Desde el Tercer Piso

Casi siete meses después del terremoto que devastó Pisco, Ica, Nazca, parte de Cañete y de Huancavelica, las noticias sobre lo que ocurre en dicha zona del país se ha limitado al mínimo. La causa de los damnificados del sur ha dejado de estar presente en la agenda nacional y salvo el parlamentario iqueño Edgar Nuñez, ninguna voz política de relativa importancia ha vuelto a pronunciarse en voz alta sobre lo que se hace o no en dicha zona del país.

Lo último que se supo, hace 20 días, es que la reconstrucción avanza a un paso bastante lento. Sigue siendo la solidaridad de varios peruanos y la buena voluntad de algunas autoridades la que impulsa los esfuerzos por recuperar una vida normal en las zonas más afectadas, sin que se cuente con una política integral en este sentido. A tal punto llega la desesperación que la semana pasada vinieron varios damnificados en marcha de sacrificio a Lima y ni siquiera esa movilización generó primeras planas o rebotes que merecieran colocar de nuevo el tema como una materia importante y de interés nacional.

Es claro que la institucionalidad preparada para la reconstrucción no ha sido la más feliz. Entre la maraña burocrática y un Julio Favre que solo ha atinado a quejarse y a hacer de su renuncia un sinónimo de la agonía prolongada, FORSUR ha terminado siendo un rotundo fracaso. Y luego del gesto del ministro Garrido Lecca, ningún otro sector ha mostrado un interés claro en quedarse en la zona de manera estable. A ello se suman gobiernos regionales y locales que han puesto ganas, pero cuya capacidad de gestión sigue siendo limitada.

Y habría que preguntarnos si es que otras entidades habrán aprendido su lección. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones acaba de multar a las compañías de telefonía móvil por su pésimo servicio durante la crisis, hecho que no pasó desapercibido para nadie. La interrrogante es si ya se está trabajando en la mejora de un servicio que cada día se masifica más y debiera sacarnos de apuros antes que complicar lo que tenemos en este tipo de emergencia.

No es la única organización que debe afinar sus estrategias y servicios. En el plano del Estado, la Contraloría acaba de informar que Defensa Civil no llevó de manera adecuada su tarea durante la etapa inmediatamente posterior al sismo. ¿Los motivos? El protagonismo adquirido por el Presidente de la República, que provocó una duplicidad de liderazgos la cual, a la larga, hizo que la ayuda no se canalizara de la mejor manera. Asimismo, hay problemas estructurales en Defensa Civil que hicieron que la coordinación durante la emergencia fuera bastante pobre y provocaron que, como vimos en las pantallas de televisión, la ayuda no llegara a las zonas más alejadas.

Lo cierto es que todo esto nos evidencia que el país sigue adoleciendo de una estructura estatal que pueda cubrir servicios básicos y servicios de emergencia y que no se tiene en la conciencia colectiva - y menos aún en la de los funcionarios estatales con capacidad de decisión - que los damnificados del terremoto son ciudadanos que requieren una solución a su problema, para la cual ya vienen bregando, pero sienten que el apoyo es insuficiente.

Carencia de institucionalidad y ciudadanía, los dos grandes problemas del Perú. Aquellos que no se solucionan a base de seguir llamando “perros del hortelano” a quienes hacen reclamos o críticas. La intolerancia debe dar paso al diálogo y, sobre todo, a la acción.