¿VENDIENDO CARCELES?
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Gustavo Carrión, Hubert Lanssiers, INPE, Leonardo Caparrós, Rosario Fernández, cárceles, política penitenciaria
Durante las dos primeras semanas de febrero, el futuro del sistema penitenciario peruano - sin que haya mucha bulla de por medio. ha comenzado a agitarse y provocó una nueva crisis de liderazgo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Hace un año, en este blog hicimos notar la necesidad de contar con una política penitenciaria que fuera efectiva y coherente con los preceptos constitucionales. Ciertamente, y tal como lo ha mencionado Laura Arroyo Gárate en otro articulo sobre este tema, a mucha gente le importa poco lo que pase con las personas que se encuentran en prisión - justamente porque, en el imaginario de muchos, se deja de ser persona por cometer un delito -, pero es responsabilidad del Estado velar porque la situación de aquellas personas a las que privó de la libertad en mérito de una sanción penal mejore. Y para ello, era necesario que asuma su responsabilidad.
Ello pasaba - y pasa aún - por tres medidas claras: definir cual es el ente que se hará cargo del sistema penitenciario (hasta hoy el INPE y la Policía comparten dicha responsabilidad), establecer un régimen de mejora de la calidad de vida y condiciones de rehabilitación de los internos y, finalmente, implementar el Código de Ejecución Penal, para poder fiscalizar cualquier posible abuso y contar con las herramientas legales para manejar cualquier disturbio del orden dentro de cada establecimiento penal.
Pero esto no ha sido prioridad para un gobierno que ha tenido 4 jefes del INPE en menos de cuatro años y que no ha podido establecer una política coherente en esta materia.
Por el contrario, parece que la salida se encuentra en evadir responsabilidades y trasladarlas al sector privado.
Volvamos a lo ocurrido este mes. La Ministra de Justicia Rosario Fernández y el entonces presidente del INPE Gustavo Carrión han discrepado sobre un asunto que parece ser hasta hoy poco claro: la tercerización o privatización de las cárceles. La primera de ellas parecería ser una medida adecuada para acabar con ciertos defectos de gestión en temas como la alimentación. La segunda implica que el sector privado se haga cargo del control de los penales, medida que ya algunos han planteado para la construcción de nuevos establecimientos.
La falta de claridad en el MINJUS sobre este tema y los conflictos sobre este tema han motivado la renuncia de Carrión y su reemplazo por quien fuera su vicepresidente, Leonardo Caparrós, quien tampoco parece tener claro que es lo que su jefa desea tener como modelo carcelario.
Sin duda, la medida causa polémica. De un lado, hay quienes consideran per se que el sector privado es un mejor gestor que el Estado, por lo que sería una buena idea ir hacia un modelo donde el Estado no tenga esta responsabilidad. De otro lado, las alergias a la palabra privatización aparecen cuando pueden haber posibles intereses en curso o cuando se ven experiencias donde la intervención privada no ha sido eficiente, como en el caso de FORSUR.
Sin embargo, creo que se pierde el tema de fondo. Como lo ha señalado el Consorcio Justicia Viva:
Puede decirse que la verdadera discusión para avanzar a paso firme en la reforma penitenciaria es el tratamiento coordinado y fiscalizado de las causas estructurales de los problemas en las cárceles (hacinamiento y falta de medicinas). La solución no es sólo construir más penales y una buena administración (lo que por cierto, ya es bastante), por lo que temas como la sobrepenalización, las propuesta de las penas alternativas y la lentitud de los procesos judiciales (a lo que por cierto apunta la implementación del nuevo Código Procesal Penal) deben ser también considerados en la estrategia de reforma.
Como se puede ver, la solución de los problemas antes citados tiene que ver con una política legislativa que el sector privado no puede solucionar - a menos que privaticemos también el Congreso - sino que está en manos del Estado, por lo que la visión de la señora Fernandez - que parece ser la de Palacio - para dejar de lado su responsabilidad en el tema penitenciario sería, a todas luces, desacertada.
Así, el tema no pasa por si las cárceles se venden o concesionan o si algunos servicios se entregan a los privados, sino por una visión integral que considere dos tipos de elementos: los jurídicos, que están en manos del Estado, y los humanos, pues es necesario recordar que, cuando hablamos de cárceles, estamos hablando de seres humanos, por más que hayan cometido crímenes que nos parezcan repulsivos.
Me pregunto ahora, ¿que diría Lanssiers si viera este debate?
MAS SOBRE EL TEMA:
Justicia Viva: Para privatizar el sistema penitenciario es necesario saber que…
Laura Arroyo Gárate: Prisión privada, pero no dorada
Entradas (RSS)
15 Febrero 2008 a las 11:03 am
Me parece que privatizar la carceles en el Peru es bastante inviable. A no ser que se reciba dinero del BID o Banco Mundial con lo cual el “inversionista” no pondria de la suya. Seria otro negocio mas para los compañeros que estan haciendo cola para hacer negocios con el Estado con la plta de los peruanos.
A proposito la denuncia de CH hoy en La primera es bastante seria. Si es cierto que la Zarina tiene un depa de 1/4 de millon de dolares frente al golf y declarado en solo $56,000. Esto seria una burla mas del APRA al pais. Aqui hay dos delitos. 1ro: de Donde ha sacado 1/4 millon de dolares para constituir una empresa en Panama. Una jueza que siempre ha ganado poco. (Otra herencia o premio obtenido en los casino).
2do:Porque le puso un valor de $56,000, acaso queria decir que lo financiaba con un prestamo de Mi Vivienda.
15 Febrero 2008 a las 12:04 pm
Yo estaría totalmente de acuerdo en que la empresa privada meta sus pezuñas en el ámbito carcelario. Es un buen laboratorio de experimentación.
Si el fracaso del proyecto privatizador significa la reducción (léase eliminación) de la población penal, la sociedad sale ganando; si el propósito es todo un éxito, enhorabuena para los reclusos y el país. No hay pierde.
15 Febrero 2008 a las 12:38 pm
Sería bueno que hildebrantd exhiba alguna prueba, salvo que las afirmaciones que ha hecho tengan el respaldo de algun reportaje ya publicado.
Si no es así, creo que JAG es un lo suficientemente hábil como para investigar el caso, que es bastante serio.
15 Febrero 2008 a las 3:14 pm
Yo sugeriria que los peruanos miren con mucho cuidado a las experiencias en otros paises con la privatizacion carcelaria. Aqui en los EEUU, por ejemplo, ha habido un monton de problemas con carceles privadas. Algunos problemas tienen que ver con falta de alimentos, otros con condiciones sanitarias, y otros con seguridad - todas las cosas donde el nivel de rentabilidad depende en parte en la abilidad de “cut corners.” Pero peor aun es la creacion de una industria que tiene un interes grande en la construccion de mas carceles, y por supuesto, en la existencia de presos para llenarlos. Una parte importante de la politica carcelaria de los EEUU, que sigue siendo una verguenza grande, se debe al poder de la industria de seguridad privada y la influencia que su dinero puede comprar.
16 Febrero 2008 a las 5:20 pm
Creo que las cárceles privadas no serían la solución perfecta, pero sería mucho mejor que el actual caos que prevalece en el sistema penitenciario.
10 Noviembre 2008 a las 3:30 pm
[…] descartaron de plano la oferta de Canaán. Pero otro dato me parece más interesante aún. Existió una propuesta de privatización de cárceles, aparecida en febrero de 2008, es decir, ya bajo la gestión de la Ministra Rosario Fernández. La pregunta que se desprende […]