Como ya saben, el fin de semana culminó con la extraña detención del abogado del IDL Carlos Rivera, quien finalmente fue liberado el lunes. Rivera fue detenido en el marco de un proceso seguido por hallarse algunas firmas irregulares en los planillones de inscripción del Partido por la Democracia Social, cuya cara más visible es Susana Villarán y que hoy se ha fusionado con movimientos regionales para formar Fuerza Social.
Consulté a Villarán y al otro procesado en este caso, Gustavo Guerra García y la versión que me dieron en torno a estos hechos es la siguiente:
1. Carlos Rivera fue, por tiempo breve, personero del PDS en el 2001. Como tal, compró un Kit Electoral para buscar la inscripción del partido. Dicho Kit no fue utilizado y, al poco tiempo, Rivera se apartó de toda actividad política.
2. Para la inscripción del PDS, conseguida en el 2005, se compró otro Kit Electoral, a través de Gustavo Guerra García.
3. Todos los partidos pasan por una revisión bastante rápida de firmas, a cargo de ONPE. Cuando la ONPE detecta alguna firma extraña, se saca la hoja de registro y se separa. Pero, a pesar que el responsable de la hoja de recojo de firmas está registrado con nombre y apellido, una norma del organismo electoral no hace responsable a quien recogió las firmas, sino al personero legal.
4. En el PDS no hubo, ni por asomo, fábrica de firmas. Menos aún, intensión de engañar. Es más, es la agrupación política con menos porcentaje de firmas irregulares.
Y mientras estas cosas pasan, una noticia pasó caleta entre las consecuencias del Baguazo. Vía Perú.21:
Nueve años después de haberse descubierto la falsificación de firmas de la agrupación fujimorista Perú 2000, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el expediente judicial y dejar limpio de polvo y paja al ex parlamentario de las filas fujimoristas Óscar Medelius. Igualmente, esta decisión se hace extensiva al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, a Daniel Chuan, a José Portillo, a Migdonio Bellota y a los más de 230 procesados por dicho caso.
La medida, inapelable a nivel del Poder Judicial, fue tomada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que, a través de su resolución, declara que ni Montesinos, ni Medelius, ni otras 230 personas deben ser enjuiciadas por los presuntos delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica.
La decisión del tribunal supremo, presidido por el vocal Duberlí Rodríguez e integrado por Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra, respalda a su vez el dictamen que, meses atrás, asumió la Sexta Sala Penal Anticorrupción que, de manera inexplicable, convalidó la resolución que el 4 de octubre del 2000 –en pleno régimen fujimorista– emitió la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros.
¿Y qué decía la resolución del año 2000 que, nueve años después, ha respaldado el tribunal supremo? Que no existía ninguna falsificación en el caso de Perú 2000, pues los planillones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los cuales fueron colocadas más de un millón de firmas falsas nunca fueron adulterados.
Esta resolución es escandalosa por varios motivos:
1. La falsificación de firmas de Perú 2000 fue un caso destapado por el diario El Comercio, a través de su unidad de investigación liderada por Ricardo Uceda. Fue una investigación bastante seria y bien efectuada, en la que se demostró, mediante documentos y testimonios, que existió una fábrica de firmas, con miras a la tercera elección de Alberto Fujimori.
2. Se trata de una operación que se enmarca dentro de un operativo de fraude sistemático y manipulación electoral, reconocida por la mayoría de los actores políticos nacionales e internacionales, así como por la evidencia histórica. Hace algunos años, este blog contó la historia del fraude a través de la digitación de actas en cabinas de internet.
3. La sala que ha dictado sentencia es la que verá la apelación del caso Fujimori por violaciones de los derechos humanos.
4. Preocupa mucho que la Procuraduría Ad Hoc Fujimori Montesinos haya perdido presencia mediática y, porque no decirlo, calidad en su defensa de los intereses del Estado. Desde la salida de Antonio Maldonado, pasando por el figuretismo de Omar Chehade - convertido hoy en abogado de Genaro Delgado Parker y de Ollanta Humala en el caso Madre Mía - hasta el poco interés que tiene el gobierno en esta materia, nos da una idea de lo que se nos viene en materia anticorrupción.
Sin duda, raros precedentes a los que debemos prestar mayor atención.
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