Otra vez esas noticias que uno nunca quiere dar. Quince compatriotas nuestros, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, fueron asesinados por Sendero Luminoso en Viernes Santo. No es la primera vez que ocurre y el sacudón ha sido tan fuerte que nos ha permitido ver en su magnitud el problema.
De hecho, hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha solidarizado con los fallecidos, pero también ha brindado datos alarmantes, que nos hacen ver varias aristas de este acontecimiento:
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechaza, condena y espera sanción para los autores de los asesinatos de Sanabamba. Estamos seguros de que esa sanción llegará, como llegó en su momento la sanción contra la cúpula terrorista encabezada por Abimael Guzmán.
Expresamos nuestra profunda preocupación por el sostenido y artero ataque del terrorismo contra los efectivos de las Fuerzas Armadas. Precisamente decimos en nuestro más reciente Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, con respecto a estos atentados contra los efectivos de las Fuerzas Armadas:
“En el 2008 fueron 6 atentados, con al menos 25 muertos. Esto refleja un preocupante incremento de la acción letal de los grupos subversivos, pues en un año se aprecia un incremento de casi 100% en el número de víctimas mortales, situación que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condena con la mayor energía”.
Tampoco podemos dejar de expresar nuestra creciente preocupación por la situación de los jóvenes que prestan el servicio militar voluntario, pues llama profundamente la atención que se destine a peligrosas zonas de combate a jóvenes con escasa o mínima experiencia.
Asimismo, nos resulta preocupante todo lo relacionado con la atención al personal del servicio militar voluntario que sufre heridas, invalidez o muerte como consecuencia del servicio, para quienes, con toda evidencia, es insuficiente la cobertura ofrecida para tales eventualidades y el derecho de ellos o de sus familiares a una pensión. Es urgente corregir esta situación, reconociéndoles los derechos que merecen.
Reproduzco la opinión de la Coordinadora por dos razones. La primera de ellas es porque acierta en una de las aristas del tema que más se ha advertido en este ataque: Son chicos de 17 a 19 años, que están haciendo su Servicio Militar Obligatorio, los que están siendo enviados a la zona más peligrosa del país. Esto es un acto de irresponsabilidad absoluta, no solo porque mandan a muchachos que recién manejan armas a ser la carne de cañón de los sicarios del narcotráfico, sino también porque nos alerta de la real preocupación que el Estado le está poniendo al tema: es decir, nula (desde tiempos de Fujimori, para ser más exactos).
Peor aún, en la mañana de ayer escuché al ministro Ántero Flores - Araoz ser interpelado por Fernanda Kanno en el noticiero matutino de América sobre este tema, a lo que el indolente funcionario respondió: “Bueno, la Fuerza Armada combate con lo que tiene, no todos son generales”. Y este es el responsable político de lo que viene ocurriendo en el VRAE.
La segunda razón es que ya han comenzado las voces que consideran que los derechos humanos son un obstáculo para acabar con lo que queda de Sendero. Sobre ellos, Augusto Álvarez Rodrich comentaba:
Los comandos que pelean en el VRAE no pueden ir como boy scouts en picnic. Una democracia tiene que poner en acción, con rigor, todos los mecanismos que la ley establece para defenderse de riesgos como el terrorismo y el narcotráfico. La democracia no debe atarse de manos cuando la amenazan.
Pero esto no significa que la democracia promueva la violación de derechos humanos organizada desde el Estado, tal como ahora varios pretenden justificar en favor de Fujimori.
Desde los que señalan que los estudiantes de La Cantuta eran senderistas como argumento para justificar su asesinato por el grupo Colina con –como se probó en el juicio– la participación de Fujimori, hasta los que insisten en que darle la pena máxima a quien “salvó al país de la bancarrota y lo pacificó” es “una gran y exagerada cojudez”.
Como aquí no queremos quejarnos en la queja y luego de procesar una interesante discusión en la que participaron Ana María Tamayo, Carlos Tapia y Roberto Chiabra, van las siguientes ideas sueltas para enfrentar el problema:
1. Conducción Civil: Si algo nos enseñó el conflicto armado es que estos temas los deciden, en última instancia, los políticos. Y ellos deben hacerse más responsables de lo que ocurre en esta zona del país. ¿El Acuerdo Nacional como instancia? Mientras no se burocratice más, puede ser una opción.
2. La solucion no es solo militar: El Plan VRAE debe repensarse con miras a ello, para lo que debe pasar a la PCM y no quedarse solo en el tema estrictamente castrense. Y denle recursos en serio. Comprometamos también a los gobiernos regionales, que no pueden ser ajenos a este tema.
3. Privilegiar la Inteligencia y unificar el comando: Chiabra ha sido claro en decir esto:
“Estamos enfrentando a un enemigo común con dos instituciones en forma paralela. Hemos creado un Frente Policial en el Huallaga y el Comando Conjunto en un sector del VRAE. No compartimos inteligencia, hay duplicidad de esfuerzos, no hay unidad de dirección, hay una competencia ente las instituciones”, aseveró.
Pregunta: Si se tienen buenos resultados con la inteligencia policial en el Huallaga, ¿por qué no pasamos a reproducir lo mismo en el VRAE? Recordemos que fue la inteligencia policial la que permitió la captura de los líderes de Sendero Luminoso. Y tal vez, sería mejor unificar el trabajo policial y militar en la zona.
4. Narcotráfico: Lo dicho hoy por Rómulo Pizarro es dramático: No estamos ganando la batalla contra el narcotráfico. Hildebrandt anotó lo siguiente el sábado.
Sellemos Vizcatán y acabemos con estos remanentes que viven de los carteles colombianos. Desacatemos, de una vez por todas, el “discurso étnico” de una coca nutritiva y milenaria a la que no hay que tocar porque si la tocamos resentimos a los Apus. Dejémosle ese anacronismo racista a los presidentes que hacen huelga de hambre por recomendación de sus dietistas y exigencia de sus mujeres.
5. Diálogo entre FFAA y organizaciones de DDHH: Creo que es momento para, de una vez por todas, dejar las diferencias entre ambos sectores, a través del dialogo institucionalizado. El hecho de que Ronald Gamarra sea hijo de un policía puede ayudar en el entendimiento entre estas partes. Se ve a la Coordinadora más sensibilizada con el tema. Es hora que las Fuerzas Armadas también pongan de su parte.
6. Chau Antero: Es claro, necesitamos otro Ministro de Defensa.
Y esperemos que estas noticias no vuelvan a repetirse. Dependerá del Estado peruano. Es su tarea.
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