La denuncia sobre los ingresos de Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, ha copado primeras planas, discusiones en este blog y en otros, así como un debate sobre hasta que punto importan los ingresos de la esposa de un más que probable candidato presidencial. Pero también ha mostrado los dos lados del extremismo absurdo en que el país se mueve.
De un lado, el antihumalismo. En este momento, varios medios de comunicación, con Correo a la cabeza, están buscando bajarse como sea a Ollanta. Ya saben el discurso, pero quien lo encarnó de modo más crudo y pornográfico esta semana fue Cecilia Valenzuela:
¿Cuándo va a dejar el kindergarden el sector que dirige nuestro país? ¿Por qué el empresariado peruano no-mercantilista no se preocupa de la forma como se mueven nuestros enemigos ideológicos en nuestras propias narices? ¿Acaso hay alguien en su sano juicio que cree que el Perú resistiría un gobierno como el de Morales o el de Correa? ¿Qué nos pasa?
Pero este todos contra Ollanta, tiene sus grandes bemoles. De hecho, el cargamontón de denuncias - algunas falsas y disparatadas y otras, como la de Madre Mía, que debieron ser más escudriñadas - le da argumentos al comandante para jugar a lo que siempre sabe hacerse: la víctima. Comenta Santiago Pedraglio:
Por lo demás, este afán indagatorio es una excelente bandera para el partido de Ollanta Humala. La bancada aprista le está dando el pistoletazo de partida a la campaña electoral de su principal adversario político. Salta a la vista que quieren ‘quemar’, y rápido, al candidato nacionalista.
De concretarse, la investigación congresal se iniciaría a pocos días de que el Poder Judicial declarara inocente a Ollanta Humala en la investigación por violación de los derechos humanos, a propósito del caso Madre Mía (El Comercio, 1-5-09). La argumentación está servida: se trataría de una persecución política desde el centro del poder.
Pero, además, reduce el asunto a bajarse a un candidato. Es decir, la derecha peruana no examina el porqué del descontento frente al modelo económico - es decir, se olvidó de la palabra inclusión, que hasta metieron en el CADE - o de porque eligirían a alguien como Ollanta. Y claro, no ven que cualquier candidato podría arrebatarle a Ollanta los votos - porque así de impredescible es el Perú político - y, adios pampa mía, gastaron pólvora en gallinazos.
Del otro lado, es decir, del humalismo cerrado y obtuso, también hay mucho que decir. Esta semana he leido y recibido comentarios del tipo “no te vendas al sistema”, “no le hagas el juego al gobierno” o “nos cierran la oportunidad del gran cambio”.
Yo, como la verdad, no tengo nada que perder, solo me queda por aclarar algunas cosas. La primera es que este gobierno no me simpatiza por muchas cosas, quizás, la principal, sea porque no es un gobierno de reforma, sino un gobierno conservador. Así que tengo pocas ganas de concordar - salvo cuando es realmente necesario - con una administración con la que, simplemente, no estoy de acuerdo.
Hoy Ollanta Humala nos plantea cambios a la supuesta matriz “neoliberal”, pero con la misma importa autoritaria de los llamados “neoliberales” fujimoristas.
Como toda persona que desconoce que la separación de poderes y funciones es consustancial a la democracia y a cualquier Estado que pretenda funcionar de manera adecuada, Humala nos vende la idea de que él y sólo él podrá encabezar una “gran transformación”, que con su mera voluntad se bajarán los combustibles al 30%, que por su mera imposición cambiará las reglas de juego, tanto las de la Constitución como los de los contratos de concesión, que por ser él quien lo decrete “nacionalizará” actividades económicas, sin precisarnos aún que es lo que ese vocablo, que tanto nos evoca a Juan Velasco Alvarado, significa.
Su impronta militar y su formación familiar hacen que Ollanta sea poco proclive a consensos y entendimientos, lo que es pernicioso para cualquier sistema democrático, en la que la voz de las minorías debe respetarse y en la que los acuerdos políticos – ojo, no las componendas – deben primar en los temas importantes.
A ello se suma la fragilidad del grupo político que tiene Humala detrás. No olvidemos que la UPP, casi extinta hace 7 meses, fue el vientre de alquiler utilizado por el comandante para sus sueños presidenciales y que, posteriormente, fueron embarcándose todo tipo de personas: desde gente que cree sinceramente en un proyecto radical, como Raúl Morey, oportunistas que han estado con todos los gobiernos como Salomón Lerner Ghitis, montesinistas y personajes de poca monta moral como Carlos Torres Caro y personas que hasta hoy no entendemos que hacen allí, como Edmundo Murrugarra o Carlos Tapia. Un grupo tan variopinto, que nos recuerda tanto a Perú Posible, no nos hace esperar algo bueno, tanto de su bancada parlamentaria, como de la solidez de su propuesta, hecha con retazos de aquí y de allá.
Además, está el hecho no aclarado, la denuncia no esclarecida y la incongruencia mayor de Humala: Madre Mía. Hay indicios sólidos que permiten señalar que el tema debe ser materia de aclaración ante el Poder Judicial, no solo por los testimonios recogidos por la prensa – en especial, por Edmundo Cruz de “La República” o por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sino por el hecho documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de que la zona del Alto Huallaga, entre 1989 y 1993, años en que Humala estuvo en la zona, fue un lugar donde se practicaron violaciones sistemáticas y generalizadas contra los derechos humanos y el río Huallaga se convirtió en la más grande fosa común del territorio peruano. Además de ello, el comandante habla de las reparaciones planteadas por la CVR, como si fueran un mero canje de la justicia y de la verdad, es decir, plantea pagar dinero a cambio que no sea procesado y que se oculte lo que muy probablemente cometió.
No puedo votar por Humala, en suma, porque veo en él, nuevamente, la perversión de la política y la economía, aplicando una receta económica ya fracasada y con una vocación por la impunidad.
Por tanto, el hecho de que no me guste Alan García tampoco hace que me agrade Ollanta Humala. Los motivos ya están explicados. Dichas razones no han variado en una coma.
La izquierda no puede adoptar la ceguera, la sordera, la afasia y el cinismo de sus adversarios. La izquierda no puede ser la derecha colorada.
¿Que el Banco de Crédito, cuyo presidente fue asesor de Fujimori y pedigüeño judicial en el SIN, le ha pasado datos confidenciales al diario “Correo”?
Así es. Pero el Banco de Crédito no le habría podido pasar ningún dato a ningún maligno requiriente si la señora Nadine no tuviese las cuentas tan pródigas y enredadas.
¿Que el Banco de Crédito ha cometido un delito de infidencia?
Seguramente. Pero eso no borra ni las cuentas ni los aportes misteriosos ni las triangulaciones inexplicables ni las consultorías omniscientes de una señora que parece experta en todo pero que no aclara nada a la hora de las aclaraciones.
Todo esto demuestra, al fin y al cabo, que la izquierda peruana hace muy mal en seguir confiando en la locomotora Humala. Y quizá demuestre también que el señor Humala no es de izquierda ni debería representarla.
Catatónica, sepultada por los escombros del muro de Berlín, con la cara de la momia de Lenin, huérfana de José Carlos Mariátegui y viuda de Alfonso Barrantes, la izquierda peruana quiere dejarse llevar por la viada de un nacionalismo errático y de un líder que deja para su esposa las cuitas financieras de la casa.
A pesar de Stalin, a pesar de don Jorge del Prado, a pesar de sus pecados, la izquierda peruana merece algo mejor. Merece, por ejemplo, una candidatura propia salida de una elección abierta y limpia.
Porque si la izquierda no es limpieza y cuentas claras, ¿qué diablos es?
Y esa es una pregunta que, por lo menos en el Perú, parece no tener respuesta.
Esta foto corresponde a la presentación del Informe de la Defensoría del Pueblo sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú. Estuvo presente Beatriz Merino, así como expertos en temas de seguridad ciudadana, en la ceremonia que se llevó a cabo en la Comisaría de Monserrate.
La gran ausente fue Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior. ¿El motivo? No lo ha explicado, pero tal vez, además de la precariedad de las comisarías que todos los diarios comentan hoy, sea por las siguientes conclusiones del estudio:
La PNP no es una unidad presupuestaria autónoma. Su presupuesto es asignado por el Ministerio del Interior. En ese sentido, si bien el monto del presupuesto del Sector Interior se ha incrementado en los últimos años, la asignación porcentual de ésta no ha seguido la misma línea de comportamiento, sino que, por el contrario, ha disminuido en términos comparativos (del 7.45% del Presupuesto Nacional en el año 2005 al 6.23% en el año 2009).
86% de las comisarías supervisadas (259) no tienen un horario especial para informar a la población sobre el estado de trámite de su denuncia.
48% (146) no cuentan con ambientes especiales para recibir denuncias y/o testimonios que requieran privacidad (caso de violencia sexual o familiar, por ejemplo).
En el 80% (240) no existe publicada una guía sobre los distintos trámites a realizar en la comisaría.
Sólo el 33% (100) de las comisarías considera que el estado de las computadoras es buena. Esto origina tres problemas: falta de interconexión entre las comisarías, ausencia de bases de datos informatizados y limita el acceso directo a la base de datos de otras instituciones.
En el 76% (230) de las comisarías supervisadas no existe un control de la jornada laboral del personal policial.
Asimismo, se ha detectado en un 27% que el uso excesivo y arbitrario de la violencia es una práctica que genera riesgos de corrupción.
¿Y que se hace en Corpac? Cambios cosméticos, pero poco en la linea de mejorar esta situación. Ello explica porque la titular del sector no se haya encontrado presente en la ceremonia donde se recordaron sus tareas pendientes.
No planeo en este momento hacer un recuento de lo que se ha avanzado o lo que no, o de las razones por las cuales este Plan no fue ejecutado en toda su dimensión. Así que, modestamente, me concentraré en un tema: los abogados.
Creo que, más allá de la responsabilidad de los magistrados en la crisis de la administración de justicia, los abogados tenemos buena parte de culpa, tanto en nuestra mala imagen, como en lo que se refiere al estado del Derecho en el Perú.
Suelto algunas preguntas a modo de reflexión, para que los interesados los respondan en los comentarios:
¿Creen que la enseñanza del Derecho es la adecuada? ¿Sigue siendo Derecho una carrera de “cajón de sastre” para quienes no han podido hacer una carrera de humanidades? ¿Nos hemos convertido en meros técnicos? ¿No es necesario para nuestra profesión el concurso y conocimiento de otras carreras? ¿No estamos dejando de investigar por privilegiar demasiado el ejercicio profesional? ¿Hay algún modo de cambiar la cultura de los estudios de abogados?
Lo dejo para que la piensen. Quizas encontremos que los magistrados no son los únicos responsables en la desmejora del sistema de justicia.
Esta semana, nuevamente, nuestros congresistas nos han dado una nueva mención a la falta de transparencia: gracias a la presión de la prensa, pudimos enterarnos que 84 parlamentarios solicitaron pasajes aéreos, vales de gasolina o alquiler de vehículos a la Oficialía Mayor del Congreso. La lista de parlamentarios es amplia y va desde Keiko Fujimori a Hilaria Supa, pasando por Daniel Abugattas, César Zumaeta, Walter Menchola y el propio presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, entre otros. Es decir, un consenso digno de mejor causa.
Los antecedentes de este caso los explica Perú.21, el diario que hizo la denuncia:
El lunes 4, Perú.21 difundió la información sobre la existencia de un acuerdo de Mesa Directiva del Congreso por el que los legisladores podían acceder a pasajes aéreos, vales de combustibles y alquiler de vehículos por un total de más de S/.2,280. Nunca se dijo que se trataba de dinero en efectivo.
La información se sustenta en la versión de Eduardo Espinoza, titular de la Comisión de Fiscalización, quien reveló que no había descuentos por los pasajes para los viajes en función congresal.
El titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, negó un acuerdo para no descontarles a los legisladores por esos beneficios.
Tras las declaraciones del aprista José Vargas, quien también insistió en que no había descuento para los viajes en función congresal, el Legislativo emite un primer comunicado para señalar que los pasajes y los vales de combustible son descontados de la asignación por función congresal (más de S/.5,200). Por primera vez se admitió la entrega de vales de combustible.
El martes 5, el Congreso emite un segundo comunicado para dar cuenta de que el descuento a los legisladores se aplica de acuerdo con la Resolución 021 de la Presidencia del Parlamento, y revela que Aba Singer suministra el combustible a los ‘padres de la patria’.
El miércoles 6, Perú.21 publica una copia de uno de los vales de combustible que hace referencia al cumplimiento del ‘Acuerdo 109’. También publica un oficio de la asesoría del congresista César Zumaeta devolviendo 25 de estos tickets.
Como se puede ver claramente, se repite un esquema ya clásico en la forma cómo el Congreso de la República explica sus gastos. Sale una denuncia, el Congreso niega inicialmente la existencia de la misma y luego, ante el peso de las evidencias - en este caso, los mismos congresistas, que salen a “cantar” el pago hecho - tienen que reconocer ante la opinión pública.
Lo peor es que no se ha presentado documento alguno que demuestre el descuento hecho por la entrega de estos beneficios. Es decir, hasta el momento, muchos ciudadanos podrían suponer que esta plata vendría a ser un nuevo aumento encubierto que los parlamentarios se habrían dado por lo bajo. Y eso es lo que el Oficial Mayor del Congreso, José Abanto Valdivieso, no nos ha aclarado a todos.
No es la primera vez que el Congreso hace gala de su poca transparencia. Hace algunos meses, un grupo de ciudadanos presentamos unas solicitudes de acceso a la información para saber los gastos operativos de los congresistas. La respuesta es más o menos conocida: pretextando una auditoría de la Contraloría, el Congreso se negó a presentar la información. Y claro, los congresistas decían barbaridades como éstas:
Hoy el blog Real Politik da cuenta de las instituciones públicas que han incumplido el mandato legal de dar a la Presidencia del Consejo de Ministros sus informes anuales sobre los pedidos de acceso a la información que los ciudadanos han solicitado. Adivine, dilecto lector, que institución, entre otras, está en esa lista. Sí, el Congreso de la República.
Como vemos, en el Congreso - con excepciones - siguen haciendo méritos para que los llamemos otorongos.
La relación entre Perú y Chile es una de las más complicadas vecindades en América Latina. Marcada por la mutua desconfianza, cualquier episodio, desde los más graves hasta los aparentemente triviales, son tomados como parte de un conflicto que se inició con la República, llegó a su climax en la Guerra del Pacífico y se ha convertido en la tensa calma que tenemos el día de hoy.
El último episodio se ha referido a la reciente compra de armamento por parte de las Fuerzas Armadas chilenas, uno más en la larga lista de “renovaciones” que vienen haciendo desde hace muchos años para mantener operativo su poderío militar. Los más suspicaces señalan que Chile se viene armando para una guerra una vez que la Corte Internacional de Justicia nos de la razón en el diferendo marítimo con el vecino del sur. Otras voces apuntan más a que estas compras son para mantener el status quo castrense que sigue siendo el principal legado del Pinochetismo para la política interna mapocha.
Algunas voces nacionales, como las del ex canciller Luis Gonzales Posada, plantean recurrir a la OEA para frenar el armamentismo chileno. Todo indica que la vía ideal para plantear el tema no es la burocrática oficina en Washington sino el recientemente formado Consejo de Defensa Sudamericano, como instancia especializada en la materia y frente a la cual el Perú tendría un argumento sólido a presentar a sus pares regionales: nosotros compramos armas de acuerdo a nuestras posibilidades, no en modo desmedido.
Otros, desde los belicistas diarios La Razón y Expreso, llaman a comprar armas en desmedida frente al “enemigo” chileno. El problema, tal como lo apunta Augusto Álvarez Rodrich, es que detrás de estos diarios está un lobby feroz de traficantes de armas que esperan la primera oportunidad para repetir las pingües ganancias legales e ilegales de la década de los noventa. Cómo transparentar el gasto militar y hacerlo eficiente es una pregunta que aun sigue sin resolver en el despacho de Ántero Flores - Araoz y de ello se aprovechan estos lobbistas para poner sus cabeceras de playa en el Ministerio de Defensa.
Está claro que el país requiere comprar armamento para renovar su alicaida flota. ¿Lo debe pensar en torno a Chile? Yo creo que no. En realidad, para dichas compras, el país necesita tener claro, en serio, cuales son sus amenazas reales a su seguridad. Desde mi punto de vista, las mismas están más centradas en el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso.
¿Chile es una amenaza bélica en ciernes? Hace un tiempo, Farid Kahhat se hizo esta pregunta y planteó su negativa a esa pregunta basado en lo siguiente:
En cuanto a posibles hipótesis de conflicto, la más socorrida alude a las carencias energéticas y de agua dulce del norte de Chile, y la existencia de ambos recursos entre sus vecinos (p. ej., los yacimientos de gas de Camisea en el Perú, y de Tarija en Bolivia, y el lago Titicaca, ubicado entre ambos países). (…)
La pregunta inicial, sin embargo, seguiría en pie: ¿Por qué Chile habría de atacar militarmente a sus vecinos para acceder a recursos que podría obtener de ellos a través del comercio bilateral a un costo mucho menor? Una respuesta posible a esa pregunta es que Chile querría garantizar el abastecimiento regular de esos recursos para no repetir la experiencia reciente de la reducción repentina de sus importaciones de gas provenientes de la Argentina. Ante la recurrencia de problemas de inestabilidad política en ambos países, la eventual emergencia en estos de gobiernos nacionalistas potencialmente hostiles a los intereses chilenos, o una confluencia de ambos factores, Bolivia y el Perú no serían fuentes confiables de abastecimiento regular de esos recursos.
Pero en ese caso, Chile podría obtener un abastecimiento regular de gas de otros países como Venezuela. Probablemente esa fuente de abastecimiento sería más costosa que comprar el gas a los países limítrofes, pero de seguro sería menos costosa (política y económicamente) que invadir a estos últimos para arrebatarles el recurso.
En cualquier caso, ¿por qué atacar al Perú, un país con un poderío militar sensiblemente mayor al de Bolivia, cuando Chile podría obtener gas y agua en abundancia invadiendo únicamente a este último país? (recordemos que las reservas de gas de Camisea son mucho menores que las reservas con las que cuenta Bolivia en los yacimientos de Tarija).
Aun asumiendo que Chile decidiera atacar al Perú para acceder a sus recursos de agua y gas, ¿cómo haría para hacerlos llegar regularmente a Chile a un costo razonable? Los yacimientos de Camisea se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera con Chile. Es de presumir que la forma más eficaz de hacer llegar el gas a Chile sería a través de un gasoducto. Pero si las fuerzas armadas más poderosas del mundo (las de los Estados Unidos) no pueden impedir en Irak el sabotaje cotidiano de oleoductos construidos en un territorio relativamente plano y desértico, ¿cómo haría Chile para impedir el sabotaje de un gasoducto que habría de atravesar, sucesivamente, territorios ubicados en la ceja de selva, la cordillera andina y la costa peruana? (para no hablar de los problemas logísticos y económicos que supondría el intento de trasladar el agua del Titicaca hacia territorio chileno).
Por último, si Chile alberga intenciones hostiles hacia el Perú, ¿por qué no actuó en consecuencia cuando las circunstancias eran más propicias para ello? Por ejemplo, en 1981 ó 1995, cuando las Fuerzas Armadas del Perú se encontraban inmersas en un conflicto armado con el Ecuador (haciendo por ende más vulnerable su frontera con Chile), o entre 1982 y 1992, cuando libraban una guerra contrasubversiva?
Y frente a la pregunta de sobre si nos embarcamos en una carrera armamentista, amen de las cuestiones de prioridades en el gasto, Kahhat señala lo siguiente:
Pero incluso bajo el supuesto negado de que Chile pretende atacar al Perú, de ello no se deriva que el Perú deba intentar igualar el gasto militar de Chile. En primer lugar, porque la brecha en gasto militar existente entre ambos países es virtualmente infranqueable. Aquí cabría recordar que cuando el Perú logró equiparar el potencial militar de Chile hacia principios de la década de 1970, lo hizo a costa de un notorio incremento en la deuda pública externa y de una recesión que, eventualmente, obligó al Gobierno peruano a renunciar a ese objetivo.
Por lo demás, obtener un balance de poder no implica necesariamente alcanzar un equilibrio de fuerzas militares: implica únicamente la capacidad de negar a un rival potencial el logro de sus objetivos políticos por la vía armada. En su enfrentamiento con el Perú, por ejemplo, el Ecuador logró en 1995 obtener por la vía armada dos objetivos políticos que no había logrado alcanzar por ese mismo medio en 1981: (i) volver a colocar en la agenda bilateral sus reivindicaciones territoriales, y (ii) obtener para sus fuerzas armadas un resarcimiento moral del trauma ocasionado por su derrota en la guerra de 1942. Y ello pese a que la correlación de fuerzas militares no había cambiado de modo dramático entre un enfrentamiento y otro. De hecho, el Ecuador logró contrarrestar dos de las ventajas militares que el Perú había tenido en 1981 -la superioridad aérea y el acceso a través de infantes y paracaidistas a zonas inhóspitas de su territorio amazónico- por medios relativamente rudimentarios: equipo antiaéreo portátil y minas antipersonales.
Como vemos, la cuestión es mucho más compleja que ponernos a jugar a la guerrita.
BONUS TRACK:
Alvarez Rodrich, Lauer y Rospigliosi analizan el tema en Llanta de Prensa
Cuando me preguntan sobre la razón principal por la que no votaría por Ollanta Humala, la primera que se me viene inmediatamente es la siguiente: sus cuentas pendientes en materia de derechos humanos.
Si, ya se, Carlos Tapia y los nacionalistas señalan que Ollanta fue uno de los pocos que habló de cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su plan de gobierno o que ha encarado a Alan García y Alberto Fujimori sobre sus cuentas pendientes. O me dirán que algunos de sus parlamentarios han sido los más entusiastas en la defensa de los derechos humanos en medio de un clima político poco proclive a su resguardo.
Pero nada de eso borra algunos hechos. Del archivo del 2006:
Varios vecinos de la base dieron, en declaraciones al programa periodístico ‘Reporte Semanal’ (Canal 2), su testimonio sobre las presuntas atrocidades del capitán ‘Carlos’, como se conocía a Humala cuando comandaba la base antisubversiva ‘Madre Mía’.
Jorge Avila Rivera relató como logró escapar de ser asesinado por los militares de ‘Madre Mía’, tras ser capturado, en un operativo realizado a principios de la década de 1990, por sus supuestos vínculos con el grupo armado ‘Sendero Luminoso’.
Rivera afirmó que al ser llevado a orillas del río Huallaga, conocido cementerio clandestino durante la violencia terrorista, logró escabullirse y salir nadando hasta ponerse a salvo.
Los testimonios de los crímenes del ‘capitán Carlos’ ya habían sido recogidos en el informe final de la ‘Comisión de la Verdad y Reconciliación’, aunque el organismo desconocía, en esa fecha, la verdadera identidad del capitán.
El ex militar reconoció esta semana que se hacía llamar ‘capitán Carlos’ en esa zona, aunque negó ser responsable de los crímenes de lesa humanidad.
Aunque en esa época los voceros humalistas pretendían decir que todo fue pagado por el dinero de los broadcasters locales en contra de Ollanta, lo cierto es que evidencias habían. Sintomáticamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos investigó el caso y llegó a las mismas conclusiones que la prensa. Y, claro, el Ministerio de Defensa dio una extraña explicación sobre el “extravío” del legajo de servicios del lider nacionalista durante el periodo que sirvió en Madre Mía. Aún así, se abrío una investigación fiscal y un periodo de instrucción.
Pero la semana pasada, en medio del feriado largo y la psicosis porcina, Humala debió armar una pachanga. Vía La República:
La Sala Penal Nacional archivó definitivamente el proceso penal contra el líder nacionalista Ollanta Humala Tasso por tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de tres pobladores del caserío de Pucayacu, cometidas en 1992, cuando ejerció la jefatura de la Base Militar de Madre Mía.
El tribunal acogió así la opinión del fiscal superior Víctor Cubas, quien desistió de formular acusación al no encontrarse pruebas contundentes en el expediente de la autoría de Humala Tasso.
El tribunal precisó que si bien las desapariciones se produjeron, estas no pueden ser atribuidas a Humala pues no hay una sola prueba concreta. Explicó que los supuestos testigos se desdijeron en el proceso y otros señalan que Humala no estuvo en Madre Mía en la fecha de las detenciones.
Bueno, hasta aquí podrían muchos señalar: investigaron bien y no encontraron responsabilidad en Humala. Pero hay tres sucesos extraños que me hacen pensar en que la chamba en el Poder Judicial y el Ministerio Público no fue del todo feliz. Aquí van.
SUCESO N° 1: EL TESTIGO Y EL MOTOTAXI
Jorge Ávila Rivera fue una de las personas que dio su testimonio tanto a la prensa como a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre las torturas de las que fue objeto - junto a su hermana y su cuñado en la Base de Madre Mía. Cuando fue a declarar al Ministerio Público, dijo lo mismo, pero solo varió un detalle: Humala no me torturó.
Lo curioso es lo que encontró Edmundo Cruz en agosto de 2006:
El lunes tres de julio, cinco días después de que Jorge Ávila se desdijera ante el fiscal Arturo Campos, su esposa Irma Gómez de Ávila efectuó una compra al contado en dólares. No en Aucayacu sino en Tingo María, en la tienda “Motocar Muñoz”, concesionaria autorizada de la firma Honda. Allí adquirió una mototaxi salida de fábrica, color rojo, al precio de US$ 1,600.
Según la versión de la propietaria del establecimiento, María de Muñoz, la factura de la compra fue girada a nombre de “Irma Gómez de Ávila”, domiciliada en : “JP. 27 de Mayo. Aucayacu”. Los datos los escribió la misma vendedora, de puño y letra, en un volante de propaganda de su negocio, que reproducimos al lado.
Esta afirmación es negada por Jorge Ávila y su esposa. “No, no es mía. Esa mototaxi es de mi yerno”, respondieron ambos. Ávila sólo recordaba el nombre de su yerno, mas no su apellido.
La República fotografió la mototaxi roja aparcada frente a la casa de Jorge Ávila. La placa del vehículo está en trámite, por esta razón no fue hallada su matrícula en Registros Públicos.
Sobre otra mototaxi de segunda mano, color azul, que observamos dentro de la casa de los Ávila Gómez, el jefe de familia respondió que pertenecía a su cuñado Segundo Gómez.
Desde allí, la sombra sobre una posible compra de testigos está sembrada.
HECHO N° 2: EL TESTIGO QUE NUNCA SE RETRACTO
No todos los testigos del caso se retractaron. María Elena Castillo de La República encontró lo siguiente:
Dos días antes de que la Sala Penal Nacional archive la denuncia contra Ollanta Humala por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales de tres pobladores del caserío de Pucayacu en 1992, uno de los testigos reservados que lo acusó ante el Ministerio Público se reafirmó en sus declaraciones, y aseguró a La República que el entonces capitán “Carlos” ordenó que se cometieran dichos crímenes.
El testigo CRH-20, quien sirvió como soldado en la base de Madre Mía en 1992, relató que el 17 de junio de ese año participó en un operativo para detener a Benigno Sullca y a los hermanos Natividad y Jorge Ávila. Los dos primeros continúan desaparecidos.
Cerca de las 10 de la noche el sargento Huaringa nos comunicó que íbamos a salir, así que nos preparamos. Fuimos a una casa cerca de la carretera y sacamos a una mujer y un varón. Otro grupo sacó a un hombre de otra casa”, señaló. “Estaban amarrados y con pasamontañas. Los metimos en dos camionetas y los llevamos a la base”, agregó.
Precisó que la orden de realizar esta operación provino del jefe de la base de Madre Mía, a quien entonces sólo conocía como capitán “Carlos”. Recién en el 2006 supo que se trataba de Ollanta Humala, cuando lo vio en la televisión como candidato a la presidencia de la República.
Poniendome en mode de abogado: Hay que tener en cuenta que los casos de derechos humanos tienen dificultades para la prueba directa y que la construcción debe hacerse sobre la base de indicios realmente consistentes. De lo que se desprende de dicho testimonio dado tanto a la prensa como ante el Poder Judicial, era necesaria una mayor profundización en las investigaciones para poder hallar más elementos que permitieran encontrar la verdad del caso.
HECHO N° 3: ¿Y LA INVESTIGACION?
Todo ello me lleva a la forma en como se ha llevado a cabo esta investigación judicial. Y aquí hay un testimonio de primera mano que se había perdido en el tiempo.
El asunto estaba clarísimo. La semana pasada, en mi condición de testigo y sentadita en la silla de madera del cuarto juzgado, la jugada se me hizo más obvia aún. El fiscal, a quien tuvieron que ir a buscar porque no había asomado a la diligencia, apareció sin siquiera haber leído el expediente y me preguntó, fresquísimo él, que cuántos reportajes había hecho, cuándo, “¿cómo es?” Le pedí que leyera lo que ya había respondido en su ausencia. Pasó la vista por el texto y se sentó a pensar. Diez, veinte, treinta segundos. Hizo alguna pregunta cumplidora. Otros diez, veinte… hasta que preguntado para que diga si: usted editó, ¿no es cierto? O sea, usted grabó las entrevistas, pero de ellas usó sólo un poco, ¿no es cierto? Entonces editó. Qué cara le habré puesto al hombre, no sé, pero la suya era de hervor cuando le dije que esa pregunta la esperaba del abogado defensor, no del fiscal. No más preguntas. Esa fue la magnífica intervención de la fiscalía en la diligencia. Su testigo.
Ay, y aquí vino lo peor, cuando el señor abogado del ex comandante me fusiló. Con preguntas, evidentemente. Que cuántas personas participaron en la investigación, que quiénes eran, que qué hacen, que cuál fue su participación, que cuántos días estuve en la zona, que cuántas personas entrevisté, que cuántas horas de grabación tenía, que cuántas cintas grabé, que de ellas cuánto utilicé en el reportaje… aquí trataban, evidentemente, de machacar un punto: que de lo grabado, supuestamente, yo utilicé muy poco. Imagino que intentan retorcer el asunto para que parezca que edité las declaraciones, que las tergiversé, que en fin, ya imaginan.
A las tres de la tarde las tripas me sonaban. El abogado insistía en que diga si el testigo Norvil Estela dijo que vio la cara de Ollanta Humala disparándole a su hijo. Que si vio el momento preciso en que Humala jalaba el gatillo, en que la pistola sonaba ¡pum! y en que la bala ingresaba en el cuerpo de su hijo. ¡Osea! Finalmente, la tortura terminó. La secretaria se paró para imprimir la declaración de la mareada testigo y el abogado de Humala espetó esta frase que, si hubiera constado en actas, habría cambiado la historia de este juicio: “Tú no lo has vivido, pero estar en la zona de emergencia fue espantoso. Era necesario pues, era necesario para combatir el terrorismo, era necesario el terrorismo de Estado”.
Luego de ver estas evidencias, todo indica que a la verdad, en el caso Madre Mía, le dieron el tiro de gracia.
MIENTRAS TANTO
Fuerte denuncia contra Nadine Heredia de Humala: primera periodista del mundo que cobra sin escribir una línea (Utero de Marita)
Pero el ahijado político de Lourdes Flores quedó mal parado anoche en Cuarto Poder, con una contundente denuncia sobre desbalance patrimonial que el alcalde no ha podido explicar. En resumen: Heresi tenía varias deudas que no supo explicar como pagaba y, además, pagó en efectivo la compra de un casa semi ruinosa en Orrantia del Mar en 100,000 dólares. Además, su hermano, quien trabaja en el Gobierno Regional del Callao, tampoco pudo justificar otras compras de inmuebles. Veamos la denuncia de Graciela Villasis.
Hay algo más. La esposa de Heresi trabaja en la Municipalidad Provincial del Callao y su hermano en el Gobierno Regional del primer puerto, ambos dominados por Chimpum Callao, el partido del cuestionado Alex Kouri. No extraña, la relación con Kouri viene de antemano, sino, veamos esta carta dirigida a Caretas en el año 2000:
¿CAJA CHICA?
Lima, 2 de octubre del 2000 El alcalde del Callao, Alex Kouri, ha dicho que su municipio no ha sido caja chica de ninguna campaña electoral. Eso es mentira. Adjunto fotografías de camiones volquetes y un cargador frontal, propiedad de la Municipalidad del Callao, que fueron usados en favor de la campaña de Salvador Heresi Chicoma, ex candidato de Kouri en el distrito de San Miguel, en 1998 y que actualmente es secretario general de la Municipalidad Provincial del Callao.
Si Alex Kouri fue capaz de usar los recursos municipales en la campaña de un amigo ¿qué le impedía hacerlo en favor de su hermano? Humberto Pejovés Macedo DNI 09158434 El firmante señala que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público para impulsar una investigación y lograr una respuesta a su pregunta.
Heresi le ha pedido a la Contraloría que lo investigue. Independientemente de si la denuncia ha sido o no digitada como una venganza, sin duda, el alcalde de San Miguel tiene mucho que explicar, sobre todo si quiere suceder al controvertido Luis Castañeda Lossio y su falta de transparencia al frente de la Alcaldía de Lima.
Resulta un tanto difícil escribir sobre el Día del Trabajo en estos tiempos.
No se han tratado de tiempos fáciles en términos laborales. La crisis internacional ya ha afectado a varias empresas justamente donde más duele: el sueldo, el reparto de utilidades y, en algunos casos, el empleo mismo.
Pero ya antes de la crisis la situación no iba tampoco en el mejor de los mundos. Jorge Toyama describe la problemática laboral:
El principal problema del país desde hace mucho es el empleo. En realidad no es la falta de empleo lo que los peruanos reclamamos -el desempleo peruano está debajo de la media de países desarrollados-, sino un trabajo con protección social y/o en planillas. Se requiere una reforma radical en el sistema peruano: debemos trabajar en la educación y enseñanza de las ventajas de la formalidad laboral, en la extensión de la protección social, en la generación de incentivos para la formalidad y las buenas prácticas, en brindar ventajas comerciales y asistencia técnica a las micro empresas, descentralizar más las fiscalizaciones laborales, etc. Es un tema complejo sin duda. Pero este es el tema prioritario del país y debemos poner la mayor atención posible en ello.Entonces, más que festejar, necesitamos trabajar mucho para contar con un sistema que amplíe la cobertura social y laboral a los trabajadores del país.
Si tenemos bien diagnósticado el problema: ¿por qué no hay soluciones al mismo? De un lado, es cierto lo que dice Toyama: estamos ante una realidad compleja en la que se requiere el esfuerzo de muchos. Pero, del otro, vemos que los actores no están del todo comprometidos en una salida: si bien varios de los sindicatos vienen dando propuestas ante la crisis internacional, para muchos, su imagen confrontacional y opuesta - en muchos casos - al capitalismo les resta opciones de negociación. Del otro lado, los empresarios siguen pensando en el trabajador como un mero costo y, ya saben, en tiempos de crisis prefieren ahorrarse los costos. Ambas mentalidades han hecho imposible que salga un marco laboral adecuado y equilibrado, ya aprobado en una Ley General del Trabajo, que aun no puede ser aprobada por los maximalismos de uno u otro lado.
En cuanto al Estado, a pesar de la importancia de la problemática laboral, no se encuentra dentro de sus prioridades tanto en presupuesto como en normativa. Un hecho sintomático es que el secretario de Palacio de Gobierno haya sido condecorado con la Orden del Trabajo, sin que su obra académica en dicha materia sea prolífica y teniendo hartos cuestionamientos por temas vinculados a la corrupción. Ello, más allá de normas que parecen ser un parche, no representa un avance significativo en la materia.
Por ello, el Dia del Trabajo sigue siendo un recordatorio de lo que debemos hacer antes que una fecha de celebración.
Podría llamarse suerte, pero, todas las veces que tuve que acudir al médico, me dieron el diagnóstico adecuado y la receta precisa para curarme. Más que suerte, creo que se debió al profesionalismo y competencia de los médicos que me examinaron.
El problema viene cuando el médico que se equivoca en el diagnóstico se equivoca es el Ministro de Salud.
A estas alturas, todos hemos sido testigos de las marchas y contramarchas que Oscar Ugarte ha venido dando sobre la posible ocurrencia de un caso de gripe porcina en el Perú. Dichas contradicciones no solo han puesto en evidencia a un Ministro sin liderazgo suficiente para poder afrontar una crisis sanitaria, sino también la necesidad de contar con todos los implementos necesarios para poder diagnosticar adecuadamente una enfermedad que ha causado pánico. Y, con lo dicho por el Ministro el miércoles, las alarmas fueron mayores.
Yo dudo, francamente, que este tema sea una cortina de humo. La enfermedad existe y puede contagiar a cualquiera, dado el grado de expansión del virus, pero llevar a niveles de alarma que generen el pánico tampoco es lo mejor. Anoche escuchaba en RPP que en Arequipa se suspenderían las clases escolares por este tema. La precipitación lleva a medidas como estas.
Y tampoco es adecuado aprovechar la enfermedad para usos políticos. Rolly Reyna, reportero gráfico de El Comercio, brinda un testimonio que pone en evidencia la catadura de algunos de nuestros políticos:
Llegué al hospital Daniel A. Carrión para una conferencia de prensa que iba a dar el presidente regional del Callao, Álex Kouri. Lo acompañaban doctores de dicho nosocomio. Tras hablar sobre la prevención, nos invitaron a conocer los ambientes que se pueden usar como salas de aislamiento. Recorrimos varias áreas y llegamos donde permanece bajo cuidados médicos Alejandrina Coche, la pasajera argentina sospechosa de tener el mortal virus. Para verla solo había que ingresar al ambiente y rodear un frágil biombo que la separa de miradas indiscretas. Kouri se acomodó una mascarilla y a paso firme entró, pero antes le pidió a los periodistas hacer fila de dos en dos y tener sus respectivas mascarillas. Ingresé, pero entonces me di cuenta de que Kouri estaba exponiendo a la paciente a las cámaras y flashes para salir él en las imágenes. Pensé que yo no debía tomarle fotos a la mujer, así la viera. Sentí vergüenza. Capté unas vistas generales y me fui. Lástima que en la conferencia no se hablara del respeto a la vida, de la consideración al prójimo. Ha sido, en cambio, una falta de respeto, una humillación a la condición de una persona enferma. Se hizo un show de la desgracia.
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