Hace unas cuantas semanas, me encontraba leyendo un libro sobre comisiones de la verdad y, en la sección referida a cuáles deberían ser los objetivos de este grupo de trabajo, encontré una definición que me pareció certera, dada por Michael Ignatieff: “El pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, al igual que la de los historiadores honestos, no es más que la de refinar dicho argumento, la de reducir el abanico posible de mentiras”.
Por ello, cuando la investigación se hace bien en sus matrices generales, las críticas se centrarán, sobre todo, en la defensa de los responsables de violaciones de derechos humanos o en señalar que existe un sesgo en las investigaciones. Lo que tampoco puede hacerse es quedarse solo con esa versión y dejar de investigar. Por ejemplo, durante el proceso a Fujimori, lo hallado por la CVR solo fue una parte - sustancial sobre todo en las cuestiones de contexto - de todo un cúmulo de pruebas que fueron más allá y que fundamentaron adecuadamente la responsabilidad penal del ex presidente.
Pero, ¿qué pasa cuando la investigación se realiza definitivamente mal? Un ejemplo de ello, sin ser propiamente una comisión de la verdad, es lo ocurrido con la Comisión Investigadora de los sucesos de Bagua. La semana pasada hemos reseñado los defectos de su informe final, que se resumen en una poco exahustiva investigación de los hechos, carencias metodológicas y hasta plagio de blogs.
Al no existir una buena investigación, lo que se da paso es, nuevamente, a lo que hemos venido teniendo en estos meses: una batalla ideológica sobre lo ocurrido en Bagua. Y esa batalla es dada por los sectores que se encuentran en los extremos económicos: quienes consideran que lo ocurrido demuestra la falla final del mercado en el Perú y que, por tanto, es necesario ir hacia otro modelo más intervencionista, y quienes están a favor de un libre mercado a ultranza, sin importar las consecuencias políticas y sociales de las decisiones que se tomen. Lo curioso es que ambos extremos se terminan pareciendo.
Para comenzar, en ambos lados no se reconoce a todas las víctimas de los trágicos hechos del 5 de junio de 2009. Mientras que el Presidente de la República solo habla de los policías victimados, sin hacer referencia alguna a los civiles muertos, desde el otro lado, se insiste en la tesis que hubo un genocidio de nativos, sin que se reconozca la muerte de los policías.
Ello lleva a dos consecuencias más: la caricaturización del opositor y la lavada de manos sobre las responsabilidades. De un lado, se echa la culpa de lo ocurrido a un conjunto variado de “azuzadores” (congresistas nacionalistas, ong’s, sacerdotes) y se minimiza que hubo excesos en la actuación policial. Del otro, el único responsable es el gobierno y no se tiene en cuenta que hubo policías que fueron asesinados por los miembros de las comunidades amazónicas que estaban bloqueando la carretera o tomando la Estación 6. Se termina recurriendo, en el fondo, a las dos caras del mito del “buen salvaje”: o es incapaz de protestar por sí mismo que termina siendo llevado de la mano por un conjunto de azuzadores o es tan bueno que no puede haber sido capaz de asesinar a los agentes del orden. En ambos casos, se cae en un paternalismo inaceptable.
Finalmente, se terminan proponiendo salidas desde fuera al conflicto. En un lado, el epítome es el tan mentado documental de Hernando de Soto, mencionado por comentaristas como Jaime de Althaus como única solución a lo ocurrido en la selva. Del otro, se considera per se que estamos ante una “revolución anti capitalista” y que lo que queda como única salida es cambiar el modelo económico, donde la lucha amazónica es solo la primera etapa. Ambas salidas se olvidan que lo que originó este problema fue la inexistencia de un mecanismo de consulta de normas que afectaran a las comunidades, lo que hacía a las mismas, per se, inconstitucionales. La valoración sobre si eran buenas o no es parte de un debate nacional que deberá producirse, sobre todo, ahora que se propongan alternativas normativas sobre la materia.
Así, quedan en el medio tres cuestiones:
1. El esclarecimiento de los sucesos de Bagua en su conjunto, valorando por igual la vida de los 34 fallecidos y procurando esclarecer el paradero del desaparecido mayor Felipe Bazán, así como establecer si es que existieron más nativos fallecidos en la protesta.
2. Un mejor manejo político de las protestas, lo que implica diálogo, explicación de propuestas y no satanización de las mismas, ni de un lado ni del otro.
3. Un amplio debate sobre el modelo de desarrollo en el país, que, partiendo del mercado, tenga en cuenta a otras formas de propiedad que no sean la privada.
Y ello implica, por supuesto, que las comunidades amazónicas participen y que nadie, de un lado ni de otro, procure irrogarse su representación en nombre de determinado modelo o concepción del mundo.
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