Pocas campañas electorales merecieron tanta cobertura como la de 1990. Y es que en la misma confluyeron varios eventos: el triunfo sorpresivo de un outsider que luego devino en dictador, la derrota de uno de los peruanos más ilustres del país, la existencia de nuevas ideas sobre la economía, el quiebre de la izquierda y una gran cantidad de candidatos al Congreso entre ilustres peruanos y nuevas figuras. La bibliografía es abundante en estilos, hechos y concepciones.
Y basta una revisión de estos libros para darnos cuenta del papel que en esa campaña cumplió Alan García Pérez, presidente de la República saliente en ese entonces (y ahora también). De acuerdo con todas las versiones, García tuvo un papel activo toda la campaña: no apoyó directamente a Luis Alva Castro para poder él ser líder de la oposición y tentar un retorno en 1995, utilizó al servicio de inteligencia para hacer encuestas, hizo abierta guerra sucia contra Mario Vargas Llosa y luego apoyó a Alfonso Barrantes primero y a Alberto Fujimori despues.
Tan evidente fue esto que, el año pasado, en una reunión de empresario, el Presidente de la República hizo esta confesión de parte:
El tema es que Alan cree volver a hacer el cuento y parece estar en campaña. El sábado, en medio de la resaca del Año Nuevo, se fue a RPP para que un complaciente Raúl Vargas le hiciera una “entrevista” sobre su pensamiento acerca del país y de la campaña electoral. Además de cometer el error de señalar que el outsider era aprista (Ciencia Política 101, no puede haber outsider que venga del partido más institucionalizado del país), habló de una encuesta propia con una base de 27,000 personas en la que tendría algunos resultados distintos a las que dan las demas empresas encuestadoras.
Fernando Tuesta ha cuestionado la declaración presidencial con argumentos bastante valederos:
Si el presidente García nos está diciendo la verdad, estamos ante un tema preocupante:
1) Encuestar a 27 mil personas, implicaría un gasto astronómico, innecesario e ineficaz a la vez. El costo no bajaría de 120 mil dólares.
2) Esta cifra hubiera obligado al gobierno a realizar una licitación pública, que no se hizo.
3) ¿Quién realizó el gasto? la PCM, Despacho Presidencial o qué entidad pública? quién hizo los términos de referencia? se hizo por adjudicación directa? quién dio la conformidad de servicios? está colgada toda la información en el SEACE? Es decir, cómo así se hizo uso de no pocos recursos públicos, para que sólo el presidente tenga información sobre “intención de voto”?.
4) Quién hizo el trabajo? qué empresa o institución hizo un trabajo tan oneroso, como delicado? quiénes fueron invitados a participar? la empresa está afiliada a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM)? o alguien ha sido favorecido?
5) Cuál es la metodología del trabajo, la muestra, el cuestionario? No es acaso el presidente García un crítico severo, como muchos políticos, de las encuestas de intención de voto, como para dejar de ofrecer esta información necesaria para todos?
6) Aplicar una encuesta a 1,200 personas a nivel nacional es una cifra estándar y de por sí costosa. Una de 27 mil, es inusual e innecesaria. Ni en EEUU se hacen encuestas de esa cantidad. Justamente, los sondeos de opinión se hicieron famosos, desde 1936, porque con un número reducido de entrevistados se puede aproximar -a través de adecuados métodos estadísticos-, a diferentes temas de la opinión pública. Para eso existe la estadística y la ley de los grandes números, para inferir y proyectar resultados confiables. Un incremento significativo en la cantidad de encuestados, no reduce el margen de error en la misma proporción.
7) Por un tema de transparencia el gobierno debió colgar el resultado del estudio, como ocurre obligatoriamente en la administración pública y no ser un informe reservado para el presidente de la república, puesto que su naturaleza no lo exige. Esta práctica va en contra de la política de transparencia y neutralidad que ofrece el primer ministro. Sólo así podemos saber los ciudadanos, quién, cómo y porqué se hizo el dichoso trabajo.
Un gobierno puede hacer uso de los instrumentos, como una encuesta, para indagar sobre temas que tienen que ver con políticas públicas, no sobre intención de voto. Con mayor razón si su partido, el Apra, es parte interesada en el tema. Alan García habló como presidente de la república, no como jefe de su partido, por lo que no puede utilizar recursos públicos.
9) El presidente de la república, no puede ofrecer resultados de un sondeo de intención de voto, pues bajo este antecedente podría hacerlo en toda la campaña electoral, sin límites.
10) Nadie puede ofrecer resultados a través de un medio de comunicación, sin estar inscrito en el registro del JNE, tal como señala la ley y el reglamento de dicha institución. Cada vez que una empresa o universidad realiza un sondeo de opinión de intención de voto, debe enviar, entre otras exigencias, la ficha técnica del trabajo. Estas normas no pueden ser eludidas, a costa de violarlas. En otras palabras, a los tres días, deben de enviarse el informe al JNE y, de esta manera también, convertirse en documento público de acceso para todos. Si no se hace, el JNE debe exigirlos.
Más que gastar en encuestas (hasta ahora, nadie en el gobierno responde a las preguntas de Tuesta) y meterse en la campaña, el Presidente - que lo es de todos los peruanos - debería dejar los cálculos políticos (es público que quiere volver el 2016) y olvidar su rol de 1990. Por una sola vez, ¿se preocupará de no ver algo que no sea su ego político? Desde aquí, estaremos vigilando.
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