Desde el Tercer Piso

Durante las dos primeras semanas de febrero, el futuro del sistema penitenciario peruano - sin que haya mucha bulla de por medio. ha comenzado a agitarse y provocó una nueva crisis de liderazgo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hace un año, en este blog hicimos notar la necesidad de contar con una política penitenciaria que fuera efectiva y coherente con los preceptos constitucionales. Ciertamente, y tal como lo ha mencionado Laura Arroyo Gárate en otro articulo sobre este tema, a mucha gente le importa poco lo que pase con las personas que se encuentran en prisión - justamente porque, en el imaginario de muchos, se deja de ser persona por cometer un delito -, pero es responsabilidad del Estado velar porque la situación de aquellas personas a las que privó de la libertad en mérito de una sanción penal mejore. Y para ello, era necesario que asuma su responsabilidad.

Ello pasaba - y pasa aún - por tres medidas claras: definir cual es el ente que se hará cargo del sistema penitenciario (hasta hoy el INPE y la Policía comparten dicha responsabilidad), establecer un régimen de mejora de la calidad de vida y condiciones de rehabilitación de los internos y, finalmente, implementar el Código de Ejecución Penal, para poder fiscalizar cualquier posible abuso y contar con las herramientas legales para manejar cualquier disturbio del orden dentro de cada establecimiento penal.

Pero esto no ha sido prioridad para un gobierno que ha tenido 4 jefes del INPE en menos de cuatro años y que no ha podido establecer una política coherente en esta materia.

Por el contrario, parece que la salida se encuentra en evadir responsabilidades y trasladarlas al sector privado.

Volvamos a lo ocurrido este mes. La Ministra de Justicia Rosario Fernández y el entonces presidente del INPE Gustavo Carrión han discrepado sobre un asunto que parece ser hasta hoy poco claro: la tercerización o privatización de las cárceles. La primera de ellas parecería ser una medida adecuada para acabar con ciertos defectos de gestión en temas como la alimentación. La segunda implica que el sector privado se haga cargo del control de los penales, medida que ya algunos han planteado para la construcción de nuevos establecimientos.

La falta de claridad en el MINJUS sobre este tema y los conflictos sobre este tema han motivado la renuncia de Carrión y su reemplazo por quien fuera su vicepresidente, Leonardo Caparrós, quien tampoco parece tener claro que es lo que su jefa desea tener como modelo carcelario.

Sin duda, la medida causa polémica. De un lado, hay quienes consideran per se que el sector privado es un mejor gestor que el Estado, por lo que sería una buena idea ir hacia un modelo donde el Estado no tenga esta responsabilidad. De otro lado, las alergias a la palabra privatización aparecen cuando pueden haber posibles intereses en curso o cuando se ven experiencias donde la intervención privada no ha sido eficiente, como en el caso de FORSUR.

Sin embargo, creo que se pierde el tema de fondo. Como lo ha señalado el Consorcio Justicia Viva:

Puede decirse que la verdadera discusión para avanzar a paso firme en la reforma penitenciaria es el tratamiento coordinado y fiscalizado de las causas estructurales de los problemas en las cárceles (hacinamiento y falta de medicinas). La solución no es sólo construir más penales y una buena administración (lo que por cierto, ya es bastante), por lo que temas como la sobrepenalización, las propuesta de las penas alternativas y la lentitud de los procesos judiciales (a lo que por cierto apunta la implementación del nuevo Código Procesal Penal) deben ser también considerados en la estrategia de reforma.

Como se puede ver, la solución de los problemas antes citados tiene que ver con una política legislativa que el sector privado no puede solucionar - a menos que privaticemos también el Congreso - sino que está en manos del Estado, por lo que la visión de la señora Fernandez - que parece ser la de Palacio - para dejar de lado su responsabilidad en el tema penitenciario sería, a todas luces, desacertada.

Así, el tema no pasa por si las cárceles se venden o concesionan o si algunos servicios se entregan a los privados, sino por una visión integral que considere dos tipos de elementos: los jurídicos, que están en manos del Estado, y los humanos, pues es necesario recordar que, cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de seres humanos, por más que hayan cometido crímenes que nos parezcan repulsivos.

Me pregunto ahora, ¿que diría Lanssiers si viera este debate?

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Para privatizar el sistema penitenciario es necesario saber que…
Laura Arroyo Gárate: Prisión privada, pero no dorada

Jorge del Castillo había comenzado de buena manera su gestión como Presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, el protagonismo de su jefe y sus últimas intervenciones lo hacer parecer más cercano al personaje de los chistes célebres de los años ochenta antes que al político astuto y generalmente bien informado que es.

“La última de Jorgito” es su propuesta para la reapertura de los penales de Yanamayo y Challapalca, dos establecimientos establecidos en las alturas de Puno y Tacna, respectivamente, a fin de llevar allí a los reos de mayor peligrosidad.

Pero parece que alguien en la PCM tiene problemas de información sobre la situación de ambos penales.

Como lo ha informado el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila, el Penal de Challapalca fue cerrado en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su clausura, por no cumplir con los estándares mínimos para la reculsión de internos.

El Informe de la CIDH, presenta, entre sus conclusiones, las siguientes:

“La Comisión ha verificado que por el contrario desde que se realizara en el año de 1998 la visita a ese penal, fue aumentado paulatinamente el número de personas recluidas en este centro carcelario, no obstante las difíciles condiciones de aislamiento por la distancia geográfica, la altura y el clima a que están sometidas las personas allí recluidas, reconociendo que para la fecha de aprobación de este informe, el Estado reportó que sólo permanecían allí cuarenta personas. Asimismo que a algunos detenidos se les ha infligido maltratos físicos y sicológicos que están prohibidos por la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Constitución y la legislación interna, que deben ser investigados y sancionados por las autoridades peruanas”.

“Que las condiciones de detención de las personas allí recluidas, originadas por la situación geográfica donde se encuentra ubicado el Penal de Challapalca, se convierten en un castigo adicional para ellos, sus familiares y para el personal del Instituto Penitenciario allí destacado, poniendo en peligro el derecho a la vida, violando la obligación de protección a la integridad personal y al derecho de una privación de la libertad en condiciones dignas y seguras, derechos consagrados en la Convención Americana y en los instrumentos internacionales que el Estado peruano se ha comprometido a cumplir y respetar”.

“Que tales condiciones se han hecho extensivas a los familiares de los reclusos de la Cárcel de Challapalca, a quienes no sólo se les dificulta su visita sino se les pone en riesgo en su salud. Que estas circunstancias impiden dar cumplimiento a los principios de resocialización y de tratamiento integral de la persona sujeta a detención, según los estándares internacionales aprobados por las Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, y adoptados por la legislación interna del Perú”.

En relación con Yanamayo, el penal no está clausurado. Lo que ocurre con el mismo es que es necesaria una reconstrucción dado que durante los últimos años del fujimorato los senderistas se apoderaron de esta cárcel y la canibalizaron. Y como el INPE no ha tenido los recursos para hacerlo, se tiene un penal funcionando a medias.

Mejor infórmese señor Primer Ministro antes de opinar. Gracias por darnos la chamba de hacerle las precisiones necesarias.

Ante la disyuntiva “el parche efectista o la reforma“, el Gobierno ha optado por lo primero, en relación con el tema penitenciario.

Es que otra cosa - además del premio consuelo por su frustrada aventura municipal - no puede explicar el nombramiento de Benedicto Jiménez como nuevo Presidente del INPE.

Todos sabemos que Jiménez fue un policía que contribuyó a la captura de Abimael Guzmán, cuestión que ha pretendido aprovechar en su novísima carrera política, sin mucho éxito que digamos. El ex policía y hoy militante aprista ha sido recompensado por su labor de bonzo en la elección municipal de hace 3 meses y medio.

Claro, además de los méritos que Jiménez tuvo en su carrera, no debe olvidarse un ominoso baldón que con todo desparpajo admitió en plena campaña electoral: un chantaje a sus superiores - léase Ketín Vidal - para poderse quedar en la institución.

El mensaje que quiere dar el gobierno es enfatizar en la seguridad en los penales, con miras meramente coyunturales. Por ello ponen a alguien con fama de experiencia en este tema, a fin de tenernos tranquilos y no hacer preguntas.

Sin embargo - y además de los peros que tenemos con la designación de Jímenez por el ya famoso chantaje - el gobierno nuevamente pierde la oportunidad de hacer algo con mayor horizonte en un sector importante. La carencia de miras y la necesidad de hacer algo para la tribuna nos esta llevando a la misma inactividad que con Toledo. Desde Palacio siguen sin enviarnos señales de que estamos ante “el cambio responsable“.

UPDATE: Alan acaba de confirmar el nombramiento. De acuerdo a lo señalado por la agencia ANDINA:

El presidente Alan García anunció esta tarde la designación del coronel (r) Benedicto Jiménez como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Preguntado sobre la entrega en concesión para la construcción de centros penitenciarios, dijo que es una posibilidad a aplicar en el país, sin embargo ello no significa “que vayamos a privatizar absolutamente el sistema carcelario”.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Benedicto Jiménez podría asumir jefatura del INPE.
Utero de Marita: La caída de Benedicto.
Archivo del Tercer Piso: Este Benedicto no es un Santo (14/09/2006).

La reciente renuncia de la competente Rosa Mavila a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha vuelto a poner de relieve el tema de las cárceles, en realidad, un tema que ha venido flotando en el ambiente con lo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro y con la reciente reyerta ocurrida en dicho penal, que dejó un muerto y varios heridos.

En realidad, el Perú ha carecido de una política penitenciaria desde hace varios años. Se sigue concibiendo la cárcel como un lugar donde depositamos la escoria de la sociedad, sin remedio, para que no nos haga daño, en lugar de pensar en rescatar a las personas que van allí. Por nuestra dejadez hemos convertido a los establecimientos penitenciarios en universidades del crímen, en prisiones doradas donde hay televisores de 34 pulgadas y te van a visitar vedettes, o en sitios donde el mínimo de dignidad humana está muy lejos de ser satisfecho.

Y es que aun un gran sector de la sociedad peruana sigue pensando que los internos no son personas, que son un costo más que debemos mantener a nuestras expensas, que sería mejor matarlos para no tenr que gastar en cuidar a gente que ya está perdida, que de todas maneras van a volver a delinquir.

Las cárceles peruanas mantienen ciertos estándares de calidad gracias a funcionarios como Rosa Mavila o, en su momento, Wilfredo Pedraza. Conocido fue el trabajo que el sacerdote Hubert Lanssiers hizo por los presos de las cárceles de Lima, labor que mantuvo hasta el día de su fallecimiento, en marzo del año pasado.

Pero la buena voluntad de las Mavila, los Pedraza y los Lanssiers no se puede sostener en el tiempo si es que no existe una política penitenciaria clara desde el Estado. Ello pasa, en primer lugar, por determinar cuál es la entidad encargada de custodiar las cárceles. Actualmente, tanto el INPE como la Policía se echan mutuamente la culpa de lo que ocurre allí, dado que se reparten en partes iguales la tarea de vigilar los establecimientos penales. Es necesario que una sóla entidad, con recursos y personal suficiente, se encargue de la conducción de os penales existentes.

Es necesario poner en funciuonamiento un tratamiento diferenciado entre los interno, tomar en consideración la dimensión de rehabilitación y mejorar las condiciones de la poblción penal en téminos de acceso a servicios básicos, prioritariamente, salud y alimentación.

Finalmente, es necesario poner en vigencia el Reglamento del Código de Ejecucíón Penal, a fin de precisar sus alcances y contenidos, otorgando a los operadores del sistema penitenciario lineamientos claros y precisos de actuación y a los usuarios del sistema un medio de fiscalización a fin de evitar violaciones a los derechos de los internos.

Para culminar, palabras de Hubert Lanssiers, para la reflexión de quien tenga en sus manos, luego de amainada la tormenta, la conducción de los penales:

“Ningún director gneral de penales, por más estimable que fuera ha tenido el ocio suficiente para soñar con una política penitenciaria, si entendemos la política como pretensión de organizar, de modo global, la vida de los hombres. No pudieron ocuparse de lo importante por tener que gastar sus energías en resolver lo urgente. Acosados por las exigencias justificadas y contradictoras de su personal, de los presos, de sus ministros y, cuando corría sangre en la pampa, de los periodistas, vivían en una pesadilla perpetua, una especie de rock diabólio con rayos y truenos. No era precisamente el ambiente bucólico deseable para auscultar los árboles sin perder de vista que pertenecen a un bosque.

Nada funciona en nuestras cárceles, se han cuajado en una especie de inmovilismo glatinoso. No surgen grandes designios que puedan movilizar las imaginaciones y la energía y, cuando se dan, quedan atrapados en la telaraña de la inercia administrativa, de la falt de recursos, de la resignación, espesa, agónica”.

¿Romperemos ese círculo vicioso?