Desde el Tercer Piso

Algunas personas han atacado el Informe Final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua por considerar que lo que se quiere es encubrir una masacre o un genocidio. Este es un falso punto de partida. Existe una definición técnica de lo que es genocidio que no encaja en lo ocurrido el 5 de junio de 2009. Y, dada la implicancia penal del término, no se puede hablar alegremente de la ocurrencia del mismo, ni tampoco de la existencia de miles o cientos de fallecidos.

Ello tampoco me pone del lado de la versión del gobierno. Decir que sólo los azuzadores fueron los causantes de lo ocurrido o que todo fue producto de una conspiración, equivale a negar los errores del gobierno en toda su dimensión, que existieron y fueron bastante fuertes.

De allí que, luego de revisar el Informe presentado la semana pasada y las opiniones sobre el mismo, a mi modo de ver, hay varios graves errores en este documento.

1. EL INFORME NO ACLARA LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO NI TOMA EN CUENTA VARIOS TESTIMONIOS

Si el informe tenía por principal motivo esclarecer lo ocurido en Bagua, dicho objetivo no se cumplió. Jacqueline Fowks ha registrado varias de las fallas en este sentido:

Lo más grave del informe final es reiterar la idea de que los policías no iniciaron el ataque la mañana del 5 de junio y que los nativos -que tomaron la carretera Fernando Belaunde exigiendo la derogatoria de decretos- fueron manipulados por intereses ’subalternos’ de ronderos, el Sutep, congresistas nacionalistas, actores internacionales y por religiosos.

En una entrevista con la religiosa Gómez Calleja, reclamó que testimonios clave recogidos por la Comisión no hubieran sido tenidos en cuenta para la versión final, como por ejemplo el de Lucio Roca, quien ayudó a cargar el primer muerto del 5 de junio, por un disparo de la PNP.

El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.

Por ejemplo, indican que un par de comunicadores belgas de Catapa incitaron a los manifestantes a tomar medidas radicales en la Estación 6 (antes del 5 de junio) pero no sustentan dicha afirmación en un testimonio, grabación o documento (p. 42).

El documento es exhaustivo en recoger ciertas declaraciones pero, por ejemplo, no consigna las palabras del presidente García cuando hizo la distinción de peruanos de segunda categoría en alusión a la población que rechazaba los decretos legislativos.

El señalamiento a la supuesta responsabilidad del Sutep en la radicalización de la protesta en la selva tampoco es demostrado, el documento sólo indica que una gran cantidad de manifestantes de la Curva del Diablo eran profesores.

2. METODOLOGICAMENTE, EL INFORME TIENE VARIOS ERRORES:

Los errores en este sentido son los siguientes:

a) Carencia de fuentes que corroboren la información colocada sobre los Ajawun Wampis.

b) Errores ortográficos y de fondo inadmisibles en un informe de este tipo. Fowks ha señalado algunos de ellos:

Por ejemplo, se refieren a un grupo ‘piromashco’ que no existe (sino mashcopiro), al grupo esheja (que debe ser ese’eja p. 9), nativos en asilamiento voluntario (en vez de aislamiento p. 37), la comunidad de Yamakaya (que es Yamakayat), indígenas kichuas y achuas (que debe ser achuar p. 65), la vase del Ejército (p. 61).

c) No se presenta ordenadamente la información en relación a los sucesos del 5 de junio de 2009. Tampoco se ha tomado en cuenta, además de los testimonios presentados (que tampoco fueron todos tomados en consideración), investigaciones periodísticas serias hechas sobre la materia, como las hechas por Gustavo Gorriti y por el Instituto de Defensa Legal.

d) Una parte del informe se ha hecho a la ligera. De acuerdo con el blogger Iván Herrera Gálvez, la cronología expuesta en el Informe Final de Bagua y la colocada en el blog Indigena Protesta Perú, presentan varias similtudes, pero borrando partes que no comprometen al gobierno (vía Servindi):

Saltan a la vista varios textos iguales, tanto en la secuencia de datos como en la redacción, a partir del 6 de junio en adelante ambas son prácticamente la misma cronología, algunos hechos son añadidos y otro presentan pequeñas correcciones de nombres, fechas y algunas palabras en la redacción.

La copia y edición es obvia, hecho que revela la falta de seriedad, improvisación y apuro de la comisión en la elaboración de dicho informe. También es obvia la manipulación de información para librar de responsabilidades al gobierno.

Algunos hechos que aparecen en la cronología original pero que no han sido puestos en el informe de la comisión:

5 de diciembre de 2008:

- El ministro del ambiente, Antonio Brack en una entrevista para una radio holandesa afirmó que quienes se oponen a las empresas petroleras “son unos cuantos” y que sólo hacen “bulla” cuando salen a las calles a defender sus derechos. Esto causa indignación entre la población de las comunidades amazónicas.

Los hechos del 4 y 5 de junio son totalmente diferentes en las dos cronologías, la del blog recoge testimonios sobre matanzas de gran número de indígenas, cadáveres quemados y arrojados al río por la policía, testimonio de periodistas belgas, disparos de la policía contra la población civil en Bagua, etc. Hechos que poco se mencionan en la cronología de la comisión.

16 de junio de 2009:

- Apristas crean una organización campesina-nativa paralela.

19 de junio de 2009:

- Trasladan de manera irregular a 18 internos del penal de Bagua Grande al de Chachapoyas en la fecha de llegada del relator de la ONU James Anaya. Los detenidos trasladados tenían signos de haber sido golpeados después de su detención.

- Relator de la ONU, exige una investigación axhaustiva e independiente de lo ocurrido en Bagua, así como la reevaluación de las acusaciones contra los dirigentes indígenas.

20 de junio de 2009:

- Representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) constatan en Bagua, violaciones a los derechos humanos de la población nativa.

28 dejunio de 2009:

- Denuncian interrogatorios irregulares a detenidos en Bagua que se vienen recuperando de lesiones.

7 de agosto de 2009:

- La Fiscal Marleni Rojas denuncia ante el Poder Judicial a dos generales, dos coroneles, cuatro comandantes, tres mayores, cuatro capitanes y un teniente, todos de la Policía Nacional, como responsables de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en las modalidades de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, de un largo número de nativos y civiles de la provincia que resultaron víctimas de los sangrientos hechos ocurridos el 5 de junio de este año.

La comisión no pone la fuente de su cronología, sólo afirma que es un “recuento de información divulgada por los medios”. Esta es una prueba más de que este informe también fue hecho “al champazo”, para salir del papelón que hicieron con el borrador anterior que se filtró a la prensa y que ahora pretenden desconocer.

3. EL TEMA DE LAS RESPONSABILIDADES:

Las mismas han sido presentadas parcialmente y de modo incompleto, aunque tampoco se puede decir que no existieron agendas más allá de las meramente revindicativas de derechos.

A pesar de ello, Carlos Melendez tiene una lectura sobre como esta indeterminación es síntoma de como se presentan los conflictos sociales en el país y no deben ser usadas por el gobierno para atacar (que es algo que ya el Presidente ha estado haciendo):

Ya no es un secreto la debilidad orgánica de las representaciones sociales. No existe partido, sindicato, gremio, organización social que tenga una estructura interna con liderazgos claros y canales de comunicación efectivos entre sus dirigencias y sus bases. La imprecisión con la que se indica a los actores (“ronderos, reservistas”) da cuenta de demandas particularistas, de una sociedad fragmentada, y de la ausencia de liderazgos responsables y legítimos que den la cara antes y después, capaces de movilizar a las masas, pero también de controlarlas pacíficamente. En el caso de Bagua específicamente había una desconexión absoluta entre las mesas de negociaciones en Lima y la población movilizada en la Curva del Diablo. La propia dirigencia local de AIDESEP prácticamente abandonó el liderazgo de la movilización cuando ésta se desbordaba. La suerte de los manifestantes en Bagua –más allá de esfuerzos individuales como el de Manuin- quedaba en manos de improvisados dirigentes locales sin un norte político más allá que la consignas violentistas. Sin embargo, sería parcializado dejar el diagnóstico entre los actores presentes e identificados superficialmente. Pensemos también en los ausentes: en los congresistas oficialistas, en los gobernadores y tenientes gobernadores, en los militantes y dirigentes locales del partido “más organizado del país” (APRA).

Sabemos que nuestros congresistas tienen un débil arraigo en la sociedad. Entonces, ¿por qué creer que tienen una gran influencia sobre los manifestantes? Sabemos que las organizaciones que se arrogan la representación de las demandas movilizadas no tienen capacidad de control sobre las poblaciones locales que protestan. ¿Por qué creer que las negociaciones en una mesa en Lima van a solucionar completamente los requerimientos? Y finalmente, si ya sabemos que la ciudadanía es tan sensible a “azuzadores”, ¿por qué no movilizar a los cuadros políticos oficialistas a contrarrestar a los denominados “violentistas”? Sería absurdo utilizar las conclusiones del Informe Bagua políticamente, cuando debería alertar a los actores presentes y ausentes en su responsabilidad democrática para que estos hechos no vuelvan a suceder.

Mi opinión es que, más que azuzadores, como presenta el informe erroneamente, en Bagua confluyeron varias agendas propias, además de liderazgos con actuación limitada tanto en Lima como dentro de su propia zona. Esa desconexión fue una de las causantes de los trágicos sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009. Y, como Melendez sostiene, también es cierto que el gobierno y su partido no tuvieron presencia en la región, haciendo lo que les corresponde: trabajo político. (Lo mismo, por cierto, que sí hacian los nacionalistas).

El otro problema es que tampoco hablaron de la responsabilidad de la actual Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araoz. La entonces titular de Comercio Exterior y Turismo defendió a rajatabla los controvertidos Decretos Legislativos, señalando que los mismos afectarían el TLC suscrito con Estados Unidos. Y al igual que no se dijo nada sobre esta declaración, tampoco se vio que la nada caviar Apoyo Consultoría señalaba lo siguiente sobre la derogatoria de los Decretos Legislativos:

La derogatoria de los DL cuestionados no debería poner en riesgo la vigencia del TLC Perú-EEUU en el corto plazo.

El TLC Perú-EEUU incorpora ciertas flexibilidades basadas en la mutua comprensión y la buena fe de ambos países. Según fuentes oficiales consultadas, la US Trade Representative (USTR), organismo estadounidense encargado del monitoreo del acuerdo, le informó al Mincetur su disposición a no tomar medidas inmediatas que pongan en riesgo la vigencia del TLC. Esto supone que el Gobierno peruano trabajará con celeridad -en la medida de lo posible- para aprobar una nueva legislación más consensuada con la posición de las comunidades amazónicas. Mientras tanto, la derogatoria de los DL 1090 y 1064 pone en vigencia las leyes 27308 y 26505.

En primera instancia, las principales críticas a los DL referidos no deberían entrar en conflicto con los compromisos asumidos por el Perú en el marco del TLC con EEUU. En el aspecto medioambiental, los principales cuestionamientos de EEUU durante el proceso de negociación del acuerdo estuvieron relacionados con el control y sanción de la tala ilegal, un aspecto en el que se debería contar con el apoyo de las comunidades indígenas. Más aún, Chile, país que tiene un TLC con EEUU también en vigencia, se encuentra en pleno debate interno de cómo adaptarse al mismo Convenio 169 de la OIT. Las principales críticas empresariales chilenas se han concentrado en el riesgo de que las leyes finalmente aprobadas se conviertan en un obstáculo para la promoción de la inversión pero no en un riesgo para la vigencia del TLC Chile-EEUU.

Un marco legal consensuado que incorpore a las comunidades de la Amazonía resulta clave para darle condiciones más estables a la inversión en la zona y para revertir cierta imagen negativa del país generada durante los últimos días.

La incorporación de las comunidades directamente afectadas por las leyes en cuestión en el debate no tiene por qué representar un retroceso en el marco de promoción de la inversión privada. Por ejemplo, en el caso de la adecuación chilena al Convenio 169 de la OIT, se está proponiendo la creación de un consejo consultivo que represente al pueblo indígena frente a los proyectos de inversión que se realicen en sus tierras. Este consejo, sin embargo, no tendría derecho a veto, es decir, no podría bloquear de facto la inversión. Otro detalle que se evalúa en el caso chileno es que “en la medida de lo posible” existan beneficios para el pueblo indígena ante proyectos de inversión relevantes. En varios casos, estos beneficios ya son aplicados por las empresas que operan en el Perú de manera que puedan conseguir la licencia social de las comunidades aledañas que les permitan operar con tranquilidad. La diferencia es que estos beneficios ahora tendrían un marco legal.

Como vemos, este Informe nos puso más lejos de la verdad. El problema es que hay otras mesas con los pueblos amazónicos en funciones y que, a la luz de lo puesto, corren el peligro del desencuentro, tanto por algunas demandas maximalistas, como por la posibilidad de que el gobierno prepare algo con sabor a mecida. Comenta Patricia Wiesse:

Los acuerdos de la Mesa 2 pueden traer cola. Durante varios meses han revisado uno por uno los nueve decretos explosivos que no se derogaron y quedaron en stand by. La conclusión a la que han llegado los indígenas es que cuatro de ellos deben ser derogados sí o sí porque vulneran directamente sus derechos (el DL 994, el 1020, el 1080 y el 1089). Hay otros que necesitan ser modificados o resueltos vía reglamento.

Para librarse de semejante papa caliente, el Ejecutivo está planteando que sea el Tribunal Constitucional quien determine si los decretos son inconstitucionales o no.

Además de conflictiva, esta Mesa 2 ha resultado productiva. Veinte personas, entre indígenas y representantes del Estado, han hecho un trabajo de avanzada en el tema forestal porque era urgente llenar el vacío legal dejado por la derogatoria de la ley. Han cambiado el sentido y el enfoque basado en un modelo extractivo primario por uno de conservación, de gestión integral del bosque, que valora la biodiversidad y con enfoque intercultural. El resultado es una matriz con los aportes técnicos a la normativa forestal y de fauna silvestre.

El producto final de la Mesa 3 es la ley marco de consulta previa a los pueblos indígenas, a partir del documento presentado por la Defensoría del Pueblo y de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Justamente el instrumento que faltaba.

Pero no solo han incorporado el derecho a la consulta, sino dos puntos más que pueden erizar al Ejecutivo: la necesidad de lograr el consentimiento de las comunidades, y la revisión de todos los contratos vigentes como se ha hecho en Ecuador, en vista de que la mitad de la Amazonía ya está concesionada. La propuesta será presentada al Congreso.

La Mesa 4 es la del amplísimo temario. Ha trabajado un plan de desarrollo para la Amazonía tomando como punto de partida el plan de acción que se hizo en el Gobierno de Valentín Paniagua, que incluye temas tan conflictivos como, por ejemplo, el de la minería y los hidrocarburos.

Pero son dos los puntos espinosos de esta Mesa en los que el consenso será imposible. El primero tiene que ver con el territorio: los indígenas piden que el subsuelo les pertenezca, aun sabiendo que ello pasa por una reforma constitucional. Ellos creen que ese es el quid del asunto para garantizar la propiedad de sus tierras comunales.

El segundo punto que probablemente será cuestionado es el de la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas.

Como vemos, lo que Bagua destapó fue la olla de presión de años de incomprensiones y desencuentros. ¿El gobierno estará a la altura del reto?

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Jorge Bruce: Bagua, sobretodo