Desde el Tercer Piso

Si existe una materia a la cual el Ejecutivo se encuentra jalado con 05 es en lo referido a los derechos humanos. No se trata solo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - tema en el que, a pesar de algunas iniciativas aisladas, las mejorías son pocas - o de no vulnerar derechos fundamentales básicos - y ya se tienen más muertos en las protestas que durante los 5 años de Toledo -, sino de contar con una política integral y transversal a todos los sectores sobre esta materia y de tener gestos que contribuyan a afianzar una cultura de respeto a estos derechos. Esa no ha sido, ni por asomo, la tónica de la gestión de Alan García.

Pero hay actitudes que pueden resultar patéticas y, aún más, signos de deterioro mayor, sobre todo, cuando estos se producen en torno a personal de confianza de la propia Presidencia de la República.

Luis Alberto Salgado fue, hasta hace 48 horas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y la instancia más importante en el organigrama estatal sobre esta materia. Con Salgado, desde este blog, hemos mantenido discrepancias - como en los casos Cantoral y Castro Castro o su intolerancia frente a las críticas - y también coincidencias - como su posición contraria a la pena de muerte -, y con las enormes distancias que podía tener con varias de sus posiciones, reconozco que se trataba de los pocos funcionarios de alto nivel que intentaba hacer algo por los derechos humanos dentro del estado de cosas antes descrito.

Pues bien, el viernes 14 de marzo salió publicada en El Peruano la renuncia de Salgado, sorpresiva desde donde se le mire. Primero, porque es militante aprista y bastante cercano al Presidente de la República. Segundo, porque en los casos que hacen referencia al periodo 1985 - 1990, Salgado había hecho gala de su carnet antes que de su apego a la verdad. Y tercero, porque se venía un caso caliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de Justicia Militar que violan derechos fundamentales.

Pero la historia de la renuncia de Salgado es bastante truculenta, según lo que cuenta el Instituto de Defensa Legal. De acuerdo con las versiones que desde dentro de Palacio han podido obtener Gustavo Gorriti y su equipo, quedarían claros los siguientes hechos.

1. Salgado no renunció por voluntad propia, lo renunciaron. Fue la Ministra de Justicia Rosario Fernandez quien le informó que García había decidido prescindir de sus servicios. Ante esto, Salgado presentó su carta.

2. Baruch Ivcher habria sido la causa de la destitución de Salgado. ¿Cuál es el tema que involucra a Salgado? Pues dos tópicos: la posibilidad de que Ivcher no haya renunciado a su ciudadanía israelí en 1984 y, por tanto, el despojo de su nacionalidad en 1997 haya sido un capítulo intricado de pasaportes que harían palidecer el koseki de Alberto Fujimori; de otro lado, la improcedencia de la demanda interpuesta por Ivcher para evitar pagar impuestos de Frecuencia Latina, hecho en el que pretendia basarse sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaro víctima de una vulneración - que si existió - pero sobre el cual ya había cobrado 20 millones de soles por todo concepto de reparación.

Salgado se habría mostrado preocupado por estos asuntos y, como funcionario meridiamente diligente, estaría examinando el caso Ivcher para cautelar los intereses del Estado frente a un empresario que parece hacer el mercenariazgo su modus vivendi.

Si Salgado salió por esta razón, significa que el Presidente de la República prefiere las lealtades partidarias y la lucha por la verdad en materia de derechos humanos a cambio de la complacencia editorial de uno de los canales de televisión màs importantes del paìs. El juego de García es claro: mientras menos me critiquen, mejor. El juego de Ivcher también: a Toledo lo presioné con reportajes desfavorables para que me pague la indemnización, a García lo complazco para que evite que pague mis impuestos.

Peor aún, la influencia gubernamental, según Gorriti, habría llegado a extremos tales como estos:

Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.

La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.

La otra hipótesis: ¿Lo votaron por el tema de la justicia militar? Eso es lo que señalan medios como Expreso y La Razón, quienes acusan a Salgado de “caviarizarse”. En realidad, estos medios no le perdonan a Salgado que haya manifestado sobre este tema lo siguiente: “Personalmente, coincido con que los magistrados militares deben ser nombrados por el CNM y en que tienen que ser oficiales en retiro”. Es es justamente la posición que no defiende actualmente el gobierno del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser esta la verdadera razón de su salida - o sumada a la anterior - sería igualmente grave y diría mucho de cuanto pesan las botas en Palacio de Gobierno.

¿Y quién es el reemplazante de Salgado? Se llama Miguel Facundo Chinguel, otro conspicuo miembro del Partido Aprista Peruano, pero que tiene en su haber un antecedente bastante grave frente a los derechos humanos: Denunció a la Fiscal Cristina Olazabal, a miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta Fernando Olivera de participar en una asociación ilícita para delinquir, solo por que la Fiscal Olazabal citó a Alan García como testigo en los casos Accomarca y Cayara, ocurridos bajo su primer gobierno. La denuncia incluso quiso comprender al entonces Presidente Alejandro Toledo.

Estos antecendentes hacen tener suspicacias sobre la conducta que Facundo Chinguel tenga sobre la judicializaciòn de los casos de derechos humanos ocurridos bajo el primer gobierno aprista y que la Sala Penal Nacional procesará este año, con o sin el concurso del renunciante Pablo Talavera.

Toda esta actuación no hace más que abonar las suspicacias sobre la verdadera responsabilidad penal de Alan García en estos sucesos. El Presidente, que tanto se jacta que la CVR “sólo” encontró responsabilidad política en estos sucesos - hecho que en un país más proclive a la causa de los derechos humanos hubiera hecho que por decencia AGP ni siquiera intente postular - debería dar una explicación apenas baje del avión que lo transporta de Pekín.

Porque esta serie de acontecimientos solo produce una sensación de melancolía bastante próxima al asco.