Desde el Tercer Piso

Durante las dos primeras semanas de febrero, el futuro del sistema penitenciario peruano - sin que haya mucha bulla de por medio. ha comenzado a agitarse y provocó una nueva crisis de liderazgo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hace un año, en este blog hicimos notar la necesidad de contar con una política penitenciaria que fuera efectiva y coherente con los preceptos constitucionales. Ciertamente, y tal como lo ha mencionado Laura Arroyo Gárate en otro articulo sobre este tema, a mucha gente le importa poco lo que pase con las personas que se encuentran en prisión - justamente porque, en el imaginario de muchos, se deja de ser persona por cometer un delito -, pero es responsabilidad del Estado velar porque la situación de aquellas personas a las que privó de la libertad en mérito de una sanción penal mejore. Y para ello, era necesario que asuma su responsabilidad.

Ello pasaba - y pasa aún - por tres medidas claras: definir cual es el ente que se hará cargo del sistema penitenciario (hasta hoy el INPE y la Policía comparten dicha responsabilidad), establecer un régimen de mejora de la calidad de vida y condiciones de rehabilitación de los internos y, finalmente, implementar el Código de Ejecución Penal, para poder fiscalizar cualquier posible abuso y contar con las herramientas legales para manejar cualquier disturbio del orden dentro de cada establecimiento penal.

Pero esto no ha sido prioridad para un gobierno que ha tenido 4 jefes del INPE en menos de cuatro años y que no ha podido establecer una política coherente en esta materia.

Por el contrario, parece que la salida se encuentra en evadir responsabilidades y trasladarlas al sector privado.

Volvamos a lo ocurrido este mes. La Ministra de Justicia Rosario Fernández y el entonces presidente del INPE Gustavo Carrión han discrepado sobre un asunto que parece ser hasta hoy poco claro: la tercerización o privatización de las cárceles. La primera de ellas parecería ser una medida adecuada para acabar con ciertos defectos de gestión en temas como la alimentación. La segunda implica que el sector privado se haga cargo del control de los penales, medida que ya algunos han planteado para la construcción de nuevos establecimientos.

La falta de claridad en el MINJUS sobre este tema y los conflictos sobre este tema han motivado la renuncia de Carrión y su reemplazo por quien fuera su vicepresidente, Leonardo Caparrós, quien tampoco parece tener claro que es lo que su jefa desea tener como modelo carcelario.

Sin duda, la medida causa polémica. De un lado, hay quienes consideran per se que el sector privado es un mejor gestor que el Estado, por lo que sería una buena idea ir hacia un modelo donde el Estado no tenga esta responsabilidad. De otro lado, las alergias a la palabra privatización aparecen cuando pueden haber posibles intereses en curso o cuando se ven experiencias donde la intervención privada no ha sido eficiente, como en el caso de FORSUR.

Sin embargo, creo que se pierde el tema de fondo. Como lo ha señalado el Consorcio Justicia Viva:

Puede decirse que la verdadera discusión para avanzar a paso firme en la reforma penitenciaria es el tratamiento coordinado y fiscalizado de las causas estructurales de los problemas en las cárceles (hacinamiento y falta de medicinas). La solución no es sólo construir más penales y una buena administración (lo que por cierto, ya es bastante), por lo que temas como la sobrepenalización, las propuesta de las penas alternativas y la lentitud de los procesos judiciales (a lo que por cierto apunta la implementación del nuevo Código Procesal Penal) deben ser también considerados en la estrategia de reforma.

Como se puede ver, la solución de los problemas antes citados tiene que ver con una política legislativa que el sector privado no puede solucionar - a menos que privaticemos también el Congreso - sino que está en manos del Estado, por lo que la visión de la señora Fernandez - que parece ser la de Palacio - para dejar de lado su responsabilidad en el tema penitenciario sería, a todas luces, desacertada.

Así, el tema no pasa por si las cárceles se venden o concesionan o si algunos servicios se entregan a los privados, sino por una visión integral que considere dos tipos de elementos: los jurídicos, que están en manos del Estado, y los humanos, pues es necesario recordar que, cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de seres humanos, por más que hayan cometido crímenes que nos parezcan repulsivos.

Me pregunto ahora, ¿que diría Lanssiers si viera este debate?

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Para privatizar el sistema penitenciario es necesario saber que…
Laura Arroyo Gárate: Prisión privada, pero no dorada