Desde el Tercer Piso

Durante los últimos días, el Congreso de la República ha vuelto a estar en el centro de la noticia, por varios motivos.

El más notorio para la prensa y la ciudadanía han sido la serie de escándalos parlamentarios que, por lo general, se centran en las irregularidades en las contrataciones y tratos a los trabajadores de los despachos de los congresistas, así como en sus inconductas personales, hecho reflejado en la caricatura de Carlín que acompaña este post. Creo que a todos nos indignan estas actitudes, que siguen marcando en un gran sector del país la necesidad de no aumentar el número de parlamentarios, ante la baja calidad de los mismos.

Pero más allá de los casos puntuales de robaluces, lavapies y planchacamisas, creo que hay que atacar el tema de fondo. Fernando Vivas criticaba hace unos días esta preocupación por esta corrupción menuda, sin ir más allá del escándalo:

Hay que denunciar cada uno de estos abusos, claro que sí, pues delatan la informalidad y el espíritu ventajista de quienes deben dar ejemplo de lo contrario. Y valga el clamor igualitario del “nadie tiene corona” detrás de cada ciudadano indignado, pero también me preocupa que la suma sensacionalista de todos los escándalos, si no se analizan las características de la representación popular y su agenda legislativa, alimente la antipolítica que enarbolarán los nuevos “outsiders” antes de convertirse, quién sabe, en peores otorongos.

Además, muchas de las faltas que nos han mantenido ocupados en los últimos tiempos se reducirían sensiblemente si reformáramos la viciada estructura parlamentaria que complica el gasto del parlamentario y debilita a su bancada, que bien podría administrar mejor el sistema de asesores.

Un ejemplo de mala puntería ciudadana es el caso de Rocío González, la célebre “robaluz”. Nuestra furia se dirige al delito pasado y al hecho de que ocultó que estaba aún procesada cuando fue elegida. Pues haríamos mejor en auscultar su gestión en el Congreso y develar cómo tomó distancia de su bancada nacionalista original, cómo ha negociado su voto desde entonces, qué está haciendo ahora para que la salve el Apra. Mejor que reabrir la cosa juzgada es juzgar su actual chamba parlamentaria.

En otras palabras, se requieren dos cuestiones bastante claras. Del lado del Congreso, se debería hacer una reforma administrativa , que deje a los asesores al servicio de la bancada y no del congresista, cuyo despacho se debería limitar a un asistente personal y a una secretaria, mientras que los especialistas deberían estar adscritos a cada grupo parlamentario por temas. Y del lado de la prensa y la ciudadanía, ir más allá de los escándalos y centrar su puntería en la agenda legislativa. Continuar con la iniciativa de “adoptar congresistas” para ver sus iniciativas legislativas puede ser una salida.

Pero hay otras iniciativas que van más allá de un link y que ayudan a parar normas absurdas. Durante estas semanas, muchas personas vinculadas al ámbito de la cultura, así como varios ciudadanos han expresado su rechazo su rechazo a un Proyecto para modificar la Ley del Patrimonio Cultural. Esta modificación normativa propuesta por el Poder Ejecutivo iba a provocar que el Instituto Nacional de Cultura quede pintado en la pared, dado que el Congreso determinaría que sería patrimonio cultural en nuestro país. Norma absurda e ineficiente por donde se le mire. Entre posts, pronunciamientos y marchas, se expresó el rechazo al proyecto. Y esta mañana se consiguió el resultado: el proyecto ha sido archivado.

Otros problemas se suscitan en la complicada relación con el Poder Judicial. Dos episodios demuestran como ambos poderes del Estado no saben manejar sus problemas y, sobre todo, están quedando mal ante la ciudadanía en cuestiones puntuales.

El primer hecho es la pública discrepancia entre el Presidente del Poder Judicial y los congresistas sobre la posibilidad de que se les envién todos los documentos y audios vinculados al caso Petroaudios, tanto los vinculados a la corrupción como al espionaje telefónico. Sin duda, hay una colisión de normas constitucionales: la necesidad de investigar del Congreso con la reserva de las investigaciones en determinado estado del proceso. Sin embargo, está el precedente de lo ocurrido al investigar los casos ligados a la red de corrupción ligada a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos: el Congreso y el Poder Judicial pudieron, a trompicones, coordinar su labor y mucho de lo investigado en el parlamento sirvió para iniciar investigaciones judiciales.

Lamentablemente, Javier Villa Stein no es muy afecto a las comisiones parlamentarias de investigación y ayer maltrató innecesariamente a los congresistas. Lo cierto es que, con las revelaciones últimas sobre espionaje en el Congreso y los audios que tendrían miembros del sistema de justicia con Alberto Quimper, es cada vez más necesario que todos los audios y documentos salgan a la luz, para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de quien es quien en el país. Y, tal como se hizo con los vladivideos, el Congreso podría ser el exhibidor de todo esto, de modo transparente. Aquí Luis Alva Castro se ha puesto fuerte.

El segundo dilema se ha presentado en relación con el caso de la parlamentaria Tula Benítes, desaforada del Congreso para ser procesada por haber contratado un empleado fantasma, en medio de las presiones del APRA y de su tio, Walter Vásquez Bejarano (ex Presidente del Poder Judicial), por salvar a la congresista aprista. Pues ayer le dieron un salvavidas desde un juzgado y absolvieron al empleado fantasma, Juan Carlos Cuadros, de cualquier delito, lo que le abre camino a la señora Benites para volver al Congreso. Perú.21 cuenta todas las incongruencias de la sentencia:

DICE LA SENTENCIA:
La congresista Tula Luz Benites no fue quien contrató a Cuadros pues se limitó a efectuar la propuesta respectiva para que fuera contratado por el Congreso.

Sin embargo, la legisladora Benites sí es responsable de la contratación. En el memorándum del 10 de agosto de 2006 se dirige al director de Recursos Humanos del Congreso para solicitarle “disponer a quien corresponda el ingreso (de Cuadros) en la planilla de mi despacho”. No fue una propuesta, sino una orden.

DICE LA SENTENCIA:
No está acreditado que Cuadros haya cobrado remuneraciones sin trabajar y, en consecuencia, no se acredita perjuicio patrimonial para el Estado.
Juan Carlos Cuadros confesó que nunca acudió a trabajar. Que dejó la tarjeta bancaria de la cuenta en la que se depositaba su sueldo en el despacho de Benites. Los retiros se efectuaron en Trujillo a pesar de que en los oficinas parlamentarias existen cajeros.

DICE LA SENTENCIA:
Que la omisión del acusado de no haber recogido su fotocheck por sí solo no crea convicción de que este haya prestado servicios labores, ya que, conforme a lo manifestado por Benites, este permanentemente la acompañaba en labores propias de su función.

Un aspecto que no ha tomado en cuenta el fallo judicial es el informe de visitas que registra las dos veces en que Cuadros ingresó al Parlamento como “visitante” a otro despacho congresal el 15 de agosto y el 8 de setiembre de 2006, cuando, oficialmente, laboraba en el Congreso.

DICE LA SENTENCIA:
Que el testigo, el periodista de Perú.21 Carlos Castillo, se negó a revelar la fuente de la noticia periodística, requisito indispensable para determinar la veracidad.

El periodista de Perú.21 jamás fue citado como testigo en este juicio. La información publicada el 31 de mayo de 2007 tuvo como fuente al propio Juan Carlos Cuadros. Durante la audiencia, la defensa de Benites solicitó que se revelase quién nos contactó con el ‘fantasma’, lo cual resulta irrelevante para el esclarecimiento de los hechos.

DICE LA SENTENCIA:
Que el acusado niega haber concedido entrevista al periodista.
Hubo dos encuentros, el 25 y el 28 de mayo de 2007, en un café en la avenida Brasil, en los que Cuadros reveló libremente los detalles de su irregular vínculo laboral. Una fotografía demuestra el encuentro que el juez pretende desconocer.

Hace unas horas, interrogado por Augusto Álvarez Rodrich sobre esta barrabasada legal, Luis Alva Castro perdió toda la energía que tuvo para criticar al Poder Judicial en el caso Petroaudios ¿Por qué?

La respuesta, sin duda, tiene carnet.

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