Desde el Tercer Piso

Con el auspicio de Wong (sucursal Asia), Colchones Paraíso del Perú y chocolates Winter, Desde el Tercer Piso Producciones presenta, su telenovela favorita:

EL CANAL DE LA MANCHA

Starring:
Luis Alberto Salgado como “el despedido”
Alan García como “el Presidente”
Rosario Fernández como “la Ministra”

Actuación fantasmal de Baruch Ivcher como “el dueño”

En nuestros capítulos anteriores - ver parte 1 y parte 2 -:

Luis Alberto Salgado, el más alto funcionario del gobierno en materia de derechos humanos y compañero aprista, ha sido renunciado en su cargo hace una semana y algunos días. ¿La razón? Su intervención para esclarecer el caso Baruch Ivcher. Salgado ha mencionado por calles y plazas esta versión, que pone al Presidente de la República y a la Ministra de Justicia en un serio problema.

HOY PRESENTAMOS: Salgado se sigue despachando y a la Ministra no le cree nadie

Nuestro protagonista, el despedido, sigue declarando desde Washington, cada vez con más detalles. Esta vez, a los chicos del Instituto de Defensa Legal, les da más datos sobre las presiones presidenciales:

El 4 de febrero recibí una llamada telefónica del presidente García expresando su preocupación por el envío, por el agente del Estado para el caso Ivcher, Iván Bazán, de unos documentos a la Corte de San José. Era la información con la denuncia de la revista Caretas y, además, copia de un documento oficial emitido por la cancillería polaca en Varsovia y remitido a su consulado en Lima, el cual a su vez había sido enviado a mi oficina en la Secretaría Ejecutiva del Consejo nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. El presidente no me pidió expresamente algo, pero sí expresó su mortificación por lo sucedido, indicando que el agente Bazán ya no gozaba de su confianza. Le informé al presidente que el agente Bazán, quien además era funcionario en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, había actuado con mi conocimiento y autorización, por creer que ese era el deber de todo funcionario responsable, habiendo de por medio además grandes sumas de dinero del fisco y existiendo un juicio (acción de amparo) entablado por el señor Ivcher contra la SUNAT y el MEF. El presidente me recordó que el señor Ivcher había sido víctima de la dictadura de Alberto Fujimori y le contesté que eso estaba fuera de discusión y que no era el tema de lo que se trataba con la Corte de San José.

Pero no fueron las únicas presiones en ese mismo sentido, así se incorporan dos nuevos personajes del partido de la estrella a la trama:

¿Habló usted sobre el tema con algún otro alto dirigente aprista o del gobierno?
Con el congresista Mauricio Mulder, a comienzos de febrero, a pedido de él. Se acercó a mi oficina a expresar su preocupación sobre lo que ocurría. No me pidió nada al respecto. Fue muy prudente pero sí me manifestó que había un riesgo que con ello los Winter recuperaran el control del Canal 2.

El viernes 7 de marzo me reuní, a pedido mío, con el premier Jorge del Castillo, a fin de solicitarle me explicara el motivo de la cancelación de mi viaje a Washington DC con motivo del 131 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana. El presidente del Consejo de Ministros me manifestó que la ministra Rosario Fernández había suscrito la Resolución Suprema autoritativa [del viaje], igual que él [Jorge del Castillo]; pero que el presidente Alan García estaba muy mortificado por el asunto con Baruch Ivcher y disgustado por los pasos que había tomado la Secretaría Ejecutiva del CNDH en ese caso.

Disciplina compañeros, todos defendemos a Ivcher. Y al que no lo hace, simplemente, lo echamos del puesto. ¿Lindos, verdad?

Pero otra involucrada en la trama - nuestra Catalina Creel, la villana de la historia - no las lleva todas consigo. Luego de intentar defender la versión que el despido de Salgado se debió a una evaluación normal de su sector, Rosario Fernández - sí, la misma que da consejos económicos basada en su wincha de Wong -, va a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. Hasta Aurelio Pastor ha dicho que, al menos, tiene que darse un mayor sustento. Eso es cierto Aurelio, sobre todo si han nombrado a un cuestionado compañero tuyo como reemplazante de Salgado.

¿Qué más dirá Salgado cuando llegue a Lima? ¿El Presidente se pronunciará al respecto? ¿La Ministra de Justicia nos dará su próxima conferencia de prensa desde el programa de Cecilia Barraza? ¿Mulder y Del Castillo reemplazarán a Beto y Miyashiro en Enemigos Intimos? ¿En Frecuencia Latina darán alguna explicación, aunque sea para negar lo innegable? ¿La Chichi hará un programa a lo Alessandra Rampolla próximamente? ¿Y que dicen los demás medios de comunicación al respecto?

No se pierda, El Canal de la Mancha: la única telenovela que no puedes ver en ningún canal, vaya Dios, Alan y Baruch a saber porqué.

ACTUALIZACION (24.03.2008):

Ayer, de manera lacónica, Alan aceptó que echó a Salgado:

El presidente de la República nombra y desnombra (sic) a los funcionarios. Esa es su potestad

Con ello quedan de lado las declaraciones de la Ministra de Justicia, que insistía en la renuncia como la causal de la salida del funcionario, confirmadamente despedido.

Pero ya comenzaron las presiones en contra de Salgado. Vía uno de los diarios favoritos de Palacio, el sucesor de Salgado, Miguel Facundo Chinguel, dice que a su antecesor lo botaron por incompetente. Considerando que ambos son compañeros, bien podría titularse a esta telenovela también como “La Fraternidad de Caín”.

Ha pasado desapercibida entre las páginas del Diario Oficial El Peruano una de esas noticias que debío ser portada: el ex Ministro del Interior de Fujimori Fernando Dianderas fue indultado el 7 de marzo por el Presidente de la República.

Según el decreto de indulto, Dianderas ha sido sacado de 9 procesos judiciales en su contra por razones de salud, luego de una operación coronaria llevada a cabo hace algunos meses, que, según el perdón presidencial, no le permitía permanecer en un penal.

Una pregunta que podría hacersele al Presidente es si es que esa imposibilidad no hubiera llevado una salida intermedia, es decir, que sea arrestado en su casa, con los controles médicos del caso. Más aún, la Ministra Rosario Fernandez nos debe una explicación sobre la decisión en cuestión dado que solo hace unas semanas su antecesora en el cargo, María Zavala, no consideraba como pertinente el otorgamiento de dicho derecho de gracia. Y ex procuradores anticorrupción ya habían alertado sobre dicha posibilidad.

Por cierto, Dianderas ha tenido poderosos padrinos en este pedido. Uno de ellos, el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, quien desde su púlpito de RPP había dicho que “Quiero saludar y rendir mi homenaje al almirante Giampietri, permanentemente acosado por un Poder Judicial rarísimo y al Gral. Dianderas”

¿Y que pergaminos tiene Dianderas para ganarse el perdón presidencial y la gracia cardenalicia? Pues una condena de 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito, por no poder demostrar cual porque tenía un desbalance patrimonial bastante considerable. Por si fuera poco, Dianderas también tenía otra condena por cuatro años de prisión por el ilegal allanamiento a la esposa de Vladimiro Montesinos, el caso por el cual Fujimori fue condenado a 6 años de reclusión en Barbadillo.

Como se ve, la lucha contra la corrupción tiene tanta prioridad para este gobierno como hacer reformas de fondo para el país. Aquí tenemos una muestra. Y los ciudadanos nos merecemos una explicación por esta increible resolución.

Durante las dos primeras semanas de febrero, el futuro del sistema penitenciario peruano - sin que haya mucha bulla de por medio. ha comenzado a agitarse y provocó una nueva crisis de liderazgo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Hace un año, en este blog hicimos notar la necesidad de contar con una política penitenciaria que fuera efectiva y coherente con los preceptos constitucionales. Ciertamente, y tal como lo ha mencionado Laura Arroyo Gárate en otro articulo sobre este tema, a mucha gente le importa poco lo que pase con las personas que se encuentran en prisión - justamente porque, en el imaginario de muchos, se deja de ser persona por cometer un delito -, pero es responsabilidad del Estado velar porque la situación de aquellas personas a las que privó de la libertad en mérito de una sanción penal mejore. Y para ello, era necesario que asuma su responsabilidad.

Ello pasaba - y pasa aún - por tres medidas claras: definir cual es el ente que se hará cargo del sistema penitenciario (hasta hoy el INPE y la Policía comparten dicha responsabilidad), establecer un régimen de mejora de la calidad de vida y condiciones de rehabilitación de los internos y, finalmente, implementar el Código de Ejecución Penal, para poder fiscalizar cualquier posible abuso y contar con las herramientas legales para manejar cualquier disturbio del orden dentro de cada establecimiento penal.

Pero esto no ha sido prioridad para un gobierno que ha tenido 4 jefes del INPE en menos de cuatro años y que no ha podido establecer una política coherente en esta materia.

Por el contrario, parece que la salida se encuentra en evadir responsabilidades y trasladarlas al sector privado.

Volvamos a lo ocurrido este mes. La Ministra de Justicia Rosario Fernández y el entonces presidente del INPE Gustavo Carrión han discrepado sobre un asunto que parece ser hasta hoy poco claro: la tercerización o privatización de las cárceles. La primera de ellas parecería ser una medida adecuada para acabar con ciertos defectos de gestión en temas como la alimentación. La segunda implica que el sector privado se haga cargo del control de los penales, medida que ya algunos han planteado para la construcción de nuevos establecimientos.

La falta de claridad en el MINJUS sobre este tema y los conflictos sobre este tema han motivado la renuncia de Carrión y su reemplazo por quien fuera su vicepresidente, Leonardo Caparrós, quien tampoco parece tener claro que es lo que su jefa desea tener como modelo carcelario.

Sin duda, la medida causa polémica. De un lado, hay quienes consideran per se que el sector privado es un mejor gestor que el Estado, por lo que sería una buena idea ir hacia un modelo donde el Estado no tenga esta responsabilidad. De otro lado, las alergias a la palabra privatización aparecen cuando pueden haber posibles intereses en curso o cuando se ven experiencias donde la intervención privada no ha sido eficiente, como en el caso de FORSUR.

Sin embargo, creo que se pierde el tema de fondo. Como lo ha señalado el Consorcio Justicia Viva:

Puede decirse que la verdadera discusión para avanzar a paso firme en la reforma penitenciaria es el tratamiento coordinado y fiscalizado de las causas estructurales de los problemas en las cárceles (hacinamiento y falta de medicinas). La solución no es sólo construir más penales y una buena administración (lo que por cierto, ya es bastante), por lo que temas como la sobrepenalización, las propuesta de las penas alternativas y la lentitud de los procesos judiciales (a lo que por cierto apunta la implementación del nuevo Código Procesal Penal) deben ser también considerados en la estrategia de reforma.

Como se puede ver, la solución de los problemas antes citados tiene que ver con una política legislativa que el sector privado no puede solucionar - a menos que privaticemos también el Congreso - sino que está en manos del Estado, por lo que la visión de la señora Fernandez - que parece ser la de Palacio - para dejar de lado su responsabilidad en el tema penitenciario sería, a todas luces, desacertada.

Así, el tema no pasa por si las cárceles se venden o concesionan o si algunos servicios se entregan a los privados, sino por una visión integral que considere dos tipos de elementos: los jurídicos, que están en manos del Estado, y los humanos, pues es necesario recordar que, cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de seres humanos, por más que hayan cometido crímenes que nos parezcan repulsivos.

Me pregunto ahora, ¿que diría Lanssiers si viera este debate?

MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Para privatizar el sistema penitenciario es necesario saber que…
Laura Arroyo Gárate: Prisión privada, pero no dorada

Luego de varias especulaciones e idas y venidas, se confirmó lo que pronosticamos en este blog hace un par de días: los cambios en el Gabinete serían artificiales y en algunos casos han sido para peor.

Veamos:

En Justicia hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. La nueva ministra es nada menos que Rosario Fernandez, la abogada de Ernesto Schutz Landázuri, prófugo de la justicia peruana desde hace algunos años.

En lo que se refiere al sector Defensa, la batalla la han ganado los sectores más conservadores. Tanto lo han proclamado como su “triunfo” que La Razón se manda hoy con esta portada:

Allan Wagner y su eficiente equipo tendrán que dar paso a Ántero Flores - Araoz, conocido por su “tolerancia” hacia las ONG’s, hacia los detractores del TLC y por ser columnista de La Razón. En sus ratos libres fungía de Embajador aprista en la OEA (Lourdes Flores Nano dixit).

Y olvidemonos de la Ley General del Trabajo. Mario Pasco Cosmópolis, laboralista que está a la derecha de Jaime de Althaus - lo cual les da una idea de lo que es capaz este abogado - es el nuevo encargado de ver la reforma laboral pendiente. Osea, no habrá cambios y, anticipó, se viene una confrontación fuerte con los sindicatos. Creo que ni Fujimori puso un Ministro de Trabajo tan retrógrado. Susana Pinilla se va al Ministerio de la Mujer, al que esperemos que le de más dinamismo.

Lo inexplicable. Si ya era dificil de entender porqué Hernán Garrido Lecca seguía siendo Ministro de Vivienda, ahora es más difícil de entender porque lo ha puesto de ¡Ministro de Salud!!!! Además de preguntarnos sobre sí, además de la faja gástrica, el tipo sabe algo más del sector, resulta poco conveniente que una persona cuestionada por varios escándalos ingrese a un sector sacudido por la corrupción.

El reemplazo de Marcahuasi no es poca cosa. Se trata de Enrique Cornejo Ramírez, hasta ayer Presidente del Banco de la Nación y recordado por ser el mandamás del Instituto de Comercio Exterior durante el Aprocalipsis. El ICE era uno de los que manejaba el infausto Dolar MUC.

Y para ponerle la cereza sobre el pastel. Contra los deseos de varios bloggers (me incluyo), Luis Alva Castro se queda de Ministro del Interior. Osea, el país continuará sin seguridad ciudadana durante un largo tiempo.

En resumen, los cambios ministeriales anunciados en RBC - el canal que asesora el hijo del Primer Ministro - no van a dejar tranquilos a nadie, va a incrementar las suspicacias sobre un gobierno al que, luego de la trastada de Del Castilo del domingo, se había convertido en mayor objeto de sospecha y, finalmente, no garantiza un cambio de políticas públicas en la orientación esperada. Una nueva oportunidad perdida.

Realmente, peor imposible.

MAS SOBRE EL TEMA:
Alan: Recambio es ocasión de reafirmación
Utero de Marita: Malas Señales en el gabinete Del Castillo
Augusto Alvarez Rodrich: La verdad bien dicha
Gino Costa: Alan García demuestra que no le interesa la seguridad ciudadana al ratificar a Alva Castro
CNR: Congresista aprista José Carrasco Távara cuestiona a Mario Pasco
Keiko Fujimori: Estoy satisfecha con cambios ministeriales