando Vilchez: El viaje que terminó en oro
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