Para los que se han perdido los capítulos anteriores de la telenovela del caso El Frontón, que comenzó en 1986, veamos lo ocurrido anteriormente:
1. En agosto del 2007, mientras todos teníamos la atención puesta en lo ocurrido en Pisco, una sala del Poder Judicial del caso El Frontón declaró prescrito este caso para un acusado que lo solicitó. Lo “extraño” es que una de las miembros de esta sala es Nancy Ávila de Tambini, esposa del entonces jefe de los procuradores y ex abogado del señor Presidente de la República, Moisés Tambini del Valle.
2. El tema de la prescripción llegó al Tribunal Constitucional, debido a que el Instituto de Defensa Legal interpuso un recurso ante dicha instancia. El TC sentenció en diciembre de 2008 que no se pronunciaría sobre la prescripción en el caso de Teodorico Bernabé Montoya, debido a que el IDL no estaba facultado para pedir este recurso. Con ello, para dicho acusado, quedaba firme la controvertida sentencia de prescripción. Para el decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Walter Albán, la vía internacional quedaba como recurso.
3. Como los otros 22 acusados no se habían acogido a la prescripción, en febrero de este año se abrió proceso a 22 ex marinos comprendidos en el caso El Frontón, a los que se decretó impedimiento de salida del país.
Ahora, vayamos a lo ocurrido hoy.
Como era de esperarse, los marinos procesados por El Frontón ahora quieren acogerse a la prescripción. La sorpresa sobre el caso la reporta La República:
El abogado de la Procuraduría del Gobierno Regional del Callao, Carlos Humberto Bocanegra Chávez, presentó un hábeas corpus para que se declare prescrito el proceso judicial de 26 marinos por el debelamiento del penal El Frontón durante el primer gobierno aprista.
La demanda está dirigida contra el juez Segismundo León Velazco, del 4to Juzgado Supraprovincial, quien abrió proceso contra los marinos por delito de homicidio calificado, en agravio de 118 internos del penal El Frontón, con impedimento de salida del país.
Entre sus argumentos, el procurador Bocanegra menciona el hábeas corpus anterior concedido al ex militar Teodorico Bernabé Montoya y el fallo del Tribunal Constitucional que avala dicho fallo judicial.
Aja, un abogado del Gobierno Regional del Callao (ver contrato aquí), encabezado por Alex Kouri, socio político de Alan García y del mismo partido que el primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri. Cabe recordar que a nuestras dos más altas autoridades se les tiene como testigos en este caso, aunque para algunos deberían ser acusados. Bastante raro el asunto, por no decir, sospechoso. (Sobre todo, considerando además, que el jefe de los chuponeadores es íntimo de Giampietri y Kouri).
Pero si ya hasta aquí el asunto olía mal, pues el aroma se transforma en hedor luego de esta denuncia del abogado del IDL, Carlos Rivera:
El Instituto de Defensa Legal (IDL) pedirá a la Cancillería que aclare si el embajador de Perú en Costa Rica, Moisés Tambini del Valle, violó la Ley del Servicio Diplomático al defender a su esposa, la magistrada Nancy Ávila de Tambini, acusada ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por firmar la prescripción del caso “El Frontón”, informó el abogado Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.
“Estamos presentando hoy al vicecanciller y secretario general de Relaciones Exteriores, una solicitud de información. Primero, para señalar bajo que circunstancias se ha establecido una excepción a las prohibiciones que establece la Ley de Servicio Diplomático para favorecer la intervención como abogado del señor Moisés Tambini en beneficio de su esposa y una tercera persona. Segundo, solicitar información sobre quien financió su retorno a Lima”, afirmó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Lo que se estuvo viendo fue el informe oral ante la jefa de la OCMA Elcira Vásquez. Lo que llamó la atención en esa audiencia fue que la defensa de la señora Ávila de Tambini y Jorge Egoavil, la realizó el embajador de Perú en San José de Costa Rica, el señor Moisés Tambini del Valle y hasta donde tenemos conocimiento, esta labor es un ejercicio a tiempo completo y existe un prohibición para desarrollar otro tipo de funciones”, agregó.
Rivera tiene razón. Si bien es cierto que Tambini es un “embajador político” (es decir, no pertenece al Servicio Diplomático de la República), está sujeto a sus reglas. Y el artículo 45° señala, dentro de las prohibiciones para quienes se encuentren prestando servicio en el exterior, que estos funcionarios no pueden “ejercer cualquier otra profesión o desarrollar actividades remuneradas”. Y lo que Tambini hizo fue ejercer su función de abogado (y, encima, para defender a su propia esposa). Por tanto, Torre Tagle tiene que dar una explicación clara sobre este tema.
Para aumentar el roche internacional, al ser Tambini embajador del Perú en Costa Rica, es el encargado de enviar la documentación peruana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya nos ha sentenciado dos veces por el caso El Frontón - por dos demandas distintas - y que nos tiene en observación debido a todas las dilaciones que ha tenido este caso.
La idea es clara. Para muchos personajes de este gobierno, el caso El Frontón debe quedar cerrado antes del 2011. ¿Ya entienden porque Alan se ha hecho de rogar con el Museo de la Memoria?




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