Hoy casi todos los medios destacan las increibles declaraciones de Javier Villa Stein. ¿El motivo de las mismas? El controvertido dictamen del fiscal José Antonio Pelaez sobre el caso Tula Benítes, en el que señala que no hay mérito para llevarla a juicio oral, por lo que, sí la Corte Suprema está de acuerdo con dicha opinión, la parlamentaria que contrató a un empleado fantasma volvería a su lugar.
Las suspicacias se producían porque el hermano del fiscal del caso Fujimori, Eduardo Pelaez Bardales, es congresista por el Partido Aprista Peruano. También se sumaba el hecho que Walter Vásquez Bejarano, ex presidente del PJ, es tio de la ex parlamentaria y que hace unos días salió una increible resolución que exculpa al ex trabajador fantasma de cualquier delito.
Ahora sí, las declaraciones del Presidente del Poder Judicial. Vía Perú.21:
“Estamos en un país democrático donde todas las filiaciones son compatibles con el estado constitucional de derecho. Los corazoncitos (partidarios) tienen que respetarse porque hay algunas lealtades que yo aplaudo y felicito, pero eso no significa que el Poder Judicial se vaya a prestar a alguna disfuncionalidad”, señaló.
Sin embargo, no es necesario que la judicatura secunde una irregularidad pues, ya lo adelantó el mismo Villa Stein, la resolución de Peláez, definitivamente, ha inclinado la balanza a favor de Benites. “Hay un tema delicado (en el caso). Por el principio acusatorio, el fiscal es clave en el proceso porque es el titular de la acción penal, y si el fiscal pide el archivamiento, la cosa se complica, pero estimo que el juez debe hacer su propia valoración. Existe el principio acusatorio, así que veremos qué decide el juez de la materia, pero la opinión del Ministerio Público es, en este caso, muy importante”, advirtió.
Finalmente, en las declaraciones que brindó a la prensa tras asistir al aniversario del Combate de Angamos, Villa Stein refirió que, aunque el fiscal Peláez consideró, en su cuestionado dictamen, que la expulsada aprista no es responsable de la contratación, en el Congreso, de Cuadros Noriega, “todo aquel que tiene el dominio del hecho (teoría que se aplicó a Alberto Fujimori en el caso Barrios Altos y La Cantuta) es responsable, y el congresista lo tiene (sobre la contratación del personal a su cargo); por tanto, tendría que responder”.
Varias cosas que comentar aquí. Se supone que los magistrados están impedidos de ejercer sus simpatías políticas. Y, hasta el momento, Pelaez no había hecho explícito su aprismo o algo parecido. Pero como dicen en mi barrio “la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo”. Tal vez el Fiscal debió abstenerse de conocer este caso para evitar cualquier cuestionamiento.
Las declaraciones de Villa Stein terminan siendo impertinentes, no solo porque incordian a un fiscal que ha negado tener filiaciones partidarias, pero que, como mencionamos aquí, debió abstenerse en este caso, sino porque avala una conducta que no es permitida por las normas legales y éticas sobre la independencia de los magistrados. Papelón que sepulta mucho de lo avanzado en la imagen de este poder del Estado. Mañana seguro se forma la asociación de magistrados apristas, por ejemplo.
En lo que sí tiene razón Villa Stein es en que el dictamen de Pelaez es errado. Los funcionarios de Recursos Humanos del Congreso contratan a pedido de los Congresistas y los puestos de asesores parlamentarios son puestos de confianza. Por tanto, resulta ser un disparate que la señora Benites no tenga responsabilidad penal por falta de pruebas, como ha pretendido argumentar el Fiscal. Ya Elsa Canchaya ha sido condenada un caso similar, por lo que el pase a juicio oral debería ser la regla en este caso.
El problema está en que, Tula Benites es compañera y mucha gente la protege. Y por ello se debía tener escrupulosidad absoluta en este caso. De allí que cierre este post con estas palabras de Augusto Álvarez Rodrich:
El presidente Alan García declaró a favor de Tula el mismo día de publicada la denuncia; la oficina del entonces premier Jorge del Castillo le facilitó entrevistas echadas para su defensa pública; el hoy premier Javier Velásquez realizó malabares para reducir los días de la suspensión aplicada a Benites; José Carrasco Távara maniobró para impedir que sesionara la subcomisión de acusaciones constitucionales que vería el caso; el Apra actuó en el Congreso y reunió los votos para impedir que sea desaforada; y el ahora ministro de Justicia Aurelio Pastor hizo el ridículo en público defendiendo lo indefendible.
El escándalo público envolvió al Apra por ese motivo y entonces dieron un paso atrás –proceder al desafuero– para dar dos adelante y poner en marcha el operativo judicial para enjuagar los chicharrones de Benites, territorio donde el Apra se mueve con facilidad y donde pesa la cooperación de su tío, el ex presidente de la Corte Suprema Walter Vásquez Vejarano.
La sala que la acaba de absolver archivó dos de los tres delitos que se le imputaban y ahora ha concluido en el absurdo de que el responsable de la contratación no es el congresista sino el Parlamento. Eso, como todos saben, empezando por sus propios colegas, es usar una formalidad para enjuagar un robo.
Por eso, es una vergüenza que otros apristas como el propio presidente del Legislativo, Luis Alva Castro, además de Luis Gonzales Posada o César Zumaeta, salgan ahora con que se debe “respetar el fallo del Poder Judicial” –lo que está bien– pero sin discrepar –como es legítimo e indispensable– con una inmoralidad. Así nunca se combatirá a la corrupción.
Veremos si el escuadrón de Tula la termina protegiendo.
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