El gabinete ministerial vive sus últimos días. Yehude Simon ha sido categórico en anunciar su partida luego de resolver la crisis en la selva. El camino se inició con el anuncio de la derogatoria de los decretos 1090 y 1064, así como otras medidas acordadas con los apus de las comunidades ayer. Los decretos de la polémica pasarían a mejor vida el jueves, pero nos queda la sensación, a todos, que la soberbia del gobierno hizo que esto se produjera luego de:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
Simon no se va a ir en olor de multitud. Mientras que desde Unidad Nacional y el fujimorismo lo han acusado de debilidad, el humalismo ha reclamado la autoría de la derogatoria, que proponían desde antes, así como el levantamiento de la sanción a sus parlamentarios. En lo que todos coinciden es que todo este lio debió resolverse antes de tener:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
Ok. Yehude se va y probablemente con él se vayan otros ministros - esperemos que Mercedes Cabanillas entre ellos -, pero hay varios problemas que no se han resuelto.
De un lado, como bien lo señala Martin Tanaka, las normas de la controversia no solo respondieron a la lógica del perro del hortelano, sino también a lobbies sobre la materia. De allí que las mismas tengan algunos artículos ambiguos que eran los que suscitaban la controversia en torno a sí se vulneraban los derechos de las comunidades nativas. Y el problema se complica más aún cuando se reconoce la poca protección legal y factual del derecho de propiedad de las comunidades, así como la carencia de mecanismos institucionales para tratar el tema indígena.
Del otro lado, preocupan cada día más los raptos autoritarios del gobierno. Cierre de radios, lenguaje confrontacional, persecusión a ong’s y poco respeto por la institucionalidad y los derechos humanos. Lo lamentable es que estos signos, que ya se veían de tiempo, se hayan acentuado. Con ello García no solo perdió la oportunidad de hacer el cambio responsable, sino también en el gobierno se arrancó una de las banderas que les sirvió para llegar a Palacio: el respeto de la democracia.
De allí que hoy tengamos que lamentar:
35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.
(La letanía llegó gracias a Augusto Álvarez Rodrich)
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