Desde el Tercer Piso

Salvo para los partidarios del ex dictador o quienes creen que los derechos humanos son una cojudez, la sentencia por violaciones de derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito importante en todo el mundo. No sólo por tratarse de la sentencia contra un ex jefe de Estado, sino también por la calidad de la misma, que marcó una jurisprudencia importante por las materias penales y procesales de las que trató este fallo.

Sin embargo, y a pesar que hay casos que han sido resueltos en modo bastante adecuado por el Poder Judicial en casos de derechos humanos - Casos Chuschi, Ernesto Castillo Paez y Hugo Bustíos, por citar algunos ejemplos -, en los últimos tiempos la cosa va de mal en peor. La semana pasada, el fallo en el caso Los Laureles fue una evidencia de ello.

Ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó una conferencia de prensa para denunciar serios defectos de la Sala Penal Nacional en la valoración de casos de derechos humanos. Pueden revisar todos los aspectos detectados por la Coordinadora en un informe que está en mi cuenta en Scribd, pero procuraré explicarlo en sencillo:

1. No tomar en cuenta pruebas indiciarias. Aquí hay un efecto severo. Como alguna vez lo he explicado, la mayor parte de los casos penales no se resuelven por prueba directa, sino por pruebas indiciarias. Los indicios, que son hechos anexos al acontecimiento principal material del proceso, en un análisis en cadena de los mismos, deben dar como resultado una conclusión en un sólo sentido. Si ello ocurre, se puede determinar una conclusión: la responsabilidad penal o no de una persona. La Sala Penal Nacional viene prefiriendo la prueba directa, casi imposible de obtener en casos en los que el encubrimiento y el paso del tiempo hacen sus efectos sobre esta materia.

2. Exigencias probatorias increibles: Se exige prueba documental para demostrar una orden, cuando se sabe que las mismas son clandestinas en su mayor parte, pero no se exige al Ministerio de Defensa que presente la información oficial sobre las personas involucradas en estos actos. Se miden, por tanto, con dos varas distintas.

3. Pésima valoración de las pruebas: Se buscan contradicciones entre lo dicho por el Ministerio Público y la parte civil, no se toma en cuenta adecuadamente los testimonios de los agraviados y sus familiares - que, en muchos casos, son claves para desentrañar el caso - e incluso se deja de lado elementos que permiten comprobar los hechos más significativos del caso. Se ha llegado al extremo de negar la existencia de desapariciones forzadas de personas sobre las cuales hace 20 años no se tiene noticia sobre su paradero.

4. Se dejan de lado criterios tomados en cuenta por el Poder Judicial Peruano: La autoría mediata y la existencia de crímenes de lesa humanidad en determinados casos no son tomados en cuenta, a pesar que hay casos como los de Abimael Guzmán, Ernesto Castillo Paez y Alberto Fujimori han significado un paso adelante en estas materias.

Pero no solamente se puede achacar a la Sala Penal Nacional que el hecho que un caso, a pesar de las evidencias existentes sobre la existencia de violaciones de derechos humanos y sobre la responsabilidad de sus autores, no culmine con una sentencia condenatoria. Hay aquí responsabilidades que también le caben al Ministerio Público. Los fiscales deben encargarse de hacer buenas acusaciones o, en los casos en que existan algunos vacíos en el planteamiento de las mismas, ir cubriéndolos a partir de una estrategia adecuada de interrogatorios y de pruebas documentales. En el caso Fujimori, esa fue la estrategia empleada por el Fiscal Adjunto Avelino Guillén. Pero, lamentablemente, ese no es el común de muchos de los fiscales encargados de estos casos.

También le cabe a las organizaciones de defensa de los derechos humanos una autocrítica. Sin duda, el impulso de estos casos es meritorio y el apoyo que dan a las víctimas también lo es. Sin embargo, se requiere una actuación más coordinada, con mayores recursos técnicos que le permitan apoyar mejor la labor del Ministerio Público y un trabajo que combine de mejor modo el activismo con una estrategia legal coherente. Más allá del triunfo legal que supuso la sentencia en primera instancia contra Fujimori, algunas de las atingencias mencionadas se notaron a lo largo de ese proceso.

En la conferencia de ayer, también se hizo referencia al factor político y a las declaraciones efectuadas por diversos personajes del gobierno en contra de los procesos por violaciones de los derechos humanos. Una fiscal encargada de casos de derechos humanos también ha hecho eco de esta misma preocupación. Hasta el momento, no encuentro una relación causa - efecto entre las sentencias cuestionadas y las sandeces que Giampietri, Rey, los fujimoristas y aquellos que creen que se debe “comprender” las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado repiten como loras casi todos los días. Sin embargo, no hay que ser adivino para saber que estas personas vienen presionando por impunidad, amnistías y no han faltado aquellos que amenazan a defensores de los derechos humanos. Ese es un escenario bastante dificil para el procesamiento de estos hechos, sobre todo, cuando algunos que hablan de Grau del mismo modo que se reunían con chuponeadores hacen gala de su autoritarismo.

Finalmente, cabe repetir algo que ayer Ronald Gamarra fue claro en decir. Esto no se trata, en modo alguno, de una persecusión a las Fuerzas Armadas. Nadie considera que se debe combatir al terrorismo con modales de boy scout, pero sí con respeto a los derechos humanos. Nadie dice que no debe dejar de reconocerse el esfuerzo pasado y presente de muchos de nuestros soldados y oficiales, pero quienes hablan en contra de estos procesos justamente cometen el error de mezclar asesinos con héroes y con personas que cumplieron dignamente con su trabajo. Nadie deja de condenar el accionar demencial de Sendero Luminoso y del MRTA, pero ello no es pretexto para dejar de sancionar graves hechos del pasado reciente cometidos por quienes juraron defender la Constitución y los derechos de todos nosotros.

Una golondrina no hace verano. Parece que una gran sentencia en el Poder Judicial peruano tampoco le ha devuelto todo lo que le debió devolver.

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