Archivo de 9 Junio 2009

Hasta las 11 de la noche de ayer, el gobierno las tenía todas consigo, en términos estrictamente políticos.

Ciertamente, la presentación de Yehude Simon y Mercedes Cabanillas fue harto deslucida. Pero los líos de callejón ya cotidianos en el Congreso opacaron las pocas explicaciones y actos de contrición que dieron ambos personajes. Ya con eso, el gobierno, irreductible en las posiciones de no renunciar y no ceder sobre los decretos legislativos, había ganado, dado que la atención sobre sus responsabilidades se había distraido momentaneamente.

A ello se sumó la presentación de imágenes en las que congresistas humalistas llamaban a la resistencia a los protestantes amazónicos. El video - que, visto bien, parece ser el aprovechamiento político de una protesta que se daba por fuera del Partido Nacionalista - era el pretexto perfecto para insistir con la especie de la conspiración internacional en contra del gobierno.

Pero la cereza sobre el pastel fue el pedido de asilo de Alberto Pizango a Nicaragua. Sin duda, a Pizango deben garantizarle sus derechos constitucionales, pero no puede evadir su responsabilidad - política y, posiblemente, penal - sobre el fallecimiento de 24 policías. De hecho, su liderazgo es cuestionado hasta en la propia selva. Comenta Paco Bardales de Diario de IQT:

Con su inexplicable solicitud de asilo en Nicaragua (gobernado por el autoritario y desprestigiado Daniel Ortega), el líder de AIDESEP Alberto Pizango decreta el funeral político de un oportunista que quizo hacer de la lucha amazónica un medio de lucimiento personal, con eco aún más increíble en la usualmente despistada clase política peruana. En tanto, lo de Bagua, perdido entre la lucha de palabrería justificatoria y demagógica.

AIDESEP es una organización valiosa en la lucha amazónica, pero creo su dirigencia actual ha tenido demasiados problemas, y Pizango no ha contribuido realmente con el tema, más bien ha permitido que esto continúe y se agrave, incluso que se -millones-de-2006-a-2008-segun-apci-noticia_186768.html">pretenda deslegitimar su trabajo de modo arbitrario a través de la APCI. Ante ello, el gobierno represor ha tenido armas como para intentar desacreditar la causa. No hay duda que el dirigente que huye (y no hace honor a la dignidad de su pueblo) le ha dado muchas armas al endurecimiento del autoritarismo, especialmente en momentos que en Loreto, San Martín y Madre de Dios se generan más focos de resistencia.

Como decíamos, hasta allí, la faena estaba completa. Pero un acto los descolocó totalmente.

Anoche a las 11 pm, se conoció la renuncia de la Ministra de la Mujer Carmen Vildoso. La ministra era una de las personas de confianza de Yehude Simon dentro del Gabinete, con lo que el golpe era claro. ¿Sus razones para irse? Las comenta Paola Ugaz para Terra Magazine:

Fuentes del gabinete de asesores de Vildoso refirieron a Terra Magazine que la salida irrevocable obedeció a la falta de capacidad de autocrítica del gobierno de Alan García, quien ha culpado a intereses externos de solventar a los manifestantes en contra del país a través de avisos en la televisión y en los medios de prensa escrita.

La versión ha sido confirmada por el propio Yehude Simon. Y a la señora Vildoso le han dado como a piñata: comenzando por Yehude, pasando por el viceministro de Trabajo, compañero Javier Barreda. Y llegando, claro, a Jorge del Castillo y Mauricio Mulder.

Pero tambien descolocó a varios. Ayer las ministras Mercedes Araoz y Rosario Fernández se enteraron de la renuncia en Prensa Libre e hicieron mutis. Pero el titular de Agricultura, Carlos Leyton, señala que está pensando seriamente en renunciar. Ello ya le comienza a dar al gabinete Simon tono de Requiem. Lo peor es que Simon hasta ahora no se ha dado cuenta de que es un cadáver político.

Y también anoche, en Prensa Libre, las ya mencionadas Ministras Araoz y Fernandez tuvieron que reconocer errores en la comunicación de los Decretos Legislativos, como vacíos en la legislación sobre las comunidades nativas. Veamos lo que pasó ayer con Rosa María Palacios:

¿Ello implica que van a atracar la derogatoria del ya famoso Decreto Legislativo 1090? No necesariamente. De hecho, la posición técnica del gobierno fue dada por la propia Araoz a Katherine Subirana de El Comercio:

“Lo sucedido en Bagua es lamentable, lo cual nos llama a replantear la forma en la que hemos venido tratando el tema y a replantear el diálogo entre las partes, pero derogar el Decreto Legislativo 1090 no es una opción”. Con estas palabras, a la par que lamentó los hechos de Bagua, la ministra Mercedes Aráoz zanjó la posición del Gobierno frente a los pedidos de anular las normas que el Estado emitiera en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos.

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lanzó también una dura crítica al Congreso por la actitud tomada en torno a este problema.

Si bien la Comisión de Constitución declaró inconstitucionales los decretos 1090 y 1064, la ministra Aráoz señala que esta medida va en contra del propio Congreso, pues “ellos mismos aprobaron en enero la Ley 29317 que modifica el D.L. 1090, según las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, y del informe de la comisión multipartidaria que evaluó los decretos que emitió el Ejecutivo en el marco del TLC”. Y añade que “la comisión presidida por la congresista Gloria Ramos, para emitir su informe final, reunió la opinión de diversos especialistas en la materia, e incluso, hasta donde tengo entendido, a representantes de comunidades nativas”.

El Comercio se comunicó con los miembros que integraron esta comisión multipartidaria, pero ninguno respondió.

Como lo mencionó la Ministra Fernández, el gobierno entiende que se había procedido con una consulta sobre el Decreto 1090, dentro de las consultas para su modificatoria. Dado que no hay reglamentado un mecanismo de consulta previsto por el ya famoso Convenio 169 de OIT, de acuerdo con la Ministra, se podría interpretar que esta consulta parlamentaria era el mecanismo válido. A mi modo de ver, sería forzar un poco la figura. En todo caso, será el Tribunal Constitucional quien defina esta materia - esperemos que a la brevedad posible.

Por cierto, hay algunos temas pendientes de revisar en el Decreto Legislativo 1090, en relación con biocombustibles, como lo señaló este blog hace algunos meses.

Como vemos, las aristas políticas y técnicas de este problema aún hacen bastante complicada su resolución. Y nos lleva a una pregunta: ¿por qué no se discutió esto antes?

Otra vez, terminamos un post con sensación de impotencia.

LAS NOTAS AL PIE

1. Ojo con la información. Mirko Lauer advierte sobre los peligros de la desinformación:

El número y las circunstancias de las muertes en muchos casos son lanzados al espacio público sin la menor demostración. Los de los policías sí son cadáveres demostrados, y lo mismo sucede con casi una decena de nativos. Pero los deudos de los quemados, o los lanzados al río (cientos en algunas versiones), o los ametrallados desde helicópteros no aparecen por ninguna parte.

Es indispensable establecer los muertos y los hechos cuanto antes, separar los datos de los datoides, la información comprobable de las simples mentiras. Sin eso buena parte del supuesto análisis político, administrativo y jurídico se queda en simple gritería enconada contra la otra parte. Aunque es probable que cada uno de los bandos prefiera quedarse con su versión a reconocer alguna verdad.

2. Ojo con el empleo de vocablos. No se puede hablar de genocidio como si nada. De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha señalado que lo ocurrido en Bagua no califica como tal.

MAS SOBRE EL TEMA:

Editorial de El Comercio: En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas

Martin Tanaka: El Estado, organizador de la protesta

Augusto Alvarez Rodrich: El fin del Perro del Hortelano

Fernando Rospigliosi: Cabanillas en su tinta y La responsabilidad de Pizango

Alto a la Masacre: Pronunciamiento de estudiantes y egresados PUCP sobre Bagua

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