El viernes pasado, se produjo una ceremonia inusual en Palacio de Gobierno. El Presidente de la República develó un obelisco conmemorativo para recordar a los militares y autoridades que fueron víctimas del terrorismo. Sin duda, se trata de un gesto simbólico importante, que nos ayuda a recordar parte de la dolorosa historia que vivimos entre 1980 y 2000.
Sin embargo, otros gestos dados durante esta semana nos reafirman en la convicción que el recuerdo que quiere hacer el gobierno actual sobre dicho periodo es parcial - porque debiera comprender a todas las víctimas - y vacío.
El lunes se reunió la Comisión de Defensa del Congreso de la República, presidida por ese inefable personaje llamado Edgar Nuñez. Según informó La República, allí se aprobó con celeridad una moción de ese amante de los derechos humanos llamado Luis Giampietri Rojas para crear una suerte de Museo de la Memoria paralelo en el Campo de Marte, que, al igual que el monumento en Palacio, solo recuerde a algunas de las víctimas del terrorismo (Pregunta: ¿Y los civiles comunes y corrientes que fueron asesinados por Sendero y el MRTA?) Cuando Ana Nuñez de La República le preguntó a Nuñez sobre la aprobación de esta moción, existiendo ya un monumento en el Campo de Marte que recuerda a todas las víctimas del conflicto, esto fue lo que respondió:
“Todos son terroristas, todos los que están ahí están vinculados de una manera u otra con Sendero”, fue la respuesta obtenida.
Pero, además, la propuesta de Nuñez y Giampietri se da de patadas con la formación de una Comisión para crear el Museo de la Memoria, hecha por el propio Alan García luego de una fuerte presión mediática y artística. Si la intención del propio Poder Ejecutivo era justamente “tener una visión más inclusiva” - Decreto Supremo dixit - pues justamente la propuesta de sus alfiles militares se da de patadas con el trabajo que Mario Vargas Llosa y compañía están comenzando a realizar.
¿De donde vino esa propuesta? Pues hay dos versiones. La República consigna que fue la ADOGEN, una asociación de militares en retiro, varios de cuyos miembros actualmente están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos. Mientras que La Razón señala que se trata de la ong Desarrollo Global de la Comunidad Perú, vinculada a los comités de autodefensa, así como con el apoyo del general Eduardo Fournier, bastante cercano al fujimorismo. Cabe recordar que Fournier hizo varios intentos por acercar a las rondas campesinas de Ayacucho con los partidarios del condenado por asesinato. En todo caso, como vemos, la propuesta parte de un sector proclive a exaltar solo una parte de lo ocurrido.
Por si esto fuera poco, la semana pasada, el blog Notas desde Lenovo informó sobre las dificultades presupuestales del Consejo de Reparaciones, entidad encargada de elaborar el Registro Único de Víctimas. Veamos algunos extractos:
En junio el Registro Único de Víctimas que realiza el Consejo de Reparaciones (CR) se quedará sin fondos: durante dos años recibió de la PCM menos presupuesto que el requerido y prescindirá de 40 contratados para que el dinero alcance: ha inscrito a más de 36 mil víctimas de la violencia en 14 meses de trabajo pero aún faltan miles de expedientes por evaluar.
La entidad pública funciona con un equipo técnico remunerado y un grupo de consejeros que trabajan ad honorem, liderados por Sofía Macher.
La lista oficial de víctimas de la violencia es la herramienta para que el Estado dé las reparaciones que corresponden por ley, pero el Gobierno no respaldó con recursos a la entidad y la ha dejado extinguirse. Ya se ha dicho antes que ocurrió lo mismo con la Oficina Anticorrupción el año pasado.
Cuando fue premier Jorge del Castillo, los consejeros del CR lograron con cierta dificultad plantearle los problemas del trabajo sin presupuesto, sin embargo, con la llegada del nuevo primer ministro el diálogo ha sido menor.
Con el actual Gobierno, el debate político en los medios es predominantemente desfavorable a lo que se parezca o suene a derechos humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, especulo, el ministro Yehude Simon debe querer huir de los estereotipos que intentan desprestigiarlo por sus posiciones radicales hace un par de décadas. En ese panorama, las víctimas de la violencia de 1980-2000 están atrapadas por una tensión política entre quienes intentan que se cumpla la Ley 28592 (con poco peso político) y los tomadores de decisiones vinculados al Gobierno que atacan a los que antes y ahora defienden los derechos humanos.
Cabe mencionar que dos de los miembros del CR representan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que se pidió a los Ministerios de Defensa e Interior las listas de víctimas de sus miembros, para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas. También cabe indicar que los miembros de Sendero Luminoso y el MRTA no son considerados como víctimas de acuerdo con la legislación vigente y que las reparaciones serán entregadas directamente a los beneficiarios, sin necesidad de intermediarios.
Con ello, el gesto simbólico del Presidente parece quedar vacío. ¿Lo seguirán “ayudando” sus compañeros?
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