Me molesta mucho cuando un civil se arroga la defensa de las Fuerzas Armadas para justificar crimenes que nuestros ciudadanos de uniforme no justifican. En realidad, algunos cavernarios civiles intentan guarecerse “en nombre de nuestros soldados” para justificar violaciones de los derechos humanos. Lo peor es que le hacen un flaco favor a quienes cumplieron con su deber y su trabajo sin vulnerar los derechos de nadie, como fue el caso de cientos de miembros de nuestras Fuerzas Armadas.
La mañana de ayer, se presentó en Ampliación de Noticias uno de estos sujetos con mentalidad de Atila el Huno en pleno siglo XXI. Por desgracia, este señor es Ministro de Defensa. Vía RPP, sus lamentables declaraciones:
Rey Rey refirió que durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa hay tres puntos importantes en los que de deben “batallar”: derrotar al narcoterrorismo, conseguir que hayan leyes claras que protejan a los militares y una concientización de la opinión pública para que se entienda lo que hacen los militares.
“Los militares nos han defendido siempre, incluso en los casos mal defendidos, incluso cuando han habido excesos no lo han hecho para atacarnos sino para defendernos, equivocadamente en su método pero como se ha dicho eso son los menos casos“, refirió.
“Si ustedes suman todos esos excesos que han habido: La Cantuta, Barrios Altos, Accomarca incluso Putis u otros más, no llegan a mil. No estoy diciendo que las cifras no sean importantes, basta una persona maltratada o asesinada para que nos escandalicemos pero no es justo atribuirle 21 mil muertes a las Fuerzas Armadas”, sentenció.
Consultado particularmente por las muertes en Putis, en el distrito de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho), donde se han hallado fosas con cadáveres de niños y campesinos ejecutados, manifestó que “no hay información oficial” que explique estos crímenes.
Precisó que él ha hecho la búsqueda de información al respecto, y que le “consta” que su antecesor Ántero Flores Aráoz también lo hizo.
Reconoció que nadie hasta el momento ha reconocido los excesos ocurridos en Putis. “Quizá eso sea porque nos preocupa mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado“, acotó.
Varias cosas que comentarle al Ministro:
1. La primera de ellas, es que los militares no necesitan de una legislación especial que los proteja para el combate en el VRAE. Crear “legislación de emergencia” no resuelve el problema, sino contar con mejor equipamiento, mayor logística y, por supuesto, mejor inteligencia. A menos que el Ministro presuma que la única manera de derrotar a los rezagos de Sendero sea violando derechos humanos, cuestión que no creo que sea el pensamiento de quienes van a combatir en el VRAE o de sus compañeros de armas.
2. Queda claro que la real preocupación del Ministro se centra en los procesos judiciales centrados en el periodo 1980 - 2000. Frente a ello, cabe recordarle aquello que mencionó Ricardo Uceda en un reciente reportaje sobre estos casos:
Para los voceros del sentimiento militar, especialmente los generales en el retiro, hay una conspiración izquierdista que se ha apoderado de los juicios. Hoy por hoy, esta es más una posición para el debate político, porque más allá de la actuación de ONG de derechos humanos –que tienen menos influencia y recursos que en la década pasada– lo que está avanzando son las lentas maquinarias del Ministerio Público y del Poder Judicial con su propia lógica y tradiciones, y basadas en leyes ineludibles, mientras siguen apareciendo cadáveres. Los que no aceptan esta realidad pretenderían impedir los procesos con medidas de carácter legal y político, pero no necesariamente los propios militares estarían de acuerdo.
Y de hecho dar una amnistía - que es lo que Rey, Giampietri y otros de este mismo grupete buscan al final - no solo es inviable jurídicamente, sino que ayudaría poco a las Fuerzas Armadas. Sobre todo, porque nuevamente volveríamos al mismo error de 1995: Confundir a héroes con miembros del Grupo Colina.
3. Dado que a Rafael Rey le importa poco “el entierro de personas que murieron en el pasado” tal vez sea el momento de recordarle que pasó en Putis. Hace un mes, Augusto Alvarez Rodrich recordaba (en una columna cuyo título he tomado prestado hoy):
En 1983, Sendero Luminoso controlaba la zona de Huanta, incluyendo Putis, cuyos pobladores tuvieron que huir al cerro, aterrados, luego de que el terrorismo impidiera la realización de las elecciones municipales, y el teniente gobernador fuera asesinado y dejado tirado con un letrero que decía “si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”.
Un año después, se instaló ahí una base militar que le dio cierta confianza a los comuneros. Cuando los militares los invitaron a regresar a Putis, les hicieron caso. Y cuando les hicieron cavar unos huecos donde les dijeron que construirían unas piscigranjas de truchas, quizá hasta se sintieron afortunados.
Pero lo que cavó la gente de Putis fue su propia tumba. Los soldados –que los miraban como prosenderistas– los metieron ahí después de asesinarlos, pero antes los hicieron ver cómo violaban a sus mujeres y mataban a sus 19 hijos de entre 4 y 7 años.
Además, los asesinos se quedaron con su ganado, el cual después vendieron. Así encontraron la muerte 123 personas. Es que los responsables no querían ningún testigo. Pero hubo quienes lo contaron y así lo pudo registrar la CVR.
Para completar la historia, hay que mencionar que, hasta ahora, el proceso judicial avanza a paso de tortuga. Y todo porque una entidad estatal no entrega la información necesaria para identificar a los responsables. Ya se imaginan cual entidad ministerial es. Tan escandaloso es este caso que hasta una persona poco proclive a las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos como Aldo Mariátegui ha señalado que el hecho merece ser judicializado y que debe contarse con el apoyo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para esclarecer los hechos.
4. Como señala AAR en su columna de hace unos días:
Asimismo, los grupos vinculados a la defensa de los derechos humanos deben esforzarse para que, sin ceder un ápice en el imperio de la ley, se reconozca mejor el significativo papel de la fuerza armada y policial contra el terrorismo, el de antes y el que todavía queda.
De hecho, en relación al presente, algunas cosas se han venido haciendo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viene teniendo un rol más activo en la defensa de derechos de miembros de las Fuerzas Armadas. Algunos de los ejemplos: Apoyo a proyectos de Ley sobre prestaciones de salud gratuitas para discapacitados de las Fuerzas Armadas y sobre bono especial indemnizatorio para personal que fallece o sufre discapacidad total en acción, comunicaciones al Ministerio de Defensa solicitando que se coloquen los dispositivos necesarios para hacer transplantes de piel a soldados heridos en el VRAE y visitas a los soldados heridos. Incluso la FAP agradeció una carta de solidaridad de la CNDDHH con los tres fallecidos de dicha institución en el ataque terrorista del 2 de septiembre de 2009.
Por si fuera poco, el Instituto de Defensa Legal y Desco han presentado un Diagnóstico sobre Personal Militar en Situación de Vulnerabilidad y junto a otras organizaciones han lanzado la Red “Ciudadanos defendiendo Ciudadanos”, centrada en la mejora de la situacion de los jóvenes que prestan servicio militar en el país, así como de las mujeres que sirven en los institutos armados.
Y sobre el pasado, cabe recordar que en el Informe Final de la CVR, Tomo V, se narra la historia de las localidades de Chungui y Oreja de Perro, en Ayacucho, que fueron de las mas afectadas por el conflicto. Y allí se cuenta esta historia:
La segunada etapa, relacionada con los cambios en la estrategia contrasubversiva, ejemplifica muy bien cómo hubieron importantes márgenes de discrecionalidad de los comandos de las fuerzas del orden, junto con un importante cambio de actitud frente a la población civil en cuyo territorio se estaba llevando a cabo el conflicto armado interno. En ese sentido, tenemos que reconocer la actuación del Mayor Miguel Seminario “Ayacuchano” que, en lugar de seguir aniquilando indiscriminadamente a la población decide recuperarla de manos de la subversión. Ello favoreció a que muchos se animaran a desertar del PCP- SL y se incorporaran a formar comités de autodefensa. Este cambio de estrategia contrasubversiva coincide con un hartazgo de la masa que empieza a desertar.
Luego de apreciar todo esto, a mi me queda la sensación que hay una persona que debe irse. Y se llama Rafael Rey Rey. Ha hecho los méritos suficientes para su baja deshonrosa.
Entradas (RSS)