Archivo de 12 Mayo 2009

Los dos videos que aparecen arriba han remecido Guatemala. El abogado Rodrigo Rosenberg los grabó antes de ser asesinado el domingo. En los mismos, el letrado acusa al propio Presidente de Guatemala, Alvaro Colom, de ser el autor intelectual de su propia muerte. ¿Los motivos? Recurro a la BBC para la explicación:

Antes de ser abatido a tiros cerca de su casa, Rodrigo Rosenberg, jurista guatemalteco de 47 años, dejó grabado el mensaje en el que además implica a la esposa del presidente, Sandra Colom, a Gustavo Alejos, secretario privado del mandatario y a Gregorio Valdéz, asesor financiero de la Presidencia.

“Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”, dice Rosenberg en el video y asegura que el motivo de su muerte estaría relacionado con el asesinato del que fue su cliente, el industrial Khalil Musa, quien fue abatido junto a su hija el pasado 14 de marzo.

El abogado culpó a distintos miembros del gobierno y de empresas y asociaciones nacionales de haber ordenado o tolerado el asesinato de Musa por su participación en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), donde, según Rosenberg, se negó a encubrir “negocios ilegales y millonarios” que “van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes”.

Por esa misma razón, alegó Rosenberg, la Presidencía estaría interesada en asesinarle “también” a él.

Si bien Colom se considera a sí mismo como un socialdemócrata, el hombre que gobierna Guatemala desde 2008 es más bien un personaje de luces y sombras. El País de España publicó este perfil, cuando fue elegido como mandatario el año pasado:

Su trayectoria, sin embargo, resulta algo más enrevesada. Colom sirvió en el Gobierno del evangélico Jorge Serrano Elías, que pretendió abortar el proceso democratizador de Guatemala en 1993 con un autogolpe de Estado (maniobra que impidió, por cierto, el general Otto Pérez Molina, su contrincante en estos comicios).

En las elecciones de 1999, Colom se presentó como candidato de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la antigua guerrilla, con la que terminó rompiendo. Luego creó su propio partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que emergió con fuerza en la campaña de 2003 hasta que se descubrió que recibía financiación ilegal del Frente Republicano Guatemalteco, el partido del general golpista Efraín Ríos Montt, entonces en el Gobierno.

En esta campaña, la UNE ha ofrecido otros espectáculos poco edificantes, como la renuncia de su jefe de estrategia, José Carlos Marroquín, tras denunciar amenazas de mafias supuestamente vinculadas al propio partido, o las acusaciones de tráfico de influencias y malversación contra Sandra Torres, esposa de Colom.

Hoy el gobierno de Guatemala ha negado las acusaciones, en el siguiente mensaje dado por Colom junto a todo su gabinete, que más parecía un discurso de propaganda para evitar que se le caiga el gobierno:

Pero hay algunos antecedentes de la situación política de Guatemala que merecerían mayor atención. Recordemos que Guatemala tuvo un conflicto armado interno con, aproximadamente, 200,000 víctimas según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y sus secuelas se siguen padeciendo. El Periódico de Guatemala, el medio que más ha cubierto la noticia, advierte en su editorial:

El asesinato de Rosenberg Marzano coincide con la visita a nuestro país del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. La misión principal del relator Despouy es apoyar la transparencia del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.

En nuestra opinión, el relator Despouy debe imponerse del crimen del abogado Rosenberg Marzano, sobre todo porque fue precedido por otro doble asesinato que él mismo investigaba.

Todo apunta a que el asesinato Rosenberg Marzano, así como los de los señores Musa, fueron perpetrados por cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que operan en el marco del denominado Estado Paralelo, que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo la conducción del español Carlos Castresana.

Son las “gusaneras” incrustadas en el sector público que en su oportunidad denunció y evidenció el ex vicepresidente Eduardo Stein, y que, con absoluta impunidad, siguen segando vidas de seres humanos en este suelo ensangrentado.

Las tasas de impunidad por criminalidad en Guatemala son bastante altas (98%, según las cifras más confliables), de allí que hayan tenido que recurrir a la ONU para formar un cuerpo especial para combatir la misma. Pero si un asesinato viene de las manos del poder: ¿se atreverán a investigarlo?

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Ya sabrán por los titulares de los diarios que hace un mes hay un paro de los pueblos amazónicos exigiendo la derogatoria de una serie de normas expedidas por el Gobierno referidas al uso de recursos y tierras de dicha zona del país. Pero lo que hay que recordar es que este es un conflicto que se larvó durante años y que, en verdad, está ante su segundo estallido.

Todo comenzó con la famosa serie de artículos sobre El Perro del Hortelano, en la que el Presidente de la República expuso su nuevo evangelio económico: dejar todo al gran capital, los opuestos al mercado son los enemigos, los otros tipos de propiedad no sirven. Te alabamos, Señor. Producto de dicho pensamiento y con el pretexto de mejorar la competitividad para el TLC, se expidieron una serie de Decretos Legislativos. El más polémico de ellos fue el Decreto 1015, que cambiaba la forma de regulación de la venta de las comunidades campesinas y nativas. El Decreto, como se imaginarán, nunca fue consultado con las poblaciones originarias.

Pero también existía un inconveniente legal:el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este tratado, ratificado por el Perú hace varios años, señala en su artículo 17.2 que, en caso el Estado haga modificaciones sobre la capacidad de transmitir la propiedad de los territorios indígenas, éstas deberán ser hechas en consulta con las poblaciones interesadas. Esto no se cumplió en el caso de los Decretos Legislativos 1015 y 1073 (este último modificó al primero), que modificaron el tema de la transmisión de propiedad dentro de las comunidades.

Y se armó la pampa, mejor dicho, la protesta, en medio de debates ideológicos, económicos y de comprensión sobre la lógica de las comunidades amazónicas. Al final, se derogaron las dos normas controvertidas y el mismo Alan García tuvo que aceptar que erró. Claro, quedaron pendientes de derogación otras normas que los dirigentes amazónicos consideran como lesivas.

La plataforma de lucha es ahora, la siguiente:

Las acciones de protesta se realizan en respaldo de la denominada Plataforma de Lucha de los Pueblos Indígenas Amazónicos, que consta de nueve puntos y cuya primera exigencia es la derogatoria de las leyes y decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

Entre ellos se menciona la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Nº 29317, que se aprobó en base a una modificación del Decreto Legislativo 1090, la Ley de Recursos Hídricos, Nº 29338 y los decretos legislativos 1089, 1064 y 1020.

Otra exigencia es que se reforme la Constitución Política del Estado para restablecer el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas. Estos elementos estaban presentes en la Constitución Política de 1979 pero fueron eliminados por la Constitución de 1993, durante el régimen de Alberto Fujimori.

La plataforma demanda el respeto a la propiedad colectiva del territorio, el reconocimiento y titulación de comunidades nativas, el reconocimiento de reservas para los pueblos en aislamiento y la suspensión de concesiones en territorios indígenas.

La plataforma también solicita atender las demandas de las organizaciones indígenas regionales y cita casos específicos como el recorte efectuado al Parque Nacional Ichigkat Muja “para beneficiar a empresas mineras e hidrocarburíferas en el Cenepa” o los problemas provocados por la minería aurifera en Madre de Dios.

Claro, también hay pedidos maximalistas, como pedir la derogación de la aprobación de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Chile, pero, en términos generales, la agenda de la protesta es parecida a lo que Carlos Iván Degregori escribió en su momento:

Los movilizados no están ni quieren estar aislados. Quieren ser ciudadanos de pleno derecho, pero de un país diverso, en un Estado del siglo XXI, que deje atrás concepciones monolíticas arcaicas y acepte que la patria es una síntesis de voluntades y de culturas múltiples.

No es prudente, por tanto, seguir llamando “perros del hortelano” a quienes tienen formas diferentes de organización y uso del territorio.

En esa misma línea, se encuentran los Obispos de la Amazonía que han elaborado un comunicado en el que señalan tres puntos claros: 1. La necesidad de que el gobierno tome en cuenta las normas que protegen los derechos indígenas, 2. la necesidad de díalogo y 3. la derogatoria de los decretos expedidos por el Gobierno, por no contribuir al desarrollo integral de la región.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Para comenzar, declarar el estado de emergencia y reprimir la protesta. Pero luego del garrote, han venido los pedidos de diálogo, que se concretarían mañana por la tarde. La posición del gobierno en la negociación la ha expresado el Ministro del Ambiente, Antonio Brack (Vía Ideele Radio):

“No debe politizarse el tema, éste debe tratarse desde el punto de vista técnico y sin intransigencias ni del Estado, ni de las organizaciones indígenas. En segundo lugar, Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) pide la derogatoria de una serie de decretos legislativos, de la Ley de Recursos Hídricos, la cual está en manos del Congreso y esto está ahora en manos de la Comisión de Constitución”, indicó.

El pedir la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos es imposible porque es una ley que se discutió durante ocho años y pedir la derogatoria total creo que es una especie de abuso. Allí hay que ver con el Congreso que es lo que se puede hacer”, acotó.

Explicó que existen dos mesas de diálogo, una que es impulsada por el Poder Ejecutivo que es permanente y otra que responde a una iniciativa del Congreso y que es multipartidaria. Sostuvo que el tema de las consultas a las comunidades debe ser abordado de manera conjunta y consideró poco difícil integrar al Parlamento a la reunión que propicia el gobierno.

“Las comunidades indígenas son muy importantes y el Estado ha hecho cosas importantes por ellos, a nivel de titulación de hectáreas. Ahora, hay diferencias en torno a la implementación del Convenio 169 de la OIT y entonces el gobierno ha institucionalizado la mesa de diálogo permanente con los pueblos indígenas y amazónicos y es el diálogo lo que debe aclarar las discrepancias y mejorar la relación”, refirió.

“El otro punto es mejorar las relaciones las consultas en base al convenio 169 de la OIT, que hay que desarrollarla en forma conjunta. Yo pienso que politizar el tema, es lo peor que se puede hacer. (…) El Congreso es un poder del Estado absolutamente independiente, integrarlo a una mesa de diálogo del Ejecutivo sería un poco difícil, tendría que verse esto desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, pero tiene que verse todo esto en forma conjunta”, anotó.

En resumen: el Congreso deberá ver la derogación de las normas. El problema es que para varios de los dirigentes, Velasquez Quesquén ha perdido credibilidad, pues consideran que los ha mecido. Y en cuanto al diálogo, al menos parece que existe algo de voluntad de parte del gobierno por cambiar los términos del debate.

Pero sigue la pregunta flotando: ¿en que terminará este lío del hortelano?

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