Creo que todos los peruanos nos hemos visto conmovidos con la tragedia ocurrida en Winchumayo (Puno) donde un alud ha sepultado un pueblo minero, sin que se haya determinado hasta el momento el número de víctimas mortales. Hasta el momento, existen graves dificultades para que llegue la ayuda a la zona, lo que dificulta encontrar a más personas con vida.
Pero la tragedia también ha revelado una realidad social preocupante. Winchumayo es un pueblo dedicado por entero a la minería informal, actividad en la que incluso participan los menores de edad en sus vacaciones escolares. Ello implica que quienes se dedican a esta actividad no tienen beneficios sociales, seguro contra accidentes ni, mucho menos, condiciones óptimas de trabajo.
La República explica la complejidad de la explotación minera en la zona, que incluye a un congresista aprista:
La tragedia causada por el alud que ha sepultado a unas 40 personas ha puesto al descubierto una trama de irregularidades que ha hecho que una asociación de mineros, Winchumayo, pasara a ser accionista de una concesión minera sin licencia de exploración ni mucho menos de explotación. Sin embargo, Winchumayo estaría explotando oro en la zona valiéndose de mineros informales.
Según el relato del minero herido Percy Limache, la empresa minera de Winchumayo paga a sus trabajadores con parte del oro que encuentran en los 5 tajos abiertos en medio de la ceja de selva, los cuales son propiedad del ciudadano Eladio Muñoz, quien encabezaría esta asociación.
“Winchumayo es un grupo de mineros organizados, pero no son titulares de la concesión”, explica Víctor Vargas, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas. “No son empresas formales ni legalmente constituidas. Son asociaciones de mineros que se agrupan para empezar a iniciar el proceso de formalización”.
Pero, sorprendentemente, el titular de Minería afirma que es legal que un grupo de mineros lleguen a un acuerdo con el titular de la concesión a cambio de regalías, incluso cuando el titular en cuestión, como es el caso, no tenga el permiso de exploración y explotación.
La concesión donde ha ocurrido el alud la pertenece a la compañía Chibolo 2, propiedad a su vez del congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano (33% de las acciones), el alcalde del distrito de Ituata, Roger Saya, ( 34% de acciones) y la minera extranjera Orovega (33%). Precisamente esta última, según el congresista Cenzano, fue la que vendió sus acciones a Winchumayo. “Esa empresa es responsable del accidente en minera Winchumayo”, afirma el congresista, quien desmintió al director de Minería al negar que estén cobrando regalía alguna a Winchumayo.
Varias cuestiones que comentar. La primera, es que resulta sorprendente que la Dirección General de Minería no haya intervenido en Winchumayo antes, si es que ya conocía este tema. ¿Tuvo que ver el hecho de que un compañero esté involucrado en el tema? La segunda, debe haber un cambio en la legislación minera que controle estas actividades mineras informales que, ojo, además de las perlas ya comentadas, también contaminan el medio ambiente.
Y la participación del congresista Cenzano es bastante controvertida. Hoy El Comercio lo entrevista y, por decir lo menos, el pez por la boca muere. Leamos lo dicho por el parlamentario:
Ha trascendido la información de que usted es accionista de la empresa Winchumayo.
Bueno, mejor le explico cómo es eso. Tengo 33% de participación en la concesión minera Chibolo 2, y dentro de esa área concesionada está ubicada Winchumayo. Otro 34% le pertenece al actual alcalde de Ituata, Roger Saya Tapara (del partido Alianza para el Progreso), y el 33% restante les pertenece a los propios mineros de la zona.
¿Desde cuándo tiene usted esa participación?
Hace varios años yo representé a la sociedad minera Media Naranja, que también está ubicada en la zona y, mediante esa sociedad, desde hace unos diez años, se hicieron otros denuncios, como Chibolo 2.
¿Y cómo ejerce su participación en esas concesiones?
En realidad, nunca ejercí mi derecho de explotación en la zona por la fuerte oposición de los mineros informales que laboraban ahí. Una prueba de ello es que no tenía obligaciones laborales que afrontar con algún trabajador. Todo eso está registrado en el Ministerio de Energía y Minas. Además, ellos saben que mi participación está más abocada al proceso de formalizar la minería informal en toda esa zona.
Parece que usted trata de evadir su responsabilidad.
De ninguna manera, el deslizamiento ocurrido en Winchumayo es un desprendimiento natural, producto de las fuertes lluvias que azotan la zona. No podemos buscar responsables, ya habrá momento para investigar. Ahora debemos preocuparnos por las tareas de salvataje y atender a los damnificados.
El hecho de que nos enteremos de estas cosas una vez que la tragedia se produce nos hace ver que tratamos los problemas del interior del país como si ocurrieran tan lejos como en Afganistán. Un motivo más para que la memoria colectiva y las lecciones de haber ignorado durante años a nuestros compatriotas de la sierra y la selva de nuestro país sean rescatadas.
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