Esta semana, nuevamente, nuestros congresistas nos han dado una nueva mención a la falta de transparencia: gracias a la presión de la prensa, pudimos enterarnos que 84 parlamentarios solicitaron pasajes aéreos, vales de gasolina o alquiler de vehículos a la Oficialía Mayor del Congreso. La lista de parlamentarios es amplia y va desde Keiko Fujimori a Hilaria Supa, pasando por Daniel Abugattas, César Zumaeta, Walter Menchola y el propio presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, entre otros. Es decir, un consenso digno de mejor causa.
Los antecedentes de este caso los explica Perú.21, el diario que hizo la denuncia:
El lunes 4, Perú.21 difundió la información sobre la existencia de un acuerdo de Mesa Directiva del Congreso por el que los legisladores podían acceder a pasajes aéreos, vales de combustibles y alquiler de vehículos por un total de más de S/.2,280. Nunca se dijo que se trataba de dinero en efectivo.
La información se sustenta en la versión de Eduardo Espinoza, titular de la Comisión de Fiscalización, quien reveló que no había descuentos por los pasajes para los viajes en función congresal.
El titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, negó un acuerdo para no descontarles a los legisladores por esos beneficios.
Tras las declaraciones del aprista José Vargas, quien también insistió en que no había descuento para los viajes en función congresal, el Legislativo emite un primer comunicado para señalar que los pasajes y los vales de combustible son descontados de la asignación por función congresal (más de S/.5,200). Por primera vez se admitió la entrega de vales de combustible.El martes 5, el Congreso emite un segundo comunicado para dar cuenta de que el descuento a los legisladores se aplica de acuerdo con la Resolución 021 de la Presidencia del Parlamento, y revela que Aba Singer suministra el combustible a los ‘padres de la patria’.
El miércoles 6, Perú.21 publica una copia de uno de los vales de combustible que hace referencia al cumplimiento del ‘Acuerdo 109’. También publica un oficio de la asesoría del congresista César Zumaeta devolviendo 25 de estos tickets.
Como se puede ver claramente, se repite un esquema ya clásico en la forma cómo el Congreso de la República explica sus gastos. Sale una denuncia, el Congreso niega inicialmente la existencia de la misma y luego, ante el peso de las evidencias - en este caso, los mismos congresistas, que salen a “cantar” el pago hecho - tienen que reconocer ante la opinión pública.
Lo peor es que no se ha presentado documento alguno que demuestre el descuento hecho por la entrega de estos beneficios. Es decir, hasta el momento, muchos ciudadanos podrían suponer que esta plata vendría a ser un nuevo aumento encubierto que los parlamentarios se habrían dado por lo bajo. Y eso es lo que el Oficial Mayor del Congreso, José Abanto Valdivieso, no nos ha aclarado a todos.
No es la primera vez que el Congreso hace gala de su poca transparencia. Hace algunos meses, un grupo de ciudadanos presentamos unas solicitudes de acceso a la información para saber los gastos operativos de los congresistas. La respuesta es más o menos conocida: pretextando una auditoría de la Contraloría, el Congreso se negó a presentar la información. Y claro, los congresistas decían barbaridades como éstas:
Hoy el blog Real Politik da cuenta de las instituciones públicas que han incumplido el mandato legal de dar a la Presidencia del Consejo de Ministros sus informes anuales sobre los pedidos de acceso a la información que los ciudadanos han solicitado. Adivine, dilecto lector, que institución, entre otras, está en esa lista. Sí, el Congreso de la República.
Como vemos, en el Congreso - con excepciones - siguen haciendo méritos para que los llamemos otorongos.
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