Desde el Tercer Piso

Debo comenzar este post diciendo algo personal: me ha costado mucho escribir en estos días. La sensación de impotencia y de dolor - compartida con muchos amigos cercanos en estos días -, sumada a la cólera por las soberbias y incomprensiones de estos días ha hecho aún más complicada la tarea de escribir, dar información y opinión. También lo ha sido, sobremanera, el hecho de que haya visto la valoración de unos muertos sobre todos. Tanto policías como civiles son ciudadanos peruanos que perdieron la vida y, por tanto, nos debería doler por igual. Y sí, sigo irreductible en reclamar un proceso judicial contra los responsables de todas las muertes, estén en un bando o en otro. Nada justifica la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano.

Pasemos a lo nuestro. Hoy en La República veo una noticia que puede ser una de las salidas al conflicto:

Los Apus (jefes indígenas) de la región San Martín presentarán en las primeras horas de hoy 100 mil firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de solicitar la inconstitucionalidad de diez decretos legislativos que son motivo de conflicto entre los nativos amazónicos y el gobierno.

La iniciativa fue propuesta por el presidente de la región San Martín, César Villanueva, y respaldada por los líderes indígenas.

Luego de la verificación de firmas en el JNE, se procederá a presentar el expediente ante el Tribunal Constitucional para que estudie el pedido de inconstitucionalidad.

El impulsor del pedido es el presidente de la Región San Martín, César Villanueva, quien indicó que con esa acción se canaliza el derecho a protesta, que con justicia les corresponde a las comunidades nativas, hacia el Tribunal Constitucional.

Explicó que para ello el gobierno regional conversó con los nativos y encaminó la propuesta mediante la recolección de firmas, tarea que ha recibido el respaldo de más ciudadanos.

“Cien mil firmas, reunidas entre la población de la región San Martín en solo una semana, presentan el camino constitucional y legal que hubiera evitado los hechos de sangre y violencia que han enlutado al país”, señaló Villanueva.

Pues esta es la salida que se debió tomar desde el inicio del conflicto y, sobre todo, cuando se sintió que el gobierno mecía a los pueblos amazónicos. Este es el camino institucional al que hemos hecho alusión en estos días y que se debió tomar. La pregunta sigue siendo, ¿Por qué los dirigentes de AIDESEP no optaron por esta vía?

Esta pregunta nos lleva a una importante atingencia que hizo Carlos Melendez hace unos días:

Liderazgos como el de Alberto Pizango fueron formados bajo contextos despartidarizados, herederos de la violencia política y procesados bajo el autoritarismo clientelar del fujimorismo. Mas allá de las particularidades culturales del mundo amazónico (creo que los antropólogos se quedan chicos en esto), tenemos que entender el legado de una socialización política sin partidos (y de movimientos independientes): no se rinden cuentas, no se construyen rutinas para la negociación, no se respetan los cánones de la política institucionalizada. Esto va más allá de “chunchos incivilizados” sino que llega hasta el propio Congreso de la República. La herencia de la violencia política se manifiesta en el facilismo por los discursos radicales, por la gratuidad irresponsable de llamados a la “insurgencia”, la provocación en la punta de la lengua, la violencia como el reflejo para procesar la injusticia. El autoritarismo clientelar se expresa en la apelación a un pragmatismo simplificador que postergar la solución definitiva de las demandas, a la irreflexión, al personalismo exacerbado, a la ausencia de la consulta, del respeto al punto de vista del otro. Pizango y muchos de los dirigentes sociales de un país movilizado a punta de bloqueos fueron formados políticamente bajo estos cánones herederos de un país sin acuerdos institucionalizados y con la tentación autoritaria (y violenta) como una suerte de auto-reflejo político.

Pero los operadores políticos no son los únicos “beneficiados” de la herencia de las últimas tres décadas. También lo es un Estado cuyo reflejo es la represión. Se confunde orden con mano dura, autoridad con militarización, gobierno con balas. El Estado también responde a punta de toques de queda, de estados de emergencia, de chuponeos, de ponerse como parte y no como lo que es: el gobierno de todos los peruanos, inclusive de los que protestan.

Los que se computan progresistas dentro del gobierno (y a los “caviares” fuera de él) van creando “mesas de diálogo” y “comisiones de alto nivel”, pero finalmente son soluciones ingenuas, corto-placistas, inútiles bajo las herencias (en los operadores y en el Estado) mencionadas. En cada Comisión Alto Nivel, en cada Mesa de Diálogo, el Estado se va saboteando a sí mismo, va creando instituciones paralelas, para-estatales (alguien me dice cuál es el sustento legal de una Comisión de Alto Nivel?), que hasta podrían tener un efecto positivo en el incremento de la conflictividad: ahora todos quieren patear el tablero para conseguir sentarse en la avenida 28 de Julio. Un diálogo sin instituciones (carajo, tanto consejo de coordinación regional, local, presupuesto participativo, mesa de lucha contra la pobreza por las huevas) es un país que va a seguir teniendo Arequipazos, Moqueguazos, Baguazos, las mismas portadas en el kiosko de la esquina cada vez que regreso a Lima.

Lo que Carlos señala es cierto. Lo que hemos tenido aquí es la confrontación de un liderazgo formado durante los años del conflicto armado interno, no partidarizado y radical, en el que la institucionalidad forjada para procesar conflictos - sea vía judicial o en la negociación civilizada - no es vista como una solución para los problemas, tanto por ellos como por los propios representantes del Estado en todos sus estamentos. A ello han dado estímulo la instalación de “vías por fuera” desde el propio Estado - la necesidad de una “mesa de diálogo” para cada conflicto - en lugar de estimular los mecanismos ya existentes desde el gobierno de transición o creados durante los periodos de Toledo y García para resolver este tipo de problemáticas. O, en el caso de normas controvertidas por su posible inconstitucionalidad, acudir al TC. Así, se instaló un patrón de protesta que, en este caso, con un gobierno torpe y dado a la represión y a la soberbia, terminó en la tragedia cuyas consecuencias en vidas humanas no podemos aún contemplar y que aún sufrimos. (Ver columna de Mirko Lauer al respecto)

Por tanto, este es un tema político y al mismo se le tiene que dar una solución política. La primera de ellas es la propuesta en su editorial, por el diario El Comercio:

Tal como señalamos en nuestra Carta al lector del domingo, consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática republicana, por el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores directamente involucrados. Eso debe entenderse no como un triunfo político para los insurrectos, ni tampoco solo como un relevo, sino como el recambio indispensable para que la gobernabilidad integral no se afecte. Es indispensable reconocer que la gran diferencia entre un régimen democrático y los que no lo son es que en democracia siempre debe haber responsables políticos.

En simple, Yehude Simon y Mercedes Cabanillas deben irse a su casa. Pero el “no renunciaré” sigue estando en la boca de ambos. De hecho, la soberbia ha llegado a tal punto que ha salido uno de los spots más infames que haya visto en mi vida, pagado, además, con nuestra plata. El Ministerio del Interior ha colocado un aviso televisivo repulsivo, en el que los cadáveres de los policías son puestos junto a la tesis del complot internacional, la cual, dicho sea de paso, no ha sido comprobada hasta el momento. Todo un espectáculo gore que hace ver al spot del Shock contra Vargas Llosa como una travesura de alumnos de una Facultad de Comunicaciones. Una verguenza (vía La Mula)

Mientras tanto, se sigue jugando con fuego, en lugar de resolver un conflicto que nos ha dolido a todos los peruanos.

POSTDATA: Hoy revisando diarios, me topo con el editorial de Aldo Mariátegui y noto la siguiente imprecisión:

¿Saben quiénes son los dos congresistas por Amazonas? La aprista Fabiola Salazar y el humalista José Maslucán.

¿Alguien ha escuchado sus voces?

¿Por qué ninguno representó las quejas de sus pueblos?

Dos preguntas para Aldo: La primera: ¿Recuerda que la parlamentaria Fabiola Salazar falleció hace varios meses en un accidente de tránsito? Su reemplazante es el congresista aprista Eduardo Pelaez Bardales.

La segunda, luego de leer sus editoriales vomitivos del fin de semana: ¿se acuerda de esta imagen (tomada de aquí)?

MAS SOBRE EL TEMA:

DOCUMENTO REVELADOR: Mercedes Cabanillas y lo que dijo del gobierno luego del Andahuaylazo

El Comercio: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no ha denunciado al Estado Peruano por genocidio

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