Desde el Tercer Piso

Durante las dos primeras semanas de febrero, el futuro del sistema penitenciario peruano - sin que haya mucha bulla de por medio. ha comenzado a agitarse y provocó una nueva crisis de liderazgo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hace un año, en este blog hicimos notar la necesidad de contar con una política penitenciaria que fuera efectiva y coherente con los preceptos constitucionales. Ciertamente, y tal como lo ha mencionado Laura Arroyo Gárate en otro articulo sobre este tema, a mucha gente le importa poco lo que pase con las personas que se encuentran en prisión - justamente porque, en el imaginario de muchos, se deja de ser persona por cometer un delito -, pero es responsabilidad del Estado velar porque la situación de aquellas personas a las que privó de la libertad en mérito de una sanción penal mejore. Y para ello, era necesario que asuma su responsabilidad.

Ello pasaba - y pasa aún - por tres medidas claras: definir cual es el ente que se hará cargo del sistema penitenciario (hasta hoy el INPE y la Policía comparten dicha responsabilidad), establecer un régimen de mejora de la calidad de vida y condiciones de rehabilitación de los internos y, finalmente, implementar el Código de Ejecución Penal, para poder fiscalizar cualquier posible abuso y contar con las herramientas legales para manejar cualquier disturbio del orden dentro de cada establecimiento penal.

Pero esto no ha sido prioridad para un gobierno que ha tenido 4 jefes del INPE en menos de cuatro años y que no ha podido establecer una política coherente en esta materia.

Por el contrario, parece que la salida se encuentra en evadir responsabilidades y trasladarlas al sector privado.

Volvamos a lo ocurrido este mes. La Ministra de Justicia Rosario Fernández y el entonces presidente del INPE Gustavo Carrión han discrepado sobre un asunto que parece ser hasta hoy poco claro: la tercerización o privatización de las cárceles. La primera de ellas parecería ser una medida adecuada para acabar con ciertos defectos de gestión en temas como la alimentación. La segunda implica que el sector privado se haga cargo del control de los penales, medida que ya algunos han planteado para la construcción de nuevos establecimientos.

La falta de claridad en el MINJUS sobre este tema y los conflictos sobre este tema han motivado la renuncia de Carrión y su reemplazo por quien fuera su vicepresidente, Leonardo Caparrós, quien tampoco parece tener claro que es lo que su jefa desea tener como modelo carcelario.

Sin duda, la medida causa polémica. De un lado, hay quienes consideran per se que el sector privado es un mejor gestor que el Estado, por lo que sería una buena idea ir hacia un modelo donde el Estado no tenga esta responsabilidad. De otro lado, las alergias a la palabra privatización aparecen cuando pueden haber posibles intereses en curso o cuando se ven experiencias donde la intervención privada no ha sido eficiente, como en el caso de FORSUR.

Sin embargo, creo que se pierde el tema de fondo. Como lo ha señalado el Consorcio Justicia Viva:

Puede decirse que la verdadera discusión para avanzar a paso firme en la reforma penitenciaria es el tratamiento coordinado y fiscalizado de las causas estructurales de los problemas en las cárceles (hacinamiento y falta de medicinas). La solución no es sólo construir más penales y una buena administración (lo que por cierto, ya es bastante), por lo que temas como la sobrepenalización, las propuesta de las penas alternativas y la lentitud de los procesos judiciales (a lo que por cierto apunta la implementación del nuevo Código Procesal Penal) deben ser también considerados en la estrategia de reforma.

Como se puede ver, la solución de los problemas antes citados tiene que ver con una política legislativa que el sector privado no puede solucionar - a menos que privaticemos también el Congreso - sino que está en manos del Estado, por lo que la visión de la señora Fernandez - que parece ser la de Palacio - para dejar de lado su responsabilidad en el tema penitenciario sería, a todas luces, desacertada.

Así, el tema no pasa por si las cárceles se venden o concesionan o si algunos servicios se entregan a los privados, sino por una visión integral que considere dos tipos de elementos: los jurídicos, que están en manos del Estado, y los humanos, pues es necesario recordar que, cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de seres humanos, por más que hayan cometido crímenes que nos parezcan repulsivos.

Me pregunto ahora, ¿que diría Lanssiers si viera este debate?

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Para privatizar el sistema penitenciario es necesario saber que…
Laura Arroyo Gárate: Prisión privada, pero no dorada

Benedicto Jiménez Bacca, el otrora famoso policía por ser parte del equipo que capturó a Abimael Guzmán, ha caído totalmente en desgracia.

Y es que otra cosa no puede explicar su intempestiva renuncia de ayer a la Presidencia del INPE, cargo que apenas ocupó durante un mes.

Apenas hace dos días, juraba inocencia por su santa madre en Panorama. Ayer, a las 10 de la noche, María Zavala, su jefa, le aceptaba la renuncia.

Desde esta sencilla columna ya advertí de las incompetencias del denominado sheriff para el cargo: no contaba con un conocimiento en política penitenciaria, la inteligencia que alguna vez poseyó para ayudar a la captura del principal líder de Sendero Luminoso se le había fugado y, además, en plena campaña municipal, había aceptado que utilizó el chantaje para lograr su permanencia en la Policía Nacional.

Con todos esos antecedentes, María Zavala - especialista en nombrar nulidades o personajes cuestionados - lo puso en el cargo. Y el Presidente de la República lo presentó con rimbombancia.

Sin embargo, como lo predije ayer - una corazonada, afirmé -, Benedicto no pasó de esta semana. El diario El Comercio, que sólo publica denuncias cuando éstas están fehacientemente comprobadas, lo había puesto en la picota con los correos electrónicos que habría enviado a personas allegadas al narcotraficante Fernando Zevallos, alertándolo sobre la identidad de los dos policías que lo venían investigando, a los cuales, por cierto, el capo se encargó de hacerles la vida imposible.

Pero parece que la renuncia fue una “curación en salud” de lo que se le vino una hora después de su salida.

Un buen reportaje de Marco Sifuentes en La Ventana Indiscreta puso al descubierto los pecados presentes de Jiménez, como Presidente del INPE, aquellos que quería acallar con su denuncia. En realidad, se trata de la primera denuncia documentada de copamiento en una institución del Estado, producido en apenas un mes de gestión.

¿Que fue lo que se encontró?
- Una camioneta oficial utilizada por la esposa de Jiménez para sus asuntos personales.
- Consultorias a precios pingues pagadas a allegados y militantes apristas, autorizadas por el jefe de la Oficina Central de Administración, también militante aprista y candidato a regidor por La Victoria en la última elección municipal.
- El Director de Logística del INPE era Defensor Nacional del Voto Aprista para las elecciones regionales y municipales.
- Habían entrado como asesores del INPE personas vinculadas al entorno de campaña de Jiménez, sus propios abogados personales y la regidora metropolitana Ana María Oshiro.

Súmese a ellos a Manuel Aguilar Bermúdez. Como lo indiqué la semana pasada, Aguilar ha sido parte del Comité Electoral Ampliado del APRA para las elecciones de noviembre y actualmente postula a una plaza en el Tribunal Constitucional. El gran premio para él fue convertirse en Vicepresidente del INPE y, hasta que dure la vacancia en el puesto, en encargado de la Presidencia de dicha institución.

A un mes de la última crisis penitenciaria, vuelve a rondar la pregunta: ¿parche o reforma en serio? Luego de esta última experiencia, el gobierno deberá optar por la segunda de las respuestas, pues ya vimos los resultados que nos dio la primera.

MAS SOBRE EL TEMA:
Mauricio Mulder: Es pertinente renuncia de Jiménez.
RPP: Congresistas de oposición saludan renuncia de Jiménez.
Wilfredo Pedraza: Debe evaluarse con seriedad al sucesor de Jiménez.
Augusto Alvarez Rodrich: Los infiltrados.
Santiago Pedraglio: Es lo más adecuado.

Otra vez: narcotráfico y política, esa ecuación peligrosa.

En noviembre del 2006, publiqué un post titulado Pájaros de Alto Vuelo, en el que comenté sobre la relación entre el narcotráfico y la política en las elecciones municipales.

En aquella ocasión, se habían destapado los antecedentes de dos candidatos apristas con el narcotráfico:
1. José Humberto Chávez Peñaherrera, candidato a alcalde del distrito de Campanillla (San Martín) cuyo hermano Demetrio fue uno de los capos más importantes de la droga a inicios de los noventa, con el alias de Vaticano. Chávez Peñaherrera también ha sido investigado por el mismo delito.
2. Freddy Zubieta, candidato a alcalde para San Borja, quien había patrocinado narcotraficantes, a pesar que las normas partidarias para los abogados apristas prohiben defender casos de tráfico de drogas.

Pues bien, en las últimas semanas, se han descubierto una serie de casos en los que la prensa vuelve a documentar la relación entre la política y el narcotráfico, en tres sendos casos que comprometen de manera grave al sector Justicia.

El primero de ellos se refiere a Moises Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (es decir, jefe de los procuradores del Estado), yerno de Alberto Kouri y, hace algunos años, abogado de narcotraficantes, según propia confesión a la revista Caretas. Como lo ha comentado antes Marco Sifuentes en su blog, que la nuera y la hija de Tambini tenían vinculaciones legales (como abogada y notaria de sus documentos, respectivamente) con Aero Continente y Nuevo Continente, las empresas de fachada de las actividades delictivas de Fernando Zevallos, conocido narcotraficante, ya sentenciado.

A pesar de estos antecedentes, Tambini sigue inamovible en su cargo, gracias a su amistad con Alan García y su militancia en el partido de la estrella.

El segundo caso fue destapado por El Comercio hace dos semanas. El entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia, Francisco Peixoto, había sido abogado del narcotraficante Carlos Enrique Cárdenas Guzmán (a) “Mosquita Loca”, así como de otros 11 casos similares.

Pretendiendo durar en el cargo, María Zavala, la Ministra de Justicia, le pidió la renuncia a las horas que saliera publicada la noticia.

La tercera perla fue encontrada, nuevamente, por el decano. Esta era de calibre más serio. Benedicto Jiménez, cuyos antecedentes para ejercer el cargo de Presidente del INPE ya eran discutibles luego del confesado chantaje a Ketín Vidal para permanecer en la Policía Nacional, sería el autor de un correo electrónico en el cual informó a un allegado a Fernando Zevallos sobre la identidad de los dos policías que durante años le habían hecho seguimiento a sus actividades. El allegado era Alfredo Ross Antezana, pareja sentimental de Lupe Zevallos, ex Ministro de Transportes de Fujimori y ex embajador del Perú en Panamá. Jiménez lo conoció cuando se desempeñó como agregado policial en ese país.

Hasta el momento, Jiménez se encuentra semi-estable en su puesto, aunque ya son mayores las voces que reclaman su salida. Es una corazonada, pero creo que no pasa de esta semana.

La cereza sobre el pastel sobre este festival - menos puesto sobre la mesa que el tema de las compras estatales, pero, a mi modo de ver, más escandaloso - se suscita en el Ministerio del Interior. O, mejor dicho, estaría por presentarse. Según Caretas, José Abanto Verástegui es el principal asesor parlamentario del nuevo ministro, Luis Alva Castro, pero a la vez es gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes, tres de cuyos miembros han estado vinculados al narcotráfico. Abanto podría convertirse esta semana en el nuevo jefe de asesores del Ministerio del Interior, con todo lo peligroso que ello sería.

Es necesario advertir sobre estas relaciones poco santas que pueden afectar al gobierno. Ya anteriormente el Partido Aprista se vio afectado por dos sonados casos de narcotráfico en la década de 1980: Carlos Lamberg, financista de la campaña presidencial de Armando Villanueva del Campo, cuya caida provocó el ascenso de Alan García como líder del partido, y Miguel Angel del Pomar, diputado aprista que llevó un cargamento de droga a Alemania y que fue sentenciado por este caso.

Durante la década de 1990, Vladimiro Montesinos se encargó de convertirse en la aduana del narcotráfico en el Perú. Quien se alineaba con él - como aparentemente era el caso de Fernando Zevallos - podía operar tranquilo, mientras quien no le pagaba sus cupos - como Vaticano - era capturado y puesto en prisión. Es una veta de investigación en la que los periodistas y fiscales deberán indagar más.

El narcotráfico es uno de los mayores poderes corruptores en nuestro país. En un Estado tan centralizado como este, siempre va a buscar algún tipo de conexión con el poder político. Por ello, debemos tener los reflectores cercanos a esta peligrosa relación, aprovechada por unos y otros para fines ilícitos e incompatibles con el bienestar de todos los peruanos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Benedicto jura por su madre que es inocente.

Jorge del Castillo había comenzado de buena manera su gestión como Presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el protagonismo de su jefe y sus últimas intervenciones lo hacer parecer más cercano al personaje de los chistes célebres de los años ochenta antes que al político astuto y generalmente bien informado que es.

“La última de Jorgito” es su propuesta para la reapertura de los penales de Yanamayo y Challapalca, dos establecimientos establecidos en las alturas de Puno y Tacna, respectivamente, a fin de llevar allí a los reos de mayor peligrosidad.

Pero parece que alguien en la PCM tiene problemas de información sobre la situación de ambos penales.

Como lo ha informado el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, el Penal de Challapalca fue cerrado en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su clausura, por no cumplir con los estándares mínimos para la reculsión de internos.

El Informe de la CIDH, presenta, entre sus conclusiones, las siguientes:

“La Comisión ha verificado que por el contrario desde que se realizara en el año de 1998 la visita a ese penal, fue aumentado paulatinamente el número de personas recluidas en este centro carcelario, no obstante las difíciles condiciones de aislamiento por la distancia geográfica, la altura y el clima a que están sometidas las personas allí recluidas, reconociendo que para la fecha de aprobación de este informe, el Estado reportó que sólo permanecían allí cuarenta personas. Asimismo que a algunos detenidos se les ha infligido maltratos físicos y sicológicos que están prohibidos por la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Constitución y la legislación interna, que deben ser investigados y sancionados por las autoridades peruanas”.

“Que las condiciones de detención de las personas allí recluidas, originadas por la situación geográfica donde se encuentra ubicado el Penal de Challapalca, se convierten en un castigo adicional para ellos, sus familiares y para el personal del Instituto Penitenciario allí destacado, poniendo en peligro el derecho a la vida, violando la obligación de protección a la integridad personal y al derecho de una privación de la libertad en condiciones dignas y seguras, derechos consagrados en la Convención Americana y en los instrumentos internacionales que el Estado peruano se ha comprometido a cumplir y respetar”.

“Que tales condiciones se han hecho extensivas a los familiares de los reclusos de la Cárcel de Challapalca, a quienes no sólo se les dificulta su visita sino se les pone en riesgo en su salud. Que estas circunstancias impiden dar cumplimiento a los principios de resocialización y de tratamiento integral de la persona sujeta a detención, según los estándares internacionales aprobados por las Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, y adoptados por la legislación interna del Perú”.

En relación con Yanamayo, el penal no está clausurado. Lo que ocurre con el mismo es que es necesaria una reconstrucción dado que durante los últimos años del fujimorato los senderistas se apoderaron de esta cárcel y la canibalizaron. Y como el INPE no ha tenido los recursos para hacerlo, se tiene un penal funcionando a medias.

Mejor infórmese señor Primer Ministro antes de opinar. Gracias por darnos la chamba de hacerle las precisiones necesarias.

Ante la disyuntiva “el parche efectista o la reforma“, el Gobierno ha optado por lo primero, en relación con el tema penitenciario.

Es que otra cosa - además del premio consuelo por su frustrada aventura municipal - no puede explicar el nombramiento de Benedicto Jiménez como nuevo Presidente del INPE.

Todos sabemos que Jiménez fue un policía que contribuyó a la captura de Abimael Guzmán, cuestión que ha pretendido aprovechar en su novísima carrera política, sin mucho éxito que digamos. El ex policía y hoy militante aprista ha sido recompensado por su labor de bonzo en la elección municipal de hace 3 meses y medio.

Claro, además de los méritos que Jiménez tuvo en su carrera, no debe olvidarse un ominoso baldón que con todo desparpajo admitió en plena campaña electoral: un chantaje a sus superiores - léase Ketín Vidal - para poderse quedar en la institución.

El mensaje que quiere dar el gobierno es enfatizar en la seguridad en los penales, con miras meramente coyunturales. Por ello ponen a alguien con fama de experiencia en este tema, a fin de tenernos tranquilos y no hacer preguntas.

Sin embargo - y además de los peros que tenemos con la designación de Jímenez por el ya famoso chantaje - el gobierno nuevamente pierde la oportunidad de hacer algo con mayor horizonte en un sector importante. La carencia de miras y la necesidad de hacer algo para la tribuna nos esta llevando a la misma inactividad que con Toledo. Desde Palacio siguen sin enviarnos señales de que estamos ante “el cambio responsable“.

UPDATE: Alan acaba de confirmar el nombramiento. De acuerdo a lo señalado por la agencia ANDINA:

El presidente Alan García anunció esta tarde la designación del coronel (r) Benedicto Jiménez como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Preguntado sobre la entrega en concesión para la construcción de centros penitenciarios, dijo que es una posibilidad a aplicar en el país, sin embargo ello no significa “que vayamos a privatizar absolutamente el sistema carcelario”.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Benedicto Jiménez podría asumir jefatura del INPE.
Utero de Marita: La caída de Benedicto.
Archivo del Tercer Piso: Este Benedicto no es un Santo (14/09/2006).

La reciente renuncia de la competente Rosa Mavila a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha vuelto a poner de relieve el tema de las cárceles, en realidad, un tema que ha venido flotando en el ambiente con lo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro y con la reciente reyerta ocurrida en dicho penal, que dejó un muerto y varios heridos.

En realidad, el Perú ha carecido de una política penitenciaria desde hace varios años. Se sigue concibiendo la cárcel como un lugar donde depositamos la escoria de la sociedad, sin remedio, para que no nos haga daño, en lugar de pensar en rescatar a las personas que van allí. Por nuestra dejadez hemos convertido a los establecimientos penitenciarios en universidades del crímen, en prisiones doradas donde hay televisores de 34 pulgadas y te van a visitar vedettes, o en sitios donde el mínimo de dignidad humana está muy lejos de ser satisfecho.

Y es que aun un gran sector de la sociedad peruana sigue pensando que los internos no son personas, que son un costo más que debemos mantener a nuestras expensas, que sería mejor matarlos para no tenr que gastar en cuidar a gente que ya está perdida, que de todas maneras van a volver a delinquir.

Las cárceles peruanas mantienen ciertos estándares de calidad gracias a funcionarios como Rosa Mavila o, en su momento, Wilfredo Pedraza. Conocido fue el trabajo que el sacerdote Hubert Lanssiers hizo por los presos de las cárceles de Lima, labor que mantuvo hasta el día de su fallecimiento, en marzo del año pasado.

Pero la buena voluntad de las Mavila, los Pedraza y los Lanssiers no se puede sostener en el tiempo si es que no existe una política penitenciaria clara desde el Estado. Ello pasa, en primer lugar, por determinar cuál es la entidad encargada de custodiar las cárceles. Actualmente, tanto el INPE como la Policía se echan mutuamente la culpa de lo que ocurre allí, dado que se reparten en partes iguales la tarea de vigilar los establecimientos penales. Es necesario que una sóla entidad, con recursos y personal suficiente, se encargue de la conducción de os penales existentes.

Es necesario poner en funciuonamiento un tratamiento diferenciado entre los interno, tomar en consideración la dimensión de rehabilitación y mejorar las condiciones de la poblción penal en téminos de acceso a servicios básicos, prioritariamente, salud y alimentación.

Finalmente, es necesario poner en vigencia el Reglamento del Código de Ejecucíón Penal, a fin de precisar sus alcances y contenidos, otorgando a los operadores del sistema penitenciario lineamientos claros y precisos de actuación y a los usuarios del sistema un medio de fiscalización a fin de evitar violaciones a los derechos de los internos.

Para culminar, palabras de Hubert Lanssiers, para la reflexión de quien tenga en sus manos, luego de amainada la tormenta, la conducción de los penales:

“Ningún director gneral de penales, por más estimable que fuera ha tenido el ocio suficiente para soñar con una política penitenciaria, si entendemos la política como pretensión de organizar, de modo global, la vida de los hombres. No pudieron ocuparse de lo importante por tener que gastar sus energías en resolver lo urgente. Acosados por las exigencias justificadas y contradictoras de su personal, de los presos, de sus ministros y, cuando corría sangre en la pampa, de los periodistas, vivían en una pesadilla perpetua, una especie de rock diabólio con rayos y truenos. No era precisamente el ambiente bucólico deseable para auscultar los árboles sin perder de vista que pertenecen a un bosque.

Nada funciona en nuestras cárceles, se han cuajado en una especie de inmovilismo glatinoso. No surgen grandes designios que puedan movilizar las imaginaciones y la energía y, cuando se dan, quedan atrapados en la telaraña de la inercia administrativa, de la falt de recursos, de la resignación, espesa, agónica”.

¿Romperemos ese círculo vicioso?